¿Cómo el fracaso del liberalismo puede abrir las puertas a una nueva era?

El liberalismo ha traído algunas de las ideas más valiosas para la humanidad. La idea de que los individuos pueden ser no solo partícipes, sino protagonistas, de su propio éxito y tener la total garantía a la dignidad y a la búsqueda de la libertad ha sido la cuna de varios de los derechos consagrados a nivel internacional, así como faro para la consolidación de un sistema más o menos viable durante las últimas décadas.

No obstante, sería una necedad total ignorar las falencias dentro de la misma corriente. Por un lado, tras el fin de los absolutismos monárquicos, el liberalismo perdió un norte y no ha logrado encontrar un nuevo frente común. Para algunos, el rol antagónico de los reyes fue asumido por el Estado y sus gobernantes; el freno a la libertad provenía de aquellos que ocupan los cargos administrativos que se benefician del trabajo y la riqueza generada por los ciudadanos. Así se consolidan nuevas corrientes como el neoliberalismo y el libertarianismo.

El neoliberalismo es el hijo que nadie quiere reconocer como propio. Varios segmentos del liberalismo incluso se niegan a reconocer su existencia, y lo atañen a una invención de la izquierda. Sin embargo, en la realidad de los hechos, el neoliberalismo existe como una faceta del liberalismo que busca sacar provecho de las reglas de juego del Estado para satisfacer las ambiciones de unos pocos individuos que aglutinan poder y se camuflan detrás de sus empresas. En consecuencia, usan el Estado para blindarse a sí mismos en detrimento de la población general.

Por si esto no fuera poco, algunos, que se hacen llamar libertarios, se han extralimitado al punto de rechazar al Estado en su totalidad. Repudian la idea de que exista un ente que busque posicionar a los ciudadanos en una mejor condición, y desechan las ideas de hermandad e igualdad. Este segmento abraza su egoísmo y apela a reducir los costos de la administración pública a lo mínimo, lo que llevaría a la sociedad casi a un estado primigenio, donde cada individuo vele por sí mismo. El mayor problema detrás de esta idea es que no hacen ningún esfuerzo para que el punto de partida sea justo. Es decir, ignoran las asimetrías de poder del sistema vigente.

Estas versiones perversas del liberalismo son parte de un sistema en crisis que ha permitido a variantes conservadoras, cada vez más reaccionarias, hacerse con el poder del sistema. Donald Trump es la cúspide global de esta caída sistémica. Dispuesto a destruir el modelo (neo)liberal que el propio partido que lo llevó al poder impuso. Enemigo abierto del sistema de Naciones Unidas, apenas contenido por voces cercanas que saben que este ha sido uno de los canales más importantes para la satisfacción de la agenda de los propios Estados Unidos, como miembro fundador y mayor financista. Trump se presta para volver a una etapa de nacionalismo proteccionista.

Trump lidera e inspira liderazgos excéntricos, algunos más exitosos que otros. Orbán, Meloni, Bukele y Milei son algunos de los líderes que tratan de conectarse todo lo posible con el presidente de Estados Unidos. Sin embargo, no se trata del típico interés de alineamiento con el líder del país más poderoso del mundo, sino parte de un gran espectáculo de marionetas, donde la popularidad y las muestras de poder son más relevantes que la ética, e incluso que el bienestar nacional.

Aquí se abre la puerta a las nuevas oportunidades. La pantomima en la que se ha transformado la política demanda la reflexión. Si es que aún es posible la distopía, es el momento de que todos los frentes se articulen para recuperar la dignidad, la ética y el interés real por hacer de la política un espacio de soluciones. Es tiempo de reaccionar y entender que los conceptos de izquierda y derecha han quedado obsoletos. A Trump y sus aliados no le importan, en su pragmatismo (tal vez una de sus pocas cualidades admirables) apuntan al cumplimento de objetivos, recurriendo a herramientas de todos los espectros, sin la rigidez cuasireligiosa con la que se tiende a gestionar la ideología política.

Trump clama por poder, lejos de las reglas de los estadistas y más cerca de los príncipes de la era feudal. Al alcance de sus manos está la fuerza militar más poderosa de la historia. La humanidad debe recuperar las instituciones que han servido como equilibrio para los desfases y abusos de poder. Si no lo consigue se abre la puerta hacia la tiranía global.

La política aislacionista de Trump: ¿riesgo u oportunidad para China en la región?

Escepticismo en unos y esperanza en otros, así se ha caracterizado la llegada al poder del mandatario norteamericano a Washington en su versión 2.0. El discurso electoral sustentado en el movimiento “Make America Great Again” despertó todo tipo de sensaciones, no solo entre sus adeptos y opositores a nivel interno, sino entre los diferentes miembros que integran la comunidad internacional. El temor que genera la deportación masiva de inmigrantes ilegales desde su territorio, el distanciamiento diplomático con los aliados regionales y el endurecimiento de la política comercial en beneficio de occidente, son algunas de las promesas de campaña que han hecho temblar los cimientos del mutuo entendimiento con sus vecinos.

Dadas las recientes declaraciones del presidente electo, este proyecta impulsar un paquete de 100 medidas desde el inicio de su gestión, destacando la política de fronteras con México, la cuestión del orden constitucional en Venezuela y la renegociación de tratados comerciales vigentes, un discurso que no ha sido bien recibido entre los gobernantes latinoamericanos y caribeños que empiezan a barajar nuevas posibilidades en el relacionamiento internacional.

Es así que, mientras la retórica trumpista denota señales de aislacionismo, desde Beijing se analiza la probabilidad de ejercer una mayor presencia en el continente americano, mediante el incremento de los flujos comerciales y de inversión y el respeto por los asuntos internos de los Estados.

Relaciones comerciales entre América Latina y China

Desde el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio en el 2001, el gigante asiático ha tenido un ascenso sin precedentes en las cadenas globales de valor. Durante las últimas dos décadas, la participación activa en las ventas externas le llevaron a convertirse en el mayor exportador mundial, alcanzando la suma de $3.511 billones en 2023 según estimaciones. En lo que respecta a las importaciones, estas ascendieron a $3.125 billones, destacando un superávit de $386 billones. De esta cifra, América Latina y el Caribe contribuyó con $0.244 billones de los flujos hacia China y $0.245 billones desde este territorio. 

Entre los proveedores de la nación oriental, Brasil, Chile y Perú, han fortalecido los intercambios bilaterales durante los últimos años. La soja, el petróleo, el cobre y el zinc son algunos de los productos que componen la canasta de exportables y que permitieron consolidar a Beijing como su principal socio comercial. Sin embargo, Argentina, México, Colombia y algunos Estados insulares como República Dominicana, Cuba y Haití, también han dinamizado los lazos mercantiles con este país, aprovechando el potencial que representa acceder a un mercado que supera los 1.400 millones de habitantes.

A nivel de inversiones, la Iniciativa de La Franja y La Ruta (The Belt and Road Initiative), lanzada por el presidente Xi Jinping en 2013, constituye una estrategia ambiciosa para fortalecer la presencia china en el exterior, y América Latina y el Caribe no es la excepción. La iniciativa incluye el desarrollo de obras de infraestructura marítima, aérea, terrestre y ferroviaria, ubicadas en puntos estratégicos de los cinco continentes para facilitar la distribución física internacional de las mercancías, sumado a la conectividad digital y la transferencia de información.

En un periodo caracterizado por la moderación del crecimiento económico y los destellos proteccionistas a nivel global, convertirse en receptores de capital extranjero para la ejecución de proyectos de gran envergadura es una apuesta que despierta el interés de los mandatarios locales y afianza la búsqueda de liderazgo de China en la región.

Washington y Beijing frente a Latinoamérica

En materia de política exterior, América Latina y el Caribe fue una asignatura pendiente para la primera administración Trump más allá del discurso. A pesar de tener en cuenta la situación interna de Venezuela, la renegociación del Tratado de Libre Comercio con México (TLCAN), la migración y el tráfico de drogas en su agenda, se notó la ausencia de un diálogo constructivo y una mayor presencia para abordar los problemas comunes que afectan a la región. Por ejemplo, las sanciones económicas y las tácticas de presión sobre los regímenes cubano, venezolano y nicaragüense, influyeron en el distanciamiento de algunos gobiernos latinoamericanos con Washington y polarizaron la discusión política entre sus mandatarios.

