¿Por qué nos reímos de nuestros deportados?

Gustavo Dias
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¿Por qué nos reímos de nuestros deportados?

A finales de enero, según el aeropuerto de Confins, un avión de Global Crossing Airlines, con 100 brasileños deportados de Estados Unidos (EUA), aterrizó en Manaos, el primer vuelo de este tipo tras la toma de posesión de Donald Trump. Como desde 2019, el destino final debía ser el Aeropuerto Internacional de Confins, en Minas Gerais, pero la aeronave se detuvo en la capital del Amazonas debido a una falla en el sistema de aire acondicionado. Desde allí, los deportados continuaron el viaje en un avión de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) hasta Confins.

En un video publicado por CNN, un detalle llama la atención: mientras los deportados bajan con dificultad, con manos y pies esposados, se escucha una risa de fondo. Poco después, un empleado del aeropuerto, que los escolta, gira hacia la cámara y sonríe. Es un gesto sutil, pero evidente. ¿Por qué esa risa? ¿Qué hay de gracioso en un proceso marcado por la violencia humanitaria de Estados Unidos y que se mantiene desde 2019?

No es un caso aislado. Comentarios moralistas y despectivos en noticias y redes sociales, tanto de brasileños en el país como en el exterior, suelen ir acompañados de risas. Esta actitud también se manifiesta en reportajes sobre las contradictorias políticas migratorias de EE.UU. para expulsar a migrantes indeseados. Hasta ahora, Brasil ha recibido 121 vuelos fletados desde Estados Unidos, que han traído a 11.621 brasileños deportados. Han pasado cinco años y cuatro meses desde el restablecimiento de esta política, que había sido prohibida en 2008, durante el segundo mandato del actual presidente Lula.

Global Crossing Airlines no es la única

En 2019, poco antes de la pandemia, esta práctica fue reintroducida por decisión unilateral del gobierno de Trump, con la aceptación pasiva de Bolsonaro. Desde entonces, los vuelos de deportación despegan sistemáticamente desde siete ciudades de EE.UU. hacia Confins, operados por cinco aerolíneas privadas: Swift/iAero, Omni Air International, Eastern Airlines, Kaiser Air y Global Crossing Airlines. A partir de septiembre de 2023, Global Crossing Airlines se convirtió en la única compañía responsable, según datos de la concesionaria del aeropuerto de Confins.

De acuerdo con una investigación del Center for Human Rights de la Universidad de Washington, desde la administración de Obama, los vuelos con deportados han sido operados por empresas privadas sin supervisión efectiva. El estudio recoge denuncias de brasileños deportados sobre agresiones físicas y verbales cometidas por agentes tercerizados sin preparación adecuada. Empresas como Global Crossing Airlines, Omni Air International y Swift/iAero han sido acusadas de maltratos en este contexto.

Tras su elección en 2022, el equipo de Lula insinuó tímidamente la posibilidad de revertir las medidas diplomáticas adoptadas durante la gestión de Bolsonaro. Sin embargo, después de dos años de mandato, 33 vuelos han aterrizado en Brasil, transportando a 3.818 deportados. Sólo ahora, cuando las imágenes de brasileños esposados ganan repercusión internacional, el gobierno ha decidido pronunciarse. Todas las demás violaciones hasta ahora han sido ignoradas o, en su defecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha optado por mantenerse al margen.

El famoso jajajaja

Más allá de este escenario, que revela la influencia y el miedo que Estados Unidos aún impone sobre las élites latinoamericanas, destaca la mezcla de moralismo y desprecio de muchos brasileños hacia los deportados. En particular, quienes, bajo el anonimato de las redes sociales, simplemente expresan su opinión, seguida de la risa. Sí, el famoso jajajaja (kkkkk en portugués).

El video de CNN permite ver y escuchar esta risa de burla y castigo, un gesto recurrente en los reportajes sobre deportaciones. Existen dos perspectivas dominantes detrás de esta actitud:

Por un lado, están quienes acusan a los deportados de ser criminales, justificando su deportación con esposas como una consecuencia de haber violado las leyes de un «país serio». Para estos, los deportados serían alborotadores brasileños que enfrentaron un gobierno donde «la ley se hace cumplir». Algunos internautas los describen como personas que huyeron del supuesto caos del «comunismo» del PT solo para causar problemas en otro país. Poco importa que EE.UU. haya violado acuerdos internacionales, ignorado tratados bilaterales con Brasil o comprometido la soberanía brasileña en el proceso. Para este grupo, la deportación es vista como un acto de justicia, y el «kkkkk» es la risa de burla final.

Por otro lado, están quienes se ríen porque, supuestamente, los deportados apoyaron la candidatura de Trump. En este caso, la deportación y la humillación que conlleva son interpretadas como una especie de venganza. Se dice que ahora sienten en carne propia el peso de la xenofobia trumpista y la profunda alienación política en la que estaban inmersos. Como si los demócratas hubieran aplicado políticas migratorias mucho más humanas. No olvidemos que, bajo Biden y Kamala, casi 10.000 brasileños fueron deportados en las mismas condiciones que el vuelo que ni siquiera pudo llegar a Confins. En este caso, la risa también es una burla final.

Nos reímos de nuestra propia desgracia

Henri Bergson, filósofo y diplomático francés, publicó en 1899 un libro sobre el significado de la risa. Según él, el acto de reír es una forma de castigar a quienes, de algún modo, se consideran por encima de los demás o de los valores colectivos. Nos reímos de lo que rompe la norma, de lo inesperado. La risa tiene una función social: mantener el orden. Refuerza mi juicio sobre quienes bajan esposados en Manaos. Ridiculizo su «mala conducta» por emigrar irregularmente a EE.UU. o por haber apoyado a Trump.

Sin embargo, al reírme, evito discutir los problemas geopolíticos serios que están detrás de esas esposas y que también afectan mi vida cotidiana. En lugar de cuestionar el mito de que los migrantes aumentan la «criminalidad», o de denunciar la constante violación de los derechos humanos por parte de EE.UU., simplemente me burlo. En lugar de debatir la presencia de EE.UU. en la elaboración y aplicación de políticas migratorias en América Latina, o de cuestionar el modelo económico excluyente de Brasil que empuja a tantos a emigrar, me conformo con una risa superficial.

La burla elimina cualquier reflexión urgente que deberíamos tener sobre las deportaciones. Al final, la risa sólo expone nuestra indiferencia ante el dolor ajeno y nuestra ignorancia sobre lo que llevó a estas personas a buscar una vida en EE.UU., a cruzar la frontera con México o a vivir en un país donde no tienen derechos políticos. Nos reímos y condenamos a compatriotas injustamente etiquetados como criminales. Nos reímos de niños y bebés separados de sus padres. Nos reímos de una falsa generalización de la que también formamos parte.

En el fondo, nos reímos de nosotros mismos. Una risa amarga, rabiosa y triste. Una risa estúpida.

Al final… pobre del pueblo que se ríe de su propia miseria social.

Sector público ¿motosierra o tijera?

Juliana Montani
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Sector público ¿motosierra o tijera?

Un punto de debate actualmente es el de los intereses estratégicos y los bienes y servicios que debería garantizar el Estado. En Argentina ha llegado a la presidencia un nuevo líder/partido ajeno a la tradicional división entre peronismo y antiperonismo y en su gobierno, la desregulación del estado es prioritaria, incluso se le ha dedicado un Ministerio. Mientras tanto, en Estados Unidos la nueva administración Trump ha creado el DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental), liderado por Elon Musk, y el puesto de “Zar de crypto e inteligencia artificial” está a cargo de David Sacks, otro multimillonario y el gran líder de IA. Las críticas de tecnocratizar el gobierno, de crear disrupción en la sociedad, y de disminuir los puestos públicos, incluso yendo en contra de la ley, vienen de tiempo atrás. Pero lo cierto es que la IA llegó para quedarse, y es un recurso que puede ser utilizado para desregular e innovar, tanto en el Estado como el sector privado.

