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La democracia brasileña resiste: lecciones del caso Bolsonaro

El 11 de septiembre se vivió un momento sin precedentes en la historia política de Brasil y América Latina: la máxima corte de justicia del país, el Supremo Tribunal Federal (STF), declaró culpable a Jair Messias Bolsonaro por su intento de golpe de Estado entre 2022 y 2023.

El evento fue celebrado como un punto de inflexión en un país con una larga historia de impunidad frente a las intervenciones militares. En este sentido, el contraste con lo sucedido en el pasado con algunos de sus vecinos es llamativo. En Argentina, la dictadura fue seguida por amplios juicios a los militares responsables de violaciones a los derechos humanos. En Uruguay se procesó al dictador Juan María Bordaberry, y en Chile, aunque los juicios fueron más limitados, se desarrolló una amplia cultura de la memoria institucionalizada mediante museos y políticas de reparación histórica.

Brasil, en cambio, recuperó la democracia en 1985 tras un prolongado proceso de transición pactada que permitió a los miembros de las Fuerzas Armadas evitar ser juzgados y conservar una amplia influencia en la política y la sociedad.

Sin embargo, esta vez la condena a Bolsonaro por planificar un golpe de Estado incluyó también a miembros de las Fuerzas Armadas de alta jerarquía, entre ellos el excomandante de la Marina, así como otros generales importantes. En tiempos en que el sistema democrático liberal parece amenazado en múltiples frentes, el caso brasileño ofrece lecciones valiosas que es importante analizar, aunque también revela limitaciones que no deben ignorarse.

4 lecciones del caso brasileño

La defensa de la democracia brasileña fue posible gracias a la acción de diversos actores que, pese a sus diferencias e intereses, apostaron por la continuidad de un sistema abierto, basado en elecciones competitivas y en derechos ciudadanos.

En primer lugar, la defensa del sistema político se materializó gracias a una clase política dispuesta a llegar a acuerdos. En 2022, Lula da Silva construyó un frente amplio que incluyó como vicepresidente a Geraldo Alckmin, histórico dirigente del “Partido da Social Democracia Brasileira” (PSDB) y antiguo rival electoral.

Que los principales contendientes de los años noventa y dos mil se unieran en torno al objetivo de evitar la reelección de Bolsonaro envió una señal clave a los votantes de centro, muchos de ellos críticos con el “Partido dos Trabalhadores” (PT) de Lula, pero temerosos de un nuevo mandato bolsonarista. Aunque el protagonismo de Alckmin en el gobierno ha sido más limitado de lo que algunos querrían, su presencia en la fórmula fue decisiva para construir credibilidad frente a ese electorado.

En segundo lugar, el caso brasileño ha mostrado la importancia de unos medios de comunicación activos. Los principales medios en Brasil investigaron y documentaron los errores de gestión de Bolsonaro (como en relación con la pandemia) así como sus gestos autoritarios, y a pesar de las amenazas y conflictos con el expresidente, evitaron una actitud complaciente. Este rol cobra más valor si se recuerda que, años antes, el PT acusó a estos mismos medios de haber sido corresponsables en la caída de Dilma Rousseff.

En tercer lugar, es imposible imaginar este resultado sin la existencia de un sistema de justicia independiente. En un contexto regional marcado por liderazgos personalistas y populistas, el sistema de justicia brasileño demostró capacidad de actuar como contrapeso del poder Ejecutivo. En múltiples ocasiones, Bolsonaro intentó coaccionar, incluso insinuando el uso de las Fuerzas Armadas, y recientemente, la administración de Trump ha usado mecanismos de presión económica e institucional para intentar obtener un resultado favorable para su aliado político. En este contexto, el sistema de justicia brasileño ha reafirmado su autonomía y la sentencia del STF confirma que un poder judicial celoso de su independencia es la base fundamental de un verdadero Estado de derecho.

Finalmente, pero no menos importante: Fuerzas Armadas comprometidas con su función institucional. Bolsonaro buscó apoyo militar para evitar el traspaso de poder, pero solo encontró un respaldo parcial. El comandante de la Marina manifestó disposición a colaborar y puso a disposición sus tropas, pero tanto el Ejército como la Fuerza Aérea se opusieron. A pesar de sus diferencias con Lula, la negativa militar a romper con el Estado de derecho fue decisiva para la supervivencia democrática.

Es fundamental tener cuerpos de seguridad no politizados. En última instancia, la suerte de la democracia brasileña se decidió en algunas pocas reuniones y el resultado pudo haber sido diferente. Pero también este episodio muestra que, dentro de las Fuerzas Armadas, existe una verdadera comprensión de su rol institucional.

Preocupaciones por el futuro de la democracia en Brasil

La condena de Bolsonaro y su inhabilitación para las próximas elecciones no implican que la democracia brasileña esté plenamente a salvo. Existen al menos tres factores de preocupación.

En primer lugar, la dependencia del clima político. Aunque las instituciones judiciales brasileñas son claramente competentes y profesionales, en otras ocasiones han demostrado vulnerabilidad frente a los cambios de contexto. El famoso caso “Lava Jato” es ilustrativo: hace una década fue celebrado como una cruzada contra la corrupción, pero en los últimos años muchas de sus sentencias fueron anuladas debido a una combinación de irregularidades procesales y cambios en el entorno político. Este precedente muestra que, en el futuro, las condenas actuales podrían revertirse.

En segundo lugar, el oportunismo de la mayoría de los partidos políticos. La fragilidad institucional del sistema partidario brasileño sigue siendo un riesgo para la democracia. Algunos partidos perciben debilidad en el PT y en Lula de cara a las próximas elecciones y buscan captar al electorado bolsonarista, aun a costa de pactar con sectores que amenazan la institucionalidad brasileña.

Eduardo Bolsonaro ha afirmado que el sucesor de su padre deberá comprometerse a liberarlo, incluso mediante coerción sobre el STF. Y Tarcísio de Freitas, gobernador de São Paulo y favorito para competir con Lula, ha radicalizado su discurso: impulsa un proyecto de amnistía en el Congreso y cuestiona la legitimidad del STF. Aunque suele ser retratado como un perfil más técnico en comparación al núcleo duro del bolsonarismo, su estrategia actual prioriza la carrera presidencial sobre la estabilidad del sistema político a mediano y largo plazo.

Para finalizar, la persistencia de la polarización social. Las bases bolsonaristas continúan siendo numerosas y perciben el juicio como un proceso político más que judicial. La desigualdad económica, la limitada capacidad para atender demandas sociales y el tono de la confrontación política alimentan la polarización y la radicalización. Aunque el disenso es normal en democracia, la intensidad del conflicto en Brasil plantea el reto de encauzar estas energías hacia vías institucionales que reconozcan el voto como único medio legítimo de resolución.

La consolidación de la democracia en la región ha sido un camino largo y complejo que probablemente no tenga un momento conclusivo. Pero en el contexto actual de inestabilidad política global, el caso brasileño envía un mensaje positivo y refuerza la idea que la democracia liberal sigue siendo la única alternativa real a la violencia y el autoritarismo.

Destronando al «Rey Dólar»: los BRICS y el Sur Global en marcha

El 8 de septiembre de 2025, una reunión virtual del BRICS, convocada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, buscó consolidar la posición del grupo y reafirmar las directrices establecidas en la 17ª Cumbre, celebrada en Río de Janeiro en julio. En el encuentro, Lula defendió el multilateralismo, criticó los aranceles impuestos por Estados Unidos y subrayó la necesidad de poner fin a las prácticas unilaterales que comprometen el comercio internacional. La reunión contó con la participación de líderes o representantes de China, Egipto, Indonesia, Irán, Rusia, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, India y Etiopía.

La Cumbre de julio, que antecedió este encuentro virtual, se desarrolló en un contexto de gran tensión geopolítica, marcado por ataques de Israel y de Estados Unidos contra Irán y por el aumento de las disputas económicas globales, intensificadas por la guerra arancelaria de Donald Trump y su política de “America First”. Aun ante estos desafíos, Brasil logró impulsar una agenda multilateral centrada en el enfrentamiento de las desigualdades globales, consiguiendo aprobar cuatro documentos principales: la declaración final y tres declaraciones temáticas en las áreas de salud, gobernanza digital y financiamiento climático. Estos textos no solo amplían las ambiciones del grupo, sino que también reafirman el compromiso brasileño con un multilateralismo inclusivo y orientado a la reducción de desigualdades.

