Rumbo al Senado: Presencia y representatividad de mujeres negras en Brasil

Andréa Lopes da Costa
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Rumbo al Senado: Presencia y representatividad de mujeres negras en Brasil

En octubre de 2024 finalizó otro proceso electoral en Brasil, con cargos de alcaldía y concejalía disputados en todo el país. Aunque los resultados de la elección aún no reflejan el aumento significativo de candidaturas de mujeres negras registradas en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) este año, en cada elección crece la movilización para que las mujeres negras, en particular, ocupen cargos en la política institucional.

A pesar de que los resultados aún son modestos, estamos ante un movimiento imparable: ayer se disputó el Supremo Tribunal Federal (STF); hoy, los cargos legislativos mayoritarios y proporcionales, mañana será el Senado.

La participación de mujeres negras en la política institucional ha sido un elemento distintivo en el escenario internacional, con expresiones recientes como Epsy Campbell, vicepresidenta de Costa Rica entre 2018 y 2022, y Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia desde 2022. Epsy Campbell no solo fue vicepresidenta, sino la primera persona negra en ocupar ese cargo en toda América Latina; por su parte, Francia Márquez es un símbolo de activismo comprometido con causas ambientales y de derechos humanos.

En Brasil, la demanda por la presencia de mujeres negras en la política institucional es una fuerte agenda de los sectores del feminismo negro, una campaña que se fortaleció tras el asesinato de la concejala Marielle Franco y adquirió relevancia mediática en 2023, cuando el Gobierno Federal, al reorganizar el tablero del juego democrático, comenzó su gestión con la misión de seleccionar dos nombres para el Supremo Tribunal Federal.

Superada la frustración generada por el nombramiento de los nuevos jueces, la campaña continuó en los procesos electorales municipales de este año, que, aunque parezcan de menor escala, son representativos del enfrentamiento que ocurrirá en las próximas elecciones, con candidaturas a cargos mayoritarios como presidente y gobernador, así como a diputados federales, estatales y senadores.

Será un momento para discutir el perfil de las candidaturas ideales para tales cargos. Tradicionalmente, la respuesta sintética a esta duda comenzaría por la categoría de persona. Así, la persona elegida debería estar comprometida con la democracia, defender el Estado laico, abogar por los derechos sociales, salvaguardar la Constitución y cumplir con la conducta ética requerida por el cargo.

En este discurso, «persona» es la traducción habitual para un individuo universal, sin considerar su condición de género, raza u otros elementos distintivos.

Desde esta perspectiva, las demandas de grupos específicos, fundamentadas en género y raza, serían vistas como identitarismos culturalistas superficiales, una moda reciente y peligrosa que prioriza la identidad y las dimensiones culturales, ocultando los problemas reales, cuya base serían las desigualdades económicas y sociales. Este enfoque dividiría el campo de las luchas progresistas y pasaría por alto que, independientemente de la raza o el género, lo que está en juego es un proyecto de nación democrática e igualitaria.

El error de esta concepción radica en suponer que «persona» es una construcción neutra, desprovista de género y raza. La noción de «persona» a menudo refleja elecciones posicionadas. Y la contundencia con la que los movimientos sociales, especialmente los movimientos feministas y raciales, se proyectaron en el imaginario político a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuestionó la neutralidad de las concepciones universales, exponiendo la imposibilidad de un proyecto de igualdad social que ignorara la especificidad de la condición de género y raza.

Género y raza están en la base de la elaboración del mundo tal como lo conocemos: son, por ejemplo, organizadores del trabajo, definiendo el perfil de inserción y ocupación, los patrones de empleabilidad y desempleo, y la actuación en el ámbito público y privado, lo que conlleva a diferencias en los salarios y remuneraciones. En consecuencia, son los factores que determinan el acceso a bienes material y simbólicamente deseables, como el poder y el prestigio. Género y raza también alimentan las predisposiciones subjetivas que llamamos gustos, preferencias u opiniones, estableciendo así estándares estéticos, afectivos y de elección.

Por ello, al responder sobre la importancia de la elección de mujeres negras, en realidad estamos respondiendo a otra pregunta: ¿Por qué apoyar a una mujer negra en la política institucional nunca ha sido sólo sobre tener a una mujer negra en la política institucional?

Discutir la presencia de mujeres negras en la política institucional no es una mera formalidad. No lo fue en los últimos procesos electorales, no lo fue en el caso del STF, y no lo será ahora ni en 2026. Se trata de una disputa importante que está lejos de ser meramente identitaria o de representatividad numérica. No se trata solo de reivindicar la presencia de mujeres negras en cargos de poder en el ámbito político, sino de un perfil específico que refleje una visión progresista de la realidad social.

Así, no se trata simplemente de tener a una mujer negra en la política institucional, sino de la calidad de la democracia y del proyecto de igualdad y justicia social que se pretende desarrollar. En resumen, se trata de disputar un proyecto de país.

Volviendo al STF, en sus 132 años de existencia, 171 ministros han pasado por sus escaños: 165 hombres blancos, 3 hombres negros y 3 mujeres blancas. Sería un error suponer que la elección de 165 hombres blancos es meramente casual.

Los parlamentos también son espacios ejemplares de esta distinción. De los 513 diputados federales electos en 2022, 135 se autodeclararon negros, incluyendo el 19% que se había presentado como blanco en la elección anterior. Este dato es interesante, ya que, si se excluyeran estos cambios de autodeclaración, tendríamos un 11,29% menos de diputados negros en comparación con 2018. Además, en esta bancada, hay 91 mujeres, de las cuales 29 son negras.

Actualmente, uno de los espacios más emblemáticos es el Senado Federal. En sus 200 años de existencia, Laélia de Alcántara (PMDB-AC) asumió en 1982, siendo la primera mujer negra y la tercera mujer en la historia en convertirse en senadora. Después de Laélia, solo Benedita da Silva y Marina Silva. Tres mujeres negras progresistas, con agendas democráticas y de equidad de género y raza. Por ello, la disputa por el Senado se ha observado con especial atención, sobre todo porque ahí se librarán los principales debates entre progresistas y conservadores sobre un proyecto nacional.

En el escenario político actual, destacan dos mujeres negras que tienen posibilidades reales de ocupar escaños en los próximos dos ciclos: Anielle Franco, Ministra de Igualdad Racial, y Erika Hilton, Diputada Federal. Sus nombres han circulado en los bastidores políticos como candidatas viables para que mujeres negras con un perfil progresista ocupen escaños en el Senado.

Anielle Franco representa sectores del feminismo negro, pero ha ganado fuerza no solo en temas de género y raza, sino también en el debate democrático más amplio. En su ministerio, ha fomentado el diálogo con los sectores políticos, intelectuales y tradicionales del movimiento negro, lo que le ha otorgado legitimidad en el debate público.

Erika Hilton, la primera mujer trans en liderar una bancada en el Congreso Nacional, probablemente no cumplirá 35 años en 2026. Fue elegida la mejor diputada de 2024 y sus propuestas incluyen la protección de refugiados climáticos y personas sin hogar. Goza de amplia aceptación entre los progresistas y cuenta con el reconocimiento como figura pública carismática, con millones de seguidores. Sin duda, un nombre fuerte para 2030.

Si se confirman las previsiones, serán dos candidatas que cumplirán con la afirmación de que: apoyar a una mujer negra en la política institucional no se trata solo de tener a una mujer negra en la política institucional, sino de tener un proyecto político en disputa, especialmente con agendas enfocadas en la equidad y justicia social.

Si se confirman las previsiones: tras las elecciones de 2024, preparémonos para el Senado.

