La desigualdad: un desafío histórico

El reciente informe de Oxfam sobre el fin de las era de la desigualdades es una genuina contribución práctica en la búsqueda de nuevos horizontes de una vida digna para las personas y sus comunidades. Ciertamente este informe y el que se presentó a nivel mundial en la Conferencia de Davos y de varios estudios de casos nacionales como el elaborado hace un par de años en Bolivia, muestran una cadena indisociable entre lo nacional-local, regional y global. Solo combinando esta cadena es posible comprender el sentido específico del poder y del cambio que vivimos cada día, en medio de intensas transformaciones tecno económicas y científicas, y de redes de comunicación que funcionan a escala global mediante la digitalización mercantil de la política y que operan cotidianamente en las mentes humanas.

Esto sucede en medio de una crisis multidimensional global con diversos componentes  entrelazados entre lo productivo, social, ecológico político-institucional y multicultural donde el capital financiero y las economías criminales juegan un papel central fundamentalmente mediante una fetichización de las mercancías dañando la ética y la seguridad humana. ¿Quiénes fabrican armas? ¿Quiénes producen drogas y por qué?  ¿Quiénes manejan las industrias tecnológicas, comunicacionales y los sistemas financieros? ¿Y quienes se enriquecen en un mundo miserable?

Un resultado particular, como analiza el estudio de OXFAM, es el incremento inhumano de la desigualdad y la pobreza. Desigualdad y pobreza son indisociables. ¿Qué significa que los dos latinoamericanos más ricos hayan aumentado su fortuna en un 70% desde el inicio de la pandemia y que su riqueza sea similar a la de la mitad más pobre de la región? ¿Qué hicieron las opciones neoliberales y neodesarrollistas al respecto? ¿Por qué el Estado, a pesar de algunos momentos exitosos de implementación de políticas distributivas, no pudo hacer sostenible la disminución de la pobreza y menos la desigualdad?

El informe destaca la duda que genera en la sociedad la capacidad del Estado, sea de orientación neoliberal o neodesarrolista, respecto a su interés o capacidad para disminuir las desigualdades. En realidad, ni la dominación patrimonial corporativa ni la neoliberal impulsada por el “Consenso de Washington” pudieron cumplir sus propios objetivos. Fracasaron.

Por otro lado, el estudio, no sólo analiza el sistema distributivo, sino estudia los sistemas tributarios y su lógica de poder en los últimos años y propone una serie de medidas impositivas a los más ricos para disminuir las desigualdades y la pobreza. El mismo señala al Estado como el único actor capaz de impulsar medidas nuevas y eficaces colocando a las personas y sus comunidades en el centro del sistema.

El informe plantea además, cinco alternativas tributarias para los más ricos e incluso se propone un nuevo pacto fiscal que enfrente seriamente los problemas de desigualdad. Se trata de una contribución novedosa, pues proponen políticas concretas y prácticas que desgraciadamente ni los partidos ni los actores internacionales del desarrollo han propuesto. Consiguientemente, el informe es una importante referencia para la acción colectiva e institucional que necesita sobre todo comunicarse. Es tan importante el diagnóstico como la propuesta, pero lo es aún más una política comunicativa que permita el diálogo entre los diversos actores y que su discusión se convierta en un bien público.

Vale la pena aclarar que como producto y parte de la denominada crisis multidimensional global iniciada en 2007, los Estados, en buena parte, colapsaron y en estos años están emergiendo nuevos horizontes de cambio renovador. Estados autoritarios y elitistas, asociados a una religión nacionalista autoritaria de mercado y a fuerzas socioculturales especialmente entre las generaciones más jóvenes más pragmáticas, ecológicas, anti patriarcales y éticas que posiblemente ya marcan el tiempo de una nueva temporalidad histórica emergente.

La cuestión es entender qué se reproduce, qué cambia. Y en medio anida la lógica del conflicto socio-cultural que desgraciadamente no se trata en el estudio. En la región el conflicto y las demandas por una mejor reproducción social, mejor institucionalidad y logros culturales en torno de la otredad están en el centro de la vida pública en la región. La gran cuestión es detectar si estas demandas e identidades podrán transformarse en actores del cambio en las sociedades de la información y en las economías tecno-comunicacionales que están llevando a una cada vez mayor automatización de la vida.  

En este ámbito hay varios temas que el estudio suscita como espacios de discusión académica y política. En primer lugar, el marco histórico y global y el papel cultural que allí juegan las elites. En América Latina y el Caribe el origen de la desigualdad está relacionado a varios fenómenos como el de la estratificación social de origen colonial que sigue organizando el comportamiento de las elites. En este contexto se desarrolla una “dialéctica de negación del otro”, del diferente, donde se los identifica como indios, negros, mestizos, mujeres, etc. e inmediatamente se los denigra para justificar su poder.

Las elites en la región prácticamente no cumplen la ley y a lo largo de los años no han demostrado un “efecto de demostración” de comportamiento ético e institucional. Más bien lo que se ha impuesto a lo largo de los años, con increíbles mecanismos y modificaciones, son sistemas de intermediación y de clientelismo, anillos burocráticos, y una suerte de idealización de líderes autónomos que nunca o casi nunca existieron. A pesar de los importantes esfuerzos realizados a los largo del tiempo, salvo casos como el de Costa Rica y Uruguay, la articulación entre instituciones y modos de desarrollo incluyentes han sido muy limitadas.

En segundo lugar, en términos globales, los poderes nacionales se han re-entrelazado con los poderes globales generando nuevos sistemas de “extractivismos-informacionales” en los planos productivos, financieros y comerciales, condicionando y limitando un desarrollo humano ecologizado. El individualismo y el consumo ya afecta prácticamente a todas las sociedades que son cada vez más urbanas.

Los poderes globales estatales y empresariales del norte occidental, China, Japón y Australia están redefiniendo nuevamente la región como extractiva y consumista. Desde luego que a nivel global, nacional y local  también hay fuerzas culturales y actores políticos que buscan transformaciones sociales asociadas con economías sustentables. Una innovación socio-tecnológica y ecologista es el principal desafío. Sin embargo, a nivel global el pensamiento ecologista es aún débil frente a los poderes de destrucción de la vida y el medio ambiente.

La región está entre los principales productores de materias primas, pero a su vez está entre las que más sufren las consecuencias del cambio climático. Lógicas similares se dan respecto a la equidad de género y a la construcción de una nueva ética global basada en la dignidad de los derechos humanos y de la naturaleza.

En tercer lugar, parece necesario redefinir el tipo de Estado para enfrentar los cambios  planteados por el informe. Un Estado que pueda innovar, que navegue contra el viento articulando producción y distribución, y cuya fuerza radique en una comunidad de ciudadanos. En fin, un Estado de lo público, como la redefinió Sen y Ul Haq  en el IDH de 1993, donde se conjugue una economía de mercado con una pública. “ El Estado como el mercado deberían estar orientados por lo público. Los dos deberían trabajar en tándem y el público debería tener suficientes poderes para controlar a ambos en forma eficaz. Podría hacerlo mediante la participación en el gobierno o en su calidad de productores y consumidores, o en muchos casos mediante organizaciones populares u organizaciones no gubernamentales”.

En cuarto lugar, es fundamental el fortalecimiento de los sujetos del desarrollo y su capacidad de agencia para transformar metas en resultados y sobre todo de articular los procedimientos con los resultados. Llevar adelante las tres medidas propuestas por el informe: acciones para reducir las desigualdades intersectoriales poniendo al centro las personas y las comunidades, promover la justicia climática para contribuir a la sostenibilidad de la vida e impulsar políticas de género y de responsabilidad de los cuidados, necesitan actores autónomos que sustentan la acción de un Estado público.

En este ámbito, las transformaciones  propuestas necesitan articular un orden institucional pertinente con una lógica de la acción colectiva. A este respecto parece fundamental que los actores de un nuevo desarrollo se articulen, no sólo a nivel local,  sino también a nivel global. Existen experiencias territoriales interesantes que deben ser conocidas y discutidas, tanto a nivel rural como urbano, en el marco de una dinámica de transformación funcional y de cambios cada vez mas especializados que traen nuevas demandas.

La secularización consumista está inundando la mente de las personas. Pero también las redes informacionales constituyen los espacios de acción y redefinición de los nuevos actores de un cambio ético emancipatorio. Resulta también importante la renovación de un pensamiento empírico que fortalezca la capacidad de los nuevos actores del desarrollo.

Finalmente, en quinto lugar, vale la pena repensar la cuestión de la desigualdad y la pobreza como proceso de diferenciación social y funcional en sociedades crecientemente complejas y globalizadas. Esta supone una yuxtaposición de exclusiones y diferencias sociales y tecno-científicas asociadas con formas novedosas y crecientes de concentración de poder particularmente financiero y científico tecnológico.

Es necesario comprender la desigualdad  en un contexto de reproducción cambiante de las relaciones sociales de poder. La pobreza, como ha analizado Sen, no sólo se refiere a carencia de ingresos, también hay que tener en cuenta la perspectiva relacional de poderes. En realidad lo que genuinamente existe son vidas empobrecidas. Por ello es fundamental la participación ciudadana para compartir  la vida social. Las personas y sus comunidades necesitan poder optar libremente por el tipo de vida que desean. En esta lógica, el trabajo no sólo es empleo, es también reconocimiento humano donde las personas necesitan ser reconocidas como ciudadanos plenos. Hoy el trabajo y la educación informacional ya sustentan la dignidad humana.

