Una región, todas las voces

Trump, el 4 de julio y el uso político de la memoria

Las efemérides en el orden político generalmente sirven para construir o consolidar relatos significativos que ayudan a consolidar a la comunidad en su conjunto o a un determinado y particular estado de cosas. Días festivos en los que el asueto laboral se ve salpicado de declaraciones oficiales y de eventos para que el orgullo local o, en su caso, nacional se vea satisfecho. Momentos en los que reivindicar el pasado y proyectar el futuro. Jornadas de cariz muy diferente que impregnan la atmósfera de trascendencia. Algunas sobrepasan las fronteras para adquirir carácter universal. Así acontece con el 4 y el 14 de julio, días que superan el marco estadounidense o el francés para proyectar su significado más allá, pero también, de configuración muy diferente, sucede con el 1 de mayo.

En el discurso del día de los caídos Donald Trump subrayó que habría una gran celebración el 4 de julio de 2026 para conmemorar el 250.º aniversario de Estados Unidos. De manera enfática señaló que «En cierto modo, me alegro de haberme perdido ese segundo mandato, porque [risas] no sería su presidente. … Además, en 2026 tenemos la Copa del Mundo y en 2028 los Juegos Olímpicos en Los Ángeles». Para terminar “¿Se imaginan? Me perdí esos cuatro años, ¡y ahora miren lo que tengo! Lo tengo todo. Es increíble cómo funcionan las cosas. Dios lo hizo; yo también lo creo. [Aplausos]. Dios lo hizo”.

Pero eso será el año que viene. ¿Qué puede señalar el mandatario norteamericano para la conmemoración de 2025 apenas cinco meses y medio después de su toma de posesión el pasado 20 de enero y del discurso en el que pronunció en seis ocasiones la palabra Panamá? Quiero centrarme únicamente en tres aspectos de lo mucho acontecido en ese lapso referidos al ámbito doméstico de la ciencia, al (des)orden regional en el vecindario y a sus relaciones con sus antiguos aliados europeos. Asuntos que pueden ayudar a dibujar una cartografía muy particular de este 4 de julio.

En mayo pasado, un artículo de The Economist contabilizaba que desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, se habían cancelado o retirado alrededor de 8.000 millones de dólares a científicos o sus instituciones, lo que equivalía a casi el 16% del presupuesto anual de subvenciones federales para la educación superior. Se rescindieron otros 12.200 millones de dólares, pero los tribunales los han restablecido desde entonces. Los NIH y la NSF habían cancelado más de 3.000 subvenciones ya aprobadas, según Grant Watch, un sitio web de seguimiento dirigido por académicos; un número desconocido había sido desechado por el Departamento de Energía, el Departamento de Defensa y otros. La mayoría de las cancelaciones habían afectado a investigaciones que no le gustan a Trump y a su equipo, incluido el trabajo que parece asociado con la DEI y la investigación sobre el cambio climático, la desinformación, la covid-19 y las vacunas. Otras cancelaciones se habían centrado en trabajos realizados en universidades de élite. Ello ha supuesto que el número de solicitudes de empleo en el extranjero de científicos estadounidenses aumentara un tercio con respecto al mismo período del año anterior; el número de investigadores extranjeros que solicitan venir a Estados Unidos disminuyó una cuarta parte.

Zhu Jingyang, embajador de China en Colombia formulaba recientemente en La Silla Vacía una irónica diatriba de que “el actual presidente de Estados Unidos tiene un apodo en nuestras redes sociales. Le decimos ‘camarada’, porque nos ayuda a construir nación. Menudo favor el que le está haciendo a su propio país con el objetivo de ‘Make America Great Again’. No, está ayudando a hacer grandes a otros”. Fuera de esta invectiva no exenta de sarcasmo. En América Latina, dejando de lado los casos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, Trump ha tensionado al máximo las relaciones con Colombia, México y Panamá, tres países que siempre mostraron un nivel de colaboración y de cercanía con Estados Unidos, mantiene un distanciamiento significativo con Brasil y Chile y, en dirección opuesta, solo ha consolidado relaciones de inequívoca amistad con Argentina, Ecuador y El Salvador.

En relación con sus tradicionales socios europeos el horizonte es asimismo complejo. Fuera del conflicto suscitado por las tarifas y por la incapacidad de mejorar la situación en el escenario bélico de Ucrania y del oriente próximo, su empecinamiento a la hora de querer comprometer mayores compromisos presupuestarios en defensa ha supuesto la apertura de un conflicto de consecuencias impredecibles. El gobierno español, liderado por el socialista Pedro Sánchez, ha cuestionado la demanda estadounidense de alcanzar un presupuesto de defensa que llegue al 5% del PIB.

En ausencia de una política común europea de defensa, el envite supone una caprichosa medida bajo el señuelo de que los Estados Unidos han pagado demasiado durante mucho tiempo sin tener en cuenta los beneficios indirectos obtenidos del mercado europeo. Por otra parte, y como ha puesto de relieve la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo celebrada en Sevilla, la desatención de la misma para dedicar esfuerzos financieros al gasto militar en un escenario de pleno rearme es la peor de las medidas de cara al futuro, puesto que la estabilidad global se juega también en el Sur Global.

Vaca Muerta: el síndrome del intestino permeable

El síndrome del intestino permeable es una afección en la que la barrera intestinal pierde su capacidad de filtrar correctamente, permitiendo el paso de toxinas y bacterias dañinas al torrente sanguíneo, generando inflamación crónica. Esta condición es una metáfora útil para describir la situación que vive la provincia de Neuquén donde se encuentra Vaca Muerta, el principal yacimiento petrolífero de Argentina: un sistema que, en lugar de protegerse, está desregulado, vulnerable a la corrupción, la injusticia y la inseguridad, y afectando a toda su estructura social.

Los datos del síndrome

Desde el punto de vista económico, los números son contundentes. En febrero de 2025, la provincia alcanzó un récord histórico en la recaudación de regalías, impulsada por el aumento en la producción de petróleo y gas. Este crecimiento significativo permitió que el Tesoro Provincial  se hiciera de la segunda mayor recaudación mensual en dólares de los últimos 17 meses. Vaca Muerta representa ya más del 50% del total del gas y cerca del 45% del petróleo producido en el país. Empresas internacionales invierten miles de millones de dólares en la zona, y el gobernador Rolando Figueroa lo celebra en actos y spots oficiales. Sin embargo, esta “hiperabsorción” de recursos no se traduce en una nutrición adecuada del cuerpo social.

Como en el intestino permeable, lo que debería ser un sistema de absorción eficiente —que toma lo útil y elimina lo tóxico— está profundamente alterado. Los recursos públicos se filtran hacia sectores privilegiados, estructuras clientelares y gastos superfluos, mientras la población sufre carencias estructurales. El 32% de los neuquinos vive por debajo de la línea de pobreza, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El acceso de la población, que apenas supera los 730.000 habitantes, a servicios básicos como salud, educación, transporte y seguridad se deteriora, y no por falta de recursos, sino por mala digestión estatal. La desconexión entre producción y bienestar es una úlcera constante: la inflación interanual en Neuquén fue del 69,7%, superior al promedio nacional según la Dirección Provincial de Estadística y Censos.

La retórica de la “Neuquinidad”, como si ser neuquino y no alinearse fuese una traición a la tierra, al lugar y a la defensa de recursos naturales, tal como corporativismo político, es un requisito para acceder al desarrollo local, pero también es ficción. Mientras se promociona que el desarrollo es para los neuquinos, los cargos directivos, contrataciones y adjudicaciones se concentran en empresas y funcionarios de otras provincias.

