A este ritmo, nos tomará casi 300 años lograr la igualdad de género

En las últimas dos décadas, América Latina ha realizado esfuerzos para integrar la agenda de género. Sin embargo, las profundas desigualdades de nuestra región se manifiestan de manera más contundente en las mujeres y niñas. Un ejemplo de esto es que las mujeres aún dedican más del doble de tiempo al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que los hombres, lo que se convierte en un obstáculo, tanto para su independencia económica como para el disfrute pleno de sus derechos en igualdad de condiciones.

Aunque diversos análisis han tratado este tema como secundario, la economía del cuidado es un aspecto central para visibilizar las desigualdades patriarcales arraigadas en el capitalismo moderno. En efecto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) muestra que el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado es vital para las economías de la región, representando en promedio el 21.3% del PIB, con las mujeres contribuyendo en un 75.5%.

Como indica el informe de OXFAM «Desigualdad S.A«, publicado en 2024, el trabajo doméstico y de cuidado, no remunerado o mal remunerado, que asumen las mujeres y niñas, sustenta los beneficios de las empresas, ya que efectivamente subsidian la economía al llevar a cabo más del tres cuartos del trabajo de cuidado no remunerado en todo el mundo. El monto, llamativamente, asciende a al menos 10.8 billones de dólares al año, una cifra que triplica el tamaño de la industria mundial de la tecnología.

Eso que llaman amor es trabajo no remunerado

El cuidado contempla el trabajo –remunerado y no remunerado– que se realiza al interior de las familias, la distribución de tareas entre los integrantes implicados en la producción de cuidado y las interacciones que establecen con los otros espacios –estatal, privado y comunitario– de producción y provisión de bienes y servicios para el cuidado. Es necesario reconocer que cuando los Estados debilitan a las instituciones que brindan servicios públicos de cuidado, los trabajos de cuidado suelen recaer desproporcionalmente en las mujeres, sean o no jefas de familia.

Pero las actividades de cuidado, remuneradas o no, son absorbidas de manera desproporcionada por las mujeres, no solamente en sus hogares, sino también en sus trabajos, barrios y organizaciones sociales. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la redistribución del trabajo de cuidado se torna, así, en un factor clave para detener el retroceso en la brecha de género, promover oportunidades laborales equitativas entre hombres y mujeres, y evitar la doble carga.

En América Latina, 14,8 millones de personas se dedican al trabajo doméstico remunerado, y el 91,1% son mujeres. Aproximadamente el 72,3% de ellas no tienen acceso a un empleo formal. En su informe Desigualdad S.A, OXFAM (2024) evidencia que para las personas más pobres-generalmente mujeres, personas racializadas y grupos excluidos de la sociedad- la vida cotidiana se ha vuelto aún más difícil. Está claro que las inequidades de género empeoran cuando se intersectan con otras desigualdades como la edad, la etnia, la nacionalidad, las condiciones ambientales y socioeconómicas, entre otras.

De manera que las desigualdades de género en el área de cuidados es otra de las dimensiones que evidencian que lejos estamos de cumplir el Objetivo 5 de la Agenda 2030 referente a la igualdad de género. En relación a lo anterior, António Guterres, Secretario General de Naciones Unidas, expresó que “Estamos en el ecuador del plazo previsto para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que finaliza en 2030, y corremos serios riesgos de no alcanzarlos. A este ritmo, nos tomará casi 300 años lograr la igualdad de género. Las mejoras en materia de salud materna y acceso a la planificación familiar han avanzado con una lentitud pasmosa”.

Claves para afrontar la crisis de cuidados

En el año 2022, y como motivo de reflexionar en torno a los efectos de la pandemia de Covid-19 en la economía de los cuidados, un equipo de expertas de América Latina agrupadas por International Development Research Center (IDRC) de Canadá y Southern Voice redactaron un documento para pensar posibles respuestas a la llamada “crisis de los cuidados” en nuestra región.

Según este trabajo, el rezago en la instalación de un sistema integral de cuidados tiene impactos decisivos en materia de equidad e igualdad de derechos entre varones y mujeres, en la inserción laboral de las mujeres, sobre todo, pero no exclusivamente de las de menores ingresos; y en las posibilidades de salir de la pobreza de los hogares de menores recursos. Para lograr algunas transformaciones de estas desigualdades las investigadoras proponen: reconocer y visibilizar los trabajos de cuidado, redistribuir las responsabilidades en el trabajo de cuidado no remunerado, crear una canasta básica del cuidado que ayude a cuantificar dichas tareas, favorecer la representación en la negociación colectiva de la economía del cuidado, entre otras cosas.

Avanzar en estos abordajes podrían ser algunas de las claves para generar una sociedad más justa en términos de redistribución de las tareas de cuidados y por consiguiente avanzar en la igualdad y equidad de género.

Una campaña electoral inédita y convulsa: Biden vs. Trump

En la historia política de Estados Unidos, la campaña electoral de 2024 se perfila como una de las más inusuales y polarizantes. La contienda enfrenta a dos figuras ya conocidas y controvertidas: el expresidente Donald Trump y el actual presidente Joe Biden. Ambos candidatos presentan retos y controversias significativas, lo que ha moldeado una campaña llena de incertidumbres y tensiones.

La polarización de los candidatos

Por un lado, el candidato republicano Donald Trump, a pesar de sus múltiples problemas legales, mantiene un apoyo sólido entre un sector considerable del electorado. Su presidencia, recordada por muchos como caótica, no ha mermado la lealtad de su base. A pesar de una condena penal y varias condenas civiles por difamación y fraude, Trump sigue siendo un contendiente formidable. Su campaña se ha caracterizado por un enfoque populista, recurriendo a falsedades y apelando a la frustración de aquellos que sienten que el sistema no les ha brindado las oportunidades que merecen.

Por otro lado, el candidato demócrata y actual presidente Joe Biden enfrenta un panorama complicado. Su aprobación no es alta, y su edad genera dudas sobre su capacidad para un segundo mandato. La campaña demócrata ha centrado sus esfuerzos en evitar el regreso de Trump a la Casa Blanca, una estrategia que podría desmotivar a votantes que buscan respuestas concretas a problemas como el alto costo de vida y la crisis migratoria.

En el caso de Trump, su base y partido le perdonan todo, y, en el caso de los demócratas, los une el deseo de no ver nuevamente a Trump al mando y se atrincheran detrás de Biden aunque no estén contentos con su edad.

Ante esta situación, el votante independiente es quien terminará decidiendo el futuro de la Casa Blanca.

La sorpresa de un debate decisivo

El rezago de Biden en las encuestas motivó a su campaña a hacer una apuesta arriesgada. Desechando a la comisión no partidista que tradicionalmente organiza los debates presidenciales, la campaña de Biden le ofreció a la de Trump hacer únicamente dos debates, donde fueran las campañas quienes determinaran las reglas. Un debate se haría en junio y el otro en septiembre.

La idea de hacer un debate en junio, según la ópticma demócrata, le habría permitido al presidente Biden recuperar la narrativa y ganar fuerza. Incluso plantearon ciertas reglas que los republicanos aceptaron, como por ejemplo que se hiciera sin público presente y que no se permitiera al otro contrincante interrumpir cuando se está en el uso de la palabra.

Nadie tenía previsto que el debate de la cadena CNN del jueves 27 de junio fuera tan catastrófico para el presidente Biden. Este encuentro dejó clara la debilidad del presidente en términos de agilidad y energía, lo que ha beneficiado a Trump. La atención mediática ha desviado su foco de los problemas legales de Trump, especialmente tras una resolución de la Corte Suprema que otorga una inmunidad casi total a los presidentes por actos realizados durante su mandato. Esta decisión ha pausado muchos de los procesos judiciales en su contra, dándole un respiro estratégico en plena campaña. Ahora el tema principal es Biden, su edad y su capacidad para ganar y gobernar.

