Crisis migratoria en el Darién: oportunidades para una respuesta regional

Pía Riggirozzi
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Crisis migratoria en el Darién: oportunidades para una respuesta regional

La creciente crisis migratoria en Centroamérica, simbolizada por el flujo sin precedentes de migrantes a través del peligroso Tapón del Darién, se ha convertido en un claro símbolo de las fallas en la gobernanza regional y los crecientes desafíos humanitarios en la gestión de poblaciones desplazadas. Desde 2020, el número de migrantes que cruzan el Tapón del Darién se ha disparado de 8.000 a los casi 500.000 de finales de 2023, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que informa de que son principalmente ciudadanos de Venezuela (casi el 60%), así como de Haití, Ecuador y, más recientemente, de China. Niños, personas con discapacidades y aquellos que sufren enfermedades crónicas o problemas de salud mental constituyen un porcentaje importante de estos grupos de migrantes. Cientos de miles de migrantes irregulares de diferentes países cruzan el Tapón del Darién a Panamá desde Colombia. La mayoría intentan llegar a los Estados Unidos. La selva del Darién separa América del Sur de América Central y es la única interrupción en la Carretera Panamericana, que une a las Américas.

Este aumento en la migración irregular ha llevado a políticas más estrictas en los Estados Unidos, lo que ha resultado en la deportación de muchos migrantes, a menudo a países de Centroamérica. Recientemente, un giro hacia políticas aún más restrictivas ha llevado a un cambio significativo en la política en las Américas. El nuevo presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, asumió el cargo en julio de 2024 con la promesa de “cerrar el Darién” como respuesta a la crisis humanitaria. La decisión de cerrar el cruce del Darién llevó a la instalación de una valla de alambre de púas, con profundas implicaciones para las dinámicas migratorias regionales y los derechos humanos de los migrantes. Esta acción unilateral, junto con las deportaciones financiadas por EE. UU., tiene varios impactos clave y plantea importantes preguntas sobre la responsabilidad estatal en la provisión de protección. Primero, cerrar el cruce obliga a los migrantes a buscar rutas alternativas, que probablemente sean más largas y peligrosas. Esto aumenta el riesgo de violencia, explotación y condiciones adversas durante el viaje, y también podría alimentar redes de tráfico de personas a medida que los migrantes recurren a coyotes para nuevas rutas, exponiéndolos a más explotación y abuso, como se ha informado.

El cierre y las deportaciones violan fundamentalmente las obligaciones de los estados bajo el derecho internacional y los derechos humanos, incluido el derecho a solicitar asilo y protección contra la deportación a lugares donde los migrantes enfrentan riesgos significativos. Además, estas acciones infringen principios básicos de dignidad y protección humanitaria, lo que exacerba el sufrimiento de individuos que ya huyen de condiciones extremas de hambre, violencia y pobreza. Los migrantes ahora bloqueados por la valla de alambre de púas se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, con un acceso inadecuado a servicios básicos como alimentos, agua, atención médica y refugio. El cierre del cruce del Darién por parte de Panamá, combinado con la pausa en el asilo bajo la administración de Biden en EE. UU., ha creado una situación crítica para los migrantes en la región, que están varados y en un limbo.

Esta situación ha expuesto una profunda crisis de gobernanza, no solo a nivel bilateral sino regional. El corredor que conecta Colombia y Panamá se ha convertido en un microcosmos de sistemas regionales que han fallado a la hora de proteger a las personas desplazadas. En lugar de proporcionar soluciones, estas estructuras están atrapadas en una dinámica global que criminaliza a los migrantes y limita su acceso a la protección y a derechos básicos.

En la 79ª Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Mulino, el presidente panameño, sorprendió a muchos al distanciarse del discurso de su predecesor, Laurentino Cortizo Cohen, quien, un año antes, en la 78ª Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, declaró: “Es una situación insostenible… en la que somos víctimas y no responsables”. Pero Mulino también ha optado por una postura más pragmática, suavizando la dura retórica del cierre de fronteras. Reconociendo la necesidad de un enfoque regional y multilateral, su discurso aboga por la cooperación más allá de las fronteras nacionales, marcando una clara ruptura con la tendencia a culpar a otros países.

Un punto clave en el discurso de Mulino fue su alejamiento de la narrativa oficial que durante años insistió en que “el Darién no es una ruta; es una selva”. En lugar de perpetuar esta visión, el presidente reconoció que el Darién es, de hecho, un paso migratorio, y la prioridad ahora es convertirlo en seguro y eficiente. ¿Qué significa una ruta “segura y eficiente”? Eso aún está por definirse, pero sugiere un enfoque más colaborativo y realista al problema, alejándose de la inacción que caracterizó a las administraciones anteriores.

Un elemento clave de esta estrategia ha sido su acercamiento al presidente colombiano, Gustavo Petro, lo que ha aliviado las tensiones bilaterales y abre la puerta a la acción multilateral. Este nuevo enfoque también presenta una oportunidad para revitalizar iniciativas regionales como el Acuerdo de Cartagena, que podría ser crucial para repensar la crisis migratoria desde una perspectiva más amplia. No se trata solo de derechos humanos, sino también de vincular estos esfuerzos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente en áreas críticas como la salud y el medio ambiente, que han sido gravemente impactadas por la crisis migratoria en la región.

El desafío ahora radica en convertir esta retórica en políticas concretas. Sin embargo, aunque este es un paso importante, el desafío regional de instituciones como la Comunidad Andina (CAN), Mercosur y el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) es que actualmente carecen tanto de la capacidad como de una agenda clara para impulsar esfuerzos compartidos o movilizar cooperación y recursos transnacionales.

La cooperación regional basada en el respeto a los derechos humanos y los compromisos internacionales será esencial para garantizar que se protejan los derechos de los individuos perseguidos y desplazados tanto a nivel nacional como regional. La tarea es inmensa, pero este cambio en el discurso representa una oportunidad para reevaluar las políticas fronterizas, remodelar la respuesta regional y la cooperación internacional, y crear soluciones más humanas y sostenibles a la crisis que afecta a cientos de miles de personas desplazadas.

¿Es China comunista?

Ottón Solís
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¿Es China comunista?

El sistema chino es rutinariamente clasificado como comunista. Los mismos dirigentes chinos pertenecen a lo que autodenominan el Partido Comunista y al sistema se refieren como “comunismo con características chinas”. El uso de ese término explica en buena parte el antagonismo prevaleciente contra China en muchas sociedades occidentales y podría ser la causa última de peligrosos conflictos en el futuro. Pero, ¿corresponde el sistema socioeconómico y político chino a la definición de comunismo?

El comunismo es un sistema en el cual el Estado (en representación de la sociedad o comunidad) es el dueño de los medios de producción y decide qué, cómo, para quién y cuánto se produce. Por lo tanto, no hay propiedad privada ni libertad o iniciativa individual para decidir qué consumir o para resolver esas preguntas atinentes a la producción. En ese modelo, el acceso a productos de consumo está determinado por las necesidades de cada individuo, por lo que no existen diferencias en cuando al nivel de vida, ni clases sociales diferenciadas por ese factor.

A un sistema cercano a esa caracterización aspiraba China a partir de 1949, en la era de Mao Zedong. Bajo su liderazgo se colectivizó la actividad agrícola, el Estado se apropió de la tierra del país y prácticamente todo el sector industrial pasó a sus manos.

Sin embargo, como resultado de reformas profundas acordadas a finales de 1978 bajo el liderazgo de Deng Xiaoping, China comenzó a crear amplios espacios para la empresa privada, la iniciativa individual y la inversión extranjera. El purismo ideológico fue sustituido por la búsqueda de resultados económicos y sociales, en el marco de una perspectiva pragmática, resumida en una conocida declaración de Deng Xiaoping: “No importa si el gato es blanco o negro, mientras cace ratones”.