Como en el intestino permeable, hay disbiosis: un desequilibrio entre lo que entra y lo que se retiene. El presupuesto provincial se inflama con tasas, impuestos y cargos paralelos como la polémica tasa vial, un recargo del 4,5% sobre el precio neto de los combustibles que se encuentra entre las más altas del país en términos porcentuales. Mientras el gobierno nacional baja los combustibles, en la provincia prácticamente queda igual.

El cuerpo institucional también muestra signos de intoxicación: corrupción, impunidad, justicia selectiva, blindaje mediático y mecanismos de censura indirecta. Un caso reciente lo revela con crudeza: una denuncia por una estafa millonaria en el Ministerio de Desarrollo Social, donde se habrían desviado fondos públicos destinados a programas alimentarios para financiar clientelismo político. La investigación involucra a altos funcionarios y revela fallas sistémicas de control. Otro caso es el de una vicegobernadora apartada de su cargo por corrupción hace algunos meses, quien fue compañera de fórmula del actual gobernador.

En marzo de 2025 se sancionó en Neuquén la Ley de Ficha Limpia, que impide que personas con condenas por delitos dolosos o contra la administración pública puedan ser candidatos a cargos electivos u ocupar ciertos cargos públicos. Sin embargo, aún no sabe si esta será digerida para favorecer estrategias políticas o para desnutrirse en la justicia.

Otro dato inflamatorio: el presupuesto de género aprobado por la Legislatura supera los 700.000 millones de pesos, una vez y media el del congreso nacional. Si bien este responde a demandas legítimas, no guarda proporción con lo destinado a otras áreas como salud pública o educación. Los datos provinciales muestran presupuesto de 56 mil millones, para la legislatura, catorce veces menos que lo que representa género -comparado con otros índices- es casi tres veces más de lo destinado al Poder Judicial provincial, y equivale al 60% del presupuesto total de Educación. La distribución de los recursos responde más a modas políticas que a estudios sociales profundos. No hay prioridades nutricionales claras: todo se decide según intereses del momento.

En este contexto, el “cuerpo neuquino” muestra todos los síntomas de una enfermedad crónica y silenciosa. Se mueve, pero con fatiga. Produce, pero no absorbe. Consume, pero no se nutre. Su sistema inmunológico —la ciudadanía organizada, el periodismo independiente, los entes de control— está debilitado. Y sin defensas, cualquier bacteria política puede hacer daño sistémico.

Vaca Muerta, debería ser el corazón energético de Argentina, pero hoy late con arritmia. Y Neuquén, que debería estar al frente de un proceso de transformación inclusiva, vive un presente más parecido a un laboratorio de ensayo de desigualdad planificada. La riqueza se extrae, pero no se distribuye; se celebra en cifras, pero no en calidad de vida.

El remedio o la enfermedad

Como en medicina, revertir el síndrome del intestino permeable requiere cambios profundos y sostenidos. No alcanza con anuncios ni con placebos. Hay que repensar el sistema político, rediseñar la administración pública, fortalecer los controles, y sobre todo, volver a conectar con la gente. Esa que ya no cree en ningún diagnóstico oficial, pero que sigue esperando una cura.

El menú político no cambia desde hace 62 años: el Movimiento Popular Neuquino (MPN), del cual emergió el actual gobernador Rolando Figueroa, que ganó con un sello político distinto del que lo parió sigue alimentando el aparato estatal con un mismo recetario: obras repetidas, estructuras ineficientes y una supuesta “neuquinidad” que favorece a muchos foráneos en cargos claves.

La clave del sistema inmune

El verdadero sistema inmunológico de una sociedad está en su justicia, en la transparencia de su gestión y en la coherencia de su clase dirigente. Hoy, Neuquén parece un cuerpo intoxicado, funcionando con parches, sobreviviendo entre promesas recicladas y diagnósticos negados.

Desde este rincón patagónico, la pregunta no es si Vaca Muerta puede sostener la economía argentina. La pregunta es si Neuquén podrá sostenerse a sí misma sin antes reconectarse con su gente, su territorio y su verdad.

Elección del Poder Judicial y autocratización en México

Si la elección de ministros magistrados y jueces por voto popular era un escándalo desde el punto de vista democrático, que a los votantes se les haya ofrecido un acordeón para votar a los candidatos del oficialismo es un absoluto despropósito que se inscribe en las peores enseñanzas de las prácticas electorales en sistemas democráticos. Los llamados acordeones o guías de votación incluían nombres de candidatos cercanos al partido gobernante y el Instituto Nacional Electoral (INE) indicó que pueden ser considerados propaganda electoral.

En efecto, el pasado 7 de junio estaban convocados 100 millones de mexicanos para votar por estos cargos, y solo fueron a las urnas unos 13 millones. De este número, al menos 3 millones fueron declarados nulos, lo que significa que solo 10 podrían considerarse legítimos. 

Y hay más. En la sesión del 16 de junio del Consejo General Instituto Nacional Electoral (INE), no pasó desapercibido lo ocurrido una semana y media antes: ya habiéndose hecho acopio de las actas que cada uno de los 300 distritos electorales recogió y contabilizó, salieron a la luz múltiples irregularidades que llevaron a que los consejeros cuestionaran la calidad de esa elección. Incluso 5 de los 11 miembros de este órgano ciudadanizado plantearon la invalidez del proceso electoral. 

La consejera Claudia Zavala fue contundente en el diagnóstico de lo ocurrido en las más de 80.000 urnas que se instalaron a lo largo y ancho del territorio nacional. Denunció ante el pleno del INE que durante la jornada electoral, además de haber entregado millones de acordeones en papel y en imágenes digitales con los nombres de candidatos que finalmente resultaron electos en un 80 %, también se encontraron insólitamente boletas sin doblez —es decir, que no fueron dobladas para ser depositadas en las urnas—, boletas marcadas con la misma caligrafía, casillas con 100 % de participación o más, votos claramente inducidos a través de los acordeones, y todo ello fue posible por medio de una planificación organizada y con cargo a recursos económicos desconocidos para llevar a cabo una estrategia nacional con el fin de inducir el voto a favor de ciertas candidaturas que hoy sabemos que son las del oficialismo. 

La consejera Zavala afirmó que los acordeones distribuidos masivamente fueron guías diseñadas para manipular el voto, de manera que en la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia quedaron primeros quienes encabezaban los acordeones inductores del voto.  

Y con esto se rompieron tres principios fundamentales de cualquier elección democrática: la autenticidad del proceso, la equidad en la contienda y la certeza del resultado. 

No obstante, a la evidencia expuesta por esta consejera y secundada por otros cuatro de sus compañeros se impuso la mayoría oficialista, encabezada por la presidenta del INE Guadalupe Taddei, lo que evitó que las irregularidades fueran discutidas por los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así, queda firme la elección de los nueve ministros que integrarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que entrará en funciones el primer día de septiembre de este año, y el Tribunal solo deberá resolver las impugnaciones interpuestas por ciudadanos. 

Para tener una idea más precisa de lo ocurrido el pasado 16 de junio habría que recordar las tómbolas que el Poder Legislativo llevó a cabo en vivo y en directo para seleccionar a una tercera parte de los aspirantes. Mediante otros mecanismos, hizo lo propio el Poder Ejecutivo y Judicial. 