El retorno del presidente estadounidense a la Casa Blanca plantea una serie de retos que, dadas las recientes promesas de campaña, tienden a mantener la línea dura respecto al tratamiento otorgado a sus vecinos. Asimismo, los ideales contenidos en el movimiento “Make America Great Again” se encaminan a reducir la cooperación con sus aliados de antaño, a la búsqueda de ganancias en el corto plazo y a priorizar las discusiones internas en detrimento de lo internacional. De esta manera, se podría dar continuidad a una política aislacionista presente en el primer cuatrienio, donde se reflejó un mínimo interés por los asuntos de América Latina en comparación con otras latitudes.

En línea con lo anterior, un menor liderazgo de EE.UU. en la región podría ser aprovechado por Beijing, quien busca fortalecer los vínculos diplomáticos con nuevos socios del continente americano para consolidar su posición geopolítica contenida en la Iniciativa de La Franja y La Ruta. Los Tratados de Libre Comercio firmados con Chile, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua y Perú, sumado a las alianzas estratégicas en materia comercial y de inversiones con un número significativo de Estados son una muestra de ello.  

Recesión del Estado de derecho en América Latina, ¿una tendencia irreversible?

El Estado de derecho ha declinado globalmente por séptimo año consecutivo, de acuerdo con el Índice Global de Estado de Derecho 2024 del World Justice Project (WJP). Este año, la adherencia al Estado de derecho se deterioró en la mayoría de los países incluidos en el Índice. Las caídas más pronunciadas a nivel mundial se observaron en varios países latinoamericanos.

A partir de una definición comprehensiva del Estado de derecho basada en cuatro principios derivados de estándares internacionales, el WJP analiza el Estado de derecho en ocho factores. Son: límites al poder gubernamental, ausencia de la corrupción, un gobierno abierto, el respeto de los derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. En conjunto, estos factores contribuyen a un sistema efectivo de Estado de derecho que va más allá del sistema judicial. El Índice otorga una puntuación para cada factor. En conjunto, componen el puntaje general de adherencia al Estado de derecho en cada país.

Los puntajes del Índice para 2024 se construyen con más de 550 preguntas, que son el resultado de encuestas administradas en más de 214,000 hogares y a 3,500 expertos legales. El Índice del Estado de derecho resume las percepciones y experiencias del día a día de los ciudadanos y profesionales del derecho en 142 países y jurisdicciones, que abarcan el 95% de la población mundial

Debilitación general

En 2024, el Estado de derecho se debilitó en el 57% de los países medidos en el Índice, en comparación con 2023. La recesión del Estado de derecho en el mundo se explica principalmente por la continuación de las tendencias autoritarias. Estas se reflejan en la falta de límites al poder gubernamental (factor 1) y protección de los derechos humanos (factor 4). También, por el deterioro del acceso a la justicia civil (factor 7). De los 81 (o 57%) países y jurisdicciones que presentaron caídas en el Índice este año, el 78% de estos mostraron deterioros en estos tres indicadores.

Los resultados para América Latina y el Caribe son mixtos. En la edición 2024 del Índice, 20 de los 32 países de la región presentaron caídas en sus puntajes de Estado de derecho. El primer lugar a nivel regional lo ocupa Uruguay, con la posición 24 a nivel mundial. Es seguido por Costa Rica en el puesto 29, y Barbados, en la posición 35. Los países que reportaron un mayor aumento en su puntaje este año son Brasil, Guatemala y República Dominicana. Este es el primer año en el que Brasil mejora su tendencia de Estado de derecho en seis años. Por su parte, República Dominicana es el único país en la región con mejoras constantes en su puntaje de Estado de derecho desde 2020.

Venezuela ocupa la última posición en el Índice de Estado de derecho de 2024. Los países de la región con puntajes más bajos son Nicaragua (137 a nivel mundial) y Haití (139). Los deterioros más pronunciados en el Índice en 2024 en la región se vieron en Haití, Nicaragua y El Salvador. Estos países ya presentaban una recesión en su Estado de derecho debido a la profundización de tendencias autoritarias de sus líderes en los últimos años. Además de los continuos deterioros de los sistemas de justicia. En el caso de Haití específicamente, el aumento de la inseguridad, el crimen y el conflicto armado.

Indicadores positivos

El declive del Estado de derecho en el mundo no se limita a este año. Desde 2016, el Estado de derecho ha caído en el 77% de los países evaluados. Esto ha sido impulsado principalmente por tres factores. Son: las tendencias autoritarias, la erosión de los derechos fundamentales y la incapacidad de los sistemas de justicia para cumplir las necesidades de las personas. En América Latina y el Caribe, cuatro de cada cinco países sufrieron un deterioro en el Estado de derecho. Mientras, solo cinco países (17%) han mejorado sus puntajes desde 2016.

No todos los resultados del Índice de Estado de derecho de 2024 son negativos. En los últimos tres años, la proporción de países con declives en su puntaje de Estado de derecho ha disminuido de manera consecutiva. Por su parte, el factor que mide la ausencia de corrupción presentó una mejora sustancial en 2024. El 59% de los países del mundo exhibió aumentos en este indicador.

Los resultados de este año también muestran una relación positiva entre un Estado de derecho fuerte y la transición pacífica del poder. De los países que tuvieron elecciones entre junio de 2023 y mayo de 2024, el desempeño en los puntajes de Estado de derecho, límites al poder gubernamental (factor 1) y transición del poder (subfactor 1.6) es más bajo para aquellas naciones en las que el partido de gobierno ganó. Además, aquellos países que votaron por un cambio, es decir, donde no fue elegido el partido de gobierno, tienen en general un desempeño más alto en materia de Estado de derecho, controles al poder ejecutivo y la transición del poder.

El rol de los contrapesos

La caída del Estado de derecho, el aumento del autoritarismo, las restricciones a los derechos fundamentales y la ineficacia de los sistemas de justicia son tendencias preocupantes que se observan tanto a nivel global como en América Latina y el Caribe. Estos hallazgos sirven como una invitación a reflexionar sobre la ejecución de las leyes, los roles de los poderes legislativo y judicial, la eficiencia de los pesos y contrapesos al Poder Ejecutivo y la protección a los derechos humanos en el mundo y particularmente en América Latina.

*Texto publicado originalmente en Diálogo Político

El nuevo mandato de Nicolás Maduro y su impacto en la política exterior brasileña

La crisis entre Brasil y Venezuela no es reciente. Proviene de la visita, en 2015, de una comisión de parlamentarios brasileños a líderes de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro. La divergencia ideológica interna de la política de poder en Brasil, a veces entre el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) y el Partido de los Trabajadores (PT) y, más tarde, entre el bolsonarismo y el campo político considerado progresista, terminó eligiendo a Venezuela como una especie de “ejemplo” de lo que sería Brasil si los partidos de izquierda tomaran el poder. Venezuela también terminó sirviendo como campo de batalla en las disputas políticas internas de Brasil. El apoyo a los líderes de la oposición a Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Brasil se ha convertido en una especie de identidad para la derecha brasileña.

Tras la llegada al poder de Bolsonaro, no solo se reconoció a Juan Guaidó como presidente electo de Venezuela, sino que todos los diplomáticos venezolanos fueron expulsados, la Embajada de Venezuela en Brasilia fue invadida y Brasil reconoció formalmente a una ciudadana venezolana que no fue indicada por el gobierno venezolano, lo que es manifiestamente ilegal y ataca varios artículos de las Convenciones de Viena (1961 y 1963).

Cuando Lula llegó al poder en 2023, había una expectativa de que las relaciones bilaterales volvieran al nivel Lula-Chávez, lo que no ocurrió, no sólo porque la situación era diferente, sino también porque la diplomacia brasileña observó el desgaste político de Maduro, que no cumplió con los llamados razonables, como la entrega de las actas de las elecciones de 2024. Este desgaste terminó provocando el veto de Brasil a Venezuela en los BRICS y el no reconocimiento por parte del gobierno venezolano de la guardia brasileña sobre la Embajada argentina en Caracas. Es muy preocupante observar el deterioro de las relaciones bilaterales entre Brasil y Venezuela, que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, es miembro fundador de la OPEP, podría ayudar a bajar el costo de la gasolina para todos los brasileños y ayudar al sistema eléctrico. Sólo los ciudadanos de Roraima han podido disfrutar históricamente de todos los beneficios de la asociación estratégica Brasil-Venezuela.

