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Qué es diferente esta vez en Venezuela

El 28 de julio, aniversario del nacimiento de Hugo Chávez, los venezolanos emitieron sus votos en una elección presidencial. Desde 1999, la oposición no había podido derrocar a la “revolución bolivariana”. Esta vez, sin embargo, encuestadores serios estimaron una amplia victoria para el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia. La mayoría de las elecciones en Venezuela no han sido libres ni justas durante mucho tiempo, pero a pesar de ser conscientes de las condiciones injustas, la preferencia de los venezolanos por una transformación pacífica del conflicto motivó a los ciudadanos a votar. Esta vez fue diferente: el gobierno de Nicolás Maduro ha participado en lo que parece ser un fraude masivo sin precedentes, manipulando los votos y negándose a hacer públicos los recuentos desglosados ​​por estado, municipio y centro de votación. Esta intensificación de las irregularidades electorales plantea nuevos desafíos a la perspectiva de una transición democrática que requiere una estrategia de respuesta nacional e internacional adecuada.

Una historia de represión

Esta no fue la primera vez que los ciudadanos votaron en condiciones injustas. El abuso de los recursos estatales en las campañas políticas ha sido algo común desde que el fallecido presidente Hugo Chávez encabezó la Revolución Bolivariana. La revolución de Chávez, que lleva el nombre del héroe de la independencia del país, Simón Bolívar, tuvo como objetivo durante mucho tiempo establecer un estado socialista mediante la redistribución de la riqueza, la nacionalización de industrias clave, programas sociales y la disminución de la influencia extranjera. 

El panorama económico de este movimiento ha cambiado considerablemente en los últimos años, a medida que Maduro empujó a Venezuela hacia una forma de capitalismo neopatrimonial y autoritario, pero su voluntad de permanecer en el poder a toda costa solo se ha intensificado. Durante mucho tiempo, los opositores han sido enmarcados como marionetas de Estados Unidos y actores de extrema derecha. También se utilizaron la manipulación de los distritos electorales y el legalismo autocrático para desmovilizar a las fuerzas antichavistas. 

Sin embargo, los patrones de represión cambiaron bajo los gobiernos de Nicolás Maduro. Políticos de oposición, activistas, defensores de los derechos humanos y periodistas se han visto obligados a exiliarse; los partidos han sido despojados de su estatus legal y de sus símbolos partidarios. Los disidentes chavistas también han sido objeto de represión. Estos son solo algunos ejemplos del arsenal de irregularidades. 

En la última década, el gobierno redobló la apuesta por estas tácticas, buscando fragmentar a la oposición y dificultarle mucho la competencia. Pero hasta entonces el gobierno se había mostrado reacio a alterar abiertamente el resultado de las elecciones. En 2013, por ejemplo, la oposición denunció fraude pero no pudo ofrecer pruebas de manipulación de votos. Unos años más tarde, en 2015, la oposición participó en las elecciones legislativas bajo la coalición conjunta MUD, obteniendo una victoria aplastante. 

Si bien la élite gobernante desmanteló la Asamblea Nacional y desató una represión sin precedentes después de las elecciones, inicialmente reconoció los resultados, y Maduro incluso asistió a su sesión inaugural. Más tarde, en 2016, el gobierno utilizó los tribunales para rechazar un referendo revocatorio que el gobierno probablemente habría perdido si se hubiera celebrado. 

Un precedente directo de manipulación de votos fueron las elecciones regionales de 2017, donde el gobierno había cometido fraude al alterar el recuento de votos a nivel de los centros de votación, como lo demostró el candidato de la oposición a gobernador del estado Bolívar, Andrés Velázquez. Desde que perdió su competitividad, el gobierno ha buscado constantemente empujar a la oposición a una estrategia de boicot, que reduciría los costos de revertir o no reconocer los resultados. 

Este fue el escenario en 2018 cuando los actores tradicionales de la oposición decidieron boicotear las elecciones presidenciales en un momento en que Maduro tenía un bajo índice de popularidad debido a la grave crisis socioeconómica. En 2021, la oposición volvió a una estrategia electoral para desafiar al titular durante las elecciones regionales. Cuando ganó la oposición, el gobierno inicialmente reconoció los resultados, pero posteriormente amenazó a los alcaldes y gobernadores de la oposición una vez en el cargo.

