Según los anuncios, en diciembre de 2024 los bolivianos asistiremos a las urnas para tomar decisiones de todo color y sabor. Según la propuesta del presidente Luis Arce del 6 de agosto, tendremos que optar entre si Evo Morales va o no como candidato en 2025. También se consultará si el Tribunal Supremo Electoral (TSE) obedece o no al último censo de población y vivienda y cambia la actual distribución de número de diputados por departamento por número de habitantes. Por último, nos encargarán dar un voto afirmativo o negativo en relación con la suspensión del congelamiento en los precios de los carburantes. Por si esto fuera poco, el pasado martes el TSE ha anunciado la celebración de elecciones judiciales para el 1 de diciembre del presente año.
Pero, ¿a quién le interesa decidir sobre estos temas? A muy pocos, en realidad. Esto se explica por la sencilla razón de que estos asuntos ya están escritos en la actual Constitución Política del Estado Plurinacional (CPEP), y no cabe consulta alguna. El tema de la reelección ya está claro: no puede haber más de una reelección continua y quienes violen este mandato deben sufrir penas. Lo mismo ocurre con la distribución de escaños por departamento, y ni qué decir de la facultad privativa del presidente del estado para tomar decisiones en asuntos de política económica.
En rigor, todos estos temas los bolivianos ya lo hemos resuelto en 2009, cuando aprobamos por mayoría y en referendo la Carta Magna que fue discutida en la ciudad de Sucre, después redactada en la ciudad de Oruro y finalmente pactada en el Congreso Nacional. Lo que cabe solo es su aplicación razonada y rigurosa.
Analizando caso por caso, las elecciones judiciales no despiertan expectativa porque la gente está persuadida de que, gane quien gane, la justicia no se hará más competente, más rápida y más honesta sino todo lo contrario. Por otro lado, si gana la opción del no a la reelección, Morales estará vetado de postular a un nuevo mandato, pero, en realidad, no se habrá avanzado mucho, ya que, dada la escuálida situación de la oposición partidaria, es poco probable que en las próximas elecciones presidenciales triunfe otro candidato que no sea uno del Movimiento al Socialismo (MAS). Se elegirá a uno más joven o más viejo, más letrado o más bárbaro, pero el resultado será el mismo: la continuación del evismo sin Evo.
Lo mismo pasa con la posible consulta respecto al levantamiento de la subvención a los carburantes. Cualquier opción que gane, la situación será la misma: no tenemos un aparato productivo robusto que genere divisas por exportaciones que puedan sustituir a la declinante producción de gas y petróleo.
Finalmente, en el tema de la redistribución de los curules por departamento, sea cual fuere el veredicto de las urnas, se mantendrá la lógica gubernamental de debilitar o anular el poder de las regiones.
En suma, todas las consultas o elecciones propuestas no importan a la gente sino a las elites políticas. Las facciones que responden a Luis Arce (arcistas) y a Evo Morales (evistas) buscan que la ciudadanía, con su voto, defina aquello que ellos no pueden o no quieren resolver. Es verdad que todos estos temas hoy copan los titulares de periódicos, y la política pareciera girar sobre estos ejes de discusión; sin embargo, esta no es la realidad. La gente siente que todos esos puntos son asuntos de los políticos pero no de ellos, no del mundo popular que ve que la capacidad adquisitiva de sus ingresos disminuye cada día.
Hoy existe una doble polarización en nuestro país. La primera envuelve a las elites políticas del MAS y su pugna interna y ya ha ocasionado un descalabro político y económico de proporciones. La segunda, menos notoria, es la que se da entre la gente y el MAS. La política en Bolivia vive en realidades paralelas, con prioridades y agendas distintas.
El MAS cree que está actuando bien porque hasta el momento no encuentra partido opositor competitivo. Sigue dilapidando su capital político como si fuera eterno. No se da cuenta o no quiere darse cuenta del mensaje de octubre de 2019: la gente, aun sin dirección y liderazgo político, puede salir a las calles a desalojar del poder a un mal gobierno y para ello no necesita ni de elecciones, ni de consultas ni de referéndums: solo de su poder en las calles.