La posible salida de Biden

Ante el fracaso de Joe Biden en el debate de CNN, la posibilidad de que se retire de la contienda está ganando fuerza. La presión para que deje paso a otro candidato es creciente, pero surge la interrogante de quién sería su sustituto y cómo se llevaría a cabo esa transición. Kamala Harris, la actual vicepresidenta, aparece como la sucesora natural, y Biden podría exigir su nominación como condición para su retiro.

Si Harris asume la candidatura presidencial, la selección de su compañero de fórmula será crucial. Es poco probable que Gavin Newsom, gobernador de California, sea el elegido, ya que no es estratégico tener ambas candidaturas provenientes del mismo estado. De igual manera, una fórmula compuesta por dos mujeres podría ser vista como un riesgo innecesario en una campaña tan ajustada.

Opciones para la vicepresidencia

Para los demócratas, la elección de un candidato a la vicepresidencia debe ser estratégica. La figura ideal sería un gobernador de un estado clave que actualmente esté en disputa. Nombres como Josh Shapiro, de Pennsylvania, Tony Evers, de Wisconsin, y Tim Waltz, de Minnesota, son opciones viables. De estos, Shapiro podría ser una elección destacada, aunque su reciente asunción como gobernador podría jugar en su contra.

Otra opción sería buscar en el gabinete de Biden, como Pete Buttigieg, secretario de Transporte. Sin embargo, Buttigieg no ofrece una ventaja significativa en términos de votos electorales, lo cual es crucial en esta etapa.

Por otro lado, no pareciera sensato asumir el riesgo de buscar una candidatura a vicepresidente dentro del Senado. Los demócratas actualmente lo controlan por la mínima diferencia y corren el riesgo de perder el control en las elecciones de noviembre. Sacar a un senador actual para ponerlo a competir podría generar un riesgo aún mayor, que simplemente no vale la pena asumir.

El sistema electoral y su impacto

Es vital recordar que el sistema electoral de Estados Unidos es de segundo grado y se basa en el colegio electoral, no en el voto popular. Esto significa que solo unos pocos estados competitivos determinarán el resultado final.

Arizona, Georgia, Michigan, Minnesota, Nevada, Pensilvania y Wisconsin son los estados clave en esta elección. Biden ganó todos estos estados en 2020, pero actualmente solo mantiene una ligera ventaja en Minnesota. Trump, por su parte, ganó todos estos estados en 2016, excepto Nevada, donde ahora lidera las encuestas.

La campaña en estos estados será decisiva, y es en estos territorios donde se debe poner el foco de atención. Si Biden se retira, la transición debe ser rápida y estratégica para generar un impacto positivo, especialmente entre votantes clave como los hispanos y afrodescendientes, o con el votante joven que se pueda sentir desmotivado a acudir a las urnas. De lo contrario, Trump se aseguraría el triunfo.

Nunca antes una campaña electoral en Estados Unidos había enfrentado tantos desafíos y cambios en tan poco tiempo. La pregunta que persiste es si los demócratas podrán reorganizarse de manera efectiva para revertir las tendencias actuales y evitar el regreso de Trump a la Casa Blanca. Ya sea con Biden o con otro candidato, la disciplina y la estrategia del Partido Demócrata serán cruciales para enfrentar esta batalla electoral sin precedentes.

La política exterior de Milei y la “Doctrina Discépolo”

La “reinserción argentina en el mundo” es un propósito declamado como un mantra por casi todos los gobiernos argentinos al comenzar sus gestiones. Un supuesto por cierto alegórico que remite a una escena mítica original: hubo un tiempo en el que la Argentina “estuvo en el mundo” y fue expulsada -o se salió – de ese paraíso terrenal, producto de las malas políticas y yerros de los gobiernos que se sucedieron. Hasta que llegaron a darse cuenta, y por ello se proponen, ahora mismo, virar drásticamente el rumbo para volver a él.

Lo hemos escuchado a lo largo de décadas, en una y en otra dirección. ¿Fue hace 20, 30 o 80 o 90 años? El presidente Javier Milei llevó mucho más atrás la línea de tiempo y con ello elevó la magnitud de su ambición actual: hace cien años, dice, que “nos quedamos fuera del mundo”. Y algo de razón tiene, siempre aclarando a qué “mundo” se refiere: la crisis de la esfera de influencia británica y del modelo agroexportador que le permitió a la Argentina una exitosa inserción en el mundo, con crecimiento sostenido, instituciones políticas republicanas y progreso social, a partir de los años 30 del siglo XX, habría dejado a la Argentina “a la intemperie”.

El modelo de autarquía y sustitución de importaciones del peronismo (1946-1955) terminaría frustrándose, abriendo paso a un ciclo pendular de infructuosos intentos de “reinserción en el mundo” que se correspondería, a su vez, con la inestabilidad institucional y la crisis de legitimidad de nuestro régimen político. La Argentina, se escribirá entonces, se había convertido en un “paria internacional”. La erraticidad de la política exterior, las relaciones triangulares con terceros países como gestos de acercamiento -o de distanciamiento- con las potencias dominantes y las diplomacias paralelas o dobles carriles de vinculación serían corolarios de estas fluctuaciones en el comportamiento internacional de la Argentina que tuvieron su máxima expresión en la derrota de Malvinas, en 1982, que terminó con la última dictadura militar y desembocó en la recuperación de la democracia.

Algunos de estos patrones de conducta persistieron y persisten hasta nuestros días. Como la introyección de la política internacional en los desacuerdos de la política nacional y la proyección de la política partidaria doméstica a la política exterior del país. Comportamientos y gestos que contrastan con la contribución de la diplomacia argentina a la paz, la seguridad y el derecho internacional, la participación destacada en los organismos multilaterales y la identificación con los principios de no intervención, no injerencia, autodeterminación, ayuda humanitaria, resolución pacífica de los conflictos y defensa de los derechos humanos.

Los gobernantes argentinos que salen a explicarle al mundo lo equivocados que estuvieron sus antecesores no parecen darse cuenta de la incredulidad que despiertan en sus interlocutores. Sobre todo cuando se les señala que ellos mismos han vivido equivocados, como se encarga de hacerlo el presidente Milei cada vez que sale del país. Nueve giras internacionales en seis meses –ninguna a vecinos de la región– ponen a Milei al tope del listado de presidentes que más viajaron, desde el retorno de la democracia en diciembre de 1983. A la cantidad se le suma el objetivo de los viajes, ya que además de su notoria preferencia por los Estados Unidos se destaca que varios de ellos tuvieron que ver con inquietudes personales o con la recepción de premios de distintas instituciones y think tanks, practicamente sin encuentros de Estado y con un ya extenso listado de altercados con otros gobernantes que derivaron en conflictos diplomáticos bilaterales: México, Colombia, España, Brasil y Bolivia.

La nutrida agenda de viajes de Milei al exterior durante los primeros seis meses de gobierno se cerró en junio con la asistencia a la cumbre del G7 en Bari, Italia y a la Cumbre Global por la Paz en Ucrania, realizada en Suiza, con la presencia de un centenar de mandatarios, en la que el presidente argentino manifestó su total apoyo al presidente ucraniano Volodimir Zelenski. Milei subrayó allí: “Esto es parte del gran giro que estamos dando como país luego de décadas de darle la espalda al mundo”. Días más tarde viajó nuevamente a España y luego a Alemania y República Checa, para recibir distinciones por su militancia libertaria. En Praga, manifestó además la intención de buscar que la Argentina se transforme en “un socio global de la OTAN”.

