El encanto costarricense por el “pura vida”

Victor Borge González
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El encanto costarricense por el “pura vida”

Desde finales de los años 90, la idea de construir una marca-país ha prosperado y se ha expandido en todas las latitudes, inclusive la latinoamericana. Brasil se esfuerza por ser el gigante económico y diplomático asociado a la eterna imagen de “hombre cordial”; Chile, por ser un destino de estabilidad y aventuras; Perú, por su herencia incaica y su combinación de misterio ancestral con paisajes míticos y épicos. En el caso de Costa Rica, la conexión implícita de principal atributo nacional se da no con características geográficas, legado histórico o realizaciones económicas, y sí con la filosofía de vida conocida como “pura vida”.

Los usos del “pura vida” son muchos, desde saludar y despedirse hasta para referirse al estado de ánimo. El “pura vida” se ha vuelto parte del ADN costarricense; sin embargo, no existe un acuerdo acerca de su origen. Algunos investigadores han referido su origen a los primeros habitantes europeos que se radicaron y que usaron esas dos palabras para describir el territorio, al igual que al nombre del país, Costa Rica. Una de las líneas recientemente citadas hace hilo a la película mexicana de 1956 Pura vida, actuada por el actor Antonio Espino Clavillazo, según una investigación del filólogo y lingüista Víctor Sánchez Corrales. Pero, como hemos dicho al principio, no hay un acuerdo común a su origen: simplemente es parte del estilo de vida. 

La consultoría Borge y Asociados, con sede en San José, realizó un estudio preguntando a los costarricenses sobre los valores que reflejaban la expresión e idiosincrasia nacional conocidas como el “pura vida”; el 41 % indicó que representaba “bienestar” y el 10 % “alegría”. Un país próspero no es solo aquel en el que se crea riqueza económica, sino uno en donde su población vive en un estado de bienestar integral. Luego de 1948 Costa Rica ha sido un país pionero en el desarrollo exitoso de políticas públicas que promovieron durante décadas el “estado de bienestar”, lo que dio como resultado la seguridad y confort material y social de sus habitantes. 

Esa dimensión supraeconómica del bienestar caracteriza la nueva onda de investigaciones sobre los factores de realización personal y colectiva en cada país. Según el National Wellness Institute (NWI) de los Estados Unidos, el bienestar pasa básicamente por “funcionar o actuar de manera adecuada en el entorno en el que vivimos”, pero para llegar a esto se deben fortalecer diferentes aspectos. En el caso del NWI, se plantea enfocarse en seis pilares: el bienestar espiritual, físico, intelectual, laboral, emocional y social. 

Cabe preguntarse, sin caer en ingenuidades: si la omnipresencia del “pura vida” captura la vivencia y aspiración al “bienestar”, ¿por qué ese beneficio o cualidad no es tan palpable en nuestra cotidianeidad? La misma encuesta de Borge y Asociados indica que existe una expectativa de realización personal asociada al plano de la espiritualidad (42 %), seguida de lejos por la satisfacción emocional (19 %). Ya a nivel de país, esa aspiración a la espiritualidad es más alta (49 %), seguida por la relevancia del plano laboral (22 %), para completar la imagen de “bienestar”. 

Dada la importancia de la dimensión de la espiritualidad, el estudio profundizó su entendimiento, buscando saber hasta qué punto esa noción coincide con la trabajada por las investigaciones globales como la del NWI. Para este trabajo, la “espiritualidad” se lee como “cuando una persona aprende a vivir cada día de su vida siendo coherente con sus valores y creencias, así como respetando los valores y creencias de los demás”. En definitiva, una noción muy terrenal de reciprocidad respetuosa como: “Tratar a los demás como me gustaría ser tratado”.

Según el sondeo, más de 8 de cada 10 costarricenses se sienten plenos en el aspecto espiritual, atribuyéndole un grado alto de realización. Enseguida viene el plano intelectual, donde 7 de cada 10 costarricenses se autoperciben como satisfechos, dejando transparente la vigencia de ese aspecto de su vivencia de bienestar. A continuación, le siguen las dimensiones emocional y social, donde poco más de dos tercios de los nacionales entrevistados se sienten plenos. En un distante último lugar, con tan solo mitad (menos del 54%) de la población expresando satisfacción, surge la dimensión laboral. 

La vigencia de los aspectos materiales viabilizadores de la realización en ámbitos más abstractos como el emocional, intelectual o espiritual no puede ser descartada. La noción de “pura vida” podrá tener un componente filosófico y de estilo de vida o modo de mirar y reflexionar sobre la realidad circundante, pero eso no deja de enraizarla en una base material facilitadora de vivencias plenas como la que otorga la posibilidad de estar incluido en el mercado laboral-profesional.

El mensaje para los líderes nacionales es muy claro. Los costarricense huyen de la retórica incendiaria y polarizadora de sus vecinos gracias a la entronización de una lectura espiritual e intelectual de sus vidas, pero no por ello son inmunes a sentirse incómodos y preocupados con aspectos más palpables de sus existencias como el ocupacional. La necesidad de equilibrar los varios aspectos relevantes para una vida plena sigue vigente.

Latinoamérica, condenada a repetir su historia

Luis Pásara
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Latinoamérica, condenada a repetir su historia

Pocas naciones logran aprender lecciones de su trayectoria para cambiarla

En Guatemala, un prolongado conflicto armado interno que costó miles de vidas se cerró definitivamente en 1996 al completarse la firma de una serie de acuerdos, entre el gobierno y la guerrilla, que delineaban el perfil de una nueva sociedad. Menos discriminatoria y más justa, en esa sociedad no debía volver a ocurrir un enfrentamiento trágico como el que se prolongó durante décadas.

Fui testigo del esfuerzo que se hizo en favor de ese cambio desde la Misión que Naciones Unidas estableció en el país para supervisar los acuerdos de paz. Un amigo con quien trabajé me escribe esta nota:

“A Julio Ariz Leiva —47 años, entrenador del club San Pedro de Guatemala— lo llamaron por celular el domingo pasado, al mediodía. Almorzaba con el plantel en el restaurante Texas, de Huehuetenango. Salió a la puerta. Hombres con chalecos policiales se bajaron de un auto. Lo acribillaron de 15 disparos. Una hipótesis de la investigación indica que se había negado a arreglar el partido que San Pedro jugaría horas más tarde ante La Democracia por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la segunda división de Guatemala. Otra, que había seducido a una mujer «prohibida» de una familia del narcotráfico. Ariz Leiva acostumbraba a decir: «El fútbol me cambió la vida». Acaso también lo llevó a la muerte”.

En la Guatemala de hoy nunca será posible saber con certeza qué lo llevó a la muerte. El sistema de justicia, que tratamos en vano de “fortalecer” en el país, es hoy en día absolutamente ineficaz, mucho peor que aquel de un cuarto de siglo atrás. Ilusamente, creímos entonces que con una serie de instrumentos legales y organizativos podría cambiarse el curso de aquello que había sido producto de una terrible trayectoria histórica.

Argentina y Perú, tan diferentes, en un entrampamiento similar 

Guatemala no es una excepción. Tómese el caso peruano y, para tener algún criterio comparativo, cotéjeselo con Argentina, país que no es andino, hecho por inmigrantes a partir de otro tipo de recursos. Sin haber llegado al caso sin duda extremo de Guatemala, ambos países parecen encadenados a su propia historia, incapaces de superar una huella en la que las sociedades mismas han generado estados ineficientes y corruptos. 

La elite argentina fue bastante mejor que la peruana. Los recursos naturales del Perú fueron y son bastante más variados que los argentinos. Mientras que la sociedad argentina alcanzó cierta homogeneidad —al costo de exterminar sangrientamente a la población aborigen—, la peruana mantuvo, aunque de mala manera, una gran diversidad cultural. No obstante las marcadas diferencias entre un caso y otro, dos siglos después de proclamarse su independencia de España, ambos países se hallan enfangados en una condición deplorable. 

