El Sur global también puede incluir al Norte

Alberto Maresca
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El Sur global también puede incluir al Norte

El Sur Global no debe ser evaluado desde perspectivas ideologizadas y amenazantes. Para construir un orden mundial multipolar basado en el diálogo entre el Norte Global y el Sur Global, ciertas posturas son perjudiciales. Los discursos hegemónicos o militaristas rodean las interacciones entre regiones como América Latina y el Caribe con China, Irán y Rusia. En cambio, lo que motiva al Sur Global a forjar una estructura horizontal y multirregional, cristalizada en los BRICS, son cuestiones políticas, económicas y sociales. Ninguno de ellos implica excluir al Norte Global; es más bien un intento de contrarrestar los desafíos mundiales que el orden liberal posterior a la Guerra Fría no pudo abordar.

Cuando, en 1989, Francis Fukuyama imaginó el «fin de la historia», se supuso que el mundo era unificable bajo el liberalismo occidental. Por lo tanto, no había necesidad de ninguna división entre el Norte y Sur Global. La globalización habría sido el vector para desafiar las divisiones y las diferencias propias de los bloques, como las que se experimentaron durante la Guerra Fría. Aunque las guerras, los golpes y las crisis económicas persistentes han demostrado que la historia no terminó en absoluto, este enfoque posterior a la Guerra Fría todavía se aplica al Sur Global.

En la década del 2000 se mantuvo el declive de la hegemonía de Estados Unidos, que, como señala el experto Ikenberry (2018), está entrelazada con la crisis del orden liberal. En este contexto, y casi simultáneamente, el Sur Global alzó su voz bajo la etiqueta de BRIC, convirtiéndose en BRICS con la entrada de Sudáfrica. Se han dirigido todo tipo de críticas y escepticismo hacia los intentos de integración del Sur Global. Una de las narrativas reiteradas se refiere a la falta de características comunes en la mayoría de la población mundial, incluso en foros como los BRICS, el Movimiento de Países No Alineados y el G77.

Sin embargo, la falta de comprensión sobre el Sur Global no debería implicar su inexistencia. Países desde América Latina y el Caribe hasta África y Asia están forjando un ámbito horizontal de relaciones internacionales. Esta tendencia no es sólo una reacción o un contraataque al colonialismo occidental, al imperialismo o a la hegemonía estadounidense, ya que los intereses propios, contrariamente a lo que sostienen los realistas, no son los únicos impulsores de este cambio. Los actores del Sur Global encuentran consenso en valores políticos como la soberanía, la autodeterminación y la vinculación al sistema de las Naciones Unidas. Además, analogías económicas específicas explican la lógica detrás de las interacciones del Sur Global.

Los legados de la deuda externa, la dependencia del dólar estadounidense, la alta desigualdad y las economías extractivas son límites para el Sur Global. En otras palabras, es simplemente incorrecto afirmar que la diversidad del Sur Global invalida su existencia, ya que, de hecho, existen desafíos compartidos. Podríamos afirmar que los países del Sur Global, social y económicamente, están reaccionando a la imposición del liberalismo del Norte Global.

Esto no quiere decir, a modo de ejemplo, que los Estados latinoamericanos estén dispuestos a emular el modelo chino, iraní o ruso. En cambio, entre todas las diferencias que existen dentro del Sur Global, hay un terreno común y una necesidad de diversificación-emancipación del liberalismo hegemónico, que tenía a Estados Unidos a la cabeza de las relaciones internacionales. Si comparamos el Sur Global con sus homólogos del Norte, es decir, el G7, vemos que este último ofrece un consenso unánime sólo en torno a unos pocos valores, como la democracia liberal, en parte el cristianismo (con excepciones como Japón) y el orden internacional basado en algún tipo de normas.

La paradoja es que el orden liberal ha mostrado deficiencias ya bien conocidas y enfrentadas directamente por el Sur Global. Para aclarar, la mayoría de los países del Sur Global han intentado obtener ingresos de instituciones financieras internacionales y organismos multilaterales de Occidente, basta pensar en el Consenso de Washington. Aún así, los resultados no fueron eficientes ni apropiados para los contextos locales. La historia es una prueba para el Sur Global de oportunidades perdidas, en parte debido a las imposiciones occidentales.

La teoría de la dependencia afirma que las periferias trazadas por Immanuel Wallerstein (1974) no pudieron alcanzar el desarrollo del centro debido al servilismo de las entonces conocidas economías del Tercer Mundo ante el consumo y la refinación del Norte. Los BRICS, al ser la organización multiregional y multilateral del Sur Global, apuntan precisamente a abandonar para siempre los mecanismos dependientes de las economías del Sur Global.

Edward Said (1978) advirtió sobre la aplicación errónea de los valores occidentales para definir y describir el resto del mundo, específicamente Oriente en ese caso. Emparejar las palabras alianza o bloque con el Sur Global es ciertamente engañoso. Las acciones de China, Irán, Rusia o Turquía, por ejemplo, en América Latina y el Caribe, no buscan forjar ninguna coalición antioccidental con estrategias militares al estilo de la OTAN. Se trata de una percepción de amenaza e injerencia que, al ser dominante en Occidente, socava los acercamientos y los diálogos Norte-Sur.

América Latina está diversificando sus intercambios con países que pertenecen al Sur Global a través de una agenda horizontal donde se acuerdan voluntariamente propuestas y limitaciones. Los países de Medio Oriente y Asia están obteniendo resultados positivos en América Latina en materia de asistencia financiera (China en las islas del Caribe), cooperación energética (Irán en Bolivia) y proyectos relacionados con los medios emprendidos por las transmisiones rusas en la región. Esos casos son el resultado de una interacción integral del Sur Global. En este contexto, las potencias individuales, no las potencias hegemónicas, del Sur Global como China, Irán y Rusia, con Turquía en el medio, simplemente están reaccionando a la oposición occidental con propuestas atractivas para el Sur Global.

Los acontecimientos geopolíticos, específicamente el conflicto entre Israel y Gaza y la guerra de Ucrania, están legitimando parcialmente la posición del Sur Global al denunciar, a través de organizaciones internacionales, los dobles raseros occidentales. Es intrínsecamente lógico percibir que un orden mundial multipolar está creciendo como una contraestrategia y no como una estrategia. El Sur Global está motivado por acusaciones, estigmatización y discursos militaristas que están afectando la relación entre Norte y Sur. La causa se apoya en defensores de una nueva Guerra Fría que expresan posturas maniqueas. Decepcionados por una historia que no terminó, a algunos responsables políticos occidentales les encantaría repetir un orden internacional dicotómico basado en bloques, dado el resultado victorioso defendido tras la contienda entre Estados Unidos y la URSS.

Los BRICS sirven para evitar tal escenario. Un Sur Global agrupado en esta organización multiregional y multilateral, no para diseñar una alianza militar sino para reducir la dependencia del dólar estadounidense, algo comprensible dados los efectos de la crisis de 2008 en las economías del Sur Global, es revelador. El camino futuro de los BRICS y el Sur Global está relacionado con la agencia, que es, ojalá, un factor clave en las relaciones internacionales. La agencia del Sur Global determinará la coordinación u hostilidad en los asuntos mundiales, donde la democracia liberal no aparece como una prioridad. Al mismo tiempo, el Norte Global tiene la capacidad de establecer su posición hacia el Sur Global, debatiendo sobre una actitud conversacional o de confrontación. Esto último ya ha demostrado sus negatividades, esbozadas en la votación del Sur Global en la ONU sobre las sanciones, el conflicto entre Israel y Gaza y la guerra ruso-ucraniana.

Las oportunidades para América Latina, África y Asia no son perjudiciales para Occidente. Luchar contra la desigualdad y la pobreza, reformar el sistema financiero internacional y construir procesos de paz duraderos en regiones volátiles como el Medio Oriente representan desafíos compartidos para el Norte y el Sur Global. Intentar imponer hegemonía para darle otro fin a la historia aumentará, en cambio, las brechas políticas, económicas y sociales en el mundo multipolar actual.

Interculturalidad: una vieja deuda de la democracia argentina

Iñiaki Morón
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Interculturalidad: una vieja deuda de la democracia argentina

Julián, miembro de la comunidad indígena wichí de Santa Victoria II se levanta temprano cada mañana para asistir a clase en el lejano pueblo de Santa Victoria Este, uno de los más carenciados de toda la República Argentina en el departamento de Rivadavia, cerca de la triple frontera con Paraguay y Bolivia. Que Julián pueda estudiar un profesorado de primaria intercultural bilingüe es una de las novedades recientes que ofrece el gobierno de Salta para el departamento con más población indígena de toda la provincia. Este es uno de los logros del fallo del año 2020, tras más de dos décadas de litigio con el apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció que el Estado Argentino violó los derechos humanos de 132 integrantes de comunidades originarias en el caso “Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina”.

Históricamente, el norte argentino formó parte del Collasuyu en la división imperial incaica, y aún hoy se diferencia de otras provincias en muchos aspectos culturales, los cuales se asemejan a los de los países vecinos, siendo la provincia de Salta la de mayor diversidad cultural y étnica del país. Sin embargo, y a pesar del fallo, el racismo estructural y la exclusión es el pan de cada día para los miembros de las diferentes comunidades que sufren dificultades para subsistir debido a la escasez de fuentes de trabajo en la zona.