Si bien el régimen ha utilizado diversos medios para contrarrestar la voluntad del pueblo, no se había producido un fraude flagrante en una contienda a nivel nacional hasta esta elección.

¿Qué es diferente esta vez?

El chavismo entró en la contienda con la expectativa de que la oposición se fragmentaría antes de las elecciones. A pesar de todos los incentivos que el gobierno impuso para causar divisiones, como la represión selectiva de los oponentes tradicionales y el margen de maniobra para los grupos cooptados, las élites opositoras que antes eran radicales recurrieron a las elecciones para derrotar al gobierno. 

Las élites en el poder también hicieron campaña sabiendo que tendrían problemas para movilizar a las bases chavistas. Durante varios años, los chavistas descontentos han presionado y cuestionado a la élite gobernante, exigiendo que se respeten sus derechos y antiguos beneficios; también han señalado críticamente la corrupción y la riqueza desmedida entre las élites gubernamentales. 

En este contexto, el gobierno hizo nuevas promesas y se basó en viejas tácticas de intimidación y vigilancia para movilizar a sus simpatizantes. El gobierno también se basó en un discurso desgastado de resentimiento social, argumentando que la oposición estaba liderada por la vieja oligarquía, cuyos “apellidos” se usaban para gobernar el país. Muchos venezolanos señalaron el carácter cínico de esta campaña liderada por un puñado de individuos que han gobernado durante más de dos décadas.

Pero la elección también fue el resultado de cuidadosas negociaciones internacionales, donde la administración estadounidense proporcionó un alivio crucial de las sanciones a cambio de condiciones electorales mínimas, al tiempo que alentaba a la oposición a volver a la vía electoral. En parte debido a los Acuerdos de Barbados, la Plataforma Unitaria, una alianza de partidos de la oposición, organizó una elección primaria, donde María Corina Machado fue elegida como candidata unitaria. El gobierno violó con frecuencia los términos del acuerdo, pero la oposición siguió centrada en derrotar a Maduro en las urnas. Como Machado siguió sin poder postularse para un cargo, la alianza finalmente se quedó con lo que se suponía que sería un reemplazo temporal, el ex diplomático Edmundo González Urrutia, quien se presentó contra el titular.

Alcance del fraude y profundidad de la victoria

Esta es una elección nacional donde el cargo de la presidencia estaba en juego. El gobierno ha alegado que la piratería electrónica extranjera en el sistema de transmisión retrasó la tabulación de los datos de los colegios electorales a la sede del Consejo Electoral. Y, sin embargo, con un aparente 80% de los votos contados, el Consejo declaró a Maduro como ganador con poco más del 51% de los votos. No se ha proporcionado un desglose de la votación por estado, municipio y centro de votación, como es la norma. Por otro lado, la oposición afirma que sus testigos sufrieron intimidación, y que muchos fueron retirados a la fuerza de los centros de votación. Aun así, los observadores electorales lograron reunir más del 80% de los escrutinios, lo que muestra un margen de casi 70% a 30% a favor de Edmundo González.

Si bien no se han verificado por completo, hasta ahora, la mayoría de las pruebas indican que el recuento de la oposición es el resultado correcto. De ser cierto, esta sería la primera vez en 25 años que la oposición no solo gana una elección presidencial, sino que lo hace con una victoria aplastante. Según estos resultados, el gobierno perdió todos los estados y todos los municipios por un amplio margen. Los resultados ya no revelan una división urbano-rural que era común en años anteriores del chavismo. Tampoco muestra un sesgo de la clase trabajadora y del sector popular a favor del gobierno.

Vemos, en cambio, un amplio rechazo al gobierno, lo que en parte explica las consecuencias inmediatas del anuncio. En todo el país estallaron masivas protestas espontáneas y cacerolazos (una forma tradicional de protesta en la que la gente golpea cacerolas y sartenes). Comenzaron en los barrios populares, no en los bastiones tradicionales de la oposición de clase media y alta. 

