El Gran Caribe se reúne con un propósito: impulsar la integración y el cambio

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28 mayo, 2025

Ante una creciente interdependencia global, la región del Gran Caribe enfrenta retos complejos que exigen respuestas colectivas, estratégicas y urgentes. El cambio climático golpea con particular fuerza a los pequeños Estados insulares y a las costas continentales; la inseguridad alimentaria y los desastres naturales amenazan el bienestar de millones; mientras tanto, las desigualdades sociales, la migración forzada y la vulnerabilidad económica continúan profundizando la fragmentación. En este contexto, la necesidad de avanzar hacia una mayor integración regional se convierte no solo en una aspiración política, sino en una necesidad vital.

La fragmentación histórica de la región, marcada por sus múltiples lenguas, sistemas políticos y niveles de desarrollo económico, ha dificultado la construcción de un proyecto común. Sin embargo, los desafíos compartidos —como la adaptación al cambio climático, la gestión del turismo sostenible, el combate al narcotráfico y el impulso al comercio intra-regional— exigen espacios multilaterales más sólidos, flexibles y operativos.

Es precisamente en este escenario que se realiza la Décima Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), un evento de gran relevancia que se celebrará del 27 al 30 de mayo en Cartagena y Montería, bajo la presidencia pro tempore de Colombia. La cumbre constituye una oportunidad estratégica para repensar el rol de la AEC, revitalizar sus mecanismos y posicionarla como una plataforma clave de integración en el Gran Caribe.

La AEC fue fundada en 1994, también en Cartagena, como un mecanismo de consulta, concertación y cooperación entre los países y territorios que comparten las costas del Mar Caribe. Hoy, con sede en Puerto España (Trinidad y Tobago), agrupa a 25 Estados miembros y a una decena de miembros asociados, incluyendo a México, Colombia, Venezuela, Centroamérica, las Guyanas y los Estados insulares del Caribe. En conjunto, representa a más de 270 millones de habitantes, una riqueza humana, cultural y ecológica de incalculable valor.

Durante sus tres décadas de existencia, la AEC ha demostrado una notable capacidad de adaptación, flexibilidad y enfoque práctico en torno a ejes temáticos fundamentales: comercio e inversiones, turismo, transporte y gestión del riesgo de desastres. Ha buscado articular intereses diversos en una región marcada por grandes asimetrías, apostando por una cooperación basada en el respeto mutuo y la solidaridad.

No obstante, el mundo ha cambiado. Las amenazas globales —desde las crisis sanitarias hasta las guerras geopolíticas, pasando por los efectos extremos del cambio climático— exigen una renovación profunda de la agenda de trabajo de la AEC. La reciente aprobación del Plan Estratégico 2025-2030 marca un paso positivo en esa dirección, al tiempo que se vislumbra una renovación en su liderazgo con la gestión de la Secretaria General, la embajadora hondureña Noemí Espinoza Madrid, diplomática de carrera con más de treinta años de experiencia.

Entre los temas que deberían ser prioritarios para la asociación destacan el fortalecimiento institucional, la solución de los problemas presupuestarios y administrativos, así como una mejor rendición de cuentas. También resulta clave ampliar la visibilidad del trabajo de la AEC ante la opinión pública regional e internacional, incorporando más activamente a la sociedad civil, la academia y los sectores productivos.

Una propuesta que cobra cada vez más fuerza es alinear los objetivos de la AEC con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Esta integración permitiría un abordaje más holístico y coherente de los retos del Caribe: desde el desarrollo social inclusivo y la erradicación de la pobreza, hasta la transición energética, la transformación digital, la seguridad alimentaria y la justicia climática. Incorporar los ODS a la agenda de la AEC no solo es pertinente, sino esencial.

El lema de la cumbre, “Unidos por la vida: hacia un Gran Caribe más sostenible”, refleja con acierto la vocación integradora que necesita la región. En medio de un orden internacional inestable, marcado por la competencia entre grandes potencias, el autoritarismo emergente en varios países y una creciente incertidumbre económica, el Gran Caribe debe afirmarse como una región de paz, cooperación y sostenibilidad. Esta afirmación debe traducirse en compromisos concretos y acciones efectivas por parte de los gobiernos y de todos los actores relevantes.

La historia del Caribe ha estado marcada por ciclos de dependencia, intervención extranjera y resistencia. Desde la esclavitud hasta la lucha contra el colonialismo, pasando por momentos de cooperación regional, esta región ha sabido encontrar su voz y construir identidades compartidas. Hoy, esa misma historia debe ser fuente de inspiración para impulsar una nueva etapa de integración, una que no se limite a declaraciones políticas, sino que articule acciones conjuntas, instituciones sólidas y una ciudadanía regional activa.

La AEC, con su estructura multilateral y su enfoque inclusivo, tiene el potencial de convertirse en el principal mecanismo de concertación política y técnica del Gran Caribe. Pero para lograrlo, necesita ampliar su base de legitimidad, modernizar su funcionamiento, atraer inversiones estratégicas y consolidar alianzas con organismos internacionales, ONGs y universidades.

En conclusión, la Décima Cumbre de la AEC no debe ser vista como un evento más en el calendario diplomático regional. Es una oportunidad histórica para profundizar la integración del Gran Caribe, renovar el compromiso con el desarrollo sostenible y establecer una hoja de ruta concreta hacia una región más equitativa, resiliente y unida.

Ante un escenario de incertidumbre internacional y reconfiguración sistémica, la integración ya no es una opción; es una necesidad urgente. Solo a través de una cooperación regional reforzada, respetuosa de las diversidades pero enfocada en objetivos comunes, será posible construir un Gran Caribe verdaderamente soberano, democrático y sostenible.

El voto económico predice un triunfo electoral para Milei en 2025

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Leandro Bruni

27 mayo, 2025

El contrato electoral de una gran parte de los argentinos con Javier Milei en 2023 se sostuvo, por un lado, en ser lo más distinto posible a lo que venía gobernando, y, por el otro, en la promesa de estabilizar la economía. Estudios de opinión pública del último trimestre del gobierno de Alberto Fernández señalaban que siete de cada diez argentinos deseaban un cambio. Los grupos focales profundizaban esa tendencia, revelando que no se trataba de un cambio superficial, sino profundo y radical. Todo estaba dado para que un opositor outsider se perfilara como vencedor.

Complementariamente, el tema central de la campaña giraba en torno a la economía. La inflación —uno de los principales termómetros comprensibles para la sociedad sobre la estabilidad o inestabilidad económica— había oscilado entre enero y agosto en torno al 6,5 % mensual. Como si estos valores no fuesen lo suficientemente alarmantes, después de agosto el caos se apoderó del timón de la campaña: entre agosto y noviembre la inflación mensual promedió un 11,5 %, y en diciembre alcanzó un pico del 25,5 %. Todo parecía confluir para que un candidato con atributos asociados a la economía —y, sobre todo, que proyectara soluciones— emergiera como el ganador.

Desde esta perspectiva, Milei encarnó un perfil político que no solo canalizaba el malestar generalizado, sino que también conectaba con el deseo de una solución urgente al deterioro económico. No importaba tanto su trayectoria previa, su viabilidad institucional o sus alianzas: lo central era su capacidad de representar simbólicamente un corte con el pasado y, a la vez, una apuesta al futuro. En este sentido, su figura funcionó como un refugio electoral para quienes creían que la única salida posible requería una disrupción total del modelo vigente. No es casual que la economía se haya convertido en el centro del debate electoral: como ya lo sintetizaba el estratega James Carville durante la campaña de Bill Clinton en 1992, “¡Es la economía, estúpido!”. La frase, que resumía el foco estratégico de esa campaña, parece resonar con fuerza también en el caso argentino.