La razón de ser del empleado público

Hay distintas clases de empleados en el sector público. En España, por ejemplo, existen funcionarios de carrera (con estabilidad) y contratados laborales (temporales o eventuales para funciones menos críticas). Un sistema de concursos busca garantizar la idoneidad de los candidatos. La preparación para estas “oposiciones” ha generado un mercado paralelo de academias privadas y no siempre garantiza la profesionalización continua. En gran variedad de áreas la esencialidad o necesidad puede ser discutida, como en caso de un técnico ayudante bibliotecario.

En el Reino Unido, el “civil service” combina estabilidad para puestos esenciales con esquemas laborales más flexibles, similares al sector privado, en áreas no críticas. Se enfatiza la meritocracia y la evaluación del desempeño. Mientras que en México, los puestos de trabajo en el sector público, como los de maestro, pueden heredarse, y en Vietnam, los empleos públicos incluso se venden o alquilan. En Argentina, al menos hasta que ocurra un recambio generacional, los derechos adquiridos tienen atado al Estado con obligaciones que implican un alto costo.

La razón de ser de la protección al funcionario público, es garantizar prestaciones esenciales del Estado que, por su naturaleza, deben mantenerse independientemente de cambios políticos, económicos, personales, vaivenes comerciales o circunstancias excepcionales. Las funciones consideradas esenciales y que el Estado debe cubrir incluyen en general tres grandes áreas. Una es la provisión de servicios básicos y universales que cada sociedad definirá, como atención sanitaria, seguridad y defensa, y educación. Otra es la justicia: asegurar el cumplimiento de las leyes y la protección de derechos, principalmente a través del poder judicial. Y la tercer es la que garantiza el funcionamiento de la administración pública, incluso durante crisis o cambios de gobierno.

El sector público como herramienta política

Los intereses de la política y el sector privado han hecho uso y abuso del empleo público fuera de los fines específicos para los que han sido designados. El empleo público transitorio (puestos de confianza) se utiliza como herramienta de gobernabilidad, en paralelo a las estructuras fijas y como forma de fidelizar lealtades partidarias.

En Estados Unidos, por ejemplo, existe una clara diferenciación entre empleados de carrera, con estabilidad al tratarse de áreas clave, y empleados políticos de confianza de los gobiernos de turno. De todas formas, la estabilidad laboral, al igual que en el sector privado, es menor que en otros países. Muchas funciones son tercerizadas o delegadas al sector privado. Además, los empleados públicos suelen estar sujetos a evaluaciones periódicas de desempeño, lo que mejora su eficiencia.

En Argentina, el empleo público es percibido como una fuente de empleo garantizado más allá de la idoneidad personal. Se trata de un resabio corporativista que también es moneda de cambio para pacificar a colectivos, -como sindicatos o agrupaciones políticas- con poder de desestabilización social. Hay un gran contraste con el dinamismo que, aunque en teoría, debería tener el sector privado. Esto se debe en parte a protecciones sindicales, utilización de los cargos públicos para beneficios políticos, sectoriales y personales, y protecciones legales.

En muchas provincias argentinas, el empleo público es la principal fuente de empleo formal. La cantidad de empleados públicos provinciales por cada mil habitantes ha crecido un 70% en los últimos 20 años. Las cifras reflejan una administración inflada en regiones que, paradójicamente, aportan menos al valor agregado bruto nacional según datos de Cepal y Mecon (2023).

En este contexto, nos debemos la discusión sobre si el mantenimiento de puestos públicos, más allá de los críticos, a priori innecesarios, es la mejor manera de inyectar dinero y dinamismo a las economías provinciales menos productivas. Además, la redistribución mediante empleo público plantea dudas sobre su sostenibilidad y eficacia de la economía. Esta dependencia del Estado como empleador refuerza el clientelismo político.

Eficiencia y transparencia vs gobernabilidad.

La reforma del sector público en Argentina no solo requiere retoques normativos, sino también un cambio cultural. No es una tarea fácil proporcionar alternativas de empleo en un país con más del 50% de pobreza; primero hay que lograr una dinamización del sector privado. También se necesita un plan de reconversión y acompañamiento en la transición.

Dentro del sector público hay mucho margen para ganar eficiencia y transparencia. Auditorías independientes, digitalización de la mano de tecnologías de crypto y blockchain, unificación de tareas duplicadas y automatización de procesos son puntas para desenredar el ovillo de la excesiva burocracia y fragmentación administrativa. De esta manera se podría optimizar las estructuras administrativas a nivel nacional, provincial y municipal.

Por ello, es necesario definir las funciones esenciales y el alcance del Estado, y priorizar las áreas donde el empleo público es indispensable. En mi opinión, una de estas áreas es la que debe garantizar el funcionamiento de los poderes básicos del Estado y la provisión de servicios esenciales con calidad y transparencia. Y la otra, es la que debe apuntar al desarrollo de lo que se consideren intereses estratégicos, como los establecidos en el Preámbulo de nuestra Constitución: “afianzar la justicia, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad”.

Lo que es efectivo en México puede no serlo para el mundo

Ernesto Hernández Norzagaray
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Lo que es efectivo en México puede no serlo para el mundo

Exploremos el siguiente argumento: la maquinaria morenista ganó la presidencia de la República en mucho gracias a una elección en la que no se escatimaron los recursos para obtener un triunfo que no dejara asomo de dudas. Lograron un triunfo legislativo por debajo de lo que marca la ley, pero la coacción de consejeros y magistrados electorales lo convirtieron en una mayoría calificada que ha permitido a Morena y sus aliados hacer reformas constitucionales y reglamentarias que posibilitarán un cambio de régimen que habrá de permitir, si otra cosa no sucede, conservar el poder ad infinitum. Además, esa mayoría legislativa ha echado a un lado a la oposición, pese a que obtuvo el 44 % de la votación emitida y está subrepresentada en el Congreso de la Unión; lo mismo sucede en los estados y municipios, donde la oposición en la mayoría de ellos tiene un carácter testimonial que nos regresa de facto a la etapa lejana del partido hegemónico sin oposición del PRI (Sartori dixit).

Y está por ver hasta dónde puede servir este dominio ganado a pulso con las malas artes de la política, si no se convierte en un problema al extrapolarse tarde o temprano al ámbito de las relaciones internacionales, especialmente con las democracias consolidadas occidentales.

Está visto que en el sector de la izquierda latinoamericana más atrasada, autocrática y autoritaria se relamen los labios de que en México haya salido “todo tan perfecto”. En cambio, lo vimos en contrario en Venezuela, donde el “progresista” Nicolás Maduro no pudo acreditar, aun con todos los recursos del gobierno, las actas que le hubieran dado voto por voto el triunfo, cosa que sí pudieron hacer contundentemente la dupla Edmundo González-María Corina Machado.

O sea, ante países y organismos internacionales, la habilitación de Maduro como presidente de Venezuela corresponde a una dictadura de izquierda y eso, ipso facto, ha significado el desconocimiento de la Unión Europea y de Estados Unidos, que incluso ofrece una recompensa de 25 millones de dólares a quien aporte información (o, mejor dicho, a quien lo entregue) para la captura de quien ocupa la residencia oficial de Miraflores.