Hacia una economía política de las remesas en Centroamérica

Pedro Morazán
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Hacia una economía política de las remesas en Centroamérica

La migración irregular y las remesas

Las remesas se han convertido en un factor importante para las economías centroamericanas. Más del 70% de las remesas que llegan a esta región provienen de los Estados Unidos. En el caso de Honduras esta cifra alcanza incluso el 90%. El aumento del empleo en los sectores estadounidenses en los que trabajan los migrantes, como los servicios de alimentos y bebidas, los servicios de salud y la construcción, contribuyó al crecimiento de las remesas a América Latina. Según el informe de la Oficina del Censo de Estados Unidos, la población nacida en el extranjero procedente de América Latina era de 23,2 millones, es decir la mitad de los 46,2 millones de personas nacidas en el extranjero que vivían en Estados Unidos en 2022. De ellos, solo México y América Central representaban 14,6 millones.

El consumo de las familias receptoras, estimulado por los flujos de remesas, se concentra en la satisfacción de necesidades básicas, salud y educación. Dicho consumo puede extenderse, sin embargo, hasta las llamadas compras suntuarias, siendo los principales ejemplos la adquisición de electrodomésticos de lujo, teléfonos móviles y ropa de alta gama. Más allá del consumo suntuario en algunos casos se ha fortalecido la economía local mediante el aumento de las inversiones en pequeños negocios, agricultura y tierras o granjas.

Los enormes flujos de divisas son una gran oportunidad de negocios para la banca comercial y contribuyen a mantener un nivel estable de reservas internacionales para el Banco Central en los países receptores. Según una encuesta encargada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los receptores de remesas están interesados en acceder cada vez más a más servicios financieros. Sin embargo, la mayoría de los migrantes no tienen un visado de entrada válido en Estados Unidos, ni un número de seguridad social y, a menudo, han perdido su documento de identificación en el tránsito, o son demasiado jóvenes para tener una identificación cuando abandonan el país.

Las remesas y su funcionamiento

Los mecanismos que usan los migrantes para enviar dinero a sus familiares dependen de su estatus legal. Aquellos que cuentan con una situación legal formalizada, transfieren sus remesas por lo general a través de giros bancarios. Muchos de los que residen en Estados Unidos reciben sus salarios predominantemente en efectivo o en forma de cheques. Esto es así, debido a la naturaleza de los trabajos que realizan estos migrantes, que a menudo tienen bajos salarios. Una gran proporción de migrantes centroamericanos tienen un estatus de indocumentados (que les impide recibir salarios mediante depósito directo). Por otra parte, los bajos niveles de educación y de inclusión financiera dificultan el envío de remesas a través del sistema bancario.

Según se informa, alrededor del 92% de las remesas en el corredor Estados Unidos-Centroamérica se transfieren a través de proveedores de servicios de remesas formales. Los migrantes centroamericanos, en gran proporción indocumentados, se sienten atraídos por los requisitos laxos de los operadores de transferencia de dinero (OTD), como Western Union o MoneyGram para las transferencias de dinero inferiores a 3000 dólares y no necesitan proporcionar ningún tipo de identificación, a menos que las circunstancias se consideren sospechosas.

De acuerdo al Banco Mundial, los bancos tradicionales representan el medio más costoso para enviar remesas con una comisión cercana al 11.8%. Por un lado, los OTD mantienen comisiones del 5.4% en promedio, mientras que los de telefonía móvil, un 4.5%. Los operadores de remesas desde Estados Unidos se encuentran entre los menos costosos para la región latinoamericana. Según la base de datos Remittance Prices Worldwide, los costos de envío de remesas a Honduras eran del 3.7 % en el cuarto trimestre de 2023. Este predominio de las empresas de remesas sobre los bancos se debe, en gran parte, a la disminución de los márgenes de beneficio de las remesas, que han hecho que muchos bancos pierdan interés en el mercado. La tendencia que se observa a nivel mundial es una mayor penetración de las llamadas “Fintech” en el mercado de remesas.

Como es de suponer, las aplicaciones de Fintech (“tecnología financiera digital”) están penetrando aceleradamente el mercado de las remesas. Esto es así porque, además de una mayor reducción de costos y agilización de las transacciones, las fintech pueden promover la inclusión financiera, para personas que carecen de una cuenta bancaria. El uso predominante de los canales formales de envío de remesas crea un entorno propicio para la inclusión financiera, que aún no está siendo bien aprovechado. Separadas de las sucursales bancarias y las redes de agentes, las remesas digitales pueden llegar a hogares remotos y de bajos ingresos.

Las remesas digitales están ganando popularidad, en particular desde el inicio de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, la adopción de estas tecnologías ha quedado rezagada con respecto a las transacciones más “tradicionales” basadas en efectivo por una amplia gama de razones, incluidos los bajos niveles de inclusión financiera y alfabetización digital, y las regulaciones que han creado importantes barreras de entrada para las empresas de tecnología financiera.

El mercado de las instituciones de microfinanzas es aún pequeño y está encontrando su nicho. A pesar de la creciente red, la disponibilidad de servicios de remesas en las zonas rurales es limitada. Las cooperativas de ahorro y crédito facilitan el acceso a las remesas en las zonas rurales de Honduras, pero muestran muy poca flexibilidad. En 2006, las cooperativas distribuyeron alrededor del 20% de todas las remesas enviadas a las zonas rurales. Por cuestiones de seguridad, una mayor expansión de la red de agentes de pago de remesas es limitada.

¿Qué hacer?

En vista de la relevancia de las remesas para el buen funcionamiento de la economía en países como los centroamericanos, es de suma importancia promover el marco adecuado que permita una mayor inclusión financiera de los hogares que reciben remesas. Uno de los obstáculos más grandes lo constituyen las regulaciones existentes para combatir el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. La experiencia ha demostrado que todavía siguen pagando justos por pecadores. Las autoridades deberían adoptar un enfoque equilibrado entre la mitigación de los riesgos de lavado de dinero y la mejora del acceso a los servicios financieros. Es importante regular primero a las empresas de transferencia de dinero para crear igualdad de condiciones.

El marco regulatorio debería ser sólido, predecible, no discriminatorio y proporcionado. Debería abordar la transparencia, garantizar la protección del consumidor y exigir que los proveedores de servicios de transferencia de dinero rindan cuentas de sus servicios. Si desde el principio se imponen requisitos demasiado complejos a las empresas recién reguladas, podrían desanimarse a obtener una licencia y operar ilegalmente.

Es necesario armonizar y coordinar mejor las reglamentaciones estatales y las inspecciones de las empresas de servicios monetarios. El reto principal consiste en desarrollar la infraestructura necesaria para un sistema de pagos que conduzca no solamente a una mayor inclusión financiera, sino además a promover inversiones sostenibles tanto en la infraestructura comunitaria como en la inversión privada.

A pesar de los avances, lo que se ha hecho es insuficiente, si se toman en cuenta los potenciales existentes. La motivación de los migrantes para ayudar a sus comunidades, exige más apoyo.

México: una “reforma judicial” con trampa

Luis Pásara
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México: una “reforma judicial” con trampa

El Congreso mexicano, con una composición recién renovada, aprobó en septiembre la ley de la llamada reforma judicial, mediante la cual los jueces de todo el país serán “popularmente” elegidos. El texto legal fue aprobado primero en Diputados; la aprobación en el Senado se logró con el voto de un senador tránsfuga –Miguel Ángel Yunes Márquez–, quien dejó al Partido de Acción Nacional por el cual había sido elegido y pasó al bloque oficialista, para dar el crucial voto al gobierno que le permitió contar con mayoría.

Este sistema de “elección popular” de todos los jueces del país —1.650 jueces federales y algo más de cinco mil jueces estaduales— no existe en ningún otro país del mundo. En América Latina, solo Bolivia tiene la elección popular de las tres altas cortes del sistema, un mecanismo que ha producido a lo largo de dos comicios un reiterado fracaso. De una parte, la mayoría de los ciudadanos votó en blanco o vició el voto; de la otra, la calidad de los elegidos ha sido notoriamente pobre.

