¿Puede haber democracia sin partidos políticos?

Existe una idea muy difundida y aceptada de que la democracia no es posible sin los partidos políticos. Hace décadas que se asegura que estas organizaciones están en crisis, pero pese a la intensificación de los síntomas de su enfermedad —supuestamente— crónica, no han desaparecido: los partidos se crean, a veces se destruyen y siempre se transforman.

Bajo el manto protector de este planteamiento sobre su indispensabilidad para el sostén democrático, se ha sido condescendiente con las deficiencias, defectos y desatinos que presentan estas —relevantes, ya se dijo— organizaciones políticas.

Es evidente una ausencia de democracia en su interior. Hay dirigentes, como en el caso mexicano, que los capturan y buscan seguir con el control, como en el caso del Partido Revolucionario Institucional; en otros, se busca heredar a algún cercano el cargo, como ocurre en el Partido Acción Nacional; en otros es notorio que funcionan como franquicias con dueño: Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo…

Los partidos políticos también son responsables de sostener gobiernos ineficaces, pues son ellos los que postulan a quienes ocupan los cargos de elección popular. Hay una falta de contundencia ciudadana cuando no se les recrimina lo que ocurre después de las elecciones: tendrían que responsabilizarse no solo del acceso al poder, sino también de la manera en la que se ejerce ese poder.

Empero, La centralidad y el control que tienen los partidos políticos de las decisiones que se toman en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial hace complicado que reciban los correctivos respectivos. El partidocentrismo como base de la retaliación potencial.

Apenas en el reciente proceso electoral en México, sin ir más lejos, desde el Instituto Nacional Electoral (todavía INE) se lanzó el mensaje de que lo que se espera es que estas agrupaciones, en algún momento, se abstengan de realizar acciones violatorias de la ley; eso como la principal aspiración antes que preferir una actitud sancionatoria: no privilegiar la imposición de una penitencia porque “el castigo no resolverá el problema”, se dijo.

En ese tono, el Consejo General de dicha autoridad electoral calculó multas por 1.564 millones de pesos (más de 80 millones de dólares), de los cuales 785,6 millones son producto de infracciones en el proceso federal. Los consejeros y consejeras decidieron ser laxos en los rubros de gastos no reportados y no comprobados, por lo que redujeron la sanción de esta última cifra a 330 millones. Una pichincha.

No cabe duda de que los partidos siguen cumpliendo con las funciones que de manera histórica les han sido encomendadas. El politólogo español Jordi Matas las sintetiza así: socialización política y creación de opinión; armonización de intereses; formación de élites políticas; canalización de las peticiones de la población, y reforzamiento y estabilización del sistema político.

¿Pero es el momento para plantearse, con seriedad, una democracia sostenida no solo en partidos políticos? En el núcleo de la democracia, donde se requiere de la participación de estas organizaciones, se encuentra la acción política, la implementación de una serie de actividades que tendrían como supuesto principal ver por el bien de la comunidad.

Así que el punto es que esta acción la desarrollan un conjunto de individuos, ya sea en solitario o en conglomerados. De manera que, entonces, si lo que importa es la acción y los individuos que la ejercen, lo de menos es el espacio organizativo en el que se encuentran alojados.

Si se toman como referencia los sistemas parlamentarios, los líderes partidistas y la propulsión más importante de dicha acción política se instalarían en el Congreso y con ello se podría aspirar a una presencia intermitente de los partidos: existencia temporal de los partidos, acción política permanente desde los cuerpos legislativos.

¿Estamos ya ante la posibilidad de contar con partidos políticos eventuales como lo había previsto Moisei Ostrogorski hace más de un siglo?: “¿No se ha indicado ya la solución que exige el problema de los partidos? ¿No consiste en eliminar en la práctica la costumbre de los partidos rígidos, de los partidos permanentes que tengan por fin el poder, y restituir y reservar para el partido su carácter esencial de agrupamiento de ciudadanos, formado especialmente para una reivindicación política determinada?”.

Pensar que Morena es el responsable de la continuidad de la llamada Cuarta Transformación en México es un error, es apenas el vehículo en el cual se concentraron los apoyos favorables al movimiento y en especial al presidente Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de 2024.

Estamos a poco del advenimiento de un nuevo partido, que tiene entre sus líderes más visibles a quienes impulsaron la llamada Marea Rosa mexicana. ¿Será la solución para generar un contrapeso al oficialismo? Lo que es más, ¿podrá siquiera formarse y lograr el registro? Liderazgos añejos y fallidos para encabezar una organización política que pretende ser novedosa. Mal envite.

Así es como los falsos observadores pretenden legitimar el fraude en Venezuela

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela ha cometido un fraude masivo al anunciar resultados falsos para dar ganador a Nicolás Maduro, aunque, de acuerdo con las actas de escrutinio recopiladas por la oposición, que representan el 83,5% del total a nivel nacional, quien resultó electo fue el opositor Edmundo González, con más del doble de votos que Maduro.

Para intentar dar legitimidad a un proceso fraudulento, el CNE y la Cancillería invitaron a centenares de integrantes de movimientos sociales, asociaciones civiles y partidos afines al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en calidad de “observadores”, “veedores” o “acompañantes” internacionales, aunque no tenían ninguna preparación para ello.

De acuerdo con la Declaración de Principios para la Observación Electoral Internacional, la observación electoral internacional es “la sistemática, completa y exacta reunión de información acerca de las leyes, los procesos y las instituciones relacionados con la celebración de elecciones y otros factores atinentes al entorno electoral general; el análisis imparcial y profesional de dicha información, y la extracción de conclusiones sobre el carácter de los procesos electorales sobre la base de los criterios más exigentes en materia de exactitud de la información e imparcialidad del análisis”.

Sin embargo, la mayoría de los participantes del programa de “Acompañantes Electorales” organizado por el gobierno de Venezuela no tenían formación en materia de observación electoral, ni pretendían tenerla. Eran abiertamente afines al gobierno, y apoyaban la reelección de Nicolás Maduro.

Gran parte de ellos viajó a Caracas para participar en el encuentro II Alternativa Social Mundial: la organización de los pueblos es un factor para la autodeterminación, organizado por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) y celebrado días antes de las elecciones. 

Muchas de estas personas se mostraron activas en redes sociales antes, durante y después de la jornada electoral, asegurando que se trataba de unas elecciones que cumplían con los estándares democráticos, aunque reportes de la sociedad civil venezolana y de organizaciones como Transparencia Electoral advertían de las condiciones irregulares del proceso.

De acuerdo con la European Platform for Democratic Elections, la observación electoral falsa es “una forma de actividad política realizada por actores internacionales y dirigida a promover los intereses de los políticos y las fuerzas políticas imitando un monitoreo electoral creíble durante los procesos electorales” con el objetivo de encubrir el fraude electoral ante audiencias nacionales e internacionales, legitimar procesos electorales considerados ilegítimos por la comunidad internacional, deslegitimar y debilitar la institución de elecciones libres y justas y subvertir y/o relativizar los resultados de una observación electoral creíble.