Los influyentes estudios de voto económico en la ciencia política analizan diversos indicadores para evaluar qué factores racionalizan los ciudadanos al decidir su voto. Entre ellos, la percepción de mejora económica, la inflación, la cotización del dólar o el desempleo son los más recurrentes. La variación del Producto Bruto Interno (PBI) —es decir, el valor total de los bienes y servicios que produce un país— puede considerarse un indicador objetivo del crecimiento económico y, siguiendo la teoría del voto económico, una variable con capacidad predictiva sobre los resultados electorales.

Si tomamos el PBI de Argentina expresado en dólares corrientes para cada año entre 1983 y 2023, y clasificamos la variación previa a cada elección (ya sea presidencial o legislativa) como aumento, estabilidad (entre +1 % y -1 %) o caída, obtenemos 20 observaciones. A partir de esos datos, se construyó una regresión logística para estimar probabilidades de triunfo del oficialismo en función del comportamiento del PBI. La probabilidad estimada de que el oficialismo gane las elecciones legislativas de 2025, si el PBI mantiene su tendencia al alza, es del 86 %. Si la economía se desacelera y el crecimiento se ubica por debajo del 1 % o incluso cae hasta el -1 %, la probabilidad baja al 32,2 %. El peor escenario es una caída superior al -1 %, donde las chances de victoria oficialista descienden al 3,6 %.

Dicho esto, cabe señalar que, por las características del liderazgo político personalista de Milei, sus candidatos en elecciones desdobladas podrían no tener el mismo rendimiento electoral que le predice este modelo al propio presidente. Lo más probable —como se vio en el reciente proceso electoral de la provincia de Santa Fe— es que los candidatos de Milei, que no son Milei, tengan desempeños positivos pero discretos. Si en las elecciones de octubre, cuando muchas provincias renovarán diputados y senadores nacionales, el gobierno adopta una actitud más proactiva y visibiliza la figura del presidente en la campaña, el voto económico, en un año de crecimiento, podría jugar a favor del oficialismo.

El voto económico no se explica exclusivamente por factores objetivos como el índice de inflación, el valor del dólar o el nivel del PBI. Si la percepción del electorado no coincide con esos indicadores, el resultado electoral puede no guardar correlación con ellos. Sin embargo, el análisis de la relación entre la variación del PBI y los resultados electorales en comicios nacionales entre 1983 y 2023 refuerza la vigencia de esta teoría. Ningún oficialismo logró triunfar cuando la economía cayó más del -1 %. Hubo casos en los que, pese a un crecimiento superior al 1 %, el oficialismo sufrió derrotas. No obstante, el dato en el que se apoyan las esperanzas del gobierno de Milei es que en el 84,6 % de las ocasiones en las que el PBI creció, el oficialismo ganó. Parafraseando a Craville, ¿será la economía, estúpido?

La salud como espejo de la injusticia: la desigualdad social mata

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José Julio Villalba | Estefanía Suárez

26 mayo, 2025

La esperanza de vida ya no depende de los genes ni de la suerte. Depende del código postal, depende de la etnia, del ingreso, de la educación, de la paz o del exilio. El nuevo Informe mundial sobre los determinantes sociales de la equidad en salud de la OMS, (2025) lanzado el 6 de mayo de 2025, es una sentencia con datos que enfatiza que la desigualdad social mata. Mata en silencio, a diario y a gran escala.

La epidemiología clásica siempre ha buscado patrones, causas y efectos. Pero hoy, los brotes más mortales no provienen de agentes patógenos, sino de sistemas. La enfermedad no se distribuye al azar. La injusticia sí.

La brecha que la medicina no puede cerrar

Hay 33 años de diferencia en esperanza de vida entre el país más longevo y el más vulnerable. No es porque el primero tenga hospitales más modernos; es porque tiene sociedades más justas. Mientras la medicina actúa río abajo, los determinantes sociales actúan en la fuente; en el acceso al agua, a la educación, a un trabajo digno.

Y la ciencia es clara. Las condiciones en que nacemos, crecemos, trabajamos y envejecemos explican más del 50 % de nuestra salud. Las desigualdades en salud no son accidentes ni misterios médicos, son inequidades estructurales, previsibles y evitables.

Emergencias crónicas: la desigualdad como pandemia permanente

La Covid-19 fue el gran reflector que exacerbó brechas, visibilizó olvidos y dejó cicatrices profundas. Pero, como advierte el informe, la pandemia solo reveló lo que ya estaba podrido: sistemas colapsados, economías dependientes, deudas públicas que asfixian el gasto social.

En 2024, más de 3.300 millones de personas viven en países que gastan más en pagar intereses de deuda que en salud o educación. En muchos de ellos, los más pobres mueren por causas prevenibles; y no porque no existan soluciones, sino porque no llegan a tiempo ni al lugar correcto.

Determinación social: más que contexto, es causa

La epidemiología de la determinación social no pregunta solo qué enfermedad tiene la gente, sino qué gente tiene la enfermedad, y por qué. En esa mirada, el informe de la OMS ofrece un mapa con cuatro rutas urgentes:

Invertir en servicios públicos universales para reducir la desigualdad económica.
Desmantelar la discriminación estructural que perpetúa la inequidad entre generaciones.
Orientar el cambio climático y la digitalización hacia la equidad en salud.
Construir nuevas formas de gobernanza con participación real y datos desagregados.

La desigualdad social no se reduce con intervenciones clínicas. Se combate con políticas fiscales progresivas, sistemas de protección social y marcos jurídicos que restituyan derechos donde históricamente han sido negados.

Mirar lo invisible: racismo, género y migración como determinantes

El informe va más allá de la teoría. Pone el foco donde duele: racismo estructural, sexismo, capacitismo, xenofobia, la salud de mujeres, pueblos indígenas, personas migrantes o con discapacidad; no es peor por biología, es peor por exclusión.

Por ejemplo, las mujeres en situación de pobreza tienen más probabilidad de morir por causas maternas. No porque sus cuerpos fallen, sino porque el sistema les falla. La discriminación estructural se hereda, se normaliza y se convierte en enfermedad.

Y en contextos de migración forzada y conflicto, la negación del derecho a la salud se vuelve una forma de violencia. La salud no puede depender del pasaporte.

El clima y la tecnología: ¿fuerzas de progreso o nuevas formas de exclusión?

El cambio climático ya no es futuro: es presente. Afecta a cultivos, agua, vivienda. Afecta a la salud; y, como todo en el mundo, afecta desigualmente. El informe insiste: la transición energética y la adaptación climática deben ser justas. No se puede salvar al planeta excluyendo a quienes menos lo dañaron.

Lo mismo ocurre con la digitalización. La brecha digital no es solo de conexión, es de derechos. La salud digital no debe ser un privilegio, sino un bien común. Sin regulación, puede aumentar la desigualdad, perpetuar sesgos algorítmicos y dejar atrás a millones.

El dato como poder: sin evidencia, no hay justicia

La gobernanza debe basarse en datos que expongan lo que se quiere ocultar, por lo que deben ser desagregados por edad, género, etnia, migración, discapacidad. Sin ellos, la invisibilidad persiste. Con ellos, la política puede ser reparación.

El informe recomienda fortalecer sistemas estadísticos, plataformas intersectoriales y mecanismos de rendición de cuentas. Porque lo que no se mide, no se prioriza.

La equidad en salud no es un sueño, es una decisión política

La OMS lo dice sin ambigüedades: la equidad es una elección y la epidemiología social es la brújula para tomar esa decisión con justicia. No basta con querer un mundo saludable, hay que construirlo, y eso implica redistribuir poder, dinero y recursos.