Las reformas pro mercado y pro empresa privada y la consolidación de una economía mixta coinciden con logros extraordinarios. Entre 1980 y el 2010 el PIB chino creció a una tasa cercana al 10 % anual y 800 millones de personas fueron sacadas de la pobreza. Estos gigantescos logros económicos y sociales no tienen parangón en la historia. Hoy en día el mundo se preocupa (¡o alegra!) del “lento” crecimiento chino, dado que ronda el 5 % anual. Pero debe tomarse nota de que la tasa correspondiente a Estados Unidos, Alemania y Japón es del 2,7, 0,2 y 0,9, respectivamente, y de que el promedio para la Unión Europea es 0,7% y para el G7 1,5%. 

China solo es superada por Estados Unidos en cuanto al tamaño del PIB y es líder indiscutible en la producción de una gran cantidad de productos industriales de alta tecnología. Su nivel de eficiencia y competitividad es tal que los líderes occidentales más ideológicamente persuadidos de las bondades del libre comercio y la teoría de la ventaja comparativa están recurriendo a una serie de medidas proteccionistas para impedir que sus sectores industriales sean arrasados por las exportaciones chinas.

Se alega que esas medidas son necesarias porque el gobierno chino subsidia sus empresas, lo que supuestamente crea una competencia desleal. La magnitud de esos subsidios es desconocida, pero existen… tanto como existen y han existido en Estados Unidos, Europa y Japón subsidios y exoneraciones fiscales a industrias específicas, escogidas por sus impactos sociales, geográficos, militares o tecnológicos.

A pesar de esa apertura a las fuerzas del mercado y a la empresa privada, el Estado chino sigue siendo propietario de importantes segmentos en el campo de la banca, la energía, el transporte y otros sectores. En general, la participación estatal directa en la producción es mucho más significativa que en Estados Unidos, aunque semejante a la que era característica de Europa Occidental antes de 1980.

En fin, el sistema chino está tan alejado del neoliberalismo como del comunismo. Pero denunciarlo como comunista sirve para justificar ante las masas de votantes de Estados Unidos y Europa medidas económicas dirigidas a proteger los sectores empresariales de esos países y a fortalecer los gastos militares (y los negocios del complejo militar-industrial). Muchos sectores empresariales de Occidente efectivamente creen que China es comunista, por lo que temen que si China sigue fortaleciéndose eventualmente el sistema sea adoptado y sus riquezas expropiadas. Por ello participan de la beligerancia anti China.

Lo cierto es que China no es comunista, pues el sector privado y la iniciativa individual tienen una fuerte presencia y existen grandes espacios para las fuerzas del mercado, lo que explica los éxitos post 1978. Pero si fuese comunista ello implicaría que el comunismo es un excelente sistema socioeconómico. Dicho de otra manera, o China no es comunista o el comunismo es un excelente sistema para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza.

En lo político China es un “Estado de Partido Único” (One Party State), con las consecuentes limitaciones a numerosas libertades. Pero eso no la hace comunista. Si así fuese, entonces el Chile de Pinochet habría sido comunista. Y ni que decir de las monarquías del golfo Pérsico, como Arabia Saudita. Esta debería denominarse “Estado de Familia Única” (One Family State) pero jamás, por ello, comunista.

Las confusiones derivadas tanto de la propaganda interna de los propios dirigentes chinos, al seguir denominando a su sistema como comunista, como de la propaganda occidental contra la China “comunista” trascienden la semántica. Para los líderes chinos es difícil aceptar que su sistema no es comunista, porque desde la fundación del partido, en 1923, su estrategia fue convencer al pueblo chino de que el colectivismo marxista tenía las respuestas a sus aspiraciones de desarrollo. Con esa propaganda el partido ganó la guerra civil contra el Kuomintang y gobierna desde 1949. Aceptar que los éxitos económicos y sociales llegan cuando abandonan el comunismo no calza para nada con esa propaganda. Por ello deciden seguir llamándose comunistas (¿posverdad en China?).

En Occidente, la secuencia lógica propagandística parte de una verdad para llegar a una mentira: “El comunismo es malo, China es comunista, por lo tanto, China es mala” (¿posverdad en Occidente?). Esa mentira ha sido impregnada en los corazones y mentes de millones de personas en el mundo, creando escenarios en las democracias para justificar actitudes económicas y militares agresivas contra China y, eventualmente, nuevas guerras (y nuevos beneficios para los políticos y empresarios que ganan con ellas). 

El comunismo fue un rotundo fracaso, tanto desde el punto de vista económico-social como en relación con las libertades básicas y los derechos humanos. Pero el sistema chino no es comunista. Si alguien va a odiar o temer a ese país, que encuentre sus razones, pero no puede ser porque es comunista, porque no lo es.

Líderes autoritarios: ¿son todos iguales?

Sebastián Godínez Rivera
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Líderes autoritarios: ¿son todos iguales?

En los últimos años el mundo ha visto el ascenso de líderes autoritarios que quedan encasillados como si todos fueran lo mismo. Sin embargo, es pertinente señalar que homogeneizar el autoritarismo implica reducir y sesgar su análisis. La política comparada desde mediados de los años 60 y la evolución de la literatura han establecido nuevos conceptos que pueden ser de ayuda para no caer en ese error.

Autores como Guillermo O’Donnell, Arendt Lipjhart, Joseph Colomer o Phillip Schmitter han destacado, a lo largo de sus investigaciones, la importancia de la política comparada como subdisciplina de la ciencia política para explicar ciertos fenómenos. Ahora bien, a efectos metodológicos partiré de los regímenes totalitarios hasta las democracias defectuosas.

El término totalitarismo se caracteriza por la ausencia total en un estado de pluralismo económico, político y social. Existe un liderazgo como cabeza del gobierno o un partido político que sirve como vehículo para mantener el poder. Puede haber una rotación de liderazgos en el partido, pero no una alternancia política. Además, hay una ideología elaborada que pretende establecer una visión del país, y en algunos casos llegan a celebrar elecciones que no son competidas y que gana el mismo partido o líder.

Un ejemplo paradigmático de ello es Cuba. Desde 1959 hasta hoy la isla ha sido gobernada por el Partido Comunista Cubano, bajo el liderazgo de Fidel Castro (1959-2008), Raúl Castro (2008-2019) y Miguel Díaz-Canel (2019-actualidad). El país vive bajo un régimen de partido único; las libertades civiles no existen y el gobierno interviene en todos los ámbitos de la vida pública y privada.

Luego tenemos los regímenes postotalitarios, que se caracterizan por el derrumbe del totalitarismo. Cuentan con vestigios de la formación anterior, es decir, la ideología oficial aún tiene fuerza y los rubros económicos, políticos y sociales son inestables. Es un punto medio entre la caída del totalitarismo y la transición hacia otro régimen que puede ser democrático o no.

En América no hay ejemplo de ello, pero a nivel mundial sí: Rusia. Tras el derrumbe del socialismo real en 1991, el país intentó caminar hacia la democracia con Boris Yeltsin, Dmitri Medvédev y Vladímir Putin. Sin embargo, con la llegada de Putin al poder, el país se ha estancado en un postotalitarismo en el cual la fuente del poder político ya no es el Partido Comunista, sino el propio liderazgo del mandatario ruso.

También tenemos los regímenes sultanísticos, un término acuñado por el sociólogo Juan Linz para catalogar a la España franquista. Estos se caracterizan porque la columna vertebral del régimen es el caudillo, que no necesariamente tiene que ser carismático, sino que impone su voluntad mediante la fuerza y el miedo. Algunos liderazgos intentan conformar ideologías pero no lo logran, ya que todo se basa en la imagen del tirano. Otra característica es que basan sus cimientos en prácticas clientelares y corruptas.

Algunos ejemplos de ello fueron François y Jean-Claude Duvalier en Haití, Leónidas Trujillo en República Dominicana o la dinastía Somoza y Daniel Ortega en Nicaragua. Estos personajes ejercieron el poder de forma arbitraria, sin límites y de forma personalista. Los sultanistas no son tan herméticos como los totalitaristas: permiten algunos espacios para disentir. Estos regímenes llegan a ser inestables porque, a falta del líder, este puede caer; son contados los casos como Haití y Nicaragua, en los que se traspasó el poder a los familiares.

