Qué es diferente esta vez en Venezuela
El 28 de julio, aniversario del nacimiento de Hugo Chávez, los venezolanos emitieron sus votos en una elección presidencial. Desde 1999, la oposición no había podido derrocar a la “revolución bolivariana”. Esta vez, sin embargo, encuestadores serios estimaron una amplia victoria para el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia. La mayoría de las elecciones en Venezuela no han sido libres ni justas durante mucho tiempo, pero a pesar de ser conscientes de las condiciones injustas, la preferencia de los venezolanos por una transformación pacífica del conflicto motivó a los ciudadanos a votar. Esta vez fue diferente: el gobierno de Nicolás Maduro ha participado en lo que parece ser un fraude masivo sin precedentes, manipulando los votos y negándose a hacer públicos los recuentos desglosados por estado, municipio y centro de votación. Esta intensificación de las irregularidades electorales plantea nuevos desafíos a la perspectiva de una transición democrática que requiere una estrategia de respuesta nacional e internacional adecuada.
Una historia de represión
Esta no fue la primera vez que los ciudadanos votaron en condiciones injustas. El abuso de los recursos estatales en las campañas políticas ha sido algo común desde que el fallecido presidente Hugo Chávez encabezó la Revolución Bolivariana. La revolución de Chávez, que lleva el nombre del héroe de la independencia del país, Simón Bolívar, tuvo como objetivo durante mucho tiempo establecer un estado socialista mediante la redistribución de la riqueza, la nacionalización de industrias clave, programas sociales y la disminución de la influencia extranjera.
El panorama económico de este movimiento ha cambiado considerablemente en los últimos años, a medida que Maduro empujó a Venezuela hacia una forma de capitalismo neopatrimonial y autoritario, pero su voluntad de permanecer en el poder a toda costa solo se ha intensificado. Durante mucho tiempo, los opositores han sido enmarcados como marionetas de Estados Unidos y actores de extrema derecha. También se utilizaron la manipulación de los distritos electorales y el legalismo autocrático para desmovilizar a las fuerzas antichavistas.
Sin embargo, los patrones de represión cambiaron bajo los gobiernos de Nicolás Maduro. Políticos de oposición, activistas, defensores de los derechos humanos y periodistas se han visto obligados a exiliarse; los partidos han sido despojados de su estatus legal y de sus símbolos partidarios. Los disidentes chavistas también han sido objeto de represión. Estos son solo algunos ejemplos del arsenal de irregularidades.
En la última década, el gobierno redobló la apuesta por estas tácticas, buscando fragmentar a la oposición y dificultarle mucho la competencia. Pero hasta entonces el gobierno se había mostrado reacio a alterar abiertamente el resultado de las elecciones. En 2013, por ejemplo, la oposición denunció fraude pero no pudo ofrecer pruebas de manipulación de votos. Unos años más tarde, en 2015, la oposición participó en las elecciones legislativas bajo la coalición conjunta MUD, obteniendo una victoria aplastante.
Si bien la élite gobernante desmanteló la Asamblea Nacional y desató una represión sin precedentes después de las elecciones, inicialmente reconoció los resultados, y Maduro incluso asistió a su sesión inaugural. Más tarde, en 2016, el gobierno utilizó los tribunales para rechazar un referendo revocatorio que el gobierno probablemente habría perdido si se hubiera celebrado.
Un precedente directo de manipulación de votos fueron las elecciones regionales de 2017, donde el gobierno había cometido fraude al alterar el recuento de votos a nivel de los centros de votación, como lo demostró el candidato de la oposición a gobernador del estado Bolívar, Andrés Velázquez. Desde que perdió su competitividad, el gobierno ha buscado constantemente empujar a la oposición a una estrategia de boicot, que reduciría los costos de revertir o no reconocer los resultados.
Este fue el escenario en 2018 cuando los actores tradicionales de la oposición decidieron boicotear las elecciones presidenciales en un momento en que Maduro tenía un bajo índice de popularidad debido a la grave crisis socioeconómica. En 2021, la oposición volvió a una estrategia electoral para desafiar al titular durante las elecciones regionales. Cuando ganó la oposición, el gobierno inicialmente reconoció los resultados, pero posteriormente amenazó a los alcaldes y gobernadores de la oposición una vez en el cargo.
Si bien el régimen ha utilizado diversos medios para contrarrestar la voluntad del pueblo, no se había producido un fraude flagrante en una contienda a nivel nacional hasta esta elección.
¿Qué es diferente esta vez?
