Invisibles e indispensables: las trabajadoras de cuello rosa en América Latina

Luisa trabaja de cajera en un almacén. Rosa es maestra en una escuela de educación básica. Maribel tiene diez años como enfermera. Lucía es ama de llaves en un hotel 5 estrellas. Andrea es recepcionista en una gran empresa, junto a Martha, la secretaria. Kathy es manicurista, y su hija Alicia cocina en un restaurante de la localidad. Clara cuida niños en una guardería. Antonia vende flores en el supermercado en la mañana y en la tarde cose ropa en una tintorería. Maricarmen hace labores de relacionista pública en el gobierno, mientras se prepara como administradora para buscar trabajo en un banco.

¿Qué tienen en común todas ellas? Sí, todas son mujeres. Y sí, se trata de posiciones que no es extraño que ocupe una mujer. Son puestos de sectores económicos asociados a servicios sociales, comercio minorista, turismo, cosmetología; están usualmente hiperfeminizados, mal remunerados y poco reconocidos como roles esenciales. Son los llamados trabajos de cuello rosa.

Desde las oficinas corporativas hasta los pequeños emprendimientos, estas mujeres sostienen sectores clave con su trabajo y sin embargo enfrentan una realidad oculta: la discriminación que limita sus oportunidades y perpetúa desigualdades profundamente arraigadas. En este artículo analizo qué es, cómo opera y cuáles son las causas y consecuencias de este fenómeno del cuello rosa en América Latina, y sugiero acciones para mitigar sus negativos efectos en la economía.

El cuello rosa discrimina

Desde 1930, en los Estados Unidos se comenzó a popularizar la clasificación de los trabajadores por el color del cuello de su uniforme en el ambiente laboral. En ese momento se hizo la distinción entre trabajadores de cuello azul (los que realizan labores físicas y de manufactura) y los de cuello blanco (aquellos que desempeñan trabajos de oficina más administrativos y profesionales, considerados más productivos, capacitados y receptores de mejores salarios).

Más recientemente surgieron otras clasificaciones, como el trabajo de cuello dorado (altamente calificados como emprendedores y científicos), de cuello verde (especialistas en producir bienes y servicios para el medio ambiente), de cuello negro (dedicados a la industria minera y extracción de petróleo, pero también al trabajo ilegal) y de cuello rosa (dedicados a la industria de servicios).

Un trabajo de cuello rosa es uno que tradicionalmente se ha reservado solo para mujeres. El término fue acuñado a finales de la década de los 70 por la escritora y crítica social Louise Kapp Howe para denotar a las mujeres que trabajaban como enfermeras, secretarias y maestras de escuela primaria. Estos puestos no eran trabajos administrativos, pero tampoco eran trabajos manuales.

Se les llama también “gueto rosa” (pink ghetto) como una manera de describir los límites que tienen las mujeres para avanzar en sus carreras, ya que estos trabajos suelen ser un callejón sin salida. Es un mecanismo de exclusión institucionalizado, una suerte de segregación ocupacional, que impide el ascenso a posiciones de poder real en las empresas y encasilla a las mujeres en labores asociadas a ser mujer. Se trata de un fenómeno por el cual las trabajadoras acceden al mercado de trabajo de manera diferenciada, tendiendo a concentrarse en diferentes sectores u ocupaciones en función de su sexo y no de sus capacidades.

Disparidades laborales por sexo en LA

Aun cuando los esfuerzos feministas por vencer los estereotipos y roles asignados al sexo han dejado frutos positivos y abierto caminos a muchas mujeres para desempeñarse en espacios históricamente hipermasculinizados, se sigue reproduciendo el modelo que las relega a funciones de servicio y apoyo.

Según un reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el 70% de las mujeres tienen puestos de trabajo en el campo del cuello rosa, como la industria de servicios de alimentos y cosméticos. Específicamente, las economías de América Latina presentan importantes disparidades en sus mercados laborales, frenando su crecimiento productivo al limitar el potencial productivo de las mujeres.

Un estudio de la OIT, que abarca países como Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México y Uruguay, revela que la segregación ocupacional de género, marcada por la prevalencia de ocupaciones predominantemente femeninas o masculinas, persiste a niveles significativos en América Latina. La segregación de género conlleva efectos negativos perpetuando estereotipos, influyendo en decisiones educativas y afectando el desarrollo del capital humano. Además, contribuye a incrementar las brechas salariales de género y desajustar la relación entre habilidades y puestos, lo que impacta en la eficiencia de los mercados laborales.

Las mujeres están sobrerrepresentadas en los servicios no comerciales en América Latina, los cuales incluyen el sector de cuidados y de turismo, con bajos salarios y altas tasas de informalidad laboral. Por otro lado, en los sectores de minería y energía solamente 2 de cada 10 empleados son mujeres.

Las mujeres de América Latina tienen empleos de peor calidad que los hombres, con una brecha de 16 puntos en el Índice de Mejores Trabajos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID): “De 2010 a 2022, el Índice de Mejores Trabajos para las mujeres creció a una tasa del 0,8% anual. A ese ritmo, el índice para las mujeres tardaría más de 47 años en alcanzar el nivel de calidad y cantidad del empleo que tienen los hombres”, afirma el BID. Esta situación conlleva una significativa disminución del potencial productivo que representan las mujeres en la región.

Eliminar el género en las ocupaciones

En América Latina, varios países han diseñado y puesto en práctica políticas para promover la igualdad de género en el mercado laboral y mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres en sectores tradicionalmente femeninos. Entre ellas están las leyes de igualdad salarial, el establecimiento de cuotas de género, medidas de conciliación laboral y familiar, así como programas de empoderamiento económico y capacitación de mujeres en carreras científicas e informáticas. También ofrecen servicios de orientación, certificación de competencias y la creación de condiciones igualitarias en la información y contrataciones laborales más justas.

Pero nada de esto funcionará si los sesgos que sostienen la idea del color rosa como identificador de las vocaciones y dedicación de las mujeres continúan definiendo la cultura laboral, porque envuelven creencias asignadas al sexo que son arbitrarias e injustas. Todo lo que refuerce estereotipos basados en prejuicios es dañino para la economía y la sociedad en su conjunto.

Los cuidados, la salud o la educación son sectores esenciales para la sociedad, pero en nuestros países emplearse en ellos está devaluado y sus puestos ofrecen pocas oportunidades para avanzar en la carrera. El camino entonces es más sensibilización y educación para desmontar aquellos sesgos que hacen ver como “natural” el que una mujer se dedique a este tipo de labores de soporte y apoyo, y lograr que más hombres se involucren en estas tareas. Pero también revalorizarlas porque son funciones que agregan valor económico y, por lo tanto, sus actividades y perfiles ocupacionales pueden y deben estar mejor considerados y remunerados.

Autocracias electorales y elecciones totalitarias

La elección general en Venezuela el 28 de julio pasado, y su desenlace posterior, ha tenido un importante impacto regional e internacional. A pesar de la existencia de opciones diferenciadas en la boleta electoral, los venezolanos fueron testigos de una elección en claras condiciones de inequidad competitiva, opacidad y control estatal de la autoridades electorales, judiciales y militares, así como un limitado acceso a recursos informativos y financieros de la oposición. Este autoritarismo electoral ha generado una reacción crítica de importantes potencias globales (EE.UU., Europa) y una mayoría de países latinoamericanos, e incluso, de organizaciones académicas de orientación progresista (LASA). Sin embargo, para otros países de la región, las elecciones democráticas -plurales, competitivas, recurrentes, transparentes, participativas- constituyen una evocación muy borrosa en su memoria histórica.

Cuba tal vez constituya el caso más atípico de las autocracias latinoamericanas actuales. Sus antecedentes de elecciones democráticas se remontan al periodo de 1940 a 1950. A partir de la ruptura democrática de marzo de 1952 las elecciones han sido irregulares, y de 1959 hasta la institucionalización del sistema político prosoviético de partido único en 1976, no hubo elecciones. A partir de esta fecha han sido elecciones manipuladas, de voto inducido por candidaturas únicas preseleccionadas por criterios de fidelidad ideológica.