De tal modo, en sus primeros seis meses de gestión, el gobierno de Milei expone la vigencia y persistencia de aquellas “tendencias profundas” de la política exterior argentina  y sus corolarios -sobreactuación, erraticidad, unilateralidad, pendularidad-, moviéndose entre el pragmatismo y la ideología, con la fuerte impronta de un estilo personal caracterizado por sus rasgos de excentricidad. Una curiosa ironía la pretensión de reinsertarse en un mundo que ya no existe, y pelearse a cada paso con el mundo que sí existe y del que formamos parte, un mundo complejo e interdependiente que si algo debería esperar de sus líderes es prudencia, inteligencia, ecuanimidad y ductilidad, capacidad de despertar confianza. El presidente Milei parece seguir más en la línea que escribiera Enrique Santos Discépolo en aquellos otros años ’20, en aquel célebre tango cantado por Carlos Gardel, “verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa: yira, yira…”.

¿Qué podemos aprender de la privatización de la educación en Chile?

Desde el año 2020 la desigualdad ha vuelto a aumentar a nivel mundial y regional. La brecha entre el Norte y el Sur global ha crecido por primera vez en 25 años, y esta extrema desigualdad se ha consolidado como nuestra “nueva normalidad”. Sin embargo, esta “nueva normalidad” no es nueva en América Latina, la región más desigual del mundo, y menos en Chile, uno de los países más desiguales de la región más desigual del mundo. ¿Qué podemos, entonces, aprender de la desigualdad en Chile?

Si bien el aumento de la desigualdad es un fenómeno multifactorial, una de sus causas es la progresiva privatización de servicios públicos como la educación, la salud y las pensiones. En la década de 1980, Chile transitó esa ruta asumiendo que el mercado era más eficiente que el Estado en la distribución de estos servicios. Y en el caso de la educación, ello significó la privatización, tanto de la provisión como del financiamiento del sistema escolar y superior.

No obstante, en estas décadas se ha demostrado que la consolidación del mercado ha fracasado en sus propios términos, pues si bien la desigualdad en educación no ha aumentado, tampoco se ha reducido. En efecto, numerosas investigaciones, como la de Danilo Kuzmanic Reyes demuestran que la privatización impulsa nuevas desigualdades educativas.

Consecuencias de la privatización de la educación

Si bien la matrícula en educación superior se masificó gracias a la creación de instituciones privadas, el pago de aranceles y matrículas se instauró en todo el sistema. De esta manera, el gasto público en educación se mantuvo relativamente estable mientras el financiamiento del sector se basó sobre créditos y becas estudiantiles.

Las movilizaciones sociales (particularmente estudiantiles) de 2006 y 2011 en las calles de Chile impulsaron políticas de regulación del – hasta entonces llamado – “mercado de la educación superior”, con el objetivo de prohibir el lucro y fomentar la equidad en el acceso y la calidad de la educación superior. Para ello, la estrategia elegida fue debilitar las barreras económicas de ingreso, asumiendo que el mérito y el esfuerzo personal reducirían las brechas durante el tránsito y a la salida de la educación superior.

El impacto de dichas medidas ha transformado a la educación superior chilena en un sistema masivo y diverso, en donde las oportunidades de acceder a este nivel educativo han aumentado transversalmente, integrando a sectores históricamente excluidos (tales como mujeres, población rural y pueblos originarios). Sin embargo, esto no se ha traducido en un declive de la desigualdad.

Por un lado, créditos y becas, y la reciente política de gratuidad progresiva sí han reducido el efecto de los recursos económicos (ejemplo: ingreso del hogar) tanto en el acceso general como en el ingreso a las instituciones menos selectivas. Pero, por otro lado, el efecto de los recursos socioculturales de origen (ejemplo: nivel educativo de los padres) ha disminuido en menor medida en el acceso general, permaneciendo inalterado en el ingreso a las instituciones más selectivas como las universidades del Consejo de Rectores.

¿Cuál ha sido el resultado?

Estos cambios han generado una disminución de la desigualdad cuantitativa en educación superior, pero un aumento de la segmentación socioeconómica entre instituciones terciarias. Asimismo, se ha producido un incremento de las desigualdades cualitativas en educación superior, remarcando la distinción entre las barreras de entrada, de tránsito y de salida, junto a la importancia de las brechas simbólicas y psicoemocionales en la reproducción de la desigualdad educativa.

La combinación de estos factores arroja un escenario de creciente desigualdad cualitativa en la educación superior chilena, con un patrón similar al que describe el informe de Oxfam de 2024: uno “impulsado por la parte superior”, en donde una reducida minoría concentra la mayoría de la riqueza, los ingresos, el poder y, por cierto, las oportunidades educativas y laborales. Este patrón ha sido identificado en Chile y otros sistemas educativos latinoamericanos, pese a ser originalmente una particularidad del caso chileno en torno a las posibilidades reducidas de movilidad social. De allí se acuñó el término “desigual pero fluido”.

En Chile las instituciones terciarias más prestigiosas y selectivas continúan siendo casi exclusivamente para la élite, separándose del resto del espectro institucional de menor prestigio y selectividad. Esta polarización de las oportunidades educativas otorga posibilidades de acceso o movilidad educativa limitada, sólo a ciertas instituciones o programas de estudio, generando esta fluidez limitada o de corta distancia. En este sentido, si bien la masificación de la educación superior abrió el espectro de las oportunidades posibles, no ha logrado abrir el espectro de las oportunidades reales.

¿Qué podemos aprender de este ejemplo?

En primer lugar, si bien el debate sobre la desigualdad tiene un cariz eminentemente económico, el caso de la privatización de la educación chilena demuestra que no es posible reducir la desigualdad únicamente a través de políticas económicas. Es necesario considerar otras esferas de reproducción de la desigualdad: la inequitativa distribución de los ingresos o de la riqueza tiene un correlato sobre nuestra percepción de la desigualdad, nuestras oportunidades y expectativas de vida, entre otros aspectos. De hecho, la relación entre “desigualdad real” y “desigualdad percibida” ha sido definida como “rota”, “débil”, “transitoria”, “inestable” y “culturalmente situada”.

En segundo lugar, si bien el debate sobre la desigualdad aborda elementos estructurales al cuestionar el rol del Estado o del mercado, no es posible desconocer su impacto simbólico. En este sentido, si la estructura de oportunidades se polariza en un patrón desigual pero fluido, hay que repensar cómo el sistema educativo y el mercado laboral crean expectativas de movilidad social que luego no se transforman en oportunidades reales. De ello, por ejemplo, nos habla el creciente conflicto en Chile en relación con el cambio del sistema de financiamiento de la educación superior, en donde una alternativa es la condonación de las deudas estudiantiles. Para algunos, una medida razonable y justa; para otros, una política de populismo electoral. Habrá que esperar a ver qué sucederá con el proyecto que presentará el gobierno en septiembre de 2024.

En tercer lugar, es imposible desvincular el debate sobre desigualdad de discusiones políticas sobre “política” y “políticas públicas”. La concentración de la riqueza y de las oportunidades implica que, también, el poder se concentre en una minoría. Por lo tanto, es necesario considerar las condiciones de diálogo necesarias para impulsar cambios: es decir, cómo entablar el diálogo en política para impulsar cambios a través de políticas públicas. Y es que la reducción de la desigualdad en educación o en cualquier otro ámbito pasa, sobre todo, por la reducción de la desigualdad en política y en políticas públicas.

La influencia de la ultraderecha europea en América Latina

Desde hace algunas décadas, el mundo viene presenciando el ascenso de la ultraderecha en varios países, cada una con sus respectivas particularidades. El nacionalismo ha enarbolado nuevas banderas en varias latitudes donde las derechas moderadas han perdido fuerza frente a la naciente ultraderecha. Hablar en plural de ellas implica reconocer sus peculiaridades y no encasillarlas en un concepto homogéneo.

