Recuperar el sentido de la ‘vida’ en la conservación de la biodiversidad

Es cada vez más evidente que la ‘crisis ambiental’ abarca la extinción de especies y el cambio climático, pero también incluye la pérdida y la diversidad cultural, la reducción de experiencias personales y sociales con la naturaleza, y la distribución desigual de la contaminación y la degradación ambiental entre las personas. Incluso, se puede afirmar que se ha construido un consenso internacional, reflejado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible o el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, de que enfrentamos una ‘crisis de valores’ que conlleva el reto de recuperar el sentido más holístico de la ‘vida’ que queremos conservar.

La construcción de un nuevo paradigma

A partir de los 80’, predominó en la conservación el concepto de ‘biodiversidad’, término acuñado por biólogos estadounidenses para expresar la ‘diversidad de vida’. Esta idea constituyó una innovación en su tiempo, ampliando el foco de la conservación más allá de las especies más carismáticas, por ser vistosas o grandes, e incluyendo la variabilidad genética, las interacciones tróficas y la heterogeneidad ecosistémica, pero manteniendo una aproximación basada en gran parte en el valor intrínseco (ej. la importancia de la naturaleza en sí), y las mediciones biofísicas (ej. número de especies, hectáreas de hábitat). Luego, en los 90’, surgió la economía ecológica a la par del concepto de ‘servicios ecosistémicos’, resaltando los valores monetarios y utilitarios (ej. medio para un fin humano) de la naturaleza.

Sin embargo, tratar la conservación exclusivamente desde lo ecológico o lo económico puede generar situaciones de injusticia hacia pueblos indígenas y comunidades locales. Ante la inequidad en el acceso y la distribución de las contribuciones de la naturaleza, estas poblaciones han sufrido muchas veces las políticas ambientales como imposiciones coloniales. Además, está demostrado que excluir a las personas de las decisiones perjudica su implementación en instrumentos de gestión práctica.

Desde los 2000, distintas iniciativas promueven aproximaciones más plurales. En particular, la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES, por sus siglas en inglés, www.ipbes.net) ha avanzado en esta línea, desafiando incluso la validez de los términos que le dan nombre. Con aportes académicos y políticos desde el Sur Global, y particularmente de Latinoamérica, IPBES reconoce que ‘biodiversidad’, ‘naturaleza’ y ‘servicios ecosistémicos’ tienen un arraigo en la cultura occidental. Por ejemplo, ‘naturaleza’, en su uso común se asocia a el mundo material, incluyendo plantas, animales y procesos, donde no haya intervenido el humano.

No obstante, estudios etnoecológicos demuestran que para la mayoría de los 1.000 idiomas que aún se hablan en América, no hay una distinción entre lo natural y lo social, sino que se concibe una sola esfera de ‘vida’ interrelacionada, como evidencia el trabajo de la venezolana Egleé Zent en conjunto con los Jotï que habitan la Amazonía. Otro ejemplo viene de la cosmovisión andina con su concepto de ‘Pachamama’ que se basa en una relación distinta con el entorno, ya que no es simplemente utiliza otro nombre para ‘naturaleza’, sino que la entiende como un individuo, lo cual conlleva otras responsabilidades como con una madre. En este sentido, IPBES también amplió el concepto ‘bienes y servicios’ de los ecosistemas, con su fuerte connotación economicista y utilitaria, y acuñó ‘contribuciones de la naturaleza para la gente’ (CNG) para ser más ameno a otras cosmovisiones, sistemas de conocimiento, culturas e idiomas desde una perspectiva más relacional y contextual.

¿Qué aspectos faltan incorporar?

A pesar de los avances, aún hace falta institucionalizar la valoración plural de la naturaleza con sus aspectos ecológicos, monetarios, socioculturales y de salud. Históricamente, los debates sobre la conservación se dieron principalmente desde el ámbito científico del Norte Global, pero siempre con implicancias en las políticas ambientales a nivel mundial. Hoy, la conservación más inclusiva incorpora ideas con un sello ‘desde el Sur’. Por ejemplo, el Marco Mundial Kunming-Montreal no solo busca conservar 30% de la superficie del planeta para el año 2030 (conocida como la meta ‘30×30’), sino lograrlo con sistemas de gobernanza equitativos que reconocen los múltiples valores y cosmovisiones de la naturaleza.

Ahora, estamos frente el desafío de implementar este giro paradigmático, y justamente en la COP16, que se celebra en Cali, Colombia, entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre, se está negociando un sistema de monitoreo para las Estrategias Nacionales de Biodiversidad y Planes de Acción (NBSAPs por sus siglas en inglés) y así hacer un paso significativo para institucionalizar la conservación inclusiva.

El rol de Latinoamérica

En este contexto, Latinoamérica ostenta un papel privilegiado, ya que cuenta con pensadores y pensadoras de vanguardia que han abierto espacios conceptuales que permiten esta diversidad de voces, o lo que el colombiano Arturo Escobar denomina ‘pluriversos’, en contraposición del pensamiento occidental que presupone una forma única de pensar-hacer el ‘universo’. Además, la región ha nutrido procesos socio-políticos de base relacionados con iniciativas indígenas, campesinas y afrodescendientes, cuyos referentes han llegado a altos cargos de gobierno en países como Colombia y Brasil.

Además, desde Latinoamérica, se ve el efecto de un ‘Papa del Sur’ liderando la Iglesia Católica, al proponer otra relación con la naturaleza en el Laudato Si, o el primer convenio ambiental latinoamericano denominado Acuerdo Escazú que asegura acceso a la información, participación y justica en temas ambientales, el cual representa un ejemplo de relevancia a nivel global.

No obstante lo anterior, cabe recordar también que a pesar del potencial de la región en co-construir este nuevo paradigma, Latinoamérica sigue siendo el continente más peligroso para los defensores ambientales, con el 85% de los asesinatos a nivel mundial, según el informe 2023 de Global Witness. Esta tragedia demuestra que, pese su liderazgo en temas socio-ambientales, aún queda mucho por hacer para materializar la recuperación del sentido de la ‘vida’ en todos los territorios.

Afortunadamente, hay muchos aliados y encontramos modos de vida complementarios en regiones tan diversos como Japón donde el concepto satoyama hace referencia a los paisajes culturales-ecológicos integrados, en África sub-Sahariana con ubuntu que relaciona al individuo con otros y el entorno físico, o en Nueva Zelanda donde se ha desarrollado una definición política de bienestar nacional que incorpora la cosmovisión maorí que se guía por los principios de kotahitanga (trabajar de manera coordinada), tikanga (tomar decisiones alineadas con los valores correctos), manaakitanga (aumentar el poder y agencia de otros a través del respecto y cuidado) y tiakitanga (administración responsable). Parecería que la búsqueda de ‘vivir bien’ tiene manifestaciones similares en todo el mundo.

Conclusión

Al terminar su discurso ante la Cumbre de Río+20, el entonces presidente uruguayo Pepe Mujica afirmó que “cuando luchamos por el medio ambiente, tenemos que recordar que el primer elemento del medio ambiente se llama felicidad humana”. Luego, citó a filósofos romanos, griegos y aimara. Esas palabras evidencian el potencial de Latinoamérica en repensar la conservación. La región ahora debe aprovechar esta oportunidad para integrar la diversidad biológica y cultural y combinar las cosmovisiones ancestrales con las perspectivas occidentales.