Para afrontar esta problemática y efectivizar los derechos constitucionales, el gobierno provincial planteó la implementación a partir de 1994 con respectivas demoras a través de la cartera de educación, de ofrecer carreras de acceso público con orientación intercultural bilingüe en el Instituto Superior de Educación “San Ignacio de Loyola” especialmente efectivizándose todo a partir de la década del 2010 en adelante. Sin embargo, tras la etapa de inscripción, más del 70% de los estudiantes aceptados solo hablaban español, eran “criollos” sin dominio de una segunda lengua indígena, mientras que se dejó fuera a un importante número de aspirantes a quienes sí les correspondía por ley acceder a una carrera que pudiera cumplimentar sus derechos. Tras los fuertes reclamos de todas las comunidades originarias afectadas junto a la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo (UACOP) se logró remover al director y más de 90 miembros de los pueblos originarios tuvieran la posibilidad de volver a rendir un examen para poder iniciar sus estudios. Lo sucedido demuestra que a pesar del fallo o lo que dice la Constitución, el racismo es estructural.

La Constitución Nacional de 1994

En la reforma de la Constitución Nacional de 1994 se reconoció la preexistencia de Pueblos Originarios y su derecho a una educación intercultural bilingüe por su constitución provincial. Pero no fue hasta principios de los 2000 que el tema empezó a ser objeto de debate cuando comenzó a tomar relevancia la existencia en una región “desconocida” que había sido cultural e intelectualmente dominada por el centro del país.

En la actualidad, el foco de la cultura se está abriendo a otras regiones que comienzan a tomar relevancia respecto a su actividad económica y densidad poblacional, sobre todo los pueblos originarios, tras el último censo del año 2022. Y es que, según el censo, 1.300.000 personas de unas casi 46 millones, se perciben como indígenas.

En su gran mayoría estas comunidades se encuentran en condición de indigencia económica, por debajo de los niveles de subsistencia básicos. En este contexto, no son pocos los integrantes de estas comunidades que optan por desplazarse del campo a la ciudad, sufriendo una aculturación, debido a la pérdida del uso de su lengua materna con el paso del tiempo e incluso desconociendo -u ocultando- sus orígenes debida a los estigmas acerca sus orígenes no europeos.

Devolución de tierras para preservar la cultura

Revertir esta tendencia no es fácil, por ello según el fallo de la CIDH del 2020, 400 mil hectáreas del Departamento Rivadavia de la Provincia de Salta, donde viven más de 10.000 personas de 132 comunidades indígenas, deben ser declaradas territorio ancestral indígena. Esto implica que se debe reubicar a toda la población criolla (no originaria) que invadió́ y desplazó a las comunidades, irrespetando sus modos de vida tradicionales con actividades de fuerte impacto socioambiental y contrarias a la cosmovisión de muchas comunidades, dándole la Corte al Estado Argentino un plazo de máximo de 6 años (hasta 2026) para preservar su derecho a un medioambienta sano (constitución argentina) con un título único respetando aquellas zonas de uso común.

Esto es algo sin precedentes en el campo de los Derechos de los Pueblos Originarios, debido a que apoya la autodeterminación de las Comunidades y su capacidad para autogobernarse mucho mejor. Las problemáticas que se enfrentan sin embargo son múltiples y la reparación histórica que debe hacerse posee un listado de desafíos que parece interminable.

El fallo también establece que deben preservarse los derechos humanos básicos de los miembros de las comunidades, que se encuentran gravemente limitados en la zona debido, entre otras cosas, a la falta de acceso a agua potable. Además, el Estado debe garantizar una interculturalidad real, en donde se tenga en consideración las barreras idiomáticas y lingüísticas, lo cual requiere de profesionales con competencias interculturales tal cual las define la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Esto implica proveer a las comunidades de servicios que no fuerce a las personas a viajar más de 160 kilómetros para acceder a su jurisdicción legal en la ciudad de Tartagal, debido a que en Santa Victoria Este las cuestiones judiciales por ejemplo no pueden tratarse con autonomía y es siempre necesario viajar kilómetros y kilómetros, a menudo para muchos pobladores en colectivo o en algún transporte facilitado por vecinos o amigos para abordar temas legales, dificultando gravemente el acceso a una justicia intercultural para una zona con tantas particularidades dentro del campo del derecho, por eso deben viajar a Tartagal, la nueva ciudad que está concentrando el poder socioeconómico en el “norte del norte” de Argentina.

En conclusión, para que el Estado cumpla con sus obligaciones con los pueblos originarios, debe cumplir con las premisas mínimas que certifiquen su existencia, como son los Derechos Humanos Universales sancionados por la República Argentina como el acceso al agua potable o el acceso a la justicia intercultural multilingüe y con participación civil. Todos derechos de difícil implementación y seguimiento en el interior de Salta.

Votar en tiempos autoritarios: algunas claves desde Venezuela

Maryhen Jiménez Morales
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Votar en tiempos autoritarios: algunas claves desde Venezuela

La expectativa de victoria opositora en las elecciones del 28 de julio de 2024 era elevada. Encuestas reconocidas proyectaban un triunfo amplio para Edmundo González Urrutia, candidato de la Plataforma Unitaria, y apoyado por María Corina Machado, ganadora de las primarias opositoras en octubre de 2023. Anticipar una brecha considerable entre la oposición y el gobierno no lucía irrazonable, ya que el profundo descontento con la gestión del gobierno y la ausencia de libertades se habían manifestado en las encuestas durante los últimos años.

La expectativa y sensación colectiva de poder triunfar en las elecciones se construyeron a lo largo de los últimos meses durante una campaña atípica, marcada por el contexto autoritario. Un amplio sector de la sociedad venezolana logró apropiarse del proceso electoral, sobreponiéndose a múltiples obstáculos, para expresar su descontento y voluntad de cambio. Sin embargo, en la madrugada del 29 de julio, el Consejo Nacional Electoral, compuesto por una mayoría leal al partido de gobierno, anunció la victoria de Nicolás Maduro. ¿Fue útil participar, pese a los anticipados riesgos de fraude? ¿Qué lecciones deja el proceso electoralhasta ahora?

Desde hace más de dos décadas, el campo anti-chavista ha estado fragmentado en sus preferencias estratégicas en la búsqueda por el poder. Mientras algunos sectores han priorizado mecanismos institucionales, otros han promovido rutas de presión interna o externa para llegar al palacio de Miraflores. No obstante, para este proceso electoral, la oposición venezolana convergió en la estrategia para enfrentarse al candidato del partido de gobierno. 

En la madrugada del 29 de julio, el ente electoral, anunció la victoria de Nicolás Maduro, quien fue proclamado presidente horas después. El anuncio, contrario a la sensación de victoria colectiva, produjo primero un silencio abrumador y luego indignación colectiva a lo largo del país. En varios pueblos y ciudades irrumpieron pequeñas protestas y cacerolazos en sectores populares demandando el respeto a la voluntad expresada en las urnas. El voto ha sido el catalizador para expresar y encauzar la esperanza de cambio en Venezuela. Veamos.

Uno de los impactos más significativos de la decisión a participar en la elección ha sido la activación, en muchos casos espontánea y al margen de lo partidista, de la sociedad venezolana. Después del fracaso del “gobierno interino” (2019-2022) y de los resultados limitados en las elecciones regionales de 2021 por la fragmentación del voto opositor, el proceso de la primaria opositora revitalizó el espíritu colectivo. Movilizar en torno a un propósito compartido, como lo es una elección presidencial, dio perspectiva de cambio a amplios sectores sociales. 

De igual forma cabe resaltar que las primarias opositoras y elecciones estimularon al partido de gobierno a reenganchar a sus bases desencantadas, igualmente afectadas por la crisis.Entre nuevas ofertas, promesas incumplidas y tácticas de intimidación, las élites del chavismo han intentado cerrar filas entre sus cuadros y bases, desconociendo el deseo de cambio, incluso entre sus simpatizantes.   

La decisión de participar en el proceso electoral presidencial, después del boicot electoral en 2018 y varios años de “gobierno interino”, mediante una candidatura atractiva electa en primarias, pero inhabilitada, y otra consensuada permitió a diversos sectores de la población entusiasmarse con la posibilidad de cambio y verse a sí mismos como agentes de ese proceso. Desde octubre 2023, pese a todos los obstáculos y costos existentes, una parte de la sociedad se activó de manera autónoma y espontánea, mientras que una serie de organizaciones ya existentes profundizaron su trabajo en red y movilizaron en torno a Machado. La decisión departicipar y votar energizó el compromiso y activismo ciudadano, creando una sensación de empoderamiento de la sociedad frente al poder.

Las movilizaciones de la sociedad en torno a la candidatura de González Urrutia, junto a Machado y los partidos de la Plataforma Unitaria, permitieron visibilizar antes y durante las elecciones el hartazgo con la situación socioeconómica y política del país. La necesidad e ilusión de cambiar autoritarismo por democracia, el control del Estado por libertades, el respeto de los derechos humanos por el abuso y la arbitrariedad, y la posibilidad de reencontrarse con familiares fue contagiando a otros sectores de la población que se sentían apáticos y escépticos. Asimismo, la ruta electoral facilitó la adhesión de grupos previamente desconfiados de algunos integrantes de la oposición tradicional por su inclinación hacia la abstención y/o sanciones económicas. Varios “chavistas descontentos” e intelectuales de izquierda sumaron sus apoyos a González Urrutia para este ciclo electoral. La movilización en torno al voto ha tenido, por tanto, un efecto “bola de nieve”.