Y aquí hay que destacar que la diferencia en la transición de un sistema democrático a otro autocrático la ha marcado un voto obtenido por vías no democráticas. En la Corte está el voto del ministro Alberto Pérez Dayán, quien votó en contra de un proyecto que pretendía declarar inconstitucional la reforma judicial; está, también, el voto del senador Miguel Ángel Yunes Márquez, que le dio la mayoría calificada al oficialismo a cambio, se dice, de causas penales; y en el caso que nos ocupa en este artículo, el voto de la consejera Claudia Humphrey, quien otorgó el voto decisivo para probar la validez de la elección judicial. 

Y eso pese a que en su intervención ante el pleno del INE afirmó categóricamente que hubo “casillas con altísima participación ciudadana, el fenómeno de las boletas sin señales de dobleces, la desaparición de los listados nominales de casilla, la misma caligrafía en diversas boletas con identidad e idénticas secuencia numérica, el robo de paquetes electorales enteros y los acordeones a las puertas de las casillas o en redes sociales”. Aun reconociendo la gravedad de la situación, votó a favor de la validez de la elección. 

La declaración del Consejo General del INE sobre la validez de la elección judicial exhibe una contradicción profunda entre la premisa de garantizar la integridad del voto y la omisión de múltiples irregularidades. 

Y es que el escrutinio de los votos emitidos, lejos de ser una rutina, reveló prácticas que evocan episodios oscuros del pasado electoral mexicano y que se supone que ya había superado la sociedad mexicana. 

Morena y sus aliados esperan dar el siguiente paso hacia una autocracia antes de que finalice el año, cuando lleven al Congreso de la Unión el proyecto de reforma electoral. Este proyecto tiene como pieza central el cambio del sistema mixto electoral, donde confluyen la representación de mayoría relativa y la representación proporcional, que permite un lugar a las minorías en la federación, los estados e, incluso, los cabildos municipales. El diseño que ha trascendido privilegia un sistema de mayoría simple que podría devenir, en el mejor de los casos, en un sistema bipartidista de partido hegemónico.   

Con esto prácticamente estaríamos cerrando el sistema democrático creado mediante pactos legislativos y tendríamos todas las piezas de un sistema autocrático con la captura de todas las instituciones públicas del Estado mexicano. 

La deriva autoritaria de Gustavo Petro

En junio de 2022, Gustavo Petro ganó la presidencia con un discurso de cambio, prometiendo combatir la corrupción y superar los clanes políticos, logrando incluso unir al centro político con un mensaje esperanzador. Sin embargo, casi tres años después, su gobierno ha derivado en prácticas asociadas al clientelismo, la polarización y la corrupción, apoyándose en alianzas con clanes tradicionales con lo cual ha logrando avances como la reforma laboral y el nombramiento de aliados en la Corte Constitucional.

Pero a estos discursos cada vez más altisonantes, se une ahora el intento de saltarse la institucionalidad. Primero, con el intento de convocatoria a una Consulta Popular (que buscaba preguntar a los colombianos por algunos de los contenidos de la reforma laboral) pasando por encima del Senado; y segundo, con la amenaza de una Asamblea Nacional Constituyente (con objetivos confusos para los que el presidente solo ha dicho que buscaría profundizar el Estado de derecho) sin contar con el Congreso.

En este marco, se podría decir que Gustavo Petro ha gobernado a través de prácticas autoritarias. Por ello, cabe preguntarse si la democracia colombiana está preparada para un presidente que, convencido de ser la voz del pueblo, está cruzando los límites de la institucionalidad.

Indicadores de comportamiento autoritario

En su libro Cómo mueren las democracias (2018) Steven Levitsky y Daniel Ziblatt señalan cuatro indicadores de comportamiento autoritario: el rechazo de las reglas democráticas del juego; la negación de la legitimidad de los adversarios políticos; la tolerancia o fomento de la violencia; y la predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición y de los medios de comunicación.

La firma del Decreto 0639 -o Decretazo- marca un hito en el comportamiento autoritario de Gustavo Petro en la medida que apela a una excepción de inconstitucionalidad para pasar por encima de una decisión del Senado de la República con la que no estaba de acuerdo. En este caso, el Presidente utilizó un recurso argumentativo falaz para violar la Constitución y al mismo tiempo pasar por encima de la Ley 134 de 1994 al convocar una Consulta Popular.

El presidente ha consolidado su capital político mediante constantes ataques a quienes se oponen a sus ideas, descalificando a empresarios, medios, periodistas y opositores con lenguaje ofensivo. Esta retórica ha sido amplificada tanto en sus redes sociales y discursos como en el uso indebido de medios públicos, dirigidos por figuras afines como Hollman Morris, y reforzada por influenciadores contratados en entidades estatales para defender al gobierno y atacar a la oposición.

Con respecto a la restricción de las libertades civiles, desde su gobierno se hostiga a medios y opositores a través de la persecución judicial, que ahora también comienza a usarse como amenaza para presionar a funcionarios públicos como el Registrador Nacional Hernán Penagos, que en el caso del “Decretazo” se abstuvo de convocar elecciones de manera inmediata para la Consulta Popular.

La “voz del pueblo” pierde las calles y las encuestas

El 14 de febrero de 2023, a seis meses de su posesión, el presidente Gustavo Petro afirmó desde el “Balcón del Pueblo” que la elección de 2022 significó el regreso del poder al pueblo. Esta visión, que ha reiterado en varias ocasiones, refleja su creencia de que él no es solo un presidente más, sino la encarnación del pueblo, lo cual resulta problemático al ignorar el rol institucional de la presidencia, el Congreso y la oposición.

La favorabilidad que lo acompañó al principio del gobierno ha quedado atrás y su gobierno es cada vez más impopular. De acuerdo con la última encuesta de Invamer -para las seis principales ciudades del país-, el 64% de los colombianos desaprueba la gestión del presidente. Un resultado muy alejado del 20% de desaprobación de agosto de 2022 cuando llego al poder con un gabinete mucho más plural y un discurso más moderado.

Pero no se trata únicamente de las encuestas, las calles también han evidenciado una pérdida de credibilidad. Marchas como la del 18 de marzo para apoyar las reformas sociales del gobierno solo fueron posibles gracias al gasto ejercido por el gobierno para convocar a los asistentes, mientras que los últimos mítines públicos se han hecho en plazas pequeñas como la Quinta de Bolívar en Bogotá y la Alpujarra en Medellín, evitando desaires como el del 16 de junio de 2025 para respaldar la reforma laboral en la Plaza de Bolívar.

Respuesta de las instituciones a los abusos del poder presidencial

El 5 de febrero de 2025 el presidente Petro decidió transmitir por primera vez en televisión abierta un Consejo de ministros que, hasta la fecha, había sido un espacio confidencial reservado para el gabinete. Para poder hacer la transmisión a través del sistema de medios públicos y a través de los canales privados argumentó que se trataba de una alocución presidencial. Sin embargo, el Consejo de Estado falló el 15 de abril una acción de tutela en contra de la Presidencia ordenando no transmitirlos por considerar que violaban el derecho a la información, el pluralismo informativo y la libertad de elección informativa.

En línea con este hecho, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el llamado “Decretazo” de convocatoria a la Consulta Popular, antes de que Ppetro lo retirara. Aunque este hecho puede interpretarse como un abuso de poder por parte del Presidente por intentar pasar por encima de la institucionalidad y buscar suplantar el rol de los jueces; también podría interpretarse como una manera bastante peculiar de respetar la institucionalidad, teniendo en cuenta que el presidente acató la decisión del Consejo de Estado pese a que la cuestionó.