Autores como Anthony Giddens, Norberto Bobbio, Pippa Norris y Pablo Stefanoni coinciden en que los preceptos de las derechas se basan en la defensa de la vida y la propiedad privada; recientemente han adoptado la pugna por el libre mercado, el nacionalismo y los discursos antisistema. El siglo XXI ha dado paso a la formación de la nueva derecha, la cual es más agresiva discursivamente, rayando el populismo en algunos casos.

Las olas migratorias provenientes del norte de África y Medio Oriente detonaron discursos nacionalistas y anti inmigrantes en Europa. Partidos que provienen desde el siglo pasado, como el de Le Pen, han tenido un ascenso lento pero constante, mientras que en otros países han surgido nuevos partidos radicales. Viktor Orbán en Hungría, el partido político Ley y Justicia en Polonia o Alternativa por Alemania cobraron relevancia producto, en parte, del rechazo a la migración.

Pero el ascenso del radicalismo se entiende también por el descontento con la democracia, los partidos tradicionales, las crisis económicas y la expansión de la ideología de izquierda en algunas naciones. En este contexto, sectores de diversos países comenzaron a verse atraídos por políticos que decían lo que querían escuchar y dejaban de lado la corrección política. Esto fue gestando la semilla de la derecha nacionalista europea. Y mientras que en el Reino Unido Boris Johnson se promovía como el único capaz de concretar la salida de la Unión Europea, en Estados Unidos se consolidaba la primera candidatura de Donald Trump.

Los nexos entre la extremas derechas europeas y americanas

El triunfo electoral de Trump en 2015 significó un impulso a la ultraderechas de todo el mundo incluido Europa, mientras que en la región aún predominaba la marea rosa, llamada así por la diversidad de izquierdas que gobernaban. Pero con el ciclo electoral 2018-2024 comenzaron a tener cada vez más relevancia los radicales de derecha latinoamericanos, que adoptaron posturas agresivas para atraer a nuevos sectores sociales. Nayib Bukele se convirtió en el promotor de la política de mano dura, el libertario Javier Milei logró que su voz fuera escuchada en todo el mundo, pero Jair Bolsonaro fue el primer gran líder de esta nueva era.

Bolsonaro, fundador del bolsonarismo, representa una ideología caracterizada por un ferviente militarismo, la exaltación de valores tradicionales como la familia y la religión, y la dura oposición de los avance de los derechos de las minorías y mujeres. Por otro lado, Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, se ha dado a conocer a nivel mundial por su política de mano dura fascinando a líderes de varios países. Bukele, a través de los estados de excepción y la consolidación de un partido cuasi hegemónico, ha perseguido a las principales bandas delincuenciales.

Su método ha generado críticas por la violación a los derechos humanos. Sin embargo, varios políticos de la región se han interesado por su modelo para combatir la violencia; desde la izquierdista presidenta de Honduras, Xiomara Castro, hasta la ministra del Interior argentina, Patricia Bullrich.

Finalmente, la victoria de Javier Milei en 2023 abrió paso al libertarismo. Algunos lo han apodado “el Trump argentino” y lo han descrito como una respuesta del neoliberalismo ante la crisis marcada por la inflación que vive el país y el desgaste tras casi veinte años de gobiernos kirchneristas.

Al día de hoy el avance de la ultraderecha es visible en todo el mundo. En Europa, mientras que en Italia Giorgia Meloni se convirtió en primera ministra imponiendo una agenda nacionalista que busca devolver la gloria a la nación mediterránea, personajes como el holandés Geert Wilders no paran de fortalecerse, al punto de que tras los comicios de 2024 es muy probable que se convierta en primer ministro. En Francia, tras las elecciones legislativas, Rassemblement National se convirtió en la fuerza más votada, mientras que en España el partido Vox no ha tenido un crecimiento exponencial pero ha logrado posicionarse como una de las tres fuerzas más votadas a nivel nacional.

Ante este ascenso de la extrema derecha, las derechas tradicionales pasaron a convertirse en las segundas fuerzas en diversos Parlamentos como Finlandia, Suecia, Serbia y Bulgaria, por mencionar algunos. En otros como Polonia, Hungría y Austria se han convertido en partidos gobernantes que ahora pretenden acumular mayor poder, modificar la correlación de fuerzas en la Unión Europea y extender su influencia hacia otras latitudes.

El ascenso de estos partidos y líderes se debe, en gran medida, a los altos niveles de votación de los jóvenes de entre 21-29 años, quienes se sienten más atraídos por los extremos. Esto no es exclusivo del Viejo Continente; de acuerdo a Latinobarómetro, el apoyo a la democracia ha venido en descenso y muchos prefieren un líder autoritario que garantice estabilidad económica, seguridad y movilidad social.

2024 un año clave

Este ha sido un año clave para las extremas derechas europeas y americanas. Los comicios para el Parlamento Europeo arrojaron un crecimiento del radicalismo, y si bien los europeístas y centro derechistas tienen la mayoría, el nacionalismo se posicionó como el segundo bloque de mayor presencia. Su victoria llevó a Emmanuel Macron a disolver la Asamblea Nacional y llamar a elecciones anticipadas, lo que provocó el ascenso de Le Pen, y al primer ministro belga, Alexander De Croo, a dimitir de su cargo, mientras que en varios países se daban grandes protestas.

En América, mientras tanto, sus correligionarios Javier Milei, Jair Bolsonaro, Nayib Bukele, Daniel Noboa y Donald Trump celebraron los resultados de las elecciones europeas. Y es que este avance europeo no sólo resuena en la región sino que puede llegar a ser un motor de radicalización de las derechas tradicionales de América Latina, una región donde la izquierda gobierna en la mayoría de los países y en muchos casos bajo líderes populistas.

En conclusión, aunque pueda parecer que los efectos electorales de Europa y de Estados Unidos no afectan a la realidad americana, esto es ya una realidad, y el primer gobierno de Trump fue una clara muestra de ello. En un mundo interconectado por la tecnología y la información, los discursos permean no solo a las audiencias nacionales sino también a las extraterritoriales. Por ello, quizá debemos comenzar a prestar más atención a lo que ocurre, no solo del otro lado del Río Bravo, sino también al otro lado del océano Atlántico para prever los posibles impactos en América Latina.

La reflexión después del proceso electoral en México

El domingo 2 de junio más de 98 millones de mexicanos tuvieron el derecho de acudir a las urnas para participar del proceso electoral más grande de la historia del país. Fue una contienda donde se enfrentaron tres candidaturas a la presidencia de la República, y por primera vez una mujer encabezará la primer magistratura de la nación.

Para este proceso se eligieron 20.708 cargos, entre los que destacan nueve gubernaturas, 300 diputaciones federales, de las cuales 44 son consideradas indígenas y 63 postulaciones para acciones afirmativas, es decir, candidaturas para personas en condiciones vulnerables respecto al resto de las candidaturas, por ejemplo personas con discapacidad o de diversidad sexual, entre otras. 

En este marco, donde la democracia mexicana busca consolidar su fortaleza en estas casi tres décadas de organismos electorales autónomos, la autoridad electoral debe garantizar las condiciones necesarias para que el proceso electoral se pueda llevar a cabo en condiciones de paz, armonía, certeza y legalidad, para que cada ciudadana y ciudadano tenga la seguridad de que su voto se contará y tendrá el valor que aporte a la elección.

Las candidaturas, los partidos políticos y los equipos que participan deben respetar las reglas, exponer sus propuestas y convencer con argumentos al electorado. Es importante recalcar, en un país con tanta desigualdad, la necesidad de analizar los planes de gobierno, compararlos y propiciar una cultura de voto informado.

El gobierno, por su parte, debe cumplir con su papel coadyuvante al buen desempeño del proceso electoral, evitar el uso de recursos públicos y generar condiciones de confianza para el respeto de los resultados. 