Y el primer golpe mediático ya está dado contra México. Donald Trump ha dicho que el país está “gobernado por los cárteles” y amenaza diciendo que, cuando tome posesión del cargo de presidente, los combatirá en nuestro territorio. Esto, más allá de lo que la presidenta Sheinbaum llama “un estilo de comunicación”, es una definición política.

Basta darle le vuelta a la expresión “gobernado por los cárteles” para concluir que, en la visión dominante de los Estados Unidos, quienes gobiernan México son parte de la lógica de la cartelización de la vida política del país. Dicho de paso, sobran las evidencias incluso reconocidas oficialmente por el propio gobierno en niveles municipales.

Y el refrendo será si la presidenta Sheinbaum fue invitada o no a la toma de posesión del presidente Trump. Si la invita, como debiera ser como vecinos y socios comerciales, será visto como que Trump ha dado un paso atrás en la caracterización del sistema político mexicano; si no, representa una mala señal para las relaciones bilaterales.

O sea, ¿de qué servirá tener la presidencia de la República, el Congreso de la Unión, los tres poderes, la amplia mayoría de estados y municipios, si el presidente, el Congreso, gobernadores y las agencias estadounidenses están en sintonía con la caracterización narca de la política mexicana?

Sé que se dirá que es una estrategia para hincar al contrario y obtener beneficios en una eventual negociación bilateral —yo lo mismo lo he escrito ex ante—; sin embargo, si eso se convierte en una política que estará martillándose a través del ejecutivo, el Departamento de Estado, la embajada estadounidense, la patrulla fronteriza (Border Patrol), la DEA y otras agencias de seguridad estadounidenses, estaremos hablando de otra cosa, no de la campaña por los votos.

Y en ese punto, donde la campaña se convirtió en gobierno, habría que preguntarnos si esa gran conquista lograda a golpe de malas artes será una fortaleza o una debilidad de nuestro país. Eso me remite a la experiencia de Canadá, donde Justin Tradeau, el primer ministro, renunció al cargo sin que esto signifique una convulsión que ponga en entredicho el sistema político, sino una fortaleza, porque, de acuerdo con su sistema parlamentario, él seguirá en el cargo hasta que su partido, el Liberal, nombre a un nuevo primer ministro que gobernará hasta las elecciones de octubre próximo. Y la oposición conservadora canadiense, aunque pide elecciones anticipadas, no tiene problemas para ajustarse a las reglas establecidas.

El problema es que, tras el abuso que se ha cometido en México, la oposición, pese haber obtenido el 44 % de los votos legislativos, está subrepresentada, y eso es una debilidad de la presidenta y su equipo de gobierno. Los gringos conocen el proceso de captura de las instituciones republicanas y su efecto en la representación política, como también saben que fortalecer a esta mayoría significa conceder, y en la lógica imperial, si se quiere, Trump sabe que no debe ceder un centímetro porque está destinado al fortalecimiento de los “enemigos”.

Claudia Sheinbaum ha sido imprudente en el manejo de la situación de Venezuela, pues si bien pasó de caracterizar a Maduro como un “progresista” equiparándolo con Lula y Boric, incluso con Petro, lo rechaza por no poder demostrar su triunfo con las actas de cómputo, y ha terminado hablando de la “autodeterminación de los pueblos”, como si la Constitución no hablara de salvaguardar principios de convivencia democrática.

En definitiva, un poder que hacia adentro es absoluto, hacia afuera cruje, porque la legitimidad está en entredicho en la narrativa dominante estadounidense. No solo es rollo, sino parte de una combinación de animadversión y realidades que el equipo de Trump conoce. Y no les temblará el pulso para utilizarla en su beneficio.

Ecuador va a las urnas en medio de una crisis múltiple

César Ulloa
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Ecuador va a las urnas en medio de una crisis múltiple

Después de 18 meses, los ecuatorianos volverán a las urnas el 9 de febrero para elegir un binomio presidencial, 151 asambleístas y cinco parlamentarios andinos para un periodo de cuatro años. En mayo terminará el gobierno transitorio del presidente, Daniel Noboa, quien fue electo en un proceso sui generis provocado por la disolución de la Asamblea o muerte cruzada por parte de su antecesor, así como el llamado a elecciones anticipadas. El primer mandatario se ha convertido en candidato a presidente y disputa esta contienda contra 15 contrincantes. 

Las propuestas de los aspirantes a la presidencia se enfocan en dos temas: combate a la inseguridad y la generación de empleo. Estos problemas guardan los mismos lugares de preocupación en los últimos tres años. En este periodo, la realidad no ha cambiado y tiende más bien a un proceso de agudización. Los últimos tres gobiernos han aplicado fórmulas similares contra la inseguridad: estados de excepción, más presencia de las Fuerzas Armadas en las calles y en las cárceles, fortalecimiento de la Policía Nacional con más efectivos, armas y tecnología. Nada se ha avanzado en procesos de extradición y golpes certeros a las finanzas de los grupos delictivos, además de los insuficientes resultados en el control de los puertos y las fronteras por donde circula la droga.

Un elemento diferenciador del actual gobierno en el combate al crimen organizado es la expedición del Decreto 111, en el cual se declara la guerra interna a las bandas delincuenciales. Pese a la radicalización de las medidas, Ecuador cerró el 2024 como uno de los países más violentos de la región, debido al registro de 40 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. Sin embargo, esta problemática no se reduce a este tipo de delito, pues hay una proliferación de secuestros, extorsión o vacunas a cambio de una falsa seguridad, tráfico de armas y droga, y minería ilegal.

En el último trimestre han incrementado los operativos conjuntos entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en los lugares considerados de alta peligrosidad como la Zona 8, en la costa ecuatoriana, que comprende los cantones de Guayaquil, Durán y Samborondón. Las fuerzas del orden han capturado objetivos considerados de alto valor, pero los resultados se diluyen rápidamente debido a que el sistema de administración de justicia pone en libertad a delincuentes con un extenso historial. Hay un divorcio entre las políticas de seguridad y la actuación de los operadores de justicia. 

Otro de los factores determinantes y retos para el siguiente gobierno es la lucha contra las violencias en materia de prevención, contención y erradicación. Pese a los esfuerzos de distintos sectores, organizaciones e instituciones que promueven, defienden y trabajan por la progresividad de los derechos de las poblaciones vulnerables, desde el 2014 hasta el 2023 se han producido 1.698 femicidios, según la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (ALDEA). Por otra parte, entre el 2023 y el 2024 la primera y segunda causas de muerte en los jóvenes son las muertes violentas y el suicidio, y la violencia intrafamiliar está entre los dos principales delitos denunciados a la Fiscalía. Es decir, el problema no solo está en la inseguridad, sino en las manifestaciones que desconfiguran de manera sistemática el tejido social.    

El contexto de la inseguridad es de alta complejidad y está vinculado con la situación socioeconómica de la población. Conecta con la segunda promesa de campaña: el desempleo. Apenas tres de cada diez personas cuentan con empleo digno, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). La situación de los jóvenes va en la misma línea: siete de cada diez no tienen empleo y de los 200.000 bachilleres que egresan de los colegios en los últimos tres años, apenas la mitad puede continuar con sus estudios en alguna institución de educación superior. La migración es un detonante, pues las cifras que se registraron en el 2024 son iguales a las del 2000, año de la mayor crisis bancaria y financiera. 

Los 16 candidatos disputan los votos en las redes sociales y en los recorridos por las calles. Si bien todos coinciden en los problemas, no pasa lo mismo con las soluciones. En materia de seguridad hay un común denominador, que es el fortalecimiento de los aparatos de inteligencia para erradicar a las bandas criminales, la persecución del lavado de dinero y el endurecimiento de las penas contra ciertos delitos y también contra los operadores de justicia que están en contubernio con el crimen organizado. Además, se reitera la necesidad de buscar alianzas con otros países y la cooperación internacional. Las propuestas carecen de un análisis del financiamiento para combatir el crimen, lo que les hace endebles y hasta cierto punto demagógicas.