¿Qué esperar de la relación bilateral Brasil-Venezuela en 2025?

La actual gestión de política exterior del gobierno de Lula decidió ser garante de las últimas elecciones venezolanas, por razones que aún no han sido identificadas. Ya sea para intentar rescatar un posible liderazgo regional o para servir como punto de regulación entre Venezuela y la Casa Blanca, esta última empeñada en acabar con el régimen chavista desde el principio, mediante prácticas altamente cuestionables desde el punto de vista diplomático, como el secuestro de un jefe de Estado, la confiscación de activos y recursos venezolanos (incluso en terceros países) y la entrega de reservas venezolanas depositadas en territorio estadounidense a líderes no electos y presidentes autoproclamados.

Sin entrar en las razones políticas y/o estratégicas que llevaron a Brasil a adoptar esa posición de garante de las elecciones venezolanas, lo cierto es que no funcionó. Brasil ha sido desacreditado por la Casa Blanca y ha sufrido un gran desacuerdo con el gobierno de Maduro. Esto se debe a que Brasil no presentó, con la objetividad que el tema requiere, su posición en este proceso. No presentó ningún resultado objetivo y sus propuestas ni siquiera fueron escuchadas por el gobierno venezolano. Además, vetó el ingreso de Venezuela al bloque BRICS. Una posición vacilante a este nivel realmente no ayuda al proceso político, ni bilateral ni multilateral.

Brasil enfrenta dificultades para articular una estrategia clara en relación a Venezuela, lo que genera dudas tanto a nivel interno como en la comunidad internacional. Pese a los intentos de reaccionar al posicionamiento estadounidense contra el régimen venezolano, el país no ha presentado un plan político ni metodológico comprensible. Como política pública, la política exterior brasileña necesita comunicar su estrategia en temas como la economía, la migración, la protección de los nacionales y la cooperación fronteriza. El veto al ingreso de Venezuela al BRICS sugiere una falta de cooperación, mientras otros mensajes indican una intención de tender puentes. Un plan estratégico detallado y transparente para las relaciones entre Brasil y Venezuela es lo que todos esperamos.

El futuro del diálogo entre Brasil y Venezuela

La ciencia política nos informa que es posible construir un mínimo de objetividad y pragmatismo en las relaciones internacionales. Lo que la población brasileña necesita entender es: ¿es Venezuela importante para Brasil? Si es así, necesitamos detalles de esta importancia en todos los aspectos. Una vez reconocida su importancia estratégica para Brasil, es importante comunicar a la sociedad brasileña que, a pesar de algunos puntos de divergencia, la relación bilateral debe continuar bajo pena de perjuicio para miles de ciudadanos brasileños y venezolanos.

Nuestra política exterior debe ser sólida y comprometida con el desarrollo nacional, basada en una concepción que ponga en primer plano a los agentes que han sido históricamente marginados y erróneamente percibidos como no productores de riqueza, como las mujeres, los negros, los indígenas y todas las minorías sociales. Si en ocasiones la agenda se agota en sectores tradicionales, como el industrial o el comercial, puede ampliarse a otros campos. A ningún gobernante brasileño se le da la prerrogativa de gobernar de acuerdo con sus valores. No fue elegido para eso. Emitimos nuestro voto por quien creemos que mejor representa los intereses de la nación, en su diversidad, complejidad y en términos de justicia social. 

Permitir que los juicios de valor afecten las relaciones bilaterales nunca es una buena estrategia, sobre todo porque si adoptamos la postura de juzgar a nuestros vecinos, ellos también se sentirán con derecho a juzgarnos a nosotros, y nuestros defectos son grandes. Así pues, la mejor manera de construir el equilibrio en las relaciones internacionales es evitar interferir en los problemas internos, porque la posibilidad de fracaso es enorme y realmente no tiene sentido ninguna acción intervencionista, venga de donde venga. Los intereses respetuosos y estratégicos, tratados con la madurez y profesionalidad que el tema merece, es lo único que enriquece a todos.

Canadá en América Latina: el ocaso del mito del oasis migratorio bajo el dominio estadounidense

El 6 de enero de 2025, el Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció su renuncia como líder del Partido Liberal y, en consecuencia, como Primer Ministro de Canadá. El acto fue la culminación de meses de dificultades en su gobierno de coalición. Tales dificultades implicaron el aumento exorbitante del costo de vida post Covid-19, especialmente en el precio de los alquileres y las propiedades en venta, y, principalmente, la creciente percepción entre la población de que la llegada de nuevos inmigrantes temporales y permanentes, antes vistos como solución a los problemas territoriales, demográficos y económicos de Canadá, se había convertido en un problema para el país.

Canadá depende de la inmigración para garantizar el mantenimiento y el crecimiento de su población. Con una tasa de natalidad de 1,33 hijos por mujer—la tasa necesaria para mantener la población de un país es de 2,1 hijos por mujer—el país tiene 40 millones de habitantes, concentrados en su mayoría en una estrecha franja a lo largo del río San Lorenzo y los Grandes Lagos. En 2023, el 97,3% del crecimiento de la población de Canadá se debió a la migración internacional.

Este hecho tiene repercusiones en el mercado laboral, sobre todo teniendo en cuenta la escasez crónica de ciertos trabajadores, como los trabajadores rurales, los trabajadores de la construcción y los cuidadores. En este caso, los inmigrantes, en su mayoría provenientes de países del Sur global, son atraídos al país a través de programas específicos de inmigración temporal: mexicanos y jamaicanos, por ejemplo, emprenden migraciones estacionales para trabajar en granjas canadienses bajo los auspicios del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (SAWP, sus siglas en inglés). Además, las universidades del país dependen del gran flujo financiero que garantizan los estudiantes internacionales, que pagan tasas mucho más altas que los ciudadanos canadienses para estudiar.

A pesar de estos hechos, la permanencia en el país no está garantizada después del vencimiento de las visas de residencia temporal. Los trabajadores agrícolas suelen pasar de 4 a 6 meses al año en Canadá, pero muchos son enviados de regreso a sus países de origen si se enferman o tienen un accidente en el trabajo. Además, sus visas temporales no permiten que sus familias los acompañen a Canadá durante los meses de trabajo. En el caso de los estudiantes internacionales, el Post-Graduate Work Permit (PGWP) o Permiso de Estudio garantiza su estancia durante la duración de sus estudios—además de permitir a los estudiantes trabajar 20 horas semanales, muchas veces en condiciones abusivas—pero es necesario contar con una vacante de trabajo permanente y regular si quiero permanecer en el país.

Así, la inmigración a Canadá fue durante mucho tiempo una cuestión unánime entre conservadores, liberales y socialistas, como afirmó recientemente Pierre Poilievre, líder de la oposición a Trudeau. Esto se debe especialmente al hecho de que la inmigración garantiza una cantidad considerable de divisas y mano de obra barata para el sector privado, así como mayores ingresos para el sector público. Justin Trudeau, durante su gobierno, prometió un aumento gradual pero significativo en la concesión de nuevos permisos de residencia permanentes y temporales. Este plan, aunque ralentizado por la pandemia, cumplió su función, permitiendo la admisión de 471.000 residentes permanentes y otros 804.000 migrantes temporales solo en 2023, un récord histórico.

Sin embargo, el apoyo de la población canadiense a los nuevos inmigrantes que ingresan al país se ha deteriorado gradualmente desde la pandemia de Covid-19, siguiendo un patrón de incitación del sentimiento antiinmigrante por parte de políticos de derecha y aceptación de demandas xenófobas y racistas por parte del liberalismo. 

El aumento del costo de vida después de la pandemia ha intensificado la crisis de la vivienda, especialmente en grandes centros urbanos como Toronto. Incluso si el escenario es de pleno empleo, trabajar no garantiza el mínimo necesario para la vida. La culpa recayó en los inmigrantes, que supuestamente superaban en número a las viviendas disponibles, con especial atención a los estudiantes internacionales, a quienes se acusó de inflar los alquileres porque eran ricos. Esto ignora el impacto que tiene sobre el fenómeno la concentración del patrimonio inmobiliario en manos de unas pocas corporaciones.