Las primeras cuatro categorías se caracterizan por ser regímenes menos democráticos y plurales y distan mucho de los autoritarismos clásicos, que tienen otras características. Por ejemplo, los autoritarismos dejan espacios para la deliberación, algunos permiten la crítica, carecen de una ideología y adoptan una mentalidad, de acuerdo con Linz.

América Latina presenció el auge y caída de los regímenes cívico-militares, que se caracterizaron porque las fuerzas armadas trabajaron de forma conjunta con perfiles técnicos del Estado para implementar políticas económicas de desregulación y liberalización. Estos regímenes carecen de ideología y los límites al poder no están claros: depende de lo que dicten las fuerzas armadas. Como ejemplos encontramos a Argentina bajo Rafael Videla y a Chile con Augusto Pinochet.

Por otro lado, también es posible identificar regímenes nacional-populares, que fueron encabezados por militares con visiones progresistas. Es decir, defendían el reparto de tierras, el nacionalismo, implementaron el desarrollismo como política económica para hacer crecer a sus países. El panameño Omar Torrijos es un ejemplo de ello, ya que reivindicó el derecho del país sobre el Canal de Panamá y pedía la salida de Estados Unidos de su territorio.

Luego de revisar estos conceptos y algunos ejemplos, es pertinente señalar que los cambios en la realidad y la literatura han dado pie a la creación de zonas grises o puntos medios. Esto significa que hay regímenes que no son democracias en su totalidad pero tampoco son autoritarismos consolidados. Principalmente, estos términos surgieron en los albores de la tercera ola democrática.

En medio de estos conceptos, existe lo que se denomina regímenes híbridos, es decir, países que combinan elementos autoritarios y democráticos; sin embargo, en estos países prevalece el primer componente. El ensanchamiento de las facultades de la presidencia, la erosión institucional y el acecho a otros poderes son características de este tipo de sistema. Como ejemplos, México, Bolivia, El Salvador y Perú, para mencionar algunos.

Autores como el periodista Fareed Zakaria han dado vida al concepto democracia iliberal. Engloba a naciones que celebran comicios periódicos para la elección de cargos pero no son limpias, transparentes; además, en este sistema conviven elementos pluralistas con prácticas autoritarias que debilitan la división de poderes. El término fue acuñado para referirse a la Hungría de Viktor Orbán.

Dentro de este tenor, también es posible identificar los autoritarismos competitivos, un concepto propuesto por los politólogos Steven Levitsky y Lucan Way, plantean que hay naciones que transitaron del autoritarismo a la democracia pero no consolidaron el pluralismo. No obstante, también los países que ya llevan tiempo en democracia pueden retroceder a este modelo, en el cual las elecciones pueden ser competidas pero están plagadas de irregularidades que no permiten una competencia limpia y efectiva.

Venezuela es el caso ilustrativo, un país que en su última elección demostró la competitividad de la oposición pero que hasta la fecha no ha comprobado la victoria del oficialismo. El chavismo mantiene el control sobre el aparato estatal, lo que le permite retener el poder y la mayoría de los espacios de representación. Sin embargo, no debemos olvidar que desde el 28 de julio el país sigue sumido en una crisis postelectoral.

Por último, Wolfgang Merkel acuñó el término de democracias defectuosas para referirse a países que ejercen la democracia procedimental-electoral pero no garantizan una gobernanza efectiva y en los que las libertades civiles no son ejercidas con plenitud. Son países que tienen problemas para consolidar el pluralismo, la división de poderes y los derechos humanos, pero esto no significa que sean autoritarismos o dictaduras.

En conclusión, la ciencia política y los nuevos conceptos acuñados ofrecen un panorama completo que busca explicar de forma certera y objetiva los regímenes. El ascenso del autoritarismo en el mundo no puede ser visto como un fenómeno homogénea, sino que el estudio particular de casos, aunado a la revisión de la literatura, permite una delimitación objetiva y concreta de la realidad que estamos observando.

Movilidad urbana y nueva infraestructura china en América Latina

Juan Manuel Sotillo
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Movilidad urbana y nueva infraestructura china en América Latina

Recientemente circulaban en redes sociales las imágenes de una kilométrica caravana de decenas de flamantes autobuses blancos que marchaban por una carretera nicaragüense. La noticia detrás de aquella inusual procesión era la recepción de 250 autobuses fabricados por la compañía china Yutong para el sistema de transporte urbano de Nicaragua. Esas imágenes son la viva representación de tres realidades en la América Latina de hoy en día, donde la existencia de grandes retos de movilidad urbana en las ciudades; y la voluntad de los gobiernos de reducir sus niveles de emisiones de gases contaminantes; se entremezclan con como China está trabajando con distintos países de la región para lidiar con ambos retos.

En base a cifras del Banco Mundial el 82% de los habitantes de América Latina y el Caribe residen en zonas urbanas, y las previsiones indican que para 2050 esta proporción alcanzará el 86%. Megaciudades de talla mundial como Buenos Aires, Ciudad de México, Lima o São Paulo concentran en sus áreas metropolitanas a millones de personas, concretamente, las diez mayores engloban al 25% del total de la población urbana de la región. Teniendo en cuenta estas cifras, la movilidad urbana se ha convertido en uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan las ciudades latinoamericanas.

De acuerdo con el Urban Mobility Readiness Index, sólo cuatro ciudades latinoamericanas se sitúan entre las 50 con mejor transporte urbano del mundo. Santiago de Chile, Buenos Aires, São Paulo y Ciudad de México alcanzaron respectivamente los puestos 43, 44, 46 y 50 de este ranking internacional. Por detrás de ellas, les siguieron ciudades como Rio de Janeiro, Bogotá, Montevideo o Quito, todas ellas a gran distancia de los primeros puestos de clasificación copados por urbes europeas, norteamericanas, y asiáticas.

No obstante, el índice en su edición de 2023 resaltaba como las ciudades latinoamericanas están trabajando concienzudamente en mejorar sus redes de transporte urbano con fuertes apuestas por la movilidad eléctrica colectiva, ya sea mediante la electrificación y modernización de las flotas de autobuses, o mediante la construcción y ampliación de redes de metro o ferrocarriles urbanos.

Esta apuesta por la movilidad eléctrica colectiva está estrechamente ligada a que de acuerdo con los datos del PNUD, el tráfico rodado representa casi el 39% de las emisiones de gases de efecto invernadero en América Latina y el Caribe, provocando unas graves externalidades para una población eminentemente urbana. Además de ello, la práctica totalidad de los países de la región han firmado compromisos para reducir sus emisiones contaminantes en las próximas décadas, apostando fuertemente por el sector del transporte público como motor del cambio.

Los objetivos más ambiciosos previstos en Chile y Colombia se han propuesto transformar en eléctricos el 100% de los autobuses antes del año 2035. Argentina y Costa Rica también propusieron objetivos en esta línea, pero con un horizonte temporal que se traslada a 2050. Otros países de la región como Ecuador, Honduras o México han previsto también, aunque con menores ambiciones, la transformación paulatina a la movilidad eléctrica de sus flotas de autobuses.

Esta apuesta por la electrificación de la movilidad urbana ha hecho que países como Chile (21,4%), Uruguay (18,7%), Colombia (11,4%) o Argentina (9,9%) cuenten en la actualidad con flotas de autobuses eléctricos que superan con creces la penetración de países tradicionalmente más a la vanguardia tecnológica como Alemania o los Estados Unidos, donde la electrificación de sus flotas de autobuses llega apenas al 4,5% y 0,5% respectivamente.

Sin embargo, estas cifras palidecen si se comparan con las de China, donde se encuentra el 76,4% del total de los autobuses eléctricos existentes en el mundo, y cuya electrificación alcanza el 64% del total de la flota del país. Estas cifras no serían factibles sin la existencia de una industria de fabricación de autobuses eléctricos que actualmente pasa por la mayor del mundo. Fabricantes como BYD, Yutong, Higer o Farizon han pasado de meros desconocidos, a convertirse en los proveedores de autobuses tanto eléctricos como de combustión para Santiago de Chile, San José, Guayaquil o Ciudad de México.