Los falsos observadores electorales que viajaron a Venezuela usan sus redes de influencia para apoyar el fraude masivo del CNE y desconocer la voluntad de los venezolanos. Aunque la autoridad electoral no ha presentado las actas de escrutinio de las más de 30.000 mesas de votación, algo que debió ocurrir en las primeras 48 horas luego de la elección, los falsos observadores aseguran que los resultados anunciados por el CNE son verídicos y que las actas recopiladas por la oposición son falsas.

Un ejemplo es la declaración de casi 50 “veedores” españoles que viajaron a Venezuela, muchos de ellos de partidos como Sumar, Podemos y EH Bildu, en la que ratifican “el apoyo a la legitimidad, transparencia e integridad del proceso electoral venezolano organizado por el Consejo Nacional Electoral que arrojó como resultado la reelección del Presidente Nicolás Maduro”, sin importar que no se hayan publicado los resultados por mesa, que se hayan suspendido las auditorías al sistema informático o que la oposición haya publicado el 83% de las actas en las que queda clara la victoria de Edmundo González.

Otro caso lo encontramos en el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA), una organización creada con fondos del estado venezolano en 2004 con el propósito de avalar sus elecciones. A diferencia del caso de los militantes de movimientos y partidos afines al chavismo, con el CEELA se buscó dar una apariencia técnica a la falsa observación electoral. La organización cuenta con el apoyo de exautoridades electorales de países de la región, encabezadas por Nicanor Moscoso, quien fue presidente del Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador. 

En el historial del CEELA está, por ejemplo, un informe avalando la elección de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela del año 2017, en el que concluye que “el proceso electoral tendiente a la elección de los integrantes a la Asamblea Nacional Constituyente 2017 de la República Bolivariana de Venezuela cumplió con los estándares internacionales y la legislación nacional, y se llevó a cabo en forma satisfactoria”; aunque la empresa que brindaba la tecnología para el sistema automatizado de votación denunció que los resultados fueron manipulados.

En esta ocasión, el CEELA también ha cumplido con su función de legitimar elecciones irregulares o fraudulentas. En vez de exigirle al CNE la publicación de las actas con las que anunciaron los resultados, como por ejemplo hizo el Centro Carter, Nicanor Moscoso expresó que es la oposición la que debe demostrar que hubo fraude.

Otro integrante del CEELA, Eugenio Chicas, exmagistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, consideró que “la oposición está un poco valentonada porque en realidad no han tenido una mala votación, al 80% del conteo ellos han tenido más de 4,4 millones de votos, eso es el 44%, que con un candidato tan malo como el que llevaban, y una oposición dividida en la papeleta, en realidad es una votación excelente”. 

Este tipo de declaración, en la que hace un análisis político e incluso descalifica al candidato opositor, deja claro que no son observadores imparciales sino agentes políticos que buscan, bajo la figura de la observación electoral, legitimar resultados fraudulentos.

La labor de los falsos observadores contribuye a la prolongación del conflicto, que ha dejado como saldo al menos 24 asesinatos y más de mil detenidos (más de 100 de ellos menores de edad) y que priva al país de la posibilidad de una transición hacia la democracia.

TikTok, la nueva forma de hacer política 

Actualmente vivimos la cuarta revolución tecnológica, y muchos mandatarios son conscientes de ello. Autores como Octavio Ianni o Ignacio Ramonet han postulado que, en un mundo interconectado por la tecnología, los gobiernos optan por cambiar sus estrategias de comunicación. Las redes sociales han obligado a los gobernantes a sumarse a estos canales.

Durante el siglo XX y la primera década del siglo XXI, los presidentes consideraban que la comunicación con su electorado solo se daba a través de mítines, propaganda física y mensajes televisivos. Sin embargo, con la aparición de los nuevos medios de comunicación, los políticos se vieron forzados a incursionar en las redes sociales y enfrentarse a nuevos escenarios para conseguir respaldo, pero también para la confrontación.

TikTok se ha convertido en uno de los productos más consumidos a nivel mundial. Si bien fue fundado en 2016, su auge se dio durante la pandemia de Covid-19, entre 2019 y 2022. Esta plataforma se caracteriza por la publicación de videos cortos y las trasmisiones en vivo, lo cual incentiva su consumo. Además, cuenta con una configuración algorítmica que se asocia a las preferencias del usuario.

Dentro de este tenor, varios mandatarios comenzaron a crear sus perfiles para poder llegar a un mayor número de personas. Ahora bien, el uso de las redes puede ser interpretado como la difusión de mensajes importantes o la perpetuación y reproducción de modelos autoritarios. En el libro Linchamientos digitales, Ana María Olabuenaga expone cómo estos canales no necesariamente democratizan la información, sino que el ciberespacio se ha convertido en la nueva arena política.

Por ejemplo, el expresidente ecuatoriano Guillermo Lasso se hizo conocido no solo por haber competido tres veces en las elecciones, sino por su canal de TikTok, en el que contaba el día a día de su campaña y permitía que le hicieran preguntas sobre sus gustos y vida privada. Su técnica de publicar videos cortos con información puntual e incluso sumarse a los denominados trends impactó en su popularidad.

Incluso cuando asumió el poder, siguió comunicando por este medio; publicaba videos sobre el aumento de salarios, la recuperación de áreas verdes o las reuniones con otros líderes del mundo. Sin embargo, cuando estalló el escándalo por su presunta participación en la operación El Gran Padrino, con la que financió ilegalmente su campaña presidencial, la gente lo cuestionó en comentarios por este tema. Su gobierno terminó con la muerte anticipada, es decir, disolvió el Congreso, pero también renunció a la presidencia.

Su sucesor, Daniel Noboa, también se ha unido a la lista de mandatarios que usan esta red para enviar mensajes a la población, pero su canal está, sobre todo, lleno de videos editados con música que es tendencia. Al analizar el contenido, se puede ver que lo que Noboa busca es posicionar su agenda y temas de gobierno. Por ejemplo, se graba haciendo ejercicio y seguido de esto manda su apoyo a la delegación que compitió en los Juegos Olímpicos, o aparece con niños y lo aprovecha para hablar de la importancia que tienen para su gobierno.

Otro caso es el del autócrata venezolano Nicolás Maduro, quien también se ha sumado a TikTok para publicar videos en los cuales la base del chavismo lo respalda de acuerdo con los logros de su gobierno. Además, se ha vuelto célebre por la microserie Superbigote, en la que Maduro es un superhéroe que se enfrenta al capitalismo, a los banqueros y a la oposición. En cada capítulo destaca los valores de la revolución bolivariana y su política.

Pero la realidad es que esta estrategia también se le ha vuelto en contra tras los resultados de la polémica elección, que han generado protestas en todo el país. Justamente esta red sirvió para visibilizar el malestar venezolano, las movilizaciones, los cacerolazos y los eventos de la oposición. Ante este escenario, Maduro comenzó a propagar el discurso de que se trata de la derecha internacional y Estados Unidos intentando frenar la revolución mediante un golpe de estado; el autócrata llamó a desinstalar por 10 días WhatsApp y TikTok por supuestas amenazas.

Esto solo ha generado preocupación en la comunidad internacional, ya que Maduro lo que pretende es silenciar y aislar a Venezuela de los ojos del mundo para que no se sigan propagando imágenes de la represión y la violencia. Esto muestra que las redes sociales contribuyen a que los regímenes autoritarios ya no sean tan herméticos y sólidos, ya que están expuestos a que, con un solo clic o video, el mundo sepa de ellos. 