La región latinoamericana tiene una historia marcada por desigualdades profundas, pero también por luchas colectivas. Este informe es una herramienta para convertir la evidencia en acción; para que la salud deje de ser un privilegio y se convierta en derecho. Porque si algo nos enseñó la pandemia es que nadie está a salvo hasta que todos lo estén.

¿Qué es la geopolítica?

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Andrés Rivarola Puntigliano | Thomas Lundén

25 mayo, 2025

De haber estado ausente, casi ignorada, durante décadas, la palabra geopolítica renace en popularidad mundial. Un factor importante en lo que respecta al creciente uso del concepto geopolítica fue la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014, a partir de cuando se empezaron a hacer comunes títulares como ‘El retorno de la geopolítica’.

Hay ahora geopolítica para todo, dese análisis de movimientos sociales o empresas hasta estudios sobre relaciones internacionales y económicas, en lo global. Pero el problema es que el uso del concepto geopolítica se usa, en general, con enfoques limitados y prejuiciosos.

Lo limitado lo vemos en el frecuente uso de ‘geopolítica’ como sinónimo de ‘conflicto’ o ‘rivalidad’. Desde esta visión, la geopolítica se asocia con guerras (armada o comercial), armamentismo, proteccionismos o control de recursos naturales. Lo prejuicioso está en el legado desde la segunda guerra mundial, donde geopolítica se iguala a fascismo, imperialismo, nacionalismo, expansionismo o militares autoritarios. Sin embargo, el origen de la geopolítica es otro.

La palabra geopolítica no proviene de una gran potencia. Fue acuñada en 1899 por el politólogo sueco Rudolf Kjellén (1864–1922), catedrático en la Universidad de Uppsala, Suecia. Kjellén estaba interesado en cuestiones globales y escribió lo que quizás fuera el primer estudio sobre las grandes potencias mundiales. La exposición más profunda de su concepto de ‘geopolítica’ se encuentra en su obra ‘El Estado como forma de vida’, publicada en 1916. Kjellén buscaba crear una ‘teoría del Estado’, a quien le atribuía un papel decisivo en la organización y la comunidad humana. Para él, los Estados existen en un sistema jerárquico en el que actúan para maximizar sus necesidades, donde la geopolítica es la dimensión territorial de la acción del Estado sobre su marco geográfico. No obstante, según Kjellén, esta es solo una de las distintas dimensiones en la acción del Estado, junto con la ‘etnopolítica’, la ‘política económica’ y la ‘sociopolítica’, entre otras, como ser la ‘biopolítica’.

Hubo otros investigadores contemporáneos que también analizaron la relación entre espacio (territorio) y poder. Uno de ellos fue el geógrafo británico Sir Halford Mackinder, quien en 1904 presentó su ‘teoría del heartland’, donde sostiene que el control de Eurasia es clave para la dominación mundial. Otros fueron el geógrafo francés Paul Vidal de la Blache, que acercó los estudios geográficos al campo de la geografía histórica y económica, o Alfred Thayer Mahan, de Estados Unidos, con su famoso texto The Influence of Sea Power upon History (1890). Ninguno de ellos mencionó la palabra geopolítica. Tampoco lo hizo la fuente de inspiración de Kjellén, el geógrafo alemán Friedrich Ratzel. Al igual que Kjellén, evitó una clasificación racial categórica y prefirió hablar de “civilizaciones”, cuyo anhelo por un espacio óptimo —Lebensraum— se resuelve mediante una constante adaptación al hábitat.

La visión negativa de la geopolítica toma fuerza después de la Segunda Guerra Mundial. Durante los años 30, el concepto fue ampliamente utilizado por el geógrafo militar alemán Karl Haushofer y fue parcialmente adoptado por el pensamiento estratégico nazi, especialmente a través del concepto de lebensraum, vinculado a la biología racial y a la supuesta superioridad civilizatoria blanca. Aunque Kjellén nunca utilizó ese enfoque, la geopolítica quedó asociada con el nazismo y el imperialismo. Los estudios de Kjellén nunca fueron reconocidos ni abordados por expertos posteriores en política internacional como Hans Morgenthau o Kenneth Waltz. La perspectiva de Morgenthau se convirtió en una guía a seguir, en la visión negativa sobre la geopolítica, que el veía como determinista y peligrosa, apta para mitos no científicos.

Durante la Guerra Fría hubo expertos que utilizaron una perspectiva territorial para realizar análisis centrados en la seguridad. Dos ejemplos conocidos son Henry Kissinger y Zbigniew Brzeziński. Ninguno de ellos citó a Kjellén ni su enfoque geopolítico. Esto sí ocurrió en América Latina, donde la geopolítica se desarrolló desde la década de 1920 y se profundizó con nuevas perspectivas, orientada desarrollo y la integración regional. El enfoque era fortalecer al Estado en su esfuerzo por construir los debilitados estados naciones, lograr autonomía y contrarrestar una posición de subordinación en el sistema internacional, profundizando la conexión entre estado, industrialización y regionalismo.

Desde los años 90 ha emergido un nuevo discurso geopolítico en lo que se denomina “geopolítica crítica”. Esta surge como una reacción a enfoques más tradicionales dentro de las relaciones internacionales, partiendo de la idea de que la geopolítica no es una descripción neutral u objetiva del mundo, sino más bien una práctica socialmente construida. La geopolítica crítica, a través de investigadores como John Agnew, cuestiona los relatos coloniales, así como la forma en que Occidente se presenta frecuentemente como norma. Su alternativa es centrarse en cómo el lenguaje, las imágenes y las narrativas se utilizan para crear imaginarios geográficos, y cómo el poder y la identidad se forman a través del discurso geopolítico.

Es positivo que la ‘geopolítica’ se haya convertido nuevamente en un concepto aceptado para análisis sociales y económicos. Pero conviene tener presente que, al igual que otros conceptos de las ciencias sociales, es una palabra polisémica. Es decir, puede abordarse desde distintas perspectivas, dependiendo de la pregunta y el propósito. Dos lecciones positivas que podemos aprender del origen sueco y la contribución latinoamericana en la geopolítica son, evitar determinismos y considerar la geopolítica en relación compleja con otras dimensiones analíticas. La otra es ver a las unidades geopolíticas, como ser los Estados, como parte de un sistema global, en el que la búsqueda de autonomía y desarrollo puede funcionar como contrapeso al imperialismo y superación de subordinación periférica.

*Sobre el origen del concepto geopolítica puedes encontrar más en el siguiente libro: Territory, State and Nation,de The Geopolitics of Rudolf Kjellén, de Ragnar Björk y Thomas Lundén.

León XIV: fe, política y polémicas

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Miguel Pastorino

24 mayo, 2025

La elección del nuevo pontífice, León XIV, hizo que el mundo entero se hiciera preguntas sobre el futuro del catolicismo y su impacto en la geopolítica global. El gran obstáculo para comprender la complejidad de lo que acontece en la Iglesia católica en estos días es que muchos tratan de ubicar al papa como progresista, conservador o moderado. Estas categorías, como si fuese de izquierda o derecha, son inadecuadas para comprender al papa de turno.

Impiden entender la naturaleza de las decisiones que se toman al elegir el nuevo sucesor del apóstol Pedro y cómo la Iglesia hace frente a desafíos sociales, culturales y políticos que tiene el mundo actual.

Generalmente, hasta en el cine, se consolidó la idea de que Benedicto XVI era un papa conservador y que las grandes reformas progresistas fueron hechas por Francisco. Se repiten errores en todos los medios sobre lo que hizo cada uno y se atribuyen acciones e ideas para mantener el sesgo de esta equivocada clasificación.