La declaración final superó resistencias considerables. Irán, incluso después de haber sido atacado recientemente, aceptó un texto que defiende la solución de dos Estados para el conflicto israelí-palestino, un gesto de apertura diplomática. Sudáfrica, Egipto y Etiopía, por su parte, acordaron mencionar nominalmente a Brasil e India en la defensa de la reforma del Consejo de Seguridad, mientras que se reconoció que África merece mayor representación. En el ámbito monetario, el texto evitó la propuesta de una nueva moneda común —defendida previamente por Lula—, pero reafirmó el avance del comercio en monedas locales. Con un tono prudente, el documento evitó menciones directas a Estados Unidos, aunque señaló el deseo de reducir la dependencia del dólar.

Esa modulación es coherente con la estrategia brasileña de no alineamiento activo y ya quedó clara en el discurso de apertura de la Cumbre, que marcó el tono del encuentro al evocar Bandung, un gesto cargado de simbolismo. En 2025 se cumplen 70 años de la Conferencia de Bandung, hito fundador del Movimiento de Países No Alineados. Fue también bajo la presidencia brasileña que Indonesia —epicentro histórico de aquel encuentro— se convirtió en miembro pleno del BRICS, reforzando el compromiso con un orden internacional más plural, basado en la autonomía y la cooperación entre países en desarrollo.

La defensa brasileña del multilateralismo, sin embargo, no significa adhesión acrítica a las instituciones existentes. Al contrario: la declaración enfatiza repetidamente el imperativo de democratizar la ONU, reformar las instituciones de Bretton Woods y restablecer el funcionamiento de la OMC y su mecanismo de solución de controversias, paralizado hace años por el veto de Estados Unidos. La palabra “democracia” aparece siete veces en la Declaración, lo que sugiere que, a diferencia de lo que afirman ciertos analistas, el BRICS no ignora el tema, sino que lo aborda desde una perspectiva propia: la defensa de una gobernanza global más democrática, que trasciende los límites del plano estrictamente nacional.

Esta crítica se extiende también a la instrumentalización de agencias multilaterales. Un ejemplo es la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), cuya neutralidad fue cuestionada después de que Irán suspendiera su cooperación con la entidad, acusándola de facilitar los ataques israelíes al compartir datos sensibles. Resulta irónico, por lo tanto, que el BRICS —con frecuencia descrito como una amenaza al orden liberal— se posicione como defensor de un orden basado en reglas, siempre que éstas sean construidas colectivamente y con legitimidad democrática.

Los tres documentos temáticos adoptados durante la Cumbre refuerzan la visión del grupo a favor de una gobernanza más inclusiva, con soluciones conjuntas para los desafíos globales. La Asociación del BRICS para la Eliminación de las Enfermedades Socialmente Determinadas destaca el compromiso con la erradicación de enfermedades como la tuberculosis, reconociendo que estas afectan de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables. El texto reafirma el derecho a la salud y la necesidad de fortalecer los sistemas públicos nacionales, ampliar el acceso a medicamentos y tecnologías y fomentar la cooperación científica y técnica entre los países miembros.

En la Declaración sobre la Gobernanza Global de la Inteligencia Artificial, los países reconocen que la IA tiene impactos profundos sobre las economías, las sociedades y la propia democracia. Defienden que su gobernanza debe basarse en los propósitos y principios de la Carta de la ONU, en los derechos humanos, en la protección de la privacidad, en la inclusión y en la diversidad. Rechazan la concentración de poder en manos de grandes plataformas digitales y expresan preocupación por la reproducción de prejuicios y desigualdades en los sistemas algorítmicos, proponiendo un modelo más ético, accesible y equitativo.

Por último, en la Declaración Marco sobre Finanzas Climáticas, se reafirma el compromiso con el Acuerdo de París y con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, defendiendo la movilización de financiamiento climático nuevo, adicional y en condiciones justas para los países en desarrollo. El grupo reiteró el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y defendió reformas en los bancos multilaterales, mayor volumen de financiamiento y la movilización de capital privado para viabilizar recursos destinados a acciones climáticas en el Sur Global. Además, el texto reconoce al Nuevo Banco de Desarrollo (NDB) en su papel de apoyo a proyectos de desarrollo sostenible y acción climática.

Pese a la diplomacia cautelosa, el grupo sigue siendo percibido como una amenaza por sectores hegemónicos. Durante la Cumbre, Trump reaccionó con virulencia, amenazando con un arancel adicional del 10% para cualquier país que se alinee con las “políticas antiamericanas del BRICS”, afirmando que “El dólar es rey. Vamos a mantenerlo así”. “Perder la hegemonía del dólar sería como perder una guerra”. Trump interpreta cualquier movimiento hacia la pluralidad monetaria como un intento de destronar al dólar, como una provocación existencial. Sus acciones, al vincular cuestiones comerciales con sanciones unilaterales y desafiar la soberanía nacional, subrayan la divergencia de visiones y las crecientes tensiones que configuran el escenario económico y político internacional.

*Este texto se enmarca en la colaboración entre la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y Latinoamérica21 para la difusión de la plataforma Voces de Mujeres Iberoamericanas. Conoce y únete AQUÍ a la Plataforma.

Renovar la democracia: de promesas incumplidas a un desarrollo humano resiliente

La democracia es la única forma de gobierno que descansa sobre el ideal de la igualdad política y el respeto a las libertades individuales y colectivas. Esta característica la convierte en algo más que un sistema político: la democracia es una condición esencial para el desarrollo humano. El economista Amartya Sen nos enseñó que el desarrollo no puede reducirse al crecimiento económico ni a la acumulación de riqueza. Desarrollarse significa expandir las capacidades y libertades reales de las personas para llevar la vida que valoran. Sin democracia, el desarrollo es frágil e incompleto, ya que las personas no pueden ejercer agencia sobre la construcción de su futuro. Y sin desarrollo para todos, la democracia pierde legitimidad.

La democracia ofrece espacios, procesos y mecanismos para la voz, la elección y la rendición de cuentas, unos elementos esenciales que son para ampliar oportunidades y libertades. Cuando las personas pueden influir en las decisiones y contribuir al bienestar colectivo, se incrementan las posibilidades de que el desarrollo y la prosperidad puedan ser accesibles para todos, y aumentan las posibilidades y condiciones para una mayor cohesión social.

Sin embargo, en América Latina y el Caribe esas promesas de la democracia siguen inconclusas. Aunque la región ha consolidado instituciones democráticas en las últimas décadas, las brechas en servicios básicos, las desigualdades persistentes y una desinformación creciente han debilitado la confianza ciudadana en que la democracia se traduzca realmente en igualdad y más libertad.

Las desigualdades como barreras estructurales 

En teoría, la igualdad política debe traducirse en mayor igualdad en términos de bienestar. Pero esa asunción se vacía ante un contexto de profundas y persistentes brechas sociales y económicas que dificultan cualquier forma de igualdad.

América Latina y el Caribe sigue siendo una de las regiones más desiguales del mundo: el 1% más rico concentra casi la mitad de la riqueza, mientras que muchos hogares en condiciones de pobreza pagan más impuestos indirectos de lo que reciben en transferencias. Mientras algunos acceden a sistemas de salud y educación comparables a los más países ricos del mundo, otros viven realidades cercanas a las de los países más rezagados en términos de desarrollo. Además, más de la mitad de la población carece de mecanismos para enfrentar un shock moderado sin caer en pobreza, un 31% permanece en condición de vulnerabilidad y las altas tasas de informalidad laboral vulneran la calidad del empleo, aumentan la exclusión y reducen la movilidad social.

Cuando las personas no tienen acceso a la salud, la educación, o un empleo digno, cuando el Estado no tiene la capacidad de proteger derechos, la democracia deja de ser un espacio de libertad y se vive de manera radicalmente distinta según quién seas y dónde vivas. Para algunos, es una realidad tangible; para otros, apenas una palabra sin contenido.

Aunque la mayoría de los ciudadanos en América Latina y el Caribe siguen considerando la democracia como el mejor sistema de gobierno, cada vez son más los que cuestionan su capacidad para resolver problemas esenciales y mejorar sus vidas. Un 65% de la población se declara insatisfecha con el funcionamiento de la democracia, y un preocupante 41% está abierto a alternativas autoritarias. Esto nos debe alarmar, pero también movilizar: para que la democracia pueda cumplir su potencial como vehículo de desarrollo humano, es imperativo abordar las desigualdades estructurales.