En Centroamérica, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se ha vuelto una celebridad no solo por su política de mano dura contra las pandillas sino por su habilidad para comunicar a través de las redes sociales. En su cuenta se dedica a publicar videos sobre la política de seguridad que ha implementado, acompañados de fragmentos de sus discursos contra los delincuentes, con el objetivo de popularizar su modelo, que ha sido halagado por diversos gobiernos del mundo.

También se ha vuelto popular porque varios influencers lo han entrevistado para abordar desde su deber público hasta su vida personal. Así, Bukele ha sido uno de los ejecutivos más beneficiados por las redes sociales. Su contenido se caracteriza por responder a quienes lo han criticado (como Nicolás Maduro) y promocionar obra pública y visitas de estado. 

Por último, también el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador abrió un perfil en esta plataforma para comunicarse con sus seguidores. En su canal se difunden canciones, figuras animadas de él y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y fragmentos de sus conferencias o cápsulas de historia. López Obrador creó su cuenta durante el proceso electoral para influir en la intención del voto, lo cual está prohibido por la ley, que establece que los servidores públicos no pueden hacer proselitismo. Sus críticos han señalado que con su perfil trata de limpiar su imagen, tras un mandato que se ha caracterizado por la erosión democrática y la destrucción institucional.

Tras exponer estos ejemplos, es posible entender que las campañas y los gobiernos se han sumado al ciberespacio no por gusto, sino por necesidad. El objetivo ya no es solo imponer temas en la agenda pública, sino generar gobernabilidad en sus países y, en algunos casos, reproducir los modelos autoritarios. 

En conclusión, excluir a redes sociales y plataformas como TikTok del análisis politológico es desconocer que la forma de ejercer el poder se ha modificado, lo que ha modificado a su vez nuestro campo de estudio. A esto se suman los nuevos fenómenos sociales que aparecen en este medio, como las noticias falsas, la desinformación y la posverdad, que han cobrado relevancia en la opinión pública.

Latinoamérica y el Caribe: la región con la dieta saludable más costosa del mundo

En la edición del 2024 del informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, conocido como SOFI y presentado por la FAO, FIDA, UNICEF, PMA y OMS en Río de Janeiro, Latinoamérica y el Caribe se destacan por tener el costo más alto de una dieta saludable a nivel global, con un promedio de 4,56 dólares diarios por persona. Este dato resalta una profunda desigualdad en el acceso a alimentos nutritivos y plantea serias dudas sobre la viabilidad de alcanzar el ODS 2: Hambre Cero. 

La perniciosa situación del hambre y de inseguridad alimentaria

El panorama global de la seguridad alimentaria sigue siendo alarmante. En 2023, entre 713 y 757 millones de personas padecieron hambre, con África liderando las cifras de inseguridad alimentaria. A nivel mundial, una de cada 11 personas enfrenta esta realidad, y en África, una de cada cinco sufre hambre. 

Latinoamérica y el Caribe, aunque han logrado reducir significativamente la inseguridad alimentaria, no están exentas de desafíos. Los avances regionales no son suficientes para contrarrestar el estancamiento global en la lucha contra el hambre, y la realidad de la inseguridad alimentaria persiste. La región ha visto una reducción en los niveles de hambre, pero estos logros no reflejan una solución completa al problema mundial. La alta prevalencia de la inseguridad alimentaria en otras regiones, especialmente en África, demuestra la necesidad de un enfoque global más integrado para enfrentar este desafío persistente y garantizar la seguridad alimentaria para todos.

La asequibilidad de una dieta saludable y sus implicaciones

En 2022, el costo global de una dieta saludable aumentó a 3,96 dólares diarios por persona, impulsado por la inflación derivada de la pandemia de Covid-19 y la guerra en Ucrania. En Latinoamérica y el Caribe el costo es aún mayor, y alcanza los 4,56 dólares. Este aumento refleja el impacto desproporcionado de la inflación en la región, exacerbado por factores globales y resalta la urgencia de políticas más equitativas para abordar las disparidades en el acceso a alimentos nutritivos.

El alto coste de una dieta saludable en Latinoamérica y el Caribe plantea serias dudas sobre la posibilidad de lograr el Hambre Cero para 2030. El aumento en el precio de los alimentos ha acentuado las desigualdades, poniendo en riesgo la salud de millones de personas y limitando su capacidad para acceder a dietas nutritivas. Las proyecciones sugieren que, para finales de la década, la subalimentación crónica podría afectar a 582 millones de personas, subrayando la necesidad urgente de transformar los sistemas agroalimentarios a nivel global y regional.

Progresos y desafíos en la nutrición global

A pesar de algunos avances, como la reducción del retraso en el crecimiento infantil y el aumento de la lactancia materna exclusiva, el mundo sigue sin estar en camino de cumplir las metas globales de nutrición para 2030. La prevalencia del bajo peso al nacer y del sobrepeso infantil permanece estancada, mientras que la anemia en mujeres de 15 a 49 años ha aumentado. Se han logrado mejoras, pero aún queda mucho por hacer para garantizar un desarrollo infantil saludable y abordar la creciente carga de la malnutrición.

El aumento de las tasas de obesidad, que agrava la doble carga de la malnutrición, plantea grandes desafíos para la salud en todos los grupos de edad. Las mejoras en la nutrición global son insuficientes para alcanzar los objetivos de desarrollo, requiriendo medidas integrales que aborden simultáneamente la desnutrición, las carencias de micronutrientes, el sobrepeso y la obesidad. La falta de progreso en algunas áreas pone en evidencia la necesidad de un enfoque más holístico para abordar la crisis de nutrición.

Redefinición de la financiación para la seguridad alimentaria y la nutrición

El informe SOFI 2024 destaca la necesidad de redefinir y aumentar la financiación para la seguridad alimentaria y la nutrición. Las inconsistencias en las estimaciones actuales complican la identificación de áreas críticas y la rendición de cuentas efectiva. Se propone una nueva definición de financiación que abarca recursos públicos y privados destinados a erradicar el hambre y todas las formas de malnutrición. Este enfoque integral considera la disponibilidad, el acceso y la utilización de alimentos nutritivos y seguros, fundamentales para lograr una salud global adecuada y sostenible.

Una definición más clara de financiación para la seguridad alimentaria y nutrición es crucial para abordar el déficit actual. Se requiere una catalogación coherente que permita una asignación eficaz de recursos y garantice que las inversiones se dirijan a las áreas con mayor necesidad. La adopción de un enfoque integral puede mejorar significativamente la coordinación y efectividad de las intervenciones, asegurando que los recursos disponibles se utilicen de manera óptima para combatir el hambre y la malnutrición.

Niveles actuales y déficits de financiación

El gasto en seguridad alimentaria y nutrición sigue siendo insuficiente, especialmente en países de ingresos bajos y medianos. Menos de una cuarta parte de la ayuda al desarrollo oficial se destina a estos temas cruciales. Entre 2017 y 2021, solo el 34% de 76.000 millones de USD anuales se dirigieron a enfrentar los determinantes de la inseguridad alimentaria. Este déficit de financiación plantea graves riesgos sociales, económicos y ambientales, y demanda soluciones innovadoras e inclusivas para ampliar el acceso a recursos en los países más necesitados.