Además de energizar a la población, las primarias y la movilización en torno a la elección dio un impulso a los partidos, afectados por la represión, a reorganizarse y resistir con el fin de canalizar el descontento existente. El encuentro de élites opositoras, antes divididas en torno a la estrategia, en la vía electoral, ha facilitado, por ahora, su coordinación en torno a una candidatura única. El retorno a la arena electoral ha permitido a las élites escuchar y reconectar con las necesidades de las grandes mayorías. Ha facilitado que la dirigencia escuche y amplifique las preocupaciones y aspiraciones de la sociedad. Sentir y constatar de primera mano las condiciones de vida de las grandes mayorías empobrecidas a lo largo del territorio parece haber re-sensibilizado a la dirigencia opositora, forzándola a ser más receptiva a las demandas sociales. 

Este reencuentro en la búsqueda pacífica e institucional por un cambio político parece haber restaurado, por ahora, la credibilidad del campo opositor frente a la sociedad y actores internacionales, después de un largo periodo de fracasos y estancamiento. Este punto es crucial pues, en contraste con estrategias de “máxima presión” o el boicot, la ruta electoral permite a actores internacionales y gobiernos, independientemente de su ideología, apoyar de manera concreta a la población venezolana en su deseo de cambio.

En conclusión, la participación ciudadana en el proceso electoral deja lecciones importantes. Se ha ratificado la determinación de la población en su búsqueda pacífica por el cambio. De hecho, ha sido la sociedad venezolana la que ha abrazado el voto como mecanismo para aglutinar el descontento generalizado. Junto a la dirigencia opositora han logrado exponer con mayor fuerza ante actores internacionales la disposición del gobierno a mantenerse en el poder. El hecho de que el resultado anunciado el 29 de julio no sea creíble y que sectores de la sociedad estén actualmente protestando por su verificación es una consecuencia directa de la participación en la elección.

El capital y músculo (re)construido en torno al proceso electoral es valioso y relevante. Cuidarlo y no desviarlo será el gran reto para la oposición venezolana en los tiempos venideros.

** Este artículo únicamente representa la opinión de la autora.

Radiografía de la extrema derecha en las asambleas latinoamericanas

Alvaro García Velázquez   |   José Manuel Rivas Otero
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Radiografía de la extrema derecha en las asambleas latinoamericanas

América Latina vive un auge de fuerzas políticas de extrema derecha, con casos como los que lideran Milei en Argentina, Bolsonaro en Brasil o Kast en Chile, entre otros. En la mayoría de los análisis se suele poner el foco en presidentes y partidos de esta corriente política, pero no en los legisladores, quienes representan la voluntad popular y tienen en su mano sacar adelante los programas de gobierno. Se plantea entonces: ¿cómo son los legisladores de extrema derecha latinoamericanos? ¿Qué opiniones tienen sobre la democracia, el rol del Estado en la economía o en temas como la inmigración y la paridad de género? ¿Cuáles son sus posiciones respecto del aborto, el matrimonio homosexual, la eutanasia o la legalización de las drogas? Para dar respuesta a estas preguntas, se puede consultar la base de datos del Proyecto de Élites Latinoamericanas de la Universidad de Salamanca (PELA-USAL), que viene realizando encuestas de manera periódica a los parlamentarios de los países de la región con el fin de conocer cómo son y cómo se comportan.

Antes de describir el perfil del diputado latinoamericano de extrema derecha, conviene hacer dos apuntes. Por un lado, se presentan datos de encuestas realizadas entre 2020 y 2023, periodo en el que solo el 5,6% de los legisladores encuestados de esta región se autoubicó en el extremo derecho de la escala ideológica (9 y 10 en la escala de 1 a 10). Por otro lado, se incluye información de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Perú, República Dominicana y Uruguay, pero no de Brasil, único país que tuvo un presidente de este signo político durante ese periodo.

Teniendo en cuenta estas limitaciones, lo primero que llama la atención es que el perfil sociodemográfico del diputado de extrema derecha no difiere demasiado del resto de diputados: su edad media es de 48,6 años, el 39% son mujeres, el 92% tienen estudios universitarios o de posgrado y el 46% asegura asistir frecuentemente a servicios religiosos. Por el contrario, las opiniones y actitudes son muy distintas en función de la autoubicación ideológica.

Si se examinan las actitudes autoritarias, hay marcadas diferencias entre legisladores ideológicamente opuestos. Los centristas y derechistas están más de acuerdo que el resto con que, a veces, los gobiernos deben dar prioridad a conseguir buenos resultados económicos más que a gobernar de manera democrática. Un 30% de quienes se autoubican en el extremo derecho considera que la policía debería centrarse en la lucha contra el crimen organizado, sin preocuparse por el respeto de los derechos humanos. Por otra parte, existe una convergencia entre diputados de los extremos ideológicos entre quienes defienden que, a veces, es necesario limitar los derechos de la oposición cuando su ejercicio impide la implementación de políticas beneficiosas para el país, aunque comprenden solamente el 20% de sus respectivos grupos. Por último, un 20% de quienes se ubican en la extrema derecha considera que, a veces, se justifica que el presidente implemente políticas públicas beneficiosas para el país incluso si los jueces han dictado sentencias en contra de esas políticas. Este porcentaje es el doble que en el centroderecha (10%), pero contrasta con el 65% de los cuestionados que se ubican en la izquierda y 34% en el centroizquierda. Esta actitud hostil de los legisladores del bloque de izquierda frente a los jueces puede deberse al fenómeno del lawfare en la región.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de PELA-USAL.

Otro asunto que caracteriza a la extrema derecha es su posición frente al papel del Estado y su relación con el mercado. En América Latina, el 77% de los diputados de esta familia se posiciona a favor del libre mercado, siendo el grupo ideológico más favorable a este y más contrario a la intervención del Estado en la economía. Si bien en abstracto estos legisladores tienen posiciones más pro-mercado, cuando son cuestionados sobre asuntos concretos la mayoría de ellos manifiestan actitudes más favorables al rol del Estado que el centroderecha en todas las cuestiones planteadas, salvo en materia de igualdad de género.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de PELA-USAL.

En materia de inmigración, los resultados de la encuesta refuerzan la idea de que se trata de un asunto central en la extrema derecha, también en América Latina. En comparación con otros grupos ideológicos, es el que se muestra más contrario a la inmigración. Es más, la inmigración es uno de los temas en el que más difiere con el centroderecha. Más de la mitad de los legisladores de extrema derecha consideran que los inmigrantes se aprovechan de los beneficios sociales y de las ayudas públicas y empeoran los problemas de inseguridad del país; más del 60% cree que el gobierno debería adoptar políticas restrictivas sobre la inmigración; y más del 70% está de acuerdo con que, cuando el empleo escasea, los nacionales deberían tener prioridad sobre los inmigrantes en el acceso a un puesto de trabajo y con que los inmigrantes deberían adaptarse a las costumbres y la cultura del país.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de PELA-USAL.

Respecto a la paridad de género, los diputados de derecha son moderados, ya que, aunque se muestran menos entusiastas que el resto de los legisladores, más del 60% está de acuerdo con que la paridad electoral contribuye a tener una mejor democracia. Esto puede deberse a que la extrema derecha es, después de la izquierda, el grupo ideológico con mayor porcentaje de mujeres en los Parlamentos latinoamericanos. Por otra parte, casi la mitad de los diputados derechistas creen que las cuotas favorecen que mujeres que no están lo suficientemente preparadas entren en el Congreso, una opinión que ronda el 40% en el grupo de centroderecha y el 30% en el resto de los grupos. A diferencia de la inmigración, en este asunto no hay demasiada distancia entre la extrema derecha y la derecha más centrista.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de PELA-USAL.

Por último, los temas que más caracterizan a la extrema derecha son la desaprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto, la eutanasia y la legalización de las drogas, aunque la intensidad varía en función de la política pública sobre la que se pregunte. El 80% de los diputados derechistas desaprueban el aborto y la legalización de las drogas, pero el porcentaje se reduce en torno al 55% cuando se trata del matrimonio igualitario y la eutanasia. En estas cuestiones morales, las diferencias entre grupos ideológicos de izquierda, centro y derecha están muy marcadas, siendo el de centroizquierda el más progresista y el de extrema derecha el más conservador. También hay cierta distancia entre las posiciones entre el centroderecha y la extrema derecha, sobre todo en los temas de matrimonio igualitario y legalización de las drogas.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de PELA-USAL.