Narrativa sobre Benedicto y Francisco

Lo cierto es que Benedicto XVI hizo la gran purificación con el tema de los abusos. Le llamaron “el barrendero de Dios”, exigió que las denuncias pasaran a la Justicia y no se manejaran solo dentro de la Iglesia, y realizó grandes transformaciones internas de la Iglesia sin hacer publicidad. Su encíclica Caritas in veritate es una de las mejores encíclicas sociales. Fue conocido como el “papa verde” por ser el primero que hizo una continua reflexión sobre los problemas ambientales. No es esa la idea que muchos tienen.

Lo mismo sucede con Francisco: su permanente condena al aborto, su crítica a la llamada ideología de género, la maternidad subrogada y a la eutanasia, no aparecen en los análisis sobre el “papa progresista”. Esto le haría parecer un conservador, claramente.

Todo depende de cómo se construye el relato con recortes de aquí y de allá, repetidos hasta el hartazgo. La doctrina de la Iglesia no cambió, ni va a cambiar. No depende de la figura del papa, porque el catolicismo se opone a todo lo que atenta contra la dignidad humana, ya sea el aborto, la eutanasia, la trata de personas o cualquier forma de explotación o descarte de seres humanos, como si no tuvieran dignidad. Eso, para la Iglesia católica, no es una cuestión de conservadurismo o progresismo. Es una cuestión de fidelidad a los fundamentos antropológicos y éticos del cristianismo.

Cónclave: ¿tensiones internas?

No hay pugna por la doctrina, sino por los acentos pastorales, teológicos y espirituales. Allí hay tensión interna en la Iglesia. Es una cuestión de estilos, de formas de conducción pastoral, de opciones y acciones, de lo que se prioriza en la agenda de desafíos. Y eso puede marcar la elección de los cardenales sobre un nuevo papa, pensando quién puede conducir la Iglesia en un nuevo tiempo. Pero es esa la razón, y no lo que podemos ver en la ficción, como la película Cónclave. Parece más una lucha entre directivos de empresas o políticos luchando por el poder. Esto no quiere decir que no existen tensiones y luchas de poder. Pero que tiene que ver con prioridades, no con cambios en lo sustancial de la fe católica

La Iglesia pone en el centro de su misión la fe en Jesucristo y su mensaje. Todo lo demás está al servicio de ello y es su razón de ser: la evangelización. Lo que más preocupa a un papa es que la Iglesia cumpla su misión en el mundo. Este es el horizonte para comprender y tratar de entender opciones, decisiones y acentos.

Cuando Francisco se refirió a las personas homosexuales, dijo: “¿Quién soy yo para juzgar?”. Muchos interpretaron un cambio doctrinal. Lo que hizo en realidad fue poner en palabras lo que ya estaba escrito en el Catecismo de la Iglesia Católica (escrito en gran parte por Ratzinger en 1992): los homosexuales “deben ser recibidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará, respecto a ellos, todo signo de discriminación injusta”. Y Francisco expresó la doctrina de siempre. Pero su actitud y sus gestos hicieron la diferencia para millones de personas.

Momento de reformas

El nuevo pontífice, Robert Prevost, eligió el nombre León XIV inspirado en la figura de León XIII (1810-1903). Se lo recuerda como el papa de las grandes reformas sociales, el iniciador de la moderna doctrina social de la Iglesia que abordó la cuestión obrera haciendo frente a los problemas sociales que generó la Revolución Industrial.

Prevost entiende que el gran desafío actual es una nueva revolución. Considerando factores como la inteligencia artificial. Su perfil muestra una gran sensibilidad por los más pobres, por los trabajadores y por los migrantes.

Nacido en Estados Unidos (Chicago, 1955), con formación en matemáticas, filosofía, teología y derecho canónico, vivió gran parte de su sacerdocio en Perú, como misionero, y luego en Roma, como superior de la orden de los agustinos y, finalmente, como prefecto de la Congregación para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina

León XVI: ¿quién es y cómo piensa?

Fue nombrado Cardenal en 2023 por Francisco. Es un hombre con una sólida formación, que habla varios idiomas y con una profunda experiencia misionera, así como un amplio conocimiento de la iglesia universal.

Muchos se preguntan qué piensa sobre determinados asuntos que crean controversia. La respuesta segura: lo que enseña la Iglesia católica, al igual que los anteriores. Otra cosa será su sensibilidad y cercanía para el diálogo con todos. Esto puede verse conociendo su forma de ser como sacerdote y luego obispo.

Siempre cercano, sencillo y dialogante, pero sin dejar de ser firme en sus convicciones. Alcanza con ver sus primeras homilías y discursos como pontífice para reconocer que sus ideas son claras, firmes y al mismo tiempo llenas de amor, humildad y sensibilidad por la humanidad y los dramas que la afligen actualmente. No le interesa acomodar el discurso, sino ser fiel a su misión.

Un hombre de paz ante las guerras

Ya desde antes de ser elegido papa, se pronunció contra la guerra en Ucrania. Su primera gestión diplomática fue una llamada a Zelensky, que invitó a León XIV a un viaje apostólico al país. “Una visita así traería verdadera esperanza a todos los creyentes y a todo nuestro pueblo. Hemos acordado mantenernos en contacto y organizar un encuentro personal en un futuro próximo”, declaró el mandatario en el momento. De hecho, el Vaticano viene trabajando hace tiempo en la recuperación de niños ucranianos deportados a Rusia.

Este domingo 12 de mayo, se refirió al diálogo y la importancia de trabajar por la paz mundial como algo prioritario. Son algunas expectativas de su ministerio. “En el dramático escenario actual de una tercera guerra mundial en vilo, como ha afirmado repetidamente el papa Francisco, yo también me dirijo a los grandes del mundo, repitiendo el llamamiento siempre actual: «¡Nunca más la guerra!» (…) Me entristece profundamente lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, ¡cese el fuego inmediatamente! Que se proporcione ayuda humanitaria a la agotada población civil y que se libere a todos los rehenes. (…) He acogido con satisfacción el anuncio del alto el fuego entre India y Pakistán, y espero que a través de las próximas negociaciones se alcance pronto un acuerdo duradero”.

Polémicas y debates contemporáneos

En su cuenta de X, Robert Prevost compartió artículos con duras críticas a la política migratoria de EEUU. Cuestionó a DJ Vance por usar la doctrina católica para justificar la discriminación. Esto le valió diversos ataques en redes sociales.

También ya han circulado calumnias como si hubiera encubierto casos de abusos. Pero lo cierto es que fue implacable con abusos por parte de clérigos en Perú, aunque calumniado por grupos que la Iglesia expuso como abusivos.

Según los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz, que publicaron las historias de víctimas del grupo Sodalicio de Vida Cristiana, disuelto por el papa Francisco, Prevost les dio su apoyo incondicional para investigar. Fue uno de los pocos obispos que quiso ir al fondo del asunto. En este sentido, es de esperar que continúe la línea purificadora de Benedicto y Francisco ante los abusos.