En estricto sentido, la última elección general para presidente y renovación del cincuenta por ciento (50%) de la Cámara de Representantes y Senadores, en condiciones de competencia multipartidista se celebró el 1 de junio de 1948. El calendario electoral cubano de entonces, regido por el Código Electoral de 1943, definía elecciones generales y parciales combinando la regla de la pluralidad con un sistema de votos provinciales para elegir presidente con un sistema de mayoría relativa en circunscripciones plurinominales con representación de minorías para el Senado, y la elección de representantes a partir de la representación proporcional con la fórmula de Hare de resto mayor con renovación de 50% en elecciones de medio término cada dos años.

Los resultados electorales del periodo no solo estuvieron condicionados por esta combinación de reglas electorales (P/RP), sino por las propias características del sistema de partidos cubano; es decir, un multipartidismo moderado sin partido predominante para competir y ganar solo, lo que produjo incentivos para el establecimiento de amplias alianzas electorales. A diferencia de las dos elecciones anteriores (1940-1944), las generales de 1948 marcaron el fin de las grandes coaliciones bipolares centrípetas, y el inicio de la fragmentación y polarización del sistema de partidos.

En junio de 1948 aumentó a cuatro el número de candidatos en competencia, reduciéndose el tamaño de las dos primeras coaliciones que postularon a los candidatos fuertes. El candidato vencedor de la Alianza Auténtica Republicana (PRC-A/PR) fue Carlos Prío Socarrás (PRC-Auténtico) (46%), seguido por el candidato de la Coalición Demócrata-Liberal (PD-PL) Ricardo Núñez Portuondo (30%); el restante 24% fue para los dos candidatos de partidos independientes, Eduardo Chibás del nuevo Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo) (PPC-O) (16.5%), y Juan Marinello del Partido Socialista Popular (PSP) (7%). Se puede apreciar la pluralidad del sistema de partidos del periodo, lo que se refleja en la elección parcial de 1950 donde adquirió fuerza legislativa el PPC-O (13.6% de los escaños) por encima de los partidos tradicionales de derecha (Liberal 12.1%) y Demócrata (9%), y apareció un nuevo partido de centro derecha, el Partido de Acción Unitaria (PAU) (6%) de Fulgencio Batista.

La Constitución socialista de 1976, y la ley electoral 72 de 1992, definieron los fundamentos del sistema electoral cubano hasta su reforma marginal en la Constitución de 2019. En general, estas reglas electorales fueron un eficiente mecanismo de selección y rotación de lealtades al interior de una cohesionada élite. Diseñadas para (re)producir consenso en un sistema de partido único, su funcionalidad depende de un filtro selectivo orientado a garantizar la continuidad y gobernanza de un régimen totalitario.

Si bien es cierto que la postulación de candidatos es directa a nivel de circunscripción, las candidaturas a los gobiernos municipales, provinciales y de diputados a la Asamblea Nacional están sometidas a un “doble filtro selectivo” a partir de criterios de idoneidad ideológica. Las Comisiones Electorales y de Candidaturas en las diversas instancias cumplen esta función: la cohesión y lealtad de los candidatos en lista cerrada que será sometida a votación (in)directa por un selecto grupo de elegidos de probada lealtad.

El 50% de las candidaturas propuestas y votadas a nivel municipal para formar parte de la Asamblea Nacional, conductistamente en bloque por la “unidad”, emergen de propuestas elaboradas por estas Comisiones de Candidaturas y deben ser aprobadas por las Comisiones Electorales, lo que subvierte la noción de representación popular. Es importante subrayar que a partir de la ‘elección’ (sic) para presidente en 2016 ha comenzado un proceso de decrecimiento en la participación electoral y un aumento de las boletas en blanco, los votos nulos y el voto selectivo.

A pesar de que la nueva ley electoral No. 127 de julio de 2019 propone profesionalizar y dotar de mayor autonomía a los Consejos Electorales y las Comisiones de Candidaturas en las diversas instancias, el artículo 86 reconoce como el principio ético de las autoridades electorales “hacer patente, en todo momento, su lealtad a la Patria, a la Revolución y al sistema político, económico y social que defendemos” (sic). Dentro del andamiaje autocrático totalitario las elecciones serán siempre un mecanismo para reforzar el poder de una elite ilegítima.

¿Transición en Venezuela?

Construir una alternativa política

Las elecciones presidenciales del pasado domingo 28 de julio se presentaban como un hito fundamental para el futuro de los venezolanos. Después de un cuarto de siglo con Hugo Chávez  y Nicolás Maduro al mando, ¿había alguna posibilidad de que cambiara el rumbo político del país? ¿Podría propiciarse ese cambio a través de la vía electoral?

Para la oposición política, los retos eran enormes. En un primer momento, era necesario construir una candidatura unitaria capaz de llegar hasta el día de las elecciones. Había que hacerlo, además, sin mayores posibilidades de financiamiento para los partidos políticos, sin acceso libre a los medios de comunicación, sin posibilidades de libre circulación por el territorio nacional, con partidos intervenidos judicialmente y que ya no disponen de sus símbolos y tarjetas, etc.

A ello había que agregar nuevos obstáculos que se fueron interponiendo en el camino: las inhabilitaciones políticas; la persecución de diversos miembros del comando de campaña; el hostigamiento a las personas que ayudaban durante la campaña; las dificultades para inscribir a los testigos durante la semana previa a los comicios; y tantas otras. En definitiva, para jugar el juego, había que jugarlo con las reglas que imponía el sistema.

Finalmente, la oposición logró construir una opción que se mantuvo viva hasta el día decisivo, encarnada en el binomio Edmundo González-María Corina Machado. Organizó también un aparato de vigilancia ciudadana en todas las mesas de votación, a pesar de los riesgos que ello implicaba. Y preparó un website para colgar las actas emitidas por las máquinas de votación asociadas a cada mesa, documentos oficiales identificados con un código QR y de los que tienen derecho a conservar copia el Consejo Nacional Electoral (CNE) y los representantes de las diversas fuerzas políticas.

Resultados y reacciones

Transcurridos varios días de la elección, el CNE aún no publica los resultados pormenorizados, pero ya declaró ganador a Nicolás Maduro con el 51% de los votos. Alega que el proceso fue entorpecido mediante ataques informáticos conducidos desde Macedonia del Norte, y culpa a Elon Musk de participar en ello (el magnate sudafricano se ha dedicado a polemizar con Maduro desde su red social “X”). Sostiene además que las actas presentadas por la oposición, según las cuales que Edmundo González habría obtenido el 67% de los votos, están adulteradas.

Desde el lunes 29 se iniciaron protestas en diversas ciudades de Venezuela. Maduro y otros altos voceros del gobierno han indicado que se trata de “brotes fascistas” conducidos por “terroristas”, señalando que han capturado a más de 2.000 personas involucradas en estos procesos. Al momento de escribir este artículo, el Foro Penal ha identificado ya a 1.152 de estos detenidos. Diversas organizaciones civiles, incluyendo a Provea, han registrado más de 20 asesinados. La fiscalía acusa a González y Machado de usurpar funciones del CNE y proliferan las órdenes de captura.

Respuesta internacional

El Centro Carter, que a diferencia de la Unión Europea (UE) sí pudo asistir in situ a la elección, ha emitido una declaración señalando que las condiciones en las que se realizaron los comicios no fueron democráticas. Algunos países han reconocido a Maduro como presidente electo; tal es el caso de Bolivia, Honduras, China, Rusia, Irán, Cuba y Nicaragua. Otros reconocen a Edmundo González como ganador, concretamente Argentina, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Perú y Uruguay. De varios de ellos retiró su personal diplomático el gobierno venezolano, invitándoles a hacer lo propio con sus legaciones acreditadas en Venezuela.

La mayor parte de los países, no obstante, se ha pronunciado a favor de un compás de espera, aguardando —antes de pronunciarse de forma definitiva— a la presentación de resultados de cada mesa de votación por parte del CNE. Destacan en este sentido los miembros de la UE y el Brasil de Lula, quien está liderando una aproximación diplomática junto a los presidentes López Obrador de México y Petro de Colombia para facilitar una salida política a la crisis que actualmente vive Venezuela.