Pero esto último no importa a quienes propugnan la llamada “elección popular” de los jueces, envolviéndola en un ropaje pretendidamente democrático. Porque lo que se busca es controlar políticamente —o partidariamente, para ser más precisos— la designación de quienes habrán de administrar justicia. Y eso es lo que se ha producido en Bolivia como en aquellos otros países que tienen formas limitadas de elección popular de los jueces.

La movilización y manifestaciones de jueces, magistrados y personal judicial, acompañados por estudiantes universitarios, en contra de la reforma no parecen haber preocupado al gobierno. Las observaciones y preocupaciones expresadas por Estados Unidos y Canadá —socios comerciales de México que ampliaron su cooperación mediante el T-MEC, firmado en noviembre de 2018— han sido rechazadas por el gobierno mexicano como intrusiones en su soberanía. Las advertencias de organizaciones como Naciones Unidas o Human Rights Watch (HRW) fueron igualmente puestas de lado. 

La Relatoría Especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados ha subrayado la importancia de contar con “procedimientos de designación no políticos, vinculados estrictamente a la calidad y el mérito profesional”, y la relatora Margaret Satterthwaite se dirigió a fines de julio a Andrés Manuel López Obrador para señalar “el riesgo de que los candidatos a magistrados busquen complacer a los votantes o a patrocinadores de campañas con el fin de incrementar sus posibilidades de reelección, en lugar de tomar decisiones fundamentadas exclusivamente en principios y normas jurídicas”.

HRW ha sido enfático acerca de las reformas en curso de adopción por México, al expresar que afectarían “gravemente a la independencia judicial y contravendrían estándares internacionales de derechos humanos destinados a garantizar que toda persona reciba una audiencia justa ante los tribunales”.

Está en juego la independencia judicial

Cuando se plantea la necesidad de contar con jueces y magistrados independientes, se está refiriendo el tema a una cuestión de claro tinte político. Porque se requiere jueces independientes no tanto para decidir sobre divorcios con causal o la desocupación de inmuebles por falta de pago. Donde se juega la independencia judicial es, sobre todo, en aquellos casos en los que está de por medio el poder.

Un poder que puede ser económico pero que frecuentemente es político. En ese viejo esquema de los tres poderes del Estado, al Poder Judicial se le ha entregado la tarea de conocer y pronunciarse sobre la legalidad de los actos de gobierno; un gobierno que está a cargo de los otros dos poderes. En esa tarea de contralor del ejercicio del poder es donde se verifica la independencia de los jueces, porque si no hay independencia no habrá control alguno sobre el ejercicio del poder.

Mediante la “elección popular” de los jueces, el partido o los partidos en el gobierno se reservan, formal o informalmente, la tarea de seleccionar a los candidatos, como enseña el caso boliviano. De modo que quien gobierna tiene garantizada, desde ese momento, la ausencia de control judicial sobre las decisiones y conductas que adopte.

Ese es el escenario ideal para cualquier gobierno autoritario. De hecho, en América Latina el ejercicio del control judicial sobre actos de gobierno es una tendencia solo muy reciente. Y en México la Suprema Corte de Justicia ha abierto el camino para ejercer su papel constitucional, con mesura y razonamientos muy fundados, por ejemplo para frenar la entrega de la seguridad pública a las fuerzas armadas.

Esa “novedad” es siempre incómoda para gobernantes que buscan tener mano libre —esto es, por encima de la ley— para proceder según les parezca o convenga. Morena, el partido de gobierno en México, cree haber encontrado la fórmula apetecida, y Claudia Sheinbaum —la primera mujer que llega a la presidencia del país— disfrutará de ella.

Activismo juvenil en la era digital

Constanza Cilley
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Activismo juvenil en la era digital

El activismo juvenil ha encontrado en el ámbito digital un nuevo territorio fértil para crecer y desarrollarse. En Argentina, los jóvenes entre 18 y 24 años están redefiniendo la participación social a través de las redes sociales y plataformas digitales. Un informe reciente de un estudio de Cultura de Dar, iniciativa de la cual forma parte la consultora argentina Voices!, muestra que, pese al bajo interés en política, cerca de la mitad de los jóvenes del país está interesado en trabajar activamente en la solución de algún problema social, ambiental o político y una proporción similar considera que sus acciones pueden tener impacto. Este estudio destaca que seis de cada diez jóvenes participan activamente en cuestiones sociales, ambientales o políticas a través de internet. Este fenómeno ha permitido que las nuevas generaciones se informen, se movilicen y actúen de una manera que se aleja de las estructuras formales tradicionales, como las organizaciones no gubernamentales (ONG), y plantea interrogantes sobre la profundidad e impacto de esta participación.

Las redes sociales han revolucionado la manera en que los jóvenes se relacionan con el mundo y con las causas sociales. El acceso a herramientas como Twitter, Instagram o TikTok les ha permitido no sólo informarse, sino también organizar campañas, viralizar mensajes y firmar peticiones en cuestión de segundos. Esta accesibilidad ha democratizado el activismo, permitiendo que cualquiera, sin importar su ubicación o nivel socioeconómico, pueda participar en movimientos sociales. Ya no es necesario estar físicamente presente en una protesta o formar parte de una ONG para hacer oír nuestra voz. La flexibilidad y rapidez del activismo digital son grandes ventajas, ya que permiten la movilización instantánea en torno a temas urgentes como la crisis climática, la igualdad de género o los derechos humanos. A los jóvenes, ávidos de sentirse parte de algo más grande, los atrae también de estos canales ir registrando con números cuán grande es esa comunidad (a través de likes, reposteos o métricas similares).

Sin embargo, esta transformación también plantea preguntas sobre la efectividad y la profundidad de estas acciones. Muchos jóvenes prefieren actuar de manera independiente o con amigos y familiares en lugar de canalizar sus esfuerzos a través de instituciones, que están sufriendo, a nivel global pero marcadamente en nuestra región, una crisis de desconfianza. Este tipo de participación también corre el riesgo de ser fragmentada y, en ocasiones, efímera. Aunque los jóvenes están dispuestos a movilizarse rápidamente ante un tema relevante, su involucramiento a largo plazo puede verse afectado por la falta de estructura y continuidad. Esto refleja un alejamiento de las estructuras tradicionales, que ven como lentas o poco efectivas, y una inclinación por formas más horizontales y flexibles de organización.

Una crítica común al activismo digital es que puede ser superficial, lo que a menudo se denomina “activismo de sofá”. El compartir una publicación o firmar una petición desde la comodidad del hogar no siempre se traduce en acciones concretas que generen cambios reales. Sin embargo, los datos del informe sugieren que los jóvenes argentinos, aunque son activos en el mundo digital, también participan en acciones más tangibles en la vida real.

De hecho, este grupo muestra una mayor tendencia a realizar tareas de voluntariado o donar bienes en comparación con otros segmentos de edad. Este hecho subraya que, aunque el activismo digital pueda parecer superficial en algunos casos, para muchos jóvenes es solo el primer paso o un complemento hacia una participación más comprometida.

La fortaleza de las ONG sigue siendo clave para el capital social de una sociedad. Las ONG brindan estructura, continuidad y, sobre todo, una capacidad de organización que no se puede igualar a las acciones aisladas y espontáneas del activismo digital. Las ONG no solo canalizan la participación de los ciudadanos, sino que también juegan un papel crucial en la rendición de cuentas, el seguimiento de proyectos y la garantía de que los recursos lleguen donde son necesarios. Muchos jóvenes desconocen las acciones de las ONG o no perciben su importancia, lo que genera una desconexión entre su potencial y la participación juvenil​.