Al optar por participar en las elecciones en las peores condiciones desde 1999, los actores de la oposición pudieron capitalizar el descontento interclasista por primera vez. Además, como los ciudadanos participaron activamente en la organización y movilización en torno a las elecciones, así como el día de las elecciones, se sintieron parte de un movimiento pro cambio y, por lo tanto, personalmente estafados cuando el gobierno anunció los resultados. Participar y ganar por un margen tan amplio impuso el conocido dilema de reconocer y negociar o participar en un fraude masivo. Dados los altos costos de salir, la élite gobernante ha elegido esto último.

El camino a seguir

Venezuela está entrando en una nueva y peligrosa fase de su conflicto. El gobierno ha aumentado rápidamente la represión contra los manifestantes y está implementando mecanismos de vigilancia e intimidación contra la población. Está empleando diferentes tácticas represivas para fragmentar y desmovilizar a la sociedad. Imágenes y videos de comunidades populares revelan que grupos armados afines al régimen intimidan a los ciudadanos e imponen toques de queda. En los sectores obreros y de clase media, se apoyará en una fuerte presencia policial y militar. Las élites de la oposición han sido acusadas de fascistas y las élites del régimen han pedido el encarcelamiento de Machado y González Urrutia. Esta escalada está aumentando los costos de la participación y el disenso abierto.

Si bien esto es cierto, al elegir una estrategia de resistencia democrática pacífica e institucional, la oposición ha creado impulso para un movimiento pro democracia diverso y transclasista. A nivel de la élite, los líderes de la oposición deben seguir siendo resilientes frente a las estrategias de fragmentación previstas por el gobierno. 

Ahora es el momento de abrir aún más la carpa, ya que los anuncios recientes de intelectuales, ex ministros y líderes del chavismo y otros candidatos a las elecciones presidenciales demuestran que se puede forjar una amplia coalición por la democracia. Algunos de estos líderes, que antes eran críticos de la oposición tradicional pero ahora piden la publicación de los resultados y la reversión del fraude, pueden servir de puentes entre las facciones gubernamentales que temen la represión pero están considerando la posibilidad de disentir abiertamente, y el movimiento pro democracia. 

Para que el deseo de cambio de los venezolanos se materialice, los opositores deben seguir comprometidos entre sí y con una estrategia de base interna. Las experiencias pasadas con movimientos paralelos y fuera del sistema, como el “gobierno interino” encabezado por el ex legislador Juan Guaidó, descarrilaron a los opositores y desmovilizaron a la sociedad.

Más allá de navegar por los intereses de las comunidades exiliadas y otros actores extranjeros que podrían verse tentados a apresurarse a ejercer la máxima presión sin considerar las nuevas restricciones impuestas después de los resultados, los opositores deben aprovechar el arte de la diplomacia de alto nivel. Varios gobiernos, incluidos los de Estados Unidos, miembros de la Unión Europea y América Latina, ya han pedido transparencia y verificación inmediata de los resultados electorales. 

Asimismo, organizaciones internacionales y grupos de derechos humanos han exigido el fin de la represión contra los manifestantes. El papel de los gobiernos históricamente tolerantes con el chavismo es crucial, como los de Brasil y Colombia. Deben permanecer vigilantes, seguir exigiendo la divulgación de los resultados y operar en coordinación con otros gobiernos latinoamericanos, así como con Estados Unidos, para ofrecer una vía diplomática para una solución negociada a esta crisis.

Las élites de la oposición deben cuidar el impulso que han ayudado a construir con los movimientos de base, la sociedad civil organizada y los ciudadanos comunes. Ambos líderes se han dirigido a los ciudadanos en persona tres veces: dos veces después del anuncio de los resultados el 29 de julio y nuevamente el 30 de julio. También han publicado mensajes en sus plataformas de redes sociales. 

Si bien es comprensible que, en medio de una ola de represión, el liderazgo sea cauteloso, es esencial organizar y canalizar el descontento de manera consistente. Esto comienza por elaborar mensajes que tengan en cuenta las necesidades y realidades de los diferentes grupos dentro del campo pro cambio, incluidos aquellos que están siendo más duramente reprimidos por el gobierno. La causa común de este bloque heterogéneo es la verificación y el respeto de los resultados electorales. La preferencia de la sociedad por una solución pacífica al conflicto debe ser respetada por la oposición. Cualquier acto de violencia debe seguir siendo rechazado, como lo han sostenido hasta ahora Machado y González Urrutia.