Diversas opciones se estarían barajando al respecto, mientras el gobierno brasileño se ha hecho cargo de la protección de los seis miembros del comando de campaña de Machado/González que estaban asilados en la embajada argentina de Caracas, ahora desalojada por los sureños. Ya en otras oportunidades el Brasil de Lula ha facilitado el diálogo político en Venezuela, bien sea interno o con otras naciones (2004, 2009, 2014).

Retos y perspectivas

Los resultados de la elección del 28-J marcan un antes y un después en Venezuela. Salvo que pueda demostrar lo contrario —hasta ahora no lo ha hecho—, el chavismo-madurismo afronta su primera derrota clara en una elección presidencial. Entre tanto, ninguno de sus principales representantes ha contemplado públicamente la posibilidad de abandonar el poder, ni ofrecido mayores gestos de conciliación ante la alternativa policía. Todo lo contrario.

Pero el desgaste acumulado a lo largo de un cuarto de siglo en el poder se ha hecho más que evidente. La oferta política del oficialismo no convence a las grandes mayorías del país. La demanda de cambio es generalizada, incluso dentro de las filas del chavismo. Y si bien la represión puede rendir resultados a corto plazo, permitiendo que quienes gobiernan se atornillen por ahora en su posición actual, también incide negativamente en su cohesión interna y en su base de apoyo social.

Tras lo ocurrido el 28-J, al chavismo-madurismo se le presenta la oportunidad de salir de su irremediable declive actual y renovarse integralmente. Puede —como ha sucedido con otras fuerzas políticas oficialistas en medio de otras transiciones— reestructurarse para volver a ser competitivo en condiciones democráticas. Puede evitar un eventual colapso a mediano plazo y negociar ahora las bases de un nuevo sistema político, con un facilitador amigo como Lula, en el contexto de una elección presidencial y cooperando para establecer las condiciones de un cambio ordenado.

Evidentemente, no todos los que integran el oficialismo actual tienen los mismos incentivos para proceder en consecuencia. No todos tienen lo mismo que perder, ni lo mismo que ganar. Pero lo cierto es que el futuro del chavismo descansa en su capacidad para renovarse en esta coyuntura crítica. Asimismo, el futuro de Venezuela como nación parece estar atado a dicha posibilidad.

Uruguay: escenarios probables de cara a las elecciones de octubre

El pasado 30 de junio tuvieron lugar en Uruguay las elecciones internas de cara a la elección presidencial del 27 de octubre. El Frente Amplio (FA), principal partido de la oposición, resultó el más votado con el 47% de los votos válidos, seguido del Partido Nacional (PN) con el 37.3%, el Partido Colorado (PC) el 11.7% y Cabildo Abierto (CA) con el 2 %, los tres principales partidos de la coalición de gobiernos. Si bien la competencia entre partidos no es relevante en esta instancia, la obtención de una buena votación impacta en el ánimo de propios y ajenos.

Las encuestas de intención de voto posteriores a las primarias muestran un escenario estable. El FA sigue al frente de los sondeos, seguido del PN que registra una leve caída y un pequeño repunte del PC, fenómeno similar a 2019. Una de las explicaciones del retroceso del PN, además del propio resultado inferior al esperado, fue la elección de Ripoll en la fórmula del PN, que generó manifestaciones contrarias y abucheos la noche de la interna y expresiones de desacuerdo de dirigentes en los días siguientes. Este hecho, sumado al escándalo en la intendencia de Artigas que supuso la renuncia de varios dirigentes del PN, entre ellos el intendente, podrían explicar en parte esta caída.

Reposicionamiento tras la interna

Con una participación del 35,8%, algo más baja que en 2019, un total de 14 partidos superaron la barrera de los 500 votos en la interna, lo que les permitirá participar de la elección presidencial y legislativa del 27 de octubre. En este marco, cabe mencionar que los tres principales partidos están en proceso de renovación y resulta interesante ver los resultados y la forma en que procesaron el armado de la fórmula.

Dentro del Frente Amplio, en esta segunda elección sin los tres liderazgos históricos (Tabaré Vázquez, José Mujica y Danilo Astori), Yamandú Orsi obtuvo el 59,9% de los votos, seguido de Carolina Cosse con el 37,6% y en un distante tercer lugar Andrés Lima con el 3,1%. Al FA, el haber estado en la oposición le permitió renovarse, pero además, parece haber aprendido de los errores cometidos en la campaña 2019, en particular en la nominación de su candidato a vicepresidente. Esta vez, la formula entre el primero y segundo de la interna estaba definida, dando lugar al binomio Orsi-Cosse.

Por otro lado, el Partido Nacional por primera vez se presentó a una interna sin sus liderazgos naturales, Lacalle Pou en ejercicio de la presidencia y Larrañaga fallecido. Con el hándicap de ser el partido de gobierno, Álvaro Delgado, el delfín del presidente, conquistó el 74,4% de los votos, seguido muy atrás por Laura Raffo con el 19,3%. La magnitud de la ventaja posibilitó que Delgado descartara a Raffo como compañera de fórmula y se decantara, en cambio, por Valeria Rippoll, proveniente del movimiento sindical, con pasado en la izquierda y recientemente incorporada al PN. Este movimiento ha sido considerado arriesgado y ha conectado hasta el momento más críticas que apoyos.

En el Partido Colorado, el resultado tuvo como triunfador a Andrés Ojeda (39,5%), que junto a Robert Silva (22,4%), Gabriel Gurméndez 18,6%) y Tabaré Viera (18,1%) recogieron el grueso de las preferencias. De acuerdo a estos resultados, ningún candidato alcanzó el requerimiento establecido en la Constitución, sin embargo, se respetó la preferencia del electorado y Ojeda resultó nominado candidato, llevando como compañero de fórmula a Silva.

Luego de la interna, el hecho más destacado ha sido el retorno a la actividad política del ex candidato presidencial del PC, Pedro Bordaberry, con la apertura de una lista senado que genera reacomodamientos a la interna colorada y cierta expectativa de un repunte que incluso le permitiera al PC disputar el balotaje.

De cara a octubre

De cara a la elección presidencial del último domingo de octubre, el FA tiene una intención de voto superior al 40% para todas las empresas de opinión pública, 10 puntos porcentuales por encima de los guarismos que ofrecía a esta altura en la campaña de 2019. Y en la mayoría de las encuestas se ubica por encima de la suma de los partidos de la coalición de gobierno.

Por otro lado, el gobierno cuenta con fortalezas que favorecerían un buen desempeño electoral de los partidos que lo integran, como la aprobación presidencial, que disminuye respecto a la que obtienen las políticas: seguridad, economía, etc. Parece claro que la figura Lacalle Pou goza de popularidad en la ciudadanía, pero su gobierno no concita tanto respaldo. Y mientras que el presidente no será candidato, dado que no existe la reelección inmediata, sí lo serán muchos de sus más cercanos colaboradores.

El gobierno también se ha visto presumiblemente afectado por los escándalos e irregularidades que se sucedieron a partir de 2022, que involucraron a distintos jerarcas y supusieron la renuncia de ministros y titulares de otros cargos relevantes. Todo esto podría impactar sobre los resultados finales.

Nadie duda que el FA será por sexta vez, y como acontece desde que se aprobó la reforma de 1997, el partido más votado del sistema. Y existen posibilidades razonables de que alcance la mayoría absoluta parlamentaria o quede muy cerca de ella.

Los últimos antecedentes en materia electoral, balotaje de 2019 y referéndum de 2022, mostraron un escenario muy parejo con una pequeña diferencia a favor del actual gobierno. Una interpretación posible, teniendo en cuenta el nivel de aprobación del gobierno, es que este escenario se mantenga, la elección sea muy competitiva y se defina por escaso margen. Cuando el FA estaba en el gobierno y ostentaba estos niveles de aprobación, el resultado fue la reelección.