En septiembre de 2024, Canadá anunció una política de inmigración más restrictiva a partir de 2025, con una reducción de nuevos residentes permanentes de 485.000 a 395.000 y de residentes temporales de 2,96 millones a 2,52 millones. Las universidades predicen despidos debido a la reducción del número de estudiantes internacionales. El gobierno estima que 1,2 millones de inmigrantes temporales abandonarán el país o se convertirán en indocumentados, creando una diáspora de proporciones sin precedentes en Canadá.

Este fenómeno también está influenciado por la complicada relación de Canadá con su aliado más importante, Estados Unidos. La dinámica migratoria entre ambos países ha adquirido proporciones dramáticas en los últimos años, con estados como Nueva York alquilando autobuses para enviar inmigrantes latinoamericanos a la frontera norte, así como familias enteras muriendo de frío en el intento de entrar a Canadá. La presión de Estados Unidos sobre la política migratoria canadiense es significativa y se ha vuelto especialmente fuerte con la victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses de 2024. 

Durante la carrera presidencial, los candidatos del Partido Republicano plantearon la posibilidad de construir un muro en la frontera norte de Estados Unidos con el argumento de que era especialmente vulnerables a la entrada de “terroristas” procedentes de Canadá. Además, Donald Trump prometió, ya en diciembre de 2024, un arancel del 25% a los productos canadienses y mexicanos si los países no abordan adecuadamente la “inmigración” y las “drogas”, precipitando la crisis que llevó a la caída de Justin Trudeau.

Por tanto, es necesario señalar dos cuestiones. La primera es que Canadá, a menudo considerado un oasis migratorio, ha adoptado, bajo un gobierno liberal, una política de producción forzada de inmigrantes indocumentados, ya que es poco probable que se produzca realmente un éxodo de la proporción esperada y en tan poco tiempo. La mayoría de los inmigrantes que perderán su estatus durante el año 2025 permanecerán en el país. Sin embargo, si son irregulares, estarán sujetos a explotación laboral, sin asistencia del sistema de salud y sin acceso a la seguridad social.

Finalmente, es necesario destacar cómo algunos fenómenos observados en América Latina durante décadas, como la política de externalización de las fronteras de Estados Unidos y la injerencia de este país en sus políticas migratorias, se han extendido a aliados que históricamente se han considerado simétricos. Hoy en día, para entender a Canadá, es importante mirar a América Latina.

La minería está convirtiendo la Amazonía en un desierto

Imagina un paisaje árido, desolado y estéril, así se ve el planeta Marte. Para muchos científicos, y otros emprendedores como Elon Musk, Marte podría, en un futuro y con mucho esfuerzo, ser terraformado, tal como se denomina la acción de modificar un ambiente hostil para hacerlo habitable para los seres humanos. Ahora, ¿y si te dijera que, en este momento, estamos convirtiendo nuestra Amazonía, a través de una actividad como la minería de oro, en un paisaje marciano? Esto está pasando a gran velocidad en este mismo instante.

La Amazonía, el pulmón del mundo, se está convirtiendo en un desierto

La minería de oro en la Amazonía no es un fenómeno nuevo, pero su impacto ambiental se ha intensificado en las últimas dos décadas. Grandes áreas de selva amazónica han sido deforestadas y los suelos destruidos debido a la minería, dejando atrás un paisaje devastado que se asemeja a un desierto. Este proceso de terraformación inversa, no sólo elimina la biodiversidad, sino que también altera profundamente la estructura y fertilidad del suelo, casi en forma instantánea, haciéndolo incapaz de regenerarse de forma natural.

La minería degrada el suelo de múltiples maneras. Primero, se destruye la capa superficial rica en materia orgánica donde no existe el mineral, conocido también como “oro negro” o “topsoil”, que es crucial para la fertilidad del suelo, la capacidad de retención de agua y otros procesos esenciales para las plantas. Esta materia orgánica es un componente fundamental para el funcionamiento de los ecosistemas terrestres, ya que alimenta al microbioma del suelo, una comunidad compleja de microorganismos que incluye bacterias, hongos y otros organismos que descomponen la materia orgánica y reciclan los nutrientes. Sin estos procesos, los suelos pierden su capacidad de autorrepararse y se convierten en terrenos estériles, incapaces de sustentar la biodiversidad de flora y fauna.

Este proceso está dejando huellas imborrables en la región, alterando profundamente los hábitats, dando lugar a lo que los científicos llaman «ecosistemas nuevos». Un ecosistema nuevo es un ambiente profundamente modificado por la actividad humana, donde las especies de flora y fauna nativa están mayormente ausentes, mientras que el suelo y los ciclos naturales han sido profundamente perturbados. El impacto de la extracción de oro que ocurre actualmente en la región retrocede el estado de los ecosistemas amazónicos, tal como lo conocemos, a millones de años al pasado.

Muchos lugares impactados por la minería en la Amazonía están acumulando rápidamente montañas de piedras compactas y vastas extensiones de arena producto del lavado de los suelos. Se estima que al 2023 existían 1.3 millones de hectáreas―extensión similar a Puerto Rico― impactadas por la minería de oro en la cuenca amazónica. Además, el uso de mercurio y otros productos químicos en el proceso de extracción del codiciado mineral contamina el suelo y los cuerpos de agua cercanos, lo que agrava la crisis ecológica y la salud ambiental que ya afecta a 34.1 millones de personas, incluyendo 2.7 millones de indígenas distribuidos en 511 grupos indígenas que habitan la región. La minería ilegal ha invadido 370 territorios indígenas mientras que las concesiones legales abarcan 1131 territorios en seis países (Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela).

En un intento por regular la minería ilegal, los gobiernos de Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Venezuela, han declarado vastas extensiones como “corredores” o “arcos” mineros, en las cuales se permite la minería formal de extracción del oro. El remedio sin embargo parece ser peor que la enfermedad, ya que los gobiernos de turno no han implementado monitoreos o legislaciones ambientales estrictas y menos aún la aplicación de metodologías adecuadas para su restauración. Dentro de este contexto de la legalización de la minería en la Amazonía, la superposición de concesiones mineras legales con territorios indígenas, reservas naturales, bosques nacionales y predios agrícolas ha fomentado los conflictos sociales, criminalidad y las invasiones producto de la minería ilegal. De esta manera, en lugar de crear condiciones necesarias para el desarrollo sostenible de la Amazonía, los gobiernos han facilitado el desarrollo de actividades destructivas para la vida y la biodiversidad.

Mitigación y soluciones: revertir la terraformación inversa

Aunque el daño causado por la minería de oro es considerable, aún hay esperanza. Existen diversas estrategias y tecnologías que pueden ayudar a mitigar los efectos de la desertificación y a restaurar la capacidad de los suelos para regenerarse. Una técnica es la restauración ecológica con un enfoque en recuperar la funcionalidad de los suelos a través del cultivo de especies nativas que absorben el nitrógeno del aire―conocido como leguminosas―, el uso de microorganismos para rehabilitar el microbioma del suelo y la incorporación de materia orgánica de otros sectores no impactados para mejorar la calidad del suelo. Las prácticas de restauración y rehabilitación deben tomar en cuenta las condiciones ecológicas de cada sector del paisaje impactado y las tecnologías mineras prevalentes en cada zona con el fin de adaptar los protocolos de restauración según los desechos mineros existentes.

Por otra parte, los avances en biotecnología podrían proveer soluciones más efectivas para restaurar los suelos y el microbioma. Utilizar técnicas de bioingeniería para diseñar soluciones específicas para recuperar suelos degradados es una opción que necesita explorarse. El desarrollo de especies de cobertura y microorganismos con capacidad para fijar metales pesados, restaurar la materia orgánica, fijar los nutrientes y mejorar la estructura del suelo puede acelerar el proceso de recuperación de los ecosistemas impactados.

Para que el problema no siga avanzando es fundamental la prevención de la minería ilegal y la aplicación de buenas prácticas de manejo de suelos. La regulación de esta actividad puede reducir significativamente el impacto ambiental con la implementación de métodos menos destructivos para la extracción de oro en zonas legalizadas, evitando así la desertificación. Por ejemplo, los concesionarios legales podrían implementar el almacenamiento del “topsoil” en sus prácticas de manejo, para su posterior reincorporación a las zonas impactadas una vez que se haya culminado con la actividad extractiva. La adopción de estas metodologías con responsabilidad ambiental puede ser incentivada con la reducción de impuestos y otras iniciativas legales y administrativas.