Una vez configurados los elementos antes descritos, el ojo y la vigilancia de la comunidad internacional para garantizar el cumplimiento de la ley es fundamental. El éxito de un proceso electoral no reside exclusivamente en el respeto a los resultados, sino a que estos sean legítimos, aceptados por todas las fuerzas políticas, las candidaturas, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto.

Así, en un contexto de polarización enmarcado por la violencia en las campañas, las elecciones mexicanas pudieron celebrarse en condiciones de paz y armonía. Al respecto hay que destacar que el día de la jornada electoral fueron escasos los brotes de violencia que se vislumbraban para varias entidades, más aún cuando en los días previos un candidato opositor fue ejecutado en medio de un evento político de cierre de campaña, en el estado de Guerrero, una entidad marcada por los altos índices de violencia.

Por otro lado, hubo altos índices de participación en entidades como Yucatán, Tlaxcala, Ciudad de México, Puebla y Coahuila, donde más del 65% de las personas inscritas en la lista nominal pudieron participar. También se destaca que la participación nacional apenas superó el sesenta por cierto, cuando se esperaba que acudiera más del 63,4% que se obtuvo en 2018.

En los resultados finales, pudo observarse que la candidata Claudia Sheinbaum, postulada por los partidos Morena, Verde Ecologista y del Trabajo, obtuvo el 59,8% de los votos, mientras que la candidata opositora Xóchitl Gálvez, de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, apenas alcanzó el 27,5% de los apoyos. Llama la atención que el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez, logró el 10,3% de los votos, una situación que sitúa a su partido en una posición de claro crecimiento, sobre todo en zonas urbanas.

Para la parte de las gubernaturas, Morena obtiene siete de nueve en disputa, mientras que ejercerá mayoría absoluta en 27 congresos locales y, según las proyecciones de diversos análisis, la tendrá en la Cámara de Diputados y se quedará a un par de escaños para conseguirlo en el Senado.

Por su lado, la oposición, si bien mostró resultados catastróficos, que incluso terminan con la vida del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien no alcanza el umbral del 3% para mantener su registro, gobernará en 14 de 32 estados. 

Es importante destacar que después del 2018 los partidos de oposición no supieron reconstruirse. Los resultados demuestran que no lograron sostener siquiera a sus estructuras al interior del país, confirmando una desarticulación entre la campaña presidencial y los partidos políticos. Estos últimos quedaron evidenciados en la integración de las listas de representación proporcional para el Congreso, dejando de lado los intereses de sus militancias o bien de las organizaciones de la sociedad civil, quienes habían arropado la candidatura de Xóchitl Galvez y que, por decir de los resultados, habrían aportado más votos que los propios partidos.

De lado de la candidatura de Sheinabum esta contó con los apoyos del presidente, toda la estructura del partido en el gobierno y del discurso de la continuidad, que permeó en todas las estructuras socioeconómicas del país y que facilitaron el cómodo triunfo. Voltear hacia la población más desprotegida, dotar de recursos a millones de familias, generó un cúmulo de apoyos que se tradujeron en más de 35 millones de sufragios, superando incluso los números de Andrés Manuel López Obrador de 2018.

Es importante destacar que hay muchas tareas por ejercer. Primero, en materia electoral es necesario revisar el esquema de los actos anticipados de precampaña y campaña. Si bien el proceso electoral inició en septiembre del año pasado, existen múltiples señalamientos de que inició de manera fáctica a partir de mediados de 2021, lo que permitiría —en primera instancia— al Tribunal Electoral determinar si estos posibles actos configuran un escenario de ventaja clara hacia una de las candidaturas.

El asunto del financiamiento de las campañas y los actos de violencia deberá evaluarse y generar insumos para perfeccionar tanto los criterios de fiscalización como la intromisión de agentes externos en los procesos electorales, que muchas veces detonan en situaciones de violencia. 

Preocupa también el índice de participación electoral, por lo que habrá que revisar las estrategias que permitan al Estado, es decir, a todos los entes en su conjunto, encaminar los trabajos a la construcción de cultura política y de responsabilidad democrática.

Voces silenciadas: el impacto del mobbing laboral en las mujeres latinoamericanas

Laura, una joven profesional ecuatoriana, comenzó a trabajar en 2019 en una empresa de tecnología en Quito. Desde el primer día, comenzó a experimentar acoso laboral. Sus colegas masculinos hacían comentarios despectivos sobre sus capacidades y la excluían de reuniones importantes. Con el tiempo, estas acciones minaron su salud mental, llevándola a desarrollar ansiedad y depresión. A pesar de sus esfuerzos por denunciar, Laura no encontró el apoyo necesario dentro de la empresa, lo que finalmente la obligó a renunciar. La historia de Laura no es un caso aislado; refleja una realidad que muchas mujeres enfrentan diariamente en América Latina.

El mobbing laboral, esa forma insidiosa de acoso que carcome la dignidad y la autoestima de quienes lo padecen, es una realidad desgarradora para muchas mujeres, no salmente en Ecuador, sino a nivel regional. Este fenómeno, caracterizado por comportamientos hostiles y humillaciones sistemáticas, tiene profundas repercusiones tanto en la salud mental y física de las víctimas como en su desarrollo profesional. A pesar de las leyes y políticas existentes, el miedo a represalias y la falta de apoyo institucional perpetúan el silencio y la invisibilidad de esta problemática.

Un patrón sistemático

El mobbing laboral no es solo una serie de incidentes aislados, sino un patrón sistemático de comportamientos hostiles. Muchas veces, este fenómeno tiene un enfoque de género marcado, ya que las mujeres son las principales afectadas debido a factores culturales, económicos y sociales que perpetúan su vulnerabilidad en el entorno laboral. El mobbing incluye comentarios hirientes, humillaciones, exclusión social y exigencias irrazonables, y su impacto en la vida de las mujeres es devastador.

Las cifras son claras y alarmantes: en 2019, 2 de cada 10 mujeres en Ecuador experimentaron algún tipo de violencia laboral, y el 97% de ellas no denunció por temor a represalias. Estos datos, proporcionados por el Ministerio de Trabajo y ONU Mujeres, no solo son escalofriantes, sino que subrayan la gravedad del problema y la urgencia de abordarlo de manera efectiva​​.

A nivel regional, la situación es igualmente preocupante. Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Gallup, uno de cada cinco empleados en todo el mundo ha sufrido al menos una modalidad de violencia o acoso laboral durante su vida laboral​​​​. Más de tres de cada cinco víctimas de violencia y acoso en el trabajo aseguran haberlo sufrido varias veces, y para la mayoría el incidente más reciente sucedió en los últimos cinco años​​​​. De hecho, América Latina mostró la mayor prevalencia de la violencia psicológica y el acoso, con un 29,3% de incidencia, seguida de África con un 20,2%​.

Además, el estudio resalta que la violencia y el acoso psicológico son las formas más comunes de violencia laboral, afectando al 17.9% de los empleados a nivel mundial, mientras que el 8.5% ha enfrentado violencia física y el 6.3% ha sido víctima de violencia sexual, siendo las mujeres particularmente vulnerables a esta última​.

Las consecuencias del mobbing laboral para las mujeres son múltiples y profundas. A nivel psicológico y emocional, puede llevar a la depresión, la ansiedad y la baja autoestima. A nivel laboral, las víctimas suelen experimentar una disminución en la productividad, ausentismo y, en muchos casos, se ven obligadas a renunciar, afectando su estabilidad económica y sus oportunidades de carrera. En palabras de una víctima, “el mobbing no solo te quita la paz, te quita tu futuro”.

Estas cifras subrayan la urgencia de abordar el problema de manera efectiva y la necesidad de implementar políticas públicas y marcos normativos que no solo castiguen a los acosadores, sino que también protejan y apoyen a las víctimas​.