Defensa de la Iglesia

En 2012 expresó una fuerte preocupación por la distorsión que existe en la opinión pública acerca del catolicismo: “Los medios occidentales de comunicación de masas son extraordinariamente eficaces promoviendo en la opinión pública una gran simpatía hacia creencias y prácticas contrarias al Evangelio. (…) Como mucho, los medios toleran la religión como algo inane o pintoresco siempre que no se oponga activamente a los posicionamientos en cuestiones éticas que los medios asumen como propios. Sin embargo, cuando la voz de las personas religiosas se alza contra esos posicionamientos, los medios ponen a la religión en el punto de mira, caracterizándola como ideológica e insensible ante las supuestas necesidades vitales de las personas en el mundo contemporáneo. La simpatía por las opciones de vida anticristianas que los medios alientan está incrustada en la opinión pública de forma tan brillante e ingeniosa, que cuando la gente escucha el mensaje cristiano, aparece inevitablemente como ideológico y emocionalmente cruel, por contraste con el supuesto humanitarismo de la perspectiva anticristiana”.

*Texto publicado originalmente en Diálogo Político

Desaparecer dos veces en México

Por

Alberto Ruiz Méndez

23 mayo, 2025

Guerreros Buscadores es uno de varios colectivos, conformados en su mayoría por madres buscadoras, que se han creado para localizar a personas desaparecidas, principalmente por circunstancias relacionadas con el crimen organizado. Dicho colectivo adquirió notoriedad cuando el pasado 8 de marzo encontraron, en el municipio de Teuchitlán, en el estado de Jalisco, evidencia de que el Rancho Izaguirre era utilizado como un campo de adiestramiento y posiblemente de exterminio por parte uno de los principales grupos criminales en México.

Este hallazgo es uno más de la profunda crisis de desapariciones que, desde los años 70 del siglo pasado, está atravesando México, pero que se ha agudizado a partir de 2006 con el inicio de la “guerra contra el narcotráfico”. Para este momento, la cifra de desapariciones ha superado las 125.000 personas. Y mientras la cifra incrementa día a día, la narrativa oficial estatal busca debilitar el problema.

El caso del Rancho Izaguirre ha sido el ejemplo claro: a partir del descubrimiento, las declaraciones, justificaciones y comunicados del gobierno mexicano generaron una narrativa centrada en fragmentar responsabilidades, pues o bien se culpa a gobiernos anteriores o de otros Estados acusándoles de no controlar a su delincuencia, o bien se recurre al deslinde atribuyendo la violencia a interacciones entre los grupos del crimen organizado.

En particular, el debate se ha centrado en si el Rancho era o no un centro de exterminio, mientras los colectivos insisten en que, basándose en su experiencia y testimonios, en ese lugar las personas eran calcinadas; por su parte, el gobierno ha afirmado repetidamente y a través de diversos funcionarios que era “solo un centro de adiestramiento”.

Si bien la actual administración ha mostrado voluntad de reconocer el problema, desde la administración anterior, en la que no hubo encuentros con las madres buscadoras ni los colectivos, la narrativa oficial se ha encargado de minimizar el número de desaparecidos y los constantes hallazgos de fosas clandestinas.

La ausencia de este diálogo y una narrativa laberíntica desgastan la imagen pública de los colectivos buscadores, permiten que aumenten las desapariciones y, lo más importante, ejecutan una “doble desaparición” en las personas que fueron violentadas: la primera por el crimen organizado, la segunda por el Estado.

Esta última ocurre en tanto que la narrativa oficial de indiferencia por los desparecidos y colectivos diluye las posibilidades de acción colectiva, pues, como ciudadanía en general, se instaura la duda sobre la gravedad del problema y, en consecuencia, ocurre una segunda desaparición operada por el Estado.

Con esta “doble desaparición” aumenta entre la población la sensación de que les han arrebatado la posibilidad de cuidar a sus muertos o desaparecidos al eliminar el carácter social de su desaparición o muerte, pues, sin un cuerpo al cual darle un ritual despedida, la narrativa oficial parece decirnos que hay vidas que no merecen ser lloradas, que no merecen ser parte de la sociedad y sus rituales.

Aunque las razones de estas desapariciones son diversas (problemas familiares, enfermedades mentales, dinámicas de reclutamiento por parte del crimen organizado), la falta de una estrategia clara y un presupuesto adecuado para fiscalías, ministerios públicos y demás provoca que los desaparecidos y los cuerpos depositados en fosas clandestinas o bien nunca sean localizados o bien se amontonen en las morgues hasta que no puedan ser identificados.

Sin duda, la crisis de desapariciones en México nos coloca en una situación de vulnerabilidad cotidiana. Las madres buscadoras y los colectivos se perfilan como un ejemplo de lucha y resistencia que pugna por un gobierno que se haga cargo de su pueblo y por una democracia que se construya desde abajo, desde la acción colectiva, y que impida que nos coloquemos frente a una doble desaparición: una creada por el crimen organizado y la otra por el Estado. El primero por indolente, el segundo por irresponsable.

Bolivia: reinventar el populismo

Por

Franz Flores

22 mayo, 2025

Durante mucho tiempo el populismo fue un concepto elusivo, ambiguo, que no hallaba forma de definirse. Se decía que era una característica de los países en desarrollo, una especie de enfermedad pasajera que se solucionaría con progreso y modernidad; que era propio de partidos de izquierda y que la derecha era inmune a sus encantos; que era un oficio de caudillos astutos que dirigían masas dóciles. Nada de eso es verdad, o por lo menos no es toda la verdad: el populismo suele aparecer en los países más prósperos, como los Estados Unidos de Donald Trump, y en partidos de derecha como Libertad Avanza, del actual presidente argentino Javier Milei. Tampoco es típico de un liderazgo mesiánico o decisional, aunque es verdad que en este espacio suelen aparecer, con mayor frecuencia de la normal, payasos e irresponsables.

Hoy existe un cierto consenso en el mundo académico en definir, como lo hace el politólogo neerlandés Cas Mudde, que el populismo es un discurso que contrapone al pueblo bueno frente a la elite corrupta. Según esto, el pueblo tiene una alta calidad moral y sus desgracias y explotación se deben a que una elite cleptómana e insensible usa al Estado para sus fines particulares. Esta elite cerraría el espacio público y bloquearía las opciones políticas. Por ello, expresiones como partidocracia, democracia pactada o sistema político neoliberal sirven a los populistas para descalificar a la elite en el poder. A la vez, repiten “los de abajo”, “la multitud”, “lo plebeyo” o “lo nacional popular” para mostrar las bondades de un pueblo que siempre se imagina rebelde, sufrido y revolucionario.

El populista Evo Morales, montado sobre el resurgir de las demandas indígenas, tuvo la capacidad para colocarse como representante del pueblo. Este político postulaba que el pueblo se encontraba esencialmente, pero no exclusivamente, en las comunidades indígenas y que la elite estaba en los partidos políticos y en las empresas extranjeras o en sus aliados nacionales.

Empero, todo discurso tiene que validarse mínimamente, mostrar algún grado de verosimilitud. Esto no ocurrió: Morales proclamó defender a los indios pero el 25 de septiembre de 2011 ordenó una paliza a los indígenas de tierras bajas que marchaban defendiendo el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS). Decía defender la Madre Tierra pero autorizó la explotación minera de cooperativistas que cosecharon grandes ganancias a costa de un daño irreversible al medio ambiente. Finalmente, postuló “gobernar obedeciendo al pueblo” pero desconoció su decisión en el referendo de febrero de 2016 que le dijo no a una cuarta repostulación. Por ello, cuando en 2019 la multitud expulsa del poder a Morales, lo hace por haber convertido la defensa del pueblo y de la nación (ejes claves del populismo) en mera retórica para legitimarse y permanecer en el gobierno.

Tanto la salida de Morales como su posterior anulación política (acusación de abuso de menores, pérdida de la sigla MAS) generaron un vacío en el espacio populista boliviano que hasta el momento no pudo ser llenado. No lo consiguió el presidente Luis Arce, quien, en realidad, no puede articular un discurso populista. Lo intenta, pero no lo logra. Arce es un político que no habla mucho, que no emite mensajes, que no conecta con las masas. Si hoy tiene bajísimos grados de popularidad se debe en buena parte a su silencio.