La oposición también debe encontrar formas de apoyar a las comunidades que son blanco de la represión. Las víctimas de la violencia necesitarán recursos materiales e inmateriales para enfrentar las trágicas consecuencias de su deseo de cambio.

En las elecciones del 28 de julio, el gobierno entró en un nuevo nivel de irregularidades electorales, alejándose de cualquier pretensión de rendición de cuentas democrática. Esta ruptura de la confianza en el pueblo venezolano marca el comienzo de nuevos desafíos para una transición en Venezuela. Aunque el gobernante autoritario tiene la ventaja hasta ahora, la sociedad venezolana y la oposición pueden trabajar con actores internacionales para exigir una verificación transparente de los resultados electorales y la apertura democrática. 

Los venezolanos ya cumplieron con las expectativas de los actores internacionales al participar a pesar de todos los riesgos y costos. Permitir que el gobierno se salga con la suya mediante fraudes no solo aumentaría los riesgos de disenso y provocaría más desplazamientos, sino que también incentivaría a otros autócratas a seguir el mismo camino en otros lugares.

_{Este artículo refleja únicamente las opiniones de los autores.
*Texto publicado originalmente en Verfassungsblog}   

Se cumplieron las previsiones más pesimistas: pese a los 22 puntos de ventaja que las encuestas otorgaban como promedio a la oposición venezolana, el chavismo institucional ha proclamado la victoria de Maduro por un 51,2 % de los votos emitidos. Muchos hicimos estas oscuras previsiones a partir de la forma empleada por Maduro para anunciar su aceptación de los resultados: no dijo que respetaría la voluntad ciudadana expresada en las urnas, sino que se atendría a lo que dictara la autoridad electoral, el Consejo Nacional Electoral, bien conocido por su militancia chavista. Era todo un anuncio premonitorio.

Se ha constatado así la lógica más tóxica: el régimen de Maduro no está en condiciones de abandonar el poder, pase lo que pase en Venezuela. Simplemente, no puede. Es tan grande la carga de las tropelías cometidas, de las violaciones morales y a los derechos humanos, que los personeros del sistema están convencidos de que el abandono del poder les supondría exponerse a una lluvia de demandas inasumible. En realidad, buena parte de ellos están convencidos de que tendrían que abandonar el país si el chavismo dejara de gobernar Venezuela.

Pero ese convencimiento extremo hace bastante inviable la opción defendida por algunos aliados del chavismo y una buena cantidad de pragmáticos: que el abandono del poder de Maduro y los suyos se diera luego de una negociación que ofreciera garantías de que los dirigentes chavistas no sufrirían graves represalias.

Al descartarse esa opción, sólo queda un escenario: la resistencia a brazo partido, desconociendo cualquier crítica mínimamente razonable, o, dicho en otros términos, la fuga hacia adelante, hacia el endurecimiento dictatorial. Es en ese camino que pueden producirse fisuras en el régimen autoritario. Cierto, la presión internacional, solicitando el conocimiento de las actas electorales, es un poderoso factor de presión, pero no resolverá la dramática situación si el régimen sigue fuertemente cohesionado. Será la necesidad de Maduro y sus escuderos de endurecer su gobierno, lo que puede provocar contradicciones internas que debiliten su consistencia.

En todo caso, es importante que la mirada democrática no se centre únicamente en la felonía perpetrada. Es necesario ampliar la lente para observar los cómplices que le sirven de puntos de apoyo internos y externos al régimen de Maduro. Por otra parte, la lista no es tan larga si se trata de los cómplices más destacados.

En primer lugar, están los países que han reconocido esa misma noche los resultados fraudulentos. Existe un grupo motivado por factores geopolíticos, al estilo de la vieja guerra fría: China y Rusia, en primer lugar. Y luego, la complicidad de otros regímenes ideológicamente aliados: Cuba, Nicaragua y Bolivia, a los que se agrega ahora Honduras, en buena medida por razones internas. Importa destacar el caso de Bolivia, porque se constata algo que ha sido motivo de debate en la izquierda latinoamericana: el gobierno boliviano y el partido que lo apoya, el MAS, no pertenecen a la izquierda democrática. La posición de los gobiernos brasilero y chileno, y de forma más tímida el colombiano, al exigir la revisión electoral, establece la distancia necesaria al respecto.