A miradas de corto plazo, ese panorama sin salida no siempre aparece evidente. En los dos países, como en muchos, se producen momentos de auge económico que conducen a una mejora de ingresos entre los sectores de abajo y, entonces, el espejismo de un futuro diferente se proyecta en las expectativas ciudadanas. Argentina ha vivido eso en cada repunte de sus exportaciones, ayer de trigo, hoy de soja. Perú ha pasado por lo mismo en cada subida de los precios de los minerales en el mercado internacional, pero antes ya había ocurrido con el guano y no hace tanto con la harina de pescado.

De otro lado, la escena política también conoce algo así como estrellas fugaces de las cuales al cabo de pocos años no queda huella. En Argentina eso fue Raúl Alfonsín, quien luego de la última y sangrienta dictadura militar intentó la reconstrucción nacional. En el Perú fue Juan Velasco, quien siendo militar se propuso cambiar el país de arriba a abajo. Ambos intentos fueron lapidados por mezquindades, ambiciones e incomprensiones que, por supuesto, aprovecharon una crisis económica para liquidarlos.  

No para todos hay un futuro mejor

En la historia no siempre ha ocurrido así. El establecimiento del Parlamento en el siglo XIII en Inglaterra y su evolución como institución política no solo limitó el poder del monarca y redujo el papel de la nobleza; fue la vía de democratización del país. Cinco siglos después, con grandes derramamientos de sangre, la Revolución Francesa cambió el rumbo del país y del mundo. Ambos ejemplos son los más reconocidos de diversos casos en los que una sociedad determinada logró cancelar su pasado para emprender el camino hacia un ser distinto.

En América Latina se puso una gran esperanza en la Revolución Cubana, que derrocó a Fulgencio Batista en 1958 para luego entronizar otra dictadura, la de los Castro y su círculo. Similar camino ha seguido Nicaragua, donde la satrapía de Somoza también fue derrotada con las armas por el Frente Sandinista para que ahora la pareja Ortega-Murillo ejerza aún más despóticamente el poder. Y la corrupción entronizada en la Venezuela del petróleo gobernada por gobiernos democráticos ha sido sustituida por la dictadura de Chávez, primero, y Maduro después.

Pero esto no ha ocurrido solo en los países tropicales de nuestra América. En el resto de la región hemos permanecido dispuestos a glorificar a héroes que no supieron o no pudieron cambiar verdaderamente aquello que no tenemos más remedio que reconocer como nuestro destino. Que es el de un sube y baja, entre económico y político, que se presenta en ciclos en los que periódicamente a la caída sucede la desesperanza. Miles de ciudadanos abandonan entonces cada país en busca de un futuro mejor, un futuro personal, claro está, porque el de su país no parece posible. Escarmentados, pocos son los que vuelven cuando el ciclo recomienza y, de nuevo, el futuro parece prometedor.

¿Qué es lo que nos encadena a esta trayectoria al parecer insuperable? Como no solo ocurre entre nosotros, el asunto ha sido estudiado por quienes han postulado la teoría de path dependency. Esto es, en términos simplificados, que la trayectoria que sigue una sociedad condiciona, en determinada medida, el camino que en el futuro puede seguir. Es algo así como lo que se dice de las personas: cada quien construye su porvenir. De un modo equivalente, cuando se toma una decisión y se adopta una ruta, luego no puede tomarse otra porque resulta muy difícil, es muy costoso o simplemente ya no tenemos el criterio para percatarnos de lo equivocado que fue tomar este rumbo y poder cambiarlo.

Esa última razón parece la que más peso tiene en nuestras sociedades, que no atinan a darse cuenta del rumbo equivocado en el que se encuentran y, entonces, dan palos de ciego al elegir a Pedro Castillo o a Javier Milei. Y esos nombres son solo ejemplos recientes. La lista de desatinos surgidos de las urnas es muy larga. Y no dudamos en afirmar con aparente convicción que la culpa es de los políticos, sin preguntarnos de dónde salieron y por qué los elegimos.

El hecho más grave es que la path dependency está conduciendo a sociedades cada vez más degradadas, en las que un futuro mejor parece casi imposible. Pero en Argentina pervivirá la ilusión de ganar el próximo Mundial de fútbol, en el que millones creerán que el país se hará grande. Y en el caso del Perú, aunque muy pocos sigan creyendo en aquello de que “Dios es peruano”, se seguirá comprando una fracción de la lotería, a ver si “la suerte” cambia.

La gran mentira del «crimen migrante» en las elecciones norteamericanas

Karina Quintanilha
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El tema migratorio es un debate central en las elecciones estadounidenses de este año. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la zona fronteriza entre México y EUA forma el mayor corredor migratorio y es la ruta de migración terrestre más letal del mundo en la actualidad. Las cifras oficiales muestran que América Latina y el Caribe son las principales regiones de origen de los migrantes que viajan a EUA, donde se calcula que viven 47 millones de migrantes, incluidas personas en situación de refugio.

Si bien la migración ha cobrado cada vez más importancia en las campañas presidenciales estadounidenses, también existe una creciente fabricación sistemática de desinformación para confundir y dividir a la sociedad, especialmente con el objetivo de discriminar a los trabajadores migrantes indocumentados y a sus familias.

En este contexto podemos analizar la estrategia electoral promovida públicamente por sectores de los medios de comunicación y representantes políticos para construir la falsa idea de que los migrantes son los responsables del aumento de la «delincuencia».

El uso de esta estrategia electoral ha sido una pieza central en las campañas de los partidos de extrema derecha no sólo en EUA, sino también en Europa (por ejemplo, el partido de Le Pen en Francia; el partido Fratelli d’Italia que eligió a Giorgia Meloni; el partido Vox en España; el partido Chega en Portugal).

Durante las convenciones del partido republicano, Donald Trump trata repetidamente de convencer a los votantes de la falsa idea de que la entrada de inmigrantes indocumentados está relacionada con un aumento de la violencia en los principales centros urbanos del país. Como solución, Trump y su partido insisten en construir un muro «pagado por los mexicanos» y una política de tolerancia cero para prohibir, criminalizar y deportar a millones de migrantes.

La gran mentira del «crimen migrante» y sus efectos

El 18 de julio, The New York Times publicó el artículo «The myth of migrant crime», con datos e información que demuestran la falsa asociación entre el aumento de la inmigración y la delincuencia. Según el artículo, fue el actual candidato republicano quien acuñó el término «crimen migrante», repetido en los mítines de su campaña a la Casa Blanca.

La idea de la delincuencia migrante se basa en una tesis falsa y xenófoba, es decir, en una mentira que pretende construir la idea de los migrantes como «personas peligrosas», una estrategia utilizada por las élites dominantes desde el periodo colonial para reprimir y arrebatar derechos a las poblaciones no blancas marginadas y racializadas.

Una estrategia similar se empleó a principios del siglo XX durante el ascenso de los nazis y los fascistas en Europa. Mediante la propagación de mitos antisemitas, lo que Adolf Hitler describió como la «gran mentira», se convenció a la sociedad alemana de que los judíos eran responsables de la derrota en la Primera Guerra Mundial y de la crisis económica, que culminó en el Holocausto, que afectó a judíos, homosexuales y personas no blancas racializadas.

A pesar de tener lugar en contextos históricos diferentes, existen importantes paralelismos en la forma en que los grupos de extrema derecha operan la desinformación de masas, ayer y hoy. Incluso minutos antes del atentado de Pensilvania del 13 de junio, Trump, que ya había acusado a los inmigrantes de «envenenar la sangre del país», pronunciaba un discurso de odio contra los inmigrantes.

Sin embargo, no se trata sólo de un discurso para movilizar a los supremacistas blancos y a los llamados nativistas. En el plano ideológico, la propuesta gubernamental aprobada por la campaña republicana aboga por la «mayor deportación masiva de la historia de EUA»: hasta 20 millones de indocumentados a partir de 2025, que se haría con la ayuda de las Fuerzas Armadas.