En esa medida, el desafío del actual presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, proclamado candidato presidencial por una facción del MAS, consiste en reinventar el discurso populista y adecuarlo a los tiempos actuales. Este político, exmilitante del ala evista del MAS, tiene que rediseñar discursivamente al pueblo bueno e identificar a la elite explotadora, angurrienta e insensible. Lo primero (definir al pueblo) parece fácil; lo segundo, no tanto: la elite que Morales emparentó con los políticos del sistema de partidos y con los ricos (blancos, citadinos) que se negaban a compartir sus ganancias ya no existe. La composición económica, social y cultural de la elite boliviana se ha reconfigurado drásticamente. Ha aparecido una elite de raíces indígenas (aimara y quechua, sobre todo) que acumuló poder y dinero en estos 19 años del MAS en el gobierno. Justamente Andrónico Rodríguez es la expresión política de esta nueva elite que buscará, en las elecciones de agosto, permanecer en el poder.

Infiltración silenciosa: los ‘brokers’ criminales y su impacto en la economía formal

Por

Henry M. Rodríguez

21 mayo, 2025

La creciente sofisticación de las redes criminales en América Latina ha propiciado la aparición de brokers especializados en el lavado de activos, que actúan como intermediarios clave entre los cárteles y el sistema financiero formal. Estos individuos, provenientes en muchos casos de sectores empresariales y financieros, diseñan esquemas transnacionales que combinan comercio internacional ficticio, complicidad institucional y tecnologías de evasión para legitimar capitales ilícitos. Su influencia va más allá del blanqueo de capitales: han permeado en los mercados legales e ilegales a través de la manipulación de los flujos comerciales y financieros.

Casos como la desarticulación de la estructura Brokers en Colombia, que movilizó 98 millones de dólares, y la captura del broker Zhi Dong Zhang, vinculado a cárteles mexicanos, evidencian la magnitud de estas actividades ilícitas, que están reconfigurando los sistemas comerciales internacionales a partir de la infiltración de las cadenas de suministro globales, el aprovechamiento de los vacíos regulatorios y la corrupción sistémica de la región. Tal panorama nos plantea un desafío impostergable: fortalecer los marcos regulatorios y la cooperación internacional para combatir eficazmente estas amenazas a la estabilidad económica y social de Latinoamérica.

Anatomía operativa de los ‘brokers’ del narcotráfico

Los brokers del crimen organizado han evolucionado. Más allá del lavado de activos, operan como arquitectos financieros de redes transnacionales. Su perfil multidisciplinario abarca finanzas, comercio exterior y logística, lo cual les permite utilizar empresas legítimas para enmascarar flujos ilícitos, como ocurrió con el broker colombo-australiano apodado Four, que entre 2019 y 2021 logró coordinar diez operaciones de tráfico de cocaína y metanfetamina, usando empresas legítimas de exportación de pescado seco y madera, en Colombia, Ecuador y México. Su modus operandi incorporó manipulación documental e infiltración de estructuras aduaneras corruptas con sobornos.

Esta capacidad de operar bajo una apariencia legítima no es un caso aislado. La integración de estos actores en sectores económicos formales amplifica su capacidad de evasión. Así se evidenció en el caso de los brokers colombianos detenidos en 2021 que empleaban compañías de marroquinería para justificar transferencias mediante contratos ficticios con México, Costa Rica y Panamá. En Colombia, los brokers también han perfeccionado un modelo de doble contaminación que refuerza la opacidad del lavado de activos. En una primera fase, empresas fachada en el extranjero simulaban transacciones comerciales para justificar el ingreso de capitales ilícitos. Posteriormente, contadores y banqueros corruptos manipulaban registros financieros para legitimar los fondos como ganancias empresariales. Según la Fiscalía, el 1 % del monto lavado se destinaba a sobornos para asegurar la continuidad del esquema, sacando provecho de la complicidad institucional.

Sin embargo, el patrón de ocultamiento financiero no se limita a América Latina. La operación Fortune Runner, en Downey, California, expuso una red de lavado de activos que vinculó bandas chinas con el Cártel de Sinaloa. Su estrategia consistía en el uso de códigos cifrados en bolsas de regalo para mover $226.600 por transacción, evitando el transporte físico de efectivo y utilizando cuentas bancarias en Hong Kong y Malasia. Este esquema de hawala moderna combinaba transferencias electrónicas con ajustes de cuentas en paraísos fiscales, minimizando riesgos de incautación y permitiendo una circulación fluida de capitales ilícitos a escala global.

Casos paradigmáticos de operación transfronteriza

La captura en 2024 de Zhi Dong Zhang en Lomas de Santa Fe, Ciudad de México, reveló un punto clave en la infraestructura financiera y logística del narcotráfico global. Este broker chino-mexicano operaba como un intermediario esencial en la importación de precursores químicos desde Guangdong (China) y Dhaka (Bangladesh) para los cárteles de Sinaloa y CJNG. Su esquema incluía empresas fantasmas registradas en zonas económicas especiales chinas para justificar transacciones de químicos no controlados, sobornos a inspectores aduaneros en Manzanillo y Lázaro Cárdenas para facilitar el ingreso de insumos sin supervisión, y triangulación financiera a través de cuentas en paraísos fiscales, donde el 40 % de los pagos se realizaban con criptomonedas.

Este caso evidenció la creciente interdependencia entre los brokers de drogas y los de lavado de activos. Zhang, además de suministrar precursores químicos, gestionaba el blanqueo de utilidades mediante inversiones en bienes raíces de lujo en destinos estratégicos como Puerto Vallarta y Cancún. Su modelo reflejó la evolución del crimen financiero y puso en evidencia cómo las barreras entre el narcotráfico y la economía formal pueden desdibujarse con sofisticadas redes de corrupción y estructuras comerciales legítimas.

Asimismo, la investigación internacional contra Four expuso cómo estas redes explotan fallas estructurales en el comercio legítimo para maximizar su operatividad. Una de sus estrategias clave fue el hijacking de exportaciones, infiltrando a una exportadora colombiana legal de pescado seco para insertar cocaína en embarques con destino a Hong Kong, sin el conocimiento de sus propietarios. A esto se sumaba la manipulación de documentos regulatorios, mediante la falsificación de certificados sanitarios y listas de empaque de productos como madera y tequila para sortear controles aduaneros y aprovechar la confianza en sellos oficiales.

Por si fuera poco, Four desplegó tácticas avanzadas para garantizar el éxito de los envíos ilícitos, incluyendo la cooptación de transportistas y capitanes de buques petroleros. Estos últimos desviaban cargamentos en altamar, utilizando dispositivos GPS adulterados para evitar alertas en los sistemas de monitoreo marítimo. La sofisticación de su modelo llegaba a estructurar proyectos llave en mano para cárteles, con un costo estimado de $8,5 millones por el transporte de dos toneladas de cocaína a Australia, contemplando sobornos, logística marítima y seguros contra incautaciones.

Medidas de contención ante los impactos sistémicos

En Colombia, los brokers vinculados al narcotráfico han utilizado compañías de marroquinería para vender productos hasta un 60 % por debajo del costo real, desplazando a empresas legítimas mediante inyecciones de capital ilícito. Un patrón similar se observa en México, donde tiendas de electrodomésticos y agencias de viajes operan como pantallas para blanquear dinero, alterando las dinámicas comerciales y favoreciendo a estructuras criminales que se fortalecen a expensas del tejido empresarial formal.