Un nuevo paradigma basado en la equidad, diversidad, inclusión y justicia de las múltiples voces de la conservación nos permitirá reconsiderar qué es ‘vivir bien’. De esta manera, estaremos mejor preparados para atender la extinción de especies y la pérdida de las contribuciones de la naturaleza para la gente, pero también para enfrentar la reducción de experiencias con la naturaleza y la amenaza a la diversidad cultural. En su conjunto, esta ‘crisis de valores’ requiere recuperar el sentido holístico de la ‘vida’.

*Un texto producido en conjunto con el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI). Las opiniones expresadas en esta publicación son las de los autores y no necesariamente las de sus organizaciones.

La democracia está en declive en América Latina, ¿es posible revertirlo?

“Ya hemos salido de momentos más oscuros”, fueron las palabras finales del expresidente costarricense Luis Guillermo Solís el 4 de octubre al hablar del declive del Estado democrático en América Latina. Por octavo año consecutivo, más países en todo el mundo registraron una caída en los indicadores democráticos que países que mostraron mejoras, según un informe de 2024 de IDEA Internacional. En la región, los ejemplos van desde Venezuela hasta Bolivia, pasando por Guatemala y Perú, entre otros.

Las palabras de consuelo de Solís las pronunció durante el evento “Diálogo Regional: ¿Cómo prevenir retrocesos democráticos en América Latina?”, organizado por el Instituto para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El encuentro se llevó a cabo en la ciudad de Antigua, Guatemala, entre el 3 y 4 de octubre, donde el equipo de L21 tuvo el agrado de participar.

Junto a la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, y el expresidente de Perú, Francisco Sagasti, además de académicos, periodistas y miembros de la sociedad civil, el evento tuvo como objetivo promover reflexiones y debates sobre formas de detener la sangría democrática y fortalecer el Estado de ley en la región.

Según el informe “El estado global de la democracia 2024” de IDEA Internacional, el 47% de los países del mundo cayeron en al menos uno de los indicadores que miden el desempeño democrático. La categoría de elecciones libres y supervisión parlamentaria tuvo en 2023 su peor récord desde 1975. En los últimos cinco años, hubo más países que registraron retrocesos que países que registraron avances democráticos.

Reflexiones sobre América Latina

América Latina no es una excepción y su deterioro es incluso anterior al promedio global, con registros que se remontan al menos a una década. También es importante reflexionar que un retroceso democrático en América Latina no se puede comparar con un retroceso en Europa, ya que las realidades son diferentes. Aquí, el crimen organizado, las economías ilegales, la migración e incluso el cambio climático pintan un escenario muy diferente al del resto del mundo.

El grado de regresión también varía de una nación a otra. Si bien no ha perdonado a países considerados modelos de democracia en la región, como Chile, Uruguay y Costa Rica, otros como Guatemala, donde un presidente recién inaugurado enfrenta desafíos de gobernabilidad y judicialización generalizada, el orden democrático se balancea en la cuerda floja. La tríada que más preocupa sigue siendo Venezuela, Nicaragua y El Salvador.

Ante esta noticia, parece difícil imaginar un futuro menos sombrío. Sin embargo, como señaló el ex líder de Costa Rica, no es el peor escenario en una región que ya ha enfrentado distintas formas de dictaduras, persecución, tortura y que hasta el día de hoy lidia con una fuerte desigualdad social y crimen organizado. Según esta lógica, la reversión es de hecho una posibilidad creíble.

Bachelet enumeró ejemplos de éxito: Brasil, después de ver los edificios de sus tres potencias invadidos por fuerzas antidemocráticas, mostró la resiliencia de sus instituciones; Del otro lado del continente sudamericano, Chile, que enfrentó su propia “crisis” y dos intentos fallidos de cambiar la Constitución de Pinochet, remodeló su forma de gobernar, con más diversidad, y se convirtió en la voz de izquierda que condena la situación en Venezuela.

Además, la región también tiene algo que enseñar al mundo. Los países latinoamericanos continúan avanzando en la protección de los derechos humanos, a pesar de casos de retrocesos como en la tríada mencionada anteriormente. Las Américas tienen el mayor grado de representación femenina en las cámaras legislativas, además de celebrar varias elecciones transparentes con alternancia de poder (nuevamente, con sus excepciones).

Diferentes experiencias, diferentes soluciones.

Durante dos días, más de 70 personas de 19 países latinoamericanos compartieron sus experiencias y discutieron formas de amplificar los buenos ejemplos frente a las malas noticias. Los participantes se dividieron entre los diferentes temas a abordar, entre ellos: poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, elecciones, sociedad civil, prensa y medios de comunicación y mecanismos no institucionales para el ejercicio de la política.

La diversidad de experiencias, desde México hasta Argentina, fue fundamental para evitar “soluciones mágicas”, como afirmó el expresidente Sagasti, quien comentó que la experiencia exitosa de una sociedad, si bien trae lecciones, no puede replicarse en otro país dado el grado de diferencia entre naciones.

Identificar deficiencias es una tarea sencilla, el desafío es proponer soluciones y adaptarlas al contexto de cada país. ¿Cómo evitar que se coopten poderes? ¿Cómo podemos crear organismos electorales lo suficientemente fuertes como para protegernos de manipulaciones o amenazas? ¿Cómo podemos restaurar el poder y la confianza de los ciudadanos para que se involucren en la construcción democrática de sus países?

Las respuestas que surgieron del encuentro serán parte de un nuevo informe que elaborará IDEA Internacional. Pero hay consenso. El rescate democrático pasa por fortalecer las instituciones que son sus pilares, que a su vez dependen de una sociedad que confía en ellas. Los ciudadanos que confían en los poderes de sus países -y entienden cómo funcionan- no los entregarán a voces autoritarias. Los puestos sensibles, especialmente en el poder judicial y los órganos electorales, ocupados según criterios técnicos tienen menos probabilidades de ser cooptados que los nombramientos de naturaleza política. Y es imprescindible estudiar formas de impedir la participación de actores antidemocráticos en la política.

El papel de la diversidad en la democracia

Lo que se hizo evidente en el encuentro es la importancia de la diversidad a la hora de reflexionar sobre los problemas y proponer soluciones en espacios de debate históricamente ocupados por académicos mayores.

En un mundo cambiante, una joven negra de la sociedad civil de Colombia abogó por la importancia de tener más jóvenes como ella en estos foros. Un periodista de México, el país que mata a más periodistas en el mundo, amplificó los llamados a una prensa independiente. Una ex senadora expulsada de su cargo en Paraguay expuso los riesgos de estar en la oposición en espacios políticos monopolizados.

Aunque la discusión fue amplia durante los dos días, quedó mucho por fuera. Bachelet, en su discurso en el Foro de Alto Nivel, destacó los riesgos del uso indiscriminado de la Inteligencia Artificial en las elecciones, el creciente poder de las redes sociales sin una adecuada regulación del odio y el discurso criminal y el daño cada vez mayor de la desinformación. Los grupos criminales y las redes de tráfico también son un desafío creciente para las democracias latinoamericanas.

Para reflexionar sobre estos temas, espacios de diálogo como el que impulsan IDEA Internacional y AECID son fundamentales y deben incorporar cada vez más a la ciudadanía. Las sociedades capaces de identificar sus problemas e idear diferentes soluciones tienen menos probabilidades de caer en soluciones milagrosas de “salvadores” con tendencias autoritarias.