Desinformación acelerada: una amenaza con nuevas herramientas

A estas brechas se suma un otro desafío: la desinformación. Aunque no es un fenómeno nuevo —la manipulación informativa ha existido siempre—, hoy la desinformación circula en un ecosistema digital de muy alta velocidad dominado por algoritmos que priorizan lo sensacional sobre lo veraz. Noticias falsas, campañas de desprestigio y ataques sistemáticos a las autoridades electorales erosionan la confianza en las instituciones. En tiempos electorales, estas dinámicas distorsionan la deliberación pública y socavan la posibilidad de que la ciudadanía ejerza sus libertades de manera informada.

El peligroso cóctel de desigualdades estructurales, desinformación acelerada y malestar emocional está generando dudas cada vez más extendidas sobre la capacidad de las democracias para cumplir con lo que prometen. Y no se trata de una percepción aislada, sino que los datos lo respaldan: entre 2000 y 2024 el apoyo a la democracia en la región cayó del 60% al 52%. Eso significa millones de ciudadanos y ciudadanas que ya no están convencidos de que este sea un sistema que les funcione para ofrecer bienestar, proteger a todos y garantizar libertades.

Incluso frente a este desencanto, la vocación democrática sigue viva. América Latina y el Caribe continúa siendo la región en desarrollo más democrática del mundo. Y eso no es menor, ni puede darse por sentado. La paradoja es clara: mientras la región se mantiene como la más democrática del mundo en desarrollo, la insatisfacción con su funcionamiento crece y amenaza su legitimidad.

Enmendar la promesa democrática

Una democracia se reconoce también en su capacidad de ser cuestionada, de escuchar a una ciudadanía crítica y de renovarse para responder a los desafíos de su tiempo. Las señales de malestar no son necesariamente una sentencia, sino un llamado a la acción, que comienza por reconocer las fallas y tener la firme voluntad de reencauzar el rumbo. Una cosa es clara: lo que funcionó en el pasado ya no será suficiente en el futuro, que depende de la capacidad de nuestras democracias de adaptarse sin perder su esencia.

La legitimidad de las democracias dependerá en gran medida de su capacidad de garantizar resultados tangibles en la mejora de la calidad de vida de las personas y en las posibilidades de ejercer su agencia en la construcción de su futuro. Enmendar la promesa democrática y recuperar la confianza de la ciudadanía solo será posible a través de su íntimo vínculo con el desarrollo.

Pero las estrategias de desarrollo en la región también necesitan repensarse. El último Informe Regional sobre Desarrollo Humano del PNUD, “Bajo presión: Recalibrando el futuro del desarrollo en América Latina y el Caribe”, sugiere que, en un contexto de crecientes incertidumbres, crisis recurrentes y superpuestas y rápidas transformaciones, la única forma de garantizar el desarrollo humano de forma sostenible es situando la resiliencia como eje central.  Propone un desarrollo humano resiliente como habilitador de agencia y protector de libertades efectivas de las personas, y también como una hoja de ruta para el desarrollo en la región.  

Una guía renovada para el desarrollo en la región implica trascender los instrumentos tradicionales de reducción de pobreza y ampliar la cobertura de los sistemas de protección social; garantizar la presencia del Estado en todas las regiones, fortaleciendo la gobernanza local y los mecanismos de participación ciudadana para mejorar la cobertura y eficacia institucional; desarrollar una base digital sólida enfocada en la innovación y el cierre de brechas, todo basado en la eficiencia, la inclusividad y la rendición de cuentas. Ante este cambio de paradigma, la democracia emerge como el único sistema que, además de representar un valor intrínseco, representa un medio instrumental y constructivo del desarrollo que promete enriquecer la vida de los ciudadanos a través de la libertad política y el ejercicio de derechos civiles y políticos.  

Hoy América Latina y el Caribe tiene la oportunidad —si así lo decide— de demostrar al mundo que democracia y desarrollo no son promesas incumplidas; son motores inseparables de un futuro compartido de prosperidad y libertad.

Financiamiento del cambio climático en tiempos de negacionismo

Las emisiones de gases de efecto invernadero siguen en ascenso y la temperatura promedio global aumenta año tras año. El planeta alcanza sus límites, mientras cientos de miles de personas ya enfrentan las consecuencias del cambio climático. Sin embargo, el ascenso del movimiento global negacionista, sumado a la presión ejercida por sectores como el petrolero, que ven perjudicados sus negocios, está frenando la transición energética y la mitigación al cambio climático: niegan la evidencia científica, falsean informes, o directamente mienten. Pero también corrompen gobiernos, bloquean políticas y buscan frenar las medidas impulsadas por distintas entidades financieras.

La reelección de Donald Trump a la Casa Blanca ha terminado de consolidar esta corriente negacionista, con la consecuencia que la principal potencia del mundo ha abocado por desfinanciar la lucha contra el cambio climático, considerándola una problemática inexistente.

A este carro se han subido políticos de ultraderecha- y no solo-, pero también los lobbys económicos y los fondos financieros, que hasta hace poco prometían liderar el cambio. Pues, ahora las decisiones que se adoptan obedecen a otras razones y siguen la lógica de la economía política: actores, intereses y poder.

Las grandes promesas incumplidas de los fondos financieros

Recientemente el sector financiero dio muestras de un nuevo rumbo y nos llenó de promesas. Pero finalmente quedó evidente que lo que realmente lo mueve son los negocios. Por ello, la retórica ética que ha exhibido en reuniones y reportes anuales recientes ha comenzado a desvanecer frente a la presión del poder.

BlackRock, uno de los principales fondos de inversión del mundo, formó parte del entusiasmo inicial. En su carta anual a los inversores de 2018, su director ejecutivo, Larry Fink, destacó la necesidad de avanzar con una mirada más responsable y la urgencia de actuar contra el cambio climático. Con más de 11,6 billones de dólares en activos bajo gestión, las decisiones de este fondo influyen de manera determinante en las estrategias de inversión de numerosas empresas en todo el mundo.

Por esos años, cuando los jóvenes tomaban las calles de las principales capitales del mundo para movilizarse contra la inacción de los principales líderes, un grupo de empresas y fondos de inversión lanzaba una nueva alianza: Climate Action 100+. Entonces, los distintos miembros se comprometían a transparentar su nivel de contaminación y reducir la huella de carbono en sus operaciones.

En abril de 2021, un grupo de más de 450 empresas globales lanzaron en Glasgow una Alianza Financiera para las Emisiones Cero (GFANZ). La presidencia de la alianza resultaba compartida: allí estaban Michael Bloomberg y el actual primer ministro de Canadá, Mark Carney, este último proveniente del sector financiero y ex presidente del Banco de Inglaterra. Fue en el marco de un discurso brindado en esa entidad, en septiembre de 2015, donde el financista canadiense resumir las falencias del sistema en una expresión: “la tragedia del horizonte”, es decir, cómo las decisiones de corto plazo ignoran los riesgos futuros.

Bajo los auspicios de las Naciones Unidas, también en 2021 se lanzaba la Alianza de Bancos por las Emisiones Cero (NZBA), agrupamiento que involucra a unos 98 bancos de 39 países diferentes, que representaban el 43% de los activos globales del sistema. Originalmente liderada por el mismo Mark Carney, la entidad buscaba alinear la banca con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático.

Un cambio de rumbo peligroso

Pero los hechos actuales demuestran cómo las opiniones pueden verse modificadas cuando las responsabilidades lo requieren o las presiones lo imponen. 

Al poco tiempo de asumir como primer ministro de Canadá –principal emisor en términos per cápita, donde la industria extractiva tiene un gran peso en la economía–, Mark Carney se olvidó de las tragedias. Inmediatamente comenzó a validar nuevas inversiones en yacimientos bituminosos, nuevos ductos, y a desarrollar una política agresiva de exportaciones, a cambio de promesas de captura de carbono por parte de las petroleras. Todo un cambio de personalidad para quien declamaba la necesidad de internalizar los riesgos futuros en las decisiones del sector financiero.

Lo mismo sucedió con las promesas de BlackRock, quien decidió dejarlas de lado. Ello quedó en evidencia en una nueva misiva donde se destacaba lo inapropiado de caer en el wokismo y la necesidad de reorientar sus inversiones allí donde más rinden. En su carta anual de este año, Larry Fink incentiva a expandir la producción energética al tiempo que omite toda referencia al problema climático o a la responsabilidad corporativa, aspectos que anteriormente defendió con vehemencia.