Por su parte, la infiltración de brokers en entidades financieras ha sido evidente: en Colombia, empleados bancarios creaban falsas alertas tempranas para desviar investigaciones, mientras que contadores públicos certificados validaban estados financieros adulterados para legitimar flujos de dinero ilícito. Y en México, la operación Fortune Runner expuso cómo brokers chinos lograron cooptar a ejecutivos de bancos internacionales, acelerando transacciones sospechosas y minimizando los riesgos de detección dentro del sistema bancario global.

La innovación tecnológica ha potenciado aún más la evasión regulatoria, permitiendo a estas redes criminales mantenerse un paso adelante de las autoridades. Los brokers han liderado la adopción de herramientas como aplicaciones cifradas —incluyendo ANOM, intervenida por el FBI en 2021— para coordinar operaciones transnacionales con total sigilo. También han incorporado finanzas descentralizadas mediante mixers de criptomonedas y stablecoins, fragmentando flujos monetarios para dificultar su rastreo. Incluso, han perfeccionado la falsificación digital, manipulando metadatos en documentos PDF para evadir controles aduaneros basados en OCR. No es cualquier infraestructura, es un ecosistema financiero paralelo que está desafiando los marcos regulatorios tradicionales.

Estrategias de mitigación y cooperación internacional

El combate contra el lavado de activos y la operación de brokers criminales exige una cooperación transnacional más robusta. La experiencia de la Operación Ironside en Australia demostró que el intercambio de bases de datos financieras y el uso de inteligencia artificial puede identificar patrones sospechosos con mayor precisión. A su vez, estrategias como el cruce automatizado de declaraciones de exportación con reportes reales de embarques permitirían detectar irregularidades antes de que los fondos ilícitos se integren al sistema financiero global, y debilitarían las estructuras de lavado en sus etapas iniciales.

El sector privado también debe asumir un rol más activo en la prevención, reforzando la debida diligencia en sus cadenas de suministro. Es clara la necesidad de establecer auditorías externas en socios comerciales y la adopción de estándares como ISO 37001 contra sobornos. En paralelo, reformas legales deben endurecer sanciones para profesionales que faciliten operaciones ilícitas, incluyendo certificaciones obligatorias, responsabilidad solidaria de firmas contables y esquemas de protección a denunciantes en el sector financiero.

Sin embargo, la evolución constante de estos mercados ilícitos presenta nuevos retos. La fragmentación de cárteles ha impulsado la demanda de brokers independientes, creando un ecosistema de servicios criminales cada vez más diversificado. De igual manera, las redes criminales siguen innovando: desde esquemas de lavado verde con bonos de carbono falsos hasta el uso de deepfakes para suplantar a ejecutivos en autorizaciones bancarias. A pesar de que las recientes capturas de Zhang y la desarticulación de células en Colombia reflejan avances, el desafío radica en desarrollar respuestas igual de dinámicas, que combinen inteligencia artificial, marcos legales ejecutables y una mayor responsabilidad corporativa en la vigilancia de sus operaciones.

Integración del Gran Caribe: una respuesta estratégica ante el contexto global

Por

Manuel Alcántara

20 mayo, 2025

La disrupción trumpista instaurada a partir del pasado 20 de enero ha traído consigo el socavamiento del orden internacional establecido a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. En este contexto, y más allá de su compleja historia colonial y sus estructuras institucionales heredadas, el momento actual exige a la región del Gran Caribe una acción coordinada, audaz y sostenida para que se consolide como un actor geoestratégico relevante a nivel global.

El orden que emergió a lo largo de los años que siguieron a 1945, dio cabida a la floración de un número importante de nuevos Estados, fruto del proceso generalizado de descolonización. En el caso de las Américas, el número de Estados integrados en la comunidad internacional prácticamente se duplicó, muchos de ellos con costas en el mar Caribe y con una herencia colonial de potencias como Francia, Gran Bretaña y los Países Bajos.

El diverso legado colonial enfrentaba a los países previamente configurados bajo influencia fundamentalmente española con los nuevos Estados. Esta situación dio lugar a un crisol cultural de enorme riqueza que, no obstante, ponía en contraste la peculiaridad continental con la insular. A ello se sumaban contrastes institucionales derivados de los modelos políticos heredados ya que las antiguas colonias británicas adoptaron sistemas parlamentarios, con efectos diferenciados en la distribución del poder y la capacidad de respuesta ante crisis políticas.

Otro factor relevante en el ámbito internacional es la histórica consideración de Estados Unidos del Caribe como un mar interior, visión que se consolidó a mediados del siglo XIX al convertirse en una vía estratégica de conexión entre las costas atlántica y pacífica durante la expansión territorial estadounidense. Esta lógica geopolítica se reafirmó con la construcción del canal de Panamá a inicios del siglo XX y dio lugar a múltiples intervenciones en la región. La más contundente reacción a esta presencia fue la revolución cubana de 1959 aunque en las décadas siguientes, la región vivió episodios de alta tensión con las intervenciones militares estadounidenses en República Dominicana (1965), Granada (1983) y Panamá (1989). En ese contexto, y con la idea de los países y territorios caribeños de promover la integración política, económica y social, se creó, en 1973, la Comunidad del Caribe (CARICOM) entre 15 Estados miembros y 5 asociados, todos ellos insulares.

El interés estratégico de Estados Unidos en la región se diluyó con la llegada del siglo XXI y la entrega del Canal de Panamá a las autoridades panameñas, que coincidieron con la irrupción del proyecto chavista en América Latina. En el Caribe, esto se tradujo en la influencia de PDVSA a través de PetroCaribe, lanzado en 2005 como parte de la iniciativa ALBA, que aproximó a quince de los estados caribeños al Socialismo del siglo XXI hasta su interrupción de actividades en 2019.

La muerte de Hugo Chávez y, sobre todo, la caída del precio del petróleo cambió el panorama regional, abriendo espacio para una mayor cooperación entre los estados caribeños. Este nuevo contexto se consolidó en torno a dos desafíos clave: la creciente conciencia sobre los riesgos del calentamiento global y la atracción del mercado laboral estadounidense para una población dispuesta a emigrar, debido al limitado desarrollo económico de los Estados y regiones bañados por el Mar Caribe, dependientes en gran medida del sector turístico.

A inicios de 2023, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, advirtió ante el Consejo de Seguridad que el aumento del nivel del mar amenazaba con “un éxodo masivo de dimensiones bíblicas”, una realidad que ya comienza a manifestarse en el archipiélago panameño de San Blas. Las proyecciones del cambio climático anticipan escenarios críticos en el corto plazo. Paralelamente, la redenominación imperial del golfo de México por la del golfo de América por parte de Trump, revalida la vocación hegemónica de Estados Unidos sobre la región y revitaliza el destino manifiesto de hace más de un siglo.

Ambos aspectos representan desafíos evidentes para la Asociación de Estados del Caribe, cuyo devenir, a lo largo de sus tres décadas de existencia, ha languidecido entre los avatares ya descritos, en línea con los escasos logros de otros procesos de integración regional en el continente. Los 25 Estados miembros y los 10 asociados reafirman su compromiso con la soberanía, el multilateralismo y la unidad en la diversidad, en un momento especialmente crítico. Su próxima cumbre en Cartagena, en un momento en el que el paroxismo del (des)orden internacional sigue alcanzando cotas insólitas, no debe suponer un encuentro más concluido con declaraciones retóricas carentes de compromisos reales.