Además, los jóvenes tienden a no mensualizar/regularizar sus donaciones, lo que representa un desafío para estas organizaciones, que necesitan previsibilidad en sus recursos. Esta falta de compromiso financiero a largo plazo, junto con la tendencia a picotear entre distintas ONG, dificulta su planificación estratégica, lo que en última instancia afecta a su capacidad de generar cambios sostenibles.

En resumen, el activismo juvenil en la era digital representa una oportunidad única para generar cambios rápidos y efectivos, pero también enfrenta desafíos importantes. La clave estará en encontrar un equilibrio entre la espontaneidad y flexibilidad del activismo digital, y la estabilidad y organización de las ONG. Solo así, los jóvenes podrán aprovechar al máximo su capacidad de influir en el mundo que los rodea, tanto en el presente como en el futuro.

La nueva pandemia: el conflicto de interés

José Julio Villalba
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La nueva pandemia: el conflicto de interés

El conflicto de interés es la nueva pandemia que está carcomiendo la confianza en nuestras instituciones. Aunque a menudo se ignora o minimiza, su impacto es profundo. En el ámbito de la salud, la política y el medio ambiente, el conflicto de interés corrompe decisiones clave, distorsiona prioridades y, en muchos casos, termina perjudicando a quienes menos poder tienen. Reconocerlo no es solo un acto de ética; es un imperativo de justicia social.

¿Qué es el conflicto de interés y por qué debería importarnos?

El conflicto de interés ocurre cuando una persona o institución tiene intereses privados —financieros, personales o profesionales— que afectan a su capacidad de tomar decisiones imparciales. A menudo, estos intereses se ocultan detrás de decisiones aparentemente objetivas, pero el daño es real. Los sesgos introducidos por intereses ocultos pueden afectar a la salud de comunidades enteras, desviando recursos y atención de las verdaderas prioridades.

Es crucial que nos importe. Porque cuando se permite que los conflictos de interés guíen decisiones públicas, los más vulnerables son quienes más sufren. Las políticas se diseñan no para el bien común, sino para servir a aquellos que ya tienen poder. Las comunidades quedan atrapadas en un ciclo de desigualdad, sin acceso a información confiable ni a políticas que realmente protejan su bienestar.

Las consecuencias del conflicto de interés: una bomba de tiempo

El impacto del conflicto de interés en la salud pública es devastador. Si un investigador es financiado por una empresa farmacéutica, su trabajo puede estar inclinado hacia resultados que beneficien a la industria, no a los pacientes. Si una agencia de regulación está influenciada por empresas de alimentos ultraprocesados, sus decisiones pueden favorecer a la industria, dejando de lado los riesgos para la salud que esos productos representan.

La confianza en las instituciones se erosiona. Las decisiones que deberían estar basadas en evidencia se ven contaminadas por intereses privados, y lo que es peor, las comunidades quedan en una posición aún más vulnerable, expuestas a políticas y productos que priorizan las ganancias sobre la vida humana. El costo no es solo una cuestión de salud, es una cuestión de equidad y justicia.

Variantes peligrosas: ‘social washing’ y ‘green washing’

El conflicto de interés tiene múltiples caras. Dos de las más peligrosas son el social washing y el green washing. Estas estrategias de relaciones públicas buscan encubrir prácticas dañinas bajo un velo de aparente responsabilidad social o ambiental. El social washing es la simulación de preocupaciones sociales por parte de empresas o instituciones que, en realidad, no hacen nada sustancial por la sociedad. Es la empresa de comida chatarra que financia programas de salud mientras sigue inundando el mercado con productos que dañan la salud.

Por su parte, el green washing es el truco de hacer que una empresa parezca ambientalmente consciente cuando sus prácticas continúan destruyendo el planeta. Un ejemplo claro son las compañías petroleras que invierten en campañas de “sostenibilidad” mientras siguen con prácticas que contribuyen al cambio climático. Estas variantes del conflicto de interés son sumamente dañinas porque crean la ilusión de progreso, mientras perpetúan los problemas que prometen resolver.

El caso de las tabacaleras y las empresas de alimentos ultraprocesados

La industria tabacalera es el ejemplo más infame del conflicto de interés en acción. Durante décadas, financiaron investigaciones para minimizar los efectos del cigarrillo en la salud pública. Lo que debía ser una cuestión de salud pública se convirtió en una batalla por la desinformación. La estrategia era simple: sembrar dudas para retrasar regulaciones, todo mientras millones de personas sufrían enfermedades respiratorias, cáncer y muerte prematura.

Las empresas de alimentos ultraprocesados están siguiendo el mismo camino. Financian estudios que “demuestran” que sus productos no son tan dañinos como parecen, y promueven campañas de “elección personal”, como si la responsabilidad del daño recayera solo en los consumidores. Estas tácticas no son errores; son estrategias deliberadas para proteger sus ganancias a costa de la salud pública. Es el conflicto de interés en su forma más brutal y destructiva.

El camino al infierno está plagado de buenas intenciones

El conflicto de interés rara vez se presenta como malintencionado. A menudo, las decisiones que parecen bien intencionadas, en realidad, están cargadas de intereses ocultos que las desvirtúan. Las empresas y los individuos justifican sus acciones como si estuvieran haciendo el bien, pero los resultados suelen ser devastadores. El dicho “el camino al infierno está plagado de buenas intenciones” no podría ser más cierto en este caso. Lo que empieza como una supuesta solución termina perpetuando las mismas problemáticas que se buscaba combatir.

Conflicto de interés: el virus silencioso que nos enferma a todos

El conflicto de interés es una pandemia que avanza sin ser reconocida como tal. Al igual que un virus, infecta lentamente los sistemas en los que confiamos para protegernos. Desde las tabacaleras hasta las empresas de alimentos ultraprocesados, los intereses privados distorsionan decisiones públicas que deberían protegernos. Y como toda pandemia, no se detendrá hasta que la enfrentemos con seriedad. Reconocer sus múltiples formas, desde el social washing hasta el green washing, es el primer paso. Porque la transparencia, como en cualquier crisis, es la clave para sanar una sociedad enferma de intereses ocultos.

¿Por qué 7 estados deciden la presidencia de EE.UU.?

Ignacio Arana
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¿Por qué 7 estados deciden la presidencia de EE.UU.?

Como existe consenso sobre cuál será la opción ganadora en 43 de los 50 estados en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, se estima que las campañas destinarán sólo el 24% de sus recursos donde vive ese 82% de la población. El restante 76% se destinará a conquistar el voto en siete estados: Arizona, Carolina del Norte, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin. Eso explica por qué la candidata demócrata Kamala Harris y el aspirante republicano Donald Trump se la pasan en esos estados, en una elección donde también se escogerá a 13 gobernadores y se renovará la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.  

Estados Unidos es la única democracia presidencial donde los votantes no escogen directamente a quien ocupará el sillón presidencial, sino que lo hace un Colegio Electoral conformado por 538 electores que representan a los estados. El número de electores de cada estado equivale a su presencia legislativa. Es decir, es la suma de los representantes en la cámara baja (435 en total), más los dos senadores por estado (100 en total) y los tres electores que tiene el distrito de Columbia, donde se asienta la capital, Washington. El candidato que alcanza los 270 electores, gana. Los 43 estados cuyo resultado ya se anticipa le dan 225 electores a Harris y 219 a Trump.