*Una colaboración de Carolina Marins

El origen de la polarización política

En los últimos años, una de las tendencias más acentuadas en la política en Latinoamérica y aun en los Estados Unidos es la gran polarización de opiniones, emociones e ideas. En algunos países esta polarización política es tan extrema que colinda con sentimientos de odio irracional y divide hasta las propias familias. Ya no se discuten proyectos de desarrollo ni iniciativas para solucionar los problemas desde una visión pública, solo se descalifica en forma irracional y con odio al contrario, a los que piensan diferente. ¿Cuál es el origen de esto?

Tradicionalmente la opinión pública se formaba mediante una combinación de la comunicación “boca a boca” entre las personas y la información que se transmitía por medio de los medios de comunicación tradicionales como la televisión, la radio y los periódicos. Ese es su origen. Era un proceso en el que no participaban todas las personas, solo la minoría que tenía acceso a informarse y a opinar en los medios de comunicación. Básicamente, pues, la opinión pública se formaba en las clases urbanas más pudientes y luego esa opinión se irrigaba hasta el interior del país hacia las masas menos educadas. En este contexto, los medios de comunicación tradicionales y los dirigentes políticos tenían un inmenso poder de influenciar a las personas, las cuales por lo general estaban poco informadas de asuntos públicos.

Ahora las cosas son diferentes. Ha habido tres cambios mundiales que han trastocado las reglas del juego en relación con la formación de la opinión pública y han dado origen a una creciente polarización política. El primer cambio es la penetración de las redes sociales. Hasta los ciudadanos más pobres ahora se informan por medio de una o varias redes sociales. En el caso de Honduras, uno de los países más pobres del continente, más del 80 % de su gente se informa por medio de Facebook o WhatsApp. Los más políticos y ansiosos de noticias se informan ahora por X (antiguo Twitter), y los jóvenes, por Instagram y TikTok. La inmediatez de las redes sociales las ha convertido ahora en la principal fuente de noticias. De inicio, esto se percibe como positivo, ya que más gente tiene la posibilidad de estar informada de lo que acontece en su comunidad y en el mundo.

Una segunda transformación en la opinión pública la han generado los algoritmos que utilizan todas las redes sociales (con excepción de WhatsApp). Lo que este algoritmo hace es filtrar a la persona solo información con la que ha estado de acuerdo previamente, haciendo que refuerce sus opiniones, sin considerar ideas o argumentos nuevos. Al hacer esto, la persona llega rápidamente a tener opiniones polarizadas que no permiten debate. Eventualmente se produce lo que en inglés llaman un confirmation bias, es decir, la ratificación de sus creencias en todo lo que ve por medio de las redes sociales. En resumen, esto hace que la gente se forme con ideas extremas.

El tercer factor —y el más dañino— que ha polarizado a la opinión pública en el mundo es el crecimiento descontrolado de fake news (noticias falsas). Las noticias ya no se originan exclusivamente en news outlets, sino que cualquier persona puede postear algo que se convierte en noticia. Las personas con frecuencia postean deliberadamente noticias falsas, y en la gran mayoría de los casos los consumidores de noticias creen casi todo lo que leen o ven en sus redes sociales. Esto es particularmente cierto en política, lo que refuerza su odio hacia ciertas ideologías, partidos o líderes políticos.

En resumen, la peligrosa polarización política que vivimos en muchos países tiene sus raíces principalmente en estos tres factores: el crecimiento de redes sociales como principal fuente de información para la gente, el algoritmo que usan las redes sociales y el imparable crecimiento de las fake news en el mundo político. Muchos hablan de post verdad, la relatividad de todo, etc.; lo cierto es que el debate de ideas ha muerto en la contienda política para dar paso a la extrema emotividad y al odio visceral. En este nuevo contexto, no es extraño encontrarse con autoritarismos, golpes de estado, descalificaciones sin sentido, fraudes electorales y violencia política. Es la total desnaturalización de la política, ya que la política en sí debe ser la discusión respetuosa de las ideas. Eventualmente, esta polarización política extrema podría causar el fin de la democracia. 

Rumbo al Senado: Presencia y representatividad de mujeres negras en Brasil

En octubre de 2024 finalizó otro proceso electoral en Brasil, con cargos de alcaldía y concejalía disputados en todo el país. Aunque los resultados de la elección aún no reflejan el aumento significativo de candidaturas de mujeres negras registradas en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) este año, en cada elección crece la movilización para que las mujeres negras, en particular, ocupen cargos en la política institucional.

A pesar de que los resultados aún son modestos, estamos ante un movimiento imparable: ayer se disputó el Supremo Tribunal Federal (STF); hoy, los cargos legislativos mayoritarios y proporcionales, mañana será el Senado.

La participación de mujeres negras en la política institucional ha sido un elemento distintivo en el escenario internacional, con expresiones recientes como Epsy Campbell, vicepresidenta de Costa Rica entre 2018 y 2022, y Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia desde 2022. Epsy Campbell no solo fue vicepresidenta, sino la primera persona negra en ocupar ese cargo en toda América Latina; por su parte, Francia Márquez es un símbolo de activismo comprometido con causas ambientales y de derechos humanos.

En Brasil, la demanda por la presencia de mujeres negras en la política institucional es una fuerte agenda de los sectores del feminismo negro, una campaña que se fortaleció tras el asesinato de la concejala Marielle Franco y adquirió relevancia mediática en 2023, cuando el Gobierno Federal, al reorganizar el tablero del juego democrático, comenzó su gestión con la misión de seleccionar dos nombres para el Supremo Tribunal Federal.

Superada la frustración generada por el nombramiento de los nuevos jueces, la campaña continuó en los procesos electorales municipales de este año, que, aunque parezcan de menor escala, son representativos del enfrentamiento que ocurrirá en las próximas elecciones, con candidaturas a cargos mayoritarios como presidente y gobernador, así como a diputados federales, estatales y senadores.

Será un momento para discutir el perfil de las candidaturas ideales para tales cargos. Tradicionalmente, la respuesta sintética a esta duda comenzaría por la categoría de persona. Así, la persona elegida debería estar comprometida con la democracia, defender el Estado laico, abogar por los derechos sociales, salvaguardar la Constitución y cumplir con la conducta ética requerida por el cargo.

En este discurso, «persona» es la traducción habitual para un individuo universal, sin considerar su condición de género, raza u otros elementos distintivos.

Desde esta perspectiva, las demandas de grupos específicos, fundamentadas en género y raza, serían vistas como identitarismos culturalistas superficiales, una moda reciente y peligrosa que prioriza la identidad y las dimensiones culturales, ocultando los problemas reales, cuya base serían las desigualdades económicas y sociales. Este enfoque dividiría el campo de las luchas progresistas y pasaría por alto que, independientemente de la raza o el género, lo que está en juego es un proyecto de nación democrática e igualitaria.

El error de esta concepción radica en suponer que «persona» es una construcción neutra, desprovista de género y raza. La noción de «persona» a menudo refleja elecciones posicionadas. Y la contundencia con la que los movimientos sociales, especialmente los movimientos feministas y raciales, se proyectaron en el imaginario político a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuestionó la neutralidad de las concepciones universales, exponiendo la imposibilidad de un proyecto de igualdad social que ignorara la especificidad de la condición de género y raza.