Los efectos de estos discursos y políticas de odio son ya bien conocidos y documentados. Además de rutas mortíferas, provocan detenciones arbitrarias masivas -incluso de niños separados de sus familias-, cifras récord de desapariciones y muertes en las fronteras (especialmente en rutas como el tapón de Darién en Panamá), torturas, violaciones, especialmente de mujeres y niños, y también desencadenan nuevas rutas de reclutamiento para mano de obra esclava y tráfico de personas.

La migración como chivo expiatorio en las disputas electorales estadounidenses

La fabricación de mentiras que sitúan a la migración como chivo expiatorio de los males sociales pretende tergiversar el hecho de que la mano de obra migrante en EUA contribuye decisivamente al crecimiento de la economía, especialmente en sectores como la agricultura, la construcción, la sanidad, la tecnología y los servicios.

Entre las poblaciones migrantes que arriesgan sus vidas en busca de mejores condiciones socioeconómicas en EUA -procedentes no sólo de América Latina y el Caribe, sino también de países de Asia, Oriente Medio y África-, la presencia de mujeres y niños es cada vez más frecuente. El reciente documental «Lo que se queda en el camino», premiado internacionalmente, es un impactante registro de la presencia masiva de mujeres y niños en las llamadas «Caravanas de Migrantes».

Para quienes logran ingresar al país por la vía indocumentada, el destino es la absorción en los trabajos más precarios (aquellos que los locales no quieren hacer), altamente rentables para los empleadores y el Estado, ya que se trata de trabajo «sin ningún derecho».

Aunque representan una parte fundamental de la economía, no tienen derecho a voto, y EUA invierte cada vez más en la militarización y externalización de las fronteras, dificultando la regularización de la migración e incluso las solicitudes de refugio. Al mismo tiempo, las fuerzas políticas impulsan la desinformación y el discurso de odio contra los inmigrantes que tiene el potencial de causar daños catastróficos a la sociedad, como hemos podido comprobar en acontecimientos críticos de la historia y recientemente en el Reino Unido.

En este contexto, los medios de comunicación y los grupos políticos que defienden la democracia desempeñan un papel vital a la hora de combatir la desinformación y cualificar el debate sobre cuestiones sociales y políticas, especialmente las relacionadas con las causas estructurales de la migración, las guerras y las desigualdades que impulsan la mayoría de los desplazamientos, causas en las que la política estadounidense tiene una importante responsabilidad. Mientras se sigue culpando injustamente a la migración de los males sociales, la profundización del debate migratorio en la actual contienda electoral estadounidense, ahora con Kamala Harris como figura central, será crucial no sólo para los migrantes, sino también para las disputas geopolíticas en torno a las fronteras y las movilidades globales.

La crisis en Venezuela y el riesgo de una nueva ola migratoria

William A. Clavijo   |   Ana María Diez
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La crisis en Venezuela y el riesgo de una nueva ola migratoria

Las pasadas elecciones presidenciales, realizadas el domingo 28 de julio, culminaron con la proclamación del presidente Nicolás Maduro como vencedor de la elección sin haber cumplido con etapas fundamentales del proceso de escrutinio y totalización de los resultados por mesa de votación, por parte de la autoridad electoral, tal como establecen las leyes del país.

La falta de transparencia e integridad en la conducción del proceso electoral fue ratificada por misiones de observación imparciales como las misiones enviadas por el Centro Carter y el panel de expertos electorales de la ONU, quienes además coincidieron en señalar que los resultados presentados por el CNE no reflejan la realidad.

El rechazo a los resultados por parte de la oposición y diversos sectores de la ciudadanía dio lugar a un preocupando ciclo de represión estatal, arrojando cifras alarmantes de violaciones a los derechos fundamentales de la población civil venezolana. En consecuencia, 25 personas han sido asesinadas en el contexto de protestas pacíficas por parte de los cuerpos de seguridad del Estado o grupos armados irregulares bajo amparo del Estado. De acuerdo con reportes de la organización Foro Penal, hasta el 22 de agosto había 1,503 personas detenidas, de las cuales 129 son adolescentes, 14 son indígenas, 18 corresponden a personas con discapacidad, enfermedades crónicas o necesidades especiales y 200 son mujeres. En la mayoría de los casos, estas detenciones han ocurrido de manera arbitraria y sin ofrecer garantías de debido proceso como acceso a un abogado de confianza o conocer los cargos que se les imputa.

A la represión directa se suman los intentos por cerrar aún más el espacio cívico en el país. La promulgación durante la última semana de la llamada “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro” amenaza la existencia de miles de organizaciones que brindan asistencia humanitaria y defienden los derechos humanos en Venezuela.

La posibilidad de una nueva ola de desplazamiento forzado

Desde hace más de una década, Venezuela enfrenta una compleja crisis política, económica, social y humanitaria que ha provocado el desplazamiento forzado de más de 7.7 millones de personas, de las cuales 6.5 millones se encuentran en países de América Latina y el Caribe.

Las elecciones venían siendo acompañadas con atención por la comunidad internacional debido a la posibilidad de sentar las bases para una transición pacífica a la democracia y, con ello, atender las causas que ya han llevado a más del 20% de la población venezolana a abandonar su país durante los últimos años.

Durante la campaña electoral, un estudio realizado por la encuestadora Poder y Estrategia el 20 de julio de este año reveló que el 18% de los encuestados expresaron un deseo de emigrar, aunque no contaban con planes concretos para hacerlo. Por otro lado, el 6% de los participantes afirmaron tener ya planes establecidos para abandonar el país.

Como consecuencia de la agudización de la crisis política, los datos de los flujos migratorios en los países con los que Venezuela comparte frontera terrestre evidencian un aumento en los cruces fronterizos, especialmente en Brasil, un leve incremento en comparación con los promedios diarios en Colombia, y un notable crecimiento en la proporción de personas que huyen de Venezuela debido a violaciones de derechos humanos y represión política.

La posibilidad de una nueva ola migratoria acontece en un momento de retroceso en las decisiones de política migratoria de los países del hemisferio. En este sentido, la creciente militarización de las fronteras en algunos países de la región, la falta de mecanismos para garantizar la regularización migratoria, la poca disposición para la aplicación de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, la creciente exigencia de visados para permitir la entrada de migrantes, y los planes de deportación generan gran preocupación, pues solo contribuyen en la creación de mayores riesgos para las personas desplazadas.

Como agravante, los fondos de cooperación internacional destinados a apoyar la respuesta humanitaria ante el flujo migratorio venezolano en la región están muy por debajo de lo necesario. Según cifras de la Plataforma R4V, al 12 de agosto de este año, solo el 12,5% de los recursos requeridos para financiar el plan de respuesta para refugiados y migrantes en 2024, estimado en poco más de 1.500 millones de dólares, habían sido efectivamente cubiertos.

Urge proteger a las personas desplazadas

Ante esta situación, es fundamental que los países del hemisferio tomen medidas para garantizar que las personas desplazadas por la crisis en Venezuela tengan garantías de protección internacional, o mecanismos expeditos para su regularización migratoria.

La crisis venezolana es un recordatorio de la necesidad de actualizar los marcos de protección a las personas desplazadas en el hemisferio y garantizar respuestas adecuadas a los desafíos que enfrenta el continente en los tiempos actuales. En este contexto, la definición de refugiado establecida en la Declaración de Cartagena proporciona un marco normativo claro para proteger a los desplazados venezolanos como refugiados de manera automática.

Dada la evidencia documentada por organismos internacionales imparciales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, reconocer la condición de refugiados de los ciudadanos venezolanos es una postura coherente y alineada con el derecho internacional de los derechos humanos. Esta medida no debe interpretarse en ningún momento como una acción inamistosa hacia el Estado de origen de las personas desplazadas.