De este modo, las empresas chinas están presentes en el proceso de modernización y mejora de la movilidad urbana en múltiples ciudades de la región, y no solamente en lo referido a autobuses, sino también en otros proyectos como la renovación de las flotas de trenes del metro de Buenos Aires, o la construcción de nuevas líneas de metro en Bogotá, Monterrey y Santiago de Chile. Estos proyectos no solamente estarían dentro del proceso de internacionalización de las empresas chinas, sino que también forman parte de la llamada “nueva infraestructura”.

Este concepto, acuñado en China en 2018, se refiere a proyectos de infraestructura que buscan la modernización tanto dentro de China como a lo largo de los países participantes en la Iniciativa de la Franja y la Ruta, de un modo “pequeño pero inteligente”. Tanto la movilidad eléctrica como la infraestructura de trasporte ferroviario urbano están dentro de los sectores prioritarios englobados en esta filosofía.

Esta “nueva infraestructura” en América Latina, ha atraído a empresas chinas para la realización de grandes obras como la línea 7 del metro de Santiago de Chile (China Railway 16th Bureau Group), la línea 1 del metro de Bogotá (CHEC), o la ampliación de las líneas 4 y 6 del suburbano de Monterrey (CRCC). Esta participación también puede servir para incentivar la competencia con las empresas de Europa, Estados Unidos, Canadá o Japón, y de este modo permitir alcanzar soluciones al reto de la movilidad urbana en la región de un modo más eficiente, ecológico y competitivo.

*Este texto fue publicado originalmente en la web de  REDCAEM

Una nueva temporada de política distópica en Brasil

Bianca Casais
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Una nueva temporada de política distópica en Brasil

Durante el debate transmitido en vivo entre los candidatos a la alcaldía de la ciudad más grande de América Latina, São Paulo, el 15 de septiembre, el nivel de brutalidad se mantuvo al nivel de  los anteriores, pero, esa noche, un hecho surrealista marcó las elecciones: el candidato José Luiz Datena, del PSDB (uno de los partidos más tradicionales de Brasil) atacó con una silla a Pablo Marçal, del PRTB. Para el espectador atento, el shock no fue tan grande –y lamentable– teniendo en cuenta las provocaciones de Marçal. De hecho, pocos días después, el 23 de septiembre, el mismo Marçal fue expulsado de otro debate que culminó con la agresión física, de uno de sus asesores al publicista del actual alcalde de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

Para comprender el «fenómeno Marçal» recurrimos al italiano Giuliano Da Empoli. En su libro “Ingenieros del caos”, el autor narra la fábrica y el modus operandi que dio origen a peces gordos como Pablo Marçal, que ingresaron al sistema político con el claro objetivo de cambiar sus bases y los engranajes democráticos de poder. Podría tratarse de otra distopía al estilo Orwell, sin embargo, lo más aterrador es que se trata de acontecimientos que suceden en todo el mundo.

Latinos en común

La campaña electoral del ex coach Pablo Marçal comparte muchos de los elementos que convirtieron a Javier Milei en presidente de Argentina. Discursos en contra del Estado y antipolítica, fuertes estrategias de comunicación digital y la falta de escrúpulos a la hora de ofender con brutalidad, sin preocupación por decir tonterías, parecer incoherente o desagradar a una parte del electorado, por el solo hecho  de atraer la atención.

El Salvador también tiene su ejemplo: Nayib Bukele, presidente, narrado por el propio Marçal como un “chico joven” y “de las redes sociales”, pero que carga con acusaciones de violaciones de derechos humanos por la implementación de políticas de seguridad pública guiadas por el resurgimiento del punitivismo y que se acerca a un estado de excepción.

Todos estos personajes tienen la misma educación, con pequeñas distinciones en la implementación, posiblemente vinculadas a aspectos generacionales o regionales específicos.

Todos operan con una estrategia basada en tres pilares: inflamar resentimientos y pasiones; abusar de la comunicación digital, utilizando cortes, distorsiones y manipulaciones de los hechos, aprovechándose de vacíos legales; y la crítica vacía de la política, con mucha radicalidad y poca proposición fáctica. En otras palabras, estos actores políticos utilizan causas socioeconómicas evidentes para, a partir de una comunicación digital masiva y recortando hechos, crear teorías que sustenten sus visiones del mundo: las llamadas narrativas; de hecho, distorsiones convenientes de la realidad. Esta lógica pretende imponer el caos en el sistema democrático y ganar poder.

Recordemos que Bolsonaro había abierto el camino en 2018, pero él mismo intentó amoldarse a la vieja política y se vio obligado a dejar de lado su –ilegítima– posición de antisistema. Este movimiento de “centrismo” del bolsonarismo, que se traduce en el tímido apoyo a la reelección del actual alcalde, Ricardo Nunes (MDB) –a través de la coalición con el partido de Bolsonaro (PL)–, dejó huérfanos del ex-líder-rebelde, y Marçal supo explorar esta parte del electorado.

Del mito al fenómeno

Nuestro nuevo ingeniero del caos ha estado replicando técnicas probadas, posicionándose como el nuevo retador del sistema político-electoral brasileño. Blanco de enfrentamientos en el Tribunal Electoral –que generaron algunos rumores–, acumula polémicas y llama la atención en los informativos.

Esta visibilidad, basada en “habla mal, pero habla de mí”, le permitió hacerse más conocido entre el electorado y acumular el 20% de la intención de voto, oscilando entre los tres mejor situados en la disputa. Además, se posicionó fácilmente como el candidato más seguido en las redes.

De mito a fenómeno, asistimos ahora a la nueva temporada, a lo Black Mirror, en plena carrera electoral por la alcaldía del principal centro económico del país. ¿Propuestas? ¿Números? ¿Datos técnicos sobre la ciudad? No. Marçal dice tonterías y presenta en extractos lo que los algoritmos piden, exigen y comprometen. De esta manera, no siempre es posible mantener la coherencia. Pero no importa, después de todo, la avalancha de información sirve para desviar la atención y moldear hábilmente la percepción del público al que pretende llegar.

Armado con su fortuna –obtenida a través de una trayectoria muy controvertida– y capital digital, el entonces candidato intentó alquilar un partido (PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro), de poca relevancia hasta entonces en el escenario político nacional, para institucionalizar su emprendimiento.

El estilo provocativo y combativo forma parte del carácter “naturalmente populista” destacado por Da Empoli y, para diferenciarse de otros competidores, Marçal fusiona rasgos de superioridad arrogante con “gente como nosotros”. Por un lado, se proclama como un empresario exitoso y destaca sus activos multimillonarios, por otro lado, es un símbolo del ciudadano trabajador común y corriente que aspira a la prosperidad económica. Su traje típico sintetiza esta oposición: el uso de un traje y una gorra con su logo.

El ex coach toca heridas latentes en la sociedad, especialmente en aquellos que no se ven representados, que no creen en la política, pero que anhelan y esperan, hundidos en sus duras realidades, el milagroso cambio de vida. Y es a través de la vinculación de su imagen al simbolismo de la prosperidad que ha encontrado la fuerza para crecer. No sorprende que su apoyo esté más concentrado entre los jóvenes de las periferias, los que tienen educación secundaria completa, los informales y los evangélicos, segmentos que disputa tanto con la izquierda como con la derecha.

Las consecuencias para la democracia

Este caótico personaje ha estado cometiendo los actos más grotescos y sin escrúpulos, y aún se están computando los daños. Los lamentables episodios recientes de agresión marcan el colofón de esta temporada liderada por Marçal. Ninguna agresión física debería justificarse, pero lo cierto es que Marçal creó su trama y ha sabido dictar o intervenir en el guión, incluso más que sus oponentes.

Aunque existe escepticismo sobre el crecimiento de Marçal, principalmente por las las campañas de los dos candidatos más competitivos en la disputa, Ricardo Nunes y Guilherme Boulos (PSOL, apoyado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva), el mayor deterioro ha sido para la democracia.