Frente a la actual situación política, las principales entidades financieras también están cambiando de opinión. Esto es visible en la reciente salida de varios bancos globales– particularmente los originarios de EE UU y Canadá– de la NZBA, lo cual ya está transformando el mandato original de la entidad.  Al mismo tiempo, crecen las denuncias por el rol que juega la banca global en financiar las denominadas “bombas de carbono”, cómo se conocen a los proyectos de inversión en carbón, petróleo o gas fósil con potencial para emitir más de una gigatonelada de CO2, que se esparcen sobre todo el planeta.

Finalmente, el debilitamiento también se observa entre el grupo de empresas globales GFANZ. La salida de alguno de sus miembros como JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Bank of America o, más recientemente HSBC, ha llevado a la entidad a flexibilizar su normativa y a buscar atraer a la banca multilateral de desarrollo, a fin de aumentar su disponibilidad de fondos. Idénticos problemas ha observado la coalición Climate Action 100+, con la salida de varios miembros norteamericanos.

Y qué pasó con el compromiso de los países desarrollados

A pesar de los discursos, los fondos comprometidos por los países desarrollados han quedado muy por debajo de lo prometido en reiteradas ocasiones y aún más lejos de cubrir las necesidades de quienes sufren con mayor intensidad los efectos del cambio climático. Basta recordar la promesa de los países desarrollados de movilizar 100 mil millones de dólares anuales, acordada en el Comité Intergubernamental contra el Cambio Climático (IPCC) para 2020 en beneficio de las naciones en desarrollo, objetivo que no se ha cumplido.

Tras la pandemia, en 2021 negociadores ambientales, líderes políticos y representantes gubernamentales renovaron su compromiso de financiamiento. Más recientemente, en 2024, la COP29 reavivó las esperanzas al triplicar la meta: los países desarrollados se comprometieron a aportar 300 mil millones de dólares anuales destinados a inversiones de mitigación y adaptación.

Nuevas promesas también surgieron en la Conferencia de Sevilla de este año, que se centró en la problemática de la deuda soberana y en los crecientes desafíos de sostenibilidad que enfrentan numerosos países en desarrollo. Sin embargo, la decisión de Estados Unidos de retirarse de este tipo de iniciativas está teniendo un enorme impacto, como la desfinanciación de la lucha contra el cambio climático.

De hecho, aun si los compromisos anunciados llegaran a concretarse, para los países en desarrollo los montos seguirían siendo insuficientes. La crisis de deuda que enfrentan los países más vulnerables — aquellos con menor responsabilidad en la acumulación de gases de efecto invernadero pero más expuestos a sus impactos — exige replantear el esquema de financiamiento, ampliar los fondos y aumentar las donaciones.

En este marco, es fundamental tener en cuenta hacia qué sectores se dirige el financiamiento. Si, por ejemplo, la mayor parte del capital se orienta al sector petrolero, el país receptor incrementará sus riesgos, tanto en el ámbito financiero como en su proceso de mitigación climática. En este contexto, la banca global y los fondos de inversión — principales canales de intermediación hacia las economías emergentes y en desarrollo — no solo reducirán la ambición de sus compromisos climáticos, sino que continuarán financiando proyectos intensivos en carbono en múltiples regiones del planeta.

Venezuela: el ataque que sacude el hemisferio

El 3 de septiembre, Estados Unidos lanzó un ataque naval frente a la costa de Venezuela, matando a once individuos que Washington identificó como narcotraficantes. Inmediatamente, el presidente Donald Trump anunció una recompensa de 50 millones de dólares por el presidente Nicolás Maduro y ordenó una oleada naval adicional en la región, presentando la medida como parte de una campaña antinarcóticos. Pero este encuadre oculta una realidad mucho más profunda: esta es la demostración más dramática hasta ahora del retorno de Washington a la coerción militar unilateral, lo cual ocurre en un momento en que el orden internacional liberal yace en desorden.

Este ataque no es un episodio aislado; representa la culminación de varias tendencias superpuestas: el colapso interno de Venezuela, la erosión de las restricciones multilaterales sobre el poder estadounidense, y el resurgimiento de una cosmovisión que equipara la fuerza con la razón. En efecto, señala que las normas que moldearon la política internacional posterior a 1945 ahora cuelgan de un hilo.

Una crisis creada por Venezuela

La situación de Venezuela es en gran medida autoinfligida. Otrora escaparate de la prosperidad latinoamericana, el país se convirtió en víctima de su propia dependencia de los hidrocarburos. Cuando los precios del petróleo se desplomaron durante la década de 2010 y la producción flaqueó bajo una grave mala gestión, los fundamentos económicos se desmoronaron. La hiperinflación alcanzó niveles astronómicos y los bienes esenciales desaparecieron. 

Las consecuencias humanitarias han sido catastróficas. Más de siete millones de venezolanos han huido desde 2015 y hoy, Venezuela no es ni un estado fallido ni uno funcional: es un petroestado en caída libre, atrapado entre rivalidades de grandes potencias y redes criminales.

Por qué la fuerza es un espejismo

En este contexto, el recurso de Trump a la acción militar puede parecer decisivo, pero la historia advierte lo contrario. El cambio de régimen por la fuerza es una ilusión peligrosa. Desde Irak en 2003 hasta Libia en 2011, las intervenciones lanzadas con promesas de éxito rápido terminaron en colapso estatal y caos prolongado. La lección es inequívoca: desmantelar regímenes es mucho más fácil que reconstruir estados.

Venezuela no es una excepción. Sus densos bosques, terreno accidentado y fronteras porosas son terreno ideal para la guerra de guerrillas. Los grupos armados, desde remanentes rebeldes colombianos hasta milicias alineadas con el régimen, prosperarían en una insurgencia, evocando la analogía vietnamita: un poder tecnológicamente superior ahogándose en los pantanos del conflicto asimétrico.

Más allá de los riesgos del campo de batalla yacen vacíos estructurales. La burocracia venezolana está destruida; tecnócratas y funcionarios públicos han huido. La oposición, fragmentada y desacreditada, carece tanto de credibilidad como de capacidad. Remover a Maduro sin un plan de gobernanza encendería una guerra civil, profundizaría la anarquía y necesitaría una ocupación extranjera prolongada, probablemente financiada por las reservas petroleras de Venezuela, perpetuando la maldición de los recursos bajo una nueva apariencia.

Esta es precisamente la pesadilla esbozada por analistas como Sean Burges y Fabrício Bastos, quienes advirtieron ya en 2018 que la intervención «desperdiciaría tiempo valioso» mientras empeoraría la fragilidad institucional. Enfatizaron que la supervivencia de Maduro descansa en pactos élite-militares; alterar estos podría hundir a Venezuela en violencia aún más profunda. E incluso si el cambio de régimen tuviera éxito, la ausencia de instituciones implica que la reconstrucción demandaría décadas de control externo sostenido.

El tabú de la soberanía y la reacción regional

El ADN diplomático de América Latina está impregnado del principio de no intervención. No se trata de un ideal abstracto, sino que refleja una memoria histórica colectiva de ocupaciones estadounidenses, desde las intervenciones caribeñas de principios del siglo XX hasta las operaciones encubiertas durante la Guerra Fría. La Organización de Estados Americanos (OEA) ha rechazado en repetidas ocasiones respaldar cambios de régimen promovidos desde el exterior, con el fin de evitar que, en el futuro, ello pueda justificar injerencias en otros lugares.

Incluso si Washington buscara proyectar una fachada de liderazgo regional, la realidad es clara: ningún Estado latinoamericano posee la profundidad logística ni la experiencia estratégica necesarias para encabezar una misión de esa magnitud. Estados Unidos mantendría el control operacional y cargaría con la responsabilidad del inevitable atolladero.

El paralelo Putin y la contradicción de Trump

Aquí, la hipocresía es flagrante. Washington condenó la invasión de Ucrania por parte de Vladímir Putin en 2022 como una violación de la soberanía, pero ahora reproduce la misma lógica. Los paralelismos retóricos son escalofriantes: Trump presenta a Venezuela como una amenaza existencial “narcoterrorista”, un lenguaje inquietantemente similar al discurso de Putin en 2022, que calificó a Ucrania como una entidad artificial y un peligro para la seguridad rusa. Ambas narrativas visten el poder crudo y el neo-imperialismo con el ropaje de la necesidad.

La ironía se profundiza con el reciente encuentro entre Trump y Putin en Alaska. Lejos de expresar una postura de firmeza frente al revanchismo autoritario, la cumbre proyectó una señal de acomodación hacia Moscú en el ámbito internacional, incluso mientras Washington recurre a la agresión en su propio hemisferio. Así como el coqueteo de Trump con Putin en su primer mandato, junto con los ataques a la OTAN y el retraso en la ayuda militar, debilitó a Ucrania, hoy arriesga imponerle una paz dictada por el Kremlin e intervenir violentamente en Venezuela (y, posiblemente, como ha insinuado ominosamente en meses recientes, en Panamá).