Sin embargo, la solución de fondo para combatir la desertificación y pérdida de servicios ecosistémicos ocasionados por la minería de oro se basa en un cambio hacia prácticas agroecológicas y al uso sostenible del bosque amazónico en pie. Los gobiernos deben prevenir la expansión de la minería en nuevas áreas de la Amazonía y en su lugar invertir en sistemas agrícolas sostenibles, como la agroecología y la agroforestería. Estos cambios incluyen fomentar el desarrollo de industrias y bioeconomías que usen la biodiversidad del bosque en pie y en cual las comunidades locales tengan un rol clave en las cadenas de valor.

Conclusión

Mientras que los científicos se esfuerzan por entender cómo podríamos terraformar Marte, la minería de oro en la Amazonía está creando desiertos biológicos, transformando ecosistemas fundamentales para el planeta. y las comunidades locales en paisajes inhóspitos. Este proceso de terraformación inversa nos debe hacer reflexionar sobre el impacto que nuestras acciones tienen sobre la Amazonía y la necesidad urgente de restaurar o rehabilitar lo que estamos destruyendo.

Si bien las tecnologías y estrategias para mitigar los efectos de la desertificación por minería de oro existen, o pueden desarrollarse, su implementación efectiva dependerá del compromiso regional y global para conservar estos ecosistemas. Al igual que con la terraformación de Marte, el desafío de restaurar la Amazonía requiere de un enfoque ambicioso y colaborativo. Pero, a diferencia del esfuerzo que llevaría transformar el planeta rojo, hoy mismo tenemos la capacidad de cambiar el rumbo y devolver la vida a la Amazonía en nuestro propio planeta.

*Un texto producido en conjunto con el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI). Las opiniones expresadas en esta publicación son las de los autores y no necesariamente las de sus organizaciones.

Transiciones desde un gobierno democrático

A finales del siglo XX y principios del XXI, los politólogos se dedicaron a estudiar los países que transitaban hacia la democracia. Muestra de ello son los cuatro volúmenes escritos por Guillermo O’Donnell, Philippe Schmitter y Laurence Whitehead en los años noventa, llamados Transiciones desde un gobierno autoritario, que analizan los momentos, factores y actores que dieron paso a la democratización en América Latina y la Europa postsoviética.

Ahora, durante la segunda década del siglo XXI, los cientistas sociales estamos interesados en entender los retrocesos, la erosión institucional y el ascenso de líderes autoritarios en varias partes del orbe. De ahí el título de este artículo, Transiciones desde un gobierno democrático, en alusión a los textos mencionados con antelación y al fenómeno autoritario que viven varias naciones actualmente.

Un argumento con el que se ha cuestionado mucho esos textos es que varios de los países que se analizaron en ese momento no necesariamente se encontraban en una transición democrática. La noción de democracia se redujo a elecciones libres y competidas y alternancias en la presidencia. Bajo estos criterios, muchos países como Polonia, El Salvador, Bolivia o Singapur serían considerados democracias.

La democracia va más allá de comicios: implica división de poderes, integridad electoral, respeto a la Constitución y cuidado de los derechos humanos. En los años noventa varios países habían implementado elecciones, los oficialismos perdieron el poder y adoptaron economías de libre mercado. La premisa era que la adopción de estas condiciones conllevaba la democratización, por lo que los países se encontraban en este punto medio del autoritarismo y la democracia.

Cabe destacar que el concepto de transición ha sido muy debatido por la comunidad científica y se ha llegado a un consenso en el que las transiciones son un largo proceso de avances y retrocesos que no tiene un final determinado. Es decir, dada la dificultad para analizar las transiciones a la democracia o el autoritarismo no establecen un punto de conclusión si un país ha alcanzado la plenitud democrática o ha llegado a un régimen totalitario.

Por eso actualmente, al analizar países como Rusia, Hungría, Polonia, México, El Salvador o Malasia, se menciona que son regímenes híbridos, que en los años noventa iniciaron sus procesos de democratización pero que en algún punto mostraron retrocesos. Sin embargo, tampoco pueden ser catalogados como dictaduras o regímenes totalitarios porque no muestran características para ser definidos como tal.

Por eso la categoría de regímenes híbridos ha sido utilizada para definir a países con tintes autoritarios y democráticos. El debate politológico ha estado marcado por conceptos que han surgido como una forma de estudiar las naciones. Por ejemplo, los autoritarismos competitivos acuñados por Steven Levitsky y Lucan Way; las democracias iliberales de Fareed Zakaria, los regímenes sultanísticos de Juan Linz, los autoritarismos electorales de Andreas Schedler o la democratura de Pierre Rosanvallon.

En pleno siglo XXI, las y los politólogos tenemos una paleta de regímenes ante nosotros que deben ser estudiados y analizados a fondo para entender el devenir de los países. Un factor relevante es que, a diferencia de los autoritarismos clásicos, ya no se hace un asalto al poder, sino que ahora se compite en elecciones. Cuando ganan el poder, el sistema y las reglas son demolidas o cambiadas desde adentro.

Liderazgos como el de Andrés Manuel López Obrador en México y el de Nayib Bukele en El Salvador debilitaron el sistema institucional y en algunos casos colonizaron los poderes del Estado para someterlos a su voluntad. En América Latina, estos dos casos son emblemáticos de lo que representa el ascenso de líderes carismáticos que incrustaron su proyecto político e ideológico en el Estado, no solo en el gobierno. Por lo tanto, estas naciones fueron concebidas como regímenes híbridos por diversos proyectos como V-DEM, Freedom House e IDEA Internacional.

En Europa, Rusia, Hungría y Polonia han sido catalogados como democracias iliberales, en las cuales su principal distintivo es que el liberalismo ha dejado de ser un pilar del Estado; luego entonces, este está regido por la ideología del líder que ocupa el poder, Vladimir Putin, Viktor Orbán y el Partido Ley y Justicia, respectivamente. Ejercen control sobre la oposición y la sociedad civil, pero no la hacen desaparecer en su totalidad y en algunos casos los opositores alcanzan puestos de poder.

En Asia existe una gama de países que tienen regímenes de partido hegemónico: Singapur, el ascenso de líderes autoritarios como Prabowo Subianto en Indonesia, la herencia autoritaria en Filipinas de Rodrigo Duterte, el régimen de partido único en la China de Xi Jing Ping o la dictadura de Kim Jong-un en Corea del Norte. Estos países no necesariamente emprendieron transiciones a la democracia o reformas liberalizadoras para dar paso al pluralismo; en algunos casos nunca llegaron, como China y Corea del Norte.

Por otro lado, la herencia de las tiranías como la dinastía Marcos y la mano dura de Rodrigo Duterte son elementos que hasta la fecha marcan el destino de Filipinas. En Singapur el hegemónico Partido Acción Popular gobierna desde la independencia y se mantiene como piedra central del sistema político. Mientras, países como Indonesia, que contaban con una frágil democracia, hoy son encabezadas por personajes fuertes como Subianto, que tienen un largo historial represivo y que se formaron durante la época de la descolonización en los años sesenta y setenta del siglo XX.

En el mundo están apareciendo personajes que desafían el statu quo, promueven agendas antisistema y prometen una verdadera democracia que está marcada por tintes autoritarios. Las ofertas políticas desafían el liberalismo y con ello llegan a los máximos espacios de dirección de las naciones; no es la primera vez que ocurre y tampoco será la última. La realidad nos está mostrando que las transiciones no solamente son hacia la democracia, sino que también pueden darse hacia el autoritarismo.

¿Serían las “notas comunitarias” una solución real para garantizar la libertad de expresión?

Apenas hemos comenzado el año 2025 y ya tenemos un tema muy importante en la agenda mundial. Meta anunció recientemente, a través de su CEO Mark Zuckerberg, que eliminaría el fact-checking de la plataforma para adoptar un sistema de moderación basado en las llamadas “Community Notes”, vigentes en X de Elon Musk.

El comunicado utilizó un lenguaje inusual, lleno de belicosidad y con contornos claros de una cosmovisión que ocupa la arena política más radical, más polarizada y que demuestra la posición de uno de los gigantes tecnológicos en el choque por la regulación de las redes sociales.

Comienza así otro capítulo de una disputa que divide al mundo y que se centra en la libertad de expresión, uno de los derechos más clásicos desde el siglo XVII.