Pero, por otro lado, los niveles y la estabilidad en la intención de voto favorable al FA, muy parecida e incluso superior a las tres veces que ganó; la ausencia del candidato natural de la coalición (Lacalle Pou); y el costo de gobernar, dan una mayor probabilidad a la alternancia.

Venezuela y América Latina, la democracia, el caos y el control

La deriva dictatorial en Venezuela, enfrentada a una persistente movilización ciudadana que reclama democracia, pone a prueba los límites de la injerencia y la no injerencia externa y la capacidad del entorno regional de incidir en un conflicto con implicancias geopolíticas que amenaza la paz y la estabilidad de la región.

En Venezuela se produjo un fraude electoral escandaloso que parece haber sido prohijado por el régimen venezolano para justificar un endurecimiento represivo y una onda expansiva a escala regional y hemisférica en la que amparar su continuidad en el poder. El libro de José Natanson “Venezuela. Ensayo sobre la descomposición” (Debate, 2024) ayuda a entender los contenidos y el trasfondo de esta crisis sin salida a la vista.

La polarización ideológica además tienta a las narrativas que agitan los fuegos: unos hablan de la lucha contra el comunismo y el socialismo, otros de la lucha contra el fascismo y el imperialismo. La recreación de una nueva Guerra Fría nos transporta a otros tiempos: corremos el calendario 60 años atrás y tenemos al dictador Maduro como una suerte de reencarnación de Fidel Castro, a China y Rusia operando directa o indirectamente en el subcontinente americano y a EE.UU. que observa expectante.

En esa narrativa, como ocurriera entonces, la invocación a la democracia queda cautiva de quienes están jugando otra clase de juego: el juego de la revolución y la contrarrevolución, de la anarquía o el orden impuestos por la fuerza.

Hace veinte años, el libro de Thomas Barnett «El Nuevo Mapa del Pentágono. Paz y Guerra en el siglo XXI» (2004) mostraba un mundo dividido en dos grandes áreas: el «núcleo» y la «zona no integrada». El «núcleo» gozaría de los beneficios del sistema: comercio, comunicaciones, transporte y transacciones monetarias fluidas. La zona «no integrada» está desacoplada del sistema, y vive sumida en el caos y la inestabilidad.

En esta zona de inestabilidad se encontrarían los países del norte de Sudamérica y la cuenca del Caribe con un epicentro: Venezuela. Un mapa que recrea aquellos de los padres de la geopolítica occidental del siglo XX -un “corazón central” o área pivote y anillos periféricos, terrestres y marítimos, donde se desarrollan las disputas entre las potencias por la supremacía-, y que como en espejo simétrico, parecen haber adoptado en Beijing y Moscú para situar a Latinoamérica en la nueva geopolítica global.

La Comisión de Política Exterior del Congreso de Estados Unidos acaba de presentar su informe sobre la Estrategia Nacional de Defensa del país. Nuestra región es una de las menos mencionadas y se la identifica expresamente como “teatro de la competencia entre las grandes potencias”. En este caso, el documento de 132 páginas del Congreso de los EE.UU. explicita que la región es espacio de disputa y subraya la necesidad de urgente preparación para múltiples escenarios de confrontación armada.

Hace 40 años, las transiciones del autoritarismo a la democracia en América Latina se vieron condicionadas por los estertores finales de la Guerra Fría: había que evitar que la pinza del conflicto Este-Oeste -en ese entonces focalizada en Centroamérica- estrangulara los procesos de salida de las dictaduras y democratización.

El proceso de integración tenía así también un propósito estratégico: que las democracias en cada país pudieran afianzarse en un entorno regional libre de conflictos armados y enfrentando con éxito las amenazas de regresión autoritaria. Ahora, se trata de evitar que el conflicto geopolítico global nos arrastre a recorrer el camino inverso, sin malla de contención y en un escenario regional fragmentado. Y Venezuela puede representar, en tal sentido, un verdadero punto de inflexión.

*Texto publicado originalmente en Clarín

La «carabinerización» de la seguridad en América Latina

Los ministerios de Justicia y Asuntos Civiles de Brasil están discutiendo un nuevo paquete de medidas legislativas vinculadas a la seguridad pública. Liderado por el ministro Ricardo Lewandowski, actual titular de la cartera de Justicia y Seguridad Pública del gobierno Lula, el proyecto prevé la creación de un fondo federal para financiar proyectos de seguridad pública. Además de un aumento de los recursos, el proyecto incluye importantes cambios constitucionales y de funcionamiento de determinados cuerpos policiales, con el objetivo de una mayor «carabinerización» de la seguridad en el país, y como reflejo de las dinámicas regionales en la materia.

Buscando «equipar las políticas brasileñas y, sobre todo, el sistema de inteligencia brasileño», en palabras de Lewandowski, el proyecto prevé la inclusión del Sistema Único de Seguridad Pública (SUSP) en la Constitución brasileña. El SUSP «da una arquitectura uniforme al sector nacional y prevé el intercambio de datos, operaciones y colaboraciones en las estructuras federal, estadual y municipal«. Según el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la actual estructura del SUSP no permite la intervención directa del gobierno federal en el día a día de la seguridad de la población, además de que prevé el desacuerdo con los proyectos llevados a cabo por los gobiernos estatales y municipales.

La propuesta presentada tiene muchas similitudes con otras experiencias recientes en América Latina. Generalmente ligadas a grandes cambios constitucionales, con una mayor implicación de los gobiernos nacionales en la aplicación de la ley, han tenido un resultado ambivalente al que debemos prestar atención. Con estas medidas, ha aumentado sobre todo la libertad de la policía para actuar violentamente contra la población, lo que plantea importantes interrogantes sobre su función política en la actualidad.

El panorama latinoamericano de la federalización de la seguridad

Desde principios del siglo XXI, los países latinoamericanos han agrupado sus preocupaciones en materia de seguridad bajo las denominadas «amenazas a la seguridad pública». Tras la ola de liberalización y democratización que vivieron los países de la región en los años ochenta y noventa, las amenazas militares y los niveles de desconfianza entre los países disminuyeron considerablemente.

Esto construyó un consenso regional sobre la idea de que la principal amenaza para la seguridad de las sociedades latinoamericanas ya no eran las tensiones en el escenario internacional, sino las cuestiones relacionadas con la violencia y las actividades de los grupos criminales. Esta visión se consolidó en 2003 con la firma de la Declaración sobre Seguridad en las Américas, que estableció la criminalidad como un tema regional de primer orden, bajo el espectro de la Guerra contra el Terror promovida por Estados Unidos en ese momento. Esta percepción ha provocado cambios importantes bajo la administración de gobiernos de distinto signo ideológico.

Entre 2001 y 2020, los gobiernos latinoamericanos introdujeron treinta y cinco cambios en la organización, el papel y las responsabilidades de las fuerzas de seguridad. Muchos de ellos se debieron al proceso de eliminación de los resabios autoritarios del siglo XX, y se concentraron en la década comprendida entre 2001 y 2011. Durante este período, cinco países introdujeron cambios en su legislación interna sobre fuerzas de seguridad: Brasil, Perú, El Salvador, México y Chile. Este último destaca por haber realizado el mayor número de reformas en materia de seguridad, con revisiones de la Ley de Seguridad del Estado en 2001, 2002, 2004, 2005 y 2010, y de la Ley Antiterrorista en 2002, 2003, 2005 y 2010.

En la década siguiente, otros países siguieron este camino. El cambio en la ley que penaliza el consumo de cannabis llevó a Uruguay a modificar las actuaciones policiales en la materia en 2013, y en 2014 se creó por primera vez en Argentina el Ministerio de Seguridad. Perú realizó cambios en sus cuerpos policiales en 2015, y entre 2016 y 2018 El Salvador y México modificaron su legislación. En estos dos últimos casos, el cambio fue para endurecer las penas vinculadas a la conexión entre instituciones policiales y grupos criminales.