El chavismo entró en la contienda con la expectativa de que la oposición se fragmentaría antes de las elecciones. A pesar de todos los incentivos que el gobierno impuso para causar divisiones, como la represión selectiva de los oponentes tradicionales y el margen de maniobra para los grupos cooptados, las élites opositoras que antes eran radicales recurrieron a las elecciones para derrotar al gobierno.
Las élites en el poder también hicieron campaña sabiendo que tendrían problemas para movilizar a las bases chavistas. Durante varios años, los chavistas descontentos han presionado y cuestionado a la élite gobernante, exigiendo que se respeten sus derechos y antiguos beneficios; también han señalado críticamente la corrupción y la riqueza desmedida entre las élites gubernamentales.
En este contexto, el gobierno hizo nuevas promesas y se basó en viejas tácticas de intimidación y vigilancia para movilizar a sus simpatizantes. El gobierno también se basó en un discurso desgastado de resentimiento social, argumentando que la oposición estaba liderada por la vieja oligarquía, cuyos “apellidos” se usaban para gobernar el país. Muchos venezolanos señalaron el carácter cínico de esta campaña liderada por un puñado de individuos que han gobernado durante más de dos décadas.
Pero la elección también fue el resultado de cuidadosas negociaciones internacionales, donde la administración estadounidense proporcionó un alivio crucial de las sanciones a cambio de condiciones electorales mínimas, al tiempo que alentaba a la oposición a volver a la vía electoral. En parte debido a los Acuerdos de Barbados, la Plataforma Unitaria, una alianza de partidos de la oposición, organizó una elección primaria, donde María Corina Machado fue elegida como candidata unitaria. El gobierno violó con frecuencia los términos del acuerdo, pero la oposición siguió centrada en derrotar a Maduro en las urnas. Como Machado siguió sin poder postularse para un cargo, la alianza finalmente se quedó con lo que se suponía que sería un reemplazo temporal, el ex diplomático Edmundo González Urrutia, quien se presentó contra el titular.
Alcance del fraude y profundidad de la victoria
Esta es una elección nacional donde el cargo de la presidencia estaba en juego. El gobierno ha alegado que la piratería electrónica extranjera en el sistema de transmisión retrasó la tabulación de los datos de los colegios electorales a la sede del Consejo Electoral. Y, sin embargo, con un aparente 80% de los votos contados, el Consejo declaró a Maduro como ganador con poco más del 51% de los votos. No se ha proporcionado un desglose de la votación por estado, municipio y centro de votación, como es la norma. Por otro lado, la oposición afirma que sus testigos sufrieron intimidación, y que muchos fueron retirados a la fuerza de los centros de votación. Aun así, los observadores electorales lograron reunir más del 80% de los escrutinios, lo que muestra un margen de casi 70% a 30% a favor de Edmundo González.
Si bien no se han verificado por completo, hasta ahora, la mayoría de las pruebas indican que el recuento de la oposición es el resultado correcto. De ser cierto, esta sería la primera vez en 25 años que la oposición no solo gana una elección presidencial, sino que lo hace con una victoria aplastante. Según estos resultados, el gobierno perdió todos los estados y todos los municipios por un amplio margen. Los resultados ya no revelan una división urbano-rural que era común en años anteriores del chavismo. Tampoco muestra un sesgo de la clase trabajadora y del sector popular a favor del gobierno.
Vemos, en cambio, un amplio rechazo al gobierno, lo que en parte explica las consecuencias inmediatas del anuncio. En todo el país estallaron masivas protestas espontáneas y cacerolazos (una forma tradicional de protesta en la que la gente golpea cacerolas y sartenes). Comenzaron en los barrios populares, no en los bastiones tradicionales de la oposición de clase media y alta.
Al optar por participar en las elecciones en las peores condiciones desde 1999, los actores de la oposición pudieron capitalizar el descontento interclasista por primera vez. Además, como los ciudadanos participaron activamente en la organización y movilización en torno a las elecciones, así como el día de las elecciones, se sintieron parte de un movimiento pro cambio y, por lo tanto, personalmente estafados cuando el gobierno anunció los resultados. Participar y ganar por un margen tan amplio impuso el conocido dilema de reconocer y negociar o participar en un fraude masivo. Dados los altos costos de salir, la élite gobernante ha elegido esto último.
El camino a seguir
Venezuela está entrando en una nueva y peligrosa fase de su conflicto. El gobierno ha aumentado rápidamente la represión contra los manifestantes y está implementando mecanismos de vigilancia e intimidación contra la población. Está empleando diferentes tácticas represivas para fragmentar y desmovilizar a la sociedad. Imágenes y videos de comunidades populares revelan que grupos armados afines al régimen intimidan a los ciudadanos e imponen toques de queda. En los sectores obreros y de clase media, se apoyará en una fuerte presencia policial y militar. Las élites de la oposición han sido acusadas de fascistas y las élites del régimen han pedido el encarcelamiento de Machado y González Urrutia. Esta escalada está aumentando los costos de la participación y el disenso abierto.