La desigualdad en la región ha variado y se ha ido complejizando a lo largo de los años en varios sentidos, entre países, al interior de cada país y entre territorios. Por ejemplo, según el IDH en 1999 la distancia entre el país más rico al más pobre ha pasado de 1 a 3 en 1820 a de 1 a 72 en 1992.

La desigualdad como mencionamos, está ligada sobre todo al origen étnico. Las poblaciones más pobres de la región son los afrodescendientes y las comunidades originarias. Las percepciones sobre la desigualdad y la necesidad de cambio son persistentes y mayoritarias entre los pobladores de la región. El 79% de los latinoamericanos piensa “que se gobierna para unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio” y que viven en una sociedad injusta que debería cambiar, según el Latinobarometro 2019.

Asimismo, las sociedades de los países con mayores brechas sociales tienden a reproducir sus desigualdades y su percepción sobre las mismas es menor que en países con menores brechas sociales. Claro que cuando se vive situaciones de crisis y riesgo las percepciones aumentan aún más. Además, en estos tiempos de crisis multidimensional global, tanto los incluidos en los sistemas productivos formales como los que viven en situación de informalidad perciben una gran incertidumbre. Ésta es lo único cierto, como titula un libro del poeta guatemalteco Hugo Alfaro. Vivimos en sociedades policéntricas en medio de una geopolítica de poder incierta y cambiante.

Para terminar, en el centro de todos los avatares se encuentra el sentido del cambio, del progreso y de las mismas palabras. Por ejemplo, en quechua pobre, “wakcha”, significa el que no tiene amigos, familia, lazo social. Pobre es el que está solo, huérfano. Imaginemos un índice de “solitud” entre los más ricos del mundo. Seguramente para la cultura quechua muchos estarán entre los más pobres.

Lo nuevo es la desesperanza

La promesa de cambio del siglo XX quedó muy atrás

1959 fue un año que se inició marcado por la revolución cubana. Washington sintió el golpazo y en 1961 John Kennedy lanzó la Alianza para el Progreso como alternativa destinada a competir con el comunismo tropical que pregonaba la lucha armada como “partera de la historia”, tal como había proclamado don Carlos. En una y otra vía el cambio social era el objetivo, y su necesidad quedaba fuera de duda. La aceptación de la necesidad de una transformación social presidió los años que siguieron.

El siglo XXI ha dado a luz a otro panorama en América Latina. Es uno en el que el cambio de nuestras sociedades no solo ha salido de la agenda sino que ni siquiera es materia de atención y debate. El progreso de todos ha sido reemplazado por el de cada uno, vestido de un “emprendedurismo” que se nos propone como camino del logro personal al costo que sea —crudamente, esto quiere decir llevándose por delante a quien haga falta y sin escrúpulos— o planteado abiertamente como salida del país, rumbo al norte, a fin de encontrar entornos más propicios a las aspiraciones de cada quien, que no más son percibidas como las de los otros.

En eso estamos. La sustitución de objetivos comunes por la de objetivos individuales o familiares ha sido impulsada por varios factores. El primero es el fracaso de los intentos de transformación social iniciados décadas atrás. Las guerrillas fueron aplastadas sangrientamente y no dejaron herederos, ni siquiera huellas o recuerdos. Quienes llegaron al gobierno con programas reformistas los abandonaron pronto. Las varias formas de “promoción popular”, generalmente financiadas por fuentes de cooperación internacional, se limitaron a apoyar a algunos grupos sociales por periodos que terminaron cuando se acabó el dinero; en el mejor de los casos, los logros de esos esfuerzos fueron similares a los del asistencialismo prestado por las señoras pudientes y piadosas. Tampoco han dejado huella.

El segundo factor ha sido la prédica neoliberal —que debiéramos llamar neoconservadora— que ha inculcado una suerte de nuevo evangelio: tu futuro depende solo de ti; no esperes a progresar con los demás, esfuérzate por tu cuenta y lo demás vendrá por añadidura.

El estrechamiento o cierre de los canales de ascenso social para las mayorías y la capacidad de atracción de la propuesta de “salvación individual” han redefinido el panorama. El pesimismo acerca del futuro del país ha arrinconado cualquier optimismo en la esquina de aquello que cada uno pueda alcanzar. Las encuestas muestran esas tendencias. Y en los intercambios personales se ilustra aquello que hoy en día es “lo nuevo” en la región.

El marco de los narcos

Convengamos en que hay más elementos que hace unas cuantas décadas fueron nuevos y actualmente se encuentran normalizados. Probablemente el más importante sea el narcotráfico, que nos sorprendió cuando sus primeras noticias estaban centradas en Colombia. Pero luego, no siempre llamando demasiado la atención, el fenómeno se extendió a países productores de materia prima como Perú y Bolivia, y a continuación a los países de tránsito —todo Centroamérica y México, pero también Brasil, Argentina y Chile— para degradar sus sociedades y carcomer a sus Estados mediante la corrupción.

En una fase anterior, el narcotráfico pagaba los servicios necesarios con dólares provenientes de los mercados en los que colocaba la droga: primero Estados Unidos y luego Europa. Pero la persecución internacional complicó las transferencias de billetes verdes; de modo que se pasó a la etapa actual, en la que esos servicios locales se pagan con droga. Para hacer efectivos los pagos, quienes trabajan con las grandes redes internacionales del tráfico han activado un mercado interno de consumo de droga que afecta principalmente a los jóvenes. Como sabemos, en las puertas de colegios se regala droga para crear consumidores. El asunto de la adicción ha pasado a ser un problema de salud pública.

Para “los emprendedores”, el narcotráfico ha creado una amplia oferta de ocupaciones que ofrecen el éxito instantáneo. Los peldaños más bajos del escalafón son “las mulas” —también llamados burriers— que los traficantes sacrifican cuando hace falta, delatándolos a “agentes cumplidores del deber” que a cambio dejan pasar verdaderos cargamentos. Los infelices terminan como carne de prisión y el sistema de justicia dictará para ellos “sentencias ejemplares”. Mientras tanto, en los escalones más altos se hace carrera y sus ocupantes despliegan niveles de consumo de escándalo. Que en realidad no escandalizan sino que provocan envidia, aunque algunos de sus personajes acaben la fiesta en un “ajuste de cuentas”.

Mientras estos procesos se desarrollan y se extienden hasta crear “zonas liberadas” —no por la lucha armada sino por la actuación impune del delito—, la desigualdad ha dejado de figurar en la agenda de los partidos políticos, el incremento de impuestos —cuando menos hasta el nivel que se pagan en los países del Norte— es considerado “expropiatorio” por los neoconservadores y el aparato del Estado es cada vez más débil y corrupto; reducido a mínimos, desatiende la educación pública y la atención de la salud.

¿Dónde está la salida?

Hace muchos años, en medio de una de las crisis que cíclicamente padece Argentina, hice esta pregunta a un taxista en Buenos Aires. “En Ezeiza”, me contestó sin asomo de broma, refiriéndose al principal aeropuerto de la capital argentina. En esa época resultaba una buena agudeza; hoy largarse de su país es para muchos “la salida”. A la mayoría de ellos no les importa qué harán; asumen que desde cualquier ocupación tendrán mejores oportunidades que en su país, donde casi todos los caminos parecen haberse cerrado.

La de dejar el país es la opción creciente que adoptan, sobre todo, los más jóvenes. En el caso del Perú —que aun en el contexto latinoamericano aparece, quizá como Guatemala, como un paciente con pronóstico reservado, para el que no hay tratamiento conocido—, los emigrantes se han cuadruplicado luego de la pandemia. No hay estadísticas fiables que respalden lo que sabemos por mil historias; como viene ocurriendo con los salvadoreños desde hace mucho, todo peruano parece tener en el extranjero uno o más parientes, uno o más amigos.

Países latinoamericanos que hasta hace relativamente poco parecían tener modos de vida asentados y un Estado con cierta fortaleza se deslizan hoy por la pendiente. Chile nos sorprendió hace pocos años con una explosión social que hasta ahora no ha producido nada sano. Y Ecuador nos ha pasmado recién con la irrupción en escena de actores que, dedicados al negocio de la droga, habían permanecido tras bambalinas y ahora reclaman la posición de actores principales.

En la mayor parte de América Latina es la hora del sálvese-quien-pueda. Ese proceso es alimentado actualmente por la desesperanza, que proviene de comprobar la magnitud de problemas para los que nadie atina a proponer soluciones viables.

La incertidumbre electoral en Venezuela

Según una encuesta realizada en julio por la Universidad Católica Andrés Bello y la encuestadora Delphos, la intención del voto a favor del candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUC), Edmundo González Urrutia es de 59,3% y para el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), presidente en funciones, Nicolás Maduro Mora, es de 34,8%. Esto implica una clara diferencia de más de veinte puntos porcentuales a favor de la PUC.