En este sentido, ya existen casos ejemplares como la decisión del Estado brasileño de adherir a la definición de refugiado establecida en la Declaración de Cartagena, permitiendo otorgar protección internacional a más de 130.000 ciudadanos venezolanos en el país.

Por otra parte, resulta crucial alertar a los países de la comunidad internacional sobre la necesidad de reactivar los programas de asistencia a sus pares latinoamericanos en los esfuerzos de recepción, protección e integración de migrantes venezolanos. Es imperativo renovar los compromisos de cooperación y financiamiento para los planes de respuesta ante esta crisis migratoria en la región.

La crisis en Venezuela y sus impactos en las Américas demandan la solidaridad de todos. Es urgente implementar acciones coordinadas que coloquen a las víctimas en el centro de las medidas.

Los congresistas “mochasueldos” que infectan Perú

Ricardo Monzón Kcomt
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Los congresistas “mochasueldos” que infectan Perú

Un nuevo término se ha acuñado en Perú para denominar a un importante grupo de congresistas. Aunque pertenecen a distintos partidos políticos, desde la izquierda hasta la derecha, y bien podría interpretarse que están en polos diametralmente opuestos, tienen un factor en común: exigen una tajada del sueldo de sus trabajadores para mantenerlos en sus cargos. Ellos son los legisladores “mochasueldo”.

“Me dijo que el partido Perú Libre tiene muchos gastos, que son perseguidos por la justicia, tienen que pagar abogados, local, logística para los viajes de fines de semana y que, por lo tanto, vamos a tener que dar una colaboración del 10%. Me dijo: «Tú sabes, hija, el carro no se mueve solo, se tiene que poner gasolina»”.

El párrafo anterior es un extracto del testimonio de una de las trabajadoras del despacho de la congresista María Agüero, de Perú Libre, que tiene como líder al exgobernador de la región andina de Junín, Vladimir Cerrón, el mismo que lleva 11 largos meses prófugo de la justicia tras ser condenado por actos de corrupción, y de quien se presume es protegido subrepticiamente por el gobierno de la presidenta de la República, Dina Boluarte.

Agüero, férrea defensora de las dictaduras en Venezuela y Cuba y protagonista de varios escándalos mediáticos, ha negado las imputaciones que la vinculan con un recorte de remuneraciones superior a los 38.000 soles (10.000 dólares), mientras la Comisión de Ética del Congreso, que ve inconductas de los parlamentarios y puede recomendar al Pleno, conformado por los 130 legisladores, una amonestación, suspensión de funciones o hasta el desafuero, todavía no se pronuncia.

En la acera de enfrente está María Cordero Jon Tay, quien ingresó al Parlamento con Fuerza Popular, el partido fujimorista que lidera la derecha en el Perú, y fue expulsada del Congreso en marzo de 2024 por un caso muy similar: haber recortado hasta el 70% del sueldo mensual de uno de sus trabajadores. A diferencia de Agüero, Cordero Jon Tay no tuvo el respaldo de su partido, que la expectoró de sus filas.

Luego de muchas idas y venidas en las que el Congreso en un principio la blindó, la presión ciudadana hizo que rectifiquen su decisión, retirándole la inmunidad para que pueda ser procesada judicialmente, pero sin inhabilitarla para ejercer cargos públicos. El Ministerio Público la investiga por el delito de concusión.

En la actualidad, el Congreso peruano lleva en sus filas trece legisladores “mochasueldos”, pero la única sancionada ha sido María Cordejo Jon Tay.

El primer caso data de inicios de marzo de 2023 y la protagonista es la congresista Magaly Ruíz, de la bancada de Alianza Para el Progreso (APP). Según la denuncia periodística que destapó los hechos, un extrabajador suyo aseguró que Ruíz le pedía un aporte mensual de 1.500 soles (400 dólares) para que continúe trabajando. Aunque la Comisión de Ética la blindó, el Ministerio Público sí tomó cartas en el asunto y en julio de 2024 presentó una denuncia constitucional en su contra, con la cual espera que los parlamentarios le levanten el antejuicio para que sea procesada. 

Como Ruíz, tres congresistas más de APP han sido objeto de denuncias de recorte de sueldos: Alejandro Soto, Rosio Torres y María Acuña.

En el caso del primero, quien fue presidente del Congreso hasta julio de 2024, una investigación periodística reveló que sus trabajadores pagaban mensualmente con sus sueldos la publicidad en redes sociales a favor del legislador. Estos trabajadores también habrían creado cuentas falsas en Facebook para limpiar su imagen política, mellada por escándalos vinculados a delitos de estafa y falsedad genérica. La denuncia en la Comisión de Ética también fue archivada, pero la Fiscalía lo investiga.

Contra Torres, por su parte, ya hay una denuncia constitucional del Ministerio Público ante el Congreso, la cual ha sido tramitada y debe ser revisada por el Pleno. Se la acusa de recortar el sueldo de diez de sus trabajadores. Inicialmente, la Comisión de Ética solo la sancionó con 30 días de multa.

En tanto, el caso de María Acuña está archivado en el Congreso y hasta se presume que será designada como presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la cual justamente analiza las denuncias constitucionales contra los parlamentarios.

En la lista negra también hay tres legisladores de Acción Popular (AP). Ellos son Marleny Portero (habría donado sillas de ruedas con dinero de sus trabajadores), Jorge Flores Ancachi (habría recortado el 10% del sueldo de sus trabajadores y el 50% de sus bonos) y Raúl Doroteo (habría quitado más de 7.000 soles a una trabajadora). 

Le siguen los congresistas Heydi Juárez (recorte de sueldo de 4 trabajadores para pagar el salario de su primo), Edgar Tello (expulsó a una trabajadora embarazada que se negó al recorte de su sueldo) y José Arriola (recorte de sueldo de siete trabajadores), de la bancada de Podemos Perú, y Katy Ugarte, del grupo político Unidad y Diálogo Parlamentario.

Aunque el término “mochasueldo” se ha popularizado durante el presente Congreso peruano, el primer caso de esta perversa práctica se remonta a 1995, cuando el entonces legislador Manuel Lajo fue señalado de quitarle 200 soles al mes a su personal. El suceso más emblemático es el de Michael Urtecho, quien en agosto de 2023 se convirtió en el primer legislador sentenciado por este delito. Estará 22 años en prisión. 

En la gran mayoría de casos, el Congreso ha archivado las denuncias o ha impuesto sanciones muy blandas, siendo el Ministerio Público el que verdaderamente se ha comprado el pleito para sancionar estos ilícitos. 

El “mochasueldo” se lava las manos, pero el Congreso les lava la cara.

Deportación de brasileños: una tragedia silenciosa

Gustavo Dias
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Deportación de brasileños: una tragedia silenciosa

Desde 2019, con los gobiernos de Jair Bolsonaro y Donald Trump, existe un tema recurrente en los medios brasileños: la presencia de aviones fletados por el gobierno estadounidense en el Aeropuerto Internacional de Confins trayendo brasileños deportados. Entre octubre de 2019 y julio de este año, alcanzamos la marca de 9.885 brasileños en más de 100 vuelos fletados. En este período de 4 años y 10 meses, el estado de Minas Gerais (MG) recibió un promedio mensual de 170 deportados.

Este tema ganó visibilidad durante los años de la pandemia y durante las últimas elecciones presidenciales en ambos países. Sin embargo, lo que vemos es una fuerte tendencia a reducir el debate sólo al número de deportados que llegan a Minas Gerais cada mes, y un intento de señalar si las deportaciones aumentarán o no en un futuro próximo.

La deportación por vía aérea a Minas Gerais es sólo uno de los tipos de deportaciones que sufren los emigrantes brasileños. A esto se añade el hecho de que es sólo una etapa de un largo proceso de violencia sufrido por muchos de estos compatriotas que buscan mejores sus condiciones de vida en EE. UU.