Pero el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente por fuera de lo establecido en la Constitución de 1991 y en la ley 134 de 1994 si puede ser el punto de quiebre de la deriva autoritaria de un presidente que enterró su favorabilidad por apostarle a un proyecto populista. Pasar por encima de la Constitución no sólo abre las puertas a destruir los avances logrados en Colombia desde 1991, sino que puede ser utilizado para acomodar las instituciones a su medida y perpetuarse en el poder. Aunque ha afirmado reiteradamente que no está interesado en reelegirse, varios de sus colaboradores cercanos siguen moviendo esta idea en mítines y redes sociales. No sería la primera vez que el presidente mentiría para conseguir su cometido.

Reconocer y apoyar el rol transformador de las mujeres de América Latina y el Caribe para afrontar la crisis climática

Durante los últimos años, los efectos de los fenómenos meteorológicos y climáticos en América Latina y el Caribe se extendieron en cadena desde los Andes hasta la Patagonia, desde ciudades hasta pueblos costeros, causando profundas perturbaciones socioeconómicas y ambientales. De acuerdo con el último informe de la Organización Meteorológica Mundial, en 2024, la temperatura media en América Latina y el Caribe estuvo 0,90 °C por encima de la media del período 1991-2020. El año pasado, los incendios forestales en las regiones de la Amazonia y el Pantanal, en Chile, México y Belice se vieron avivados por la sequía y por olas de calor extremas, y batieron récords en muchos países de la región.

La crisis climática afecta desproporcionadamente a las mujeres. El cambio climático y los desastres tienen intensos impactos en las mujeres y las niñas de hogares rurales pobres porque dependen en gran medida de los recursos naturales para obtener alimentos, agua y combustible para asegurar los medios de vida. De acuerdo con la publicación Justicia climática feminista: un marco de acción, publicada por ONU Mujeres, el peor escenario de cambio climático a nivel global podría resultar en que a 2050 haya 158 millones más de mujeres y niñas en situación de pobreza y que adicionalmente 236 millones enfrenten inseguridad alimentaria.  En determinadas situaciones, las disparidades de género en el acceso, el control y la propiedad de la tierra y los recursos naturales de las mujeres pueden hacer que dependan más del acceso local a la naturaleza y sean más vulnerables a la degradación ambiental.

Resulta fundamental reconocer que las mujeres no solo son víctimas de estas crisis, sino que también son agentes de cambio esenciales. Paralelamente, las mujeres de América Latina y del Caribe también actúan como guardianas de la biodiversidad y poseen conocimientos específicos y valiosos y cosmovisiones que pueden proporcionar soluciones eficientes y sostenibles frente al cambio climático.  En la región, son fundamentales las contribuciones que realizan las mujeres, particularmente las indígenas, rurales y afrodescendientes, a las soluciones ambientales, la preservación de la biodiversidad, el uso sostenible y gestión de los recursos naturales y la gestión del riesgo de desastres desde una perspectiva de género.

Según información del Perfil Regional de Igualdad de Género, publicado recientemente por ONU Mujeres, nuestra región ocupa el primer lugar en el mundo en el asesinato a personas que se dedican a proteger la naturaleza. En 2022, el 88 % de las personas defensoras de la tierra y medio ambiente asesinadas vivían en América Latina y el Caribe. En 2023, al menos 300 defensores y defensoras de los derechos humanos y del medioambiente fueron asesinados, en un intento de silenciar su labor pacífica y vital en favor de los derechos humanos. De estas personas, 49 eran mujeres. El 79,3% de los asesinatos registrados se perpetraron en la región de las Américas (Front Line Defenders, Global Analysis, 2024-2025). Sumado a esto, las mujeres defensoras de derechos humanos también sufren de amenazas específicas como la criminalización, intimidación, agresión sexual y amenazas a la seguridad de sus familias.

La región de América Latina posee el 57 % de los bosques primarios del mundo, los recursos forestales más importantes desde el punto de vista de la biodiversidad, la conservación y el clima. Esto la convierte en una región clave a la hora de trabajar en las estrategias de preservación, adaptación y mitigación, por lo que la voz de la región es esencial para transitar hacia un nuevo modelo de desarrollo que ponga el centro a las personas, la sostenibilidad de la vida y el planeta.  

Desde ONU Mujeres, hemos apoyado más de 50 reuniones regionales de coordinación de defensoras de los derechos humanos ambientales, aprovechando la experiencia de apoyo a la articulación, agencia y protección de las defensoras de derechos humanos en Colombia y Brasil. Esto ha incluido su participación en negociaciones y la elaboración de declaraciones para presentar sus desafíos, necesidades y contribuciones a los ministerios ambientales de la región y al Sistema de Naciones Unidas. De este modo, se ha aportado a reconocer el papel y la participación de las mujeres en toda su diversidad en las cuestiones ambientales y en el fortalecimiento de los marcos normativos. Resaltamos la importancia del Acuerdo de Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, como primer acuerdo regional ambiental y primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, y su importancia para fomentar la gobernanza climática en la región.

En Brasil, en Maranhão y Pará, implementamos el proyecto “Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas y Quilombolas”, que resultó en la incorporación de metas específicas para estos grupos de mujeres por primera vez en los planes y políticas de estos Estados. En Ecuador, llevamos el programa “Incorporación del enfoque de género en el programa PROAmazonía”, en el que mujeres de 11 nacionalidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana asumieron el reto de fortalecer sus conocimientos sobre género, derechos humanos de las mujeres y derechos colectivos, cambio climático, organización, territorio, desarrollo sostenible y educación financiera. En Chile, lideramos un proyecto de cooperación sobre gestión de riesgos que tuvo en el centro la participación de mujeres indígenas en la construcción de un diagnóstico de riesgo de los efectos extremos del cambio climático a través de diálogos territoriales asegurando así que quienes son más impactadas por los efectos climáticos y los desastres socionaturales sean quienes participen efectivamente en la construcción de las estrategias y políticas públicas.

Teniendo como horizonte la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2025 (COP 30), que tendrá lugar en noviembre de 2025 en la ciudad de Belém en Brasil, esta realidad demanda una respuesta firme y urgente de parte de la comunidad internacional, el sector privado, los gobiernos y la sociedad civil. Las mujeres no pueden seguir siendo víctimas de la injusticia climática. Es indispensable involucrar a las mujeres indígenas, rurales y afrodescendientes en todos los procesos de planificación y desarrollo de políticas públicas, tomando en cuenta los roles de género de las comunidades.

En 2025, el 30° aniversario de la Plataforma de Acción de Beijing representa una oportunidad única para incluir objetivos estratégicos y medidas para lograr la participación activa de las mujeres en la adopción de decisiones relativas al medio ambiente en todos los niveles; integrar las experiencias, preocupaciones y perspectivas de género en las políticas y programas en favor del desarrollo sostenible y  fortalecer o establecer mecanismos a nivel regional, nacional e internacional para evaluar los efectos de las políticas de desarrollo y medio ambiente en las mujeres y niñas.

Las mujeres de América Latina y el Caribe tienen una voz firme para aportar. Conjuntamente, cada uno en el nivel que nos corresponda, debemos fortalecer nuestro compromiso con las mujeres, reconociendo la necesidad de orientar cada vez más acciones para alcanzar su plena integración en los beneficios del desarrollo sostenible.  

*Este texto se enmarca en la colaboración entre la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y Latinoamérica21 para la difusión de la plataforma Voces de Mujeres Iberoamericanas. Conoce y únete AQUÍ a la Plataforma.