Aunque las cifras muestran una clara ventaja del candidato de la oposición, esto no es suficiente para asegurar que será el eventual ganador y que, de mantenerse esta tendencia, sea proclamado su triunfo por el órgano electoral, el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Se sabe que una encuesta es la fotografía de un momento, pero no es lo único que se debe tener en cuenta para que se dé un cambio político, menos en un contexto tan complejo como el existente en el sistema político venezolano donde hay otros aspectos que se deben considerar.

Las vías y los caminos

Un hecho notorio en Venezuela es que no se está en presencia de un régimen democrático que respeta las reglas electorales, la separación de poderes y la institucionalidad. Se está ante un gobierno autoritario que tiene cooptadas todas las instituciones del Estado. Aunque se mantengan las distintas ramas del Poder Público, en la práctica, se siguen las indicaciones que llegan desde Miraflores.

Además, las jerarquías más altas de las Fuerzas Armadas, principalmente por interés personal y patrimonial, son afectas a Nicolás Maduro. Ante un escenario en el cual Edmundo González Urrutia obtuviera la mayor cantidad de votos y el gobierno de Maduro reconociera su triunfo, el gran reto sería asegurar la gobernabilidad ante una institucionalidad militar y unos poderes públicos claramente chavistas, incluida la Asamblea Nacional compuesta mayoritariamente por partidarios del gobierno. Al mismo tiempo, las actuaciones de las cúpulas militares y su respeto a la constitución y al Estado de Derecho serán de particular importancia.

También se debe tener en cuenta que, la asunción del nuevo presidente (en caso de que haya un cambio), sería en enero de 2025, lo que implicaría seis largos meses donde la situación interna puede ser particularmente compleja. Y, ante tanta incertidumbre, parece existir certeza de que luego de las elecciones presidenciales, habrá una transformación en Venezuela y, aunque no se sepa el rumbo, estará marcada por situaciones que podrían poner en jaque la gobernabilidad del país.

Otro factor es que a los líderes del régimen les puede resultar muy caro dejar el poder y sólo lo harían si no les quedara otra vía, lo que implicaría el establecimiento de canales para la negociación, con la desconfianza que se tiene en este mecanismo por los resultados que se han obtenido en las distintas instancias de diálogo que se han establecido entre la oposición, o parte de ella, y el gobierno de Maduro.

Si no hay negociación, en este escenario se ve muy difícil que Maduro deje el poder. Aquí el gran reto de la PUC es que esa alianza, que aglutina grupos tan diversos, logre acuerdos sobre este tema.

Pese a esto, se debe indicar que, como nunca antes en 25 años, hay mucha esperanza en la población –incluidas personas que han sido fieles seguidoras de Hugo Chávez, pero que se desmarcan de Nicolás Maduro–, de que el cambio es posible.

Camino a la “orteguización” del régimen

Las violaciones de los derechos humanos en general, y en particular los derechos civiles, políticos y las libertades son una práctica sistemática en el gobierno de Maduro.

Según el Foro Penal, organización no gubernamental de defensa de los derechos humanos, en el país hay un total de 301 personas consideradas presas políticas y sólo en 2024 se han realizado 114 detenciones arbitrarias, de las cuales 102 se vinculan con el equipo o con las giras de María Corina Machado y el candidato Edmundo González Urrutia.

El régimen de Maduro ha establecido, sin éxito, distintas estrategias para impedir que Machado y González Urrutia recorran el territorio venezolano: cierre de carreteras, obstáculos en el camino, sanciones tributarias a quienes les prestan algún tipo de colaboración o servicio durante el recorrido. Se han cerrado hoteles, restaurantes y otros establecimientos por alojarlos o por darles de comer. Pese a esto, hay personas que están dispuestas a correr el riesgo, otra muestra más del malestar generalizado.

A ello se suma la estrategia comunicacional del gobierno que busca infundir temor en la población señalando que, de no ganar Maduro, en el país “correrá un baño de sangre”, que sólo ellos pueden asegurar la estabilidad.

Este camino de amenazas, detenciones arbitrarias y violaciones de derechos guarda similitudes con lo realizado por Daniel Ortega, aunque Nicolás Maduro no es líder nicaragüense, ni el PSUV el Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Como en el país centroamericano el régimen tiene control absoluto del órgano electoral; hay poca transparencia en el proceso electoral, lo que se demostró en la forma como se dio la inscripción de Edmundo González Urrutia. La instalación de las mesas y la certificación de los testigos electorales también será un tema al cual habrá que prestarle mucha atención el día de las elecciones para evaluar si hay ventajismo electoral de parte de quienes detentan el poder.

Cabe preguntarse si el fin último del régimen es instrumentalizar las elecciones con la intención última de mantener el poder, neutralizar toda oposición, dar un autogolpe, cometer fraude electoral siguiendo la ruta de sus amigos Daniel Ortega o Vladimir Putin.

El liderazgo de María Corina Machado

Formó parte con Leopoldo López y Antonio Ledezma, del ala más radical de la oposición. Fue partidaria de la abstención, del bloqueo económico de los Estados Unidos y su postura frente a la Mesa de la Unidad Democrática (anterior plataforma que unía a la oposición) era muy crítica. Las elecciones primarias de 2023 le dieron un nuevo aire, al resultar ganadora con más del 92% de los votos. Eso la catapultó como la líder indiscutible de la oposición venezolana.

Cabe destacar que su caso es sui generis en América Latina. Machado no contó con el apoyo de un liderazgo masculino que la impulsara, el suyo fue construido por sus propios medios y dándose algo inédito: es ella, una mujer, la que apoyó la candidatura de un hombre, de Edmundo González Urrutia, a quien trasladó su capital político. Su triunfo y el respaldo de la población han estado muy marcados por la desconfianza y deslegitimación sufrida por algunos líderes políticos de la oposición, entre ellos, el denominado presidente interino Juan Guaidó.

Durante esta campaña electoral, en la que ha recorrido el país, la llegada de Machado a poblaciones alejadas de los centros de poder ha aglutinado a las personas alrededor de su figura. En su discurso apela a la emotividad y a los sentimientos de las personas, quienes se sienten identificadas con sus palabras.

Los resultados electorales incidirán significativamente en su destino político. Un triunfo del candidato de la PUC podría fortalecer su liderazgo, pero una derrota electoral, independientemente de las razones por las que se produzca, podría suponer un costo político muy alto y ser aprovechado por quienes dentro de la unidad la adversan para responsabilizarla por no haber obtenido lo que se esperaba.

Edmundo González Urrutia, el candidato conciliador

En comparación con el discurso de María Corina Machado y otros líderes de la oposición, el de Edmundo González Urrutia es más comedido y abierto a una posible negociación para lograr la transición. En distintos momentos ha reiterado que “en Venezuela caben todos”, incluidos los afectos al chavismo.

Hay un sector radical que se opone tajantemente a negociar con el régimen, sin embargo, la transición política que tanto requiere Venezuela será imposible sin diálogo, sin consenso, sin darle cabida a los distintos actores políticos, incluidos los sectores chavistas. Esto no implica negar la necesidad del establecimiento de una Comisión de la Verdad, de esclarecimiento de los hechos y de la reparación a las víctimas por las violaciones de derechos humanos ocurridas durante los 11 años del gobierno de Nicolás Maduro.

Las palabras de González Urrutia resultan muy prudentes para momentos tan críticos como los que vive Venezuela.

Brasil y Colombia, la posición de los vecinos

Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva, líderes de la izquierda latinoamericana, se han ido desmarcando del gobierno de Maduro, luego del proceso de inscripción de candidaturas presidenciales, donde fue clara la violación de los derechos políticos por parte del régimen venezolano y ante la presión de la opinión pública de sus respectivos países. Desde abril han intentado, sin éxito, que se firme un acuerdo en el que las partes se comprometan a acatar los resultados electorales.

Por su cercanía geográfica con Venezuela, es indudable que los resultados electorales tendrán repercusiones en sus países, siendo uno de los problemas más preocupantes (no el único) un nuevo éxodo migratorio.

Actualmente hay casi 8 millones de migrantes de nacionalidad venezolana que huyeron de su país debido a la crisis humanitaria y los resultados electorales pueden ampliar esta cifra. Los datos muestran que cada vez que hay una elección que favorece al régimen, aumenta significativamente la cantidad de personas que salen de Venezuela. De ocurrir nuevamente, Colombia y Brasil serían algunos de los destinos preferidos con los retos que eso implica.

Ante este panorama, en Venezuela se mantiene la expectativa, mezclada con temor, pero a su vez con esperanza de que es posible que se dé un cambio político. Aunque quede tan poco tiempo, no hay claridad al respecto, es por lo que se le pide a la comunidad internacional no que intervenga, sino que esté muy atenta a la manera como se desarrollan los acontecimientos y, además, que esté dispuesta a rechazar contundentemente las violaciones de derechos humanos que se puedan presentar en estos próximos días.

¿Milagro o cuento? Fujimori vuelve a ser candidato

“Mi padre y yo hemos decidido que él será el candidato presidencial”. Con ese escueto mensaje a través de su cuenta oficial de X, Keiko Fujimori, la lideresa del partido político Fuerza Popular, confirmó que su padre, el célebre dictador de los noventa en el Perú, Alberto Fujimori, de 85 años, volverá al ruedo electoral para afrontar la campaña presidencial de 2026.