¿Por qué no denunciamos otras deportaciones en vigor?

El primer punto es que las cifras del aeropuerto de Confins no revelan el número total de brasileños deportados. Se trata sólo de los que fueron deportados en vuelos fletados de EE. UU a Minas Gerais. Hay al menos otros dos tipos de deportación que desconocemos numéricamente. La más antigua y continua es la de los brasileños que son deportados a través de asientos vacíos en vuelos comerciales y que no llegan necesariamente a Brasil a través de Minas Gerais.

La otra, la más crítica y muy poco conocida, es la deportación de brasileños a países distintos de Brasil. Establecida por el gobierno estadounidense en 2019, la política migratoria «Quédate en México», por ejemplo, ha sido responsable de detener o devolver a territorio mexicano a solicitantes de asilo brasileños. Además de violar el Estatuto del Refugiado de las Naciones Unidas al negar la protección a personas que huyen de la persecución y la tortura, esta política migratoria deja a estos solicitantes de asilo expuestos en México, sin acceso a ayuda humanitaria. En estos casos de deportados, no tenemos información sobre el número de brasileños ni qué tipo de violencia sufren cuando son detenidos o devueltos a México.

Sin embargo, los controles migratorios estadounidenses no parecen limitarse a suelo mexicano. Recientemente, han ampliado su presencia en Panamá. El gobierno de Biden estableció 6 millones de dólares en «ayuda» para que el gobierno panameño compre equipo, transporte y logística para deportar a los migrantes que no tienen motivos legales para permanecer en el país y que podrían dirigirse a los propios EE. UU. La idea parece ser cercar los dos extremos de Centroamérica.

También se sabe que se han producido decisiones arbitrarias contra brasileños en territorio estadounidense. Es el caso de 47 niños brasileños, hijos de haitianos, que fueron deportados sumariamente a Haití.

Minas Gerais y la respuesta del gobierno brasileño

El segundo punto que vale destacar es la elección por parte de EE. UU. del aeropuerto internacional de Confins como destino único y final de los vuelos fletados. El propio gobierno estadounidense argumenta que la gran mayoría de los brasileños deportados proceden de Minas Gerais, un estado históricamente conocido por sus redes migratorias establecidas. Sin embargo, informes periodísticos muestran que muchos de los brasileños que llegan a Confins proceden de otros estados brasileños.

El tercer punto es la decisión unilateral que está detrás de estas deportaciones. Desde 2006, durante el segundo mandato del actual presidente, Lula, Brasil había abolido esta práctica de deportación a través de vuelos fletados. En 2019, esta práctica se reactivó justo antes de la pandemia. En una decisión unilateral adoptada por la administración Trump, Bolsonaro la acató inmediatamente. Desde octubre de 2019 hasta el final de su gobierno, 7.639 brasileños fueron deportados en vuelos fletados desde EE. UU.

Después de estos turbulentos gobiernos de extrema derecha, tanto en Brasil como en EE. UU., los actuales gobiernos no han llegado a un acuerdo para poner fin a estas deportaciones. A pesar de que Biden había señalado el fin de las deportaciones aceleradas, el proceso continuó. Además, pese a que el gobierno de Lula había dado señales claras de que podría anular las medidas diplomáticas tomadas por la administración de Jair Bolsonaro, las deportaciones continuaron. El compromiso de ambas partes se ha enfriado. Desde el inicio del tercer mandato de Lula, poco más de 2.000 brasileños han aterrizado en Minas Gerais.

¿De qué compañías aéreas se trata?

El cuarto punto detrás de estas deportaciones tiene que ver con las denuncias de violencia causadas por las compañías aéreas. Informes elaborados por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington revelan que las operaciones aéreas del ICE desatienden una serie de actos violentos llevados a cabo por aerolíneas que ha contratado mediante contratos secretos. Entre ellas se encuentran iAero Airways, responsable de casi el 80% de los poco más de 100 vuelos a Brasil, y Omni Air International, responsable de 9 vuelos.

Los informes de los propios brasileños deportados muestran que hombres adultos fueron tratados como criminales en estos vuelos. Embarcaron en el mismo vuelo en espacios separados de sus familias, incluidos menores de edad, les encadenaron las piernas y las manos en EE. UU. y sólo se los quitaron horas antes de que el avión aterrizara en Minas Gerais.

En otros términos, los deportados sobrevolaron el territorio brasileño siendo encadenados por las autoridades estadounidenses, en violación de la legislación brasileña.

La migración es un derecho humano

El último punto, no menos importante, es cómo tratamos a estos brasileños. Aunque hay evidencia de que había personas buscadas por la Policía Federal entre estos casi 10.000 deportados, no podemos generalizar. Es común encontrar en los artículos adjetivos como «ilegales», «clandestinos» o «alimañas» capaces de «infestar» o «empobrecer» a la autoproclamada «América». La emigración no es un delito, sino un derecho humano a unas mejores condiciones de vida.

En noviembre de este año habrá nuevas elecciones presidenciales en EE. UU. En un país que está perdiendo gradualmente su hegemonía económica y militar, que apoya desesperadamente a gobiernos abusivos y antidemocráticos en todo el mundo y que ve cómo su clase media se aleja cada vez más del «American Way of Life», la migración vuelve a convertirse en un tema de campaña. Kamala Harris y Donald Trump han prometido, cada uno a su manera, mantener una política ofensiva contra los migrantes.

Por otro lado, contrariamente a lo indicado por el gobierno brasileño, las medidas que van en contra de los ciudadanos brasileños y ponen en peligro su protección no han sido revocadas por el Estado a partir de 2022. Mientras tanto, la deportación de brasileños a través de vuelos chárter de EE. UU. a Minas Gerais, con todos sus abusos, continúa mensualmente. No sabemos nada de los devueltos a otros países.

Las claves del sostenimiento de Maduro

Enrique Gomáriz Moraga
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Las claves del sostenimiento de Maduro

¿Cómo es posible que hoy día pueda cometerse un grosero fraude electoral como el fraguado en Venezuela? ¿Cómo es posible que un régimen político pueda mantenerse en pie tras cometer tamaña felonía? Preguntas como estas han dado la vuelta al mundo en las últimas semanas. Y no parecen tener una respuesta plausible. Sin embargo, por muy increíble que parezca la situación, pueden sondearse las claves que explican la sostenibilidad del régimen ilegítimo de Maduro. Examinemos algunas de ellas.

Posesión de una base social de apoyo (menguante). El régimen de Maduro no está aislado socialmente. Existe el viejo mito de que las dictaduras carecen de base social de apoyo, algo que la realidad demuestra continuamente erróneo. Desde Franco hasta Pinochet, por mencionar dictadores reconocidos, no carecieron de una base social considerable, sobre todo al inicio de su régimen. 

En el caso del régimen chavista, pueden percibirse los dos componentes tradicionales: el apoyo social de una ciudadanía común que ha sentido en algún momento simpatía por el frontispicio bolivariano del gobierno, y el apoyo de minorías militantes, encuadradas cada vez más en destacamentos de choque. Es evidente que en la actualidad se ha reducido notablemente la población simpatizante, lo que ha aumentado la relevancia de los núcleos militantes de activistas. Los últimos comicios indican que el régimen de Maduro cuenta todavía con un cuarto del padrón electoral, lo cual significa que habría perdido rotundamente las pasadas elecciones pero que todavía puede llenar alguna que otra plaza con grupos de militantes.

Apoyo de unos poderes fácticos mínimamente cohesionados. Maduro cuenta con una arquitectura institucional conformada por su antecesor, con personal operante y adherente, que compone las jerarquías de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial cuyos mandos están dispuestos a respaldar corrupciones políticas de distinta consideración, tanto por usufructuar de ellas como para evitar la incertidumbre que supondría la caída del régimen. También cuenta con el apoyo de la actual cúpula militar, aunque la actitud de los oficiales jóvenes que pusieron en marcha el Plan Venezuela, que evitó la destrucción de las actas en los colegios electorales, indica que no todos los efectivos militares están convencidos de apostar por un futuro chavista.