En síntesis, estos datos permiten hacer una radiografía del perfil medio de los legisladores de extrema derecha en América Latina. Un porcentaje importante de ellos poseen actitudes autoritarias, sobre todo en materia económica y de seguridad pública. Si bien mantienen posiciones fuertemente pro-mercado, estas se matizan cuando se les plantea la intervención estatal en la reducción de las desigualdades y la provisión de los servicios públicos; aunque con menos consenso interno que el resto de los grupos ideológicos, la mayoría comparte que el Estado debe tener un papel central. Asimismo, estos legisladores aceptan la paridad de género, aunque en menor proporción que otras ideologías. Pero sus opiniones más marcadas son la defensa de medidas más restrictivas en materia de inmigración y la desaprobación de políticas públicas sobre asuntos morales, especialmente del aborto y la legalización de las drogas.

El contenido de este artículo es parte de un trabajo académico que se presentará en los congresos de ALACIP y AECPA en julio de 2024.

La desigualdad: un desafío histórico

Fernando Calderón Gutiérrez
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La desigualdad: un desafío histórico

El reciente informe de Oxfam sobre el fin de las era de la desigualdades es una genuina contribución práctica en la búsqueda de nuevos horizontes de una vida digna para las personas y sus comunidades. Ciertamente este informe y el que se presentó a nivel mundial en la Conferencia de Davos y de varios estudios de casos nacionales como el elaborado hace un par de años en Bolivia, muestran una cadena indisociable entre lo nacional-local, regional y global. Solo combinando esta cadena es posible comprender el sentido específico del poder y del cambio que vivimos cada día, en medio de intensas transformaciones tecno económicas y científicas, y de redes de comunicación que funcionan a escala global mediante la digitalización mercantil de la política y que operan cotidianamente en las mentes humanas.

Esto sucede en medio de una crisis multidimensional global con diversos componentes  entrelazados entre lo productivo, social, ecológico político-institucional y multicultural donde el capital financiero y las economías criminales juegan un papel central fundamentalmente mediante una fetichización de las mercancías dañando la ética y la seguridad humana. ¿Quiénes fabrican armas? ¿Quiénes producen drogas y por qué?  ¿Quiénes manejan las industrias tecnológicas, comunicacionales y los sistemas financieros? ¿Y quienes se enriquecen en un mundo miserable?

Un resultado particular, como analiza el estudio de OXFAM, es el incremento inhumano de la desigualdad y la pobreza. Desigualdad y pobreza son indisociables. ¿Qué significa que los dos latinoamericanos más ricos hayan aumentado su fortuna en un 70% desde el inicio de la pandemia y que su riqueza sea similar a la de la mitad más pobre de la región? ¿Qué hicieron las opciones neoliberales y neodesarrollistas al respecto? ¿Por qué el Estado, a pesar de algunos momentos exitosos de implementación de políticas distributivas, no pudo hacer sostenible la disminución de la pobreza y menos la desigualdad?

El informe destaca la duda que genera en la sociedad la capacidad del Estado, sea de orientación neoliberal o neodesarrolista, respecto a su interés o capacidad para disminuir las desigualdades. En realidad, ni la dominación patrimonial corporativa ni la neoliberal impulsada por el “Consenso de Washington” pudieron cumplir sus propios objetivos. Fracasaron.

Por otro lado, el estudio, no sólo analiza el sistema distributivo, sino estudia los sistemas tributarios y su lógica de poder en los últimos años y propone una serie de medidas impositivas a los más ricos para disminuir las desigualdades y la pobreza. El mismo señala al Estado como el único actor capaz de impulsar medidas nuevas y eficaces colocando a las personas y sus comunidades en el centro del sistema.

El informe plantea además, cinco alternativas tributarias para los más ricos e incluso se propone un nuevo pacto fiscal que enfrente seriamente los problemas de desigualdad. Se trata de una contribución novedosa, pues proponen políticas concretas y prácticas que desgraciadamente ni los partidos ni los actores internacionales del desarrollo han propuesto. Consiguientemente, el informe es una importante referencia para la acción colectiva e institucional que necesita sobre todo comunicarse. Es tan importante el diagnóstico como la propuesta, pero lo es aún más una política comunicativa que permita el diálogo entre los diversos actores y que su discusión se convierta en un bien público.

Vale la pena aclarar que como producto y parte de la denominada crisis multidimensional global iniciada en 2007, los Estados, en buena parte, colapsaron y en estos años están emergiendo nuevos horizontes de cambio renovador. Estados autoritarios y elitistas, asociados a una religión nacionalista autoritaria de mercado y a fuerzas socioculturales especialmente entre las generaciones más jóvenes más pragmáticas, ecológicas, anti patriarcales y éticas que posiblemente ya marcan el tiempo de una nueva temporalidad histórica emergente.

La cuestión es entender qué se reproduce, qué cambia. Y en medio anida la lógica del conflicto socio-cultural que desgraciadamente no se trata en el estudio. En la región el conflicto y las demandas por una mejor reproducción social, mejor institucionalidad y logros culturales en torno de la otredad están en el centro de la vida pública en la región. La gran cuestión es detectar si estas demandas e identidades podrán transformarse en actores del cambio en las sociedades de la información y en las economías tecno-comunicacionales que están llevando a una cada vez mayor automatización de la vida.  

En este ámbito hay varios temas que el estudio suscita como espacios de discusión académica y política. En primer lugar, el marco histórico y global y el papel cultural que allí juegan las elites. En América Latina y el Caribe el origen de la desigualdad está relacionado a varios fenómenos como el de la estratificación social de origen colonial que sigue organizando el comportamiento de las elites. En este contexto se desarrolla una “dialéctica de negación del otro”, del diferente, donde se los identifica como indios, negros, mestizos, mujeres, etc. e inmediatamente se los denigra para justificar su poder.

Las elites en la región prácticamente no cumplen la ley y a lo largo de los años no han demostrado un “efecto de demostración” de comportamiento ético e institucional. Más bien lo que se ha impuesto a lo largo de los años, con increíbles mecanismos y modificaciones, son sistemas de intermediación y de clientelismo, anillos burocráticos, y una suerte de idealización de líderes autónomos que nunca o casi nunca existieron. A pesar de los importantes esfuerzos realizados a los largo del tiempo, salvo casos como el de Costa Rica y Uruguay, la articulación entre instituciones y modos de desarrollo incluyentes han sido muy limitadas.

En segundo lugar, en términos globales, los poderes nacionales se han re-entrelazado con los poderes globales generando nuevos sistemas de “extractivismos-informacionales” en los planos productivos, financieros y comerciales, condicionando y limitando un desarrollo humano ecologizado. El individualismo y el consumo ya afecta prácticamente a todas las sociedades que son cada vez más urbanas.

Los poderes globales estatales y empresariales del norte occidental, China, Japón y Australia están redefiniendo nuevamente la región como extractiva y consumista. Desde luego que a nivel global, nacional y local  también hay fuerzas culturales y actores políticos que buscan transformaciones sociales asociadas con economías sustentables. Una innovación socio-tecnológica y ecologista es el principal desafío. Sin embargo, a nivel global el pensamiento ecologista es aún débil frente a los poderes de destrucción de la vida y el medio ambiente.

La región está entre los principales productores de materias primas, pero a su vez está entre las que más sufren las consecuencias del cambio climático. Lógicas similares se dan respecto a la equidad de género y a la construcción de una nueva ética global basada en la dignidad de los derechos humanos y de la naturaleza.

En tercer lugar, parece necesario redefinir el tipo de Estado para enfrentar los cambios  planteados por el informe. Un Estado que pueda innovar, que navegue contra el viento articulando producción y distribución, y cuya fuerza radique en una comunidad de ciudadanos. En fin, un Estado de lo público, como la redefinió Sen y Ul Haq  en el IDH de 1993, donde se conjugue una economía de mercado con una pública. “ El Estado como el mercado deberían estar orientados por lo público. Los dos deberían trabajar en tándem y el público debería tener suficientes poderes para controlar a ambos en forma eficaz. Podría hacerlo mediante la participación en el gobierno o en su calidad de productores y consumidores, o en muchos casos mediante organizaciones populares u organizaciones no gubernamentales”.

En cuarto lugar, es fundamental el fortalecimiento de los sujetos del desarrollo y su capacidad de agencia para transformar metas en resultados y sobre todo de articular los procedimientos con los resultados. Llevar adelante las tres medidas propuestas por el informe: acciones para reducir las desigualdades intersectoriales poniendo al centro las personas y las comunidades, promover la justicia climática para contribuir a la sostenibilidad de la vida e impulsar políticas de género y de responsabilidad de los cuidados, necesitan actores autónomos que sustentan la acción de un Estado público.

En este ámbito, las transformaciones  propuestas necesitan articular un orden institucional pertinente con una lógica de la acción colectiva. A este respecto parece fundamental que los actores de un nuevo desarrollo se articulen, no sólo a nivel local,  sino también a nivel global. Existen experiencias territoriales interesantes que deben ser conocidas y discutidas, tanto a nivel rural como urbano, en el marco de una dinámica de transformación funcional y de cambios cada vez mas especializados que traen nuevas demandas.

La secularización consumista está inundando la mente de las personas. Pero también las redes informacionales constituyen los espacios de acción y redefinición de los nuevos actores de un cambio ético emancipatorio. Resulta también importante la renovación de un pensamiento empírico que fortalezca la capacidad de los nuevos actores del desarrollo.