Alberto Fujimori, extraditado de Chile en 2007 después de renunciar a la presidencia del Perú acorralado por los escándalos de corrupción y derechos humanos de su mandato, estuvo preso 14 de los 25 años que comprendía su condena impuesta en 2009 por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado por trato cruel, entre otros.

En la Navidad de 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski emitió un mensaje a la nación en el que argumentó razones humanitarias y de salud para indultarlo. Aunque se consumó el indulto, en 2018 el Poder Judicial lo declaró inaplicable luego de que los deudos de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta interpusieran un recurso aduciendo un “pacto político” para su liberación, y se procedió a su encarcelamiento.

Cuatro años más tarde, el indulto fue restituido por el Tribunal Constitucional, pero nuevamente se truncó por una solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para suspender sus efectos. En diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional ordenó ejecutar el indulto, lo que no fue observado por la actual presidenta, Dina Boluarte. 

Desde entonces, el expresidente Alberto Fujimori ha informado de que padece de fibrilación auricular paroxística, fibrosis pulmonar y cáncer en la lengua. Varios de sus voceros indicaron en medios de comunicación que debía recibir libertad porque estaba viviendo sus últimos años. 

El anuncio de su candidatura fue acompañado de un video editado, en el que se consigna un pasaje de una entrevista que su hija, Keiko, ofreció en los últimos días a un programa televisivo del canal Willax TV, donde relata palabras de su padre, quien, asegura, le confirmó que quiere “regresar a la arena política”, a pesar de los “riesgos” que ello implica.

“Yo miraba el brillo de sus ojos y decía: «Sí, pues, él va a hacer política toda su vida» […] Yo creo que es él el que tiene que llevar la batuta”, continuó.

El 20 de junio, Alberto Fujimori había comunicado también por intermedio de X su afiliación a Fuerza Popular, el partido fujimorista de la época actual, formado desde el 2010 en reemplazo de Fuerza 2011, que antes fue Alianza Para el Futuro, coalición que agrupó a los movimientos que él creó durante su régimen dictatorial, Cambio 90 y Nueva Mayoría.

Desde aquel momento comenzó a tomar fuerza el nombre de Alberto y no de Keiko como representante del fujimorismo en el próximo balotaje, ya que la normativa electoral en el Perú exige que el candidato presidencial esté inscrito en la organización política en la cual desea postular. El plazo tope para afiliarse venció el pasado 12 de julio.

En los últimos tres procesos electorales democráticos del país, Fuerza Popular, con Keiko a la cabeza, ha alcanzado la segunda vuelta electoral pero siempre ha perdido. Ocurrió en 2011 contra Ollanta Humala, en 2016 contra Pedro Pablo Kuczynski y en 2021 contra Pedro Castillo. El voto antifujimorista, que representa a un importante sector de la izquierda peruana, focalizado sobre todo en el sur andino, ha triunfado por estrecho margen.

En todos esos comicios, tras los cuales el fujimorismo obtuvo una importante mayoría parlamentaria, los sondeos de opinión han concluido que la fuerza del voto fujimorista radica en la recordación de los logros del fujimorato, entre 1990 y 2000, y no en las bases y estructura del partido naranja conseguidas por Keiko.

La confirmación de la candidatura presidencial de Alberto Fujimori en 2026 ha traído consigo cuestionamientos sobre la legalidad de su postulación, en vista que la Constitución del Perú establece que cualquier persona sentenciada por un delito doloso no puede postular a cargos de elección popular, y él, aunque indultado, mantiene su condena.

Abogados penalistas y constitucionalistas han referido que el indulto no implica amnistía, y que, además, Alberto no ha pagado la reparación civil de 57 millones de Soles que debe al Estado, requisito para que la justicia nacional lo acredite formalmente como rehabilitado y hábil para aspirar a cargos públicos.

Desde la otra orilla, su abogado, Elio Riera, ha respondido que Alberto “no tiene ninguna limitación jurídica” para postular a la presidencia porque “el indulto como tal genera un perdón de la pena y una rehabilitación de derechos”. Ha señalado, también, que la ley que impide que un condenado por delito doloso postule a cargos de elección popular se aprobó luego de la condena de Fujimori, y no se puede aplicar de manera retroactiva.

¿Cómo un paciente oncológico de 85 años puede recuperar vitalidad para postular a la máxima magistratura de un país? Riera asegura que, al ser liberado, Fujimori ha experimentado “una mejoría”. En este momento, finalizó, se encuentra “médicamente estable”. ¿Milagro o cuento?

Lo cierto es que, de momento, Alberto Fujimori será uno de los, probablemente, cincuenta candidatos presidenciales que tendrá el Perú en menos de dos años. Se avecina una campaña política en la que existen ya 30 agrupaciones inscritas para participar de la lid, y 20 más en proceso de hacerlo. Con una legislación vigente que no fomenta la formación de alianzas, la polarización podría conducir a que pasen a segunda vuelta aspirantes al Palacio de Gobierno con menos del 10% de votos. A eso apunta el fujimorismo.

Las desigualdades del racismo

La pobreza en América Latina y el Caribe ha aumentado después de la pandemia y las recientes turbulencias económicas mundiales y ha vuelto a afectar a casi un tercio (29%) de la población latinoamericana y caribeña, mientras que la pobreza extrema alcanza al 11%. Lo que aquí me interesa es la composición interna de este indicador de pobreza. El Informe Regional de Desigualdad EconoNuestra de OXFAM contrasta “la población afrodescendiente (24,3% en pobreza) e indígena (43,1% en pobreza) frente a la no indígena ni afrodescendiente (19,4% en pobreza)”. Estos datos nos remiten a procesos desarrollistas que producen resultados sesgados en contra de los descendientes indígenas y afro. Por tanto, a una situación de racismo estructural. Un diagnóstico bien conocido.

Las cifras citadas expresan relaciones económicas, pero al mismo tiempo remiten a procesos de desigualdad de índole no económica. Como señalo en mi libro “Racismo y poder en Bolivia” (OXFAM/FES, 2021), en nuestras sociedades las personas que nacen indígenas (un hecho social, no económico) tienen más posibilidades de ser pobres –en este momento, como hemos visto, el doble de posibilidades– que quienes no lo son. También tienen más posibilidades de recibir menos educación, habitar peores viviendas, gozar de una menor expectativa de vida, sufrir más alcoholismo y otras enfermedades prevenibles, cumplir trabajos duros y alienantes que comiencen en la infancia, etc. El Informe anota estas desigualdades con el apelativo de “interseccionales”, pero no se detiene en ellas.

José Carlos Mariátegui señaló en los años 30 del siglo XX que “el problema del indio es el problema de la tierra”. Por supuesto, el indio no es un problema para la sociedad. Es la sociedad, en cambio, la que es un problema para el indio. Este tiene a la sociedad como problema porque viene de una “expropiación originaria” en la que le fueron arrebatados sus capitales: no solo los productivos, como la tierra, sino también los educativos, culturales (el lenguaje) y, sobre todo, los capitales simbólicos. Esta situación de sustracción y falta, de origen histórico, se ha perpetuado con el tiempo, y se ha justificado con toda clase de discursos racistas y negacionistas.

Lograr la igualdad étnico-racial en el continente exige corregir esta expropiación masiva, que solo en parte es económica. El vaciamiento de los indígenas durante cinco siglos ha sido mucho más complejo y amplio que el identificado por Mariátegui. Los marxistas del siglo XX no concebían las privaciones culturales y simbólicas como fundamentales; para ellos, gracias a la revolución, los indígenas de todas maneras iban a “civilizarse”, es decir, a superar la “barbarie” en la que vivían desde la Colonia, a “mejorar su higiene”, a aprender castellano, etc. Su posición a este respecto era análoga a la de los liberales de la misma época, con la diferencia de que estos hacían descansar el cambio en la educación y la expansión del capitalismo. La historia intelectual prueba que se puede plantear el progreso económico y educativo de los indígenas y los afrodescendientes dentro de un cuadro ideológico racista.

La concentración en el aspecto económico del “problema” ha sido muchas veces un medio de negar las condiciones históricas heredadas. Para los liberal-libertarios, hoy de moda, la completa desregulación de los mercados, inclusive los educativos, permitiría cumplir el lema: “a cada quién según sus méritos”, que a ellos se les antoja como la superación automática de la desigualdad étnico-racial. Por supuesto, se niegan a considerar el carácter históricamente determinado de tales “méritos”, por ejemplo de la habilidad para usar el castellano y otros idiomas europeos. Creen que dar reglas iguales a individuos desiguales produce igualdad. O, en todo caso, que libra al mundo de la “injusticia” de darles a las personas carenciadas una recompensa por una razón que no sean sus “méritos”.

Esta concepción negacionista del pasado colonial y sus determinaciones en el desempeño presente de las personas se está haciendo cada vez más fuerte en nuestros días, y ha cancelado algunas de las acciones adoptadas en las décadas pasada en contra de la desigualdad producida por el racismo estructural de las sociedades poscoloniales y post-esclavistas.