Asistimos a los efectos del choque entre los métodos de la llamada economía digital, que no está obligada a seguir regulaciones ni directrices, y la práctica política tradicional, respaldada por reglas que no parecen tener en cuenta las nuevas condiciones sociales y dinámicas. Es un doble juego entre lagunas regulatorias y oportunismo frente a lo obsoleto.

El resultado que hay que temer no es la victoria de Marçal como alcalde de São Paulo –las cifras recientes muestran una pérdida de fuerza y ​​que está estabilizado en el tercer lugar–, sino su capacidad para reproducir seguidores y otorgarles escaños en la Legislatura. 

Quizás sea un error subestimar su peligroso ascenso. Los augurios no parecen ser buenos y esto debería servirnos de advertencia. Es la triste constatación de que nuestras instituciones, una vez más, están atrasadas respecto a nuestros tiempos. Y hacer la vista gorda ante la enorme fisura abierta en el orden político, que es la salida más fácil, pero también la más problemática, puede generar mayores daños en el futuro.

Los presos de Bukele

Álvaro Bermúdez-Valle
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Los presos de Bukele

En la red X, Nayib Bukele se ha descrito a sí mismo como el “CEO de El Salvador”, “el dictador más cool del mundo mundial” o “Philosopher King”. Entre sus jocosas autodescripciones, podría también llamarse “el carcelero de El Salvador”, lo que sería una presentación tan irónica como literal.

Si bien en su afán por controlar al país Bukele innova en el ejercicio del poder recurriendo a medios no tradicionales, como el hábil uso de plataformas digitales, su régimen tampoco desiste del uso de convencionales mecanismos de dominio como el populismo, la persecución política y, especialmente, la prisión.

Como en las más férreas dictaduras, la cárcel sirve al gobierno salvadoreño para atemorizar a sus oponentes. Pero lo novedoso en el caso del joven presidente es que ha podido instrumentalizar la prisión para su beneficio personal logrando, por un lado, aumentar su popularidad, y por el otro, terminar con la oposición política.

La prisión como herramienta

En 2022, al cierre de su tercer año frente al gobierno, Nayib Bukele tenía pocos resultados de gestión distinto a la propaganda. El Salvador de entonces (como el de ahora) seguía siendo un país con tasas relativamente altas de desempleo, en donde la pobreza crecía y la migración irregular no cesaba. Todo esto en el contexto de una situación de violencia decreciente, pero con la amenaza de las pandillas latente.

Contrario a la narrativa oficial, en la que el presidente salvadoreño insiste que gracias a su gobierno el país pasó de ser el más violento al más seguro del mundo, la verdad es que asumió un país con una tasa de homicidios que se reducía de manera exponencial.

Cuando Bukele asumió el poder, con casi 20 muertes por cada 100 mil habitantes, lejos estaba aquel país de 2016, con 106 muertos por cada 100 mil habitantes. El Salvador había alcanzado el macabro reconocimiento de ser el más violento del mundo.

Aunque la tasa de homicidios durante los primeros años del gobierno de Bukele tenía características epidémicas según parámetros de la OMS, la misma reflejaba un alivio a la situación de dónde venían los salvadoreños.

Tregua a las pandillas

En parte, los homicidios se mantenían controlados gracias a la ya conocida tregua,  documentada y reconocida tanto por la prensa como por el Departamento de Justicia de EE.UU.,  que el gobierno de Bukele mantuvo con las pandillas. Dicha tregua se rompió a inicios del 2022, y en vez de constituirse en crisis, se convirtió en una oportunidad que Bukele no dejó escapar. El presidente decidió entonces sacrificar a las otrora poderosas pandillas, convirtiéndolas en peones.

Para el ambicioso mandatario el rompimiento de la tregua significaba redimensionar a las pandillas como nuevo enemigo para apuntalar sus objetivos políticos. Y sería la cárcel el instrumento privilegiado para lograrlo.

Un poder legislativo con dependencia total del Ejecutivo facilitó decretar el Estado de excepción el 27 de marzo de 2022, vigente a la fecha. Bukele prometió que con la medida podría desarticular las pandillas. La sociedad, víctima de amenazas, extorsión, desapariciones y homicidios atribuibles a dichos grupos, recibió con alivio y esperanza el ofrecimiento del gobierno, aunque ello significaba renunciar a garantías constitucionales.  

El proceso de encarcelamiento masivo inició en abril del 2022. Los portadores de armas del Estado atendieron sin demora la orden del presidente. Según datos oficiales, El Salvador encarceló a 80 mil personas en dos años, lo que significa 70 mil más de los encarcelamientos esperados. Son estas 70 mil personas los presos de Bukele.   

Encarcelamiento masivo

¿Por qué y para qué sirve este encarcelamiento masivo? Creer que la respuesta es la benevolencia del presidente o una estrategia planificada por su equipo de seguridad, puede ser tan ingenuo como peligroso.

Incluso los más férreos críticos de Bukele deben reconocer la efectividad de la indiscriminada política de encierro del régimen salvadoreño para acelerar la reducción de los homicidios en el país. Existe una correlación positiva inversa (-.062; p<.02) entre el encarcelamiento y la reducción de las muertes violentas, así como otros crímenes como la extorsión y las desapariciones.

Aunque se trate de una decisión improvisada que responde a razones equivocadas, éste es el único logro palpable que puede atribuirse al gobierno de Bukele. Y constituye un terrible (mal) ejemplo de lo que significa en la práctica la disposición manifiesta de los latinoamericanos de sacrificar libertades democráticas a cambio de mayor seguridad ciudadana.

La lección es que, al menos a corto plazo, instrumentalizar la represión para satisfacer la necesidad de seguridad, brinda popularidad a los gobernantes.

Cárcel y poder

Otra función, ahora más perversa, es normalizar el comportamiento político de los salvadoreños.  En “Vigilar y castigar”, Michel Foucault (2003) definió a la prisión como un ejemplo de “tecnología del poder”, ya que ésta no se trataba de un simple lugar de encierro, sino de un mecanismo complejo que buscaba transformar a los individuos.

La cárcel es un poder que controla, disciplina y, especialmente, normaliza. En un país donde todo es político, el gobierno amenaza con el castigo a quienes se atreven a participar en política. Junto a los homicidios también se ha reducido la oposición al Ejecutivo. Toda oposición. Líderes de la izquierda salvadoreña, de dónde surgió Bukele, han entrado y salido de la cárcel (a cambio de servicio comunitario). Incluso se llegó a publicitar la captura de ex funcionarios y ministros, que de ser verdaderamente culpables, aún estarían en prisión. 

Actualmente, Ernesto Muyshondt, un político del conservador ARENA, que se atrevió a desafiar públicamente al presidente, está en prisión en condiciones crueles y denigrantes, en un viciado proceso judicial. 

Dichos encierros cumplen una función ejemplarizante. Incluso los al menos 10 mil inocentes que el gobierno llama con desdén “el márgen de error”, mandan un mensaje a los ciudadanos: todos pueden ser sujetos de cárcel, sin que los funcionarios de Estado tengan que rendir cuentas o explicaciones. 

No solo se juzga y castiga la transgresión de la ley, sino que se instruye el comportamiento que el Ejecutivo espera de sus ciudadanos: aceptar de manera acrítica a Nayib Bukele y su gobierno. 

Sin quejarnos, al pie de la letra

Embriagado de poder, el día de la toma de posesión de su segundo (e inconstitucional) mandato a donde llegó con más del 80% de la votación, Bukele exigió a los ciudadanos: “Hagamos un nuevo juramento para defender las decisiones que tomaremos en los próximos cinco años: juramos defender incondicionalmente nuestro proyecto de nación siguiendo al pie de la letra cada uno de los pasos, sin quejarnos […] y juramos nunca escuchar a los enemigos del pueblo”.

Todo aquel que hable o se considere “enemigo del pueblo”se sale de la normalidad de Bukele y la cárcel está entre sus posibles destinos.