Es desde este contexto que el debate sigue siendo candente, pues es conocida la resistencia de las plataformas digitales a someterse a controles externos (como la legislación, por ejemplo), así como la gran controversia conceptual en torno al significado de esta libertad de expresión, que se ha convertido en un mantra de la extrema derecha, que lo interpreta como algo que no se puede limitar, además de colocarlo como el núcleo de una vida que, según estos portavoces, debe ser vivida por individuos.

Con un poco más de racionalidad, sin embargo, uno se da cuenta de que toda esta discusión contaminada por la ideología carece del análisis más básico: después de todo, ¿Serían realmente las “Notas Comunitarias” una solución a los potenciales problemas que enfrentan los países al gestionar la libertad de expresión en el entorno virtual? ¿O se trata simplemente de un mero “canto de sirena” para que las plataformas eludan sus deberes de moderación, mientras que la sociedad en su conjunto se vuelve aún más conflictiva?

Para introducir este enfoque, es necesario entender cómo funcionará la nueva política de Meta, algo que aún no ha sido divulgado públicamente y que, en una reciente respuesta a la Procuraduría General de la República de Brasil, parece que ni siquiera existe una política claramente construida sobre cómo se adoptará esto. Lo único que se ha manifestado es que los cambios solo afectarán por el momento a Estados Unidos, para que se pueda probar el modelo. Algo que, debido a la falta de transparencia que ha venido imponiendo Meta en los últimos tiempos, no genera certeza de que vaya a ser realmente así.

Por tanto, comenzaremos con un breve análisis de las “Notas Comunitarias” aplicadas en X, ya que en teoría serían la base para el modelo Meta.

Según información de X e investigaciones sobre el tema, cualquier persona que tenga un número de teléfono válido y una cuenta X por más de 6 meses puede registrarse en “Notas de la comunidad”. Se pensaba que sólo sería gente que pagara por el perfil verificado, pero no, es algo más general. Sin embargo, la aceptación de la persona registrada no es automática y no fue posible obtener mayor información sobre este proceso de admisión.

Una vez aceptada, la persona puede sugerir notas sobre contenido que considere que contiene desinformación o noticias falsas, pero esta nota aún no se hace pública. Una vez sugerida una nota, se envía a otras personas de la comunidad, quienes verifican su contenido y votan si es relevante o no. Hay un punto importante aquí: es el algoritmo el que decide quién revisa la nota, pues se dice que la muestra de revisores debe ser diversa, al igual que los votos. Si no hay consenso sobre la nota, no se publica. El algoritmo también comprueba si realmente hay diversidad en la muestra de revisores, pero no ofrece información sobre cómo ocurre esto realmente. Mientras tanto, la nota permanece inédita, pero el contenido engañoso o falso continúa circulando con normalidad.

Según datos de dos encuestas, Center for Countering Digital Hate y The Washington Post, ambas de 2024, aunque la propuesta es inspiradora porque apuesta por una gran arena de debate público, no funciona en la práctica y, especialmente, en los momentos clave como las elecciones.

En la primera encuesta se encontró que las notas sugeridas que realmente corrigieron afirmaciones falsas y engañosas sobre las elecciones estadounidenses no se mostraron en 209 casos, de una muestra de 283 publicaciones consideradas engañosas, es decir, el 74%.

En la segunda encuesta, los datos son aún más preocupantes. Incluso cuando se publica una nota, el proceso suele tardar más de 11 horas, tiempo suficiente para que el contenido cuestionado circule libremente por la red entre millones de personas. Aun así, solo el 7,4% de los proyectos de ley propuestos para 2024 relacionados con las elecciones estadounidenses se hicieron públicos, un porcentaje que cayó aún más en octubre a solo el 5,7%.

Pero pensemos en la comunidad misma. Según estos estudios, los voluntarios no tienen grandes incentivos para permanecer en la moderación, reduciendo aún más las posibilidades de obtener el consenso buscado por el algoritmo al votar la calificación sugerida. Como la naturaleza de las notas es sugerente, puede haber un sesgo hacia posiciones políticas, llegando a desequilibrar el contenido que es más “monitoreado”. Por otro lado, para quienes están allí con espíritu de colaboración, puede ser frustrante que el contenido que niega la efectividad de una vacuna, por ejemplo, circule con normalidad mientras que la nota sugerida, apoyada en fuentes confiables, que denuncia la noticia falsa, está sujeto a una intensa disputa por su voto.

Además de requerir una dedicación importante a este trabajo voluntario, que puede ser intenso para la moderación de contenidos, al final también puede ser real la sensación de que no estás aportando nada. En una investigación realizada por Agência Lupa en asociación con Lagom Data, de 16.800 sugerencias de notas en portugués realizadas en noviembre de 2023, solo 1.352 fueron publicadas en el feed de X, lo que significa que el 92% de todas las «Notas de la Comunidad» en portugués permanecieron en el feed de X., el 89% estaban pendientes de evaluación y aún no habían sido mostrados a los usuarios; y el 3% ya había sido rechazado, quedando sólo el 8% disponible.

Ya sea por la falta de transparencia de cómo funciona realmente este modelo, o por los datos descritos anteriormente, es difícil asumir que las “Notas Comunitarias” sean más democráticas que el sistema de verificación profesional de datos, en el que las personas se dedican exclusivamente a esto y donde las pautas de clasificación de contenidos son más claras y accesibles. Es posible que las valoraciones de la comunidad mejoren, pero hasta entonces, no apostaría por una solución milagrosa al enfrentamiento sobre la verdad que circula en las redes sociales.

Los nuevos bárbaros

La disputa de Inglaterra y Francia por el dominio de los mares, durante todo el siglo XVIII, es uno de los epígrafes imprescindibles en toda Historia Universal escrita, según el discurso hegemónico de los centros de poder global, incontrastables hasta hace muy poco. Según tal discurso, ese diferendo centenario, que venía desde las postrimerías del siglo XVII, terminó con la derrota definitiva de Napoleón en Waterloo, su posterior confinamiento en la Isla de Santa Elena y la conversión de los océanos y mares del planeta en un mare nostrum británico, durante todo el siglo XIX y hasta bien entrado el XX. Sin embargo, si se es respetuoso con la verdad histórica y no solo nos dejamos llevar por la narrativa del vencedor, se debe admitir que ese dominio británico de los mares se consiguió una década antes, en Trafalgar, donde no solo se enfrentaron las marinas francesa e inglesa, sino también la del Imperio Español, la cual en la segunda mitad del siglo XVIII, y hasta Trafalgar, fue comparable a la francesa y solo cedía a la inglesa a nivel global.

En verdad la disputa anglo-francesa por el control de los mares, y consecuentemente del mundo, desde fines del siglo XVII, se superpuso a una anterior, que la precedía un siglo, entre Londres y el Imperio Español. No puedo aquí abundar en detalles, dadas las características del lugar desde donde escribo este trabajo, pero la realidad histórica es que el dominio anglosajón del mundo, desde principios del siglo XIX hasta todavía hoy, no se consiguió solo al derrotar a Francia, en la llamada Segunda Guerra de los Cien Años, sino sobre todo al lograr desintegrar al Imperio Español en un conglomerado de entidades políticas en teoría independientes (aquí incluyo a España misma), altamente inestables, que Londres y más tarde Washington convirtieron en dependencias económicas suyas, o, como se decía hace algunos años, en neocolonias. Fue en gran medida sobre esas dependencias que el mundo anglosajón pudo reordenar el Sistema Mundo a su favor, y convertirse en su Centro indisputado, al acarrear tras de sí a los restos del Imperio Español, y aportarlos como Periferia.

Hoy, por cierto, somos todavía dependencias de ese mundo anglosajón, incluso en casos extremos como Cuba, que se ha propuesto dejar de serlo, pero al precio de renunciar a vivir como una nación de su tiempo según los estándares de vida del mismo. En un final no puede interpretarse de otro modo el continuo lamento del régimen cubano de que sin relaciones económicas normales con los Estados Unidos (a pesar de mantenerlas con todo el resto del planeta) el país no podrá acceder al desarrollo, y su destino es necesariamente el presente proceso de haitianización en que vivimos.