En cuanto al empleo, hay una posición mayoritaria de los candidatos para revisar el Código de Trabajo, en el sentido de abrir la contratación a diferentes modalidades, sobre todo para los jóvenes, beneficiar con incentivos al sector privado que genere nuevas plazas de trabajo desde lo tributario, y atraer la inversión extranjera directa y la reinversión nacional. Este conjunto de propuestas, sin embargo, no resuelve la inseguridad jurídica, las decisiones respecto del régimen laboral en la nueva Asamblea, la relación futura entre empresa y gobierno. La tarea es titánica para el ganador de las elecciones, porque Ecuador no logró crecer ni el 1 % del PIB en el 2024. 

Hay una crisis múltiple que demandará un acuerdo amplio y de largo plazo entre política, sociedad y empresa para los siguientes cuatro años, sobre todo para combatir la inseguridad y generar empleo. Quien gane las elecciones tendrá que demostrar si sus propuestas de campaña le alcanzan en la gestión gubernamental, la estabilidad económica y política.

Biodiversidad y salud: una alianza necesaria para proteger nuestro futuro

Liz Willetts
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Biodiversidad y salud: una alianza necesaria para proteger nuestro futuro

La naturaleza es fundamental para la salud de las personas y las comunidades. Pero cuando se menciona la palabra biodiversidad a los responsables de las políticas, no se les ocurren interconexiones prácticas en materia de salud. De hecho, nuestros sistemas de gestión de los ecosistemas y los de gestión de la salud pública están tan separados que empezar a integrarlos puede resultar desconcertante, por no decir abrumador.

La biodiversidad —o las capas de especies de flora y fauna, las relaciones entre las especies y los ecosistemas mismos— debe pensarse en términos amplios. La diversidad de estos seres, sus interacciones y sus hábitats es lo que hace que la naturaleza sea tan valiosa para nuestra salud y bienestar. Se necesita una composición de diferentes funciones que desempeñan las plantas, los animales, los hongos y otras especies para garantizar un medio ambiente y unos ecosistemas saludables. Si queremos que nuestras políticas cambien para captar el valor de la biodiversidad en su totalidad, los departamentos de ecosistemas y de salud pública deben unir fuerzas.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informa que entre el 13 % y el 19 % de la carga de enfermedad de la región se debe a factores ambientales. Como en otras regiones, se sabe que esta cifra es una subestimación. Por ejemplo, algunas enfermedades que se presentan en la edad adulta y en etapas más avanzadas de la vida pueden ser resultado de exposiciones en la infancia o de exposiciones acumuladas a lo largo de muchos años, y son difíciles o imposibles de atribuir. Los factores ambientales que influyen negativamente en las vías de señalización complejas de ciertos órganos, como el sistema renal, el sistema reproductivo o la cognición en el cerebro, son aún más difíciles de medir. Es posible que la ciencia aún no tenga las herramientas para hacerlo. Incluso los países más equipados carecen de la capacidad de rastrear ciertas exposiciones a la degradación ambiental, y si pudieran hacerlo, tal vez faltarían laboratorios y pruebas para evaluar esas enfermedades asociadas.

Nuestros sistemas alimentarios nos muestran lo importante que es unir fuerzas y comenzar a pensar en términos amplios sobre la biodiversidad y la salud.

Los tamales son un alimento ancestral que se sigue disfrutando en toda América hoy en día, pero las formas de alimentación están cambiando. En Guatemala, la preparación de un tamal consiste en mezclar masa de maíz con hierbas, frijoles u otros ingredientes, envolver la mezcla cuidadosamente en hojas de plátano o de maíz y luego hervirlo. Esta práctica se transmite a través de las mujeres de la familia y depende del acceso a ingredientes y plantas locales y también del conocimiento ecológico y alimentario tradicional. Sin embargo, cada vez es más común prepararlos con materiales plásticos.

Tradicionalmente se usan las venas de una hoja o cáscara para atar el paquete y evitar que se deshaga durante la cocción en la olla hirviendo, así como para mantenerlo cerrado antes de abrirlo para comerlo. Sin embargo, en la actualidad, los hilos de plástico están empezando a reemplazar esta función. Además, también se usan bolsas de plástico como sustituto de las hojas de plátano para cubrir los tamales cuando se colocan en capas dentro de la olla para cocinarlos. La razón esgrimida es que las hojas y cáscaras tradicionales pueden haberse vuelto ligeramente más caras y más difíciles de conseguir en el mercado. Sin embargo, surge una pregunta: ¿cuál es el costo real de la exposición a los químicos que el plástico libera en los alimentos durante la cocción? Además, ¿qué impacto tendrá que el agua sobrante de la olla, contaminada con estas sustancias, se tire al suelo, donde podría generar una mayor exposición no solo para las personas, sino también para los insectos, las aves, las mascotas y otros seres vivos?

Este problema es multidimensional. ¿Qué es lo que modifica la disponibilidad local de hojas de plátano y cáscaras de maíz? ¿Qué provoca cambios en las prácticas alimentarias tradicionales y sustituye el conocimiento de utilizar materiales naturales por los sintéticos? ¿Hay regulaciones locales o nacionales para el uso y la eliminación del plástico, incluidas las prácticas de calentarlo o quemarlo? ¿Existe una comprensión compartida entre los gestores de ecosistemas y los funcionarios de salud pública acerca de que el plástico libera sustancias químicas nocivas y persistentes, conocidas como “eternas”, que afectan negativamente a la salud humana y de otras especies? ¿Alguien está llevando a cabo programas educativos dirigidos a las mujeres sobre los riesgos asociados al uso de plásticos en la preparación de alimentos? Además, ¿los ecologistas y los expertos en biodiversidad están monitoreando cómo esta contaminación está alterando el microbioma, los hábitats o las especies locales?

Los problemas multidimensionales representan una oportunidad para que los gobiernos colaboren en cuestiones interrelacionadas. Enfrentar los desafíos ambientales y de salud mediante la integración de los dos campos de especialización, así como de los ministerios correspondientes, permite compartir soluciones de manera más efectiva. Este enfoque fomenta una perspectiva integral sobre el medio ambiente y la biodiversidad, al mismo tiempo que se trabaja de manera eficiente para mejorar la salud.

La biodiversidad es un activo económico, social y ambiental de gran importancia para todos los países, que abarca interacciones complejas desde la escala genética hasta la planetaria. Merece un sitio destacado para los pensadores de sistemas que analicen las interrelaciones entre la salud en el gobierno nacional. En muchos países, así como en gobiernos subnacionales y locales, el departamento encargado de la degradación ambiental es distinto del que se ocupa de los impactos en la salud. Esto tiene que cambiar.

Algunos países de las Américas están empezando a trazar un camino en cuestiones interrelacionadas. Por ejemplo, Antigua y Barbuda cuenta con un “Ministerio de Salud, Bienestar y Medio Ambiente” dedicado a garantizar el acceso universal a la atención sanitaria y a salvaguardar el medio ambiente, “asegurando que los servicios de protección ambiental se ofrezcan de manera eficaz y eficiente, conforme a las normas internacionales, regionales y nacionales”. Otros países están desarrollando herramientas para evaluar algunas amenazas ambientales. Quince países de las Américas (Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago y Estados Unidos) cuentan con fichas de puntuación de salud ambiental recientes (2023-2024) que analizan el aire, el agua, el clima, los productos químicos, la radiación y los riesgos laborales. Se podrían complementar estos esfuerzos con una categoría específica para la biodiversidad.