Políticas para combatir el acoso

Ecuador cuenta con leyes y políticas destinadas a combatir el acoso laboral. El «Protocolo de Prevención y Atención de Casos de Discriminación, Acoso Laboral y Toda Forma de Violencia contra la Mujer en los Espacios de Trabajo«, implementado por el Ministerio de Trabajo y ONU Mujeres, es un paso importante en esta dirección. Este protocolo establece medidas para prevenir y atender casos de acoso laboral, proporcionando un marco para la denuncia y la intervención en estos casos​​. Sin embargo, la efectividad de estas políticas depende en gran medida de su implementación y del apoyo institucional a las víctimas.

En América Latina, varios países han implementado políticas efectivas para combatir el acoso laboral y proteger a las víctimas. Por ejemplo, en Chile, el «Protocolo de actuación ante el acoso laboral» establece procedimientos claros para la denuncia y el manejo de casos de acoso laboral, y se han desarrollado campañas de concienciación para promover un ambiente laboral saludable. Además, la Ley 1010 de 2006 en Colombia define y sanciona el acoso laboral, estableciendo mecanismos de prevención y protección para las víctimas. Esta ley incluye la creación de comités de convivencia laboral en las empresas para mediar en conflictos y prevenir situaciones de acoso. En México, la NOM-035-STPS-2018 es una normativa que obliga a los empleadores a identificar, analizar y prevenir factores de riesgo psicosocial en el trabajo, incluyendo el acoso laboral, y a promover un entorno organizacional favorable​.

Estas iniciativas demuestran un esfuerzo creciente en la región para abordar y reducir el acoso laboral, proporcionando un marco legal y mecanismos de apoyo que buscan proteger a los trabajadores y promover un ambiente de trabajo seguro y respetuoso.

Además de la historia de Laura, muchas otras mujeres en diversos sectores laborales han compartido sus experiencias de mobbing laboral. Estos testimonios destacan la diversidad de contextos en los que se presenta el acoso y la necesidad de estrategias específicas para cada sector. Por ejemplo, las trabajadoras en la industria de la salud en Ecuador reportan una alta incidencia de mobbing debido a la presión extrema y las largas horas de trabajo, mientras que en el sector tecnológico, el acoso a menudo se relaciona con estereotipos de género y la infrarrepresentación de mujeres en posiciones de liderazgo.

¿Cuál es la solución?

El mobbing laboral es una manifestación clara de la violencia de género que perpetúa la desigualdad y el sufrimiento de las mujeres en el ámbito laboral. Es fundamental que se implementen y fortalezcan políticas públicas que no solo castiguen a los acosadores, sino que también creen un entorno seguro y de apoyo para las víctimas. Las empresas deben asumir un papel activo en la prevención del acoso, promoviendo una cultura de respeto e igualdad.

Para romper el silencio que rodea al mobbing laboral, es esencial empoderar a las víctimas, permitiéndoles denunciar sin temor a represalias mediante canales anónimos y seguros. Además, las instituciones deben garantizar una respuesta eficaz y justa, lo que incluye la capacitación del personal y la implementación de políticas de tolerancia cero al acoso. Los gobiernos tienen la responsabilidad de reforzar las leyes existentes y crear nuevas políticas que protejan a las víctimas y castiguen severamente a los acosadores, asegurando su efectiva implementación.

Es fundamental llevar a cabo campañas de sensibilización y educación para cambiar la percepción cultural sobre el mobbing y promover un ambiente de respeto y dignidad en el trabajo. Además, se debe proporcionar apoyo psicológico y asesoramiento legal a las víctimas es crucial para ayudarlas a superar el trauma y guiarlas en el proceso de denuncia.

En este sentido, el compromiso empresarial es vital para promover una cultura de respeto e igualdad mediante la formación continua de los empleados y la creación de un entorno laboral inclusivo y seguro. No se trata solo de una cuestión de justicia social, sino de una necesidad urgente para asegurar que las futuras generaciones de mujeres puedan desarrollarse profesionalmente en un ambiente libre de acoso y discriminación.

La responsabilidad recae en los gobiernos, las empresas y la sociedad civil para construir un mundo laboral donde la dignidad y el respeto sean la norma y no la excepción. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad más equitativa y justa, donde todas las personas puedan trabajar en un ambiente libre de acoso y discriminación.

Género e interseccionalidad de las injusticias

La humanidad enfrenta una década de creciente desigualdad marcada por una pandemia global, nuevas guerras, crisis del costo de vida y colapso climático. Según el Informe Desigualdad S.A de OXFAM (2024), 4.800 millones de personas, principalmente mujeres, personas racializadas y grupos excluidos, son más pobres hoy que en 2019, y la desigualdad entre el Norte y el Sur global continúa en aumento. Mientras los precios superan a los salarios, provocando protestas y huelgas, los gobiernos de países de renta baja y media-baja luchan por mantener sus finanzas a flote debido al aumento de deudas y pagos de intereses. Pero la desigualdad no es simplemente una ecuación. Comprender sus diversas manifestaciones nos ayudará a crear soluciones integrales para priorizar a la población más excluida.

Primero, existen desigualdades socioeconómicas basadas en la acumulación o carencia de bienes materiales y simbólicos. De hecho, la mayor parte de la riqueza mundial y los súper ricos se concentran en el Norte global, un legado del colonialismo europeo basado en la esclavitud y el despojo de pueblos indígenas y afrodescendientes. Estas relaciones neocoloniales persisten hoy, perpetuando desequilibrios económicos que favorecen al Norte que, a pesar de representar solo el 21 % de la población mundial, posee el 69 % de la riqueza mundial y el 74 % de la riqueza billonaria.

Segundo, las desigualdades étnico-raciales y culturales retoman estigmas y estereotipos negativos provenientes de la invasión colonial que creó un eje de dominación cultural basado en la raza, justificando la inferioridad de lo «no blanco». En Brasil, por ejemplo, los ingresos de las personas blancas actualmente superan en un 70 % a los de las personas afrodescendientes. Mientras el racismo naturalizó las relaciones de dominación, el capitalismo generó nuevas estructuras para el control del trabajo, sustentando la colonialidad y el eurocentrismo del capital mundial.

Tercero, tenemos desigualdades de género que sitúan a mujeres y niñas en un papel subordinado a los hombres, independiente de clase, país o cultura. Los feminismos han visibilizado estas desigualdades en múltiples ámbitos: en el hogar, donde las mujeres realizan actividades no reconocidas ni remuneradas; en el trabajo, donde enfrentan brechas salariales y ocupan empleos más precarios y peor pagados; y en la esfera pública, con baja representación en puestos jerárquicos a pesar de ser mayoría.

Algunos datos

En 2019, las mujeres ganaron a nivel mundial solo 51 centavos por cada dólar obtenido por los hombres quienes poseen 105 billones de dólares más de riqueza que aquellas. Pero estas desigualdades se agravan con discriminaciones basadas en raza y condición migratoria, afectando especialmente a trabajadoras migrantes.

Frente a este complejo escenario, el concepto de interseccionalidad, originado en los feminismos afro y latinoamericano, ayuda a comprender y nombrar las múltiples desigualdades que se cruzan cuando se pertenecen simultáneamente a varios colectivos vulnerabilizados y oprimidos. Es crucial dimensionar las injusticias experimentadas por aquellas personas que, además de «ser pobres», enfrentan obstáculos en el acceso a derechos básicos por «ser negros», «marrones», «mujeres», «lesbianas», «trans», o por vivir en barrios segregados del sur global donde se combina la degradación ambiental con la exclusión socioeconómica. La justicia social, económica, racial y de género deben entenderse como partes de un sistema complejo de opresiones y desigualdades.