Educando en el siglo XX para problemas del siglo XXI

En buena parte de América Latina, la oferta académica universitaria continúa respondiendo a un modelo de formación heredado del siglo pasado. Las carreras más demandadas siguen siendo Derecho, Administración de Empresas, Medicina, Ingeniería Civil o Contabilidad, entre otras profesiones tradicionales. Si bien son disciplinas valiosas, reflejan un desfase preocupante respecto a los desafíos actuales de desarrollo, tecnología y sostenibilidad global.

El mundo de hoy demanda expertos en análisis de datos, inteligencia artificial, sostenibilidad ambiental, transición energética, logística avanzada o ciberseguridad. Según el World Economic Forum, las habilidades más demandadas para 2025 incluyen pensamiento analítico, alfabetización en datos, IA aplicada, resiliencia climática y ciberseguridad.

Sin embargo, salvo contadas excepciones, estos campos emergentes no son prioritarios ni en la oferta académica ni en la demanda estudiantil en la región: de acuerdo con la UNESCO, menos del 10 % de las matrículas en educación superior en la región se concentran en programas técnicos avanzados o digitales. A esto se suma un problema estructural: muchas universidades siguen formando profesionales para resolver problemas locales y pasados. Por ejemplo, en Ecuador, más del 40 % de los nuevos graduados universitarios entre 2020 y 2023 provinieron de carreras tradicionales como Derecho, Administración o Contabilidad, según cifras de SENESCYT. Esto evidencia una desconexión entre lo que enseñan las universidades y las habilidades globales requeridas por el mercado del siglo XXI.

Este rezago no obedece únicamente a una falta de visión institucional. En gran parte de América Latina, especialmente en regiones rurales o empobrecidas, el acceso desigual a necesidades básicas como agua potable, seguridad alimentaria o conectividad digital sigue siendo una barrera estructural.

En el ámbito digital, la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) y el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), indican que solo el 37 % de los hogares rurales tienen acceso a internet fijo, frente al 71 % en zonas urbanas. Esta brecha limita la exposición temprana a carreras tecnológicas y restringe la elección académica a opciones conocidas, “seguras” o socialmente valoradas. En estos contextos, la elección profesional se guía más por la promesa de estabilidad (como Derecho, Administración, Educación) que, por la pertinencia con el futuro del trabajo, donde se requieren competencias digitales, técnicas y globales. El resultado es un círculo vicioso: quienes más necesitan movilidad social, optan por carreras saturadas o de bajo crecimiento, perpetuando la desigualdad estructural.

Si bien las causas son profundas y estructurales, las soluciones no tienen por qué depender exclusivamente del Estado. La academia latinoamericana tiene la capacidad y la responsabilidad de liderar una transformación silenciosa pero eficiente, basada en modernizar su oferta académica alineándola con los desafíos del presente, sin esperar subsidios ni reformas gubernamentales. Una vía concreta para hacerlo es a través de programas de vinculación temprana entre universidad y empresa. Instituciones de educación superior pueden diseñar carreras o programas de formación dual donde los estudiantes realicen sus primeros años de experiencia profesional en empresas reales, sin que esto implique un costo para el Estado.

Modelos similares han sido exitosos en países como Alemania, donde el sector privado se involucra activamente en la formación de talento que necesita. Según la OECD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), este modelo ha contribuido a que Alemania mantenga una de las tasas de desempleo juvenil más bajas del mundo: 6.2 % frente al promedio de 13.3 % en la Unión Europea.

Un ejemplo inspirador en la región es el Plan Ceibal de Uruguay, que desde 2007 ha transformado el acceso a la educación digital mediante la entrega masiva de dispositivos y conectividad a estudiantes y docentes. Reconocido internacionalmente por la UNESCO y el BID, el programa no solo redujo la brecha digital, sino que también fomentó el desarrollo de habilidades tecnológicas desde etapas tempranas, demostrando que la innovación educativa es posible en América Latina cuando existe visión a largo plazo.

Todo lo mencionado anteriormente, se concatena con orientar a una nueva elección de carreras en los futuros profesionales del país, aumentando en al menos un 30% el interés en carreras que obedecen a las exigencias del mercado actual. 

A nivel macroeconómico, el vínculo entre capital humano cualificado y crecimiento económico es directo. De acuerdo con el Banco Mundial, por cada 10 % de aumento en la proporción de graduados con habilidades tecnológicas alineadas al mercado, el PIB per cápita puede incrementarse entre 0.6% y 1.1% en economías emergentes. En otras palabras, una universidad alineada con la industria no solo reduce el desempleo, sino que también genera riqueza. Además, las universidades pueden impulsar incubadoras de proyectos interdisciplinarios, donde estudiantes de diversas facultades colaboren en la resolución de problemas reales de sus comunidades usando tecnologías aplicadas. La experiencia internacional respalda este enfoque: según el Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey, los estudiantes que participan en proyectos interdisciplinarios e incubadoras universitarias tienen un 56 % más de probabilidad de crear emprendimientos con impacto social o tecnológico.

En América Latina, los casos exitosos como el programa StartUP Perú o Tec de Monterrey han demostrado que los proyectos de base tecnológica incubados en universidades generan un retorno social y económico tangible. Un estudio del Banco Mundial señala que los egresados que participan en incubadoras universitarias aumentan sus probabilidades de empleabilidad en un 18 %, y en algunos casos sus ingresos en más del 20 %.

Es en estos espacios donde la Ingeniería de Datos, la Automatización, el Análisis Territorial o la Energía Sostenible encuentran no solo aplicación técnica, sino también un propósito social transformador. Desde soluciones de energía solar para zonas sin red eléctrica, hasta análisis geoespacial para combatir deforestación o mejorar sistemas agrícolas locales. Este enfoque convierte a la universidad en una plataforma activa de innovación territorial y no solo un centro de instrucción. No es necesario inventar carreras de dificil aplicación, sino rediseñar las actuales con contenidos, metodologías y alianzas que las hagan útiles para el futuro.

En una región con altas tasas de informalidad laboral y una transición digital todavía incipiente, la universidad no puede seguir preparando profesionales para problemas que ya no existen, o para sectores económicos que están en declive. La educación superior debe dejar de mirar al pasado con nostalgia, y comenzar a construir el futuro con datos, ciencia y compromiso social.

La circulación de conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación en América Latina está bajo amenaza

En los últimos años, se ha hablado mucho de la “circulación de cerebros” o “diáspora académica”. Esta expresión se utiliza principalmente en el ámbito educativo para referirse al movimiento de estudiantes, investigadores, profesores y profesionales altamente cualificados entre diferentes países, lo que implica un flujo dinámico y bidireccional de conocimiento, tecnología y desarrollo humano y social.

A pesar de las modestas cifras de inversión en investigación en comparación con los países más ricos, se puede afirmar que América Latina, en general, y Brasil, en particular, tienen una cierta tradición de fomentar y reconocer el movimiento transnacional, temporal o recurrente, de especialistas e investigadores. En la última década (entre 2012 y 2022), en Brasil, 64 mil estudiantes, profesores y científicos recibieron recursos de Capes o CNPq —las agencias de financiación de la investigación del gobierno federal vinculadas a los Ministerios de Educación y Ciencia y Tecnología, respectivamente— para mejorar sus competencias y desarrollar investigación en el extranjero, a nivel de posgrado, en las siguientes modalidades: Perfeccionamiento o Formación, Cátedra, Doctorado “Sándwich”, Doctorado Completo (o Doctorado en el Extranjero), Prácticas Sénior, Máster “Sándwich”, Máster Profesional, Posdoctorado (o Prácticas Postdoctorales) y Profesor/Investigador Visitante.