El sector de la educación también está estudiando cómo promover las intersecciones en materia de biodiversidad y salud. Un reciente mapeo de instituciones de educación superior evaluó la investigación integrada, las alianzas y las redes en todo el mundo sobre 6 interrelaciones entre biodiversidad y salud (servicios ecosistémicos —por ejemplo, polinización, seguridad y disponibilidad de alimentos, nutrición, agua y calidad del aire—, adaptación al cambio climático y reducción del riesgo de desastres, el microbioma humano, medicina tradicional/farmacéutica, bienestar espiritual, cultural y físico, y enfermedades infecciosas emergentes). Los hallazgos muestran que la región de América Latina y el Caribe ocupa el quinto lugar entre 6 regiones con iniciativas de este tipo. Sin embargo, mientras que América del Norte ocupa el primer lugar, se centran principalmente en solo 2 de las 6 interrelaciones revisadas (servicios ecosistémicos y adaptación al cambio climático) y tienen iniciativas limitadas en otras interrelaciones. Como se señaló en la evaluación del mapeo, los temas estrechamente relacionados con la diversidad biocultural y el conocimiento ecológico tradicional, como el bienestar espiritual, cultural y físico, el microbioma humano y las medicinas tradicionales/farmacéuticas, no estuvieron bien representados por la mayoría de las instituciones. Las instituciones de educación superior de América Latina y el Caribe, donde conviven aproximadamente 500 grupos étnicos diferentes, 50 millones de indígenas y casi 450 lenguas, podrían ver esto como una oportunidad para informar sobre una importante brecha.

Para abordar el dilema del tamal y otros desafíos ambientales y de salud en nuestra vida diaria, necesitamos más pensamiento sistémico y más pensadores sistémicos sobre biodiversidad y salud. Los gobiernos y las instituciones educativas y de salud deben normalizar la colaboración entre expertos en ecosistemas y salud pública. Y esta es la razón y el objetivo del Plan de Acción Mundial sobre Diversidad Biológica y Salud, adoptado por 196 países en noviembre de 2024. Iniciar una acción mundial que refleje que “la humanidad es parte de la naturaleza, no está por encima de ella” requerirá mucho trabajo. Pero se podría empezar con una acción tan simple como proteger la integridad de cómo elaboramos los alimentos básicos en casa.

*Un texto producido en conjunto con el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI). Las opiniones expresadas en esta publicación son las de los autores y no necesariamente las de sus organizaciones.

El regreso de Trump y México

Luis Miguel Santibáñez Suárez
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El regreso de Trump y México

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca marca el inicio de una nueva fase de confrontación que sitúa a México y América Latina en el epicentro de un juego geopolítico que favorece el aislamiento y la hostilidad. Sus primeras acciones, lejos de constituir estrategias coherentes de política exterior, parecen diseñadas para satisfacer a su base electoral, sacrificando relaciones estratégicas y socavando la estabilidad regional.

Desde el primer día, Trump ha reactivado políticas migratorias estrictas, incluyendo el despliegue de 4.000 tropas en la frontera sur y la reinstauración del programa Quédate en México. Este programa, que afectó a más de 70.000 migrantes entre 2019 y 2021, obliga a los solicitantes de asilo a esperar en condiciones precarias en México, a menudo bajo la amenaza del crimen organizado. Estas políticas no solo deshumanizan a los migrantes, sino que también generan un costo social y económico significativo para México, que ya enfrenta presiones en sus sistemas de asistencia y seguridad.

Una medida especialmente alarmante es la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, lo que podría facilitar incursiones militares unilaterales de Estados Unidos en territorio mexicano, violando así la soberanía del país, aunque el propio secretario de Estado Marco Rubio ha puesto en duda esa posibilidad, de acuerdo con los alcances legales de la medida ejecutiva. Aunque los cárteles generan ingresos aproximados de 60.000 millones de dólares al año, según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, enfrentarlos requiere cooperación bilateral y no medidas unilaterales que solo tensan las relaciones entre las dos naciones. 

En el ámbito económico, Trump amenaza con renegociar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) e imponer aranceles del 25 % a productos mexicanos y canadienses. En 2024 México exportó bienes por más de 460.000 millones de dólares a Estados Unidos, lo que representa el 80 % de sus exportaciones totales. Sectores clave como el automotriz y el agroalimentario dependen en gran medida del mercado estadounidense, y estas barreras comerciales no solo perjudicarían a México, sino también a los consumidores y empresas de Estados Unidos, al incrementar costos y reducir la competitividad en un entorno global cada vez más desafiante.

El desdén de Trump hacia América Latina no se limita a lo económico. Sus declaraciones, como “Estados Unidos no necesita a Latinoamérica”, revelan una perspectiva imperialista que ignora las interdependencias globales. América Latina representa el 20 % de las importaciones totales de Estados Unidos y es un mercado clave para maquinaria y tecnología estadounidenses. Reducir la región a un problema menor perpetúa una narrativa de desigualdad histórica y obstaculiza la cooperación en asuntos críticos como el cambio climático, la seguridad energética y la gestión de crisis migratorias.

La postura de Trump respecto al Tratado de París también es motivo de preocupación. Durante su primer mandato retiró a Estados Unidos del acuerdo sobre clima, y dejó claro que lo haría nuevamente si llegara a un segundo mandato. Esto tendría graves repercusiones para los esfuerzos globales contra el cambio climático, especialmente en América Latina, una de las regiones más vulnerables al calentamiento global. Países como México enfrentan sequías extremas, mientras que Brasil sufre una acelerada deforestación de la Amazonía. Sin el apoyo financiero y tecnológico de Estados Unidos, la región tendría menos capacidad para mitigar desastres naturales y adaptarse a los efectos climáticos.

En el ámbito social, Trump ha reavivado su retórica contra los derechos de género y la diversidad sexual. Durante su mandato anterior implementó restricciones a tratamientos médicos para personas transgénero, eliminó protecciones laborales para la comunidad LGBTQ+ y limitó la educación inclusiva sobre género. Aunque estas medidas afectan directamente a Estados Unidos, su influencia polarizadora resuena en América Latina, donde los movimientos progresistas en defensa de los derechos humanos han ganado terreno. La exclusión promovida por Trump frena estos avances y alimenta discursos conservadores que dificultan la integración social en la región.

El impacto de Trump en América Latina no solo representa un desafío para la región, sino que también implica un retroceso para Estados Unidos en su posición global. En un mundo cada vez más multipolar, donde potencias como China y la Unión Europea buscan expandir su influencia, aislarse de sus vecinos más cercanos resulta ser una estrategia contraproducente. En 2023 China superó a Estados Unidos como el principal socio comercial de países como Brasil y Chile, lo que evidencia que América Latina ya está explorando alternativas económicas. El aislacionismo estadounidense no solo genera tensiones diplomáticas, sino que también limita las oportunidades de colaboración en temas cruciales que afectan tanto a la región como al mundo.

Frente a estas medidas, América Latina se enfrenta al desafío de responder con unidad y estrategia. México, como vecino inmediato de Estados Unidos y principal receptor de sus políticas migratorias y económicas, tiene la responsabilidad de liderar una respuesta regional que defienda la soberanía y promueva la cooperación internacional. Es momento de fortalecer alianzas internas y diversificar socios comerciales y políticos para reducir la dependencia de Estados Unidos. Esto no solo será esencial para contrarrestar las políticas de Trump, sino también para construir una posición más autónoma en el escenario global.