El déficit de financiación en seguridad alimentaria y nutrición no solo limita la capacidad de enfrentar la inseguridad alimentaria, sino que también tiene consecuencias sociales y económicas significativas. Se necesitan enfoques creativos y colaborativos para movilizar los recursos necesarios y garantizar que las inversiones se alineen con las prioridades globales y regionales en seguridad alimentaria y nutrición.

El hambre es un problema de distribución, no de escasez

El médico brasileño Josué de Castro afirmaba: “El hambre es un problema de distribución, no de escasez”. Para abordar el déficit de financiación y ampliar los recursos disponibles, es crucial fomentar asociaciones colaborativas y adoptar un enfoque de financiación combinada. La coordinación entre agentes internacionales y nacionales debe mejorar para asegurar una asignación eficaz de los recursos. De Castro enfatizaba que “la miseria es una cuestión de justicia social”, lo que subraya la necesidad de transparencia y armonización en la recopilación de datos para una coordinación efectiva y justa.

De Castro también afirmaba: “La justicia social debe guiar nuestra lucha contra el hambre”. A pesar de algunos avances, el camino hacia el Hambre Cero sigue siendo desafiante. Se necesita un renovado compromiso global para asegurar que todas las personas, independientemente de su ubicación o nivel de ingresos, tengan acceso a una alimentación nutritiva.

¿A quién le interesa decidir en Bolivia?

Según los anuncios, en diciembre de 2024 los bolivianos asistiremos a las urnas para tomar decisiones de todo color y sabor. Según la propuesta del presidente Luis Arce del 6 de agosto, tendremos que optar entre si Evo Morales va o no como candidato en 2025. También se consultará si el Tribunal Supremo Electoral (TSE) obedece o no al último censo de población y vivienda y cambia la actual distribución de número de diputados por departamento por número de habitantes. Por último, nos encargarán dar un voto afirmativo o negativo en relación con la suspensión del congelamiento en los precios de los carburantes. Por si esto fuera poco, el pasado martes el TSE ha anunciado la celebración de elecciones judiciales para el 1 de diciembre del presente año.  

Pero, ¿a quién le interesa decidir sobre estos temas? A muy pocos, en realidad. Esto se explica por la sencilla razón de que estos asuntos ya están escritos en la actual Constitución Política del Estado Plurinacional (CPEP), y no cabe consulta alguna. El tema de la reelección ya está claro: no puede haber más de una reelección continua y quienes violen este mandato deben sufrir penas. Lo mismo ocurre con la distribución de escaños por departamento, y ni qué decir de la facultad privativa del presidente del estado para tomar decisiones en asuntos de política económica. 

En rigor, todos estos temas los bolivianos ya lo hemos resuelto en 2009, cuando aprobamos por mayoría y en referendo la Carta Magna que fue discutida en la ciudad de Sucre, después redactada en la ciudad de Oruro y finalmente pactada en el Congreso Nacional. Lo que cabe solo es su aplicación razonada y rigurosa. 

Analizando caso por caso, las elecciones judiciales no despiertan expectativa porque la gente está persuadida de que, gane quien gane, la justicia no se hará más competente, más rápida y más honesta sino todo lo contrario. Por otro lado, si gana la opción del no a la reelección, Morales estará vetado de postular a un nuevo mandato, pero, en realidad, no se habrá avanzado mucho, ya que, dada la escuálida situación de la oposición partidaria, es poco probable que en las próximas elecciones presidenciales triunfe otro candidato que no sea uno del Movimiento al Socialismo (MAS). Se elegirá a uno más joven o más viejo, más letrado o más bárbaro, pero el resultado será el mismo: la continuación del evismo sin Evo. 

Lo mismo pasa con la posible consulta respecto al levantamiento de la subvención a los carburantes. Cualquier opción que gane, la situación será la misma: no tenemos un aparato productivo robusto que genere divisas por exportaciones que puedan sustituir a la declinante producción de gas y petróleo. 

Finalmente, en el tema de la redistribución de los curules por departamento, sea cual fuere el veredicto de las urnas, se mantendrá la lógica gubernamental de debilitar o anular el poder de las regiones. 

En suma, todas las consultas o elecciones propuestas no importan a la gente sino a las elites políticas. Las facciones que responden a Luis Arce (arcistas) y a Evo Morales (evistas) buscan que la ciudadanía, con su voto, defina aquello que ellos no pueden o no quieren resolver. Es verdad que todos estos temas hoy copan los titulares de periódicos, y la política pareciera girar sobre estos ejes de discusión; sin embargo, esta no es la realidad. La gente siente que todos esos puntos son asuntos de los políticos pero no de ellos, no del mundo popular que ve que la capacidad adquisitiva de sus ingresos disminuye cada día. 

Hoy existe una doble polarización en nuestro país. La primera envuelve a las elites políticas del MAS y su pugna interna y ya ha ocasionado un descalabro político y económico de proporciones. La segunda, menos notoria, es la que se da entre la gente y el MAS. La política en Bolivia vive en realidades paralelas, con prioridades y agendas distintas. 

El MAS cree que está actuando bien porque hasta el momento no encuentra partido opositor competitivo. Sigue dilapidando su capital político como si fuera eterno. No se da cuenta o no quiere darse cuenta del mensaje de octubre de 2019: la gente, aun sin dirección y liderazgo político, puede salir a las calles a desalojar del poder a un mal gobierno y para ello no necesita ni de elecciones, ni de consultas ni de referéndums: solo de su poder en las calles. 

El talón de Aquiles de la renovada política exterior de Lula: las crisis en Venezuela y Nicaragua

Durante los dos primeros mandatos de Lula, su política exterior, diseñada por su canciller y estratega clave Celso Amorim, fue constantemente descrita como “activa y audaz”. Por un lado, era “activa” debido a sus ambiciones globales, demostradas por la participación de Brasil, no sólo en asuntos regionales, sino también en asuntos internacionales, a veces incluso en asuntos no directamente relacionados con el país, como el intento de mediar un acuerdo con Irán sobre su programa nuclear. Por otro lado, era “audaz” en su búsqueda de objetivos importantes, como la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y en tratar a las potencias mundiales y a los países en desarrollo con igual respeto diplomático. Parafraseando al cantautor brasileño Chico Buarque, Brasil no debería hablar más alto a Bolivia ni más suave a los EE.UU.

Un aspecto clave de este enfoque, destinado a evitar intervenciones externas que pudieran comprometer el objetivo de larga data de autonomía de Brasil, fue posicionar a Brasil como un líder regional. Esto implicó esfuerzos continuos para construir puentes entre el eje Norte-Sur y mediar en conflictos regionales a través de la diplomacia. Es por eso que Brasil buscó un diálogo estratégico con las administraciones estadounidenses de George W. Bush (2001-2008) y Barack Obama (2009-2016), al tiempo que mantuvo estrechas relaciones con la Venezuela de Hugo Chávez (1999-2013).