Género y raza están en la base de la elaboración del mundo tal como lo conocemos: son, por ejemplo, organizadores del trabajo, definiendo el perfil de inserción y ocupación, los patrones de empleabilidad y desempleo, y la actuación en el ámbito público y privado, lo que conlleva a diferencias en los salarios y remuneraciones. En consecuencia, son los factores que determinan el acceso a bienes material y simbólicamente deseables, como el poder y el prestigio. Género y raza también alimentan las predisposiciones subjetivas que llamamos gustos, preferencias u opiniones, estableciendo así estándares estéticos, afectivos y de elección.

Por ello, al responder sobre la importancia de la elección de mujeres negras, en realidad estamos respondiendo a otra pregunta: ¿Por qué apoyar a una mujer negra en la política institucional nunca ha sido sólo sobre tener a una mujer negra en la política institucional?

Discutir la presencia de mujeres negras en la política institucional no es una mera formalidad. No lo fue en los últimos procesos electorales, no lo fue en el caso del STF, y no lo será ahora ni en 2026. Se trata de una disputa importante que está lejos de ser meramente identitaria o de representatividad numérica. No se trata solo de reivindicar la presencia de mujeres negras en cargos de poder en el ámbito político, sino de un perfil específico que refleje una visión progresista de la realidad social.

Así, no se trata simplemente de tener a una mujer negra en la política institucional, sino de la calidad de la democracia y del proyecto de igualdad y justicia social que se pretende desarrollar. En resumen, se trata de disputar un proyecto de país.

Volviendo al STF, en sus 132 años de existencia, 171 ministros han pasado por sus escaños: 165 hombres blancos, 3 hombres negros y 3 mujeres blancas. Sería un error suponer que la elección de 165 hombres blancos es meramente casual.

Los parlamentos también son espacios ejemplares de esta distinción. De los 513 diputados federales electos en 2022, 135 se autodeclararon negros, incluyendo el 19% que se había presentado como blanco en la elección anterior. Este dato es interesante, ya que, si se excluyeran estos cambios de autodeclaración, tendríamos un 11,29% menos de diputados negros en comparación con 2018. Además, en esta bancada, hay 91 mujeres, de las cuales 29 son negras.

Actualmente, uno de los espacios más emblemáticos es el Senado Federal. En sus 200 años de existencia, Laélia de Alcántara (PMDB-AC) asumió en 1982, siendo la primera mujer negra y la tercera mujer en la historia en convertirse en senadora. Después de Laélia, solo Benedita da Silva y Marina Silva. Tres mujeres negras progresistas, con agendas democráticas y de equidad de género y raza. Por ello, la disputa por el Senado se ha observado con especial atención, sobre todo porque ahí se librarán los principales debates entre progresistas y conservadores sobre un proyecto nacional.

En el escenario político actual, destacan dos mujeres negras que tienen posibilidades reales de ocupar escaños en los próximos dos ciclos: Anielle Franco, Ministra de Igualdad Racial, y Erika Hilton, Diputada Federal. Sus nombres han circulado en los bastidores políticos como candidatas viables para que mujeres negras con un perfil progresista ocupen escaños en el Senado.

Anielle Franco representa sectores del feminismo negro, pero ha ganado fuerza no solo en temas de género y raza, sino también en el debate democrático más amplio. En su ministerio, ha fomentado el diálogo con los sectores políticos, intelectuales y tradicionales del movimiento negro, lo que le ha otorgado legitimidad en el debate público.

Erika Hilton, la primera mujer trans en liderar una bancada en el Congreso Nacional, probablemente no cumplirá 35 años en 2026. Fue elegida la mejor diputada de 2024 y sus propuestas incluyen la protección de refugiados climáticos y personas sin hogar. Goza de amplia aceptación entre los progresistas y cuenta con el reconocimiento como figura pública carismática, con millones de seguidores. Sin duda, un nombre fuerte para 2030.

Si se confirman las previsiones, serán dos candidatas que cumplirán con la afirmación de que: apoyar a una mujer negra en la política institucional no se trata solo de tener a una mujer negra en la política institucional, sino de tener un proyecto político en disputa, especialmente con agendas enfocadas en la equidad y justicia social.

Si se confirman las previsiones: tras las elecciones de 2024, preparémonos para el Senado.

Hacia una economía política de las remesas en Centroamérica

La migración irregular y las remesas

Las remesas se han convertido en un factor importante para las economías centroamericanas. Más del 70% de las remesas que llegan a esta región provienen de los Estados Unidos. En el caso de Honduras esta cifra alcanza incluso el 90%. El aumento del empleo en los sectores estadounidenses en los que trabajan los migrantes, como los servicios de alimentos y bebidas, los servicios de salud y la construcción, contribuyó al crecimiento de las remesas a América Latina. Según el informe de la Oficina del Censo de Estados Unidos, la población nacida en el extranjero procedente de América Latina era de 23,2 millones, es decir la mitad de los 46,2 millones de personas nacidas en el extranjero que vivían en Estados Unidos en 2022. De ellos, solo México y América Central representaban 14,6 millones.

El consumo de las familias receptoras, estimulado por los flujos de remesas, se concentra en la satisfacción de necesidades básicas, salud y educación. Dicho consumo puede extenderse, sin embargo, hasta las llamadas compras suntuarias, siendo los principales ejemplos la adquisición de electrodomésticos de lujo, teléfonos móviles y ropa de alta gama. Más allá del consumo suntuario en algunos casos se ha fortalecido la economía local mediante el aumento de las inversiones en pequeños negocios, agricultura y tierras o granjas.

Los enormes flujos de divisas son una gran oportunidad de negocios para la banca comercial y contribuyen a mantener un nivel estable de reservas internacionales para el Banco Central en los países receptores. Según una encuesta encargada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los receptores de remesas están interesados en acceder cada vez más a más servicios financieros. Sin embargo, la mayoría de los migrantes no tienen un visado de entrada válido en Estados Unidos, ni un número de seguridad social y, a menudo, han perdido su documento de identificación en el tránsito, o son demasiado jóvenes para tener una identificación cuando abandonan el país.

Las remesas y su funcionamiento

Los mecanismos que usan los migrantes para enviar dinero a sus familiares dependen de su estatus legal. Aquellos que cuentan con una situación legal formalizada, transfieren sus remesas por lo general a través de giros bancarios. Muchos de los que residen en Estados Unidos reciben sus salarios predominantemente en efectivo o en forma de cheques. Esto es así, debido a la naturaleza de los trabajos que realizan estos migrantes, que a menudo tienen bajos salarios. Una gran proporción de migrantes centroamericanos tienen un estatus de indocumentados (que les impide recibir salarios mediante depósito directo). Por otra parte, los bajos niveles de educación y de inclusión financiera dificultan el envío de remesas a través del sistema bancario.

Según se informa, alrededor del 92% de las remesas en el corredor Estados Unidos-Centroamérica se transfieren a través de proveedores de servicios de remesas formales. Los migrantes centroamericanos, en gran proporción indocumentados, se sienten atraídos por los requisitos laxos de los operadores de transferencia de dinero (OTD), como Western Union o MoneyGram para las transferencias de dinero inferiores a 3000 dólares y no necesitan proporcionar ningún tipo de identificación, a menos que las circunstancias se consideren sospechosas.