El regreso de Trump a la presidencia debe ser una llamada de atención para América Latina. La región no puede permitirse ser el chivo expiatorio de una administración que busca consolidar su poder a través del aislamiento y la confrontación. En su lugar, debe actuar como un bloque unido, capaz de enfrentar desafíos y demostrar su capacidad para dialogar, negociar y construir un futuro que beneficie a todos sus habitantes. América Latina tiene el potencial para ser un actor clave en el siglo XXI, y este es el momento de demostrarlo. Las políticas de división impulsadas por Trump pueden intentar levantar muros, pero no podrán detener a una región que busca avanzar con dignidad y propósito.

Cerebros podridos como Meta

Arthur Coelho Bezerra
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Cerebros podridos como Meta

Brain rot fue la “palabra del año” para 2024, según la tradicional elección anual de Oxford University Press, la editorial universitaria más grande del mundo. Traducida como “podredumbre cerebral”, la brain rot se refiere al deterioro del estado mental o intelectual de una persona, visto especialmente como resultado del consumo excesivo de material considerado banal o poco desafiante. El aumento del 230% en la frecuencia de uso del término entre 2023 y 2024, según Oxford, refleja las preocupaciones de la sociedad sobre los posibles impactos del uso prolongado de la tecnología digital para consumir contenidos irrelevantes, acríticos y de baja calidad. Más concretamente, esta preocupación afecta a los padres y tutores de niños y adolescentes que acceden a las redes sociales digitales a edades cada vez más tempranas y de forma cada vez más adictiva.

Un síntoma de ese sufrimiento parental es el fenómeno de ventas, en Brasil y en el exterior, del libro “La generación ansiosa: cómo la infancia hiperconectada está causando una epidemia de trastornos mentales”, de Jonathan Haidt. La psicóloga social forma parte de un grupo de investigadores que han destacado la estrecha relación entre la explotación comercial de las plataformas de comunicación digital y el aumento de las tasas de depresión, ansiedad y otros trastornos mentales durante los últimos 15 años, precisamente el período en el que se ha producido un desarrollo acelerado de la inteligencia artificial, las redes sociales y el aprendizaje automático. Estas técnicas avanzadas que generan la producción y circulación de información en formato digital han sido utilizadas por los principales conglomerados tecnológicos para estimular la producción intermitente de datos personales por parte de los usuarios de sus servicios.

Como ya es sabido, en prácticamente todos los modelos de negocio estructurados en torno a plataformas digitales, los datos producidos por los internautas representan hoy un input indispensable, ya sean datos de geolocalización (fundamentales para plataformas de transporte como Uber o de reparto como iFood), gustos y preferencias (como las que utilizan Amazon, YouTube y Netflix para sugerir productos y recomendar contenidos audiovisuales), o todo ello junto y mezclado con datos de likes, comentarios y shares, como es habitual en redes sociales como Facebook, X, Instagram y Tik Tok. Cuanto más tiempo pase un usuario interactuando en una plataforma, más datos personales producirá.

En un esfuerzo por captar la atención, los contenidos presentados en redes sociales y páginas de noticias apelan muchas veces a la reacción emocional, no mediada por la racionalidad, que comunica con el inconsciente y lo no domesticado, para captar la mirada, dilatar las pupilas y movilizar pulgares e índices, aunque sea por un momento fugaz. 

La arquitectura de las plataformas también está diseñada con este objetivo, como se puede comprobar en el scroll infinito de las redes sociales, un tipo de gamificación inspirada en las máquinas tragamonedas de casinos y bares, que estimula los dedos nerviosos en la adictiva búsqueda de monedas informativas.

La desventaja de la economía de la atención, como lo expresó el economista Herbert Alexander Simon, es que la riqueza de información resulta en pobreza de atención. Esta es la condición actual de hiperinformación que provoca falta de atención, incapacidad de concentración, compulsión y ansiedad en los individuos. A medida que las personas reciben recordatorios, notificaciones y empujoncitos constantes mediante dispositivos electrónicos que entregan información en masa y a menudo cortada en pequeños espasmos de texto, video o meme, se vuelve cada vez más difícil mantenerse concentrado en actividades que requieren concentración, como leer un libro o incluso ver una película o un programa musical. 

Siendo la cultura una dimensión que presupone la posibilidad de una atención profunda y contemplativa por parte de los seres humanos, el filósofo Byung-Chul Han sostiene que el exceso de estímulos, informaciones e impulsos provenientes de las tecnologías de la inf

ormación, combinado con la exigencia de rendimiento (tanto en el trabajo como en la vida personal que se comparte en las redes sociales), tiende a desplazar la atención profunda hacia una forma de “hiperatención”, es decir, una atención dispersa que cambia rápidamente el foco entre diferentes actividades y fuentes de información.

Además de afectar la salud mental y la capacidad de concentración de las personas, la circulación libre y no regulada de desinformación y negacionismo científico y ambiental en las redes digitales alimenta el extremismo fascista, alimenta los movimientos antivacunas y crea un entorno de contaminación informativa que perjudica la lucha contra el calentamiento global, aliment el discurso de odio contra grupos vulnerables. El uso político de lo que Marco Schneider llama desinformación digital en red, con la persecución a gran escala de noticias falsas con el objetivo de manipular la opinión pública e interferir en las contiendas electorales, se pudo ver en las acciones de la empresa Cambridge Analytica durante las campañas de Trump en Estados Unidos, y el Brexit, en el Reino Unido, ambos en 2016.

Revelado en 2018 por el ex empleado Christopher Wylie, el escándalo de Cambridge Analytica implicó la extracción de datos personales de más de 80 millones de usuarios de Facebook, lo que obligó al propietario de la plataforma, Mark Zuckerberg, a comparecer en un interrogatorio de cinco horas ante el Senado estadounidense. El caso fue tan grave que el interrogatorio del multimillonario fue transmitido en vivo por televisión, y se le pidió a Zuckerberg un mayor esfuerzo e inversión en combatir la desinformación y moderar el discurso de odio en el ecosistema digital –su empresa, Meta, ahora controla cuatro grandes plataformas de comunicación. Facebook, Instagram, Whatsapp y Threads), y solo Facebook tiene más de 3 mil millones de accesos diarios.

Durante la administración Trump, cuya cuenta de Facebook fue bloqueada por Zuckerberg a raíz de la invasión del Capitolio, el magnate de las redes sociales se jactó de trabajar con más de 100 organizaciones en 60 idiomas para combatir la desinformación en sus plataformas. Ahora, con Trump de regreso en el poder, el dueño de Meta sale públicamente -exactamente cuatro años después de prohibir al extremista republicano de la red azul- diciendo que «trabajará con el presidente Trump para combatir a los gobiernos de todo el mundo que están atacando a las empresas estadounidenses y presionándolos para que haya más censura”, y declara que se deshará de los verificadores de hechos y relajará los filtros que moderan el contenido en Facebook, Instagram y Threads, para “garantizar que las personas puedan expresar sus creencias y experiencias”.

Para Zuckerberg y los accionistas de Meta, la medida significa no solo un ahorro inmediato de miles de millones de dólares que ya no se gastarán en moderación de contenidos, sino también un potencial aumento de las ganancias a través de la intensificación de los enfrentamientos políticos que generan “engagement” en las redes sociales. El efecto previsible de esta medida es una mayor permeabilidad de la red a la circulación de desinformación y discursos de odio, especialmente dirigidos a la comunidad LGBTQIAPN+, como se evidencia en la autorización a los usuarios, en función de sus creencias políticas o religiosas, de compartir denuncias de enfermedad mental o anormalidad cuando se basa en el género o la orientación sexual. 