Más del 80% de estas personas, en este período, se trasladaron a países del Norte Global, como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Portugal, España, Italia y Países Bajos. Así, se ha conformado un sistema académico consolidado, integrado y globalizado, compuesto por universidades, centros e institutos de investigación, agencias de financiación de la investigación, redes científicas, entre otros actores, que configuran el flujo de personas en torno a la producción de conocimiento y el desarrollo científico y tecnológico, en todas las áreas del conocimiento.

En 2025, y pocos años después de que el mundo experimentara la pandemia de la COVID-19 —cuando el nuevo conocimiento, la investigación y los descubrimientos científicos nunca habían sido tan necesarios—, este sistema está en riesgo, con acciones que no tendrían tantos efectos si no estuviéramos hablando del país con la mayoría de los mejores centros universitarios del planeta y que recibe a la mayoría de los estudiantes del mundo, incluyendo a los de América Latina y Brasil: Estados Unidos.

Ya sea en el ámbito del discurso, la gestión política (firma de decretos y otras acciones), o incluso en el ámbito presupuestario con los recorttes, el actual presidente Donald Trump ha acusado a las universidades del país de antisemitismo y racismo. El reciente caso de la Universidad de Harvard se hizo mundialmente conocido, cuando tuvo que recurrir a los tribunales para suspender la prohibición de continuar con su reconocido Programa de Intercambio de Estudiantes y Visitantes, responsable de la presencia actual de alrededor de 7.000 estudiantes extranjeros en sus campus. Medidas y protestas similares también se han registrado en otros centros universitarios, como Cambridge y Massachusetts.

Además de estas acciones, hay otros dos casos emblemáticos. El primero, ocurrido en febrero de 2025, fueron las acusaciones de censura, incluso por parte de investigadores y profesores brasileños, que involucraron al Programa Fulbright de Especialistas, un programa del Departamento de Estado de EE. UU. que conecta a especialistas con instituciones educativas de todo el mundo para colaboraciones a corto plazo. Según lo anunciado en su momento, expresiones como la opresión de género, clase y raza, la crisis de los principios democráticos, la emancipación social, los sistemas de opresión y la justicia social debían evitarse en las investigaciones financiadas por el proyecto.

La segunda medida, que se produjo entre mayo y junio de 2025, fue la decisión de suspender, decisión ahora revocada, las citas para visas para nuevos estudiantes extranjeros que pretendieran estudiar en EE. UU. (modalidades F, M y J) y la obligación de revisar las redes sociales de los candidatos para intentar identificar a personas que pudieran ser hostiles al país, lo cual aún sigue vigente.

Claramente, las acciones de la administración Trump no se limitan a la fuga de cerebros ni a la diáspora académica, y deben entenderse en un contexto macroeconómico, que abarca la política antiinmigratoria vinculada a posturas económicas, políticas e ideológicas, claramente reveladas durante la campaña que lo elevó a la presidencia. Sin embargo, cabe preguntarse hasta qué punto estas decisiones limitan la transferencia y circulación de conocimientos y tecnologías, la expansión del mercado, las oportunidades de desarrollo profesional y personal y, sobre todo, el impacto real en el desarrollo sostenible del planeta, cuestiones tan importantes para América Latina.

Los desafíos estructurales históricos que enfrenta la reión como las desigualdades sociales y regionales, la baja productividad económica, la inestabilidad política, la violencia y los impactos climáticos son bien conocidos. Se trata de problemas intrínsecos a las características de la emigración de sus países, ya sea de investigadores, científicos y estudiantes, o de la población en general. 

El ranking de 2015 del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sitúa a Brasil en el quinto lugar en cuanto a número de personas que emigran internacionalmente, solo por detrás de México, la región triangular norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador), Colombia y Puerto Rico. La «diáspora académica», a su vez, constituye el proceso migratorio más regular, ordenado y seguro que existe, no solo por el alto nivel educativo de sus miembros, sino también por toda la planificación, el sistema legal y la red de apoyo transnacional que la rodea. Poner freno a este sistema, mucho más que interferir con la resiliencia, el potencial y el desarrollo de la innovación tecnológica y la investigación, impacta en la creciente integración del continente a la economía global, el progreso y la paz.

Trump y la crisis del fentanilo: América Latina en una nueva guerra fallida contra las drogas

Estados Unidos alberga el mercado de drogas ilícitas más grande del mundo. Aunque el consumo ha crecido significativamente en otras regiones como Europa Occidental, América del Sur y Oceanía, la magnitud del mercado estadounidense no tiene todavía parangón, tanto por cantidad de consumidores como por índices de prevalencia. Según estimaciones recientes, los estadounidenses gastan aproximadamente 150 mil millones de dólares al año en drogas ilícitas.

Si bien la mayoría de los consumidores de drogas ilícitas no desarrollan patrones de comportamiento problemático, Estados Unidos ha enfrentado al menos cuatro grandes epidemias en su historia reciente: la heroína a fines de los años sesenta, la cocaína en polvo a mediados de los setenta, el crack en los ochenta y las metanfetaminas durante los noventa y principios del nuevo siglo. Sin embargo, el desafío más letal ha surgido en los últimos años: el fentanilo.

La crisis del fentanilo: una epidemia sin precedentes

Las primeras sobredosis de fentanilo se registraron luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos lo aprobara como analgésico intravenoso en 1972. Aunque el consumo indebido e ilícito del opioide continuó provocando muertes durante las siguientes décadas, la cantidad de sobredosis letales creció de forma exponencial solo en los últimos años. En 2022, el país registró 111,029 casos. De la totalidad de las muertes, casi un 70% fueron provocadas por opioides sintéticos, principalmente fentanilo. Según datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, más de 150 personas mueren cada día por sobredosis de opioides sintéticos.

A pesar de que la crisis de salud estadounidense muestra por primera vez desde el inicio de la epidemia ciertos signos de estabilización, marcados por una caída del 3% en las muertes por sobredosis respecto al año anterior, el país aún afrontó un alarmante registro de 74.702 fallecimientos por consumo de opioides sintéticos en 2023. Según datos oficiales, la gran mayoría de estos casos estuvo vinculado directamente al uso de fentanilo ilícito.

La evidencia indica que los cárteles mexicanos no solo trafican hacia Estados Unidos fentanilo puro proveniente de países como China y la India, sino que también se han involucrado en la manufactura ilícita del opioide sintético. Si bien el gobierno mexicano ha evitado precisar la magnitud de la producción en su país e incluso ha negado públicamente este fenómeno, el papel protagónico de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación resulta innegable, especialmente luego de que China ampliara sus controles sobre esta sustancia en 2019.

Solo en 2023, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos incautó cerca de 12.200 kilogramos de fentanilo, de los cuales un 94% corresponden a los cruces fronterizos de San Diego (California) y Tucson (Arizona). Estos puntos estratégicos limitan con los estados mexicanos de Baja California y Sonora, dos rutas claves del tráfico de drogas—fentanilo y cocaína fundamentalmente—controladas por los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

Trump, fentanilo y América Latina

Las drogas ilegales—especialmente el fentanilo—desempeñaron un papel sobresaliente en las elecciones presidenciales de 2024. La campaña electoral reavivó el debate sobre la crisis sanitaria y sus impactos devastadores en el país. Ante la tibia oposición demócrata, las propuestas de Donald Trump reforzaron su visión punitiva centrada en combatir la oferta de drogas ilícitas, plasmada en consignas grandilocuentes como “aniquilar a los narcotraficantes.”