De acuerdo al Banco Mundial, los bancos tradicionales representan el medio más costoso para enviar remesas con una comisión cercana al 11.8%. Por un lado, los OTD mantienen comisiones del 5.4% en promedio, mientras que los de telefonía móvil, un 4.5%. Los operadores de remesas desde Estados Unidos se encuentran entre los menos costosos para la región latinoamericana. Según la base de datos Remittance Prices Worldwide, los costos de envío de remesas a Honduras eran del 3.7 % en el cuarto trimestre de 2023. Este predominio de las empresas de remesas sobre los bancos se debe, en gran parte, a la disminución de los márgenes de beneficio de las remesas, que han hecho que muchos bancos pierdan interés en el mercado. La tendencia que se observa a nivel mundial es una mayor penetración de las llamadas “Fintech” en el mercado de remesas.

Como es de suponer, las aplicaciones de Fintech (“tecnología financiera digital”) están penetrando aceleradamente el mercado de las remesas. Esto es así porque, además de una mayor reducción de costos y agilización de las transacciones, las fintech pueden promover la inclusión financiera, para personas que carecen de una cuenta bancaria. El uso predominante de los canales formales de envío de remesas crea un entorno propicio para la inclusión financiera, que aún no está siendo bien aprovechado. Separadas de las sucursales bancarias y las redes de agentes, las remesas digitales pueden llegar a hogares remotos y de bajos ingresos.

Las remesas digitales están ganando popularidad, en particular desde el inicio de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, la adopción de estas tecnologías ha quedado rezagada con respecto a las transacciones más “tradicionales” basadas en efectivo por una amplia gama de razones, incluidos los bajos niveles de inclusión financiera y alfabetización digital, y las regulaciones que han creado importantes barreras de entrada para las empresas de tecnología financiera.

El mercado de las instituciones de microfinanzas es aún pequeño y está encontrando su nicho. A pesar de la creciente red, la disponibilidad de servicios de remesas en las zonas rurales es limitada. Las cooperativas de ahorro y crédito facilitan el acceso a las remesas en las zonas rurales de Honduras, pero muestran muy poca flexibilidad. En 2006, las cooperativas distribuyeron alrededor del 20% de todas las remesas enviadas a las zonas rurales. Por cuestiones de seguridad, una mayor expansión de la red de agentes de pago de remesas es limitada.

¿Qué hacer?

En vista de la relevancia de las remesas para el buen funcionamiento de la economía en países como los centroamericanos, es de suma importancia promover el marco adecuado que permita una mayor inclusión financiera de los hogares que reciben remesas. Uno de los obstáculos más grandes lo constituyen las regulaciones existentes para combatir el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. La experiencia ha demostrado que todavía siguen pagando justos por pecadores. Las autoridades deberían adoptar un enfoque equilibrado entre la mitigación de los riesgos de lavado de dinero y la mejora del acceso a los servicios financieros. Es importante regular primero a las empresas de transferencia de dinero para crear igualdad de condiciones.

El marco regulatorio debería ser sólido, predecible, no discriminatorio y proporcionado. Debería abordar la transparencia, garantizar la protección del consumidor y exigir que los proveedores de servicios de transferencia de dinero rindan cuentas de sus servicios. Si desde el principio se imponen requisitos demasiado complejos a las empresas recién reguladas, podrían desanimarse a obtener una licencia y operar ilegalmente.

Es necesario armonizar y coordinar mejor las reglamentaciones estatales y las inspecciones de las empresas de servicios monetarios. El reto principal consiste en desarrollar la infraestructura necesaria para un sistema de pagos que conduzca no solamente a una mayor inclusión financiera, sino además a promover inversiones sostenibles tanto en la infraestructura comunitaria como en la inversión privada.

A pesar de los avances, lo que se ha hecho es insuficiente, si se toman en cuenta los potenciales existentes. La motivación de los migrantes para ayudar a sus comunidades, exige más apoyo.

México: una “reforma judicial” con trampa

El Congreso mexicano, con una composición recién renovada, aprobó en septiembre la ley de la llamada reforma judicial, mediante la cual los jueces de todo el país serán “popularmente” elegidos. El texto legal fue aprobado primero en Diputados; la aprobación en el Senado se logró con el voto de un senador tránsfuga –Miguel Ángel Yunes Márquez–, quien dejó al Partido de Acción Nacional por el cual había sido elegido y pasó al bloque oficialista, para dar el crucial voto al gobierno que le permitió contar con mayoría.

Este sistema de “elección popular” de todos los jueces del país —1.650 jueces federales y algo más de cinco mil jueces estaduales— no existe en ningún otro país del mundo. En América Latina, solo Bolivia tiene la elección popular de las tres altas cortes del sistema, un mecanismo que ha producido a lo largo de dos comicios un reiterado fracaso. De una parte, la mayoría de los ciudadanos votó en blanco o vició el voto; de la otra, la calidad de los elegidos ha sido notoriamente pobre.

Pero esto último no importa a quienes propugnan la llamada “elección popular” de los jueces, envolviéndola en un ropaje pretendidamente democrático. Porque lo que se busca es controlar políticamente —o partidariamente, para ser más precisos— la designación de quienes habrán de administrar justicia. Y eso es lo que se ha producido en Bolivia como en aquellos otros países que tienen formas limitadas de elección popular de los jueces.

La movilización y manifestaciones de jueces, magistrados y personal judicial, acompañados por estudiantes universitarios, en contra de la reforma no parecen haber preocupado al gobierno. Las observaciones y preocupaciones expresadas por Estados Unidos y Canadá —socios comerciales de México que ampliaron su cooperación mediante el T-MEC, firmado en noviembre de 2018— han sido rechazadas por el gobierno mexicano como intrusiones en su soberanía. Las advertencias de organizaciones como Naciones Unidas o Human Rights Watch (HRW) fueron igualmente puestas de lado. 

La Relatoría Especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados ha subrayado la importancia de contar con “procedimientos de designación no políticos, vinculados estrictamente a la calidad y el mérito profesional”, y la relatora Margaret Satterthwaite se dirigió a fines de julio a Andrés Manuel López Obrador para señalar “el riesgo de que los candidatos a magistrados busquen complacer a los votantes o a patrocinadores de campañas con el fin de incrementar sus posibilidades de reelección, en lugar de tomar decisiones fundamentadas exclusivamente en principios y normas jurídicas”.

HRW ha sido enfático acerca de las reformas en curso de adopción por México, al expresar que afectarían “gravemente a la independencia judicial y contravendrían estándares internacionales de derechos humanos destinados a garantizar que toda persona reciba una audiencia justa ante los tribunales”.

Está en juego la independencia judicial

Cuando se plantea la necesidad de contar con jueces y magistrados independientes, se está refiriendo el tema a una cuestión de claro tinte político. Porque se requiere jueces independientes no tanto para decidir sobre divorcios con causal o la desocupación de inmuebles por falta de pago. Donde se juega la independencia judicial es, sobre todo, en aquellos casos en los que está de por medio el poder.

Un poder que puede ser económico pero que frecuentemente es político. En ese viejo esquema de los tres poderes del Estado, al Poder Judicial se le ha entregado la tarea de conocer y pronunciarse sobre la legalidad de los actos de gobierno; un gobierno que está a cargo de los otros dos poderes. En esa tarea de contralor del ejercicio del poder es donde se verifica la independencia de los jueces, porque si no hay independencia no habrá control alguno sobre el ejercicio del poder.