Un poderoso factor aglutinante, no directamente ideológico, guarda relación con el temor de los mandos políticos y militares de que, inevitablemente, se enfrentarían a represalias tras la caída de Maduro. Y los esfuerzos de la oposición para que el gobierno acepte la derrota electoral a cambio de garantías de que no habrá revancha no son creíbles para los personeros del régimen o siguen percibiendo un alto riesgo al respecto.

Mantenimiento de un cierto grado de adherencia ideológica. La ideología que aglutina los diferentes componentes del régimen tiene dos referentes. Uno específico procedente de la revolución bolivariana de su fundador Chávez, que recoge la pulsión soberanista y antiimperialista del pasado, para asociarla a una perspectiva socialista de cambio social. Y otro componente, más difuso, que es una herencia directa de la cultura política autoritaria que permeó a la mayoría de la izquierda latinoamericana del siglo XX. La esencia de esta cultura política consiste en despreciar el valor de la democracia, considerada como una nota bene de la revolución social. Esta cultura política todavía se mantiene en partidos importantes de la izquierda comunista o radical en la región. El Frente Sandinista nicaragüense y el MAS boliviano son buenos ejemplos de ello. Pero el referente último sigue siendo el Partido Comunista cubano. Es por tanto un acto de coherencia que estos partidos hayan aceptado automáticamente el fraude electoral en Venezuela. 

Posesión de importantes apoyos internacionales (autoritarios). Se afirma que el régimen del Maduro se encuentra aislado internacionalmente. Pero eso es una verdad parcial. El actual gobierno venezolano tiene el apoyo de los regímenes autoritarios de la región y fuera de ella cuenta con la alianza de potencias mundiales como China y Rusia, además de algunos gobiernos autoritarios de segunda fila, como Irán o Corea del Norte. En la actual coyuntura internacional, el régimen de Maduro es un claro rentista de lo que se ha venido en llamar el regreso de la Guerra Fría. Ello no significa que no sufra los efectos del aislamiento en buena parte del mundo occidental, pero resulta conveniente no extrapolar esta circunstancia.

En suma, una revisión de las claves del sostenimiento del régimen de Maduro muestra que su caída no es algo precisamente fácil. Ante esta evidencia, se hacen diversos planteamientos para conseguirla. Un segmento de la oposición, sobre todo en el exilio, se inclina por soluciones violentas (atentados, invasión, etc.). Pero existe un amplio consenso acerca de que ello justificaría todavía más la represión violenta del régimen, aglutinando más a los poderes fácticos. Otro sector, de sentido opuesto, plantea que hay que seguir aceptando la realidad chavista, a la espera de la eventual creación de condiciones favorables para una negociación. Quizás el exponente más conocido de esta orientación sea el dirigente del PSOE Rodríguez Zapatero, pero también hay partidarios en la izquierda brasilera y colombiana que presionan a sus gobiernos para que suavicen su crítica al gobierno de Maduro.

Finalmente, existe un amplio sector democrático y progresista que es partidario de mantener una firme demanda por la transparencia del resultado electoral, mientras busca una estrategia robusta para debilitar el régimen de Maduro. Este planteamiento exige un esfuerzo considerable de la oposición interna, que enfrenta todos los recursos que posee Maduro para mantenerse, al mismo tiempo que eleva la presión internacional. También exige un proceso de acuerdos específicos articulados y un uso adecuado del tiempo. Y, sobre todo, leer acertadamente las señales que surjan de improviso. Hay que recordar que, en muchos casos, se ha probado la validez de aquel proverbio eslavo que dice que el pescado siempre se pudre por la cabeza. No es exagerado pensar que muchos cuadros del régimen perciben cada día más que no habrá un futuro chavista para Venezuela.

Quién es quién en las fórmulas de la campaña en Estados Unidos

Gabriel Pastor
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Quién es quién en las fórmulas de la campaña en Estados Unidos

Varios días antes de ser anunciado como compañero de fórmula de la demócrata Kamala Harris, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, se hizo famoso por una frase que pronunció durante una entrevista en el programa Morning de MSNBC: “These guys are just weird” (ellos son raros). Se refería a la dupla adversaria republicana, conformada por Donald Trump y James (JD) Vance. La expresión “weird” encendió las redes sociales y revitalizó la alicaída campaña demócrata, que enfrentaba los tropiezos del partido gobernante ante un Trump que parecía imbatible hacia el 5 de noviembre.

La carrera electoral estadounidense se ha vuelto desconcertante desde que el presidente Joe Biden cediera su candidatura a favor de su vicepresidenta Harris. Inicialmente, no era vista como una figura fuerte. Su gestión insípida y su posición secundaria en el debate político parecían haber soterrado su presunta ambición presidencial.

El ascenso de Harris

Inesperadamente las encuestas empezaron a darle la razón a la Convención Demócrata que postuló sin fisuras a Harris. No solo unificó al partido, sino que también atrajo más recursos a la campaña, incluyendo contribuciones de pequeños donantes, al igual que hizo Barack Obama en su momento estelar.

Desde que Biden abandonó la carrera presidencial el 21 de julio, las encuestas favorecen a Harris frente a Trump. Es una diferencia de escasos puntos, que el margen de error y el porcentaje de indecisos pueden distorsionar. Sin embargo, a algo más de dos meses de los comicios, lo relevante es que Harris puso en carrera a los demócratas. 

El camino es escarpado. Especialmente en los estados que protagonizan los principales campos de batalla: Arizona, Carolina del Norte, Georgia, Nevada, Michigan, Pensilvania y Wisconsin. Sin embargo, ganar en estos territorios ya no parece un escenario imposible para Harris.

Fórmulas polarizadas

La campaña adquirió otro ritmo y a la vez, expuso más las divisiones culturales y la polarización en torno a los valores fundamentales de Estados Unidos, acentuadas por las diferencias generacionales. Trump, de 78 años, se convirtió en el candidato de mayor edad, incluso en términos históricos. Además, los compañeros de fórmula, Walz y Vince, contribuyen a la fragmentación en torno a las ideas sobre identidades y el significado del propio país. Es cierto que las divisiones ya estuvieron presentes en las dos elecciones anteriores. Pero ahora quedaron más acentuadas las diferencias culturales, sociales y generacionales.

Un Trump envalentonado

Donald Trump es el mismo líder de siempre, pero ahora parece fortalecido. Es probable que su aplastante victoria en la interna republicana y el escaso perjuicio electoral que le han provocado sus causas civiles y penales lo hayan convencido de que su prédica populista le permitirá retornar a la Casa Blanca. Ni siquiera aprovechó el intento de asesinato que sufrió durante un mitin como excusa para moderar su lenguaje, tan locuaz como ofensivo. 

Su voz antiinmigrante suena más fuerte que nunca. Propone terminar el muro en la frontera con México e iniciar un gran plan de deportación de inmigrantes sin papeles. Además, en sus actos, suele despreciar el cambio climático y las organizaciones multilaterales como la OTAN. A este repertorio, se suman duras críticas a la política económica de Biden.

El arquetipo de Vance

Como candidato a vicepresidente de los republicanos, JD Vance tiene sentido. Tanto por su actitud y desempeño proselitista como por la manera en que es percibido por los suyos. El joven postulante de 39 años, senador por Ohio, fue un antiguo crítico de Trump, convertido ahora en su primera espada. Más radical, en términos ideológicos, es quien recibe su legado.  