Finalmente, en quinto lugar, vale la pena repensar la cuestión de la desigualdad y la pobreza como proceso de diferenciación social y funcional en sociedades crecientemente complejas y globalizadas. Esta supone una yuxtaposición de exclusiones y diferencias sociales y tecno-científicas asociadas con formas novedosas y crecientes de concentración de poder particularmente financiero y científico tecnológico.

Es necesario comprender la desigualdad  en un contexto de reproducción cambiante de las relaciones sociales de poder. La pobreza, como ha analizado Sen, no sólo se refiere a carencia de ingresos, también hay que tener en cuenta la perspectiva relacional de poderes. En realidad lo que genuinamente existe son vidas empobrecidas. Por ello es fundamental la participación ciudadana para compartir  la vida social. Las personas y sus comunidades necesitan poder optar libremente por el tipo de vida que desean. En esta lógica, el trabajo no sólo es empleo, es también reconocimiento humano donde las personas necesitan ser reconocidas como ciudadanos plenos. Hoy el trabajo y la educación informacional ya sustentan la dignidad humana.

La desigualdad en la región ha variado y se ha ido complejizando a lo largo de los años en varios sentidos, entre países, al interior de cada país y entre territorios. Por ejemplo, según el IDH en 1999 la distancia entre el país más rico al más pobre ha pasado de 1 a 3 en 1820 a de 1 a 72 en 1992.

La desigualdad como mencionamos, está ligada sobre todo al origen étnico. Las poblaciones más pobres de la región son los afrodescendientes y las comunidades originarias. Las percepciones sobre la desigualdad y la necesidad de cambio son persistentes y mayoritarias entre los pobladores de la región. El 79% de los latinoamericanos piensa “que se gobierna para unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio” y que viven en una sociedad injusta que debería cambiar, según el Latinobarometro 2019.

Asimismo, las sociedades de los países con mayores brechas sociales tienden a reproducir sus desigualdades y su percepción sobre las mismas es menor que en países con menores brechas sociales. Claro que cuando se vive situaciones de crisis y riesgo las percepciones aumentan aún más. Además, en estos tiempos de crisis multidimensional global, tanto los incluidos en los sistemas productivos formales como los que viven en situación de informalidad perciben una gran incertidumbre. Ésta es lo único cierto, como titula un libro del poeta guatemalteco Hugo Alfaro. Vivimos en sociedades policéntricas en medio de una geopolítica de poder incierta y cambiante.

Para terminar, en el centro de todos los avatares se encuentra el sentido del cambio, del progreso y de las mismas palabras. Por ejemplo, en quechua pobre, “wakcha”, significa el que no tiene amigos, familia, lazo social. Pobre es el que está solo, huérfano. Imaginemos un índice de “solitud” entre los más ricos del mundo. Seguramente para la cultura quechua muchos estarán entre los más pobres.

Lo nuevo es la desesperanza

Luis Pásara
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La promesa de cambio del siglo XX quedó muy atrás

1959 fue un año que se inició marcado por la revolución cubana. Washington sintió el golpazo y en 1961 John Kennedy lanzó la Alianza para el Progreso como alternativa destinada a competir con el comunismo tropical que pregonaba la lucha armada como “partera de la historia”, tal como había proclamado don Carlos. En una y otra vía el cambio social era el objetivo, y su necesidad quedaba fuera de duda. La aceptación de la necesidad de una transformación social presidió los años que siguieron.

El siglo XXI ha dado a luz a otro panorama en América Latina. Es uno en el que el cambio de nuestras sociedades no solo ha salido de la agenda sino que ni siquiera es materia de atención y debate. El progreso de todos ha sido reemplazado por el de cada uno, vestido de un “emprendedurismo” que se nos propone como camino del logro personal al costo que sea —crudamente, esto quiere decir llevándose por delante a quien haga falta y sin escrúpulos— o planteado abiertamente como salida del país, rumbo al norte, a fin de encontrar entornos más propicios a las aspiraciones de cada quien, que no más son percibidas como las de los otros.

En eso estamos. La sustitución de objetivos comunes por la de objetivos individuales o familiares ha sido impulsada por varios factores. El primero es el fracaso de los intentos de transformación social iniciados décadas atrás. Las guerrillas fueron aplastadas sangrientamente y no dejaron herederos, ni siquiera huellas o recuerdos. Quienes llegaron al gobierno con programas reformistas los abandonaron pronto. Las varias formas de “promoción popular”, generalmente financiadas por fuentes de cooperación internacional, se limitaron a apoyar a algunos grupos sociales por periodos que terminaron cuando se acabó el dinero; en el mejor de los casos, los logros de esos esfuerzos fueron similares a los del asistencialismo prestado por las señoras pudientes y piadosas. Tampoco han dejado huella.

El segundo factor ha sido la prédica neoliberal —que debiéramos llamar neoconservadora— que ha inculcado una suerte de nuevo evangelio: tu futuro depende solo de ti; no esperes a progresar con los demás, esfuérzate por tu cuenta y lo demás vendrá por añadidura.

El estrechamiento o cierre de los canales de ascenso social para las mayorías y la capacidad de atracción de la propuesta de “salvación individual” han redefinido el panorama. El pesimismo acerca del futuro del país ha arrinconado cualquier optimismo en la esquina de aquello que cada uno pueda alcanzar. Las encuestas muestran esas tendencias. Y en los intercambios personales se ilustra aquello que hoy en día es “lo nuevo” en la región.

El marco de los narcos

Convengamos en que hay más elementos que hace unas cuantas décadas fueron nuevos y actualmente se encuentran normalizados. Probablemente el más importante sea el narcotráfico, que nos sorprendió cuando sus primeras noticias estaban centradas en Colombia. Pero luego, no siempre llamando demasiado la atención, el fenómeno se extendió a países productores de materia prima como Perú y Bolivia, y a continuación a los países de tránsito —todo Centroamérica y México, pero también Brasil, Argentina y Chile— para degradar sus sociedades y carcomer a sus Estados mediante la corrupción.

En una fase anterior, el narcotráfico pagaba los servicios necesarios con dólares provenientes de los mercados en los que colocaba la droga: primero Estados Unidos y luego Europa. Pero la persecución internacional complicó las transferencias de billetes verdes; de modo que se pasó a la etapa actual, en la que esos servicios locales se pagan con droga. Para hacer efectivos los pagos, quienes trabajan con las grandes redes internacionales del tráfico han activado un mercado interno de consumo de droga que afecta principalmente a los jóvenes. Como sabemos, en las puertas de colegios se regala droga para crear consumidores. El asunto de la adicción ha pasado a ser un problema de salud pública.

Para “los emprendedores”, el narcotráfico ha creado una amplia oferta de ocupaciones que ofrecen el éxito instantáneo. Los peldaños más bajos del escalafón son “las mulas” —también llamados burriers— que los traficantes sacrifican cuando hace falta, delatándolos a “agentes cumplidores del deber” que a cambio dejan pasar verdaderos cargamentos. Los infelices terminan como carne de prisión y el sistema de justicia dictará para ellos “sentencias ejemplares”. Mientras tanto, en los escalones más altos se hace carrera y sus ocupantes despliegan niveles de consumo de escándalo. Que en realidad no escandalizan sino que provocan envidia, aunque algunos de sus personajes acaben la fiesta en un “ajuste de cuentas”.

Mientras estos procesos se desarrollan y se extienden hasta crear “zonas liberadas” —no por la lucha armada sino por la actuación impune del delito—, la desigualdad ha dejado de figurar en la agenda de los partidos políticos, el incremento de impuestos —cuando menos hasta el nivel que se pagan en los países del Norte— es considerado “expropiatorio” por los neoconservadores y el aparato del Estado es cada vez más débil y corrupto; reducido a mínimos, desatiende la educación pública y la atención de la salud.

¿Dónde está la salida?

Hace muchos años, en medio de una de las crisis que cíclicamente padece Argentina, hice esta pregunta a un taxista en Buenos Aires. “En Ezeiza”, me contestó sin asomo de broma, refiriéndose al principal aeropuerto de la capital argentina. En esa época resultaba una buena agudeza; hoy largarse de su país es para muchos “la salida”. A la mayoría de ellos no les importa qué harán; asumen que desde cualquier ocupación tendrán mejores oportunidades que en su país, donde casi todos los caminos parecen haberse cerrado.

La de dejar el país es la opción creciente que adoptan, sobre todo, los más jóvenes. En el caso del Perú —que aun en el contexto latinoamericano aparece, quizá como Guatemala, como un paciente con pronóstico reservado, para el que no hay tratamiento conocido—, los emigrantes se han cuadruplicado luego de la pandemia. No hay estadísticas fiables que respalden lo que sabemos por mil historias; como viene ocurriendo con los salvadoreños desde hace mucho, todo peruano parece tener en el extranjero uno o más parientes, uno o más amigos.

Países latinoamericanos que hasta hace relativamente poco parecían tener modos de vida asentados y un Estado con cierta fortaleza se deslizan hoy por la pendiente. Chile nos sorprendió hace pocos años con una explosión social que hasta ahora no ha producido nada sano. Y Ecuador nos ha pasmado recién con la irrupción en escena de actores que, dedicados al negocio de la droga, habían permanecido tras bambalinas y ahora reclaman la posición de actores principales.

En la mayor parte de América Latina es la hora del sálvese-quien-pueda. Ese proceso es alimentado actualmente por la desesperanza, que proviene de comprobar la magnitud de problemas para los que nadie atina a proponer soluciones viables.