Mediante la “elección popular” de los jueces, el partido o los partidos en el gobierno se reservan, formal o informalmente, la tarea de seleccionar a los candidatos, como enseña el caso boliviano. De modo que quien gobierna tiene garantizada, desde ese momento, la ausencia de control judicial sobre las decisiones y conductas que adopte.

Ese es el escenario ideal para cualquier gobierno autoritario. De hecho, en América Latina el ejercicio del control judicial sobre actos de gobierno es una tendencia solo muy reciente. Y en México la Suprema Corte de Justicia ha abierto el camino para ejercer su papel constitucional, con mesura y razonamientos muy fundados, por ejemplo para frenar la entrega de la seguridad pública a las fuerzas armadas.

Esa “novedad” es siempre incómoda para gobernantes que buscan tener mano libre —esto es, por encima de la ley— para proceder según les parezca o convenga. Morena, el partido de gobierno en México, cree haber encontrado la fórmula apetecida, y Claudia Sheinbaum —la primera mujer que llega a la presidencia del país— disfrutará de ella.

Activismo juvenil en la era digital

El activismo juvenil ha encontrado en el ámbito digital un nuevo territorio fértil para crecer y desarrollarse. En Argentina, los jóvenes entre 18 y 24 años están redefiniendo la participación social a través de las redes sociales y plataformas digitales. Un informe reciente de un estudio de Cultura de Dar, iniciativa de la cual forma parte la consultora argentina Voices!, muestra que, pese al bajo interés en política, cerca de la mitad de los jóvenes del país está interesado en trabajar activamente en la solución de algún problema social, ambiental o político y una proporción similar considera que sus acciones pueden tener impacto. Este estudio destaca que seis de cada diez jóvenes participan activamente en cuestiones sociales, ambientales o políticas a través de internet. Este fenómeno ha permitido que las nuevas generaciones se informen, se movilicen y actúen de una manera que se aleja de las estructuras formales tradicionales, como las organizaciones no gubernamentales (ONG), y plantea interrogantes sobre la profundidad e impacto de esta participación.

Las redes sociales han revolucionado la manera en que los jóvenes se relacionan con el mundo y con las causas sociales. El acceso a herramientas como Twitter, Instagram o TikTok les ha permitido no sólo informarse, sino también organizar campañas, viralizar mensajes y firmar peticiones en cuestión de segundos. Esta accesibilidad ha democratizado el activismo, permitiendo que cualquiera, sin importar su ubicación o nivel socioeconómico, pueda participar en movimientos sociales. Ya no es necesario estar físicamente presente en una protesta o formar parte de una ONG para hacer oír nuestra voz. La flexibilidad y rapidez del activismo digital son grandes ventajas, ya que permiten la movilización instantánea en torno a temas urgentes como la crisis climática, la igualdad de género o los derechos humanos. A los jóvenes, ávidos de sentirse parte de algo más grande, los atrae también de estos canales ir registrando con números cuán grande es esa comunidad (a través de likes, reposteos o métricas similares).

Sin embargo, esta transformación también plantea preguntas sobre la efectividad y la profundidad de estas acciones. Muchos jóvenes prefieren actuar de manera independiente o con amigos y familiares en lugar de canalizar sus esfuerzos a través de instituciones, que están sufriendo, a nivel global pero marcadamente en nuestra región, una crisis de desconfianza. Este tipo de participación también corre el riesgo de ser fragmentada y, en ocasiones, efímera. Aunque los jóvenes están dispuestos a movilizarse rápidamente ante un tema relevante, su involucramiento a largo plazo puede verse afectado por la falta de estructura y continuidad. Esto refleja un alejamiento de las estructuras tradicionales, que ven como lentas o poco efectivas, y una inclinación por formas más horizontales y flexibles de organización.

Una crítica común al activismo digital es que puede ser superficial, lo que a menudo se denomina “activismo de sofá”. El compartir una publicación o firmar una petición desde la comodidad del hogar no siempre se traduce en acciones concretas que generen cambios reales. Sin embargo, los datos del informe sugieren que los jóvenes argentinos, aunque son activos en el mundo digital, también participan en acciones más tangibles en la vida real.

De hecho, este grupo muestra una mayor tendencia a realizar tareas de voluntariado o donar bienes en comparación con otros segmentos de edad. Este hecho subraya que, aunque el activismo digital pueda parecer superficial en algunos casos, para muchos jóvenes es solo el primer paso o un complemento hacia una participación más comprometida.

La fortaleza de las ONG sigue siendo clave para el capital social de una sociedad. Las ONG brindan estructura, continuidad y, sobre todo, una capacidad de organización que no se puede igualar a las acciones aisladas y espontáneas del activismo digital. Las ONG no solo canalizan la participación de los ciudadanos, sino que también juegan un papel crucial en la rendición de cuentas, el seguimiento de proyectos y la garantía de que los recursos lleguen donde son necesarios. Muchos jóvenes desconocen las acciones de las ONG o no perciben su importancia, lo que genera una desconexión entre su potencial y la participación juvenil​.

Además, los jóvenes tienden a no mensualizar/regularizar sus donaciones, lo que representa un desafío para estas organizaciones, que necesitan previsibilidad en sus recursos. Esta falta de compromiso financiero a largo plazo, junto con la tendencia a picotear entre distintas ONG, dificulta su planificación estratégica, lo que en última instancia afecta a su capacidad de generar cambios sostenibles.

En resumen, el activismo juvenil en la era digital representa una oportunidad única para generar cambios rápidos y efectivos, pero también enfrenta desafíos importantes. La clave estará en encontrar un equilibrio entre la espontaneidad y flexibilidad del activismo digital, y la estabilidad y organización de las ONG. Solo así, los jóvenes podrán aprovechar al máximo su capacidad de influir en el mundo que los rodea, tanto en el presente como en el futuro.

La nueva pandemia: el conflicto de interés

El conflicto de interés es la nueva pandemia que está carcomiendo la confianza en nuestras instituciones. Aunque a menudo se ignora o minimiza, su impacto es profundo. En el ámbito de la salud, la política y el medio ambiente, el conflicto de interés corrompe decisiones clave, distorsiona prioridades y, en muchos casos, termina perjudicando a quienes menos poder tienen. Reconocerlo no es solo un acto de ética; es un imperativo de justicia social.

¿Qué es el conflicto de interés y por qué debería importarnos?

El conflicto de interés ocurre cuando una persona o institución tiene intereses privados —financieros, personales o profesionales— que afectan a su capacidad de tomar decisiones imparciales. A menudo, estos intereses se ocultan detrás de decisiones aparentemente objetivas, pero el daño es real. Los sesgos introducidos por intereses ocultos pueden afectar a la salud de comunidades enteras, desviando recursos y atención de las verdaderas prioridades.

Es crucial que nos importe. Porque cuando se permite que los conflictos de interés guíen decisiones públicas, los más vulnerables son quienes más sufren. Las políticas se diseñan no para el bien común, sino para servir a aquellos que ya tienen poder. Las comunidades quedan atrapadas en un ciclo de desigualdad, sin acceso a información confiable ni a políticas que realmente protejan su bienestar.

Las consecuencias del conflicto de interés: una bomba de tiempo

El impacto del conflicto de interés en la salud pública es devastador. Si un investigador es financiado por una empresa farmacéutica, su trabajo puede estar inclinado hacia resultados que beneficien a la industria, no a los pacientes. Si una agencia de regulación está influenciada por empresas de alimentos ultraprocesados, sus decisiones pueden favorecer a la industria, dejando de lado los riesgos para la salud que esos productos representan.