Y para los miles de millones de individuos que utilizan las redes sociales de Zuckerberg, la consecuencia esperada es un aumento de la podredumbre cerebral de la que habla este texto, acompañada de trastornos obsesivo-compulsivos, agitación, depresión, irritabilidad, insensibilidad empática y todo tipo de trastornos psicosomáticos. Queda por ver si la gente y los gobiernos de todo el mundo están de acuerdo con esa meta.

¿Cómo el fracaso del liberalismo puede abrir las puertas a una nueva era?

Bernardo Gortaire Morejón
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¿Cómo el fracaso del liberalismo puede abrir las puertas a una nueva era?

El liberalismo ha traído algunas de las ideas más valiosas para la humanidad. La idea de que los individuos pueden ser no solo partícipes, sino protagonistas, de su propio éxito y tener la total garantía a la dignidad y a la búsqueda de la libertad ha sido la cuna de varios de los derechos consagrados a nivel internacional, así como faro para la consolidación de un sistema más o menos viable durante las últimas décadas.

No obstante, sería una necedad total ignorar las falencias dentro de la misma corriente. Por un lado, tras el fin de los absolutismos monárquicos, el liberalismo perdió un norte y no ha logrado encontrar un nuevo frente común. Para algunos, el rol antagónico de los reyes fue asumido por el Estado y sus gobernantes; el freno a la libertad provenía de aquellos que ocupan los cargos administrativos que se benefician del trabajo y la riqueza generada por los ciudadanos. Así se consolidan nuevas corrientes como el neoliberalismo y el libertarianismo.

El neoliberalismo es el hijo que nadie quiere reconocer como propio. Varios segmentos del liberalismo incluso se niegan a reconocer su existencia, y lo atañen a una invención de la izquierda. Sin embargo, en la realidad de los hechos, el neoliberalismo existe como una faceta del liberalismo que busca sacar provecho de las reglas de juego del Estado para satisfacer las ambiciones de unos pocos individuos que aglutinan poder y se camuflan detrás de sus empresas. En consecuencia, usan el Estado para blindarse a sí mismos en detrimento de la población general.

Por si esto no fuera poco, algunos, que se hacen llamar libertarios, se han extralimitado al punto de rechazar al Estado en su totalidad. Repudian la idea de que exista un ente que busque posicionar a los ciudadanos en una mejor condición, y desechan las ideas de hermandad e igualdad. Este segmento abraza su egoísmo y apela a reducir los costos de la administración pública a lo mínimo, lo que llevaría a la sociedad casi a un estado primigenio, donde cada individuo vele por sí mismo. El mayor problema detrás de esta idea es que no hacen ningún esfuerzo para que el punto de partida sea justo. Es decir, ignoran las asimetrías de poder del sistema vigente.

Estas versiones perversas del liberalismo son parte de un sistema en crisis que ha permitido a variantes conservadoras, cada vez más reaccionarias, hacerse con el poder del sistema. Donald Trump es la cúspide global de esta caída sistémica. Dispuesto a destruir el modelo (neo)liberal que el propio partido que lo llevó al poder impuso. Enemigo abierto del sistema de Naciones Unidas, apenas contenido por voces cercanas que saben que este ha sido uno de los canales más importantes para la satisfacción de la agenda de los propios Estados Unidos, como miembro fundador y mayor financista. Trump se presta para volver a una etapa de nacionalismo proteccionista.

Trump lidera e inspira liderazgos excéntricos, algunos más exitosos que otros. Orbán, Meloni, Bukele y Milei son algunos de los líderes que tratan de conectarse todo lo posible con el presidente de Estados Unidos. Sin embargo, no se trata del típico interés de alineamiento con el líder del país más poderoso del mundo, sino parte de un gran espectáculo de marionetas, donde la popularidad y las muestras de poder son más relevantes que la ética, e incluso que el bienestar nacional.

Aquí se abre la puerta a las nuevas oportunidades. La pantomima en la que se ha transformado la política demanda la reflexión. Si es que aún es posible la distopía, es el momento de que todos los frentes se articulen para recuperar la dignidad, la ética y el interés real por hacer de la política un espacio de soluciones. Es tiempo de reaccionar y entender que los conceptos de izquierda y derecha han quedado obsoletos. A Trump y sus aliados no le importan, en su pragmatismo (tal vez una de sus pocas cualidades admirables) apuntan al cumplimento de objetivos, recurriendo a herramientas de todos los espectros, sin la rigidez cuasireligiosa con la que se tiende a gestionar la ideología política.

Trump clama por poder, lejos de las reglas de los estadistas y más cerca de los príncipes de la era feudal. Al alcance de sus manos está la fuerza militar más poderosa de la historia. La humanidad debe recuperar las instituciones que han servido como equilibrio para los desfases y abusos de poder. Si no lo consigue se abre la puerta hacia la tiranía global.

La política aislacionista de Trump: ¿riesgo u oportunidad para China en la región?

Juan Gabriel Jaramillo Giraldo
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La política aislacionista de Trump: ¿riesgo u oportunidad para China en la región?

Escepticismo en unos y esperanza en otros, así se ha caracterizado la llegada al poder del mandatario norteamericano a Washington en su versión 2.0. El discurso electoral sustentado en el movimiento “Make America Great Again” despertó todo tipo de sensaciones, no solo entre sus adeptos y opositores a nivel interno, sino entre los diferentes miembros que integran la comunidad internacional. El temor que genera la deportación masiva de inmigrantes ilegales desde su territorio, el distanciamiento diplomático con los aliados regionales y el endurecimiento de la política comercial en beneficio de occidente, son algunas de las promesas de campaña que han hecho temblar los cimientos del mutuo entendimiento con sus vecinos.

Dadas las recientes declaraciones del presidente electo, este proyecta impulsar un paquete de 100 medidas desde el inicio de su gestión, destacando la política de fronteras con México, la cuestión del orden constitucional en Venezuela y la renegociación de tratados comerciales vigentes, un discurso que no ha sido bien recibido entre los gobernantes latinoamericanos y caribeños que empiezan a barajar nuevas posibilidades en el relacionamiento internacional.

Es así que, mientras la retórica trumpista denota señales de aislacionismo, desde Beijing se analiza la probabilidad de ejercer una mayor presencia en el continente americano, mediante el incremento de los flujos comerciales y de inversión y el respeto por los asuntos internos de los Estados.

Relaciones comerciales entre América Latina y China

Desde el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio en el 2001, el gigante asiático ha tenido un ascenso sin precedentes en las cadenas globales de valor. Durante las últimas dos décadas, la participación activa en las ventas externas le llevaron a convertirse en el mayor exportador mundial, alcanzando la suma de $3.511 billones en 2023 según estimaciones. En lo que respecta a las importaciones, estas ascendieron a $3.125 billones, destacando un superávit de $386 billones. De esta cifra, América Latina y el Caribe contribuyó con $0.244 billones de los flujos hacia China y $0.245 billones desde este territorio. 

Entre los proveedores de la nación oriental, Brasil, Chile y Perú, han fortalecido los intercambios bilaterales durante los últimos años. La soja, el petróleo, el cobre y el zinc son algunos de los productos que componen la canasta de exportables y que permitieron consolidar a Beijing como su principal socio comercial. Sin embargo, Argentina, México, Colombia y algunos Estados insulares como República Dominicana, Cuba y Haití, también han dinamizado los lazos mercantiles con este país, aprovechando el potencial que representa acceder a un mercado que supera los 1.400 millones de habitantes.

A nivel de inversiones, la Iniciativa de La Franja y La Ruta (The Belt and Road Initiative), lanzada por el presidente Xi Jinping en 2013, constituye una estrategia ambiciosa para fortalecer la presencia china en el exterior, y América Latina y el Caribe no es la excepción. La iniciativa incluye el desarrollo de obras de infraestructura marítima, aérea, terrestre y ferroviaria, ubicadas en puntos estratégicos de los cinco continentes para facilitar la distribución física internacional de las mercancías, sumado a la conectividad digital y la transferencia de información.