El debate sobre la justicia climática nos obliga a considerar también las desigualdades ambientales, que señalan el impacto diferencial de la crisis ecológica entre regiones y poblaciones. Por ejemplo, según los cálculos de OXFAM, el 1% más rico de la población mundial genera tantas emisiones de carbono como los dos tercios más pobres de la humanidad. Desde la perspectiva interseccional, observamos que mientras los ricos contribuyen a la crisis, las personas de países de renta baja y aquellos en pobreza son las más afectadas; y las mujeres y niñas tienen menos probabilidades de sobrevivir a desastres naturales debido a roles de género que limitan sus capacidades para tomar decisiones vitales.

Además, las personas racializadas –sobre todo en las Américas- suelen vivir en barrios con menor cobertura arbórea y mayores temperaturas que los residentes «blancos». Los pueblos indígenas también son gravemente afectados por el cambio climático: sus formas ancestrales de gestión de la tierra y su relación estrecha con el ambiente natural han sido amenazados por industrias extractivas, la discriminación y la marginación sistémicas.

El enfoque interseccional permite comprender entonces los sistemas de opresión vinculados: colonialismo, capitalismo, extractivismo y patriarcado. Las estructuras de explotación de la naturaleza están intrínsecamente relacionadas con las opresiones patriarcales, racistas y eurocéntricas que sustentan el capitalismo. Estos patrones de poder y los modelos económicos actuales siguen fomentando la desigualdad y la injusticia social y ambiental. Al enfocarse en el crecimiento y la producción, invisibilizan que la economía es sostenida por el trabajo de cuidados, generalmente relegado a las mujeres.

¿Cuánto vale el trabajo de cuidados no remunerado?

El valor económico del trabajo de cuidados no remunerado realizado por mujeres se estima en 10,8 millones de dólares anuales, triplicando el tamaño de la industria tecnológica mundial. Las mujeres vulnerables entonces cumplen tareas esenciales para el sostenimiento de la vida: desde el cuidado de niños, enfermos y ancianos, hasta la protección de ecosistemas y la salud comunitaria en territorios degradados. También se encargan de la limpieza y saneamiento de barrios populares, la creación de espacios de recreación, el apoyo a víctimas y la protección de la biodiversidad, además de liderar reclamos ante el Estado.

Mientras casi la mitad de la humanidad vive por debajo del umbral de pobreza, los modelos económicos extractivos causan una crisis climática global que es atendida por las personas más afectadas y con menos poder. Así, la justicia climática es inseparable de la justicia social, económica, racial y de género. Frente a esta creciente desigualdad, es urgente actuar para reducirla. Economistas como Joseph Stiglitz proponen una radical redistribución de la riqueza, pero también se necesita una educación integral (ambiental, antirracista y feminista). Es fundamental atender las injusticias extremas derivada de la interseccionalidad de las desigualdades y elegir entre una era de supremacía de una élite o un poder público transformador basado en la igualdad y la dignidad.

¿Intento de golpe de Estado o dramatización política?

La bota militar asaltó la Plaza Murillo en La Paz el miércoles 26 de junio. El centro político de Bolivia se transformó en el vértice mediático nacional e internacional por unas horas y la psicosis se apoderó de los bolivianos en diferentes lugares del país. El acontecimiento trajo los peores recuerdos a la mente de quienes vieron nacer a la hoy cuarentona democracia boliviana.

Juan José Zúñiga (comandante del Ejército de las fuerzas armadas hasta el día antes de su asonada, otrora hombre de confianza del presidente y detenido por actos de corrupción durante el gobierno de Morales) se convirtió en el protagonista de la política boliviana cuando en una tanqueta militar irrumpió a las puertas del Palacio Quemado (antigua casa de Gobierno) y durante tres horas quiso hacerse con el poder.

¿Pero fue este un intento real de golpe de Estado para redireccionar la ruta de gobierno, o una dramatización política para mejorar la imagen del presidente Arce? Desde el relato, el  perpetrador puso en juego, mediante tácticas ilegales, la democracia boliviana. Otra lectura podría ser la de una actuación donde el titiritero pone a actuar a su títere para ganar popularidad.

La circunstancia política

El lunes 24 de junio, Zúñiga (hoy destituido, detenido y acusado de terrorismo y alzamiento armado contra la soberanía del Estado) emitió una opinión política perturbadora: que no estaba de acuerdo con la candidatura de Evo Morales a la presidencia y qué, además, si lo requería lo aprehendería. Esta declaración provocó su destitución por parte del presidente Arce quien lo relevó el martes 25 de junio. Este, sin embargo, siguió cumpliendo obligaciones oficiales y no entregó su despacho provocando malestar en algunos miembros de las fuerzas armadas.

Al momento de su detención, el día de la irrupción en el Palacio Quemado, Zúñiga se justificó y fundamentó su condición de agente estatal para, paradójicamente, “restablecer la democracia” por la fuerza. Y, para ganarse la simpatía popular desde la oposición, propuso liberar a los presos políticos, entre ellos, Luis Fernando Camacho y Jeanine Áñez.

Pero en declaraciones entre empujones y antes de ser detenido, Zúñiga afirmó: “el presidente me dijo que la situación estaba jodida y necesitaba algo para levantar su popularidad”. A lo cual este le habría propuesto sacar los blindados a la calle y a lo cual Arce habría asentido. Creíble o no, en Bolivia, la veracidad de los relatos depende del extremo del que se observen los hechos.

Coyuntura preelectoral

La división interna del MAS ha determinado una nueva configuración en el escenario formal de la política (Asamblea Plurinacional). Las relaciones de fuerzas son favorables a la facción evista y las alianzas opositoras Creemos (Camacho) y Comunidad Ciudadana (Mesa) porque tienen el poder de neutralizar las iniciativas legislativas presidenciales.

Este reacomodo de las fuerzas parlamentarias (acuerdo entre evistas, camachistas y mesistas) obliga al vicepresidente Choquehuanca, mediante el mecanismo de la manipulación, a hacer todo lo posible para evitar la convocatoria y ejecución de nuevas elecciones judiciales. Mientras que Arce trata de equilibrar esta situación, complicada para el Ejecutivo, en el parlamento -lo que se conoce conceptualmente como gobierno dividido- con la politización del Tribunal Constitucional (autoprorrogado desde el 01 de enero de 2024): un recurso de poder o mecanismo coercitivo que le otorga legalidad a sus decisiones políticas, cuando de atacar a sus opositores se trata. A pesar de ello, esta es una coyuntura muy desfavorable para el poder Ejecutivo porque no solamente le falta apoyo en la Asamblea y en la calle, sino también le faltan dólares.

Contexto socioeconómico

En ambos escenarios -perpetrador y víctima, titiritero y títere-, la crítica situación económica y el correspondiente descontento social son el telón de fondo. La caída de producción de gas natural, la escasez de dólares, la irregular distribución de combustibles, entre otros problemas, han generado malestar en sectores populares y la clase media que ha afectado la popularidad de Arce. Según la encuesta de Gallup (mayo 2024), la aprobación de la gestión presidencial es del 18%, una de las más bajas en Latinoamérica.

Desde el relato del “intento de golpe de Estado”, el asalto de los militares busca destruir los valores e instituciones de la democracia e interrumpir el mandato presidencial. Mientras que desde la perspectiva del relato de la “dramatización política”, el general se ha prestado a un juego táctico para fortalecer al presidente como principal representante de la amenazada democracia.

Las relaciones de fuerzas en el parlamento, la división interna del MAS y los problemas socioeconómicos son el contexto en el cual se diseñó y desarrolló el asalto militar al Palacio Quemado: Zúñiga es la consecuencia insospechada de un espacio-tiempo tenso, no el rebelde con causa de una coyuntura crítica.

Casi nadie quiere golpes de Estados y casi todos apoyan la democracia. Sin embargo, la compleja situación en la que se encuentra el presidente, sumado a una intentona golpista con pocas probabilidades de éxito liderada por un amigo y afín ideológico del gobierno, despiertan sospechas.