En 2019, México anunció la creación de la Guardia Nacional, creada a partir de la Policía Federal Preventiva, que concentra la capacidad de acción del Ejecutivo federal en materia de seguridad local. Sin embargo, este no es un cambio aislado. En América Latina los gobiernos locales, departamentales y/o estatales están siendo relevados de sus responsabilidades para concentrar su capacidad de acción en el gobierno central o federal de la nación. Esta es la propuesta, por ejemplo, del paquete en discusión en Brasil, que prevé la transformación de la Policía Federal de Carreteras en una policía ostentosa, bajo el mando del gobierno federal brasileño.

La «carabinerización» de la seguridad latinoamericana

Los cambios realizados en el área de la seguridad pública por los gobiernos latinoamericanos representan un fenómeno importante en el escenario regional. La propuesta brasileña de transformar la Policía Federal de Carreteras en un ostentoso cuerpo policial, además de hacerse eco de experiencias en otros países, plantea la cuestión de la politización de estos cuerpos policiales y su indeterminación en América Latina. Basta recordar que este fue el camino adoptado por el gobierno mexicano: la Guardia Nacional creada en 2019 se remonta a la Policía Federal de Caminos, que se transformó en Policía Federal Preventiva en 2000 y en Policía Federal en 2009. Diez años después, recibiría no sólo una nueva nomenclatura, sino mayores responsabilidades.

Este proceso está relacionado con la idea de que las fuerzas de seguridad en América Latina deben ser una parte importante de los mecanismos estatales en la «guerra contra el crimen». Esta retórica, sin embargo, lleva a la construcción de aparatos policiales que dejan de actuar como mecanismo de resolución de crímenes y reparación de daños para convertirse en instrumentos de represión social. No es casualidad que la Policía Federal de Carreteras de Brasil estuviera fuertemente implicada en la represión del acceso de los votantes a los colegios electorales en las elecciones presidenciales de 2022.

Sin embargo, Las políticas alternativas no deben aparecer bajo la bandera del fortalecimiento de la capacidad de acción violenta de la policía contra la población que podrían. La excusa de la lucha contra la delincuencia podría generar la adopción de medidas excepcionales como está ocurriendo en la «guerra contra las pandillas» de Nayib Bukele donde se está llevando a cabo sistemáticamente la tortura de niños y adolescentes bajo el pretexto de la lucha contra la delincuencia. La transformación de las fuerzas de seguridad latinoamericanas en «carabinieri», fuerzas de seguridad intermediarias entre la guerra y el crimen, tiende a acentuar esta dinámica en la región, elemento que puede poner en entredicho la garantía del pleno ejercicio de los derechos humanos y sociales de las poblaciones de América Latina.

Maduro es un represor, pero Milei no es un demócrata

Los acontecimientos postelectorales en Venezuela, luego de que Maduro se proclamara ganador sin mostrar las actas que dan cuenta de su triunfo, no hicieron más que reforzar la falta de institucionalidad y la evidencia del autoritarismo del régimen chavista de Nicolás Maduro. Ante este nuevo y descarado atropello del régimen a la democracia venezolana, las repercusiones a nivel internacional no tardaron en llegar. Líderes de todo el mundo, y sobre todo de la región, se pronunciaron en favor de la transparencia y en contra del fraude. Políticos, tanto de derecha como de izquierda, reivindican la democracia. Y entre ellos el presidente argentino Javier Milei.

Ante el atropello del régimen venezolano, Milei se posiciona en defensa de la democracia en Venezuela, la división de poderes y el respeto a las instituciones, bajo un discurso altamente republicano. Pero el mismo presidente que alardea sobre la necesidad de democracia en Venezuela, no se comporta en consonancia con los valores republicanos en su propio país.

Milei ha mostrado un enorme desprecio hacia el Congreso de la Nación desde que asumió la presidencia, dando su primer discurso de asunción literalmente de espalda al Congreso en las escalinatas del edificio. De hecho, se ha atrevido a decir en varias oportunidades que gobernaría con o sin el Congreso de la Nación.

El presidente argentino agrede e insulta constantemente a los legisladores opositores. El partido de Milei, La Libertad Avanza, que cuenta con una pequeña minoría, tanto en la Cámara Baja como en la Alta, necesita del apoyo de legisladores opositores, y se refiere a ellos como la “casta”, “degenerados fiscales”, “traidores” o “delincuentes” y amenaza con vetar todas las leyes que estos deseen aprobar y que no se encuentran en sintonía con su recetario libertario.

Además, Milei ha elegido como juez de la Corte Suprema de Justicia a Ariel Lijo, un juez que escondió por años decenas de irregularidades de dirigentes políticos corruptos y que no respeta el blindaje imprescindible que debe tener el Poder Judicial respecto a los intereses políticos.

Otro hecho de profundo desprecio hacia la democracia, estuvo signado por la visita de un grupo de legisladores de La Libertad Avanza, que asistieron semanas atrás a un penal para saludar a ex golpistas que han sido condenados por el genocidio de los años 70 de la última dictadura militar en el país; entre los genocidas se encuentra Alfredo Astiz que era el principal encargado de tirar a personas al mar desde aviones de la fuerza aérea.

Decodificación binaria

En Argentina la política -entre otros asuntos- suele decodificarse en modo binario. Pero entender la política y a los políticos de modo binario distorsiona con frecuencia la realidad. Y la distorsión de la realidad nos hace vivir en un mundo de mentiras y simulaciones.

Por ello, al exigir Javier Milei con vehemencia que exista una vida democrática en Venezuela, cuestionando fuertemente al dictador Nicolás Maduro, él se muestra ante el mundo como un paladín de la república. Pero Milei no es un republicano. Milei entiende que la política se decodifica en términos de amigo-enemigo y en ese marco se enfrenta públicamente a diario con sus “enemigos” – quienes piensan y opinan diferente a él -.

El presidente argentino, se enoja, insulta e injuria con frecuencia a los medios de comunicación y periodistas que no lo adulan o no piensan como él. Milei destrata también a artistas o líderes sociales opositores, y los escracha en redes sociales generando un clima de violencia, exacerbando la polarización en la sociedad argentina.

Mientras tanto, y para reforzar esta mirada simplista de la política, Maduro, por su parte, no se cansa de reivindicar a sus amigos kirchneristas exacerbando aún más esta visión binaria. Y bajo este silogismo básico, el kirchnerismo queda enmarcado junto al antidemocrático Maduro, mientras Milei se erige como representante del bando democrático. Y así se construye la elemental construcción binaria argentina de las cosas.

Nicolás Maduro es un líder antidemocrático, un represor y hace muchos años se encuentra subyugando a millones de venezolanos. Y que Milei lo enfrente y cuestione es correcto y parece democrático. Pero parecer democrático no significa ser un demócrata.

En un mundo binario, Milei puede parecer un demócrata. Pero en un mundo de matices, el real, Milei, aunque se oponga al dictador venezolano Nicolás Maduro, no deja de representar a un liderazgo antirepublicano.

El Niño amenaza la agricultura de Centroamérica y el Caribe

El desafío permanente de El Niño

El Niño, caracterizado por el calentamiento del océano Pacífico tropical, plantea un desafío recurrente pero impredecible para América Central y el Caribe. Este fenómeno climático global altera significativamente los patrones climáticos regionales y causa perturbaciones en varios sectores. Durante los años de El Niño, las temporadas de lluvias regulares pueden debilitarse, lo que lleva a sequías prolongadas que agotan los recursos hídricos y la producción agrícola. Por otro lado, también puede dar lugar a lluvias que causan inundaciones y erosión del suelo que dañan los cultivos y la infraestructura. Estos cambios drásticos también complican la planificación a largo plazo y los esfuerzos de sostenibilidad para las comunidades agrícolas.

La frecuencia y la gravedad de los eventos de El Niño pueden estar aumentando debido al cambio climático, en particular el aumento de las temperaturas superficiales del mar. Esto exacerba la vulnerabilidad de los sistemas socioambientales que ya enfrentan problemas como la escasez de agua. La capacidad de pronosticar estos eventos y sus posibles consecuencias sigue siendo limitada, lo que dificulta que los gobiernos y los agricultores se preparen adecuadamente. Esta incertidumbre subraya la importancia de implementar estrategias que puedan adaptarse a las circunstancias cambiantes y, al mismo tiempo, salvaguardar el bienestar y la seguridad alimentaria de la población.