El Colegio Electoral distorsiona la voluntad popular en dos instancias. Primero, sobrerrepresenta a los estados más chicos porque todos los estados tienen dos senadores. Los extremos son ilustrativos. California es el estado más poblado y escoge 54 electores, mientras que Wyoming es el estado menos poblado y escoge 3 electores. Que California tenga 67 veces más población que Wyoming (39.128.000 versus 584.000) pero solo 18 veces más electores significa que un voto en Wyoming puede pesar más de 3.7 veces que en California (asumiendo igual proporción de votantes en ambos estados). La segunda distorsión ocurre porque en 48 estados basta que un candidato se lleve la mayoría de los votos para ganar todos los electores (las excepciones son Maine y Nebraska).

El sistema es nocivo. Primero, porque puede ganar el candidato con menos votos, como ocurrió en 1824, 1876, 1888, 2000 y 2016. En 2024, se espera que Harris gane el voto nacional, tal como sus predecesores demócratas Joe Biden en 2020 y Hillary Clinton en 2016. Segundo, porque el sistema desnaturaliza la competencia democrática al afectar tanto el comportamiento de los votantes (¿para qué votar si sé quién ganará en mi estado?) como el de los candidatos (¿para qué prestar atención a estados donde sé que voy a ganar o perder?).  

El uso de colegios electorales es anacrónico. Predominó en los presidencialismos latinoamericanos de principios del siglo XIX, pero fue eliminado en distintos tiempos, siendo Argentina el último país en derogarlos en la reforma constitucional de 1994. Lamentablemente, en Estados Unidos el sistema está más amarrado que lápiz de banco ya que lo consagra la constitución. Y cambiar la carta magna es muy difícil: la única modalidad usada hasta ahora requiere la aprobación por parte de dos tercios de ambas cámaras del congreso y luego la ratificación por parte de tres cuartos (38) de las legislaturas (o convenciones) de los 50 estados. Como el colegio electoral sobrerrepresenta a 20 estados, es ilógico esperar que esos estados apoyen derogar un sistema que los premia.

De vuelta a los 7 Estados

Harris y Trump necesitan ganar en al menos tres de los siete estados, donde la diferencia entre ambos contendientes es menor a 2% en las encuestas. Harris necesita 45 electores y Trump 51. En disputa hay 93 electores repartidos, en orden descendente, en Pensilvania (19), Georgia (16), Carolina del Norte (16), Michigan (15), Arizona (11), Wisconsin (10) y Nevada (6). Varias organizaciones han desarrollado modelos predictivos que usan como insumo principalmente las encuestas. Pero por muy bien diseñadas que estén, las encuestas tienen un margen de error que limita su capacidad predictiva en elecciones tan competitivas como la actual. Siempre existirá un margen de error, ya sea por error de muestreo, el tiempo en que se hace el estudio, sesgos en quienes responden (los más jóvenes tienden a contestar menos a números desconocidos) y la manera en que se pregunta.

Los siete estados no son igualmente atractivos. La campaña en Pensilvania es muy activa porque es el estado con más electores y en las últimas dos elecciones cambió de manos (Trump ganó el 2016 y perdió el 2020). Además, puede reducir el número de estados que deben ser volteados. Por ejemplo, si Trump voltea a Pensilvania y retiene los estados donde ganó en 2020, le basta con voltear a Georgia para ganar. En cualquier otro escenario, Trump necesitaría retener los estados de 2020 y dar vuelta al menos a tres estados.          

Asimismo, los estados están en tres zonas geográficas que comparten similitudes demográficas, económicas, y culturales que pueden llevarlos a moverse en bloque. El premio mayor está en el noreste del país, donde Pensilvania, Wisconsin y Michigan suman 44 electores. Estos estados antes eran parte de la “muralla azul” demócrata, hasta que Trump los volteó en 2016 y Biden los recuperó en 2020. Son tres estados de fuerte pasado industrial y amplia clase trabajadora blanca, donde hay una sólida división entre las urbes demócratas y las zonas rurales republicanas. El declive industrial ha fortalecido una economía de servicios, mientras que demográficamente el segmento de votantes blancos sin título universitario ha caído, si bien siguen siendo mayoría. Por ejemplo, en Pensilvania este grupo pasó de ser el 63% de los votantes en 2008 al actual 51%.

Carolina del Norte y Georgia suman 32 electores, y además de contiguos y costeros son parte del corazón del sur del país. Ambos tienen una fuerte raigambre económica y cultural agrícola. Aunque el sur tiende a ser conservador y ambos estados solían serlo, la creciente urbanización, diversificación étnica, y cambios culturales han aumentado las fuerzas progresistas. La transformación demográfica de los suburbios, por ejemplo, ha mermado su inclinación conservadora en ambos estados.

Arizona y Nevada, con 17 electores, son estados contiguos del oeste y suroeste de EE.UU. Aunque antes eran bastiones republicanos, su latinización en los últimos años les ha puesto más salsa, cumbia y reguetón a los demócratas. En 2008, Arizona y Nevada tenían un 19.1% y 13.3% de votantes latinos, respectivamente, y ahora esos porcentajes son 28.7% y 19.8%.

En términos predictivos, a menos de un mes de la elección el prestigioso sitio de internet 538 da ganadora a Harris en 53% de sus simulaciones y a Trump en 47%. Sin embargo, la carrera es tan reñida que lo que pase en los siguientes días pueden inclinar la balanza en los estados clave, y por lo tanto el resultado final.

El dilema de Claudia Sheinbaum bajo la sombra de AMLO

Ernesto Hernández Norzagaray
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El dilema de Claudia Sheinbaum bajo la sombra de AMLO

Llegó formalmente el último día de la gestión presidencial de Andrés Manuel López Obrador y el primer día de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, una dialéctica rutinaria en democracia, pero complicada en democracias defectuosas. El cambio se hizo con toda la parafernalia en la sede de la Cámara de Diputados. Ahí estaban reunidos los miembros de los tres poderes de la Unión, los gobernadores e invitados especiales que fueron testigos de una ceremonia que, en México, durante los tiempos del PRI hegemónico, representaba claramente la máxima de la monarquía de Carlos VII: ¡el rey ha muerto, viva el rey!  

Solo que, en los tiempos de la llamada Cuarta Transformación, se trata de una entelequia política. Hoy lo novedoso es que “el que se va, no se va”, o, para decirlo en palabras ancladas en la historia de México, estamos ante la inauguración de un nuevo intento de Maximato, aquella práctica antidemocrática que inauguró el presidente Plutarco Elías Calles que consistía en imponer y controlar a los sucesores en el poder presidencial, hasta que llegó a su término con el presidente Lázaro Cárdenas del Río, que rompió y mandó al exilio al llamado “jefe máximo”.  

Se trata de una rutina que otros presidentes han intentado implementar, pero todos con malos resultados, como fue el caso de Luis Echeverría con José López Portillo, quien, siguiendo la enseñanza cardenista, fue mandado al otro lado del mundo como embajador de las islas Fiji.   

Sucedió, también, con Carlos Salinas de Gortari, que designó como candidato del PRI, en sustitución del asesinado Luis Donaldo Colosio, nada más y nada menos que a su secretario de Educación Pública, el economista Ernesto Zedillo Ponce de León, quien ya con la presidencia de la República en funciones ordenó una investigación contra un hermano del expresidente por presuntos nexos con una fracción del crimen organizado y lo puso en prisión. Su tutor político tuvo que irse a vivir a Irlanda durante toda la gestión presidencial zedillista.  

Ya nadie después lo intentó, y predominó una práctica hasta hoy vigente, que consiste en impunidad por los delitos que hubiera cometido él y/o miembros de su familia o, peor, la no persecución política de parte del que llega obteniendo a cambio favores que le permitan una transición pacífica y ordenada, como lo negoció López Obrador con Enrique Peña Nieto, que se fue a vivir un exilio dorado en España, donde vive hasta la actualidad.  