El gran desmantelamiento

Pero este ataque beligerante ejemplifica el desmantelamiento sistemático, por parte de Trump, del internacionalismo liberal. A lo largo de dos mandatos, las asociaciones multilaterales han sido destruidas, las oficinas de derechos humanos cerradas y gobernar se ha convertido en una herramienta contundente de coerción. La diplomacia ha cedido ante los tratos y aranceles; la persuasión, ante la coerción abierta.

Lo que emerge es un mundo desatado de los anclajes normativos del orden posterior a 1945, un mundo donde la soberanía es negociable, la ley maleable y la fuerza razón. En este sentido, Venezuela puede erigirse hoy como la lápida de ese viejo orden: una era en la que Estados Unidos, otrora su arquitecto principal, abraza el ethos del revisionismo al que antes decía oponerse. El futuro no es anarquía, sino jerarquía: un sistema de esferas de influencia gobernado por la fuerza bruta, negociaciones transaccionales e ideales desvanecientes de derechos humanos y seguridad colectiva. ¿El arte del trato? No: una era de impunidad.

Inclusión y educación financiera: un pilar para el desarrollo sostenible en América Latina

La inclusión y educación financiera han emergido como habilitadores claves para el desarrollo sostenible en sus dimensiones ambiental, social y productiva. En América Latina, donde persisten altos niveles de informalidad, desigualdad y exclusión financiera, su promoción se vuelve urgente y estratégica. Estos elementos no solo facilitan el acceso a servicios financieros básicos, sino que también fortalecen la resiliencia económica de hogares y empresas, promueven la formalización y contribuyen a reducir las brechas estructurales que caracterizan a la región.

América Latina presenta una heterogeneidad significativa en materia de inclusión y educación financiera. Mientras países como Chile y Uruguay han logrado avances notables gracias a marcos regulatorios sólidos y una mayor penetración bancaria, otros como Colombia y Panamá aún enfrentan brechas importantes, especialmente en zonas rurales y entre microempresarios. En Colombia, a pesar de iniciativas como la Política Nacional de Inclusión y Educación Económica y Financiera y programas gubernamentales como la Banca de las Oportunidades, persiste una alta dependencia de distintas formas de crédito informal, como por ejemplo los conocidos como prestamos «gota a gota», con tasas de interés que superan el 300% anual. Según el Departamento Nacional de Estadística, el 51% de los microempresarios no cuenta con productos formales de ahorro o crédito.

Chile, por su parte, destaca por su sistema de pagos digitales y el programa CuentaRUT, una cuenta de depósitos a la vista que incluye una tarjeta de débito sin costo de mantención ni apertura, que ha bancarizado a millones de personas. No obstante, la educación financiera aún es incipiente. Panamá registra una alta inclusión financiera nominal, pero con poca profundidad en productos crediticios para pymes y poblaciones vulnerables. Uruguay, con una de las tasas de bancarización más altas de la región, ha implementado con éxito programas de educación financiera en escuelas y mediante plataformas digitales.

La innovación financiera ha sido impulsada por la tecnología FinTech y las alianzas público-privadas. Entre las tendencias más relevantes se encuentran las billeteras digitales y los corresponsales bancarios que han ampliado el acceso a servicios financieros en zonas remotas, los microcréditos con scoring alternativo que utilizan información proveniente de fuentes no tradicionales como transacciones no financieras para evaluar el riesgo.

A pesar de estos avances, la educación financiera sigue siendo débil. En Colombia según un estudio impulsado por Asobancaria , más del 40% de los vendedores en plazas de mercado de Bogotá desconoce conceptos básicos como la tasa de usura. Esta brecha de conocimiento persiste incluso con iniciativas innovadoras impulsadas por bancos en Colombia que ofrecen cursos en línea y promueve el ahorro infantil. En otros países de la región se han promovido estrategias innovadoras como plataformas de educación financiera gamificadas, como el videojuego CAPUF «Aprende y Emprende» en Uruguay, disponible gratuitamente o el Programa EFEC en este mismo país, que incorpora educación financiera en el currículo escolar y para adultos. En Chile, el «Plan Nacional de Educación Financiera» ha logrado capacitar a más de 2 millones de personas mediante alianzas con instituciones públicas y privadas, a lo cual se suman estrategias tradicionales como la realización de ferias, talleres y concursos que combinan divulgación masiva con aprendizaje práctico. Estos esfuerzos, aunque significativos, todavía se enfrentan a retos importantes para conectar efectivamente la oferta educativa y las necesidades específicas de grupos como los comerciantes informales, requiriendo estrategias más focalizadas y de mayor continuidad.

Precisamente para abordar estas limitaciones de manera efectiva, resulta fundamental contar con datos robustos y detallados. La disponibilidad de información desagregada es crucial porque permite identificar con precisión las brechas específicas que afectan a cada población, así como indicadores de resultado que midan no solo el acceso, sino también el uso efectivo y la calidad de los servicios.

Un enfoque conductual que comprenda sesgos como la aversión a la pérdida, el cortoplacismo y la desconfianza resulta esencial, junto con un ecosistema de elección que facilite la comprensión y el uso de productos financieros. Asimismo, es crucial superar obstáculos regulatorios, como la falta de estrategias de open data y legislaciones sobre tasas de interés máximas que limitan el acceso al crédito de poblaciones de alto riesgo.

La banca multilateral desempeña un papel crucial en la promoción de políticas de inclusión y educación financiera y es necesaria la coordinación con los gobiernos para impulsar acciones prioritarias. Entre estas destacan la creación de fondos de garantía que reduzcan el riesgo de préstamos a pymes y sectores vulnerables, la emisión de bonos de impacto social para financiar programas de educación financiera con metas medibles, y la formación de alianzas con FinTechs para desarrollar productos escalables y de bajo costo. Asimismo, resulta esencial facilitar líneas de crédito concesional dirigidas a instituciones microfinancieras que atiendan a poblaciones excluidas.

La banca de desarrollo en la región debe trabajar con los gobiernos en armonizar estándares para que los productos sean comparables y transferibles entre países, financiar pilotos de productos innovadores con evaluación rigurosa de impacto, fortalecer capacidades locales en entidades financieras y gobiernos, y movilizar capital privado mediante mecanismos de financiamiento combinado y garantías parciales. La experiencia de la banca multilateral también puede ser aprovechada para promover productos innovadores como créditos verdes para eficiencia energética y reconversión productiva, seguros paramétricos para agricultores, financiamiento en cadena basado en historiales comerciales, y plataformas de microfinanciación para proyectos socioambientales.

La inclusión y educación financiera no solo son un medio para acceder a crédito, sino un habilitador transversal del desarrollo sostenible. Permiten a las pymes innovar, a las familias gestionar riesgos y a las comunidades en general transitar hacia economías bajas en carbono. Los países de América Latina tienen la oportunidad de liderar este proceso mediante políticas coordinadas, innovación productiva y una visión de largo plazo que priorice el bienestar de las personas y del planeta.

Bolivia: más vale nuevo por conocer que viejo conocido

La derrota del candidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS), Eduardo Del Castillo, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales marca, por ahora, el cierre del ciclo de populismo de izquierda en Bolivia. El respaldo electoral de Del Castillo, el más bajo obtenido por un candidato del MAS, le impidió disputar la segunda vuelta. Por primera vez en veinte años, el MAS no será ni el partido gobernante ni la principal fuerza opositora.

División interna del MAS

La aplastante derrota del MAS en 2025 se explica, sobre todo, por la profunda división entre Evo Morales y Luis Arce, sumada a la baja aprobación del presidente saliente (18%). Incluso si Arce hubiera tenido un desempeño satisfactorio, la escisión interna habría complicado la retención del poder.

Durante la campaña, el MAS presentó de facto tres opciones enfrentadas hostilmente entre sí: Eduardo Del Castillo representando al gobierno, el presidente del Senado Andrónico Rodríguez como supuesta alternativa de unidad, y la línea de Morales, que promovió el voto nulo.

El fin del ciclo populista en Bolivia repite la dinámica observada en Ecuador. El sucesor disidente, cuando no puede retener el poder, al mismo tiempo que bloquea el retorno de su antecesor favorece la competición equitativa por la presidencia entre aspirantes de todas las fuerzas políticas. La conducta podría estar reflejando un compromiso democrático o ser fruto del cálculo político.