La confianza en las instituciones se erosiona. Las decisiones que deberían estar basadas en evidencia se ven contaminadas por intereses privados, y lo que es peor, las comunidades quedan en una posición aún más vulnerable, expuestas a políticas y productos que priorizan las ganancias sobre la vida humana. El costo no es solo una cuestión de salud, es una cuestión de equidad y justicia.

Variantes peligrosas: ‘social washing’ y ‘green washing’

El conflicto de interés tiene múltiples caras. Dos de las más peligrosas son el social washing y el green washing. Estas estrategias de relaciones públicas buscan encubrir prácticas dañinas bajo un velo de aparente responsabilidad social o ambiental. El social washing es la simulación de preocupaciones sociales por parte de empresas o instituciones que, en realidad, no hacen nada sustancial por la sociedad. Es la empresa de comida chatarra que financia programas de salud mientras sigue inundando el mercado con productos que dañan la salud.

Por su parte, el green washing es el truco de hacer que una empresa parezca ambientalmente consciente cuando sus prácticas continúan destruyendo el planeta. Un ejemplo claro son las compañías petroleras que invierten en campañas de “sostenibilidad” mientras siguen con prácticas que contribuyen al cambio climático. Estas variantes del conflicto de interés son sumamente dañinas porque crean la ilusión de progreso, mientras perpetúan los problemas que prometen resolver.

El caso de las tabacaleras y las empresas de alimentos ultraprocesados

La industria tabacalera es el ejemplo más infame del conflicto de interés en acción. Durante décadas, financiaron investigaciones para minimizar los efectos del cigarrillo en la salud pública. Lo que debía ser una cuestión de salud pública se convirtió en una batalla por la desinformación. La estrategia era simple: sembrar dudas para retrasar regulaciones, todo mientras millones de personas sufrían enfermedades respiratorias, cáncer y muerte prematura.

Las empresas de alimentos ultraprocesados están siguiendo el mismo camino. Financian estudios que “demuestran” que sus productos no son tan dañinos como parecen, y promueven campañas de “elección personal”, como si la responsabilidad del daño recayera solo en los consumidores. Estas tácticas no son errores; son estrategias deliberadas para proteger sus ganancias a costa de la salud pública. Es el conflicto de interés en su forma más brutal y destructiva.

El camino al infierno está plagado de buenas intenciones

El conflicto de interés rara vez se presenta como malintencionado. A menudo, las decisiones que parecen bien intencionadas, en realidad, están cargadas de intereses ocultos que las desvirtúan. Las empresas y los individuos justifican sus acciones como si estuvieran haciendo el bien, pero los resultados suelen ser devastadores. El dicho “el camino al infierno está plagado de buenas intenciones” no podría ser más cierto en este caso. Lo que empieza como una supuesta solución termina perpetuando las mismas problemáticas que se buscaba combatir.

Conflicto de interés: el virus silencioso que nos enferma a todos

El conflicto de interés es una pandemia que avanza sin ser reconocida como tal. Al igual que un virus, infecta lentamente los sistemas en los que confiamos para protegernos. Desde las tabacaleras hasta las empresas de alimentos ultraprocesados, los intereses privados distorsionan decisiones públicas que deberían protegernos. Y como toda pandemia, no se detendrá hasta que la enfrentemos con seriedad. Reconocer sus múltiples formas, desde el social washing hasta el green washing, es el primer paso. Porque la transparencia, como en cualquier crisis, es la clave para sanar una sociedad enferma de intereses ocultos.

¿Por qué 7 estados deciden la presidencia de EE.UU.?

Como existe consenso sobre cuál será la opción ganadora en 43 de los 50 estados en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, se estima que las campañas destinarán sólo el 24% de sus recursos donde vive ese 82% de la población. El restante 76% se destinará a conquistar el voto en siete estados: Arizona, Carolina del Norte, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin. Eso explica por qué la candidata demócrata Kamala Harris y el aspirante republicano Donald Trump se la pasan en esos estados, en una elección donde también se escogerá a 13 gobernadores y se renovará la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.  

Estados Unidos es la única democracia presidencial donde los votantes no escogen directamente a quien ocupará el sillón presidencial, sino que lo hace un Colegio Electoral conformado por 538 electores que representan a los estados. El número de electores de cada estado equivale a su presencia legislativa. Es decir, es la suma de los representantes en la cámara baja (435 en total), más los dos senadores por estado (100 en total) y los tres electores que tiene el distrito de Columbia, donde se asienta la capital, Washington. El candidato que alcanza los 270 electores, gana. Los 43 estados cuyo resultado ya se anticipa le dan 225 electores a Harris y 219 a Trump.

El Colegio Electoral distorsiona la voluntad popular en dos instancias. Primero, sobrerrepresenta a los estados más chicos porque todos los estados tienen dos senadores. Los extremos son ilustrativos. California es el estado más poblado y escoge 54 electores, mientras que Wyoming es el estado menos poblado y escoge 3 electores. Que California tenga 67 veces más población que Wyoming (39.128.000 versus 584.000) pero solo 18 veces más electores significa que un voto en Wyoming puede pesar más de 3.7 veces que en California (asumiendo igual proporción de votantes en ambos estados). La segunda distorsión ocurre porque en 48 estados basta que un candidato se lleve la mayoría de los votos para ganar todos los electores (las excepciones son Maine y Nebraska).

El sistema es nocivo. Primero, porque puede ganar el candidato con menos votos, como ocurrió en 1824, 1876, 1888, 2000 y 2016. En 2024, se espera que Harris gane el voto nacional, tal como sus predecesores demócratas Joe Biden en 2020 y Hillary Clinton en 2016. Segundo, porque el sistema desnaturaliza la competencia democrática al afectar tanto el comportamiento de los votantes (¿para qué votar si sé quién ganará en mi estado?) como el de los candidatos (¿para qué prestar atención a estados donde sé que voy a ganar o perder?).  

El uso de colegios electorales es anacrónico. Predominó en los presidencialismos latinoamericanos de principios del siglo XIX, pero fue eliminado en distintos tiempos, siendo Argentina el último país en derogarlos en la reforma constitucional de 1994. Lamentablemente, en Estados Unidos el sistema está más amarrado que lápiz de banco ya que lo consagra la constitución. Y cambiar la carta magna es muy difícil: la única modalidad usada hasta ahora requiere la aprobación por parte de dos tercios de ambas cámaras del congreso y luego la ratificación por parte de tres cuartos (38) de las legislaturas (o convenciones) de los 50 estados. Como el colegio electoral sobrerrepresenta a 20 estados, es ilógico esperar que esos estados apoyen derogar un sistema que los premia.

De vuelta a los 7 Estados

Harris y Trump necesitan ganar en al menos tres de los siete estados, donde la diferencia entre ambos contendientes es menor a 2% en las encuestas. Harris necesita 45 electores y Trump 51. En disputa hay 93 electores repartidos, en orden descendente, en Pensilvania (19), Georgia (16), Carolina del Norte (16), Michigan (15), Arizona (11), Wisconsin (10) y Nevada (6). Varias organizaciones han desarrollado modelos predictivos que usan como insumo principalmente las encuestas. Pero por muy bien diseñadas que estén, las encuestas tienen un margen de error que limita su capacidad predictiva en elecciones tan competitivas como la actual. Siempre existirá un margen de error, ya sea por error de muestreo, el tiempo en que se hace el estudio, sesgos en quienes responden (los más jóvenes tienden a contestar menos a números desconocidos) y la manera en que se pregunta.