Panorama político actual

Sin embargo, en el panorama político actual, actuar como un líder regional capaz de abordar cuestiones latinoamericanas se ha vuelto cada vez más difícil. Las crisis en Nicaragua y Venezuela ejemplifican estas dificultades. A pesar de las relaciones inicialmente positivas con ambos países durante los dos primeros mandatos de Lula, en gran parte debido a los vínculos históricos entre su Partido de los Trabajadores y el Partido Socialista Unificado de Venezuela, así como el Frente Sandinista de Liberación Nacional, las relaciones de Brasil con estas naciones se han deteriorado debido a la radicalización de sus regímenes autoritarios de izquierda.

En Nicaragua, Brasil intentó reabrir los canales diplomáticos al inicio del tercer mandato de Lula, y el nuevo gobierno se mostró dispuesto a hacer concesiones para adoptar una “postura constructiva”, como afirmó el actual canciller brasileño, Mauro Vieira. El año pasado, en un esfuerzo por evitar un conflicto directo con el gobierno del presidente Ortega, Brasil guardó silencio sobre las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua en una reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Al mismo tiempo, Brasil se ofreció a recibir a más de 300 nicaragüenses expulsados ​​por razones políticas, manteniendo su papel de intermediario. Más recientemente, durante una visita al Vaticano, Lula respondió positivamente a la solicitud del Papa Francisco de mediar en el conflicto entre el gobierno de Ortega y la Iglesia Católica, especialmente en lo que respecta al obispo Rolando José Álvarez. Sin embargo, el creciente aislacionismo de Nicaragua quedó en evidencia cuando Lula reveló que Ortega no había respondido a sus llamados.

El enfoque moderado de Lula hacia Nicaragua enfrentó un revés significativo cuando Managua expulsó al embajador brasileño Breno da Souza Costa después de que Brasil, siguiendo las instrucciones de su Ministerio de Relaciones Exteriores, rechazara una invitación para participar en el 45 aniversario de la Revolución Sandinista. En represalia, Brasil expulsó a la embajadora nicaragüense Fulvia Patricia Castro Matu, lo que tensó aún más las relaciones.

La situación en Venezuela es aún más compleja debido a su tamaño, importancia regional, crisis humanitaria en curso y escrutinio internacional. En un esfuerzo por restablecer los lazos diplomáticos que se habían tensado durante las administraciones de Michel Temer (2016-2018) y Jair Bolsonaro (2019-2022), Lula invitó al presidente Nicolás Maduro a Brasilia para la Cumbre Sudamericana de 2023 y mantuvo una reunión bilateral con él de antemano. Sin embargo, las tensiones aumentaron apenas unas semanas antes de las elecciones generales venezolanas. En un intento de posicionarse como un mediador creíble, Lula expresó su preocupación por las declaraciones de Maduro sobre un posible «baño de sangre» si la oposición ganaba las elecciones, afirmando: “Me asusté con la declaración de Maduro de que si pierde las elecciones habrá un baño de sangre; quien pierde las elecciones toma un baño de votos, no de sangre. Maduro tiene que aprender, cuando ganas, te quedas; cuando pierdes, te vas”. Maduro respondió con desdén, sugiriendo que Lula «se comiera una manzana» si tenía miedo.

Tras la polémica victoria de Maduro, declarada por el Consejo Electoral venezolano sin revelar los resultados de la votación, la posición de Brasil como mediador se volvió aún más precaria. El régimen de Maduro ha violado abiertamente los compromisos asumidos en virtud de los Acuerdos de Barbados para la celebración de elecciones libres y justas e intensificado la represión de la oposición, lo que ha puesto a prueba severamente el papel de Brasil como mediador imparcial. Varios gobiernos latinoamericanos, entre ellos Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, se negaron a reconocer la victoria de Maduro, lo que llevó a la expulsión de sus embajadores de Venezuela.

Brasil, que sigue esforzándose por actuar como líder regional y mediador del conflicto, se abstuvo de reconocer ni la victoria de Maduro ni las reivindicaciones de la oposición. En cambio, junto con México y Colombia, Brasil pidió una resolución institucional de la crisis para evitar más violencia. En una declaración conjunta, los tres gobiernos exigieron total transparencia del Consejo Electoral venezolano con respecto a los resultados de las elecciones.

Hasta ahora, la postura moderada de Brasil ha arrojado resultados mixtos. Por el lado positivo, tanto el gobierno como la oposición siguen considerando a Brasil como un socio potencial para el diálogo. La líder opositora María Corina Machado, a quien se le prohibió presentarse a las elecciones, expresó su gratitud a Lula por su «posición firme» sobre el proceso electoral. Además, Brasil llegó a un acuerdo con el gobierno venezolano para representar los intereses peruanos y argentinos en el país y proteger sus embajadas. La Casa Blanca también reconoció el papel mediador de Brasil, y el presidente Biden expresó su apoyo en una llamada con Lula.

Por el lado negativo, Brasil, México y Colombia no han logrado convencer a Venezuela para que revele completamente el proceso de votación o detenga la represión de las protestas en curso. Esto pone en riesgo la posición de Brasil a medida que la violencia se intensifica, no surge ninguna solución práctica al estancamiento electoral y el régimen de Maduro muestra poca voluntad de frenar su radicalización.

En cualquier caso, si el actual gobierno brasileño desea seguir aplicando una política exterior que le de prestigio, es crucial encontrar soluciones a las crisis en Venezuela y Nicaragua. Estos dos países representan quizás los aspectos más desafiantes de la política exterior de Lula: su talón de Aquiles. Superar con éxito estos desafíos diplomáticos solidificaría la posición de Brasil como líder regional y global.

Tres expectativas del próximo gobierno de Claudia Sheinbaum

Hasta el momento de la elección en México, parecía que todo iba perfectamente. Los seguidores de Morena (partido político oficialista) publicaban diariamente el tipo de cambio del dólar y estaban convencidos de que el país seguía el rumbo correcto en materia económica. En seguridad, a pesar del aumento de la violencia, creían el discurso, responsabilizando al pasado como explicación.

¿Qué puede salir mal si el presidente goza de popularidad? Si la cotización del dólar es un parámetro de bonanza económica; si hablar de inseguridad en verbos conjugados en pasado genera seguridad en el presente; si “todo México” está a favor de Andrés Manuel López Obrador. Sólo un detalle: la posverdad, es decir, más de cien mentiras diarias del presidente.

Los principales retos de Claudia Sheinbaum, la nueva presidenta electa en México, no son lograr novedades, o los trenes que anunció, o que haya más pensiones. Sino, simplemente hacer realidad lo que ya se cree que es la realidad, pero no lo es. Y la expectativa será imposible de cumplir porque la fantasía se desbordó.

Economía

La elección en México fue el primer domingo de junio. El 21 de mayo el dólar costaba 16,60 pesos y para el 10 de junio ya 18,58 pesos. El domingo 4 de agosto pasó la barrera de los 20 y el martes 6 de agosto se ubicó en 19,34 pesos. El primer fin de semana de agosto sucedió un colapso mundial que afectó a todas las bolsas del mundo. Las caídas fueron fuertes. Pero el problema mexicano no viene de ahí. ¿Qué pasó entonces?

Ante el resultado electoral, López Obrador anunció su reforma para destruir el Poder Judicial y otros contrapesos. Aunque Sheinbaum intentó matizar el problema, ratificando al secretario de Hacienda y nombrando a personas con cierta confianza internacional, de poco sirvió. López Obrador ha insistido con este tema todos los días.