Los partidos tradicionales no capitalizan

A medida que se acercaba el momento de acudir a las urnas, se produjo una nueva dinámica: ante la perspectiva del fin del ciclo populista, entre los favoritos de las encuestas no surgían nuevos liderazgos.

En este contexto, dos políticos sobrevivientes del fallido ciclo previo al populismo de izquierda —el expresidente Jorge Quiroga Ramírez y el exministro y uno de los artífices de las privatizaciones de los años 90, Samuel Doria Medina— parecían ser los principales beneficiados ante la guerra fratricida que consumía al MAS.

Resultaba difícil imaginar un desenlace más desmoralizante para el régimen populista: devolver las riendas del poder a la misma generación de líderes y fuerzas políticas que había fracasado rotundamente en los años 90.

Sin embargo, la primera vuelta trajo sorpresa: Rodrigo Paz Pereira, del centrista Partido Demócrata Cristiano (PDC), se impuso. Hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, Paz Pereira había construido su trayectoria como opositor al MAS, y su campaña moderada logró atraer a amplios sectores populares vinculados al modelo estatista. Como compañero de fórmula eligió a Edman Lara, ex capitán de policía y figura conocida por su lucha anticorrupción en redes sociales.

Con la eliminación del MAS, la segunda vuelta enfrenta a dos fuerzas políticas opositoras. Para evaluar sus posibilidades, es importante considerar la tipificación de los partidos o alianzas, el dominio desde el cual acuden los votantes a las urnas y la imagen de los candidatos.

Tipificación de las fuerzas políticas

Jorge Quiroga encabeza la coalición «Alianza Libre» como independiente, pero su historial lo ubica claramente en los partidos tradicionales principales cuya gestión infructuosa condicionó la irrupción populista. Rodrigo Paz, por su parte, lidera un PDC históricamente secundario, cuya fórmula presidencial combina un opositor que hizo su carrera política confrontando el sistema hegemónico encabezado por el MAS y un outsider como el capitán Edman Lara. Esto sitúa a su coalición a mitad de camino entre una fuerza tradicional y una emergente.

Ambas tipificaciones son importantes ya que permiten entrever cuál de las dos fuerzas tiene mayores posibilidades de ser captada por el imaginario de los votantes como una alternativa de gobierno diferente. No solo al MAS, sino también a los gobiernos fallidos que se sucedieron entre 1985 y 2005.

Dominio desde el que acuden los votantes

A menudo las segundas vueltas electorales en las que no participa el partido gobernante se dirimen entre una fuerza política tradicional y una emergente. La primera tiene a su favor cierta experiencia en la gestión de los asuntos nacionales. Mientras el punto fuerte de la segunda es no tener responsabilidad directa con el deterioro en que se encuentra el país. ¿Cuál de las dos fuerzas tiende entonces a recibir el respaldo de la mayoría de los votantes?

El respaldo depende de la situación general del país. Si la situación es moderadamente negativa, los votantes apuestan por el oficio y tienden a elegir fuerzas tradicionales; si es crítica, favorecen opciones emergentes. Para nadie es un secreto que el votante boliviano acudirá a las urnas en medio de una crisis económica y política aguda.

Imagen de los candidatos

Una medición de julio de 2025 reportada por AS/COA encontró que Jorge Quiroga tenía la imagen más favorable entre los candidatos presidenciales bolivianos con 26,3% y la segunda menos negativa con 52,8%. La omisión imperdonable del estudio fue que no consideró incluir en el ejercicio al candidato presidencial Rodrigo Paz.

Por su parte, el sitio web Bolivia 360 reportó en enero de 2025 que Jorge Quiroga tenía 22% de imagen favorable y 39% de imagen desfavorable. Mientras Rodrigo Paz tenía 4% de favorable contra 13% de desfavorable. La fuente también indicó que Jorge Quiroga era un candidato desconocido solo para el 12% de los encuestados, mientras Rodrigo Paz lo era para el 66%.

No disponemos de mejores datos respecto a la evolución de la imagen de Rodrigo Paz. Sin embargo, de los resultados de la primera vuelta y la consulta de analistas deducimos que de enero a agosto de 2025 la imagen favorable de Rodrigo Paz aumentó de modo relevante mientras en sentido opuesto lo hizo el número de personas que manifestaron no conocerlo.

El punto de inflexión pudo llegar en el mes de mayo cuando oficializó la decisión de incluir como compañero de fórmula al capitán «justiciero» y estrella de tik-tok, Edman Lara.

En América Latina no es infrecuente que se produzca en segunda vuelta una reversión del resultado arrojado por la primera. Pero, el análisis de variables clave no apunta precisamente en esa dirección.

Lula 2026: entre el “escenario Biden” y el “efecto Moby Dick”

Con los vientos políticos soplando hacia posiciones conservadoras en América Latina y con elecciones presidenciales previstas para el próximo año, Brasil puede ser el próximo país de la región en manos de la ultra derecha. Para evitar que eso pase, el principal candidato es el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, que asumió su tercer mandato en 2023, aspira a consolidar una trayectoria rooseveltiana, extendiendo su presencia política y alcanzando un cuarto mandato democrático. 

Sin embargo, el panorama está lejos de ser lineal. Aunque los resultados económicos han sido positivos en su tercer mandato, la popularidad del presidente no reflejó inicialmente esa bonanza. El PIB creció, la inflación se mantuvo bajo control y se generaron nuevos empleos, pero hasta mediados de 2025 la mayoría absoluta de los brasileños desaprobaba su gobierno. 

Esta paradoja entre desempeño macroeconómico y baja popularidad alimentó la idea de que Lula podría enfrentarse a un “escenario Biden”, en referencia a la experiencia del expresidente de Estados Unidos. Durante el mandato de Biden, las cifras macroeconómicas fueron sólidas: la economía creció un 3,2% en 2023 y un 2,7% en 2024, con mejoras notables en la productividad laboral. La inflación, que había repuntado en 2022 debido a la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania, fue controlada sin políticas recesivas severas. El desempleo se mantuvo en niveles históricamente bajos, por debajo del 4% hasta 2024, y solo subió levemente a 4,1% ese año.

Sin embargo, los demócratas no lograron traducir este cuadro alentador en éxito electoral. En las elecciones de 2024, Kamala Harris, entonces vicepresidenta y candidata presidencial, no capitalizó los buenos indicadores y fue derrotada por Donald Trump. La lección fue clara: los logros macroeconómicos, por sí solos, no garantizan respaldo político si no se perciben como mejoras tangibles en la vida cotidiana de la mayoría.

Hasta mediados de 2025, Brasil parecía encaminado hacia un desenlace similar. El PIB creció un 3,4% en 2024 y, en el primer trimestre de 2025, el país fue la quinta economía con mayor expansión en el mundo. La inflación, aunque ligeramente por encima de la meta del Banco Central, se mantuvo bajo control. Los datos de empleo resultaron aún más notables: la tasa de desocupación bajó al 6,6% en 2024, el nivel más bajo desde 2012, con incremento de los ingresos promedio y expansión del empleo formal, un logro significativo en un país con una alta informalidad laboral.

No obstante, en abril y mayo de 2025 distintos institutos de encuestas registraron que la mayoría absoluta de los brasileños desaprobaba la gestión de Lula. Es esta desconexión entre desempeño macroeconómico y percepción social lo que alimentaba la hipótesis del “escenario Biden”: un presidente con buenos números pero sin capacidad de convertirlos en popularidad sostenida.

Pero la coyuntura internacional alteró el tablero político. Los recientes embates diplomáticos entre Brasil y Estados Unidos parecen haber fortalecido la figura del mandatario, que logró proyectarse como defensor de la soberanía nacional frente a las presiones externas del presidente Donald Trump —patrocinadas por la familia Bolsonaro—. Esta dinámica, en la que un enemigo externo moviliza el apoyo interno, es lo que algunos analistas describen como el “efecto Moby Dick”.

Así, el futuro electoral de Lula en 2026 puede estar definido por la interacción de dos fuerzas contrapuestas: la dificultad de transformar logros económicos en apoyo político sostenido —el “escenario Biden”— y la posibilidad de capitalizar la confrontación con Washington para reunir respaldo en torno a su liderazgo —el “efecto Moby Dick”.

Cambio de rumbo

El panorama comenzó a cambiar en julio de 2025, cuando irrumpieron con fuerza ciertos factores externos. Ese mes, el gobierno de Donald Trump amenazó a Brasil con imponer aranceles del 50% a sus exportaciones, bajo el argumento de que la justicia brasileña llevaba adelante una persecución política contra Jair Bolsonaro. Con el respaldo activo de Eduardo Bolsonaro —diputado e hijo del expresidente – en Washington, la amenaza se concretó el 6 de agosto.