Nacido en un hogar monoparental y disfuncional de Ohio, criado por su abuela materna, estudió derecho en la prestigiosa Universidad de Yale e hizo un camino profesional en Silicon Valley, antes de convertirse en senador. Su fama llegó con el libro Hillbilly Elegy en 2016, un texto autobiográfico sobre su dura infancia en el Rust Belt (Cinturón de Óxido), que abarca estados del noreste y el medio oeste. Esta región, próspera en los 70’ y 80’, sufrió un declive debido a la desindustrialización, la globalización, la competencia extranjera y la automatización, lo que tuvo significativas implicaciones políticas, económicas y sociales.

Demócratas a la izquierda

Harris parece una persona diferente desde que se liberó del corsé que suponía la candidatura de Biden. Desde que su nombre comenzó a barajarse en julio como sustituta del presidente, su talante y lenguaje esperanzador han despertado el interés de una parte del electorado joven. Con 59 años, desde una perspectiva cultural y racial, representa la diversidad de Estados Unidos y a diferencia de Trump, Harris enfoca su discurso en la pluralidad social estadounidense, que también genera más simpatía en los votantes afroamericanos.

Abogada, con una extensa trayectoria como fiscal antes de ser senadora y vicepresidenta, Kamala Harris es de ascendencia india y afroamericana. Su competencia le otorga seguridad en su enfrentamiento con Trump y sabe aprovechar su condición de mujer con herencia multicultural para descolocar a Trump.

Reconocer los méritos de Harris no significa que no esté dejando flancos que el partido adversario podría aprovechar. Uno de ellos es su agenda económica de corte populista. Aunque sea bien intencionada, implica una mayor intervención del Estado y un aumento en el gasto público, mucho más profundo que las políticas implementadas por Biden durante la pandemia. 

Liberalismo del Medio Oeste

A diferencia de la apuesta de Trump, Harris optó por una figura complementaria. Aunque nació en Nebraska, Tim Walz, de 60 años, ha desarrollado su carrera en Minnesota. Fue profesor de geografía, entrenador de fútbol americano, y cuenta con larga trayectoria en la Guardia Nacional. Además, fue seis veces congresista en la Cámara de Representantes y dos veces gobernador.

Al frente de Minnesota, Walz exhibió una versión contrapuesto a la visión de Vance. Aumentó el presupuesto en la educación, expansión del programa de comidas escolares, la creación de un sistema de licencia familiar, la legalización de la marihuana, más controles en la adquisición de armas y el fortalecimiento del derecho al aborto.

Un flanco débil que podrían explotar los republicanos es la crítica que recibió como gobernador tras la muerte de George Floyd en junio de 2020, quien falleció debido a un procedimiento policial irregular. Lo cierto es que, por ahora, goza de una gran popularidad gracias a un estilo de comunicación atractivo para los votantes rurales del Medio Oeste.

Tras el voto hispano

Hasta el momento, parece que los demócratas están haciendo un mayor esfuerzo para atraer el voto latino. El Partido Demócrata ha tomado la delantera en incluir publicidad en español ya que es la minoría que más necesita ser movilizada hacia las urnas. En las elecciones de 2020, Biden captó el 59% de los sufragios de origen latino, con una participación de solo 16,5 millones, menos de la mitad de quienes estaban en condiciones de votar.

Los atributos de Harris pueden resultar más atractivos para los hispanos, incluso en comparación con Biden. Sin embargo, también es relevante el discurso de Trump contra la inmigración ilegal que puede atraer a la fuerza laboral hispana en regla, que teme la competencia de los indocumentados.

*Texto publicado originalmente en Diálogo Político

Liderazgos femeninos de izquierda y derecha ante el fraude venezolano

Dhayana Fernández Matos
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Liderazgos femeninos de izquierda y derecha ante el fraude venezolano

Desde que empezó la campaña electoral venezolana, se impuso una narrativa según la cual el apoyo a María Corina Machado, líder de la oposición, y a Edmundo González Urrutia suponía estar a favor de la extrema derecha. Este argumento no es solamente simplista, sino que desconoce la magnitud de la crisis política venezolana.

Dentro de Venezuela, el apoyo al binomio Machado/González Urrutia por parte de un sector mayoritario de la oposición, el cual es plural y de distintas corrientes ideológicas, obedeció a la necesidad de presentarse en una plataforma unitaria frente al régimen autoritario de Nicolás Maduro. Incluso el Partido Comunista Venezolano (PCV), aliado tradicional del chavismo, no dio su apoyo al régimen sino al candidato Enrique Márquez, del partido Centrados.

¿Democracia o dictadura?

Una vez que en la madrugada del 29 de julio el presidente del CNE proclamó a Maduro como ganador de las elecciones presidenciales con el 51,2% de los votos y a González Urrutia en segundo lugar con el 44,2%, las reacciones no se hicieron esperar.

A medida que transcurrieron los días sin que se mostraran las actas electorales, con resultados contrarios a los que tenía la oposición, a los informes del Centro Carter y del Panel de Expertos Electorales de las Naciones Unidas, distintas personalidades e instancias internacionales se pronunciaron ante la grave crisis política de Venezuela. Nuevamente se quiso indicar que reconocer el fraude electoral era apoyar a la derecha, lo que está muy alejado de los hechos.

Estar a favor de la candidatura de Edmundo González Urrutia y de su triunfo electoral no significa que se apoye a Milei, Bukele, Trump y mucho menos a Netanyahu. Lo que ocurre en Venezuela no es la alternancia entre dos posturas ideológicas, una de izquierda y otra de derecha: es la lucha contra un régimen autoritario para retomar la vía democrática donde todas las corrientes ideológicas tengan cabida. Esta es la prioridad.

Desde la izquierda, una de las posiciones ante la grave crisis venezolana la han protagonizado quienes le dan preeminencia al respeto a los derechos humanos y a la democracia y han manifestado su claro rechazo a la autoproclamación de Maduro como presidente, como el caso de Gabriel Boric y la senadora Isabel Allende, entre otras personalidades. Incluso la exmandataria argentina Cristina Fernández, aliada tradicional del chavismo, pidió que se publicaran las actas.

Estas posturas suponen la existencia de una izquierda renovada, alejada de solidaridades automáticas, que rechaza tanto las medidas antidemocráticas de Milei o Bukele como las violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua, Cuba y Rusia.

Sin embargo, hay otras izquierdas que, bien sea por intereses personales, como el caso de Zapatero y Monedero en España, o porque se quedaron con la visión del equilibrio bipolar de la Guerra Fría, miran hacia otro lado ante la situación de Venezuela, o claramente apoyan a la dictadura de Maduro, como es el caso de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y los presidentes de Bolivia, Cuba y Nicaragua. También lo respaldan Rusia e Irán.

En el grupo que mira hacia otro lado, apoyando subrepticiamente a Maduro, se encuentran, lamentablemente, varias mujeres lideresas de quienes se esperaban posiciones más claras a favor del respeto a los derechos humanos, que oxigenaran a la izquierda tradicional.

Las mujeres de izquierda y la crisis venezolana

Una de estas mujeres es la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, quien no solo indicó que no le correspondía a ella pronunciarse sobre la situación de Venezuela, sino que era una decisión de la población y de los organismos internacionales. 

Cabe destacar que al informe del Centro y del Panel de Expertos Electorales de las Naciones, que niega el carácter democrático y legítimo de los resultados electorales en Venezuela, hay que agregar lo que manifestaron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE). Ambas describieron prácticas de terrorismo de Estado cometidas por el gobierno de Maduro, “en un contexto de absoluta desprotección y vulnerabilidad frente a los abusos del poder respecto de los cuales no existen recursos de tutela, toda vez que los organismos de control responden al régimen y hacen parte de la estrategia represiva del Estado”.

Sin embargo, la presidenta electa de México no solo no manifestó ninguna opinión, sino que fuentes periodísticas señalaron que Maduro está invitado a su proclamación presidencial en octubre. En esta misma línea se puede mencionar a la actual vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, la abanderada de los “nadie” —lo que hace referencia a la población colombiana en una situación histórica de exclusión—, quien indicó que no sabe lo que pasó en el vecino país porque no está en Venezuela. Tampoco está en Gaza y correctamente se ha pronunciado contra el genocidio palestino, pero no puede ver lo que pasa al lado, aunque tiene 2.900.000 venezolanos en su territorio que se lo pueden contar porque “huyeron” de un régimen autoritario. 