Por cierto, la respuesta de Maduro ha sido consistente con esa fuga hacia formas más autoritarias: ha retirado el personal diplomático venezolano de siete países latinoamericanos, Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, por no reconocer su victoria y poner en duda el resultado electoral.

Y finalmente, hay que mencionar a los cómplices del régimen chavista que, por diversas razones, han dado cobertura al gobierno de Maduro y su fraude electoral. Entre ellos destaca un dirigente socialista español, Rodríguez Zapatero, que se ha negado a sumarse al reclamo internacional de que se hagan públicas las actas de los resultados electorales. Esta negativa de Zapatero resulta más notable por cuanto otros simpatizantes de Maduro, invitados también por el gobierno venezolano como observadores externos, como los expresidentes Leonel Fernández de República Dominicana y Ernesto Semper de Colombia, se han sumado a la demanda internacional de conocer todas las actas del escrutinio.

El argumento usado por Zapatero hasta el momento, para no desmarcarse del régimen chavista, ha consistido en que es necesario establecer opciones que favorezcan la negociación entre el régimen y la oposición. Pero ese argumento resulta hoy un insulto o una quimera. Por convencimiento ideológico o por estupidez política, Zapatero (uno de los aliados más encendidos de Pedro Sánchez) es hoy el símbolo de la complicidad con un régimen de dictadura.

La posición que se adopte respecto de la crisis venezolana se ha convertido así en la prueba del ácido para la izquierda latinoamericana, permitiendo diferenciar su consistencia democrática de su viejo espíritu autoritario. Y no importa si esa posición esté condicionada por una amarga experiencia interna, como sucede en el caso de Honduras; la subordinación del respeto al ejercicio democrático por otros intereses o circunstancias califica igualmente a quien acepta un grosero fraude electoral.

La expectativa de victoria opositora en las elecciones del 28 de julio de 2024 era elevada. Encuestas reconocidas proyectaban un triunfo amplio para Edmundo González Urrutia, candidato de la Plataforma Unitaria, y apoyado por María Corina Machado, ganadora de las primarias opositoras en octubre de 2023. Anticipar una brecha considerable entre la oposición y el gobierno no lucía irrazonable, ya que el profundo descontento con la gestión del gobierno y la ausencia de libertades se habían manifestado en las encuestas durante los últimos años.

La expectativa y sensación colectiva de poder triunfar en las elecciones se construyeron a lo largo de los últimos meses durante una campaña atípica, marcada por el contexto autoritario. Un amplio sector de la sociedad venezolana logró apropiarse del proceso electoral, sobreponiéndose a múltiples obstáculos, para expresar su descontento y voluntad de cambio. Sin embargo, en la madrugada del 29 de julio, el Consejo Nacional Electoral, compuesto por una mayoría leal al partido de gobierno, anunció la victoria de Nicolás Maduro. ¿Fue útil participar, pese a los anticipados riesgos de fraude? ¿Qué lecciones deja el proceso electoralhasta ahora?

Desde hace más de dos décadas, el campo anti-chavista ha estado fragmentado en sus preferencias estratégicas en la búsqueda por el poder. Mientras algunos sectores han priorizado mecanismos institucionales, otros han promovido rutas de presión interna o externa para llegar al palacio de Miraflores. No obstante, para este proceso electoral, la oposición venezolana convergió en la estrategia para enfrentarse al candidato del partido de gobierno. 

En la madrugada del 29 de julio, el ente electoral, anunció la victoria de Nicolás Maduro, quien fue proclamado presidente horas después. El anuncio, contrario a la sensación de victoria colectiva, produjo primero un silencio abrumador y luego indignación colectiva a lo largo del país. En varios pueblos y ciudades irrumpieron pequeñas protestas y cacerolazos en sectores populares demandando el respeto a la voluntad expresada en las urnas. El voto ha sido el catalizador para expresar y encauzar la esperanza de cambio en Venezuela. Veamos.

Uno de los impactos más significativos de la decisión a participar en la elección ha sido la activación, en muchos casos espontánea y al margen de lo partidista, de la sociedad venezolana. Después del fracaso del “gobierno interino” (2019-2022) y de los resultados limitados en las elecciones regionales de 2021 por la fragmentación del voto opositor, el proceso de la primaria opositora revitalizó el espíritu colectivo. Movilizar en torno a un propósito compartido, como lo es una elección presidencial, dio perspectiva de cambio a amplios sectores sociales. 