Paradójicamente, la medida norteamericana terminó fortaleciendo a Lula. El presidente se presentó como defensor de la soberanía brasileña frente a lo que calificó como una injerencia inadmisible en los asuntos internos. Esta estrategia tuvo efecto inmediato: encuestas recientes revelaron que, aunque poco más de la mitad de la población aún desaprueba su gestión, la tasa de aprobación subió cinco puntos respecto de abril, alcanzando el 46%.

Un sondeo de la consultoría Quaest mostró, además, que el 48% de los brasileños respalda la actuación de Lula y del Partido de los Trabajadores en el conflicto con Washington, frente a un 28% que apoya a Bolsonaro y sus aliados. Otro 15% declaró no alinearse con ninguno de los dos campos. Estos datos sugieren que, al menos en parte, la confrontación con Estados Unidos generó un cierre de filas en torno al presidente.

El fenómeno recuerda al “rally around the flag”, en el que una amenaza externa moviliza apoyo interno al líder del país. De allí la metáfora del “efecto Moby Dick”: así como en la novela de Herman Melville la tripulación del Pequod se unía bajo el mando del capitán Ahab para enfrentar al cachalote, una parte del electorado brasileño parece haberse alineado detrás de Lula frente a la presión estadounidense, percibida como una violación flagrante del derecho internacional y de las prácticas diplomáticas tradicionales sin precedentes.

El paralelo canadiense y la posibilidad de reelección en 2026

El impacto de las tensiones con Trump no es exclusivo de Brasil. En Canadá, un fenómeno semejante alteró el panorama político en 2025. Tras una década en el poder, Justin Trudeau enfrentaba un desgaste profundo, con niveles de popularidad en caída libre. Los liberales se preparaban para una elección cuesta arriba en 2026, frente a un Partido Conservador cada vez más fortalecido.

La renuncia de Trudeau y la llegada de Mark Carney al liderazgo liberal cambiaron el tablero. Cuando Trump amenazó a Canadá con imponer aranceles e incluso llegó a sugerir que el país podría convertirse en el “51º Estado” de Estados Unidos, Carney, convocando elecciones anticipadas, supo capitalizar el nacionalismo y la defensa de la soberanía. El resultado fue histórico: los liberales obtuvieron su primera victoria clara en más de una década, con el mayor porcentaje de votos alcanzado por un partido desde 1984.

Lula, hábil estratega político, parece haber comprendido esta dinámica. No es casual que haya anunciado que el lema central del desfile del Día de la Independencia, el 7 de septiembre, será la “soberanía nacional”

El desenlace de las elecciones de 2026, pues, dependerá de cuál de las dos fuerzas logra imponerse. Si predomina la percepción de desconexión entre economía y vida cotidiana, Lula podría enfrentar dificultades para renovar su mandato. Pero si logra proyectarse como el defensor de la soberanía brasileña frente a presiones externas, sus posibilidades de alcanzar un cuarto mandato aumentarán considerablemente.

Acelerando la acción climática a través de la protección y restauración de manglares

Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés), que son los compromisos individuales de cada país para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los efectos del cambio climático, representan el núcleo del Acuerdo de París. Las partes deben presentar nuevas NDC cada cinco años, y la tercera versión debe presentarse antes de septiembre de 2025, antes de la COP30 de la CMNUCC, que se celebrará en noviembre en Belém, Brasil. Según lo estipulado en el Artículo 4 del Acuerdo de París, una NDC revisada debe representar un avance con respecto a la presentación anterior de cada país y “reflejar la mayor ambición posible”.

Un elemento a menudo pasado por alto en los objetivos nacionales de mitigación y adaptación de las NDC es la inclusión de los manglares y otros ecosistemas de carbono azul, como las praderas marinas y las marismas. Se estima que los manglares, que cubren tan solo el 0,1 % de la superficie mundial, almacenan 12.000 millones de toneladas de carbono, y su destrucción está relacionada con hasta el 10% de las emisiones globales procedentes de la deforestación.

En la actualidad, el mundo está lamentablemente lejos de cumplir los objetivos del Acuerdo de París. El Informe sobre la Brecha de Emisiones revela que la implementación de la última ronda de las NDC solo limitará el calentamiento a entre 2,5 °C y 2,9 °C, muy por debajo del objetivo de 1,5 °C.

Con cada vez menos tiempo, los países de América Latina y el Caribe —que en conjunto albergan más de una cuarta parte de los manglares del mundo, desde la costa del Pacífico mexicano hasta los vastos estuarios brasileños— deben explorar formas nuevas e innovadoras de reducir sus emisiones mientras nos movilizamos colectivamente para intensificar la acción climática. Priorizar la protección, la conservación y la restauración efectiva de los manglares y otros ecosistemas de carbono azul en las NDC de los países es fundamental para cumplir los objetivos del Acuerdo de París.

Como Embajador Global de Mangrove Breakthrough, una iniciativa para movilizar 4 mil millones de dólares estadounidenses para gestionar y aumentar de forma sostenible la cobertura de manglares, me comprometo a impulsar alianzas estratégicas con gobiernos, instituciones financieras públicas y privadas, ONG y organizaciones filantrópicas para impulsar colectivamente la ambición. Creo que Mangrove Breakthrough puede ser un catalizador para las naciones que buscan intensificar sus esfuerzos de mitigación y adaptación en sus próximos compromisos climáticos.

Una oportunidad en gran medida desaprovechada

Un análisis de 2023 muestra que 93 de los 142 países que presentaron sus NDC preliminares y actualizadas incluyeron Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) costeras y marinas relevantes en sus compromisos revisados, un modesto aumento con respecto a los 68 que las incluyeron en sus NDC preliminares. Sesenta y un países utilizaron SbN costeras y marinas tanto para la mitigación como para la adaptación en sus compromisos revisados, pero solo 33 países han establecido objetivos cuantitativos para su implementación. Ha faltado reconocimiento de los beneficios climáticos de estos ecosistemas.

Para ayudar a los países a incorporar los ecosistemas de carbono azul en sus NDC, la Iniciativa de Carbono Azul estableció directrices para la inclusión de los humedales costeros, organizadas en cinco pilares alineados con las secciones de las NDC: la evaluación de la preparación y las opciones para su incorporación; la integración del carbono azul en el componente de adaptación; la relación entre carbono azul y objetivos de mitigación; la elaboración de informes e inventarios de gases de efecto invernadero (GEI) vinculados a estos ecosistemas; y, finalmente, la implementación orientada al cumplimiento de las NDC de carbono azul.

Como lo expresó Global Mangrove Watch en su informe de políticas sobre la integración de los ecosistemas de manglares en las NDC, los ecosistemas de carbono azul representan una oportunidad, en gran medida desaprovechada, para mejorar la ambición y la acción en los compromisos climáticos nacionales.

A partir de estos valiosos recursos, el Grupo de Trabajo de NDC para el Avance de los Manglares elaboró una serie de herramientas prácticas de política que ofrecen orientación técnica a los países interesados en reconocer los beneficios de los manglares para la adaptación y la mitigación climática en sus NDC. Entre ellas se incluyen las razones para que los gobiernos incorporen los manglares en sus NDC, ejemplos de su inclusión en compromisos anteriores, lenguaje modelo para facilitar su integración y argumentos que respaldan su reconocimiento dentro del marco del Objetivo Mundial de Adaptación.

Aprendiendo del ejemplo de Colombia

Durante mi gestión como Ministro de Medio Ambiente de Colombia, mi país presentó su NDC revisada, que exige una reducción del 51 % en las emisiones para 2030. El documento sigue siendo uno de los compromisos climáticos más ambiciosos hasta la fecha.

En la NDC más actualizada de Colombia, no dudamos en reconocer todo el potencial de los manglares y los ecosistemas de carbono azul. La conservación y restauración de manglares se abordó en secciones dedicadas a los objetivos de adaptación de Colombia, el desarrollo y fortalecimiento de capacidades, y el desarrollo y la transferencia de tecnología.

La NDC revisada exige seis iniciativas de adaptación al cambio climático y gestión de riesgos para el uso sostenible de los manglares, que se implementarán para 2030. Priorizamos el diseño, la implementación y el monitoreo de las acciones de restauración de manglares deforestados y degradados en la costa colombiana en la sección de la NDC sobre las necesidades de apoyo para el desarrollo y fortalecimiento de capacidades. Además, impulsamos la creación de un subsistema de monitoreo y evaluación para las iniciativas de adaptación al cambio climático, con especial énfasis en los manglares y las praderas marinas.