En Bolivia nos caracterizamos por generar acontecimientos políticos sorprendentes, más aún cuando la coalición dominante está fragmentada. Pero, más allá de la producción de relatos, los hechos son vergonzosos (institucionalmente) a nivel internacional y desequilibrantes (políticamente) a nivel nacional.

¿Adiós inviernos?

Sudamérica está olvidándose de los inviernos, así como buena parte del resto del mundo. Las imágenes emblemáticas de nevadas, muchedumbres abrigadas, programaciones para tiempo frío y paisajes helados van escaseando. Y a menos frío, más lluvias. En algunos casos, cada vez más frecuentes, las lluvias dejan paso a los diluvios. Como las que ocasionaron las tremendas inundaciones del estado de Rio Grande do Sul, en Brasil, cuyas escenas de rascacielos tapados de agua trajeron de vuelta como realidad inescapable las hipótesis alarmistas de documentarios como Una verdad inconveniente o películas como Tempestad: un planeta en furia. “Por cada grado más de calor, se produce siete veces más de vapor de agua”, explica Andrew Schwartz, científico líder de la Universidad de Berkeley. Los inviernos calientes y mojados se convertirán, por lo tanto, en la nueva normalidad climática.

Con las alteraciones radicales del clima, deberían cambian los hábitos, las percepciones y las reacciones frente a las causas que los provocan. ¿Pero es eso lo que nos apuntan los datos de opinión pública? 

La encuesta anual de WIN, la mayor red internacional de agencias independientes, que entrevistó a casi 33.900 adultos en 39 países diferentes entre febrero y marzo de 2024, revela que las preocupaciones con las evidencias de crisis climática no han cesado. De hecho, Latinoamérica sobresale como la región que expresa más angustia ambiental, con valores próximos al 90%, por lo tanto con muy pocas diferencias ideológicas, partidarias, generacionales, clasistas o de educación. 

Hay claridad también sobre los gatillos que derivaron en los trastornos de calores inusuales, inviernos mínimos, lluvias torrenciales y ciclones fuera de época. En contraste con el negacionismo predominante en los Estados Unidos, pero también en países de bajos ingresos y alta vulnerabilidad ambiental como Pakistán, Indonesia, Nigeria o Costa de Marfil, donde entre el 25% y 40% de los ciudadanos atribuyen los cambios del clima a fenómenos naturales, los países latinoamericanos fuertemente culpabilizan de ello al desarrollo industrial o a los estilos de vida de las personas. 

La atribución de responsabilidad individual es de las más fuertes en Brasil, con un 54% que culpa a las elecciones personales del consumidor como fuente de las alteraciones ambientales. Sin embargo, lo que podría parecer una señal de alta concientización esconde la astucia de los sectores que estimulan la deforestación como la pecuaria y agricultura, así como la explotación maderera y minería. Entre los brasileños, un ínfimo 3% acusa al sector primario por los desajustes climáticos, a pesar que los informes de think-tanks de primer nivel y con respaldo científico como el Observatorio do Clima revelan que el 80% de las emisiones brasileñas provienen de la ocupación indiscriminada de los suelos por la ganadería y la consecuente destrucción de florestas para ello. 

Peruanos, mexicanos, ecuatorianos y argentinos tienen una noción algo más realista de cómo el extractivismo primario y la exploración rural generan emisiones, situándolo entre el 18% en los primeros y el 11% entre los últimos. En compensación, tienden a suavizar el dedo acusador sobre el consumo individual (aunque en Argentina y Chile más del 40% apunta en esa dirección para reconocer un culpado por los gases que alteran las temperaturas y ciclos de lluvia y sequía). Esa responsabilización individual revela la asimilación de discursos que expurgan otros sectores como el energético y primario, convirtiendo al consumidor particular en el gran destinatario de las directrices educadoras rumbo a una vida con menor impacto ecológico. ¿Hasta qué punto eso desvía la atención de muchos de los culpables? 

Más allá de la expiación parcial de ciertos sectores como el industrial y agrícola-ganadero, los latinoamericanos revelan que las cosas se complican a la hora de convertir esas ansiedades en actos individuales que favorezcan una menor huella ambiental o impacto climático. Preguntados sobre las acciones que adoptan en su día a día para vivir dentro de los límites planetarios, la inmensa mayoría se refiere a actividades vinculadas con el fin del ciclo de consumo, el descarte de bienes consumidos, mucho más que con moderaciones o neutralizaciones de la adquisición y uso de bienes a consumir. Cuando dos tercios de los consultados depositan todo su involucramiento mitigador del clima en el reciclaje, no están pensando en consumir menos o mejor, que sería, en la práctica, una perspectiva radicalmente más efectiva para revertir las causas individuales del recalentamiento global.

En contraste con países europeos, tan solo el 25% de los latinoamericanos ponderan parar de comprar fast fashion o moda rápida (versus más del 40% de los alemanes o franceses o del 50% de los suecos). De modo parecido, menos del 25% de los latinoamericanos piensan parar de usar vuelos (versus un tercio o hasta más del 40% de alemanes, finlandeses, polacos y un porcentaje parecido de holandeses). Y ni hablar de parar de consumir carne en beneficio de una dieta con menos repercusiones ambientales negativas, algo que solo 1 de cada 10 latinoamericanos está dispuesto a hacer (versus el doble o más de escandinavos, británicos, franceses e italianos).

Para quienes estudian cómo facilitar la transición de los comportamientos en una dirección climáticamente más amigable, por debajo de esas incongruencias y brechas entre percepciones y conductas, aparece una comunicación ineficiente o poco estimulante. El reciente seminario web del capítulo latinoamericano de WAPOR, la Asociación Mundial de Investigaciones de Opinión Pública, discutió cómo movilizar mentes y corazones de modo más efectivo cuando se trata de generar condiciones que eviten un desastre climático mayor. La periodista y comunicadora Pearl Maravall del Yale Program on Climate Change Communication destacó que no se trata de bombardear de datos aunque haya que informar, ni se trata de generar culpa o espanto por el tamaño de la tragedia, pues esas estrategias terminan paralizando a las personas. 

Parte del secreto reside en inspirarlas en acciones de escala alcanzable para ellas, subrayando la aprobación social que ganarían al adoptar esas conductas, a partir del relato de historias que conecten las respuestas que pueden encarnar a beneficios y soluciones que esas reacciones puedan traer. Surgen con fuerza –así– las narrativas de madres que ayudaron a sus hijos a vivir más saludablemente o recuperar tradiciones de diversión y socialización que se eximen de gastos suntuosos o mediación tecnológica, cuyos dispositivos son caros, extraen recursos naturales y alejan las nuevas generaciones de las más viejas. O relatos de empatía y solidaridad con otras especies, reconociendo su inteligencia y su compañía, al mismo tiempo que se recupera la belleza del paisaje no intervenido por la creación en gran escala de proteína cuyas repercusiones de polución y empobrecimiento del ecosistema son fáciles de mostrar. Así como también historias de individuos que tuvieron que afrontar consecuencias concretas del cambio climático como una inundación que se les llevó todos los bienes y destruyó comunidades y obligó a pensar no solo los hábitos individuales sino también la planificación urbana para que el curso original de los ríos sea respetado, o la basura no sea desechada a los arroyos o en la calle –lo cual tampona las cloacas–, o en defensa de áreas verdes próximas a los cursos de agua. En definitiva, historias inspiradoras e instigadoras enfocadas en las soluciones, la resiliencia comunitaria y líderes comunes en la proximidad donde ocurren los desafíos.    

Conectando la información con la experiencia, subrayando la naturaleza de los problemas, pero también la posibilidad de las soluciones al alcance de individuos comunes, y facilitando la ejecución de los ajustes en nuestros estilos de vida y elecciones, se podrá pavimentar el camino rumbo a un futuro menos agobiante y recuperar –en algún momento– los empalidecidos inviernos.