Los siete estados no son igualmente atractivos. La campaña en Pensilvania es muy activa porque es el estado con más electores y en las últimas dos elecciones cambió de manos (Trump ganó el 2016 y perdió el 2020). Además, puede reducir el número de estados que deben ser volteados. Por ejemplo, si Trump voltea a Pensilvania y retiene los estados donde ganó en 2020, le basta con voltear a Georgia para ganar. En cualquier otro escenario, Trump necesitaría retener los estados de 2020 y dar vuelta al menos a tres estados.          

Asimismo, los estados están en tres zonas geográficas que comparten similitudes demográficas, económicas, y culturales que pueden llevarlos a moverse en bloque. El premio mayor está en el noreste del país, donde Pensilvania, Wisconsin y Michigan suman 44 electores. Estos estados antes eran parte de la “muralla azul” demócrata, hasta que Trump los volteó en 2016 y Biden los recuperó en 2020. Son tres estados de fuerte pasado industrial y amplia clase trabajadora blanca, donde hay una sólida división entre las urbes demócratas y las zonas rurales republicanas. El declive industrial ha fortalecido una economía de servicios, mientras que demográficamente el segmento de votantes blancos sin título universitario ha caído, si bien siguen siendo mayoría. Por ejemplo, en Pensilvania este grupo pasó de ser el 63% de los votantes en 2008 al actual 51%.

Carolina del Norte y Georgia suman 32 electores, y además de contiguos y costeros son parte del corazón del sur del país. Ambos tienen una fuerte raigambre económica y cultural agrícola. Aunque el sur tiende a ser conservador y ambos estados solían serlo, la creciente urbanización, diversificación étnica, y cambios culturales han aumentado las fuerzas progresistas. La transformación demográfica de los suburbios, por ejemplo, ha mermado su inclinación conservadora en ambos estados.

Arizona y Nevada, con 17 electores, son estados contiguos del oeste y suroeste de EE.UU. Aunque antes eran bastiones republicanos, su latinización en los últimos años les ha puesto más salsa, cumbia y reguetón a los demócratas. En 2008, Arizona y Nevada tenían un 19.1% y 13.3% de votantes latinos, respectivamente, y ahora esos porcentajes son 28.7% y 19.8%.

En términos predictivos, a menos de un mes de la elección el prestigioso sitio de internet 538 da ganadora a Harris en 53% de sus simulaciones y a Trump en 47%. Sin embargo, la carrera es tan reñida que lo que pase en los siguientes días pueden inclinar la balanza en los estados clave, y por lo tanto el resultado final.

El dilema de Claudia Sheinbaum bajo la sombra de AMLO

Llegó formalmente el último día de la gestión presidencial de Andrés Manuel López Obrador y el primer día de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, una dialéctica rutinaria en democracia, pero complicada en democracias defectuosas. El cambio se hizo con toda la parafernalia en la sede de la Cámara de Diputados. Ahí estaban reunidos los miembros de los tres poderes de la Unión, los gobernadores e invitados especiales que fueron testigos de una ceremonia que, en México, durante los tiempos del PRI hegemónico, representaba claramente la máxima de la monarquía de Carlos VII: ¡el rey ha muerto, viva el rey!  

Solo que, en los tiempos de la llamada Cuarta Transformación, se trata de una entelequia política. Hoy lo novedoso es que “el que se va, no se va”, o, para decirlo en palabras ancladas en la historia de México, estamos ante la inauguración de un nuevo intento de Maximato, aquella práctica antidemocrática que inauguró el presidente Plutarco Elías Calles que consistía en imponer y controlar a los sucesores en el poder presidencial, hasta que llegó a su término con el presidente Lázaro Cárdenas del Río, que rompió y mandó al exilio al llamado “jefe máximo”.  

Se trata de una rutina que otros presidentes han intentado implementar, pero todos con malos resultados, como fue el caso de Luis Echeverría con José López Portillo, quien, siguiendo la enseñanza cardenista, fue mandado al otro lado del mundo como embajador de las islas Fiji.   

Sucedió, también, con Carlos Salinas de Gortari, que designó como candidato del PRI, en sustitución del asesinado Luis Donaldo Colosio, nada más y nada menos que a su secretario de Educación Pública, el economista Ernesto Zedillo Ponce de León, quien ya con la presidencia de la República en funciones ordenó una investigación contra un hermano del expresidente por presuntos nexos con una fracción del crimen organizado y lo puso en prisión. Su tutor político tuvo que irse a vivir a Irlanda durante toda la gestión presidencial zedillista.  

Ya nadie después lo intentó, y predominó una práctica hasta hoy vigente, que consiste en impunidad por los delitos que hubiera cometido él y/o miembros de su familia o, peor, la no persecución política de parte del que llega obteniendo a cambio favores que le permitan una transición pacífica y ordenada, como lo negoció López Obrador con Enrique Peña Nieto, que se fue a vivir un exilio dorado en España, donde vive hasta la actualidad.  

Sin embargo, en el proceso sucesorio de 2024, el relevo tiene otros ingredientes, pues López Obrador se ha encargado de sitiar a la primera presidenta de México. Le ha impuesto a la mayor parte del gabinete, la mayoría de los diputados y senadores que él se encargó de seleccionar, así como también a los gobernadores y candidatos a gobernar los estados que hoy Morena y sus aliados (PT y PVEM) tienen en su poder, 24 de las 32 entidades federativas y a cientos de alcaldes fieles a su líder. Además, ha impuesto el programa político bajo el techo ideológico de la llamada Cuarta Transformación, y su hijo, que lleva su nombre, es el secretario de organización del partido Morena; es decir, será este cachorro el encargado de las candidaturas morenistas en futuras contiendas electorales y hasta se especula en los medios que es su candidato presidencial para 2030.  

Y, por si fuera poco, ha dejado en herencia grandes compromisos económicos y conflictos con los que Claudia Sheinbaum no tenía por qué lidiar al inicio de su gestión como presidenta, entre los que resalta el “perdón” que se le ha pedido al rey de España, Felipe VI, y que obtuvo como respuesta silencio diplomático.  

Entonces, los márgenes de actuación de la primera presidenta son estrechos, reducidos a lo indispensable. Y, a ello, hay que sumarle a la también científica su escaso carisma y un discurso plano que no emociona a nadie, plegado a directrices preestablecidas. Así, sería una revolución dentro de la “transformación” tomar una decisión como las que tomaron en su momento los presidentes Lázaro Cárdenas y Ernesto Zedillo, que sacudieron sin rubor alguno a quienes intentaban estar moviendo los hilos del poder tras el trono.  

Sheinbaum, por lo tanto, está en un dilema político y lo tiene que resolver, ya sea aceptando mimetizarse permanentemente en su tutor político, como lo hizo en campaña y lo ha hecho sin rubor en la toma de posesión del cargo presidencial, o rebelándose contra él y haciendo un gobierno a su imagen y semejanza, lo que daría una pátina de dignidad a su paso por la historia nacional como la primera presidenta de México.