Los efectos económicos y sociales de El Niño son significativos y extensos. En las zonas agrícolas, los patrones climáticos impredecibles pueden provocar pérdidas de cosechas que afecten los ingresos de los agricultores y provoquen un aumento de los precios de los alimentos a nivel local. Este aumento de precios afecta desproporcionadamente a las personas que destinan una parte considerable de sus ingresos a gastos de alimentación, lo que empeora la inseguridad alimentaria y la pobreza.

Además de la agricultura, las repercusiones de El Niño pueden extenderse a otros sectores con implicaciones para la disponibilidad de agua para hogares e industrias, como el sector energético, donde la producción de energía hidroeléctrica puede verse obstaculizada por la disminución de las precipitaciones. Por ejemplo, en Panamá, la disminución de los niveles de agua en la cuenca del Canal de Panamá durante los períodos secos puede limitar el flujo de tráfico marítimo, lo que afecta directamente a una fuente de ingresos para el país y desencadena disrupciones en el comercio mundial.

Los efectos secundarios son igualmente graves. La inseguridad alimentaria puede generar problemas de desnutrición en niños, con efectos duraderos en la salud y el crecimiento. Además, hacer frente a fenómenos meteorológicos cada vez más severos puede tener efectos en las comunidades. La educación puede verse afectada, ya que las familias priorizan las necesidades de supervivencia por sobre las ventajas a largo plazo, como la escolarización, lo que afecta aún más las oportunidades económicas.

Los impactos socioeconómicos ponen de relieve la necesidad apremiante de estrategias que aborden las consecuencias a corto y largo plazo de El Niño. Es necesario que exista cooperación entre sectores y fronteras para reforzar la resiliencia y proteger a las comunidades vulnerables.

Respuestas políticas actuales y sus desafíos

En Barbados, a pesar de la implementación de iniciativas de capacitación para agricultores sobre prácticas climáticas, aún se requiere una implementación extensiva a mayor escala, junto con la integración en políticas de gestión de los recursos hídricos. Se debe hacer hincapié en mejorar la infraestructura para almacenar agua de manera eficiente durante períodos de excedentes y distribuirla de manera eficaz durante las sequías.

La respuesta de Jamaica a El Niño implica la promoción de cultivos de sequía y métodos de riego eficientes, como el de goteo. Sin embargo, el establecimiento de una política a largo plazo sigue siendo un obstáculo. Los esfuerzos deben concentrarse en desarrollar infraestructura que no sólo aborde El Niño, sino que también mitigue los impactos más amplios del cambio climático.

Panamá ha enfrentado sequías severas que han afectado a su sector agrícola, así como al funcionamiento del Canal de Panamá, que es vital para el comercio mundial. En respuesta, el gobierno trabaja para mejorar la gestión de los recursos hídricos y mejorar los métodos para hacer frente a las condiciones climáticas cambiantes. A pesar de estas iniciativas, todavía existe la necesidad de estrategias que combinen la adaptación climática con la planificación económica para garantizar la sostenibilidad y la resiliencia.

En Trinidad y Tobago, el sector energético ha sido el foco principal de este estado de dos islas, y esto se ha combinado con la importancia decreciente de la agricultura y su contribución al producto interno bruto (PIB). Esto resalta la necesidad de un enfoque renovado que priorice la sostenibilidad y la resiliencia climática en previsión de la ocurrencia de El Niño, especialmente dentro del sector agrícola.

Los graves impactos de El Niño en América Central y el Caribe exigen un enfoque unificado que vaya más allá de las acciones nacionales individuales. Este enfoque debe ser multifacético y concentrarse en reforzar la resiliencia, mejorar la gestión de los recursos hídricos y mejorar la preparación y las capacidades de respuesta ante desastres.

Este enfoque debe incluir la integración de la adaptación climática en las estrategias. Al crear directrices regionales que adopten técnicas agrícolas climáticamente inteligentes, como variedades de cultivos resistentes a la sequía y métodos avanzados de riego, la región puede soportar mejor los patrones climáticos impredecibles.

Recomendaciones para un sector agrícola más resiliente:

Para mantener la productividad agrícola, es necesario invertir en infraestructura resiliente al clima. Esto puede incluir defensas mejoradas contra inundaciones, mejoras en los sistemas de recolección de agua de lluvia y el desarrollo de redes de transporte para garantizar el movimiento eficiente de los productos agrícolas. Además, mejorar la capacidad de los sistemas de gestión del agua para almacenar y distribuir el agua de manera eficiente será crucial durante los períodos de escasez.

Una plataforma de intercambio de datos puede ayudar a una mejor preparación para los eventos de El Niño. Esta plataforma debería compartir datos en tiempo real sobre patrones climáticos, rendimientos de cultivos y niveles de agua entre países. El aprovechamiento de tecnologías como imágenes satelitales e inteligencia artificial puede mejorar significativamente la precisión de los pronósticos meteorológicos y la planificación agrícola. La cooperación debería extenderse más allá de las agencias gubernamentales para incluir a las organizaciones no gubernamentales, donantes internacionales, la sociedad civil, comunidades científicas y el sector privado.

Los gobiernos de toda la región deben entablar un diálogo y colaborar, dejando de lado las diferencias para abordar las amenazas ambientales y económicas comunes. Los encargados de formular políticas deberían facilitar un entorno para compartir recursos, intercambiar conocimientos y realizar iniciativas transfronterizas destinadas a abordar los impactos de El Niño.

Además, entidades como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo desempeñan un papel en la oferta de asistencia financiera. Estas organizaciones pueden impulsar proyectos e iniciativas a gran escala que van desde la financiación de estudios climáticos hasta la facilitación de la adopción de tecnologías.

Es esencial involucrar a las comunidades en el centro de los planes de preparación para El Niño. El empoderamiento de los agricultores y los grupos comunitarios mediante la educación, la capacitación y los recursos para la implementación de métodos agrícolas garantizará la resiliencia de las bases. Las campañas de divulgación pública pueden crear conciencia entre las poblaciones sobre El Niño y sus impactos, alentando los esfuerzos de preparación dirigidos por la comunidad.

Finalmente, el sector privado, que comprende las empresas agroindustriales y tecnológicas, puede introducir innovaciones en semillas, herramientas agrícolas y prácticas de conservación del agua. Esta colaboración puede asegurar inversiones para la investigación de tecnologías que mejoren la resiliencia a las fluctuaciones climáticas.

Conclusión

Si bien El Niño presenta desafíos, también ofrece una oportunidad para mejorar la resiliencia a través de la innovación y la colaboración. Al adoptar un enfoque basado en la evidencia, América Central y el Caribe pueden mitigar los impactos negativos de El Niño y avanzar hacia un futuro más sostenible para la agricultura regional.

Las políticas deben ser flexibles, inclusivas y sólidas para adaptarse al cambio climático y a los cambios económicos en nuestra región.

*Chaya La Pierre y Zuhelen Padilla-Barrera son coautoras de este texto

Las utopías del Sur Global

Numerosos acontecimientos han nutrido el debate sobre la crisis del orden liberal internacional y las democracias occidentales. El filósofo español José María Lasalle, por ejemplo, rastrea el origen de estas disquisiciones en tres hechos que han socavado, progresivamente, la confianza global en los valores e instituciones preponderantes tras el fin de la Guerra Fría (El liberalismo herido, 2021). Los atentados terroristas del 9/11, la crisis financiera de 2008 y los ataques al Capitolio estadounidense en 2021 desacreditaron en diversos ámbitos, según Lasalle, los fundamentos del proyecto liberal: igualdad ante la ley, libre mercado y democracia representativa, respectivamente.