No obstante, hay que reconocer que los tiempos han cambiado, sobre todo a partir del salto al desarrollo de China en los últimos 40 años. Aunque el mundo hispano, sobre todo el de este lado del Atlántico, continúa en el papel de dependencia, de periferia del Sistema Mundo nacido en las ciudades italianas del Renacimiento, el resurgimiento de China ha permitido cierta libertad de movimientos a las naciones hispanas, al poder aprovechar a su favor las diferencias entre las grandes potencias que se diputan la hegemonía del mundo. Pero esa mínima ventaja solo existirá mientras la disputa se mantenga. Los hispanos debemos preguntarnos qué sucederá con nosotros, y nuestro lugar en el mundo, si, como parece, China termina por desplazar a EE. UU. como hegemón global.

Lo ocurrido desde la primera década de este siglo, cuando el boom de las materias primas trajo a América Latina una era de relativa prosperidad, hasta la actualidad, con industrias como la acerera latinoamericana a punto de desaparecer ante su incapacidad de competir con las gigantescas capacidades industriales chinas, nos da una visión poco favorable. En sus relaciones con China, las naciones hispanas han retomado su viejo papel de dependencias económicas, de suministradoras de productos de bajo valor agregado.

Algo más ha cambiado: la demografía. Si en la época en la que se escribió el ensayo Nuestra América al sur del Río Bravo habitaban menos personas que en la Francia de entonces, y mucho menos de la mitad de la población de los Estados Unidos contemporáneos de José Martí, hoy el potencial humano de los remanentes del Imperio Español es claramente superior al de los anglosajones en nuestro hemisferio. Si hacia 1889 la población de los EE. UU., casi diez veces superior a la mexicana, hacía creíble la posibilidad de que los anglosajones desplazaran de México al tipo hispano al inundar a la antigua “Nueva España” con “viejos americanos” e inmigrantes europeos anglicanizados, hoy, si pretendiéramos representar al humano típico del Hemisferio Occidental, el tipo humano más habitual en él, la selección justa y apegada a la realidad sería producto del primer melting pot de la modernidad, esa mezcla de indígena, africano y europeo, sobre todo meridional, que nació en las tierras americanas, y hasta españolas del Imperio Español. Tierras virreinales, o de Capitanías Generales y Presidios, en las que, a diferencia del mundo colonial anglosajón o francés, la mezcla fue la norma.

Al presente el “americano”, el emigrante o descendiente de los emigrantes anglosajones originales, y el emigrante europeo continental convertido a los valores y a la cultura anglosajona, no representan un peligro real para el mundo hispano, y es ya poco creíble que lleguen alguna vez a desplazar de Quito, Ciudad de México o incluso Buenos Aires al hispano, como era potencialmente posible en tiempos de José Martí. Es el hispano quien amenaza con desplazar a aquel de la parte norteña de nuestro hemisferio, sobre todo de los EE. UU., en donde se ha convertido nada menos que en la primera minoría nacional.

Si la pervivencia de alguna cultura está hoy amenazada en el Hemisferio Occidental no es la hispana, sino la anglosajona. Los intentos actuales de los EE. UU. de regresar al aislacionismo decimonónico, para mantener la pureza de lo anglosajón fronteras adentro, y con el fin de evitar en lo concreto la creciente influencia de lo hispano, están condenados al fracaso. Al menos si no ocurriese un giro dramático de las circunstancias presentes, o mediatas, como por ejemplo un inesperado incremento de los índices de natalidad entre la comunidad “blanca” de los EE. UU.

Esa constatación de la irrealidad de regresar al aislacionismo decimonónico ha motivado que dentro del republicanismo estadounidense hayan surgido otras visiones del asunto, que proponen no la exclusión de los hispanos, sino más bien ganarlos a su cultura y valores, por lo menos en cuanto al minarquismo y al conservadurismo. Propuesta no tan irreal en lo segundo, dada la natural tendencia de nosotros los hispanos a lo conservador, aunque un tanto más difícil en lo del minarquismo, dada nuestra inclinación más bien hacia el paternalismo y el clientelismo político. En todo caso, el avance de las Iglesias protestantes en el tradicionalmente católico mundo hispano, durante los últimos cien años, demuestra que la transculturación de lo hispano hacia lo anglosajón no es imposible. Difícil, sin duda, pero no irreal.

Pero independientemente de que sea posible, o no, convertir al hispano a los valores de la libertad de los anglosajones, en el mundo presente, a menos que se dé un cambio radical de las circunstancias presentes, los aislacionismos y la pretensión a mantener la pureza étnica no llevan a ninguna parte. El mundo de hoy, aunque no abandone del todo la anterior tendencia globalizadora, se dirige, en el contexto de la lucha por la hegemonía del mundo, hacia la integración de bloques económicos supranacionales y el mantenimiento de zonas de influencia bastante exclusivas por las tres o cuatro grandes potencias que se disputan la hegemonía global (China y EE. UU.), o por lo menos pretenden mantener su soberanía al mayor nivel posible (Rusia).

A esta imposibilidad de los EE. UU. de replegarse sobre sí mismos, y de conservar la pureza étnico-cultural anglosajona, se suma la imposibilidad de los pueblos hispanos de alcanzar una unión política o económica mínimamente efectiva. Ni los sueños de hacer resurgir al Imperio Español, desde la derecha, sin sentido después de que España prefiriera hacerse europea, y muchísimo menos los de la izquierda, de unir a la América Latina en el bolivariano, tienen realidad en el presente y en el futuro inmediato.

Como más de un observador atento de la realidad ha escrito desde fines del siglo XIX, existen “Américas Latinas”, pero no algo como una América Latina. Desengañémonos, lo que unía al mundo hispano era su pertenencia al Imperio Español. Originado el mundo hispanoamericano en la voluntad de un lugar ajeno, la España de Isabel y de Fernando, y establecido sobre una variedad de realidades geográficas y culturales previas, tras su separación de España el mundo hispano solo podía avanzar hacia la disgregación, y en general hacia una evolución divergente. Concebido como unidad económica el Imperio Español, a sus partes, convertidas de la noche a la mañana en unidades “independientes”, solo les quedaba buscarse otro supra sistema nacional al cual integrarse y subordinarse, al llegar de últimas y sin mucho que ofrecer.

Incluso hoy no hay mucho de común entre un boliviano del altiplano, un uruguayo o un dominicano. Lo que hay de común entre ellos procede de su pertenencia previa al Imperio Español, pero también, por qué negarlo, de la influencia uniformadora del mundo anglosajón, en especial de los EE. UU., sobre todo a partir de los años 50 del pasado siglo.

No existe algo así como una “civilización latinoamericana”. Esa octava civilización, criatura de Huntington, solo cumple un objetivo: justificar la posición aislacionista del autor de Conflicto de civilizaciones, al menos con respecto al sur del hemisferio. De haber sido consecuente con su interpretación, Huntington, que reconoce la religión como factor fundamental al delimitar las civilizaciones, habría tenido que hablar de cristiandad, tal civilización incluiría a su Occidente, a su América Latina, y a la cristiandad ortodoxa, como no tiene problemas en hacer con el mundo islámico, en cuya civilización reúne sin escrúpulos a sunitas y chiitas. Es más que evidente la intención de Huntington de reservar a Occidente como una civilización hecha a la medida de los EE. UU., en la cual se ha incluido a las naciones que no representan un peligro migratorio para su país, no tanto a las que con ellos comparten (como afirma Huntington), desde hace mucho, ciertos valores y caracteres comunes. Si eso fuera cierto, si por ejemplo fuesen los valores comunes de gobierno democrático los que han trazado la delimitación de Occidente, Costa Rica, con más de 80 años sin autoritarismo, merecería pertenecer a él con mucha más razón que España, o Portugal, donde la democracia no alcanza todavía la media centuria. No hablemos de lo forzado de incluir en Occidente a los EE. UU. o Gran Bretaña, con siglos de tradición democrática establecida, junto a Alemania o Austria, donde todavía esta no llega al siglo, y de hecho fue impuesta desde afuera, tras la derrota de la Alemania Nacional Socialista en 1945.