La incertidumbre electoral en Venezuela

Dhayana Fernández Matos
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La incertidumbre electoral en Venezuela

Según una encuesta realizada en julio por la Universidad Católica Andrés Bello y la encuestadora Delphos, la intención del voto a favor del candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUC), Edmundo González Urrutia es de 59,3% y para el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), presidente en funciones, Nicolás Maduro Mora, es de 34,8%. Esto implica una clara diferencia de más de veinte puntos porcentuales a favor de la PUC.

Aunque las cifras muestran una clara ventaja del candidato de la oposición, esto no es suficiente para asegurar que será el eventual ganador y que, de mantenerse esta tendencia, sea proclamado su triunfo por el órgano electoral, el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Se sabe que una encuesta es la fotografía de un momento, pero no es lo único que se debe tener en cuenta para que se dé un cambio político, menos en un contexto tan complejo como el existente en el sistema político venezolano donde hay otros aspectos que se deben considerar.

Las vías y los caminos

Un hecho notorio en Venezuela es que no se está en presencia de un régimen democrático que respeta las reglas electorales, la separación de poderes y la institucionalidad. Se está ante un gobierno autoritario que tiene cooptadas todas las instituciones del Estado. Aunque se mantengan las distintas ramas del Poder Público, en la práctica, se siguen las indicaciones que llegan desde Miraflores.

Además, las jerarquías más altas de las Fuerzas Armadas, principalmente por interés personal y patrimonial, son afectas a Nicolás Maduro. Ante un escenario en el cual Edmundo González Urrutia obtuviera la mayor cantidad de votos y el gobierno de Maduro reconociera su triunfo, el gran reto sería asegurar la gobernabilidad ante una institucionalidad militar y unos poderes públicos claramente chavistas, incluida la Asamblea Nacional compuesta mayoritariamente por partidarios del gobierno. Al mismo tiempo, las actuaciones de las cúpulas militares y su respeto a la constitución y al Estado de Derecho serán de particular importancia.

También se debe tener en cuenta que, la asunción del nuevo presidente (en caso de que haya un cambio), sería en enero de 2025, lo que implicaría seis largos meses donde la situación interna puede ser particularmente compleja. Y, ante tanta incertidumbre, parece existir certeza de que luego de las elecciones presidenciales, habrá una transformación en Venezuela y, aunque no se sepa el rumbo, estará marcada por situaciones que podrían poner en jaque la gobernabilidad del país.

Otro factor es que a los líderes del régimen les puede resultar muy caro dejar el poder y sólo lo harían si no les quedara otra vía, lo que implicaría el establecimiento de canales para la negociación, con la desconfianza que se tiene en este mecanismo por los resultados que se han obtenido en las distintas instancias de diálogo que se han establecido entre la oposición, o parte de ella, y el gobierno de Maduro.

Si no hay negociación, en este escenario se ve muy difícil que Maduro deje el poder. Aquí el gran reto de la PUC es que esa alianza, que aglutina grupos tan diversos, logre acuerdos sobre este tema.

Pese a esto, se debe indicar que, como nunca antes en 25 años, hay mucha esperanza en la población –incluidas personas que han sido fieles seguidoras de Hugo Chávez, pero que se desmarcan de Nicolás Maduro–, de que el cambio es posible.

Camino a la “orteguización” del régimen

Las violaciones de los derechos humanos en general, y en particular los derechos civiles, políticos y las libertades son una práctica sistemática en el gobierno de Maduro.

Según el Foro Penal, organización no gubernamental de defensa de los derechos humanos, en el país hay un total de 301 personas consideradas presas políticas y sólo en 2024 se han realizado 114 detenciones arbitrarias, de las cuales 102 se vinculan con el equipo o con las giras de María Corina Machado y el candidato Edmundo González Urrutia.

El régimen de Maduro ha establecido, sin éxito, distintas estrategias para impedir que Machado y González Urrutia recorran el territorio venezolano: cierre de carreteras, obstáculos en el camino, sanciones tributarias a quienes les prestan algún tipo de colaboración o servicio durante el recorrido. Se han cerrado hoteles, restaurantes y otros establecimientos por alojarlos o por darles de comer. Pese a esto, hay personas que están dispuestas a correr el riesgo, otra muestra más del malestar generalizado.

A ello se suma la estrategia comunicacional del gobierno que busca infundir temor en la población señalando que, de no ganar Maduro, en el país “correrá un baño de sangre”, que sólo ellos pueden asegurar la estabilidad.

Este camino de amenazas, detenciones arbitrarias y violaciones de derechos guarda similitudes con lo realizado por Daniel Ortega, aunque Nicolás Maduro no es líder nicaragüense, ni el PSUV el Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Como en el país centroamericano el régimen tiene control absoluto del órgano electoral; hay poca transparencia en el proceso electoral, lo que se demostró en la forma como se dio la inscripción de Edmundo González Urrutia. La instalación de las mesas y la certificación de los testigos electorales también será un tema al cual habrá que prestarle mucha atención el día de las elecciones para evaluar si hay ventajismo electoral de parte de quienes detentan el poder.

Cabe preguntarse si el fin último del régimen es instrumentalizar las elecciones con la intención última de mantener el poder, neutralizar toda oposición, dar un autogolpe, cometer fraude electoral siguiendo la ruta de sus amigos Daniel Ortega o Vladimir Putin.

El liderazgo de María Corina Machado

Formó parte con Leopoldo López y Antonio Ledezma, del ala más radical de la oposición. Fue partidaria de la abstención, del bloqueo económico de los Estados Unidos y su postura frente a la Mesa de la Unidad Democrática (anterior plataforma que unía a la oposición) era muy crítica. Las elecciones primarias de 2023 le dieron un nuevo aire, al resultar ganadora con más del 92% de los votos. Eso la catapultó como la líder indiscutible de la oposición venezolana.

Cabe destacar que su caso es sui generis en América Latina. Machado no contó con el apoyo de un liderazgo masculino que la impulsara, el suyo fue construido por sus propios medios y dándose algo inédito: es ella, una mujer, la que apoyó la candidatura de un hombre, de Edmundo González Urrutia, a quien trasladó su capital político. Su triunfo y el respaldo de la población han estado muy marcados por la desconfianza y deslegitimación sufrida por algunos líderes políticos de la oposición, entre ellos, el denominado presidente interino Juan Guaidó.

Durante esta campaña electoral, en la que ha recorrido el país, la llegada de Machado a poblaciones alejadas de los centros de poder ha aglutinado a las personas alrededor de su figura. En su discurso apela a la emotividad y a los sentimientos de las personas, quienes se sienten identificadas con sus palabras.

Los resultados electorales incidirán significativamente en su destino político. Un triunfo del candidato de la PUC podría fortalecer su liderazgo, pero una derrota electoral, independientemente de las razones por las que se produzca, podría suponer un costo político muy alto y ser aprovechado por quienes dentro de la unidad la adversan para responsabilizarla por no haber obtenido lo que se esperaba.

Edmundo González Urrutia, el candidato conciliador

En comparación con el discurso de María Corina Machado y otros líderes de la oposición, el de Edmundo González Urrutia es más comedido y abierto a una posible negociación para lograr la transición. En distintos momentos ha reiterado que “en Venezuela caben todos”, incluidos los afectos al chavismo.

Hay un sector radical que se opone tajantemente a negociar con el régimen, sin embargo, la transición política que tanto requiere Venezuela será imposible sin diálogo, sin consenso, sin darle cabida a los distintos actores políticos, incluidos los sectores chavistas. Esto no implica negar la necesidad del establecimiento de una Comisión de la Verdad, de esclarecimiento de los hechos y de la reparación a las víctimas por las violaciones de derechos humanos ocurridas durante los 11 años del gobierno de Nicolás Maduro.

Las palabras de González Urrutia resultan muy prudentes para momentos tan críticos como los que vive Venezuela.

Brasil y Colombia, la posición de los vecinos

Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva, líderes de la izquierda latinoamericana, se han ido desmarcando del gobierno de Maduro, luego del proceso de inscripción de candidaturas presidenciales, donde fue clara la violación de los derechos políticos por parte del régimen venezolano y ante la presión de la opinión pública de sus respectivos países. Desde abril han intentado, sin éxito, que se firme un acuerdo en el que las partes se comprometan a acatar los resultados electorales.

Por su cercanía geográfica con Venezuela, es indudable que los resultados electorales tendrán repercusiones en sus países, siendo uno de los problemas más preocupantes (no el único) un nuevo éxodo migratorio.

Actualmente hay casi 8 millones de migrantes de nacionalidad venezolana que huyeron de su país debido a la crisis humanitaria y los resultados electorales pueden ampliar esta cifra. Los datos muestran que cada vez que hay una elección que favorece al régimen, aumenta significativamente la cantidad de personas que salen de Venezuela. De ocurrir nuevamente, Colombia y Brasil serían algunos de los destinos preferidos con los retos que eso implica.