El economicismo neoliberal puede ser un importante obstáculo para la emancipación indígena, en particular porque es asumido por muchos descendientes indígenas como una estrategia de integración social; sin embargo, con el tiempo se va probando que hacer dinero no ha cambiado la condición subalterna de estos, justamente porque la opresión que sufren es mucho más amplia que la que emana de la disparidad de ingresos.

Los sucesivos procesos de modernización de la región han ido devolviendo a los indígenas algunos de los capitales que les fueron arrebatados. Los más fáciles (¡!) de restituir parcialmente han sido los económicos y educativos. En cambio, el prestigio social, cultural e idiomático perdido ha resultado, y resulta hoy, mucho más difícil de recobrar. Muchos indígenas escapan del racismo estructural de las sociedades en las que viven por medio de la asimilación, es decir, tratando de apartar de sí mismos las peculiaridades de su identidad y adoptando abiertamente la identidad dominante. Pero este proceso tiene un carácter profundamente desigualador. Del “blanqueamiento” siempre saldrán mejor librados quienes ya posean, de antemano, una mayor blanquitud. Los demás se quedarán a medio camino, postulándose como “nuevos mestizos”, pero sin ser completamente aceptados como tales por los mestizos tradicionales. Así es cómo se multiplican las desigualdades no económicas, se forma una escala jerárquica que, partiendo de la colocación tradicional de lo indígena abajo y lo blanco arriba, establece una infinidad de combinaciones intermedias y está entrecruzada por múltiples disputas racistas entre los grupos identitarios.

Sin embargo, el racismo no está indistintamente orientado, como plantea a menudo el negacionismo. No hay “racismo a la inversa”. Las luchas racistas siempre buscan atribuir a los otros una mayor negritud o indigenidad y a los propios una mayor blanquitud. El racismo siempre es anti-indígena y anti-afro, así lo actúen indígenas y afrodescendientes.

Esto es así porque los procesos sociales latinoamericanos ocurren dentro de una estructura histórica específica, la modernidad euro-centrista y USA-centrista, que establece las coordenadas dentro de las cuales van a moverse las ideologías dominantes (imaginarios, estéticas y deseos colectivos, formas de “racionalidad”, industrias culturales, etc.) Y esta estructura es agonista: da el valor de “modernos” y “progresistas” a los capitales de las élites blancas, que se identifican con sus homólogas europeas y estadounidenses (aunque estas no las reconozcan como iguales), y desvaloriza los capitales indígenas y afro como “tradicionales”, “pasatistas” y, a lo más, “folclóricos” o “diversos”.  

Esto significa que la superación del racismo estructural, es decir, de la propensión social a reproducir infinitamente la desigualdad étnico-racial, demanda una transformación de esta estructura o, mejor dicho, de cómo vivimos en ella. Se requiere cambiar el inconsciente de la modernidad, marcado por las gravísimas expoliaciones de 500 y pico años. Se necesita la descolonización.

El embargo, un asunto entre cubanos

La pregunta de si el embargo de los Estados Unidos es la causa de la actual situación económica y financiera de Cuba no tiene una respuesta simple. La ineficiencia del socialismo cubano, mucho mayor a la de cualquier otro socialismo leninista, y la tendencia del régimen a no pagar sus deudas, incluso cuando podía, explican en parte esa situación. No obstante, es evidente que el embargo sí tiene repercusiones importantes en la misma, porque, si no, no se explicaría la insistencia en conservarlo. 

Nadie se empeña en usar un recurso que el contrario utiliza exitosamente para victimizarse, y descalificarte, a menos que en el cálculo general de ganancias-pérdidas el saldo percibido sea positivo. A fin de cuentas, si el suelo y las producciones de Cuba, un pequeño archipiélago sin grandes recursos naturales, valen algo, es por nuestra vecindad a los Estados Unidos. Un país de cuya economía, la cubana ha sido complemento desde el siglo XVIII, cuando un subproducto de nuestra producción de azúcar, las mieles, se convirtió en materia prima para la producción del ron de Nueva Inglaterra. 

La dependencia económica de Cuba a los Estados Unidos es tal que, tras la ruptura de 1960, el régimen solo ha conseguido sacar al país de la crisis al venderse como el aliado ideal de todo aquel dispuesto a sufragar al ineficiente socialismo cubano por tal de molestar a nuestro vecino. Cuba ha conseguido sobrevivir a más de sesenta años de desconexión con los Estados Unidos, su economía complementaria natural e histórica, al buscar el apoyo económico, políticamente interesado, de los enemigos abiertos o solapados de ese país. Porque la realidad es que, más allá de la cercanía a los Estados Unidos, Cuba tiene poco que ofrecer a otras economías, y tampoco puede vivir autárquicamente.

Pero la conservación de ese embargo —que, recordemos, no es la causa única de la actual situación cubana aunque influye en ella —, ¿al interés de quién responde? Contrariamente a la creencia generalizada en Latinoamérica, el embargo no se conserva por el interés del público o de la clase política de los Estados Unidos. Si así fuera, a la manera de Vietnam, hace mucho que habría desaparecido.

A diferencia de los tiempos de la Guerra Fría, cuando tanto los políticos de un partido como del otro apoyaban las medidas de castigo contra la isla vecina que se había atrevido a aliarse a su archienemigo, la Unión Soviética, desde los años noventa ha habido en la política americana una tendencia a establecer un modus vivendi con el régimen cubano. Si ello no ha sido posible es por la existencia de un importante y muy activo exilio cubano en los Estados Unidos, el cual, a diferencia del vietnamita, ha sabido hacerse con una influencia desproporcionada en la política americana. Considérese que, si bien los cubanoamericanos no llegan al 0,8% del censo, tienen una representación de casi un 2% en el Congreso, con tres senadores, y siete representantes. 

Fue el exilio, con sus relaciones y su habilidad política para imponer sus intereses, quien en los noventa no sólo consiguió conservar el embargo sino incluso que su abrogación quedara en manos únicamente del Congreso, en razón de determinadas condiciones que deberá cumplir cualquier futuro gobierno cubano. Y todo ello, a pesar de la idea extendida dentro de la clase política americana de que un régimen como el cubano tiene sus ventajas, como las de controlar con mayor eficacia los flujos de drogas y de emigrantes, en una isla casi a la vista de sus costas.

Desengañémonos: desde el final de la Guerra Fría, el diferendo no es entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba, como pretende el régimen, sino entre el exilio y ese régimen totalitario establecido sobre la limitación de derechos civiles, políticos y económicos a los cubanos. Diferendo precisamente por conservar o eliminar esas limitaciones, dentro de una sociedad transnacional o transfronteriza cubana cada vez más interconectada, y en la que, por ejemplo, las remesas de los exiliados representan la principal entrada económica para más de un tercio de las familias de la isla, y casi todo el capital con el que se inician los emprendimientos privados.

El embargo es hoy el único recurso eficaz de presión en manos de un significativo y en aumento porcentaje de cubanos que, inconformes con la situación en Cuba, y sobre todo con las limitaciones económicas y políticas en un sistema totalitario, han terminado por poner mares de por medio entre ellos y su patria. Algunos cuestionarán ese uso “poco” patriótico del embargo, pero a quienes lo hagan cabe preguntarles: ¿quién es menos patriota, quien priva de derechos a sus compatriotas o quien sin derechos en su patria trata de conseguirlos de vuelta por las escasas vías abiertas ante él? 

A pesar de la evidencia de que hace mucho que el exilio es el único apoyo importante dentro de la política americana a la conservación del embargo, La Habana insiste en tratar su eliminación como un asunto exclusivo entre las cancillerías de los dos países. Esto impide la solución de un problema vital para Cuba, solo porque el régimen se niega a reconocer al exilio como una parte de la sociedad transnacional cubana y un interlocutor válido. Algo cada vez más iluso, dada la proporción creciente de la población exiliada dentro de la sociedad transfronteriza cubana y su importancia tanto en la economía isleña como en la política de los Estados Unidos.

La comunidad internacional debe entender que solo será posible eliminar el embargo cuando el régimen acepte a su exilio como un interlocutor válido, y tenga en cuenta sus reclamos, porque está en sus manos cambiar la política de Washington hacia la Habana. En un final no se podía privar a los cubanos de derechos en su país, darle a los inconformes como única salida el emigrar, y a la vez esperar que al acumularse por millones esos excluidos no terminaran por controlar la política de Estados Unidos hacia Cuba. Ahora hay que tratar con ellos, si de verdad se desea reconectar a Cuba con su mercado natural e histórico.

¿Cómo llegamos a las elecciones venezolanas?

Parece increíble, pero faltan unos pocos días para que se celebren las elecciones presidenciales de Venezuela. El 28 de julio se ha convertido en la oportunidad más clara de transición democrática del país, después de diversos intentos electorales e insurreccionales que no han logrado su cometido.

De acuerdo a la firma británica Barclays, existe una «posibilidad significativa de una transición política» en Venezuela, lo que cobra fuerza a medida que se acerca la elección y la candidatura de Edmundo González sigue firme. Pero, después de numerosas elecciones, fraudes, insurrecciones y demás, ¿cómo llegamos hasta aquí?