En el primer día de su mandato, Trump reafirmó su postura al designar formalmente a los cárteles de drogas como organizaciones terroristas—una medida pendiente de su gestión anterior. Su énfasis en la oferta se vio reflejado no solo en recortes presupuestarios, despidos de personal y reestructuraciones en áreas claves de salud mental y abuso de sustancias en Estados Unidos, sino también en su Declaración de Prioridades de Política de Drogas. En este documento, emitido por la Casa Blanca en abril, se destacan dos objetivos fundamentales: (1) reducir el tráfico global de drogas ilícitas y (2) limitar su disponibilidad en territorio estadounidense.

En este contexto, el desinterés de Trump por América Latina—una constante que ha marcado la relación con la región durante las últimas administraciones—puede experimentar un giro estratégico, aunque no necesariamente por buenos motivos. El peso de la migración irregular y el tráfico de drogas ilícitas en su agenda doméstica, sumado a la necesidad de contener el ascenso de China en el escenario internacional, probablemente contribuya a reposicionar la región.

A diferencia del pasado, la nueva “guerra contra las drogas” no ha generado beneficios económicos para América Latina. El gobierno de Trump no ha proyectado su política de drogas en la región a través de recursos y asistencia, tal como sucedió con programas emblemáticos como el Plan Colombia o la Iniciativa Mérida, sino a través de coerción y presión diplomática. Al externalizar los costos del combate antidrogas, trasladándolos a los países latinoamericanos, instituciones fundamentales dedicadas al abordaje de factores estructurales detrás de la delincuencia organizada y la inmigración irregular, como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), fueron desmanteladas.

Aunque la producción de cocaína se encuentra en niveles históricos y las sobredosis asociadas a esta sustancia han crecido en Estados Unidos, la atención de Trump se ha centrado naturalmente en México y el fentanilo. El presidente estadounidense ha presionado al gobierno de Claudia Sheinbaum para que profundice su control sobre la migración irregular y combata con mayor rigor la manufactura y tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Con estos objetivos, Trump no solo designó a los cárteles de drogas como organizaciones terroristas, sino que también propuso desplegar sus fuerzas armadas en territorio mexicano, amenazando además con imponer aranceles comerciales en caso de inacción por parte del gobierno de Sheinbaum. 

La presión estadounidense parece haber tenido cierto efecto. Aunque Sheinbaum descartó categóricamente la intervención militar estadounidense, sí avanzó en medidas concretas para luchar contra el fentanilo en su país: desplegó 10.000 soldados en la frontera norte y extraditó 29 líderes de organizaciones criminales, entre los cuales sobresalen Rafael Caro Quintero y Miguel y Omar Treviño Morales, ex líderes de los cárteles de Guadalajara y los Zetas, respectivamente.

Estos logros, sin embargo, serán difícilmente sostenibles. La obsesión por reducir la oferta de drogas ilícitas—como lo demuestra la experiencia histórica en la región—no solo pone en riesgo el descenso temporal de sobredosis en Estados Unidos al relegar políticas de prevención y reducción de daños, sino que también puede desencadenar efectos colaterales graves para América Latina: fragmentación del crimen organizado, reconfiguración de las rutas del narcotráfico y un incremento de la violencia. Además, esta política contra las drogas de “garrote sin zanahoria” podría facilitar aún más la expansión de la influencia china en la región.

Bolivia: capacidad estatal y democracia

Por segunda vez la foto de Evo Morales no estará en la papeleta electoral para las elecciones de agosto del presente año. En respuesta, este político en tres ocasiones ha ordenado a sus seguidores bloquear caminos y atacar a las fuerzas del orden. La última movilización, de 15 días, no solo agravó el descalabro de la economía nacional, sino que también mostró que en Bolivia existen vastos territorios donde no llega la autoridad del Estado e imperan las actividades ilícitas. Si antes sabíamos que el Chapare es una zona roja donde se cultiva y cocina la hoja de coca, hoy nos enteramos, con pena, que la histórica ciudad minera de Llallagua no solo produce estaño y plata, sino también marihuana y contrabando. 

Los largos años de bonanza por ingreso de venta de materias primas (2006-2014) no han servido para mejorar la capacidad estatal. Si bien durante los años de superávit exportador se construyeron más establecimientos educativos, se ampliaron los servicios de salud y se desplegaron caminos carreteros, con igual fuerza han crecido en poder y tamaño los negocios y empresas que se llenaron los bolsillos al amparo de la ilegalidad. 

Por ejemplo, si para el año 2006 el número de cooperativistas mineros era de 54.200 personas, 15 años después esta cifra había subido a 135.436 socios. Bajo el risible argumento que las cooperativas cumplen una “función social” se les donó maquinaria, establecimientos y parajes y se les regaló exenciones impositivas. Esto los ha convertido en una poderosa fuerza económica y política cuyo músculo se muestra en calles y caminos cada vez que el Estado intenta controlar sus daños al medio ambiente y la explotacion laboral. Cosa parecida pasa con el contrabando de autos viejos de Chile a Bolivia. En julio de 2014 la ministra de Hidrocarburos de entonces, Marlene Ardaya, anunciaba aplicar restricciones a la venta de gasolina a los autos indocumentados; una década después, no solo no se cumplió este anuncio, sino que las ferias de compra y venta de autos ilegales crecieron por doquier. Es más, una diputada del partido Movimiento al Socialismo (MAS) sostuvo que estos autos, conocidos popularmente como chutos, cumplían el propósito de servir a los campesinos en su trabajo. Así mismo, la producción de coca ha crecido en competitividad: si en la zona cocalera de los Yungas la hoja milenaria se cosecha hasta dos veces al año, en el Chapare se cosecha seis.

Los sucesivos gobiernos del Estado plurinacional han coqueteado con la ilegalidad y la delincuencia. Gran parte de la nueva elite a la que el MAS dio apoyo y cobijo creció merced a las amplias posibilidades que puede dar un Estado que pacta y entabla acuerdos con los que no cumplen las normas y leyes. 

Esto tiene efectos gravísimos en la cultura cívica. En un contexto donde es más fácil labrar riqueza haciendo lo incorrecto que lo debido, la práctica de “hacerse al vivo” se ha institucionalizado. Para personas que ganan de su trabajo, ver cómo corruptos y corruptas encaramados en instituciones logran grandes ganancias termina siendo un desincentivo para ser honestos y emprendedores. La “viveza criolla”, al no ser sancionada ni punitiva ni socialmente, se convierte en una siniestra pauta de comportamiento que consiste en tener dinero y poder antes que honra y dignidad.

Esto genera una insatisfacción de la ciudadanía con la democracia. Con un Estado débil, con partidos políticos que son solo una sigla, y con instituciones tomadas por asalto por los vivillos de siempre, lo que queda de democracia en Bolivia es muy poco, quizá solo su disciplinada asistencia a las jornadas electorales. Por ello, si ir a las urnas fuera suficiente para cambiar administradores judiciales, hace rato que la justicia boliviana sería de las mejores; si definir en elecciones abiertas a un gobernante o autoridad de turno bastara para alcanzar ciudadanía y eficacia, hace rato que Bolivia sería una democracia plena. Los años de bonanza económica son también oportunidades para construir institucionalidad. Esa oportunidad la hemos perdido o, mejor, desperdiciado. 

Sin un Estado fuerte no hay proyecto neoliberal, libertario, estatista o socialista que pueda tener éxito. Mientras el Estado esté a merced de grupos que operan en la ilegalidad, ningún proyecto económico o político será viable. Mientras el Estado negocie su estatalidad con elites de cuello blanco que velan por sus intereses, de nada valdrá estar al frente del gobierno. Hoy el desafío radica en construir un Estado fuerte; que después sea grande o pequeño es un detalle menor.