Sin embargo, en el proceso sucesorio de 2024, el relevo tiene otros ingredientes, pues López Obrador se ha encargado de sitiar a la primera presidenta de México. Le ha impuesto a la mayor parte del gabinete, la mayoría de los diputados y senadores que él se encargó de seleccionar, así como también a los gobernadores y candidatos a gobernar los estados que hoy Morena y sus aliados (PT y PVEM) tienen en su poder, 24 de las 32 entidades federativas y a cientos de alcaldes fieles a su líder. Además, ha impuesto el programa político bajo el techo ideológico de la llamada Cuarta Transformación, y su hijo, que lleva su nombre, es el secretario de organización del partido Morena; es decir, será este cachorro el encargado de las candidaturas morenistas en futuras contiendas electorales y hasta se especula en los medios que es su candidato presidencial para 2030.  

Y, por si fuera poco, ha dejado en herencia grandes compromisos económicos y conflictos con los que Claudia Sheinbaum no tenía por qué lidiar al inicio de su gestión como presidenta, entre los que resalta el “perdón” que se le ha pedido al rey de España, Felipe VI, y que obtuvo como respuesta silencio diplomático.  

Entonces, los márgenes de actuación de la primera presidenta son estrechos, reducidos a lo indispensable. Y, a ello, hay que sumarle a la también científica su escaso carisma y un discurso plano que no emociona a nadie, plegado a directrices preestablecidas. Así, sería una revolución dentro de la “transformación” tomar una decisión como las que tomaron en su momento los presidentes Lázaro Cárdenas y Ernesto Zedillo, que sacudieron sin rubor alguno a quienes intentaban estar moviendo los hilos del poder tras el trono.  

Sheinbaum, por lo tanto, está en un dilema político y lo tiene que resolver, ya sea aceptando mimetizarse permanentemente en su tutor político, como lo hizo en campaña y lo ha hecho sin rubor en la toma de posesión del cargo presidencial, o rebelándose contra él y haciendo un gobierno a su imagen y semejanza, lo que daría una pátina de dignidad a su paso por la historia nacional como la primera presidenta de México.  

Cuba en 2024

José Gabriel Barrenechea
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Cuba en 2024

Suelo encontrar en redes sociales, e incluso en medios iberoamericanos, descripciones idealizadas de la realidad cubana actual. Por lo general esas descripciones corresponden a tiempos mejores, idos ya hace mucho, tras el final de la muy favorable relación entre la economía cubana con la del Campo Socialista.

A continuación intentaré darles una idea de las condiciones de vida mías, y de mis vecinos, en un pequeño municipio de la provincia Villa Clara. Algo peores a las de La Habana, pero en general semejantes a las del resto de los cubanos que habitan fuera de aquella ciudad.

Comencemos por la alimentación. Cocinar una ración de arroz, frijoles, un huevo frito, y un cuarto de aguacate, sazonado todo al gusto cubano, cuesta unos 200 pesos. Considérese que el costo de un huevo ronda los 90 pesos, una cebolla tamaño moneda los 35, mientras el salario promedio en Cuba es de unos 4 648 pesos, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información cubana, ONEI.

Aclaro que hemos usado en nuestros cálculos arroz del subvencionado por el gobierno. Porque como se sabe, en Cuba tenemos una cartilla de abastecimientos, a través de la cual se nos suministran a precios favorables una serie de productos. Esa serie, sin embargo, se ha reducido al presente a siete libras de arroz al mes, a 60 gramos diarios de algo semejante al pan, y a la leche de los niños menores de siete años. Fuera de eso, de vez en cuando se nos suministran uno o dos jabones, pasta de dientes, detergente, o dos libras de azúcar. Esta última, que siempre abundó en Cuba durante anteriores crisis, hoy día solo se consigue importada, a entre 350 y 450 pesos la libra. Ello a consecuencia de que la otrora “Azucarera del Mundo” produce al presente menos azúcar que antes de 1840, cuando las zafras se hacían con bueyes y trabajo esclavo, y en la isla habitaba un millón de personas.

En Cuba, con los salarios vigentes y los precios de esa mayoría de alimentos que no se nos venden en el sector subvencionado, hay una cantidad significativa de personas que solo hacen una comida al día. Por lo que la población desnutrida, sobre todo entre los mayores de sesenta sin nadie que los ayude desde el exilio, es importante. No obstante, como todo en Cuba, los resultados de los pocos estudios hechos en secreto se guardan bajo siete llaves por las autoridades, y cualquier estudio independiente será considerado actividad subversiva por la omnipresente Seguridad del Estado.

Junto al control estatal de la información, la distribución de los salarios explica la relativamente pobre conflictividad social que trasciende de Cuba, a pesar del marcado deterioro de las condiciones de vida de sus habitantes. Por ejemplo, un médico de primer nivel en el Hospital Provincial de Villa Clara, con 30 años de servicios, no logrará nunca cobrar más de 10 000 pesos, mientras una médico militar, recién graduada, ya recibe 15 000. De manera significativa los salarios de los miembros de las instituciones armadas no se publican en la Gaceta, y son de hecho tratados como secreto de interés nacional.

La explicación está en que incluso el miembro del Ministerio del Interior peor pagado, el recién reclutado oficial de prisiones, sin estudios medios superiores, cobra casi una vez y media lo que el médico o el maestro promedio. No obstante, no hemos incluido aquí los salarios “en especie”, como ropa, zapatos, equipos electrodomésticos, alimentos, prioridad para recibir una casa, o una reservación en un balneario… en cuyo caso la diferencia se multiplica hasta por seis y siete veces, en el caso de cualquier agente de la principal unidad antidisturbios provincial, los boinas negras. 

Fuera de La Habana, los balnearios turísticos más importantes y los circuitos especiales en las capitales provinciales, la corriente eléctrica solo se recibe irregularmente. Donde vivo, las semanas en que tenemos corriente durante menos de la tercera parte de los días y noches han ido en aumento desde 2021, hasta convertirse en lo normal. Hay una gradación según la cual los lugares con menor contacto con el exterior, donde el gobierno puede gestionar la protesta social con más secretismo, el suministro de electricidad es más esporádico.

Esa irregularidad en el suministro eléctrico detiene la economía y dificulta todavía más la vida cotidiana, sobre todo para cocinar, porque las zonas más castigadas por el apagón son precisamente aquellas donde no se suministra gas, licuado o de la calle. Otro problema con la falta de electricidad es la imposibilidad de almacenar en frío los alimentos, en un clima tropical como el cubano, donde sin refrigeración los alimentos se descomponen rápidamente. Mas lo peor es conseguir dormir durante las madrugadas, en los seis meses en que los mosquitos son legión y las temperaturas no bajan de los 25 grados centígrados.

Relacionado a los problemas con la electricidad está el de agenciarse el agua. El asunto está en que fuera de La Habana los acueductos no aseguran el agua más que a una parte de las poblaciones, y ello muy esporádicamente. Ciudades importantes como Santa Clara tienen barrios que solo reciben agua una vez al mes, lo cual obliga a las familias a ocupar buena parte del espacio de sus hogares en su almacenamiento. Pueblos como el mío, en el cual la empresa de acueductos y alcantarillados municipal ha sido distinguida nacionalmente varias veces por su trabajo, ni tienen alcantarillado, ni se le suministra el agua mediante acueducto más que a una tercera parte de la población. El resto dependemos de pozos artesianos en los patios, los cuales en promedio no están a más de 10 metros de alguna fosa séptica, porque por demás no hay en todo el pueblo, como en la absoluta mayoría del país, fuera de La Habana y algunas grandes ciudades, un sistema central de recolección de las aguas albañales.