En la agenda política inmediata, los Estados del Caribe enfrentan tres retos que, en mi opinión, deben abordar. El primero se refiere a la consolidación de su proceso de institucionalización como una asociación con una estructura de gobernanza permanente y sólida, que cuente con mecanismos de toma de decisiones ágiles y con un modelo representativo equilibrado de los Estados miembros, sin dejar de considerar, mediante una adecuada ponderación, el tamaño de cada país. El segundo reto tiene que ver con la confrontación desigual que impone la relación actual con Estados Unidos y su intención de restaurar el «destino manifiesto» en la región; un ejemplo de ello es la situación ocurrida en torno al cambio de denominación del Golfo de México. Finalmente, la apuesta inequívoca por el multilateralismo debe traducirse en la movilización de acciones conjuntas para hacer frente a los desafíos más apremiantes del Gran Caribe: mejorar la mitigación del riesgo de desastres, avanzar hacia una economía azul sostenible, enfrentar con decisión el cambio climático, fortalecer las soluciones de conectividad en transporte y comercio, y consolidar un turismo verdaderamente sostenible e inclusivo. El multilateralismo, más que un principio, debe ser una herramienta activa para la transformación de la región.

El heterogéneo pasado, el avance del credo democrático en la mayoría de sus Estados miembros y la ausencia de un liderazgo claro —factor que, a su vez, facilita un diálogo horizontal y puede simplificar el proceso de toma de decisiones— constituyen, sin duda, un estímulo para impulsar estas líneas de cooperación que requieren decisiones urgentes y enérgicas.

El inicio de una nueva fase en las relaciones entre América Latina y China

Por

Daniel Morales Ruvalcaba

19 mayo, 2025

Desde su creación en 2014, el Foro China-CELAC (FCC) ha transitado por tres etapas clave que delinean su evolución. La primera reunión ministerial, realizada en Beijing en 2015, sentó las bases normativas del mecanismo, estableciendo su carácter intergubernamental y voluntario. En la segunda, celebrada en Santiago de Chile en 2018, se consolidaron áreas prioritarias de cooperación y se vinculó al Foro con la Iniciativa de la Franja y la Ruta. La tercera, desarrollada de manera virtual en 2021, actualizó la agenda en un contexto pandémico, incorporando nuevos temas como salud, digitalización y sostenibilidad.

Tras un periodo de relativa inercia, la Cuarta Reunión Ministerial —celebrada el 13 de mayo de 2025 en Beijing— representó un punto de inflexión tanto por su ambición como por su proyección estratégica. Es clave recordar que la Reunión Ministerial constituye el nivel más alto de deliberación del mecanismo, al congregar a los cancilleres de China y de los países latinoamericanos. En esta edición, el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, presidió los trabajos, destacando que, como países en desarrollo y miembros del Sur Global, China y América Latina deben coordinar esfuerzos para defender sus derechos e intereses legítimos. Como resultado del encuentro, se adoptaron dos documentos fundamentales: la Declaración de Beijing y el Plan de Acción Conjunto 2025–2027, aprobados por los 33 países participantes, con la excepción de Argentina, que decidió no adherirse a los textos.

Aunque el FCC posee un diseño eminentemente ministerial, ocasionalmente adquiere una dimensión política más amplia, con la participación de jefes de Estado y de gobierno. Tal fue el caso en esta edición, en la que la intervención del presidente Xi Jinping —anfitrión y figura central del encuentro— imprimió un carácter estratégico al foro y trazó su hoja de ruta futura. Ante desafíos globales como el unilateralismo, las guerras comerciales y la crisis climática, Xi propuso una arquitectura de cooperación basada en cinco programas estratégicos que combinan objetivos políticos, económicos, sociales, culturales y de seguridad.

En primer lugar, el Programa de la solidaridad, refleja la dimensión política. Al respecto, Xi Jinping subrayó que “China se dispone a seguir apoyándose mutuamente con ALC en las cuestiones tocantes a nuestros respectivos intereses vitales y preocupaciones fundamentales”. Esta postura contrasta con enfoques más restrictivos promovidos por Estados Unidos, como en la IX Cumbre de las Américas (2022), donde fueron excluidos Cuba, Venezuela y Nicaragua. Además, la cita en Beijing se inscribe en una secuencia diplomática activa que incluye la cumbre del G20 en Río (noviembre 2024), APEC en Lima (noviembre 2024) y la próxima cumbre de los BRICS en julio de 2025, también en Río. Lejos de gestos simbólicos, esta frecuencia de encuentros revela una estrategia convergente de inserción global por parte de China, basada en alianzas regionales sostenidas.

En segundo lugar, el Programa del desarrollo engloba la dimensión económica. Este eje busca promover la cooperación en crecimiento, inversión y transformación productiva, expandiéndose hacia sectores estratégicos como la inteligencia artificial, la economía digital y las energías limpias. Xi anunció una línea de crédito de 66 mil millones de yuanes para apoyar el desarrollo regional, lo cual constituye no solo un aporte financiero, sino una clara señal de confianza en América Latina en un contexto de fragmentación comercial y reconfiguración de cadenas globales de valor.

En tercer lugar, el Programa de las civilizaciones expresa la dimensión cultural en los acuerdos de cooperación. Beijing impulsa un diálogo intercivilizatorio sustentado en la igualdad, el aprendizaje mutuo y la inclusión. Esto se traduce en iniciativas como las Temporadas de Arte Latinoamericano en China, proyectos conjuntos de conservación patrimonial y estudios comparativos sobre civilizaciones antiguas. En una región históricamente influida por el ideario cultural estadounidense, esta estrategia busca diversificar los referentes simbólicos, fortalecer el soft power chino y proyectar una imagen más cercana y respetuosa en América Latina.

En cuarto lugar, el Programa de la paz evidencia la dimensión de seguridad que cobra creciente relevancia. Este eje marca una evolución cualitativa en la proyección china hacia la región, al abordar temas de seguridad no tradicionales desde una perspectiva de cooperación. Basado en el respaldo a la “Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz” (CELAC, 2014), China propone fortalecer la colaboración en áreas como ciberseguridad, lucha contra el terrorismo, corrupción, narcotráfico y crimen organizado. Este enfoque refuerza los principios de no injerencia y resolución pacífica, alineándose con necesidades concretas de los Estados latinoamericanos.

En quinto lugar, el Programa de los pueblos expresa la dimensión social. Este componente consolida la conexión social entre China y América Latina mediante becas, formación técnica, capacitación de profesores de chino y proyectos comunitarios. La incorporación del turismo como eje de trabajo —con la futura implementación de una política de exención de visado para cinco países latinoamericanos— resalta la intención de promover el intercambio directo entre poblaciones.

Los cinco programas delineados por Xi Jinping —solidaridad (política), desarrollo (economía), civilizaciones (cultura), paz (seguridad) y pueblos (social)— configuran una arquitectura integral que proyecta a China como un socio multidimensional para América Latina. Esta visión estratégica se sustenta en una relación económica ya consolidada: en 2024, el comercio bilateral superó los 500 mil millones de dólares, alcanzando la meta planteada una década atrás. En este contexto, se prevé la publicación de la tercera edición del Libro Blanco sobre América Latina y el Caribe, documento que complementará los compromisos asumidos en la declaración final y el Plan de Acción adoptados en Beijing.

Así, la Cuarta Reunión Ministerial del Foro China-CELAC no marca el cierre de una etapa, sino el inicio de una nueva fase en la relación sino-latinoamericana. El alcance y la calidad de esta fase dependerán de la capacidad de los actores latinoamericanos para insertarse de manera estratégica y proactiva en la propuesta china. La oportunidad está planteada.

_{*Este texto fue publicado originalmente en la web de}_REDCAEM

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