Colombia no es, ni de lejos, el único país que lidera en este tema. Un reciente informe de The Pew Charitable Trusts y la Unidad de Apoyo a la Alianza para las NDC elogió a Costa Rica, Seychelles y Belice por sus compromisos específicos y ambiciosos con la protección de los humedales costeros.

La segunda NDC de Panamá, presentada el año pasado, establece el objetivo de restaurar o ampliar la cobertura de manglares en 1.800 hectáreas a nivel nacional para 2028. Sujeto a la obtención de apoyo financiero externo adecuado, el país aspira a incorporar el 50 % de sus manglares al Sistema Nacional de Áreas Protegidas en el mismo plazo. Además, Panamá planea evaluar y fortalecer la gestión nacional de manglares para 2027 y actualizar su Inventario Nacional de Humedales para 2030.

En su informe revisado de 2020, Costa Rica se comprometió a priorizar la gestión y el monitoreo efectivo de las zonas de humedales costeros y a restaurar el 80 % de las zonas de manglares del Golfo de Nicoya para 2030. El año pasado, el país publicó su Estrategia Nacional de Carbono Azul, que ofrece una vía para implementar sus compromisos de 2020.

Seychelles también ofrece objetivos específicos para manglares en su NDC, comprometiéndose a proteger al menos el 50 % de sus ecosistemas de pastos marinos y manglares para 2025 y el 100 % para 2030, con apoyo externo. De igual manera, Belice establece objetivos tangibles para la protección de los manglares, comprometiéndose a restaurar al menos 2000 hectáreas de manglares para 2025 y otras 2000 para 2030.

Paridad e igualdad de género: ¿son lo mismo?

En los últimos años, América Latina ha sido pionera en aprobar leyes de paridad que buscan garantizar la representación política de las mujeres. Este avance, celebrado como un triunfo histórico, ha permitido que los Parlamentos de la región alcancen en promedio un 35,8% de representación femenina, por encima de otras regiones. Sin embargo, la pregunta de fondo permanece: ¿la paridad es lo mismo que la igualdad de género?

La respuesta es clara: no significan lo mismo. La paridad es un mecanismo necesario para abrir la puerta a las mujeres en espacios históricamente vetados; la igualdad, en cambio, es un derecho sustantivo que exige transformar las condiciones estructurales que siguen limitando su participación plena y efectiva.

La paridad como acceso, la igualdad como ejercicio

La paridad es un mecanismo de acceso; busca que hombres y mujeres estén representados en igual proporción en espacios de decisión. Su valor radica en abrir la puerta a una participación más equilibrada, sobre todo en ámbitos como los Parlamentos o los gabinetes ministeriales, donde históricamente la presencia femenina ha sido marginal. Es, en esencia, una regla numérica diseñada para acelerar la entrada de las mujeres a los espacios de poder.

La igualdad, en cambio, es un derecho sustantivo: no se limita a contar cuántas mujeres llegan, sino que garantiza que puedan ejercer sus funciones en condiciones reales de equidad. Significa eliminar barreras estructurales, redistribuir el trabajo de cuidados, garantizar acceso a financiamiento electoral y combatir la violencia política de género que muchas mujeres enfrentan al postularse o ejercer cargos.

Los ejemplos en América Latina muestran con claridad esta diferencia. En Bolivia, tras la reforma electoral de 2010, las mujeres alcanzaron el 53% de los escaños en la Cámara de Diputados y el 47% en el Senado, convirtiendo al país en pionero en paridad legislativa. Sin embargo, un informe de la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (ACOBOL) reveló que 8 de cada 10 mujeres electas han enfrentado algún tipo de acoso o violencia política.

En México, la reforma constitucional de 2019 estableció la “paridad en todo”, logrando que el Congreso alcanzara un 50% de diputadas y 49% de senadoras en la legislatura 2021–2024. No obstante, en ministerios estratégicos como Hacienda o Defensa, menos del 10% de los titulares han sido mujeres en toda la historia del país, lo que evidencia la persistencia de techos de cristal en las carteras de mayor poder.

En contraste, Costa Rica ha complementado la paridad política con políticas estructurales: el Sistema Nacional de Cuidados (2014) ha beneficiado a más de 65.000 personas dependientes y ha permitido que alrededor de 15.000 mujeres se incorporen al mercado laboral y a la política, mostrando cómo la igualdad sustantiva requiere medidas que reduzcan las brechas más allá de la representación numérica.

En resumen, la paridad garantiza el acceso y la igualdad asegura el ejercicio real y pleno de derechos. Sin la segunda, la primera corre el riesgo de quedarse en un mecanismo simbólico que aumenta las cifras pero no transforma las estructuras que sostienen la desigualdad.

Entre avances y debates

Los avances son innegables: 18 países de la región cuentan hoy con normas de paridad o cuotas, y seis mujeres han ocupado la presidencia en los últimos 40 años. Sin embargo, la fotografía sigue incompleta. La representación femenina en alcaldías apenas llega al 15,2% en América Latina, y la participación en gabinetes ministeriales rara vez supera el 30%, salvo excepciones como Colombia o Nicaragua.

Un punto de debate reciente ha sido la reforma del Código de la Democracia en Ecuador, que elimina la obligatoriedad de binomios presidenciales paritarios. Más que interpretarse como un retroceso, esta medida abre la discusión sobre la legitimidad de la igualdad cuando se impone únicamente por mandato legal. La obligatoriedad de binomios podía garantizar representación numérica, pero no necesariamente un acceso legítimo ni un ejercicio real del poder. Sin embargo, derogada esta disposición, surge una pregunta de fondo: ¿qué mecanismos existen para garantizar que la participación femenina no se reduzca y que se sostenga en condiciones de igualdad de oportunidades? El desafío está en fortalecer políticas que aseguren un acceso equitativo, financiamiento electoral, combate a la violencia política, promoción de liderazgos femeninos de manera que la presencia de mujeres en las más altas dignidades responda no solo a un requisito legal, sino al pleno reconocimiento de sus derechos políticos.

Paridad no es el fin, sino el medio

La lección que nos deja lo anteriormente mencionado es que la paridad es un camino hacia la igualdad, pero nunca un sustituto de ella. Garantizar que la mitad de las listas estén encabezadas por mujeres o que los Parlamentos sean más equilibrados es un avance indispensable. Sin embargo, si estas mujeres siguen siendo objeto de violencia política, si no acceden a financiamiento equitativo en sus campañas o si son excluidas de los ministerios más estratégicos, la igualdad seguirá siendo una promesa incumplida.

La igualdad sustantiva exige transformar estructuras patriarcales, redistribuir de manera equitativa el trabajo de cuidados, democratizar los partidos políticos, eliminar los sesgos culturales que cuestionan el liderazgo femenino y diseñar políticas públicas que garanticen el ejercicio pleno de los derechos.

América Latina ha demostrado que las normas de paridad pueden acelerar los cambios. No obstante, estos avances solo se vuelven efectivos cuando se acompañan de transformaciones estructurales: los sistemas de cuidado en Costa Rica, las políticas de inclusión para mujeres indígenas en Bolivia o la lucha contra la violencia política en México son ejemplos de cómo la paridad deja de ser una cifra para convertirse en un verdadero instrumento de justicia.

En definitiva, la paridad abre la puerta, pero la igualdad es la que permite atravesarla y ejercer el poder en condiciones de dignidad. Confundirlas sería conformarse con un espejismo democrático inadecuado.

Conclusiones: del número al poder real

América Latina no necesita solo más mujeres en las fotos oficiales, sino mujeres con voz, agenda y poder real. La paridad es un logro necesario, pero incompleto si no se traduce en igualdad sustantiva. No basta con garantizar sillas ocupadas: se requiere que esas mujeres tengan las condiciones para decidir, transformar políticas públicas y desafiar estructuras patriarcales que aún dominan los espacios de poder.

Si algo enseñan las experiencias de México, Bolivia o Costa Rica es que la paridad sin igualdad puede convertirse en un cascarón vacío. La verdadera democracia no se mide únicamente en cifras, sino en la capacidad de garantizar derechos efectivos. La tarea pendiente en la región es asegurar que la presencia de las mujeres en la política deje de ser una cuota para convertirse en un motor de transformación. La paridad es un medio, nunca el fin. El fin último es la igualdad sustantiva, la que transforma vidas, redistribuye el poder y redefine la democracia desde una perspectiva de derechos.