A principios del año pasado la oposición estaba fragmentada y desmoralizada, mientras que el gobierno, que ya había superado la amenaza del Gobierno Interino encabezado por Juan Guaidó, necesitaba de legitimidad para negociar el levantamiento de las sanciones, sobre todo las que tienen que ver con el sector petrolero.

De manera que el oficialismo acompañó (no sin reticencias) los esfuerzos de la comunidad internacional de los que resultó el Acuerdo de Barbados, una hoja de ruta para que la oposición pudiera participar en las elecciones de 2024 en mejores condiciones que las de 2018. Recordemos que los resultados de estas últimas fueron considerados fraudulentos por gran parte de la comunidad internacional y, por tanto, fueron desconocidos, generando una crisis de legitimidad para Maduro.

Este acuerdo también establecía el respeto a los resultados de las elecciones primarias opositoras. A pesar de los obstáculos impuestos por el gobierno, entre ellos la ratificación de la inhabilitación de María Corina Machado, la negativa a apoyar logísticamente la elección y hasta amenazar con impedirla, la líder de Vente Venezuela fue aclamada con más del 93% de los votos en un ejercicio organizado íntegramente por la oposición.

La ratificación de la inhabilitación de Machado obligó a la Plataforma Unitaria a sustituir su candidatura. Aunque el objetivo del gobierno era desincentivar la participación e incluso provocar protestas, la oposición siguió la vía electoral y designó a la académica Corina Yoris, quien tampoco pudo ser inscrita por la arbitrariedad del Consejo Nacional Electoral. Finalmente, fuera del lapso estipulado la autoridad electoral permitió la inscripción del ex embajador Edmundo González, totalmente desconocido para ese momento, con el objetivo de “guardar el lugar” de la candidatura opositora, ya que posteriormente se abriría un lapso para sustituir las candidaturas.

Sin embargo, la Plataforma Unitaria ratificó la candidatura de González y desde entonces María Corina Machado, en sus decenas de actos a lo largo y ancho del país, ha llevado el nombre y la imagen del ex diplomático, y de acuerdo a las encuestas Machado ha traspasado casi totalmente su apoyo al ex diplomático, que aventaja hasta por 30 puntos a Nicolás Maduro en la intención de votos.

A la inhabilitación ilegal de Machado y otros líderes políticos, se suma la privación del derecho al voto de millones de venezolanos. Debido a los obstáculos en el registro y actualización de los datos de los electores, de los cinco millones de venezolanos que residen en el exterior y tienen edad para votar, solo 508 personas pudieron inscribirse y 6.020 actualizar sus datos, lo que deja el padrón de residentes en el extranjero habilitados para votar en 69.211 electores. El número de excluidos representa cerca de un 25% del padrón electoral.

La inscripción de votantes en Venezuela también fue restringida, dado el reducido lapso para la inscripción y actualización y por el escaso número de centros y puntos de la jornada especial, de manera que millones de personas no pudieron inscribirse.

La violencia electoral ha sido una constante. La oposición ha sido perseguida y criminalizada. Más de 50 personas vinculadas con la Plataforma Unitaria o con organizaciones defensoras de derechos humanos han sido arbitrariamente detenidas en el marco de las elecciones, muchas de ellas constituyeron desapariciones forzadas. Seis integrantes de Vente Venezuela están asilados en la Embajada de Argentina en Caracas desde hace más de 100 días luego de que se emitiera orden de captura contra ellos. Por su parte, pequeños comerciantes que han brindado servicios de comida, transporte, logística o alimentación a María Corina Machado y su equipo en sus giras por el país, han sido sancionados por el SENIAT e impedidos de realizar sus actividades.

El Gobierno, como de costumbre, ha usado los recursos y bienes del Estado para hacer proselitismo. No han tenido reparo en usar el sistema de medios de comunicación público para favorecer la candidatura de Maduro y atacar a la de la Plataforma Unitaria, u obligar a los empleados estatales a asistir a los actos de campaña.

Los medios independientes, por su parte, siguen sufriendo de la censura y decenas de ellos han sido cerrados por CONATEL. Sin embargo, algunos medios de televisión han transmitido tímidamente movilizaciones opositoras, e incluso el candidato Edmundo González fue entrevistado.

Ha habido importantes fallas en el cumplimiento del cronograma electoral, no se han publicitado las actividades y sobre todo no ha habido una campaña activa del órgano electoral para promover el voto. Al contrario, el proceso se ha caracterizado por la opacidad y la falta de información.

Algunas organizaciones locales de observación electoral han participado en varias auditorías de manera remota, pero no están oficialmente acreditadas. El CNE revocó la invitación que se le había hecho a la Unión Europea para que enviara una Misión de Observación Electoral, aunque era uno de los compromisos del Acuerdo de Barbados. Quienes sí asistirán son el Centro Carter, aunque con una misión con alcances limitados, y un Panel de seis expertos de las Naciones Unidas. Ambos informes serán confidenciales.

A pocos días de la elección, las condiciones electorales son totalmente adversas para los sectores democráticos, que aún así se reafirma en la ruta electoral con el apoyo mayoritario de una población que ya no teme porque ya no tiene mucho que perder.

¿La explotación del litio implicará un nuevo despojo de los pueblos originarios?

Mucho se habla de la necesidad de una matriz energética limpia para los países como parte de un modelo de desarrollo sostenible y libre de las emisiones de carbono. Por ello, hay mucha presión por parte de la gobernanza global para que los países asuman compromisos de bajar sus niveles de CO2. En este marco, el litio como mineral para la producción de baterías de automóviles para sustituir los coches a combustión, es cada vez más disputado en la escena internacional. Sin embargo, su extracción no es tan limpia como se anuncia y se desea. Por ello, cabe preguntarse ¿Qué tan estratégico es el litio para los países de América del Sur?

En el Norte argentino, en las provincias de Jujuy y Salta, las comunidades indígenas de la puna (Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc) todavía reclaman, luego de décadas, por los títulos de las tierras, de las cuales sufren desalojos y exclusión a pesar de los acuerdos entre el gobierno provincial y las grandes corporaciones de extracción del litio.

El acceso al territorio fue una forma de reparación histórica de los estados por el despojo que sufrieron las comunidades con la llegada de la colonización europea. Sin embargo, en la actualidad, a pesar del importante rol que juegan los pueblos originarios en el mantenimiento de la vegetación nativa y sus saberes novedosos (no científicos) para la convivencia armoniosa con el ecosistema terrestre, muchos gobiernos no respetan sus territorios y derechos.

Photo de Ricardo de Carvalho Jatobá

En Argentina, como en varios otros países, estas comunidades tienen ciertos derechos garantizados en la reforma constitucional de 1994 en base al Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que establece la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas y tribales sobre el futuro de sus vidas y de sus territorios, cuando sea necesario. Este acuerdo internacional fue ratificado en 1989 junto a otros 15 países de Latinoamérica.

Pero, en la práctica, las autoridades autorizan actividades extractivas y el cultivo agrícola en los territorios indígenas sin consultas o su participación en las negociaciones. Esta es una constante entre los países latinoamericanos que siguen volcados a la exportación de productos primarios como granos y metales, debido a la demanda global, aunque ello tenga impactos ambientales y sociales a mediano y largo plazo.

La actual narrativa que promueve el uso de automóviles eléctricos en sustitución del uso de los combustibles fósiles para evitar la emisión de gases de efecto invernadero, sin embargo, es confusa y equivocada. Los automóviles eléctricos necesitan baterías que se fabrican a partir de litio, un metal muy presente en Argentina, Bolivia y Chile, países que concentran alrededor de 85% de las reservas del mundo. Pero estos tres países que hacen parte del “triángulo del litio”, en parte y con enormes diferencias, no están preparados ni para beneficiarse de la industralización, ni tampoco para mitigar los impactos negativos de su extracción.

Lo que podría ser una oportunidad para una cooperación Sur-Sur, según el anuncio de Evo Morales en el pasado, se volvió en una amenaza para los gobiernos de esos países y un nuevo despojo de los pueblos originarios. No existe la participación de las comunidades indígenas en el diseño, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo nacionales o provinciales, además no se logra priorizar el interés público por sobre lo privado y extranjero.

Photo de Ricardo de Carvalho Jatobá

Según Florencio, un indígena que el 2 de septiembre de 202 se manifestaba junto a la Ruta 52, en las Salinas Grandes, provincia argentina de Jujuy, la demanda de los afectados por las energías renovables no es radical. No se trata de seguir con la carbonización de la economía global o parar de producir teléfonos o automóviles eléctricos, sino de escuchar a los pueblos a quienes pertenecen esos territorios y saberes e involucrarlos en las tomas de decisiones. De esa forma, al menos las desventajas pueden ser compensadas por actividades de reducción de los daños y riesgos generados a la tierra y las comunidades.

Ese es el ‘interés nacional’ que tanto cuesta a nuestros líderes asumir en la escena política internacional. Y es que preocupa que la nueva narrativa no implique otra cosa que una repetición histórica del colonialismo y un nuevo despojo de los pueblos originarios de la región.“Primero, vinieron los Incas, después los Españoles, y ahora nuestros propios hermanos, los argentinos” – dice Florencio.