Ante este panorama, en Venezuela se mantiene la expectativa, mezclada con temor, pero a su vez con esperanza de que es posible que se dé un cambio político. Aunque quede tan poco tiempo, no hay claridad al respecto, es por lo que se le pide a la comunidad internacional no que intervenga, sino que esté muy atenta a la manera como se desarrollan los acontecimientos y, además, que esté dispuesta a rechazar contundentemente las violaciones de derechos humanos que se puedan presentar en estos próximos días.

¿Milagro o cuento? Fujimori vuelve a ser candidato

Ricardo Monzón Kcomt
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¿Milagro o cuento? Fujimori vuelve a ser candidato

“Mi padre y yo hemos decidido que él será el candidato presidencial”. Con ese escueto mensaje a través de su cuenta oficial de X, Keiko Fujimori, la lideresa del partido político Fuerza Popular, confirmó que su padre, el célebre dictador de los noventa en el Perú, Alberto Fujimori, de 85 años, volverá al ruedo electoral para afrontar la campaña presidencial de 2026.

Alberto Fujimori, extraditado de Chile en 2007 después de renunciar a la presidencia del Perú acorralado por los escándalos de corrupción y derechos humanos de su mandato, estuvo preso 14 de los 25 años que comprendía su condena impuesta en 2009 por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado por trato cruel, entre otros.

En la Navidad de 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski emitió un mensaje a la nación en el que argumentó razones humanitarias y de salud para indultarlo. Aunque se consumó el indulto, en 2018 el Poder Judicial lo declaró inaplicable luego de que los deudos de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta interpusieran un recurso aduciendo un “pacto político” para su liberación, y se procedió a su encarcelamiento.

Cuatro años más tarde, el indulto fue restituido por el Tribunal Constitucional, pero nuevamente se truncó por una solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para suspender sus efectos. En diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional ordenó ejecutar el indulto, lo que no fue observado por la actual presidenta, Dina Boluarte. 

Desde entonces, el expresidente Alberto Fujimori ha informado de que padece de fibrilación auricular paroxística, fibrosis pulmonar y cáncer en la lengua. Varios de sus voceros indicaron en medios de comunicación que debía recibir libertad porque estaba viviendo sus últimos años. 

El anuncio de su candidatura fue acompañado de un video editado, en el que se consigna un pasaje de una entrevista que su hija, Keiko, ofreció en los últimos días a un programa televisivo del canal Willax TV, donde relata palabras de su padre, quien, asegura, le confirmó que quiere “regresar a la arena política”, a pesar de los “riesgos” que ello implica.

“Yo miraba el brillo de sus ojos y decía: «Sí, pues, él va a hacer política toda su vida» […] Yo creo que es él el que tiene que llevar la batuta”, continuó.

El 20 de junio, Alberto Fujimori había comunicado también por intermedio de X su afiliación a Fuerza Popular, el partido fujimorista de la época actual, formado desde el 2010 en reemplazo de Fuerza 2011, que antes fue Alianza Para el Futuro, coalición que agrupó a los movimientos que él creó durante su régimen dictatorial, Cambio 90 y Nueva Mayoría.

Desde aquel momento comenzó a tomar fuerza el nombre de Alberto y no de Keiko como representante del fujimorismo en el próximo balotaje, ya que la normativa electoral en el Perú exige que el candidato presidencial esté inscrito en la organización política en la cual desea postular. El plazo tope para afiliarse venció el pasado 12 de julio.

En los últimos tres procesos electorales democráticos del país, Fuerza Popular, con Keiko a la cabeza, ha alcanzado la segunda vuelta electoral pero siempre ha perdido. Ocurrió en 2011 contra Ollanta Humala, en 2016 contra Pedro Pablo Kuczynski y en 2021 contra Pedro Castillo. El voto antifujimorista, que representa a un importante sector de la izquierda peruana, focalizado sobre todo en el sur andino, ha triunfado por estrecho margen.

En todos esos comicios, tras los cuales el fujimorismo obtuvo una importante mayoría parlamentaria, los sondeos de opinión han concluido que la fuerza del voto fujimorista radica en la recordación de los logros del fujimorato, entre 1990 y 2000, y no en las bases y estructura del partido naranja conseguidas por Keiko.

La confirmación de la candidatura presidencial de Alberto Fujimori en 2026 ha traído consigo cuestionamientos sobre la legalidad de su postulación, en vista que la Constitución del Perú establece que cualquier persona sentenciada por un delito doloso no puede postular a cargos de elección popular, y él, aunque indultado, mantiene su condena.

Abogados penalistas y constitucionalistas han referido que el indulto no implica amnistía, y que, además, Alberto no ha pagado la reparación civil de 57 millones de Soles que debe al Estado, requisito para que la justicia nacional lo acredite formalmente como rehabilitado y hábil para aspirar a cargos públicos.

Desde la otra orilla, su abogado, Elio Riera, ha respondido que Alberto “no tiene ninguna limitación jurídica” para postular a la presidencia porque “el indulto como tal genera un perdón de la pena y una rehabilitación de derechos”. Ha señalado, también, que la ley que impide que un condenado por delito doloso postule a cargos de elección popular se aprobó luego de la condena de Fujimori, y no se puede aplicar de manera retroactiva.

¿Cómo un paciente oncológico de 85 años puede recuperar vitalidad para postular a la máxima magistratura de un país? Riera asegura que, al ser liberado, Fujimori ha experimentado “una mejoría”. En este momento, finalizó, se encuentra “médicamente estable”. ¿Milagro o cuento?

Lo cierto es que, de momento, Alberto Fujimori será uno de los, probablemente, cincuenta candidatos presidenciales que tendrá el Perú en menos de dos años. Se avecina una campaña política en la que existen ya 30 agrupaciones inscritas para participar de la lid, y 20 más en proceso de hacerlo. Con una legislación vigente que no fomenta la formación de alianzas, la polarización podría conducir a que pasen a segunda vuelta aspirantes al Palacio de Gobierno con menos del 10% de votos. A eso apunta el fujimorismo.

Las desigualdades del racismo

Fernando Molina
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Las desigualdades del racismo

La pobreza en América Latina y el Caribe ha aumentado después de la pandemia y las recientes turbulencias económicas mundiales y ha vuelto a afectar a casi un tercio (29%) de la población latinoamericana y caribeña, mientras que la pobreza extrema alcanza al 11%. Lo que aquí me interesa es la composición interna de este indicador de pobreza. El Informe Regional de Desigualdad EconoNuestra de OXFAM contrasta “la población afrodescendiente (24,3% en pobreza) e indígena (43,1% en pobreza) frente a la no indígena ni afrodescendiente (19,4% en pobreza)”. Estos datos nos remiten a procesos desarrollistas que producen resultados sesgados en contra de los descendientes indígenas y afro. Por tanto, a una situación de racismo estructural. Un diagnóstico bien conocido.

Las cifras citadas expresan relaciones económicas, pero al mismo tiempo remiten a procesos de desigualdad de índole no económica. Como señalo en mi libro “Racismo y poder en Bolivia” (OXFAM/FES, 2021), en nuestras sociedades las personas que nacen indígenas (un hecho social, no económico) tienen más posibilidades de ser pobres –en este momento, como hemos visto, el doble de posibilidades– que quienes no lo son. También tienen más posibilidades de recibir menos educación, habitar peores viviendas, gozar de una menor expectativa de vida, sufrir más alcoholismo y otras enfermedades prevenibles, cumplir trabajos duros y alienantes que comiencen en la infancia, etc. El Informe anota estas desigualdades con el apelativo de “interseccionales”, pero no se detiene en ellas.

José Carlos Mariátegui señaló en los años 30 del siglo XX que “el problema del indio es el problema de la tierra”. Por supuesto, el indio no es un problema para la sociedad. Es la sociedad, en cambio, la que es un problema para el indio. Este tiene a la sociedad como problema porque viene de una “expropiación originaria” en la que le fueron arrebatados sus capitales: no solo los productivos, como la tierra, sino también los educativos, culturales (el lenguaje) y, sobre todo, los capitales simbólicos. Esta situación de sustracción y falta, de origen histórico, se ha perpetuado con el tiempo, y se ha justificado con toda clase de discursos racistas y negacionistas.

Lograr la igualdad étnico-racial en el continente exige corregir esta expropiación masiva, que solo en parte es económica. El vaciamiento de los indígenas durante cinco siglos ha sido mucho más complejo y amplio que el identificado por Mariátegui. Los marxistas del siglo XX no concebían las privaciones culturales y simbólicas como fundamentales; para ellos, gracias a la revolución, los indígenas de todas maneras iban a “civilizarse”, es decir, a superar la “barbarie” en la que vivían desde la Colonia, a “mejorar su higiene”, a aprender castellano, etc. Su posición a este respecto era análoga a la de los liberales de la misma época, con la diferencia de que estos hacían descansar el cambio en la educación y la expansión del capitalismo. La historia intelectual prueba que se puede plantear el progreso económico y educativo de los indígenas y los afrodescendientes dentro de un cuadro ideológico racista.

La concentración en el aspecto económico del “problema” ha sido muchas veces un medio de negar las condiciones históricas heredadas. Para los liberal-libertarios, hoy de moda, la completa desregulación de los mercados, inclusive los educativos, permitiría cumplir el lema: “a cada quién según sus méritos”, que a ellos se les antoja como la superación automática de la desigualdad étnico-racial. Por supuesto, se niegan a considerar el carácter históricamente determinado de tales “méritos”, por ejemplo de la habilidad para usar el castellano y otros idiomas europeos. Creen que dar reglas iguales a individuos desiguales produce igualdad. O, en todo caso, que libra al mundo de la “injusticia” de darles a las personas carenciadas una recompensa por una razón que no sean sus “méritos”.