Los EE. UU., sobre todo los conservadores, están obligados por la necesidad histórica a mirar hacia la América hispana, que a su vez lo está a mirar hacia los EE. UU. Estos últimos porque, en el “brave new world” que parece estar conformándose, ya no peligraría su idiosincrasia, su ser, a nivel más o menos superficial, como hoy ocurre ante el hispano, aunque tan cristiano como ellos, y con el cual comparte tantos otros valores, costumbres o interpretaciones de la realidad, como por ejemplo el conservadurismo o la escasa afinidad por el wokismo, sino de una manera fundamental, al amenazar con convertirlos en una potencia secundaria, y hasta penetrada de una manera radical por la muy diferente civilización extremo-oriental, hasta los niveles imaginados en Blade Runner o El hombre del castillo de la colina. Por su parte, la América hispana necesita mirar hacia EE. UU. porque solo al convertirse en los pueblos bárbaros del siglo XXI que vienen a traer sangre nueva al viejo Imperio “Americano” podrán aspirar con realismo a superar el estado de dependencia crónica, y consecuente limitación de sus capacidades, que les dejó su desconexión apresurada al sistema político y económico, en el cual en todo caso se constituyeron en unidades: el Imperio Español.

A los hispanoamericanos solo nos queda penetrar y fundirnos con la cultura estadounidense para crear un nuevo humano que con mayor propiedad merezca ser llamado “americano”, aunque con sus variaciones naturales según la latitud o el devenir histórico de su particular ubicación geográfica. Un americano cristiano, bilingüe, que adopte como suyas muchas de las virtudes y valores de lo anglosajón que a nosotros nos faltan, como ante la política o el trabajo, pero sin perder lo mejor y esencial de la cultura de nuestros mayores.

Ya ha sucedido: así fue como los germanos se situaron y ascendieron en las jerarquías de poder global, hasta incluso dominar el Sistema Mundo, siglos después de fundirse con los remanentes del Imperio Romano de Occidente. ¿Qué hubiera pasado con esa colección de tribus y hordas de humanos rubios y ojiclaros de no haber entrado en contacto con el Imperio en decadencia al sur, y con la religión en ascenso en él, el cristianismo? Muy difícil definirlo, pero en todo caso sus probabilidades de llegar a la posición que como europeos occidentales han llegado a disfrutar habrían sido definitivamente mucho menores.

La última guerra abierta entre anglosajones e hispanos, la de las Malvinas, o islas Falkland, terminó hace más de cuarenta años. Es cierto que se mantienen abiertos frentes de conflicto, de media o baja intensidad, como es el caso de Cuba, donde una casposa clase política se aferra al irredentismo, porque sabe que solo así puede sobrevivir, y que del lado estadunidense todavía es popular la vieja idea del aislacionismo. Mas los vientos soplan en dirección contraria a las pretensiones de las élites aislacionistas, bolivarianas y de quienes sueñan con restituir el Imperio Español. No en balde, desde la izquierda, los dos últimos presidentes mexicanos han elevado al inmigrante al estatus de héroe, al nivel del viejo luchador o guerrillero antimperialista de décadas pasadas, gracias a quien México recupera, para el tipo hispano, las tierras que los EE. UU. le arrebataron a ese país a mediados del siglo XIX.

La “crisis de los aviones” tensa las relaciones entre Colombia y Estados Unidos

El pasado 26 de enero, las relaciones diplomáticas entre Colombia y los Estados Unidos, o entre Gustavo Petro y Donald Trump, tuvieron su primera crisis. Y aunque hoy se dan por normalizadas las relaciones bilaterales, lo cierto es que este “impase” ha dejado mucho de qué hablar. Durante casi doce horas, los canales oficiales de discusión fueron las cuentas de la plataforma “X” de los dos mandatarios. Ello puso de manifiesto que las crisis ya no son manejadas por expertos en la materia, sino que estos apagan los incendios causados por las decisiones y comunicados precipitados de los mandatarios en redes.

A 6 días de su posesión, Donald Trump empieza a mostrar lo que, en materia de política exterior, será el tono de su mandato. Durante algunas horas, las relaciones entre Estados Unidos y su histórico aliado en la región, Colombia, se vieron ensombrecidas por una serie de comunicados personales de los mandatarios de ambos países, que a través de trinos en la plataforma “X”, hacían en nombre de sus naciones.

Todo empezó en la madrugada del domingo 26 de enero, cuando Petro escribió en su cuenta personal de “X” que daba la orden de que los aviones provenientes de los Estados Unidos, con casi 200 colombianos, no podían aterrizar. Uno de estos aviones no despegó y el otro debió regresar. La principal razón que aludía el mandatario colombiano era el trato indigno que se le daba a los connacionales y su denominación de “criminales”. A esto le siguió una serie de trinos que, más que justificar su decisión, expresaba un discurso alrededor del “enemigo externo”.

La respuesta del gobierno de Trump llegó rápidamente. Entre los anuncios, el que mayor preocupación causó entre los colombianos, fue el de que, a partir del lunes 27 de enero, la oficina de visas de la embajada de Colombia no iba a prestar servicio. En respuesta, el presidente colombiano señaló que cerca de 15 mil estadounidenses deberían regularizar su situación en el país. Minutos después, Trump amenazaba con “que nadie se burla de los Estados Unidos”, y anunciaba que el gobierno colombiano ya había autorizado el arribo de los aviones.

¿Una discusión vacía?

Según cifras de migración de Colombia, 14.199 colombianos fueron deportados de los Estados Unidos en 124 vuelos en 2024 y de hecho, ya existía un acuerdo entre los gobiernos que se venía ejecutando. No obstante, en esta ocasión al parecer las condiciones en la que eran tratados los colombianos deportados cambió, y fue esto lo que dio inició a la corta, pero intensa crisis.

Una de las medidas que tomó Trump ante la negativa del gobierno colombiano de recibir a los deportados, fue la de incrementar los aranceles un 25% para todos los productos colombianos que entraran a los Estados Unidos, y que en una semana subirían al 50%. La respuesta colombiana no se hizo esperar y el presidente Petro anunció, nuevamente por “X”, que le daba la orden a su ministro de comercio de elevar los aranceles de las importaciones de los Estados Unidos un 25%. Decisiones, que por supuesto afectarían mucho más a la economía colombiana que a la norteamericana.

De haberse implementado las medidas, esto habría causado una potencial crisis económica y fiscal para Colombia. Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, señaló en su que en 2024 las exportaciones de Colombia a los Estados Unidos representaron el 29% de las exportaciones totales del país. Esto llevaría a un escenario inflacionario sin precedentes en el país, a un aumento del riesgo país y a la depreciación del peso. Así que por donde se mire, las implicaciones serían mayores para el pueblo colombiano.

Diplomacia del siglo XXI

Académicos, gremios, ex embajadores, alcaldes y parlamentarios hacían un llamado al presidente Petro a la calma, aunque a lo largo de la tarde del domingo, la crisis parecía continuar subiendo su tono. No obstante, sobre las diez de la noche, el saliente ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, informó que la crisis se había superado y que se mantendrían abiertos los canales diplomáticos que, por demás, durante toda la crisis jamás se abrieron.

Más allá de los graves hechos detrás de las masivas deportaciones y de la forma como el gobierno de Trump pretende impulsarlas, este episodio nos plantea no sólo interrogantes, sino también nos llama a reflexionar sobre el quehacer diplomático. Por medio de redes sociales, los mandatarios de un lado y del otro enviaron mensajes confusos, mal escritos, con diatribas y analogías sobre el lugar del uno y del otro en el mundo. A través de X dieron órdenes y, más allá de exponer sus egos, reanimaron discursos que creíamos olvidados desde el fin de la guerra fría, con una marcada polarización ideológica centradas en ideas como la del enemigo externo y la soberanía.

Pero la crisis del pasado 26 de enero, también nos mostró que la diplomacia, ese llamado arte y oficio, fue quien finalmente logró frenar una situación que habría continuado en una cadena de absurdas decisiones, que en nada benefician a los ciudadanos, y menos a los repatriados, cuya suerte sigue siendo incierta.

Ahora, el presidente Petro dispone del avión presidencial para el “retorno digno de connacionales” y la presidenta de Honduras Xiomara Castro ha convocado a una reunión, en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), para abordar el tema de la cooperación regional en materia migratoria y la protección de los derechos humanos.

Pero lo que es realmente urgente, es entender cómo se toman las decisiones en momentos de crisis. ¿Son las redes sociales el nuevo instrumento de la diplomacia?, y en el caso de Estados unidos y Colombia, ¿se ha superado el impasse, o este es el comienzo de un tire y afloje que nos mantendrá en una constante incertidumbre?