En cuanto al sistema de salud pública, una de las grandes “Conquistas de la Revolución”, se ha degradado a un nivel comparable o peor al de los peores sistemas públicos de Hispanoamérica. En Cuba hace mucho tiempo falta, desde el algodón o las jeringuillas, hasta medicamentos tan comunes como la aspirina o los antibióticos, y no hablemos de otros más específicos por completo inexistentes.

En los hospitales el suministro de agua es esporádico, y el ingresado debe llevar consigo prácticamente todo, excepto la cama y el colchón. De siempre ha sido habitual en los hospitales cubanos la presencia de un familiar acompañante, pero hoy, sin esas personas que se ocupan de todo lo relacionado con el paciente, excepto la aplicación de los medicamentos, las probabilidades del paciente de salir vivo de allí son mucho menores.

Tampoco es que en los hospitales abunden los medicamentos, y en su gran mayoría los familiares del paciente deben agenciárselos, enviados por la parte de la familia en el exilio, o adquiridos en mercados no controlados por ninguna agencia certificadora. Gracias esas carencias, en Santa Clara, en los alrededores del Hospital Provincial, prosperan dos “candongas” de dimensiones nada pequeñas, donde se puede encontrar desde un medicamento hasta material para operaciones -también inexistente en el sistema de salud-, o comida rápida para tratar de completar la dieta de las comidas intra-hospitalarias.

En cuanto al personal médico, o sanitario, probablemente haya sido de los más afectados por la reciente oleada migratoria. Ello sin contar que las autoridades prefieren enviar médicos a misiones internacionales por las que cobran en moneda dura, antes que ocupar las innumerables plazas vacantes en el país. Ello ha llevado, por ejemplo, a la casi extinción del programa del Médico de las 120 Familias, muchos de los cuales deben atender hoy hasta ocho veces ese número.

Podría hablarles del estado de la otra gran “conquista” revolucionaria, la Educación, o del estado de las infraestructuras, las cuales han casi desaparecido en los últimos 34 años, o de la desaparición casi total del transporte público, sobre todo fuera de La Habana, más no pretendo aburrir al lector. En última instancia Cuba está aquí, para venir a comprobar si mi descripción es falsa, o no. ¿Se anima?

La diáspora venezolana en Panamá

Jon Subinas
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La diáspora venezolana en Panamá

En la actualidad, Panamá está sufriendo una de las mayores crisis migratorias de la historia del continente por el tránsito de miles de migrantes en el denominado Tapón del Darién. Se trata de una de las selvas más inhóspitas del mundo en el que se dan encuentro exguerrilleros, narcotraficantes y las mafias de tráfico de personas, y constituye un punto de unos 130 kilómetros en el que se corta la carretera interamericana que va de Chile a Alaska. Se calcula que en 2023 se ha llegado a la cifra récord de más de medio millón de personas que cruzaron la selva del Darién con rumbo a Estados Unidos. Esto supone más de un 12 % de la población panameña; ese porcentaje, extrapolado a otras crisis migratorias como la de la frontera sur de EE. UU. o al sur de Europa, supondría unos números desorbitantes para los países receptores. De estos migrantes en tránsito más de un 60 % provienen de Venezuela, lo que pone el foco en la profunda crisis social y política que está sufriendo el país bolivariano y en las consecuencias que eso tiene en la región.

En su discurso del 25 de septiembre de 2024 en la Asamblea de las Naciones Unidas, el presidente panameño, José Raúl Mulino, enfatizó estos datos y solicitó enérgicamente una mayor implicación de la comunidad internacional describiendo el drama humano y su impacto en el país canalero, que no solo conlleva un fuerte coste económico (según el ministerio de Seguridad panameño, más de 100 millones de dólares en el último quinquenio), sino que está teniendo un fuerte impacto ambiental. Según el estudio Impacto social, económico, ambiental y político en comunidades de la República de Panamá por la migración pasajera extrarregional que entra por el Tapón del Darién, de la Universidad Tecnológica de Panamá, se estima que cada migrante genera unos 9 kilogramos de desecho durante su viaje. Para una marcha de cinco días, esa cantidad equivale a 1,81 kg por día, lo que asciende a más de 900 toneladas de residuos considerando las más de medio millón de personas que han transitado por ahí en 2023. Hay que destacar que Darién contiene una Reserva de la Biosfera de 5,790 km², declarada en 1981 como Patrimonio de la Humanidad.

Entre 2010 y 2021 se registraron algo más de 3.000 venezolanos y venezolanas que cruzaron el Darién, pero solo en 2022 esta cifra superó los 150.000 y en 2023 este registro se duplicó. Una de las razones del precipitado aumento del paso de población venezolana por el Darién fue la decisión de México y de varios países centroamericanos de exigir visados a los migrantes que provenían de Venezuela. Eso impulsó a muchas personas, que no podían llegar legalmente a México, a cruzar por el Darién, lo que evidencia que se necesitan respuestas coordinadas y no acciones aisladas de los diferentes países.

En Panamá la cuestión migratoria por ahora no ocupa el centro del interés ciudadano. Según datos de LAPOP 2023, menos del 1 % de la población considera que la migración es el principal problema del país. En el caso de los migrantes en tránsito, hay que precisar que el Darién es una de las áreas menos pobladas del país, con un 1,3 % de la población nacional en la provincia más extensa del Istmo, por lo que el tránsito de los migrantes es presenciado por un pequeño segmento de la población. Aun así, es destacable que un 61 % de las personas encuestadas consideran que Panamá y la comunidad internacional deben asistir a estos migrantes en tránsito, y este dato se amplía en el caso de la población más joven (71 %). Es decir, la población panameña expresa empatía con esta situación.

Pero en relación con la acogida, las opiniones son más complejas. Hay que tomar en consideración que Panamá ha sido receptor de un importante contingente de “la diáspora venezolana”. Según La Agencia de la ONU para los Refugiados, 7,7 millones de personas han abandonado Venezuela, y más de 6,5 millones han sido acogidas en 17 países de América Latina y el Caribe. En cifras globales, esto supone que más del 25 % de venezolanos y venezolanas han abandonado su país. En el caso panameño, la llegada de personas venezolanas ha aumentado tanto que, según el censo de 2023, se ha convertido en la segunda población migrante más numerosa tras la colombiana, acercándose mucho a esta. Incluso si se mantuviera, este ritmo de llegadas podría generar que en algún momento la población venezolana superará a la población colombiana, lo que supondría un hito histórico.

En relación con las personas encuestadas en LAPOP 2023, un 73 % no tiene problema en que sus vecinos sean venezolanos, y siete de cada diez comprenden que, por la situación de extrema dificultad económica, política y de inseguridad de su país, las personas venezolanas tengan que desplazarse a Panamá. Pero estos datos contrastan con un 78 % que consideran que la población venezolana debilita la cultura nacional y un 66 % que considera que empeora la economía, siendo los segmentos con menor riqueza los que expresan una mayor predisposición a percibir estas amenazas.

Panamá se ha caracterizado por ser un país de acogida, “el crisol de razas y culturas”, pero una coyuntura heredera de sucesivas crisis causadas por la pandemia y por el impacto de la subida de los precios, agravada en un contexto internacional de volatilidad económica y política, hace que la migración pueda generar percepciones muy negativas en los países receptores, por lo que se necesita una especial atención a este fenómeno. 

Según las autoridades migratorias panameñas, hasta septiembre de 2024 se ha dado un notable descenso en la llegada por el Darién, una rebaja del 35 % hasta el 25 de septiembre de 2024, lo que puede estar marcando un cambio de tendencia. Estos datos podrían indicar que las medidas de repatriación y de control del flujo migratorio están teniendo éxito en 2024, pero por otra parte hay que tomar en consideración que, de acuerdo con ACNUR, las peticiones de asilo de la población venezolana han aumentado un 25 % desde la celebración de los comicios, y que se están abriendo nuevas rutas marítimas de tránsito. 