Los indígenas tienen la clave para el cambio del modelo de desarrollo de los países. Así, es importante reconocer la naturaleza política de la cuestión. Eso significa rescatar el rol de los Estados en la mediación entre mercado y sociedad, y en la planificación del desarrollo con participación de los distintos actores interesados. Esto es fundamental para no promover una transición energética que termine beneficiando únicamente a una élite global.

Por ello, debería cambiarse el adjetivo ‘limpio’ por ‘renovable’. El concepto ‘energía limpia’ confunde a la opinión pública ya que omite los problemas de la contaminación del medio ambiente, el uso intensivo del agua, los impactos en la salud de las comunidades locales indígenas y el desplazamiento de los pueblos.

Nuestros gobiernos no están haciendo lo suficiente para reducir la desigualdad

Sabemos que las desigualdades económicas y sociales en América Latina son de las más altas del mundo. Y estas desigualdades son, no solo un distintivo de la región, sino que también han sido un lastre para su propio desarrollo. Unas desigualdades caracterizadas cada vez más por altos niveles de concentración del ingreso y la riqueza en manos de unos pocos. Ante esta trágica situación ¿Qué tanto están haciendo los gobiernos de América Latina?

En la gran mayoría de los países de América Latina, el 10% de la población con mayores ingresos captura alrededor de la mitad, o más, del ingreso nacional, según datos de la base mundial de desigualdad (World Inequality Database) del World Inequality Lab, iniciativa conjunta de la Paris School of Economics y la Universidad de Berkeley. En Brasil la cifra es del 56.8%, en Perú del 57% y en Colombia llega al 60%, mientras que en la mayoría de los países desarrollados la cifra suele ser alrededor de la tercera parte. Con la riqueza sucede algo similar o incluso peor: el 10% de la población más rica captura más del 60% de la riqueza nacional y en algunos países, como Brasil, cerca del 80%.  

Más llamativo aún es que el 1% más rico de la población concentraba en 2022 casi 43,5 de cada 100 dólares de la riqueza total, según el reciente informe EconoNuestra de Oxfam International, mientras que la mitad más pobre se debe contentar con tan solo 0.8 de cada 100 dólares. En otras palabras, los más ricos acaparan 55 veces más riqueza que la mitad más pobre de la población. Mientras tanto, 183 millones de personas se encuentran en situación de pobreza en América Latina.

La limitada capacidad redistributiva de los gobiernos latinoamericanos

Una razón fundamental por la cual la desigualdad se mantiene elevada es la poca eficacia de los gobiernos latinoamericanos para redistribuir la riqueza. Son varias las cosas que un estado puede hacer para disminuir la desigualdad, empezando por proporcionar a todos sus ciudadanos oportunidades de educación, salud, inserción laboral y de creación de empresas. El marco legal, comenzando por la legislación laboral (incluidos los salarios mínimos) también juega un papel crucial. Pero más a corto plazo, los estados redistribuyen a partir de impuestos (a priori más altos para los más ricos) y transferencias directas (a priori hacia los más pobres). En América Latina, estos sistemas, incluidos los tributarios y de gasto social, son aún deficientes.

Para evaluar la capacidad redistributiva directa de un estado, los economistas comparamos la desigualdad antes y después de la intervención estatal. Es decir, la desigualdad antes y después del cobro de impuestos y transferencias directas. Esto se hace comparando el coeficiente de Gini en la distribución de los ingresos (cero para máxima igualdad y uno para máxima desigualdad) antes y después de impuestos y transferencias.

En gran parte del mundo, solemos encontrar una reducción significativa de la desigualdad tras impuestos y transferencias. En la mayoría de los países europeos no solo la desigualdad es menor, sino que la reducción tras la intervención estatal es alta. En países como España y Francia, la intervención estatal puede reducir el coeficiente de Gini en hasta un 0.15 y en países como Suecia y Dinamarca, la reducción supera el 0.2. Estas diferencias pre vs post acción gubernamental (redistribución absoluta), demuestran el impacto de sistemas progresivos que distribuyen la riqueza desde los más ricos a los más pobres.

En muchos países latinoamericanos, por el contrario, la acción del estado es prácticamente nula y la desigualdad apenas cambia tras la intervención estatal. En Perú, por ejemplo, la desigualdad de ingresos antes de la acción estatal ha caído notablemente en los últimos años, pasando de valores cercanos al 0.6 (de los más altos del mundo) a valores del 0.45. Sin embargo, la acción del estado parece limitada, con una redistribución absoluta de media décima.

Algo similar sucede en Colombia, con una redistribución que en algunos años ha sido nula. En Brasil, a diferencia de Perú, el Gini antes de impuestos y transferencias se mantiene cercano al 0.6, pero tras la intervención estatal cae en una décima, siendo con Uruguay uno de los países con mayor impacto en la redistribución absoluta (calculada de esta forma como la diferencia entre el Gini pre y el post impuestos y transferencias).

Creciente concentración de la riqueza y la necesidad de reformas redistributivas

Para el agregado de 23 países de América Latina y el Caribe, las cifras son desalentadoras. En los últimos años ha habido un estancamiento en la disminución de la desigualdad que venía dándose desde principios de siglo. Y la acción de los estados no parece favorecer de forma significativa la redistribución.

En estos países coinciden una escaza capacidad redistributiva de los estados y una creciente concentración de riqueza en las manos de los más ricos. Esto, sumado a unos beneficios cada vez más elevados.

La situación preocupa y vuelve a traer a primera línea política la necesidad de reformas redistributivas en la región, muchas veces debatidas y casi siempre ineficaces. En esta línea, informe de Oxfam se suma a los llamamientos a reformas tributarias en la región y hacia un “Nuevo Pacto Social Latino-Caribeño” vertebrado alrededor de tres prioridades: el fortalecimiento de las políticas públicas de protección social; el avance hacia la universalización de los servicios públicos, y el impulso de los recursos públicos para hacer frente a los gastos que estos desafíos plantean.

Y lo anterior pasa precisamente por un mayor esfuerzo contributivo de las grandes empresas y fortunas de la región. Hasta hoy, el escaso esfuerzo redistributivo en los países latinoamericanos ha recaído en las clases medias, con los más ricos acaparando cada vez mayor proporción del ingreso y la riqueza. De ahí que se haga hincapié en la necesidad de aumentar la contribución de los más ricos y de las grandes empresas ya que estas últimas pueden contribuir a la reducción de la desigualdad tanto de forma directa como indirecta. La reducción de forma directa, por ejemplo, proporcionando empleos de calidad con salarios justos, o invirtiendo en las comunidades locales, mejorando infraestructuras y servicios básicos. De forma indirecta, contribuyendo más a las arcas públicas, lo que permita incrementar el gasto público social.

En plenos cambios del ciclo político en muchos países latinoamericanos, hemos de recordar que todo esfuerzo para disminuir las desigualdades, como para incrementar la redistribución, mejora no solo la cohesión social, sino que también, como lo han mostrado varios estudios, la sostenibilidad económica y el desarrollo en general. Por lo tanto, la lucha contra la desigualdad no solo sigue siendo tarea pendiente, sino que ha de ser una prioridad para los gobiernos de nuestra región.

Venezuela y su encrucijada política de cara a la elección

A pocos días de la elección presidencial en Venezuela, la situación política en el país se muestra cada vez más crispada. Por un lado, el gobierno de Nicolás Maduro continúa con las prácticas autoritarias cuya finalidad es impedir que el deseo de cambio se exprese de forma genuina en las urnas. Por otro lado, la oposición liderada por María Corina Machado y el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (antigua Mesa de la Unidad Democrática), Edmundo González Urrutia, continúa recorriendo el país y concentrando decenas de miles de personas en ciudades y pueblos de todo el país; esto a pesar de las trabas y restricciones impuestas por diferentes actores progubernamentales. En medio de los grupos en pugna, la sociedad venezolana muestra cada vez más su deseo de cambio político de forma pacífica y electoral.

Aunque la elección presidencial de 2024 en Venezuela se perfila como la menos competitiva en la historia reciente del país como consecuencia del ventajismo del gobierno, malas prácticas electorales, abusos y persecución hacia la candidatura de la Plataforma Unitaria Democrática, existe una posibilidad real de que la oposición obtenga más votos que el gobierno. La elección de 2024 está marcada por el mantenimiento de la estrategia de participación de la oposición luego de los resultados obtenidos en las elecciones regionales de 2021. En aquel momento, la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (antigua Mesa de la Unidad Democrática) abandonó la estrategia de boicot electoral y decidió postular candidatos para competir por alcaldías y gobernaciones (sobre todo Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Acción Democrática). Esta decisión no estuvo exenta de críticas y tensiones internas, el partido de Leopoldo López, Voluntad Popular, en voz del exdiputado Juan Guaidó, “presidente gobierno interino”, llamaba a la ciudadanía a manifestarse para exigir elecciones justas:

“El llamado a los venezolanos es a salir a las calles, a exigir elecciones libres y justas, salir a las calles a protestar por lo que está mal, a elegir en una elección, la que nos deben y la que originó esta crisis y a promover un acuerdo de salvación nacional”

Desde fuera de la Plataforma Unitaria, María Corina Machado, líder de Vente Venezuela, argumentaba que no existían condiciones para una elección libre y justa, y etiquetó a los dirigentes que buscaban cargos de elección popular como “cohabitadores”. De hecho, criticó a la Unión Europea por el envío de observadores, ya que, desde su punto de vista: “Esto no ayuda a la lucha democrática del pueblo venezolano, sino a la permanencia del régimen”. En ese momento, mantenía la tesis de la amenaza creíble cuyo objetivo era presionar al gobierno externamente para que negociára su salida del poder.