En un periodo caracterizado por la moderación del crecimiento económico y los destellos proteccionistas a nivel global, convertirse en receptores de capital extranjero para la ejecución de proyectos de gran envergadura es una apuesta que despierta el interés de los mandatarios locales y afianza la búsqueda de liderazgo de China en la región.

Washington y Beijing frente a Latinoamérica

En materia de política exterior, América Latina y el Caribe fue una asignatura pendiente para la primera administración Trump más allá del discurso. A pesar de tener en cuenta la situación interna de Venezuela, la renegociación del Tratado de Libre Comercio con México (TLCAN), la migración y el tráfico de drogas en su agenda, se notó la ausencia de un diálogo constructivo y una mayor presencia para abordar los problemas comunes que afectan a la región. Por ejemplo, las sanciones económicas y las tácticas de presión sobre los regímenes cubano, venezolano y nicaragüense, influyeron en el distanciamiento de algunos gobiernos latinoamericanos con Washington y polarizaron la discusión política entre sus mandatarios.

El retorno del presidente estadounidense a la Casa Blanca plantea una serie de retos que, dadas las recientes promesas de campaña, tienden a mantener la línea dura respecto al tratamiento otorgado a sus vecinos. Asimismo, los ideales contenidos en el movimiento “Make America Great Again” se encaminan a reducir la cooperación con sus aliados de antaño, a la búsqueda de ganancias en el corto plazo y a priorizar las discusiones internas en detrimento de lo internacional. De esta manera, se podría dar continuidad a una política aislacionista presente en el primer cuatrienio, donde se reflejó un mínimo interés por los asuntos de América Latina en comparación con otras latitudes.

En línea con lo anterior, un menor liderazgo de EE.UU. en la región podría ser aprovechado por Beijing, quien busca fortalecer los vínculos diplomáticos con nuevos socios del continente americano para consolidar su posición geopolítica contenida en la Iniciativa de La Franja y La Ruta. Los Tratados de Libre Comercio firmados con Chile, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua y Perú, sumado a las alianzas estratégicas en materia comercial y de inversiones con un número significativo de Estados son una muestra de ello.  

Recesión del Estado de derecho en América Latina, ¿una tendencia irreversible?

Natalia Rodríguez   |   Ana María Montoya
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Recesión del Estado de derecho en América Latina, ¿una tendencia irreversible?

El Estado de derecho ha declinado globalmente por séptimo año consecutivo, de acuerdo con el Índice Global de Estado de Derecho 2024 del World Justice Project (WJP). Este año, la adherencia al Estado de derecho se deterioró en la mayoría de los países incluidos en el Índice. Las caídas más pronunciadas a nivel mundial se observaron en varios países latinoamericanos.

A partir de una definición comprehensiva del Estado de derecho basada en cuatro principios derivados de estándares internacionales, el WJP analiza el Estado de derecho en ocho factores. Son: límites al poder gubernamental, ausencia de la corrupción, un gobierno abierto, el respeto de los derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. En conjunto, estos factores contribuyen a un sistema efectivo de Estado de derecho que va más allá del sistema judicial. El Índice otorga una puntuación para cada factor. En conjunto, componen el puntaje general de adherencia al Estado de derecho en cada país.

Los puntajes del Índice para 2024 se construyen con más de 550 preguntas, que son el resultado de encuestas administradas en más de 214,000 hogares y a 3,500 expertos legales. El Índice del Estado de derecho resume las percepciones y experiencias del día a día de los ciudadanos y profesionales del derecho en 142 países y jurisdicciones, que abarcan el 95% de la población mundial

Debilitación general

En 2024, el Estado de derecho se debilitó en el 57% de los países medidos en el Índice, en comparación con 2023. La recesión del Estado de derecho en el mundo se explica principalmente por la continuación de las tendencias autoritarias. Estas se reflejan en la falta de límites al poder gubernamental (factor 1) y protección de los derechos humanos (factor 4). También, por el deterioro del acceso a la justicia civil (factor 7). De los 81 (o 57%) países y jurisdicciones que presentaron caídas en el Índice este año, el 78% de estos mostraron deterioros en estos tres indicadores.

Los resultados para América Latina y el Caribe son mixtos. En la edición 2024 del Índice, 20 de los 32 países de la región presentaron caídas en sus puntajes de Estado de derecho. El primer lugar a nivel regional lo ocupa Uruguay, con la posición 24 a nivel mundial. Es seguido por Costa Rica en el puesto 29, y Barbados, en la posición 35. Los países que reportaron un mayor aumento en su puntaje este año son Brasil, Guatemala y República Dominicana. Este es el primer año en el que Brasil mejora su tendencia de Estado de derecho en seis años. Por su parte, República Dominicana es el único país en la región con mejoras constantes en su puntaje de Estado de derecho desde 2020.

Venezuela ocupa la última posición en el Índice de Estado de derecho de 2024. Los países de la región con puntajes más bajos son Nicaragua (137 a nivel mundial) y Haití (139). Los deterioros más pronunciados en el Índice en 2024 en la región se vieron en Haití, Nicaragua y El Salvador. Estos países ya presentaban una recesión en su Estado de derecho debido a la profundización de tendencias autoritarias de sus líderes en los últimos años. Además de los continuos deterioros de los sistemas de justicia. En el caso de Haití específicamente, el aumento de la inseguridad, el crimen y el conflicto armado.

Indicadores positivos

El declive del Estado de derecho en el mundo no se limita a este año. Desde 2016, el Estado de derecho ha caído en el 77% de los países evaluados. Esto ha sido impulsado principalmente por tres factores. Son: las tendencias autoritarias, la erosión de los derechos fundamentales y la incapacidad de los sistemas de justicia para cumplir las necesidades de las personas. En América Latina y el Caribe, cuatro de cada cinco países sufrieron un deterioro en el Estado de derecho. Mientras, solo cinco países (17%) han mejorado sus puntajes desde 2016.

No todos los resultados del Índice de Estado de derecho de 2024 son negativos. En los últimos tres años, la proporción de países con declives en su puntaje de Estado de derecho ha disminuido de manera consecutiva. Por su parte, el factor que mide la ausencia de corrupción presentó una mejora sustancial en 2024. El 59% de los países del mundo exhibió aumentos en este indicador.

Los resultados de este año también muestran una relación positiva entre un Estado de derecho fuerte y la transición pacífica del poder. De los países que tuvieron elecciones entre junio de 2023 y mayo de 2024, el desempeño en los puntajes de Estado de derecho, límites al poder gubernamental (factor 1) y transición del poder (subfactor 1.6) es más bajo para aquellas naciones en las que el partido de gobierno ganó. Además, aquellos países que votaron por un cambio, es decir, donde no fue elegido el partido de gobierno, tienen en general un desempeño más alto en materia de Estado de derecho, controles al poder ejecutivo y la transición del poder.

El rol de los contrapesos

La caída del Estado de derecho, el aumento del autoritarismo, las restricciones a los derechos fundamentales y la ineficacia de los sistemas de justicia son tendencias preocupantes que se observan tanto a nivel global como en América Latina y el Caribe. Estos hallazgos sirven como una invitación a reflexionar sobre la ejecución de las leyes, los roles de los poderes legislativo y judicial, la eficiencia de los pesos y contrapesos al Poder Ejecutivo y la protección a los derechos humanos en el mundo y particularmente en América Latina.

*Texto publicado originalmente en Diálogo Político

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