Un país sin contrapesos es un país sin seguridad jurídica, y las inversiones evitan eso. También, hay que decirlo: con un interés del 10% (o mayor) era buen negocio tener el dinero en pesos para los inversionistas extranjeros. Pero eso cambia con la volatilidad de la moneda porque la depreciación es mayor a ese 10% y el capital busca lugares para ganar. Las señales autoritarias tienen un precio y ahí está.

La presión al gasto de las pensiones crece cada año y se convierte en una bola de nieve que será pronto imposible de manejar. A eso hay que sumarle el crecimiento de la deuda interna (más cara que la externa) y que PEMEX (empresa petrolera del Estado) debe más de dos billones de pesos (105,600,000,000 dólares).

Seguridad

En seguridad, todo el sexenio ha sido una tragedia. El gobierno de López Obrador cerrará con cerca de 200 mil homicidios. El sexenio anterior fueron 156,066, y los anteriores 120,462 y 60,280 respectivamente. Pero, de algún modo, pudo mantener el tema en segundo plano.

No fue el centro de la narrativa nacional porque no permearon escándalos mayores y porque logró culpar al expresidente Felipe Calderón y a Genaro García Luna. Dos personas que dejaron de tener poder hace doce años. Pero ya no hay muertos de Calderón. Hay muertos de López Obrador, y es la peor cifra de la historia.

La espiral de silencio se rompió con la extraña captura de Ismael Zambada, conocido como el Mayo, que se suma a las preguntas que se acumulan sin respuesta alguna. ¿Por qué se fue a entregar a Estados Unidos? ¿Por qué algunos medios informaron que “la estrategia de la Guardia Nacional lo orilló a entregarse”? ¿Por qué el presidente no sabe o niega saber qué pasó? ¿Por qué el presidente se disculpó con los criminales diciendo que él no tuvo nada que ver?

La mejor explicación es que Morena modificó la Ley de Seguridad Nacional en 2020 para incluir el artículo 74. Expresa que si un gobierno extranjero sustrae a alguien del territorio nacional para llevarlo a juicio en otro país, el Estado mexicano suspenderá la ejecución de los convenios de cooperación bilateral. Quizás por eso es mejor no saber.

Del otro lado del Río Bravo, la noticia se vio como una gran victoria de Biden (que, por cierto, la necesitaba). Siguiendo el concepto de la navaja de Ockham, lo más probable es lo más simple y a mí me suena que se lo llevaron de Estados Unidos.

Es difícil que la situación empeore. Pero si simplemente se hace visible el estado de las cosas, será un problema para la presidenta electa, que tendrá que responder por una situación que se mantuvo bajo la alfombra durante seis años.

Otros problemas de expectativa

López Obrador se ha cansado de decir que habrá un sistema de salud como el de Dinamarca, mientras el sistema de salud es una desgracia. Ha dicho que no hay corrupción y tan solo en los casos que presuntamente involucran a la familia de López Obrador hay más de 380 mil millones de pesos comprometidos. Lo mismo pasará con la migración, el medio ambiente, la educación, el deporte, la cultura, la niñez, los derechos humanos y la infraestructura, por mencionar algunos. Basta decir que la refinería Dos Bocas se ha inaugurado tres o cuatro veces y sigue sin producir un solo barril de gasolina.

El reto de Claudia Sheinbaum es mantener y lograr la realidad que se piensa que hay. Pero no creo que dure mucho en la presidencia sin que se haga evidente que la narrativa pudo más y que México está en un muy mal momento. Quizás por eso ya no vemos a los militantes de Morena publicar el precio del dólar a diario o los resultados de su gobierno.

*Publicado originalmente en Diálogo Político

América Latina en la política internacional: ¿No alineamiento activo u oportunismo periférico?

La guerra en Ucrania ha tenido un gran impacto en la política internacional, y la reacción de los gobiernos latinoamericanos ante este conflicto ha revelado posiciones diferenciadas. Algunos apoyaron abiertamente la invasión rusa, otros eran muy claros en su crítica y condenaron la agresión rusa, como muestra su voto en la Asamblea General de Naciones Unidas y en la OEA. Además, algunos gobiernos zigzaguearon en su voto y/o se ofrecieron como mediadores en el conflicto.

Aunque la mayoría de los gobiernos latinoamericanos han condenado la agresión rusa en Naciones Unidas, esos mismos gobiernos han rechazado la entrega de armas y la imposición de sanciones, y en algunos casos incluso han incrementado el comercio con Rusia. Lo que podría parecer un comportamiento ambiguo o incluso contradictorio no es caprichoso ni accidental; en realidad, representa un enfoque racional para navegar por las aguas turbulentas de un mundo multipolar sin poner en peligro los intereses nacionales.

El concepto de no alineamiento activo se ha vuelto bastante popular en los debates sobre el posicionamiento de América Latina en la política internacional y en el conflicto de Ucrania. Pero se plantea la cuestión de si este concepto es realmente el más adecuado para captar las políticas de los gobiernos latinoamericanos y qué ventajas ofrece este en comparación con otros conceptos. Políticos y académicos de la India, por ejemplo, prefieren el concepto de multi-alineamiento, como una herramienta para maximizar los intereses nacionales y preservar cierta autonomía estratégica.

En lugar de hablar de no alineamiento activo, podría ser también más preciso referirse al concepto del ‘oportunismo periférico’. Este término no busca ser despectivo, sino que describe cómo los gobiernos reaccionan ante una estructura de oportunidades y riesgos en cambio. La transición hacia un sistema internacional multipolar ha ampliado el margen de maniobra para los gobiernos en la periferia que al mismo tiempo son conscientes de las realidades del poder. En línea con el ‘realismo periférico’ desarrollado por Carlos Escudé, estos gobiernos reconocen que existen desigualdades estructurales en la política internacional y que, por tanto, no se debe provocar innecesariamente a las grandes potencias.

Aunque el posicionamiento de un gobierno periférico frente a los conflictos internacionales por sí sola no altera el equilibrio global, como sí lo hace la acumulación de posiciones periféricas, puede conllevar costos y beneficios. Por ello, la mayoría de los gobiernos sigue una estrategia de minimizar riesgos, mantener un perfil bajo y blindarse de las presiones y la influencia ejercidas por las grandes potencias. Tal estrategia no excluye la posibilidad de obtener beneficios a corto plazo de la competencia entre grandes potencias y del reclamo de tomar partido en conflictos internacionales, siempre que surja la oportunidad y los beneficios superen los posibles costes. En la literatura especializada sobre relaciones internacionales, una estrategia de este tipo se denomina “hedging”. Sin embargo, hay razones para desviarse de esa estrategia, sobre todo si ocasiona costes mucho más elevados que la de alinearse con una potencia grande, o si alinearse promete más beneficios.