Finalmente, es importante reconocer que el uso de la prisión requiere un sistema de justicia discrecional y un poder legislativo secuestrado, lo que revela la ausencia de poderes independientes. Si la cárcel es una extensión del poder judicial y éste a su vez es una extensión del Ejecutivo, estamos ante una democracia jaqueada.

Los salvadoreños deben advertir que las prisiones no están siendo utilizadas como mecanismos para sancionar delitos o medios a través de los cuales se busca la reinserción social. El presidente utiliza el sistema penitenciario a su conveniencia y parece ser que lo seguirá haciendo, convirtiéndolo en una herramienta para enquistarse en el poder.

*Texto publicado originalmente en Diálogo Político

¿Para qué sirve monitorear cómo los medios cubren las elecciones? El caso mexicano

Carlos Muñiz
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¿Para qué sirve monitorear cómo los medios cubren las elecciones? El caso mexicano

Los medios de comunicación tienen un papel fundamental durante las campañas electorales, no solamente a la hora de transmitir información acerca de los acontecimientos que ocurren durante un proceso electoral, sino también a la hora de configurar el contexto informativo sobre el cual buena parte de la población puede tomar decisiones de corte electoral. Es por ello que se considera de especial relevancia el análisis de la cobertura que estos medios hacen de las campañas en general y muy en particular de los diferentes actores políticos que toman partido en las mismas, llámense personas candidatas, partidos políticos o coaliciones.

Desde las últimas décadas del siglo XX en México se han desarrollado numerosos monitoreos buscando conocer hasta qué punto los medios de comunicación del país presentan equidad a la hora de transmitir la cobertura de las actividades de los diferentes actores involucrados en las campañas electorales. Una solicitud que se llevó al terreno político buscando que desde el organismo encargado de velar por la gestión electoral se ofreciera este tipo de información. Antes el Instituto Federal Electoral (IFE) y ahora el Instituto Nacional Electoral (INE) han realizado durante buena parte de las elecciones federales del siglo XXI monitoreos de la cobertura que la radio y televisión a nivel nacional ofrecen de estos procesos.

Este hecho implica que, quizá una situación única en el mundo, en México sea la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) la que regula la obligación del INE de realizar monitoreos y análisis contenidos transmisiones sobre las precampañas y campañas electorales a nivel federal en los programas de radio y televisión que difundan noticias. Con ello se busca ofrecer a la ciudadanía información veraz, correcta y objetiva acerca de la manera en que los diferentes programas de radio y televisión dan cobertura a las personas candidatas y a los partidos políticos y coaliciones que las postulan en los diferentes procesos electorales federales que cada tres años ocurren en el país.

Durante el Proceso Electoral Federal de México (PEF) entre 2023-2024 el INE encomendó a la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) la realización del monitoreo de medios que abarcó tanto la precampaña electoral comprendida entre el 20 de noviembre de 2023 y el 18 de enero de 2024 como la campaña electoral que transcurrió entre el 1 de marzo y el 29 de mayo de 2024 para los procesos electorales a nivel presidencial, de diputaciones federales y de senadurías en México. Este monitoreo constituyó quizá uno de los mayores ejercicios de revisión de medios y análisis de contenido que existen en el mundo, en tanto que fueron analizados 73 programas durante la precampaña electoral y 503 programas de radio y televisión durante la campaña electoral, lo que derivó en un aproximado de 47.522 horas monitoreadas y 5.342 horas analizadas, en las cuales se detectaron y codificaron cerca de 327.000 piezas de monitoreo.

Si bien es habitual que los ejercicios de análisis de contenido y monitoreos realizados a nivel académico se centren en los espacios informativos o noticieros, el monitoreo mandatado por la ley al INE y encargado en su última edición a la UANL para su realización contempló no solamente el análisis de los noticiarios sino también de los programas de espectáculo y revista, así como de debate, opinión y análisis en los que se considera que se puede estar transmitiendo información a la ciudadanía acerca de los procesos electorales. Para ello se trabajó con una metodología compuesta por 13 variables que incluyen aspectos como tiempos dedicados a los diferentes actores políticos, valoraciones utilizadas para transmitir la información de estos actores o presencia de estereotipos de género y grupos en situación de discriminación a la hora de hablar de las diferentes personas candidatas. A partir de estas variables se pudo realizar un análisis amplio de la cobertura y tratamiento informativo ofrecido por los medios durante los procesos electorales.

Para ello se contó con un equipo conformado por cerca de 140 personas, entre monitoristas e integrantes del equipo de supervisión, revisión y coordinación, gracias a quienes se pudo realizar el monitoreo del PEF en México 2023-2024, cuyos resultados pueden consultarse en la página https://monitoreo2024.ine.mx/inicio. Los resultados ofrecidos semanalmente permitieron determinar cómo evolucionó la cobertura de los diferentes actores políticos a partir de los diferentes cortes de la precampaña y la campaña, pudiendo además adentrarse en las variables relativas a género y no-discriminación que posibilitaron conocer hasta qué punto la radio y la televisión utilizaron un lenguaje no incluyente, discriminatorio, sexista, homófobo o estereotipado para presentar a las diferentes personas candidatas, tanto a nivel presidencial como a nivel de diputaciones federales y senadurías.

Además, este monitoreo también ofreció variables relevantes desde el punto de vista académico, tales como la revisión de los temas utilizados a la hora de informar acerca de estos actores políticos, así como las menciones realizadas a actos violentos sufridos por personas candidatas y el registro de las ocasiones en las que desde los propios medios se realizaron condenas acerca de estas agresiones o amenazas sufridas en el contexto de los procesos electorales.

No cabe duda del tradicional interés que los propios partidos políticos tienen en los resultados de estos monitoreos, en tanto que se trata de un ejercicio que permite determinar hasta qué punto los medios son más o menos objetivos al ofrecer cobertura de las diferentes opciones políticas que concurren en las elecciones, es decir, hasta qué punto se presenta una cobertura equitativa de los diferentes actores políticos. Pero los resultados del monitoreo también pueden ser relevantes de cara al ejercicio de la práctica profesional en el ámbito mediático. No en vano la visión longitudinal e incluso la propia comparación con los resultados de los monitoreos anteriores permiten conocer cómo las personas profesionales de los medios presentan la información de la campaña electoral y hasta qué punto realizan procesos de editorialización que establecen marcos de comprensión, no solamente del PEF, sino de los propios actores que están involucrados en el mismo.

Debido a las especiales implicaciones que este monitoreo puede llegar a tener en el ámbito del desarrollo profesional del periodismo, se trata de un ejercicio de análisis que se desarrolla con respeto a la libertad de expresión y libertad de prensa que debe prevalecer en los regímenes democráticos. Es por ello por lo que ciertas variables, como las valoraciones o el proceso de estereotipación, no son analizadas en los espacios de opinión, debate, análisis, espectáculo y revista, centrándose el análisis del proceso de editorialización en exclusiva a los contenidos informativos de los noticiarios de radio y televisión.

Finalmente, este ejercicio de monitoreo y análisis de noticias busca incidir en la propia sociedad, ofreciéndole a la ciudadanía información correcta, actualizada, objetiva y rigurosa sobre el papel que los medios desempeñan día a día en el desarrollo de nuestras democracias. Como se señaló anteriormente, los medios son actores cruciales a la hora de determinar la opinión pública estableciendo marcos de comprensión de la realidad social, es decir, trasladando una opinión publicada que constituye uno de los factores principales para la conformación de las opiniones de la ciudadanía acerca de los asuntos políticos y sociales que la rodean. Por ello es de esperar que sea la propia ciudadanía quien optimice el uso de este ejercicio de monitoreo, familiarizándose con cómo los diferentes programas, medios y grupos de comunicación llevaron adelante esa labor de cobertura electoral; de hacerlo, el monitoreo habrá cumplido su misión de transmitir una información esencial para la toma de decisiones.