Es evidente que nuestro siglo ha refutado tozudamente la profecía fukuyámica del fin de la historia. Además de los acontecimientos referidos por Lasalle, endógenos todos al orden liberal internacional, podemos señalar algunos otros de carácter exógeno. Estos evidencian incluso más claramente los errores de Fukuyama al imaginar un mundo unipolar o despolarizado, en donde la democracia liberal se estableciera como modelo global de toma de decisiones y organización social. Prueba de ello ha sido el ascenso de un cúmulo de países que buscan disputar a Occidente la hegemonía en el sistema-mundo, proponiendo en su lugar alternativas de sociedad poco comprometidas con los derechos humanos y la democracia.

Estos países, hoy articulados en espacios como los BRICS, han adoptado diferentes narrativas para justificar su desdén por valores e instituciones como la pluralidad, la tolerancia y la separación de poderes. Entre tales narrativas destaca la defensa del mundo multipolar como reconocimiento de la emergencia, en los planos geopolítico y geoeconómico, de las naciones del Sur Global, cuya diversidad histórica, cultural e ideológica rechazaría cualquier imposición advenida desde el Norte. En este sentido, los entusiastas del mundo multipolar reclaman la existencia de formas de democracia diferentes al modelo occidental, como diría Chantal Mouffe, supuestamente más legítimas para hacer valer la voluntad popular —pese a la inexistencia de tribunales autónomos, oposición política real o instituciones electorales independientes, como sucede en la “Democracia Soberana” rusa.

¿Reducir la complejidad?

Es un hecho insoslayable que el Sur Global atiende a una realidad geopolítica en aumento, representada por un cúmulo de naciones con pasado colonial, otrora dependientes del Norte y frágilmente integradas al orden internacional de protagonismo euroatlántico. También resulta incontestable que, debido a sus patrones económicos y demográficos, muchos de estos países tienen un peso cada vez más importante en las dinámicas mundiales y regionales, desde  Asia-Pacífico hasta Medio Oriente y América Latina. De esto no se sigue, sin embargo, que pueda agrupárseles, bajo consideraciones ideológicas, a la manera de un bloque homogéneo, orientado a cuestionar “el orden liberal democrático, a escala social, nacional y mundial”, como menciona el profesor Armando Chaguaceda (Sur global y surglobalismo, 2023).

Un artículo reciente de Latinoamérica21, escrito por el académico Alberto Maresca, parece asumir esa perspectiva surglobalista. Según Maresca, es natural que la agencia creciente de los países del Sur Global desplace a la democracia liberal como prioridad. De igual modo, para nuestro autor, el Sur Global constituye a la vez una realidad y una utopía, gracias a la que diferentes naciones pueden obtener “resultados positivos” en materia financiera y de infraestructura; forjar “un ámbito horizontal de relaciones internacionales”; y “reducir la dependencia del dólar estadounidense”, lejos de cualquier intento por constituir nuevas “estrategias militares al estilo de la OTAN”.

De acuerdo con Maresca, es un error criticar al Sur Global por su diversidad inherente. No obstante, desde mi punto de vista, asumir el carácter heterogéneo del Sur Global —o los “sures globales”, como diría Chaguaceda— resulta útil a fin de desmontar los mitos en torno a este grupo de países y sus muy variadas relaciones. En primer lugar, las naciones en cuestión, de acuerdo con los indicadores establecidos, no comparten niveles iguales de ingreso o desarrollo humano, incluso dentro de una misma región, hecho que abre la puerta a interacciones asimétricas y potencialmente dependientes.

En segundo lugar, no todos los países del Sur Global rechazan el “consenso unánime” occidental que Maresca critica, esencialmente fundado en la democracia liberal y los derechos humanos. En América Latina es bien conocido el compromiso de los gobiernos de Uruguay y Chile con estos valores, reflejados en sus respectivas posiciones sobre acontecimientos como la invasión rusa de Ucrania o, más recientemente, el fraude electoral perpetrado por el chavismo en Venezuela. En el sudeste asiático, países como Singapur y Filipinas también han condenado la “operación militar especial” de Rusia, así como los ataques terroristas de Hamás en Israel durante el pasado 7 de octubre (Southeast Asia and the Global South: rhetoric vs reality, 2024).

En tercer lugar, es difícil sostener que los países del Sur Global mantienen entre sí “relaciones amistosas” —como alardea la política exterior china, incluso cuando coexisten en espacios multilaterales más o menos institucionalizados—. Al lado de Rusia, China e India son dos de los campeones del Sur Global y de los BRICS. Pese a ello, los dos países sostienen una disputa de larga data por los territorios fronterizos de Aksai Chin, la cual ya ha dejado tras de sí algunos enfrentamientos violentos entre fuerzas militares. La competencia por la hegemonía en el océano Índico también ha despertado algunas batallas diplomáticas entre Pekín y Nueva Delhi, quienes buscan aumentar su respectiva influencia en Maldivas. Una asociación pacífica, estable y duradera entre las potencias del Sur Global parece, pues, improbable frente a acontecimientos de esta naturaleza.

Desmontando mitos

Preguntémonos ahora, con base en lo desarrollado, si es verdad que potencias no occidentales como Rusia, China e Irán representan una oportunidad para que otros países del Sur Global obtengan diversos beneficios. Para el caso de América Latina, Irán es un socio comercial apenas significativo. De acuerdo con los datos más recientes del Banco Mundial, el valor de las exportaciones latinoamericanas hacia la República Islámica ascendió, en 2021, a poco más de 3.000 millones de dólares. Esta cantidad representa menos del 1% del total de las exportaciones regionales hacia mercados como el de Estados Unidos, según los mismos datos.

En términos económicos, Rusia también es un actor tangencial para América Latina. De acuerdo con un informe de la CEPAL, entre 2007 y 2021 la Federación Rusa apenas figuraba como país de origen de Inversión Extranjera Directa para el caso de Guatemala (Foreign Direct Investment in Latin America and the Caribbean, 2022). De igual forma, los casi 6.000 millones de dólares de las exportaciones latinoamericanas hacia Moscú se encuentran todavía muy lejos de competir con los flujos comerciales que para la región representan Estados Unidos, China, Alemania, Corea del Sur o Japón, según el Banco Mundial.

Por otra parte, la República Popular China (RPC) se ha convertido en uno de los socios comerciales más importantes para América Latina. De acuerdo con datos oficiales, en naciones del Cono Sur como Brasil y Argentina, el gigante asiático ya supera las importaciones y exportaciones de Estados Unidos, posicionándose como el principal socio comercial. No obstante, las relaciones de este tipo entre China y Latinoamérica resultan problemáticas por al menos dos razones. En primer lugar, porque las balanzas comerciales de los países de la región reportan enormes déficits a favor de Pekín. El caso más reciente es el de México, quien tiene un saldo negativo de 108.000 millones de dólares en sus intercambios con la RPC. Debido a ello, el ministro de finanzas mexicano expresó en días pasados: “China nos vende, pero no nos compra, y ese no es un comercio recíproco”.

Asimismo, las relaciones comerciales entre China y algunos de sus socios no occidentales recuerdan más bien a un intercambio Norte-Sur —si se quiere, Centro-Periferia— que a un vínculo horizontal “Sur-Sur”. En América Latina, los intereses comerciales del gigante asiático parecen ser esencialmente extractivistas, lejos de promover la “prosperidad compartida” que el Partido Comunista Chino celebra en su discurso. Nuevamente, estadísticas del Banco Mundial o de centros de investigación como la Red ALC-China muestran que la RPC tiene un gran interés en los recursos naturales latinoamericanos, particularmente en el sector minero, el cual se ha convertido en uno de sus principales proveedores de cobre, hierro y, más recientemente, litio. 

En otro orden de cosas, sería impreciso decir que países del Sur Global como China, Rusia, Irán y, sumemos ahora, Corea del Norte, no buscan la configuración de alianzas militares antioccidentales. La OTSC representa un claro ejemplo de organización defensiva paralela a la OTAN, encabezada por Rusia y sus aliados euroasiáticos. A diferencia del organismo atlántico, no obstante, la OTSC aspira a aumentar la influencia del Kremlin en los alineamientos y decisiones de los países que la integran. Tampoco pueden ignorarse, por otro lado, las alianzas informales que estas naciones sostienen entre ellas mismas y con otros socios del Sur Global. Así, la “amistad sin límites” entre China y Rusia manifestó recientemente su potencial bélico, al desarrollar ejercicios militares conjuntos en el marco de la iniciativa Joint-Sea 2024.