América Latina y el retorno del realismo mágico

A fines de junio de 1965 el periódico El Día de México publicó un artículo del sociólogo y antropólogo Rodolfo Stavenhagen que haría historia. Se tituló “Las siete tesis equivocadas sobre América Latina”. En ese momento el maestro afincado en México no solo explicó con claridad los términos de la dependencia estructural de la región, sino que advirtió sobre el carácter ilusorio de las concepciones desarrollistas entonces en boga. Sesenta años después y al calor de las convulsiones globales, habría que ver si aquellos términos de la dependencia estructural se han modificado y, en tal caso, cuáles serían las nuevas fantasías progresistas que la estarían realimentando. 

El progresismo en la década de los sesenta

Cuando se conoció el encendido alegato de Stavenhagen, las discusiones acerca de los problemas regionales estaban influidas por dos corrientes de argumentación aparentemente antitéticas. Desde las usinas imperiales se había instalado la imagen de una “década del desarrollo” con el emblema visible de la Alianza para el Progreso (1961) y el sustento proporcionado por autores como W.W. Rostow, que también preveía para la región un fructífero “despegue” (take off). Enfrente, la posición crítica pretendía desautorizar la ideología predominante caracterizando el escenario regional por una polarización o dualidad. Desde esta perspectiva, la explotación tanto extensiva como intensiva de los recursos primarios habría estado sostenida por un régimen de dominación tradicional o similar al feudal sobre sus poblaciones y territorios rurales. Y, como contraposición, en las grandes ciudades parecían prevalecer prácticas capitalistas que alentaban expectativas por un desarrollo progresivo.

Cuestionamiento estructuralista

Stavenhagen desestimó esta suposición sobre “sociedades duales”, señalando que el atraso no debía considerarse como dimensión independiente, sino que, siguiendo las imposiciones internacionales, “el progreso de las zonas modernas, urbanas e industrializadas de América Latina se ha producido a expensas de las atrasadas, arcaicas y tradicionales”. En la conceptualización de Stavenhagen las supuestas “sociedades duales” expresaban en realidad un “colonialismo interno”, replicando al interior de las periferias el sistema económico internacional predominante. Así resultaban inverosímiles algunas hipótesis derivadas de aquella presunta dualidad: atribuir las perspectivas del desarrollo a la actividad de estratos sociales medios, progresistas y emprendedores; o caracterizar las integraciones nacionales, en América Latina, como el producto histórico de un mestizaje que finalmente implicaba la negación de las raíces indígenas; o bien asociar las iniciativas progresistas a posibles alianzas entre obreros urbanos y campesinos.

Las convulsiones del siglo XXI: parecido y diferente

En la presente fase de la economía internacional, los procesos de acumulación y reproducción del capital siguen estando asociados a la explotación intensiva y extensiva de recursos primarios en las periferias, incluyendo a la región latinoamericana. Pero se perciben algunas diferencias contrastantes con aquellos regímenes coloniales y neocoloniales de depredación y manipulación de mercados que Rodolfo Stavenhagen había denunciado con tanta lucidez. 

La imagen más llamativa del neocolonialismo en el siglo XXI es la que muestra un espejo invertido: el halo “progresista” ya no define a los grandes centros urbanos y periurbanos. Por el contrario, las ciudades latinoamericanas son focos amenazantes de pobreza, inseguridad y narcotráfico. Y las seductoras pantallas de los teléfonos “inteligentes” operan como fuentes de enajenación colectiva contribuyendo al empobrecimiento cognitivo de quienes transitan las calles afrontando el trajinar cotidiano con sus dispositivos a la mano. 

Resurrección del mito del Dorado

Simultáneamente se ha revertido la imagen de atraso y arcaísmo asignada a las poblaciones y los territorios rurales despreciados por aquellas ideologías modernistas. Hoy día el atesoramiento de minerales críticos luce como una renovada fuente de bonanza dentro de las mismas zonas deprimidas del Perú, Bolivia, Chile y Argentina que habían sido devastadas por la conquista y colonización española. ¿Cómo explicarlo? 

Una ensoñación colectiva impregna innumerables mensajes, memes y consignas que con el aval de supuestos “expertos” se difunden hipnóticamente a través de las pantallas. Las maravillas asignadas a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) exigen una capacidad para hacernos pensar de manera “diferente” que, según recuerda Patrick McGee, había sido inicialmente reconocida a los rebeldes emprendedores de Apple (“Apple in China”) y cuyo glamour se propagó a los augures de las corporaciones acaparadoras de los mercados electrónicos (big-tech). Estas cualidades mágicas de transmutación son atribuidas a distintos elementos extraídos de minerales críticos que estarían transformando aceleradamente las condiciones de vida de la humanidad entera, desde los dispositivos médicos hasta las aplicaciones que potencian y reconvierten fuentes energéticas… pero también las sofisticadas innovaciones introducidas en industrias bélicas para producir armamentos cada vez más mortíferos. 

Curiosamente, las poblaciones latinoamericanas agitadas por semejantes fantasías futuristas ignoran el contraste de estas aplicaciones de avanzada tecnología frente a los tan rudimentarios como arrasadores procedimientos extractivos de sus materias primas y que han sido probados ¡hasta en los mismos territorios de las potencias imperiales! En tal sentido, una reciente nota del New York Times publicada el 10 de junio (“China’s Upper Hand: Rare Earth Metals”) describe los procesos de degradación y contaminación ambiental desatados por la primitiva explotación de tierras raras esenciales, desde la década de los noventa en Mountain Pass, California, y más tarde dentro de zonas empobrecidas del centro y sur de China, en ambos casos muy lejos del escozor que despiertan los emprendimientos tecnológicos disruptivos de los que dan cuenta las pantallas. 

Renovados términos de la integración económica con los centros imperiales

Desde el gobierno de Joe Biden se insinuó una nueva arquitectura de la integración económica diseñada para garantizar el aprovisionamiento de minerales altamente demandados por las TIC. La iniciativa más difundida, desde noviembre de 2013, recibió el pomposo nombre de “Alianza para la Prosperidad Económica de América Latina” (APEP). Pero después de un breve recorrido institucional, tanto a partir del segundo gobierno de Donald Trump como con motivo de propuestas de inversión de empresas de distintos orígenes, incluyendo las chinas y europeas, ya no parece necesario el despliegue de coberturas normativas ad hoc. Las previsiones sobre contrataciones públicas en tratados de libre comercio de última generación (TLC), los acuerdos de promoción y protección de inversiones y los diálogos bilaterales “de alto nivel” parecen suficientes para que distintos gobiernos latinoamericanos se vean compelidos a suscribir compromisos público-privados de localización y explotación de sus recursos primarios. Así se van conformando enclaves gestionados por corporaciones transnacionales cuyas ingenierías financieras las hacen difícilmente identificables en casos de denuncias de contaminación y degradación ambiental. 

Los enclaves pasan a constituir el eslabón inicial de una cadena de suministros orientada hacia los centros extrarregionales de refinamiento de los minerales extraídos. Fuera de dichas demarcaciones, las poblaciones y territorios en los que se despliegan otras actividades productivas pasan a segundo plano, augurando la prolongación indefinida de su estancamiento. Y entretanto aquellos enclaves y circuitos logísticos quedan supeditados a un período incierto de explotación hasta la próxima disrupción tecnológica que requiera la sustitución de esas materias primas por otras.  

¿Estará de regreso una vez más esa fatal alternancia de ciclos de auge y declinación que el maestro Stavenhagen había expuesto con tanta lucidez?