Esta concepción negacionista del pasado colonial y sus determinaciones en el desempeño presente de las personas se está haciendo cada vez más fuerte en nuestros días, y ha cancelado algunas de las acciones adoptadas en las décadas pasada en contra de la desigualdad producida por el racismo estructural de las sociedades poscoloniales y post-esclavistas.

El economicismo neoliberal puede ser un importante obstáculo para la emancipación indígena, en particular porque es asumido por muchos descendientes indígenas como una estrategia de integración social; sin embargo, con el tiempo se va probando que hacer dinero no ha cambiado la condición subalterna de estos, justamente porque la opresión que sufren es mucho más amplia que la que emana de la disparidad de ingresos.

Los sucesivos procesos de modernización de la región han ido devolviendo a los indígenas algunos de los capitales que les fueron arrebatados. Los más fáciles (¡!) de restituir parcialmente han sido los económicos y educativos. En cambio, el prestigio social, cultural e idiomático perdido ha resultado, y resulta hoy, mucho más difícil de recobrar. Muchos indígenas escapan del racismo estructural de las sociedades en las que viven por medio de la asimilación, es decir, tratando de apartar de sí mismos las peculiaridades de su identidad y adoptando abiertamente la identidad dominante. Pero este proceso tiene un carácter profundamente desigualador. Del “blanqueamiento” siempre saldrán mejor librados quienes ya posean, de antemano, una mayor blanquitud. Los demás se quedarán a medio camino, postulándose como “nuevos mestizos”, pero sin ser completamente aceptados como tales por los mestizos tradicionales. Así es cómo se multiplican las desigualdades no económicas, se forma una escala jerárquica que, partiendo de la colocación tradicional de lo indígena abajo y lo blanco arriba, establece una infinidad de combinaciones intermedias y está entrecruzada por múltiples disputas racistas entre los grupos identitarios.

Sin embargo, el racismo no está indistintamente orientado, como plantea a menudo el negacionismo. No hay “racismo a la inversa”. Las luchas racistas siempre buscan atribuir a los otros una mayor negritud o indigenidad y a los propios una mayor blanquitud. El racismo siempre es anti-indígena y anti-afro, así lo actúen indígenas y afrodescendientes.

Esto es así porque los procesos sociales latinoamericanos ocurren dentro de una estructura histórica específica, la modernidad euro-centrista y USA-centrista, que establece las coordenadas dentro de las cuales van a moverse las ideologías dominantes (imaginarios, estéticas y deseos colectivos, formas de “racionalidad”, industrias culturales, etc.) Y esta estructura es agonista: da el valor de “modernos” y “progresistas” a los capitales de las élites blancas, que se identifican con sus homólogas europeas y estadounidenses (aunque estas no las reconozcan como iguales), y desvaloriza los capitales indígenas y afro como “tradicionales”, “pasatistas” y, a lo más, “folclóricos” o “diversos”.  

Esto significa que la superación del racismo estructural, es decir, de la propensión social a reproducir infinitamente la desigualdad étnico-racial, demanda una transformación de esta estructura o, mejor dicho, de cómo vivimos en ella. Se requiere cambiar el inconsciente de la modernidad, marcado por las gravísimas expoliaciones de 500 y pico años. Se necesita la descolonización.

El embargo, un asunto entre cubanos

José Gabriel Barrenechea
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El embargo, un asunto entre cubanos

La pregunta de si el embargo de los Estados Unidos es la causa de la actual situación económica y financiera de Cuba no tiene una respuesta simple. La ineficiencia del socialismo cubano, mucho mayor a la de cualquier otro socialismo leninista, y la tendencia del régimen a no pagar sus deudas, incluso cuando podía, explican en parte esa situación. No obstante, es evidente que el embargo sí tiene repercusiones importantes en la misma, porque, si no, no se explicaría la insistencia en conservarlo. 

Nadie se empeña en usar un recurso que el contrario utiliza exitosamente para victimizarse, y descalificarte, a menos que en el cálculo general de ganancias-pérdidas el saldo percibido sea positivo. A fin de cuentas, si el suelo y las producciones de Cuba, un pequeño archipiélago sin grandes recursos naturales, valen algo, es por nuestra vecindad a los Estados Unidos. Un país de cuya economía, la cubana ha sido complemento desde el siglo XVIII, cuando un subproducto de nuestra producción de azúcar, las mieles, se convirtió en materia prima para la producción del ron de Nueva Inglaterra. 

La dependencia económica de Cuba a los Estados Unidos es tal que, tras la ruptura de 1960, el régimen solo ha conseguido sacar al país de la crisis al venderse como el aliado ideal de todo aquel dispuesto a sufragar al ineficiente socialismo cubano por tal de molestar a nuestro vecino. Cuba ha conseguido sobrevivir a más de sesenta años de desconexión con los Estados Unidos, su economía complementaria natural e histórica, al buscar el apoyo económico, políticamente interesado, de los enemigos abiertos o solapados de ese país. Porque la realidad es que, más allá de la cercanía a los Estados Unidos, Cuba tiene poco que ofrecer a otras economías, y tampoco puede vivir autárquicamente.

Pero la conservación de ese embargo —que, recordemos, no es la causa única de la actual situación cubana aunque influye en ella —, ¿al interés de quién responde? Contrariamente a la creencia generalizada en Latinoamérica, el embargo no se conserva por el interés del público o de la clase política de los Estados Unidos. Si así fuera, a la manera de Vietnam, hace mucho que habría desaparecido.

A diferencia de los tiempos de la Guerra Fría, cuando tanto los políticos de un partido como del otro apoyaban las medidas de castigo contra la isla vecina que se había atrevido a aliarse a su archienemigo, la Unión Soviética, desde los años noventa ha habido en la política americana una tendencia a establecer un modus vivendi con el régimen cubano. Si ello no ha sido posible es por la existencia de un importante y muy activo exilio cubano en los Estados Unidos, el cual, a diferencia del vietnamita, ha sabido hacerse con una influencia desproporcionada en la política americana. Considérese que, si bien los cubanoamericanos no llegan al 0,8% del censo, tienen una representación de casi un 2% en el Congreso, con tres senadores, y siete representantes. 

Fue el exilio, con sus relaciones y su habilidad política para imponer sus intereses, quien en los noventa no sólo consiguió conservar el embargo sino incluso que su abrogación quedara en manos únicamente del Congreso, en razón de determinadas condiciones que deberá cumplir cualquier futuro gobierno cubano. Y todo ello, a pesar de la idea extendida dentro de la clase política americana de que un régimen como el cubano tiene sus ventajas, como las de controlar con mayor eficacia los flujos de drogas y de emigrantes, en una isla casi a la vista de sus costas.

Desengañémonos: desde el final de la Guerra Fría, el diferendo no es entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba, como pretende el régimen, sino entre el exilio y ese régimen totalitario establecido sobre la limitación de derechos civiles, políticos y económicos a los cubanos. Diferendo precisamente por conservar o eliminar esas limitaciones, dentro de una sociedad transnacional o transfronteriza cubana cada vez más interconectada, y en la que, por ejemplo, las remesas de los exiliados representan la principal entrada económica para más de un tercio de las familias de la isla, y casi todo el capital con el que se inician los emprendimientos privados.

El embargo es hoy el único recurso eficaz de presión en manos de un significativo y en aumento porcentaje de cubanos que, inconformes con la situación en Cuba, y sobre todo con las limitaciones económicas y políticas en un sistema totalitario, han terminado por poner mares de por medio entre ellos y su patria. Algunos cuestionarán ese uso “poco” patriótico del embargo, pero a quienes lo hagan cabe preguntarles: ¿quién es menos patriota, quien priva de derechos a sus compatriotas o quien sin derechos en su patria trata de conseguirlos de vuelta por las escasas vías abiertas ante él? 

A pesar de la evidencia de que hace mucho que el exilio es el único apoyo importante dentro de la política americana a la conservación del embargo, La Habana insiste en tratar su eliminación como un asunto exclusivo entre las cancillerías de los dos países. Esto impide la solución de un problema vital para Cuba, solo porque el régimen se niega a reconocer al exilio como una parte de la sociedad transnacional cubana y un interlocutor válido. Algo cada vez más iluso, dada la proporción creciente de la población exiliada dentro de la sociedad transfronteriza cubana y su importancia tanto en la economía isleña como en la política de los Estados Unidos.

La comunidad internacional debe entender que solo será posible eliminar el embargo cuando el régimen acepte a su exilio como un interlocutor válido, y tenga en cuenta sus reclamos, porque está en sus manos cambiar la política de Washington hacia la Habana. En un final no se podía privar a los cubanos de derechos en su país, darle a los inconformes como única salida el emigrar, y a la vez esperar que al acumularse por millones esos excluidos no terminaran por controlar la política de Estados Unidos hacia Cuba. Ahora hay que tratar con ellos, si de verdad se desea reconectar a Cuba con su mercado natural e histórico.

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