También existe una jerarquía en la periferia. Las opciones estratégicas son diferentes para las potencias emergentes o las potencias regionales (como Brasil en América Latina) que son cortejadas por las grandes potencias y cuyo posicionamiento tiene una mayor influencia en la política internacional. Potencias emergentes, como India o Brasil, pueden promover una estrategia más proactiva y prefieren un alineamiento múltiple. Para las potencias emergentes o regionales, el conflicto ucraniano ofrece la oportunidad de mejorar o consolidar su estatus en el sistema internacional. Mientras una estrategia de “hedging” tiene como objetivo mantenerse al margen del conflicto y pasar desapercibido, el alineamiento múltiple es proactivo y puede tener como objetivo la inclusión en posibles resoluciones del conflicto. 

Hay buenos argumentos para afirmar que los conceptos mencionados capturan y caracterizan mejor las variaciones y diferencias en las reacciones de los gobiernos de Latinoamérica en el conflicto de Ucrania que el concepto de no alineamiento activo. Este concepto fue introducido por Carlos Fortin, Jorge Heine y Carlos Ominami, tres conocidos intelectuales chilenos con carreras en la política, el mundo académico y el servicio diplomático, en el contexto de las crecientes tensiones entre China y Estados Unidos. Posteriormente, los autores se esforzaron por difundir y popularizar el concepto y aplicarlo a crisis actuales, como el conflicto de Ucrania o el conflicto entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.

Las consideraciones básicas que subyacen al concepto son muy sencillas, pero están sobrecargadas de simbolismo: en el conflicto entre EEUU y China, los gobiernos latinoamericanos no deberían tomar partido, sino guiarse exclusivamente por sus intereses nacionales y aprovechar la competencia entre las dos superpotencias. Para sus proponentes el no alineamiento no implica abstenerse de emitir una opinión y es perfectamente compatible con tomar una posición (crítica o de apoyo) de las decisiones adoptadas por cualquiera de las grandes potencias. Por eso lo llaman no alineamiento ‘activo’. El posicionamiento se basa en convicciones y viene determinado principalmente por los intereses nacionales. Esta línea de razonamiento no es muy convincente. Decidir de caso en caso y de un tema a otro no es un no alineamiento activo, sino un alineamiento selectivo o un alineamiento múltiple como los políticos de India lo definen. Esta descripción no es tan grandilocuente como el no alineamiento activo, pero se ajusta más a la realidad. 

Para los autores del no alineamiento activo los gobiernos latinoamericanos deben articular una posición común frente a los desafíos globales. Pero tal postura no tiene en cuenta las diferentes posiciones internacionales, los intereses divergentes en la política exterior y las diferentes dependencias de los países latinoamericanos. Además, implicaría un alineamiento permanente de las políticas exteriores de los gobiernos latinoamericanos y, por lo tanto, contradiría una política de no alineamiento activo desde la perspectiva de los Estados individuales.

Lo que resulta desconcertante es la falta de integración de este concepto en debates teórico-conceptuales más amplios en el ámbito de las relaciones internacionales, así como el insuficiente conocimiento y compromiso con los debates en otras regiones del Sur Global (especialmente Asia) y los conceptos analíticos desarrollados en ellas. Lo que atestigua un cierto parroquialismo latinoamericano por parte de los defensores de este enfoque. Otra deficiencia del concepto de no alineamiento activo es que combina un enfoque analítico con una postura normativa para exigir y justificar un reposicionamiento de América Latina en la política internacional.

Por último, los voceros del concepto de no alineamiento activo revelan una visión del mundo muy simplificada y distorsionada que no diferencia suficientemente los intereses y la orientación de la política exterior de los países del Sur Global. Argumentan que la principal división en el mundo actual es entre el Norte Global y el Sur Global, entre Occidente y el resto. Esta visión del mundo contrasta con otra, según la cual el orden internacional se caracteriza por dos clivajes, uno entre el Occidente Global y el Oriente Global, y otro entre ambos y el Sur Global, que es visto como bastante heterogéneo y diverso en cuanto a recursos, configuraciones de poder, regímenes políticos, modelos económicos y sociales, valores y culturas. Para entender cómo los gobiernos latinoamericanos navegan por este mundo multipolar cada vez más complejo y conflictivo requiere conceptos que hagan justicia a esta complejidad y tengan en cuenta tanto la multipolaridad como las desigualdades estructurales persistentes en la política internacional entre el centro (o los centros) y la periferia.

No podemos normalizar los casos de violencia contra las escuelas

En Brasil, las ciudades de São Sebastião, Londrina, Salto da Divisa y Palhoça sufrieron ataques contra las escuelas en 2024. Aún debe confirmarse si se trata de casos de violencia extrema, influenciados por discursos de odio e ideologías extremistas, como los otros 36 que tuvieron lugar entre 2001 y 2023. Aunque no encajen en este contexto específico de violencia, son situaciones que suscitan preocupación. Según UNICEF, entre el 50% y el 70% de los estudiantes latinoamericanos son víctimas de acoso escolar, especialmente en países como México, Colombia, Paraguay y Perú. Palizas, lesiones con objetos, uso de lenguaje obsceno e incluso abusos sexuales son casos alarmantes que ponen de manifiesto un entorno de creciente inseguridad escolar. Diversos ataques a escuelas están directa e indirectamente relacionados con este fenómeno. Estos actos no pueden normalizarse y es deber de la sociedad civil contribuir a que la población adopte una postura atenta y proactiva sobre el tema.

Los cuatro episodios registrados en Brasil en 2024 muestran que el número de casos se mantiene en el mismo nivel que en los últimos dos años. Si se comprueba que los incidentes de este año son de violencia extrema contra las escuelas, 2024 será el segundo año consecutivo con el mayor número de ataques en el primer semestre del año.

Pero ¿por qué ya no parecen tan relevantes como antes? Daniel Cara, coordinador del grupo de trabajo del Ministerio de Educación (MEC) sobre el tema, habla de la normalización de estos ataques por parte de la población brasileña. Según él, este crimen ya se considera arraigado en nuestra sociedad.

El contexto social y político en el que se han producido estos ataques en Brasil favorece la normalización, especialmente por factores como: la negligencia de los discursos de odio pronunciados por figuras públicas de la extrema derecha, la imposibilidad de avanzar en la discusión sobre la regulación de las redes sociales, y la apología de las armas.

Pese a la aparente normalización por parte de la población, el problema sigue estando en el centro del debate político sobre la agenda educativa. Por un lado, están los partidarios de una educación de escuela homogénea (como las escuelas cívico-militares), tecnicista y más centrada en la preparación técnica para una futura profesión que en el desarrollo del pensamiento crítico. Para este grupo, la prevención de la violencia extrema contra las escuelas pasa exclusivamente por la seguridad armada. En el otro lado, están los defensores de una educación pública y pluralista que promueva el pensamiento crítico, la democracia y los derechos humanos, para quienes la prevención pasa por mejorar la convivencia escolar.

¿La seguridad y la convivencia escolar pueden coexistir?

En principio, puede resultar difícil imaginar cómo pueden convivir propuestas con enfoques diferentes, pero este ejercicio es necesario ante una población dividida en grupos ideológicamente opuestos que reclaman la protección de sus hijos e hijas, niños y adolescentes.

El informe Ataques de violencia extrema en las escuelas de Brasil: causas y caminos afirma que hay medidas de seguridad que pueden conciliarse con estrategias para mejorar la convivencia escolar, siempre que haya un espacio propicio para cultivarla. Entre ellas están el aumento del cuidado en los puntos vulnerables, los botones de pánico, la formación del personal, las cámaras externas y la policía de proximidad. La seguridad armada no es una opción.