De igual forma cabe resaltar que las primarias opositoras y elecciones estimularon al partido de gobierno a reenganchar a sus bases desencantadas, igualmente afectadas por la crisis.Entre nuevas ofertas, promesas incumplidas y tácticas de intimidación, las élites del chavismo han intentado cerrar filas entre sus cuadros y bases, desconociendo el deseo de cambio, incluso entre sus simpatizantes.   

La decisión de participar en el proceso electoral presidencial, después del boicot electoral en 2018 y varios años de “gobierno interino”, mediante una candidatura atractiva electa en primarias, pero inhabilitada, y otra consensuada permitió a diversos sectores de la población entusiasmarse con la posibilidad de cambio y verse a sí mismos como agentes de ese proceso. Desde octubre 2023, pese a todos los obstáculos y costos existentes, una parte de la sociedad se activó de manera autónoma y espontánea, mientras que una serie de organizaciones ya existentes profundizaron su trabajo en red y movilizaron en torno a Machado. La decisión departicipar y votar energizó el compromiso y activismo ciudadano, creando una sensación de empoderamiento de la sociedad frente al poder.

Las movilizaciones de la sociedad en torno a la candidatura de González Urrutia, junto a Machado y los partidos de la Plataforma Unitaria, permitieron visibilizar antes y durante las elecciones el hartazgo con la situación socioeconómica y política del país. La necesidad e ilusión de cambiar autoritarismo por democracia, el control del Estado por libertades, el respeto de los derechos humanos por el abuso y la arbitrariedad, y la posibilidad de reencontrarse con familiares fue contagiando a otros sectores de la población que se sentían apáticos y escépticos. Asimismo, la ruta electoral facilitó la adhesión de grupos previamente desconfiados de algunos integrantes de la oposición tradicional por su inclinación hacia la abstención y/o sanciones económicas. Varios “chavistas descontentos” e intelectuales de izquierda sumaron sus apoyos a González Urrutia para este ciclo electoral. La movilización en torno al voto ha tenido, por tanto, un efecto “bola de nieve”.

Además de energizar a la población, las primarias y la movilización en torno a la elección dio un impulso a los partidos, afectados por la represión, a reorganizarse y resistir con el fin de canalizar el descontento existente. El encuentro de élites opositoras, antes divididas en torno a la estrategia, en la vía electoral, ha facilitado, por ahora, su coordinación en torno a una candidatura única. El retorno a la arena electoral ha permitido a las élites escuchar y reconectar con las necesidades de las grandes mayorías. Ha facilitado que la dirigencia escuche y amplifique las preocupaciones y aspiraciones de la sociedad. Sentir y constatar de primera mano las condiciones de vida de las grandes mayorías empobrecidas a lo largo del territorio parece haber re-sensibilizado a la dirigencia opositora, forzándola a ser más receptiva a las demandas sociales. 

Este reencuentro en la búsqueda pacífica e institucional por un cambio político parece haber restaurado, por ahora, la credibilidad del campo opositor frente a la sociedad y actores internacionales, después de un largo periodo de fracasos y estancamiento. Este punto es crucial pues, en contraste con estrategias de “máxima presión” o el boicot, la ruta electoral permite a actores internacionales y gobiernos, independientemente de su ideología, apoyar de manera concreta a la población venezolana en su deseo de cambio.

En conclusión, la participación ciudadana en el proceso electoral deja lecciones importantes. Se ha ratificado la determinación de la población en su búsqueda pacífica por el cambio. De hecho, ha sido la sociedad venezolana la que ha abrazado el voto como mecanismo para aglutinar el descontento generalizado. Junto a la dirigencia opositora han logrado exponer con mayor fuerza ante actores internacionales la disposición del gobierno a mantenerse en el poder. El hecho de que el resultado anunciado el 29 de julio no sea creíble y que sectores de la sociedad estén actualmente protestando por su verificación es una consecuencia directa de la participación en la elección.

El capital y músculo (re)construido en torno al proceso electoral es valioso y relevante. Cuidarlo y no desviarlo será el gran reto para la oposición venezolana en los tiempos venideros.

_{** Este artículo únicamente representa la opinión de la autora.}