Aún no se conoce de manera certera cuáles podrían ser las consecuencias migratorias de un agravamiento de la crisis política en el país venezolano, pero sí es razonable proponer una mayor implicación de la comunidad internacional, con el seguimiento y las medidas oportunas para atender a este flujo migratorio. En especial, se necesita el compromiso de Estados Unidos, ya que es la estación de llegada de estos migrantes en tránsito.

Harris o Trump: ¿qué es mejor para Latinoamérica?

Víctor Ferro
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Harris o Trump: ¿qué es mejor para Latinoamérica?

La vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente de Estados Unidos Donald Trump tuvieron su último y único encuentro en el debate del martes 10 de septiembre. Entre los muchos temas abordados —como el aborto, la economía y la política migratoria— las propuestas de política exterior de ambos candidatos fueron particularmente relevantes. En este ámbito, los temas que más debate suscitaron fueron la guerra en Ucrania, el conflicto israelí-palestino y la crisis en Venezuela. Si no fuera por esta última cuestión y las menciones a México en el contexto de la política migratoria, América Latina no habría tenido prácticamente representación en el debate presidencial estadounidense. 

Sin embargo, esto no significa que los candidatos, tanto el del Partido Republicano como la del Partido Demócrata, no tengan una agenda para la región. En efecto, como una extensión de sus programas internos y de sus visiones de política exterior más amplias, Harris y Trump presentan enfoques muy diferentes hacia América Latina, lo que implicaría escenarios distintos para la región según el candidato que triunfe. En este sentido, surge una pregunta: ¿cuál de los dos candidatos ofrecería un escenario más favorable para las relaciones políticas y económicas entre Estados Unidos y América Latina?

En términos económicos, la elección de Kamala Harris podría generar un mejor panorama para América Latina que la reelección del expresidente republicano por tres razones principales. En primer lugar, la política comercial de Trump, caracterizada por su unilateralismo y su famoso lema “America First”, podría generar dificultades para el flujo comercial con los países latinoamericanos, tanto para las economías más grandes, como México, Colombia y Brasil, donde Estados Unidos es el primer o segundo socio comercial más importante, como para los países más pequeños, como El Salvador y Honduras. No obstante, la política comercial proteccionista y unilateral de Trump resultaría especialmente perjudicial para los países centroamericanos, dado que cerca de un tercio de sus exportaciones están dirigidas al mercado estadounidense. Además, tendría un impacto aún más negativo en México, donde más del 80 % de sus exportaciones dependen de Estados Unidos.

En el caso de México, se presentan dos agravantes. En primer lugar, una victoria de Harris implicaría la continuación de los esfuerzos de nearshoring —reasignación de actividades productivas, en especial de la producción industrial, para países vecinos— promovidos por la administración Biden, que han favorecido a México, convirtiéndolo en 2023 en el principal socio comercial de Estados Unidos, superando a China, el principal rival de la hegemonía económica estadounidense. Sin embargo, una victoria de Trump podría generar un impulso más decidido hacia el reshoring, es decir, la repatriación de actividades productivas a territorio estadounidense, lo que afectaría directamente a México. 

En segundo lugar, en 2026 está prevista la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (USMCA), que reemplazó al TLCAN en 2020, pero que fue renegociado durante el mandato de Trump a partir de 2017. Aunque Kamala Harris votó en contra del USMCA como senadora, argumentó que lo hizo porque el acuerdo no incluía suficientes disposiciones para la protección medioambiental, dejando claro que no es una demócrata proteccionista. Trump, por su parte, ya ha demostrado una postura comercial dura hacia México, imponiendo aranceles temporales en 2018 y 2019 a las exportaciones mexicanas de acero y aluminio, y amenazando con un arancel del 5 % a todos los productos mexicanos en respuesta a lo que consideraba una mala gestión de la política migratoria mexicana.

En segundo lugar, el escenario con Trump sería más desfavorable para América Latina debido a su escepticismo sobre la crisis climática. Este enfoque podría perjudicar a países como Bolivia, Argentina y Chile, que son, respectivamente, el primero, segundo y cuarto en términos de reservas mundiales de litio, un mineral esencial para la producción de baterías eléctricas. La falta de interés de Trump en combatir el cambio climático podría reducir la demanda estadounidense de litio, privando a estos países de exportaciones que podrían convertirse en un nuevo motor de crecimiento económico. Por otro lado, Harris, como presidenta del Senado —un rol que constitucionalmente ejerce el vicepresidente en Estados Unidos— fue decisiva en la aprobación de la Ley de Reducción de la Inflación (Inflation Reduction Act), que incluye disposiciones para fomentar la producción de vehículos eléctricos, lo que implicaría una mayor demanda de litio.

En tercer lugar, la política migratoria de Trump también representaría un obstáculo económico para algunos países de América Latina. Esto se debe a que Estados Unidos es la mayor fuente de remesas para muchos países de la región, especialmente para naciones centroamericanas como El Salvador, Honduras y Guatemala. Las remesas enviadas por los emigrantes de estos tres países desde Estados Unidos representan el 23%, 21 % y 16 % de sus respectivos PIB. Las políticas más estrictas sobre inmigración que Trump ha prometido, que incluirían un aumento en el control fronterizo, mayores dificultades para obtener estatus de refugiado o asilado y deportaciones más agresivas de inmigrantes indocumentados, podrían reducir significativamente los flujos de remesas, lo que afectaría la capacidad de consumo e inversión en estos países.

Políticamente, también es posible afirmar que un gobierno de Trump sería menos beneficioso para América Latina por tres razones. En primer lugar, dado su enfoque unilateral —contrastando el activismo global de Biden y Harris—, una gestión de Trump tendría menos reparos en utilizar cualquier medio a disposición del gobierno estadounidense para lograr sus objetivos en la región. Su política hacia los regímenes autoritarios de izquierda latinoamericanos, como Cuba y, sobre todo, Venezuela, sería mucho más enérgica y directa. Instrumentos como el Acuerdo de Barbados, promovido por la administración Biden-Harris para facilitar la celebración de elecciones mínimamente libres entre el gobierno de Maduro y la oposición venezolana, serían relegados en favor de sanciones económicas que se multiplicarían. Además, intentos de mediación como el de Brasil en la crisis venezolana, que ha sido elogiado por la administración actual, probablemente no contarían con el apoyo de Washington bajo una administración de Trump, que preferiría actuar unilateralmente.

En segundo lugar, los gobiernos latinoamericanos con afinidades ideológicas con Trump, como el caso de Javier Milei en Argentina, no tendrían garantías de obtener beneficios. Un ejemplo claro de esto es la relación entre Brasil, durante la presidencia de Jair Bolsonaro, y el gobierno de Trump. A pesar del declarado alineamiento de Bolsonaro con la política de Washington, el gobierno estadounidense suspendió las cuotas de importación de carne brasileña y solo dio un apoyo tardío a la entrada de Brasil en la OCDE en 2020.

Finalmente, bajo un gobierno de Trump, el diálogo para promover la democracia en la región sería cada vez menos viable. Mientras que Harris mantiene la retórica idealista tradicional del Partido Demócrata en favor de la democracia, Trump no ha dudado en elogiar a líderes autoritarios europeos, como el húngaro Viktor Orbán, o a figuras latinoamericanas sin compromiso con la democracia, como el expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

En conclusión, la continuidad que representaría una victoria de Harris ofrecería un escenario más favorable tanto en el ámbito económico como en el político para las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. El unilateralismo de Trump y su rechazo del orden globalizado serían un obstáculo para el diálogo político y la cooperación económica, lo que dificultaría tanto el mantenimiento de las relaciones comerciales actuales como la creación de nuevas oportunidades.

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