Si bien esto es cierto, al elegir una estrategia de resistencia democrática pacífica e institucional, la oposición ha creado impulso para un movimiento pro democracia diverso y transclasista. A nivel de la élite, los líderes de la oposición deben seguir siendo resilientes frente a las estrategias de fragmentación previstas por el gobierno.
Ahora es el momento de abrir aún más la carpa, ya que los anuncios recientes de intelectuales, ex ministros y líderes del chavismo y otros candidatos a las elecciones presidenciales demuestran que se puede forjar una amplia coalición por la democracia. Algunos de estos líderes, que antes eran críticos de la oposición tradicional pero ahora piden la publicación de los resultados y la reversión del fraude, pueden servir de puentes entre las facciones gubernamentales que temen la represión pero están considerando la posibilidad de disentir abiertamente, y el movimiento pro democracia.
Para que el deseo de cambio de los venezolanos se materialice, los opositores deben seguir comprometidos entre sí y con una estrategia de base interna. Las experiencias pasadas con movimientos paralelos y fuera del sistema, como el “gobierno interino” encabezado por el ex legislador Juan Guaidó, descarrilaron a los opositores y desmovilizaron a la sociedad.
Más allá de navegar por los intereses de las comunidades exiliadas y otros actores extranjeros que podrían verse tentados a apresurarse a ejercer la máxima presión sin considerar las nuevas restricciones impuestas después de los resultados, los opositores deben aprovechar el arte de la diplomacia de alto nivel. Varios gobiernos, incluidos los de Estados Unidos, miembros de la Unión Europea y América Latina, ya han pedido transparencia y verificación inmediata de los resultados electorales.
Asimismo, organizaciones internacionales y grupos de derechos humanos han exigido el fin de la represión contra los manifestantes. El papel de los gobiernos históricamente tolerantes con el chavismo es crucial, como los de Brasil y Colombia. Deben permanecer vigilantes, seguir exigiendo la divulgación de los resultados y operar en coordinación con otros gobiernos latinoamericanos, así como con Estados Unidos, para ofrecer una vía diplomática para una solución negociada a esta crisis.
Las élites de la oposición deben cuidar el impulso que han ayudado a construir con los movimientos de base, la sociedad civil organizada y los ciudadanos comunes. Ambos líderes se han dirigido a los ciudadanos en persona tres veces: dos veces después del anuncio de los resultados el 29 de julio y nuevamente el 30 de julio. También han publicado mensajes en sus plataformas de redes sociales.
Si bien es comprensible que, en medio de una ola de represión, el liderazgo sea cauteloso, es esencial organizar y canalizar el descontento de manera consistente. Esto comienza por elaborar mensajes que tengan en cuenta las necesidades y realidades de los diferentes grupos dentro del campo pro cambio, incluidos aquellos que están siendo más duramente reprimidos por el gobierno. La causa común de este bloque heterogéneo es la verificación y el respeto de los resultados electorales. La preferencia de la sociedad por una solución pacífica al conflicto debe ser respetada por la oposición. Cualquier acto de violencia debe seguir siendo rechazado, como lo han sostenido hasta ahora Machado y González Urrutia.
La oposición también debe encontrar formas de apoyar a las comunidades que son blanco de la represión. Las víctimas de la violencia necesitarán recursos materiales e inmateriales para enfrentar las trágicas consecuencias de su deseo de cambio.
En las elecciones del 28 de julio, el gobierno entró en un nuevo nivel de irregularidades electorales, alejándose de cualquier pretensión de rendición de cuentas democrática. Esta ruptura de la confianza en el pueblo venezolano marca el comienzo de nuevos desafíos para una transición en Venezuela. Aunque el gobernante autoritario tiene la ventaja hasta ahora, la sociedad venezolana y la oposición pueden trabajar con actores internacionales para exigir una verificación transparente de los resultados electorales y la apertura democrática.
Los venezolanos ya cumplieron con las expectativas de los actores internacionales al participar a pesar de todos los riesgos y costos. Permitir que el gobierno se salga con la suya mediante fraudes no solo aumentaría los riesgos de disenso y provocaría más desplazamientos, sino que también incentivaría a otros autócratas a seguir el mismo camino en otros lugares.
Este artículo refleja únicamente las opiniones de los autores.
*Texto publicado originalmente en Verfassungsblog