En el caso de Venezuela, son los “nadie” —la mayoría que antes era chavista— quienes se pronunciaron el 28 de julio contra Maduro, quienes salieron a protestar masivamente el 29 de julio y fueron reprimidos de forma violenta por las fuerzas militares del régimen. Son los “nadie” los que ya no aguantan más la situación interna. Son los “nadie”, sin recursos, quienes seguirán emigrando, sin importar los controles fronterizos que se implementen y quedándose en Colombia ante la situación que se vive en Venezuela.

Es cierto que María Corina Machado pertenece a la élite tradicional venezolana, pero hoy día la élite más poderosa de Venezuela, la que concentra el poder económico y político, está en Miraflores, con unos apellidos que destacan: Maduro, Cabello, Rodríguez, Padrino-López, entre otros.

La instrumentalización de la crisis venezolana por las lideresas españolas

En España la disputa por lo que ocurre en Venezuela desde el liderazgo femenino parece concentrarse en algunas mujeres. Por el lado de la derecha, están Cayetana Álvarez de Toledo e Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular, quienes apoyan a María Corina Machado y al candidato Edmundo González Urrutia. A ambas se las escucha frecuentemente hablando de lo que ocurre, usando la situación para atacar a Pedro Sánchez y a su gobierno por no tener una posición más dura de rechazo al fraude electoral de Maduro. Esto se vio en la concentración de venezolanos en Madrid, el 18 de agosto de 2024, donde Ayuso, como presidenta de la Comunidad de Madrid, tomó la palabra y en su discurso arremetió contra Sánchez, instrumentalizando la crisis venezolana con fines electorales.

Por el lado de la izquierda está Yolanda Díaz, de Sumar, vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo, quien desde el 29 de julio señaló que había que reconocer los resultados electorales porque eso era lo que hacían los demócratas, lo que la convierte en parte de esa izquierda de solidaridades automáticas, que no analiza las represiones, las violaciones de derechos humanos ni el fraude electoral.

En esa misma línea está Irene Montero, de Podemos, exministra de Igualdad del gobierno de Sánchez, quien, aunque pide —a regañadientes— que Maduro muestre las actas, acusa al Partido Popular de apoyar a “la derecha más golpista de América Latina”. De esta manera, coloca al actual mandatario venezolano como parte de la izquierda democrática, nada más lejos de la verdad.

Tanto Yolanda Díaz como Irene Montero se autoproclaman feministas, lo que implica la defensa de los derechos de las mujeres, ¡de todas las mujeres! Esos derechos que el régimen venezolano viola diariamente a millones. Como lo dijo fervientemente Washington Abdala, embajador de Uruguay ante la OEA: “Son los mismos derechos humanos, es la misma gente que está entregando vidas, sacrificios, todo. ¿Creen que hay ocho millones de venezolanos que salieron a hacer turismo por el mundo?”.

Sinaloa, un territorio capturado

Ernesto Hernández Norzagaray
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Sinaloa, un territorio capturado

No hay estado, provincia, departamento, distrito o localidad en la región latinoamericana que pueda ser hoy más mediática que Sinaloa como en otro momento lo fueron Medellín o Cali. 

Esta región del noroeste mexicano de alrededor de 30.000 kilómetros cuadrados, bendecida por la naturaleza con sus once ríos, valles agrícolas generosos, más de 600 kilómetros de costas y la Sierra Madre Occidental, rica en recursos minerales y forestales, da trabajo y alimento a sus más de 3 millones de habitantes. 

Si bien estos rasgos naturales son suficientes para que se la reconozca como el granero y el gran productor de alimentos de México, no es por eso que se la reconoce en el mundo, sino por la referencia recurrente que tiene con el mundo del narcotráfico y sus capos legendarios, que ha sido motivo de mitos, corridos, películas, libros y series. 

Sin ir muy lejos, hoy Sinaloa está en el centro de la información de impacto por la captura, secuestro o entrega pactada, no se sabe a ciencia cierta, de capos del llamado Cártel de Sinaloa al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Ismael El Mayo Zambada García y Joaquín Guzmán López, hijo de la leyenda Joaquín El Chapo Guzmán, están en prisiones estadounidenses a la espera de juicios por tráfico de drogas en medio de una nebulosa información sobre lo que verdaderamente ocurrió el pasado 25 de julio en Culiacán, la capital del estado, cuando salió una avioneta Cessna con destino a Santa Teresa, Nuevo México, donde estaban esperándolos agentes federales para detenerlos y enviarlos a prisiones de El Paso y Chicago. 

Este suceso habría sido uno más de la colaboración entre las autoridades judiciales de México y Estados Unidos si no fuera porque, según el presidente López Obrador, no se le informó de la detención de Ismael Zambada, que es reconocido como el “jefe de jefes” del poderoso Cártel de Sinaloa, lo que deja una serie de interrogantes sobre si las detenciones fueron producto de una traición o las realizaron directamente agentes estadounidenses en territorio mexicano violando la soberanía nacional. O una mezcla de las dos. 

Durante dos semanas López Obrador estuvo exigiendo información al gobierno estadounidense sin obtener respuesta, lo que alimentó la sospecha de que los agentes federales habían actuado motu proprio. Eso llevó a que el embajador Ken Salazar saliera a decir a la prensa que su gobierno no había tenido nada que ver y que todo era producto de un secuestro de parte de Guzmán López en perjuicio de la libertad del llamado “jefe de jefes”. 

Al día siguiente, el abogado de Ismael Zambada da a conocer una carta firmada por su cliente donde narra lo ocurrido y coincide con lo expresado por Ken Salazar: que había sido sometido por pistoleros de Guzmán Salazar y que por la fuerza se le subió a la avioneta que lo llevaría a la frontera de Nuevo México. 

Pero dice algo más: que había sido convocado a una reunión en los suburbios de Culiacán con el gobernador Rubén Rocha Moya y el diputado federal electo Héctor Melesio Cuén Ojeda para mediar en el conflicto que los dos sostenían desde hace casi dos años en relación con el control político de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), lo que para el gobernador morenista sería la culminación de un proyecto autocrático de captura de las instituciones públicas del estado. 

Cuén Ojeda, de acuerdo con esta versión, habría sido asesinado en el contexto de la mencionada reunión, y lo mismo pudo haber sucedido con la escolta de Zambada García.  

Un comandante en funciones de la fiscalía general del Estado provocó especulaciones sobre todo cuando esta institución ofreció a la prensa un video donde unos sicarios motorizados presuntamente asesinan a Cuén Ojeda en una gasolinera del norte de Culiacán, que resultó un montaje de acuerdo con las indagaciones de la fiscalía general de la República. En ese documento visual se observa, además de los sicarios, a dos patrullas policiales con torretas encendidas, cuyos ocupantes no intervienen y se van ipso facto cuando ha ocurrido el asesinato del también ex rector de la UAS. 

Ante estos hechos, que han servido para señalar al gobernador Rocha Moya como narco político, el presidente López Obrador, la presidente electa Claudia Sheinbaum y el sindicato de gobernadores del partido Morena se han pronunciado inmediatamente en favor de su inocencia, lo que ha sido interpretado como una presión sobre la fiscalía general de la República, que ha atraído el caso para investigarlo ante el conflicto de interés que tiene el gobierno sinaloense por ser parte del problema de confianza. 

En definitiva, esa Sinaloa de los once ríos, la del verdor de sus valles, es escenario de una presunta traición en el mundo del narco, la expresión de la narcopolítica que ha propiciado la captura de territorio e instituciones y una crisis de confianza en las relaciones bilaterales de los dos países.

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