México en septiembre

Manuel Alcántara
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México en septiembre

Hay momentos en la historia de un país en los que todo lo que acontece pareciera cobrar un ritmo frenético. Septiembre de 2024 ha sido uno de ellos para México. Acotado entre la toma de posesión del recién elegido Congreso el primero de septiembre y la de la nueva presidenta el primero de octubre el país ha vivido inmerso en un escenario definido por tres actos de naturaleza distinta pero claramente interrelacionados. El primero tiene que ver con el balance del gobierno del presidente saliente en un marco legislativo renovado. El segundo se refiere a la culminación de la agenda política presidencial. Finalmente, se encuentran las expectativas gestadas por la nueva mandataria. Todo ello se da en el marco de una notable polarización que viene erosionando la democracia. La polarización es fruto de factores estructurales, pero también de la actuación del locuaz presidente saliente que día a día en su comparecencia pública no solo ha marcado la agenda sino establecido patrones emocionales que han contribuido a la división social.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha caracterizado su mandato de poco menos de seis años bajo una lógica transformadora que él bautizó como de “la cuarta transformación” (4T) consistente en un ambicioso programa de reducción de la pobreza, mitigación de las desigualdades sociales, potenciación de la obra pública en al menos dos ámbitos como son las comunicaciones (un aeropuerto en las cercanías de la Ciudad de México en sustitución de otro cuyas obras estaban iniciadas y un proyecto ferroviario en Yucatán) y la energía (una refinería de petróleo), y cierta austeridad republicana proyectada en la eliminación de oficinas públicas consideradas innecesarias, en el bajo nivel de proyección exterior, así como en la reducción del gasto oficial. Con todo ello, no obstante, el déficit fiscal actual es de casi el 6 % del PIB, el más alto de los últimos 35 años.

Con independencia de una evaluación más detallada del periodo, más de cinco millones de personas han salido de la pobreza y la imagen favorable del presidente saliente la tienen dos terceras partes de la población siendo la más alta de la región de entre los presidentes con andadura democrática. Sin embargo, desde una perspectiva crítica AMLO no llevó a cabo las transformaciones prometidas en cuestiones de corrupción e impunidad y los resultados en la lucha contra la violencia ocasionada por el crimen organizado donde se acumulan ya más de 100.000 desaparecidos son decepcionantes.

14 de las 50 ciudades más violentas en el mundo se encuentran en México, según datos de 2024 de la consultora World Population Review. Tijuana y Acapulco encabezan la lista. Durante el sexenio se han cometido 180.000 asesinatos, 30.000 más que en el de su predecesor Enrique Peña Nieto, y sigue sin esclarecerse la masacre de Ayotzinapa de hace diez años, también en un mes de septiembre, en la que fueron asesinados y desaparecidos los cuerpos de 43 estudiantes. La colisión existente entre las fuerzas de seguridad, el crimen organizado y las élites político-económicas forjada en los sexenios anteriores no ha sido desactivada por AMLO.

Fernando Barrientos ha sintetizado con precisión el paupérrimo balance del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y  Ernesto Hernández Norzagaray anticipa el posible precipicio al que se dirige el país. En la celebración del 16 de septiembre, conmemoración de la independencia de México, una treintena de sus municipios cancelaron las celebraciones de las fiestas patrias. Detrás no había otra cosa que la violencia. Sin embargo, en la conmemoración principal en el zócalo de la Ciudad de México nadie se acordó de esa circunstancia.

En términos institucionales, la 4T se proyectaba en un ambicioso plan de reforma política que AMLO no pudo desarrollar plenamente por no contar con la mayoría constitucional requerida de los dos tercios en cada Cámara. Ello fue así como resultado de las elecciones legislativas de 2018 y de 2021 en las que si bien Morena, el partido del presidente, resultó vencedor sumando a sus aliados (PT y Partido Verde) no alcanzaban el umbral para propiciar el cambio. Sin embargo, en los comicios de junio de 2024 se alcanzó el mínimo de diputados requerido para la aprobación de las reformas en la Cámara de Diputados pero no de senadores.

Del paquete de 18 reformas constitucionales de gran calado que el mandatario envió en febrero al Congreso, solo tres estarán en su testamento político. Las enmiendas a la Carta Magna que intervienen al Poder Judicial, los derechos de los pueblos indígenas y el control total de la Guardia Nacional al Ejército han sido las únicas aprobadas por ambas cámaras del Congreso y por la mayoría de los congresos estaduales, como prescribe la Constitución, antes del 1 de octubre, fecha de inicio de la nueva Administración federal. El resto se quedarán a la espera. Para ello y dado que el Ejecutivo no tenía la mayoría cualificada en el Senado -a pesar de tener Morena y aliados un contingente sin precedentes de diputados (364 sobre 500) y de senadores (83 de 128) a lo que se une el control de 21 estados de la Federación- hubo de resucitar viejas prácticas para torcer la voluntad de senadores de la oposición.

Así, el senador del Partido de Acción Nacional (PAN) Miguel Ángel Yunes Márquez dio el paso al frente apoyando la primera reforma gubernamental atinente a la Justicia, en clave fundamentalmente de la elección popular de los magistrados, a la que siguieron las otras dos.  Yunes Márquez escenificó la ruptura con su grupo con mayor dramatismo si cabe toda vez que el día de la primera votación solicitó licencia a su escaño, alegando problemas de salud en la columna, y dejó que tomase su lugar su suplente que es nada menos que su padre, el exgobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares, uno de los más grandes enemigos de AMLO. Tras acudir al escaño, Yunes Linares se enzarzó en una bronca con Marko Cortés, senador y dirigente del PAN, con lo que dejó entrever el distanciamiento de su clan familiar respecto del bloque parlamentario opositor y el acercamiento a Morena a pesar de los severos enfrentamientos que tuvieron en los comicios para la gobernación del estado de 2018 y de 2024.

Septiembre concluyó y da paso a la ascensión a la presidencia de Claudia Sheinbaum, la primera mujer en la historia de México en alcanzarla gracias al apoyo del 59,7% del electorado en las elecciones de julio superando en 6,5 puntos porcentuales el resultado alcanzado por AMLO en 2018. El propio Yunes Márquez ha pedido a la oposición no promover más el enfrentamiento y en cambio allanar el camino a la Administración de Claudia Sheinbaum, que está por comenzar. “Todos debemos contribuir a que lo haga en un ambiente de estabilidad y de armonía”, señaló.

Sheinbaum, una relevante tecnóloga que estuvo al frente de la Ciudad de México es la candidata apoyada sin reservas por AMLO y ha sido clara en su intención de implementar lo que ella denomina el “segundo piso de la Cuarta Transformación”. Una apuesta de continuismo con matices. De momento ello se ve reflejado en la composición del gabinete que asume el 1º de octubre que mezcla a servidores leales de AMLO con caras más afines a Sheinbaum.

Por otra parte, en septiembre también Morena ha realizado su congreso quedando patente la sombra del fundador en la elección de su cúpula. Los tres dirigentes más relevantes tienen en común la juventud y la proximidad con él. Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación saliente, es la nueva presidenta del partido, el segundo de los cuatro hijos del presidente saliente, Andy López Beltrán, ocupa la secretaría de organización y la secretaría general está reservada para Carolina Rangel, exfuncionaria del gobierno de Michoacán.La tensión entre la autonomía y la dependencia de la nueva presidente con respecto a su predecesor será el hilo conductor del populista guión presidencial instalado sólidamente en México. Con la sucesión, parece que en septiembre se ha ratificado el predominio de la dependencia. Así lo indica la posición común con respecto al “asunto español”. El uso del rey Felipe VI como chivo expiatorio del malinchismo une a ambos. La rabieta del populista locuaz AMLO condenatoria del “orgulloso colonialismo español” ha sido avalada con entusiasmo por la tecnopopulista Claudia Sheinbaum que tampoco parece querer distinguir las funciones de un jefe de Estado del papel que juega un Gobierno en un régimen parlamentario. Aun a pesar de la siempre ponderada amistad entre el pueblo español y el mexicano.