Adicionalmente, la oposición que participó se presentó fragmentada. Por un lado, los partidos de la Plataforma Unitaria lograron coordinarse para la presentación de candidatos conjuntos. Por otro lado, los partidos que había participado (Avanzada Progresista, Cambiemos, etc.) en 2018 y 2020, así como las facciones judicializadas de los partidos de la antigua MUD, construyeron la llamada Alianza Democrática, ya que buscaban sustituir electoralmente a la oposición de la Plataforma Unitaria.

En todo caso, tal como demostramos en un estudio junto a Maryhen Jiménez, Stefania Vitale y Guillermo Tell Aveledo, el resultado de las elecciones regionales de 2021 mostró la importancia de las elecciones para la movilización social y política. El resultado global fue que los partidos de oposición en conjunto obtuvieron más de cuatro millones y medio de votos, el 55 %), mientras que la alianza del PSUV obtuvo el 45 % de los votos. Pero dada la fragmentación, la superioridad de votos no se tradujo en mayor cantidad de gobernaciones o alcaldías para la oposición. Sin embargo, el potencial de la oposición estaba allí y esto, desde cierto punto de vista, posiblemente marcó el cambio en la posición de Machado.

La elección del 2021 mejoró la imagen internacional del gobierno ya que este permitió la participación de la oposición (se había legalizado la tarjeta de la MUD, impedida de postular desde 2018), se levantaron inhabilitaciones a dirigentes opositores, se permitió a la oposición tener dos de cinco rectores principales en el CNE y se invitó a la Unión Europea como observador internacional.

Para estas elecciones, el gobierno de Maduro especuló con que la oposición mantendría su estrategia anterior, y si se daba de la misma manera que en 2021 su objetivo de mantenerse en el poder sin recurrir a mayor represión o un fraude abierto le permitiría mantenerse en el poder y exigir el levantamiento de sanciones internacionales. Sin embargo, a medida que se ha ido acercando la elección se ha ido evidenciado el error de cálculo.

Un cambio de estrategia de cara al 2024

En primer lugar, en esta campaña, a pesar de sus importantes diferencias internas, la oposición logró resolver, mediante la elección primaria, el problema de la selección de su candidato presidencial. En mayo de 2022, la Plataforma Unitaria convocó a elecciones primarias para el 2023, la cual sería organizada por personalidades independientes, académicos y organizaciones de la sociedad civil.

La elección primaria representó un desafío de coordinación entre los opositores y, hacia el final de la campaña, las pugnas entre los diferentes candidatos parecían conducir al fracaso del proceso. Además, la oposición debió soportar las constantes amenazas de suspensión o intervención por parte del gobierno a través del poder judicial.

A pesar de ello, la elección primaria obtuvo una participación mayor a lo esperado y una abrumadora victoria de María Corina Machado con 92% de las preferencias de los aproximadamente dos millones de electores que participaron. Con este resultado, Machado reclamó el derecho a liderar a la oposición y personalizar la dirección de esta.

En segundo lugar, el gobierno estimó que si bloqueaba la participación de Machado, ésta no lo toleraría y tomaría la vía del boicot electoral, de la que había sido promotora desde antes de 2015. Por un lado, no levantó su inhabilitación política fabricada por el contralor general y ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia y por otro impidió, sin causa legal, la postulación de la profesora Corina Yoris como sustituta de Machado.

El lema “hasta el final” y declaraciones del entorno inmediato de Machado parecían indicar que sin ella en la papeleta la oposición se mantendría en la ruta electoral. Sin embargo, el lema contenía una ambigüedad que dejaba entrever la posibilidad de continuar, a pesar de los obstáculos.

Luego de una negociación entre Machado y Manuel Rosales (Gobernador del Zulia, líder de UNT), se definió que Edmundo González Urrutia (inscrito para reservar la postulación de la tarjeta de la MUD) sería el candidato presidencial. Esta decisión de mantener la participación en los comicios, aun teniendo peores condiciones de integridad electoral que las elecciones presidenciales previas ha llevado al gobierno a aumentar la represión y persecución de dirigentes, activistas y ciudadanos que apoyan o prestan servicios a las giras de Machado y González Urrutia.

Entre octubre y junio se ha detenido a varios dirigentes regionales de Vente Venezuela, se acusó al equipo de Machado de terrorismo y algunos de ellos fueron apresados y otros tuvieron que asilarse en embajadas. Se han cerrado y multado negocios que han prestado servicio a Machado o González Urrutia y se han apresado a dueños de transportes públicos o particulares que han traslado al candidato o a Machado. Todos estos actos de intimidación y represión han marcado el período previo a la campaña y su inicio.

Adicionalmente, el CNE ha sufrido un deterioro importante en la forma de tomar decisiones en donde reina la opacidad y discrecionalidad. En agosto de 2023 Elvis Amoroso, quien previamente fue el Contralor de la República y responsable de las inhabilitaciones políticas sin juicio de dirigentes opositores como Capriles Radonski, Leopoldo López y, María Corina Machado, entre otros, fue escogido para presidir el organismo. Así, el CNE relativamente moderado en 2021 es actualmente casi completamente leal al gobierno por lo que difícilmente se cumplen los procedimientos mínimos de transparencia, equidad e integridad electoral.

¿Qué dicen las encuestas?

A pesar de ello, las pocas encuestas fiables conocidas dan cuenta de un descontento generalizado hacia el gobierno de Maduro. Según el Latinobarómetro 2023, el 32.6% “aprueba” la gestión del gobierno, mientras que el 67.3% “no aprueba”. Mientras que firmas como Consultores 21 y Delphos dan como ganador a González Urrutia con preferencias cercanas al 50%.

Si bien hay que tomar los datos con pinza, los ejercicios demoscópicos muestran el rechazo al gobierno y una preferencia electoral hacia el candidato de la MUD. Sin embargo, lo cierto es que existen condiciones externas que pueden inhibir a las personas de expresar sus preferencias reales o bien ser coaccionados por parte de agentes progubernamentales para cambiarlas en el momento de la votación. Después de todo, la elección venezolana se da en un contexto no democrático, en el que existen mecanismos de control social por parte del gobierno sobre parte de los empleados públicos o beneficiarios de programas sociales.

La campaña oficialista

La campaña electoral del Gobierno ha sido poco eficaz en mostrar un mensaje positivo debido a la falta de logros y el desgaste lógico de un gobierno de 10 años que ha causado la emergencia humanitaria más grave de la historia del país. En este contexto, cualquier promesa es percibida como un acto de cinismo. Por otra parte, el mensaje de miedo, “nosotros o el caos”, tampoco parece hacer mella en el electorado.

Lo que es cierto, es que la victoria de Machado en las primarias y el endoso de su apoyo a González Urrutia ha logrado reagrupar a los sectores chavistas descontentos. Sin embargo, dentro de las filas del oficialismo también hay presiones y represión. Un ejemplo de ello fue la judicialización del Partido Comunista de Venezuela, histórico socio del PSUV desde 1999, el cual ha dado su apoyo al candidato, Enrique Márquez de Centrados.

En todo caso, el resultado de la elección no está cerrado. Si consideramos el contexto no democrático en el que se enmarca la elección, la capacidad de manipulación electoral del gobierno sigue siendo amplia. Por ejemplo, los cambios en la forma como se distribuyen los votantes en los centros de votación permite al gobierno ejercer mayor control sobre los electores de las mesas. Otra técnica es la ya utilizada anteriormente de cambiar el reglamento de testigos de mesa de los partidos a pocos días del cierre del registro del CNE.

En resumen, la selección de María Corina Machado como candidata en las primarias opositoras y su insistencia en mantenerse por intermedio de Edmundo González Urrutia en la ruta electoral ha polarizado la elección presidencial de 2024. Actualmente, solo hay dos contendientes reales, cada uno representando visiones diametralmente opuestas de la sociedad venezolana y que no se reconocen mutuamente.

Aunque Machado parece contar con la mayoría de las preferencias, el control institucional del gobierno y la posible manipulación antes y durante la elección son factores cruciales que podrían cerrar la brecha o incluso darle una victoria ajustada a Maduro. Tampoco se puede descartar que, de ser necesario, el gobierno cambie abiertamente el resultado al final de la jornada electoral.

Las consecuencias de un posible no reconocimiento de los resultados electorales pueden abrir la puerta a una mayor ingobernabilidad, así como a una intensificación de la crisis migratoria en la región. Por ello, estos resultados no solo afectarán el futuro de los venezolanos, sino también el de los países vecinos, cuya capacidad para gestionar la crisis migratoria venezolana es limitada y causa tensiones internas.