En el libro electrónico Violencia contra las escuelas en Brasil: Perspectivas sobre el extremismo entre los jóvenes y estrategias de prevención, producido en asociación entre Latinoamérica21 y el Instituto Aurora, en coautoría con diferentes organizaciones de la sociedad civil, cada artículo contiene propuestas para superar este problema.

Tales propuestas son: 1) Promover una escuela heterogénea que valore la educación en derechos humanos y la cultura de paz; 2) Conocer los factores que ponen en contacto a niños y jóvenes con ideologías extremistas y los que los alejan de ellas; 3) Prevenir con estrategias orientadas a actuar y no a reaccionar, reconociendo con anticipación las señales de violencia extrema; 4) En el seguimiento de incidentes en la escuela hay que actuar con todas las políticas públicas, como salud, cultura y asistencia social, reduciendo la desconfianza en las instituciones; 5) Averiguar qué buscan los jóvenes en las redes sociales y proponer alternativas que los alejen del camino de la radicalización hacia el extremismo, ayudándolos a pensar en otras masculinidades posibles; 6) Incluir prácticas pedagógicas que abran espacios para que los alumnos expresen y reflexionen sobre sus hábitos mediáticos; 7) Construir posibilidades de vida y promover espacios de pertenencia que reconecten a los sujetos con experiencias compartidas, comunitarias y solidarias, previniendo y rescatando a los jóvenes del extremismo.

El peligro de un debate polarizado en medio de la normalización

Frente a un escenario polarizado, se debe tener cuidado para que el tema de la violencia escolar no se convierta en un instrumento para alterar la visión de la población sobre cómo debe ser un ambiente escolar, haciendo que soluciones ineficaces a un problema complejo ganen apoyo popular.

Por ejemplo, a principios de julio de 2024, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, bajo la presidencia del diputado Nikolas Ferreira (PL-MG), discutió el proyecto de ley 2380/2022, que preveía la vigilancia de las escuelas por agentes especializados, con la justificación de casos de ataques a estas instituciones. La discusión siguió en torno a la defensa de la seguridad armada en las escuelas para combatir la violencia contra y en estas instituciones.

También en el primer semestre de 2024, la privatización de una parte de las escuelas públicas fue aprobada por los gobernadores de dos estados brasileños (São Paulo y Paraná), ambos de partidos que apoyan agendas más conservadoras, y esta privatización incluye la licitación de las áreas de vigilancia y recepción de las escuelas.

Al final, lo que vemos es que no normalizar la violencia contra las escuelas tiene que ver con prevenir el próximo ataque a estas instituciones, pero también con: 1) impedir el éxito del lobby armamentístico; 2) frenar la transferencia de dinero público a empresas privadas que buscan su propio beneficio; y 3) detener un proyecto de poder por el que las escuelas se gestionan a través del miedo.

La sociedad civil tiene el deber de hacer que la población no normalice la violencia contra las escuelas, garantizando que el debate sobre el tema siga siendo público, incluyendo a la comunidad escolar, circulando en los principales medios de comunicación y en las plataformas digitales, e impidiendo que sea cooptado por grupos políticos extremistas.

Por encima de todo, se trata de construir un camino que no esté sesgado por los valores de la extrema derecha y en el que una sociedad dividida encuentre formas de reconectarse.

La consolidación autoritaria en Venezuela

Uno de los principios cardinales en el estudio de la política es la distribución, el acceso, y la conservación del poder político. Estas dinámicas son cruciales, no solo para determinar quién gobierna, sino también para comprender cómo se ejerce y perpetúa el control dentro de un sistema político. El proceso político venezolano proporciona un ejemplo contemporáneo para examinar cómo se ha impuesto un modo autoritario de ejercer el poder. En este sentido, es fundamental reconocer que lo que realmente está en juego en Venezuela es el control democrático de los instrumentos constitucionalmente establecidos para el ejercicio del poder.

La política puede ser conceptualizada como el conjunto de interacciones mediante las cuales individuos y grupos buscan influir en la distribución del poder y en las decisiones que de este se derivan. En un sistema democrático, la política se fundamenta en la construcción de reglas consensuadas para el acceso y ejercicio del poder; los conflictos se resuelven a través de medios institucionalizados, donde las partes involucradas gozan de igualdad de derechos y se espera la cooperación mutua en pos del bien común.

Por el contrario, en un sistema autoritario, las reglas son manipuladas para favorecer a quienes detentan el poder, o en casos más extremos, son creadas de manera arbitraria según la conveniencia de los gobernantes para satisfacer exclusivamente sus propios fines. Como resultado, no existen mecanismos institucionales efectivos para la resolución de conflictos, los cuales se trasladan al plano de la contienda política no institucional.

En Venezuela, la democracia ha sido profundamente distorsionada por un proceso sistemático de cooptación y manipulación autoritaria de las instituciones que, de acuerdo con la Constitución, deberían ser independientes y estar al servicio de la sociedad en su conjunto. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder y la posterior consolidación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), con Nicolás Maduro al frente, el país ha sido testigo de una estrategia deliberada dirigida a concentrar el poder en manos del Ejecutivo, lo que ha resultado en una erosión total de la independencia de los poderes públicos y en la obstrucción efectiva de la voluntad popular.

Las elecciones del 28 de julio de 2024 representan un punto de inflexión en este proceso. Históricamente, el gobierno venezolano ha empleado tácticas de ventajismo electoral, restricciones al espacio cívico, limitaciones al debate público, y represión selectiva de periodistas, dirigentes y activistas. Sin embargo, en esta ocasión, estas estrategias resultaron insuficientes para asegurar un resultado electoral favorable antes de la jornada de votación. Ante este escenario, el gobierno optó por recurrir al fraude electoral de manera abierta como último recurso para mantener el poder, una decisión que refleja una ruptura definitiva con cualquier pretensión de legitimidad democrática.

Este contexto ha provocado una transformación radical en la política venezolana, en la cual la violencia, tanto política como institucional, se ha convertido en la principal forma de interacción del gobierno hacia sus opositores, la sociedad civil y el pueblo en general. La dimensión cooperativa de la política, caracterizada por el diálogo y el compromiso, ha sido completamente desmantelada por un gobierno que se niega rotundamente a reconocer la derrota en las urnas y la demanda de cambio político de los venezolanos. En este sistema, la voluntad popular no solo es ignorada, sino que se percibe como una amenaza existencial para aquellos que detentan el poder.

Así las cosas, la política en Venezuela ha dejado de ser un medio para alcanzar el bien común y se ha transformado en una herramienta de dominación, donde la supervivencia del régimen depende exclusivamente de su capacidad para mantener el poder a toda costa, sin importar las consecuencias para la sociedad y la nación. Mientras tanto, para la sociedad venezolana será cada vez más difícil alzar su voz como resultado de la represión y muchos venezolanos optarán por la salida de un país que le niega las oportunidades de buscar su proyecto de vida en un entorno relativamente estable, pacífico y democrático. En medio de esta situación, la comunidad internacional democrática está presa de su propia incapacidad para impulsar un cambio democrático en el país.