Es bien conocido, además, el apoyo armamentístico que Irán, China y Corea del Norte han prestado a Rusia para sostener su agresión injustificada a Kyiv. Drones iraníes, así como misiles y municiones norcoreanas, han servido para derribar objetivos ucranianos, mientras que la tecnología china de doble propósito sigue alimentando el complejo industrial-militar del Kremlin. América Latina también es escenario de estas prácticas. En días pasados, una flota de buques rusos y un submarino de propulsión nuclear arribaron a Cuba, realizando en su viaje por el Atlántico ejercicios militares. Asimismo, Venezuela recibió en julio al buque Almirante Gorshkov de la Armada rusa con el fin de “profundizar la cooperación técnico-militar” entre los dos países.

Estos acontecimientos reflejan la heterogeneidad del Sur Global y plantean dudas sobre el lugar de China, Rusia e Irán en él. Mientras este grupo de países siga reforzando mutuamente sus objetivos militares y establezca relaciones asimétricas con otras naciones, ¿no sería, acaso, más conveniente integrarlo en una especie de “Norte autocrático”, distinto del Norte occidental de vocación democrática? La estrategia global de estos actores reclama un esfuerzo intelectual para pensar nuevos conceptos y ajustar los existentes a un mundo en devenir acelerado. Asimismo, abre la posibilidad de concebir al Sur Global como una realidad no precisamente ajena a los valores occidentales. Como en alguna ocasión expresó Tulasi Srinivas, las discusiones sobre “modernidades alternativas” no deberían conducir a fundamentalismos ni particularismos, sino aceptar que “pueden existir otras alternativas democráticas y plurales” (“A Tryst With Destiny”: The Indian Case of Cultural Globalization, 2002).

Control de armas de fuego e incidencia delictiva en México

El control de las armas de fuego y la criminalidad armada en México son temas de suma importancia, especialmente en el contexto de las disparidades entre sus 32 entidades federativas. A través de datos cuantitativos oficiales, se revela cómo las acciones de control, como el canje y registro de armas, no están necesariamente vinculadas a la incidencia delictiva, mientras que el aseguramiento de armas muestra una correlación significativa con la comisión de delitos. Este texto ofrece una visión detallada de la compleja situación actual, basada en fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional, las Procuradurías y Fiscalías de las entidades federativas y la Fiscalía General de la República.

Control de armas de fuego

La violencia armada es un fenómeno global que causa la muerte de más de 600 personas diariamente, según Amnistía Internacional. En México, la mayoría de los homicidios son perpetrados con armas de fuego ilegales provenientes de Estados Unidos, lo que representa un factor crucial en la incidencia delictiva del país. Aunque existen diversas políticas públicas y propuestas legislativas para controlar las armas de fuego, la violencia armada sigue siendo una preocupación significativa cuyo origen y magnitud aún no se comprenden completamente.

El control de armas de fuego en México presenta una notable variabilidad entre las diferentes entidades federativas que lo integran. Al examinar cuatro aspectos clave del control de armas —registro, licencias de portación, programas de canje y aseguramiento— se revelan las disparidades importantes en la implementación y efectividad de estas medidas a nivel nacional, evidenciando las diferencias regionales y la complejidad del panorama actual de la violencia armada en el país.

Registro de armas. La Ciudad de México destaca como la entidad con la mayor proporción de armas de fuego registradas. Sin embargo, estados densamente poblados como el Estado de México y Puebla presentan cifras de registros considerablemente bajas, al tiempo que, en estados menos poblados como Colima y Campeche, la proporción de registros es curiosamente alta. Esto refleja una distribución desigual en el registro de armas a nivel nacional.

Licencias de portación. Las licencias de portación de armas de fuego también muestran una disparidad significativa en su distribución. La Ciudad de México nuevamente se destaca con la mayor tasa de otorgamiento, seguida de Nuevo León, Querétaro y Campeche. En muchos otros estados, el número de licencias otorgadas es extremadamente bajo, con algunas cifras cercanas a cero.

Canje de armas. El programa de canje de armas de fuego es más activo en la Ciudad de México, junto con Sinaloa, Coahuila, Durango, Chiapas, Baja California y Sonora. Por otro lado, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz, Puebla y Tabasco tienen las tasas de canje más bajas. Estas diferencias reflejan disparidades regionales significativas, especialmente entre el norte y el sureste de México.

Aseguramiento de armas. En términos de aseguramiento, Tamaulipas lidera con el mayor número acumulado, seguido de Sinaloa, Michoacán y Guerrero. Estas entidades se encuentran en la región del Pacífico, donde el aseguramiento de armas largas es predominante. En contraste, Yucatán tiene el menor aseguramiento, seguido por Chiapas, Estado de México y Campeche, donde predominan las armas cortas.

Delitos con armas de fuego

La incidencia delictiva relacionada con el uso de armas de fuego en México muestra variaciones significativas entre las entidades federativas. Este análisis aborda tres tipos de delitos: lesiones por armas de fuego, homicidios y delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Los datos revelan patrones regionales distintivos, con algunas entidades registrando tasas altas de violencia armada, mientras que otras presentan niveles comparativamente bajos. Estas diferencias subrayan la complejidad de la violencia armada en el país y la necesidad de enfoques regionales específicos para abordar este problema multifacético.

Lesiones por armas de fuego. Guanajuato, Michoacán y el Estado de México registran la mayor tasa de lesiones por armas de fuego, mientras que Tlaxcala, Yucatán, Baja California Sur, Tamaulipas y Coahuila presentan las tasas más bajas. Esta distribución sugiere diferencias regionales en la incidencia de violencia armada.

Homicidios. Colima reporta la mayor tasa de homicidios, superando significativamente a otras entidades. Yucatán, Coahuila, Baja California Sur y Aguascalientes se encuentran en el otro extremo con las tasas más bajas de homicidios. Estas variaciones reflejan la complejidad de la violencia armada en diferentes regiones del país.

Delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Colima, Sonora y Baja California tienen la mayor proporción de delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, mientras que Yucatán, Durango y Tabasco tienen las menores proporciones. Estos datos indican una disparidad en la comisión de delitos relacionados con armas de fuego en distintas partes del país.

Correlación entre control de armas y delincuencia

El análisis de los datos revela que el canje y registro de armas no tienen una correlación estadísticamente significativa con la comisión de delitos. Esto sugiere que estas acciones de control no repercuten cuantitativamente en la reducción de la criminalidad armada. Sin embargo, existe una correlación positiva entre el aseguramiento de armas y la comisión de delitos (a medida que incrementa el número de armas aseguradas, también incrementa el número de delitos perpetrados con estas), lo cual, a pesar de parecer una inconsistencia, más bien estaría indicando una estrategia reactiva más que preventiva en el control de armas.

Las necesidades de control de armas y reducción de la incidencia delictiva varían significativamente entre las 32 entidades federativas de México. La diversidad de realidades regionales plantea la necesidad de adaptación de políticas públicas específicas y la cooperación entre entidades. Es fundamental abordar estos desafíos de manera efectiva y equitativa, considerando las diferencias en la magnitud del problema en cada entidad federativa y región del país.

Se subraya, además, la importancia de desarrollar estrategias de control de armas que sean tanto preventivas como reactivas y que se adapten a las particularidades de cada demarcación. La colaboración entre diferentes órdenes de gobierno y la implementación de políticas basadas en evidencia son esenciales para enfrentar de manera eficaz la violencia armada en México.

*Este texto se basa en el artículo “Violencia armada en México: análisis cuantitativo sobre control de armas de fuego y su correlación con la incidencia delictiva” publicado en Quórum Legislativo 143, pp. 153-196, https://bit.ly/4d7mAQa, cuyos datos en su mayoría corresponden al año 2022.