Milei: la política de lo imposible

Diego M. Raus
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Milei: la política de lo imposible

Hay ciertos detalles en política que tienen un gran impacto. Así se puede entender, y analizar, la aparición que hizo el domingo 15 de septiembre a las 21 horas el presidente Milei para presentar en el Congreso el Presupuesto Nacional 2025. En la Argentina el gobierno en funciones presenta el presupuesto del año siguiente a finales de septiembre a fin de que se discuta en su totalidad en el Congreso. Luego este organismo, tras enmiendas, cambios y agregados, lo tiene que aprobar, ya que es Ley Nacional, por lo que no se puede alterar cuando se ponga en funcionamiento.

Ese domingo hubo dos novedades en este acto político tradicional y rutinario: el día y hora de su presentación por cadena oficial, y el hecho de que lo presentara el presidente cuando lo normal, en cuanto acto económico, es que lo presentara el ministro de Economía.

El presidente señaló al comienzo del acto la razón por la cual lo presentaba él y no su ministro. En esa razón se encuentra tanto el núcleo de la cuestión como el problema: el presidente anunciaba que en ese presupuesto va a residir la estrategia innegociable de su gobierno, a la vez que agregaba que esa estrategia cambiaba 120 años de historia económica y política de la Argentina.

La estrategia es el déficit fiscal cero. El objetivo es privilegiar absolutamente el pago de deudas. El instrumento es un superávit fiscal primario que garantice ese pago de deudas. El costo es que cualquier otro tipo de gasto público está condicionado por esa estrategia.

Traducido a la vida cotidiana, es decir, condiciones y expectativas de vida de la población, quiere decir, y el presidente así lo aclaró para que no quepan dudas (después no digan que no les avisé), que toda erogación estatal va a estar supeditada a que haya fondos fiscales luego de reservar lo necesario para el pago de deudas. Da igual que sea inversión pública, salud, educación, ciencia y tecnología, programas sociales para la pobreza, seguridad o sistema previsional. La ecuación es simple: si el estado tiene recursos luego de pagar deudas, habrá políticas públicas. Si los recursos disminuyen, disminuirán en idéntica proporción esas políticas.

En una economía que hasta estas alturas del año registra un 94 % de inflación anual, con caída abrupta de los salarios públicos, con casi un 55 % de la población bajo la línea de pobreza y un 20 % bajo la línea de indigencia, con el gasto en educación, ciencia y tecnología achicado a límites mínimos, con regiones del país pauperizadas, proponer una profundización del ajuste económico suena hasta casi irreal. A la vez, el presidente exigió a las gobernaciones provinciales un recorte de gastos para 2025 por 60.000 millones de dólares, cuando hay provincias que ya no pueden sostener mínimas prestaciones en salud y educación.

El canon libertario (economía austríaca) pregona la retirada del estado, sobre todo económica, y el pase de toda necesidad social al mercado. En el extremo de ese planteo, toda política impositiva —es decir, recursos para el gasto público— es moralmente violatoria de la propiedad de las personas. Dijo este domingo el presidente que si la economía creciera no se aumentaría el gasto público sino que se recortarían impuestos. Obviamente, sin mencionarlo, a las empresas y grandes patrimonios.

Alguien escribió que la política es el arte de lo imposible. No sabemos si esa frase es poesía o una realidad de tiempos históricos pretéritos. Hoy día, en cualquier país del mundo, la política es apenas el arte de hacer mínimas cosas si existe un contexto de posibilidad que permita implementarlas.

La propuesta de Milei, encorsetada en el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2025 pero entendida como instrumento de una estrategia política de ajuste por shock, es una política de lo imposible. En el estado socieconómico de la Argentina, proponer un achicamiento de los servicios públicos esenciales asoma como una provocación que solo puede desencadenar un ciclo de protestas y conflictos sociales de altísima intensidad.

La victoria retrasada de la clase obrera gracias a la IA

Frank Lehrbass   |   Johannes Kranz
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La victoria retrasada de la clase obrera gracias a la IA

Durante las últimas décadas, nuestros padres insistían en que sus hijos evitaran oficios manuales y buscarán más bien carreras universitarias. La aspiración era clara: convertirse en profesores, psicólogos, redactores o curas. Sin embargo, la llegada de la inteligencia artificial (IA) y, en particular, los modelos de lenguaje grande (LLM) como Chat GPT, está comenzando a poner en duda la relevancia de estas profesiones. Este ensayo argumenta que la IA, de manera inesperada, tiene el potencial de reemplazar una gran parte de tareas de «cuello blanco», mientras que todavía enfrenta limitaciones significativas para reemplazar a los oficios manuales y personalizados, lo que puede conllevar a una tardía pero inevitable reivindicación de la clase obrera en el mercado laboral del futuro.

La vulnerabilidad de las profesiones intelectuales

En la era de la IA, profesiones que antes se consideraban seguras y prestigiosas están siendo transformadas. Los modelos de lenguaje grande, entrenados con vastas cantidades de datos discursivos, pueden generar respuestas sorpresivamente adecuadas a preguntas cada vez más complejas, lo que sugiere que una parte considerable de las tareas repetitivas en la enseñanza, la psicología aplicada, en los lectorados y agencias de publicidad y otros campos basados en el lenguaje podrían ser automatizadas pronto. Además, la tecnología DeepFake permite crear avatares que imparten clases pregrabadas de alto nivel, eliminando la necesidad de que los profesores repitan el mismo contenido cada año.

Hoy por hoy, la interacción compleja entre profesor y alumno sigue siendo un desafío para la IA, además que los LLM solo pueden manejar diálogos predecibles. Sin embargo, en la medida que los LLM mejoren su ventana de contexto para ganar complejidad y la adaptabilidad de una conversación humana auténtica, ponen en riesgo, cada vez más, la relevancia de muchas profesiones intelectuales, mostrando su vulnerabilidad ante la automatización.

Resiliencia y reivindicación de los oficios manuales

En contraste, los oficios manuales y personalizados, como la plomería y la partería, todavía parecen más robustos para sobrevivir en el mercado laboral, por lo menos a mediano plazo, ya que presentan desafíos únicos que la IA y la robótica actualmente está lejos de superar. Reparar un tubo roto o asistir en un parto son tareas que requieren habilidades manuales de motricidad fina, intuición y adaptabilidad — capacidades que tanto en la IA como también la robótica aún son insuficientes.

Incluso en entornos donde se han implementado robots, como en residencias de ancianos en Mannheim, Alemania, las experiencias indican que aunque los robots pueden manejar conversaciones simples para entretener y consolar, no reemplazarán el cuidado humano en tareas de enfermería más complejas. Esto subraya la importancia y resiliencia de los oficios manuales.

Desafíos y oportunidades para la IA – y para los humanos

Uno de los principales desafíos de la IA es su tendencia a comportarse – todavía y más que todo – como loros probabilísticos (stochastic parrots), una crítica planteada por Noam Chomsky, entre otros. Los LLM replican respuestas probables basadas en datos entrenados, pero carecen de la capacidad de pensamiento original y creativo necesario para desarrollar nuevas teorías científicas o soluciones innovadoras. Esto representa tanto un desafío como una oportunidad para mejorar los algoritmos de IA y entrenarlos de manera más efectiva, minimizando sesgos y mejorando su capacidad para manejar situaciones complejas.

Aunque la inteligencia artificial tiene el potencial de transformar muchas profesiones de «cuello blanco», su capacidad de reemplazar a los trabajadores humanos está limitada por la naturaleza de las tareas manuales y personalizadas. A la luz de los impresionantes avances de la IA en la generación de discursos convincentes, las aspiraciones posguerra de evitar los oficios manuales parecen ahora desfasadas. Y los mismos oficios más prácticos, se mantienen – por el momento – firmes frente a la automatización. Los padres de hoy podrían por ende aconsejar a sus hijos que se enfoquen en profesiones que requieran habilidades robustas: plomero, electricista, partera o jardinero.

Es irónico que 150 años después de las grandes revoluciones sociales en Europa, y debido a una revolución precisamente tecnológica, sean las clases obreras las que salgan reivindicadas en el mercado laboral, donde sus habilidades por el momento siguen siendo esenciales e irremplazables.

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