¿Golpe blando en México?

Ernesto Hernández Norzagaray
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¿Golpe blando en México?

Luego del triunfo de la coalición Sigamos Haciendo Historia en las elecciones del pasado 2 de junio y el desconcierto de la oposición social y política, han quedado a la vista las llamadas 20 reformas constitucionales de despedida del presidente López Obrador, y, especialmente, la destinada a la refundación del Poder Judicial, considerado por él como “corrupto”, por lo que es necesario limpiarlo completamente mediante la polémica elección popular de jueces, magistrados y ministros. 

Para lo que ya es parte de la historia, se puso en marcha una estrategia en la que el Poder Ejecutivo —a través de la Secretaría de Gobernación— dio a conocer, antes que el Instituto Nacional Electoral (INE), los resultados preliminares en la elección presidencial y del Congreso de la Unión. Llamaba la atención especialmente que la coalición ganadora había obtenido la mayoría calificada en la Cámara de Diputados al obtener el 72 por ciento de la representación política, lo que significa que los partidos coaligados pueden cambiar la Constitución sin necesidad de pactar con los partidos de la oposición. 

Esta “línea” dictada desde el poder presidencial inmediatamente se reprodujo y llegó a socializarse de tal manera que, salvo voces aisladas, se cuestionaba que así fuera, ya que la coalición mencionada, ahora lo sabemos, solo había alcanzado el 54% de la votación emitida y, sumada a la sobrerrepresentación legal del 8%, solo le alcanzaba para tener el 62% y no el 72% de los diputados de la cámara baja —la cámara alta de senadores ha quedado tentativamente en 82 contra los 84 que se necesitan para tener también ahí la mayoría calificada. 

La discusión, que hasta ahora es principalmente mediática, habrá de escenificarse en el seno del Consejo General del INE, que es la instancia constitucional que deberá hacer el cálculo de distribución conforme lo que establece el artículo 54 constitucional. Sin embargo, está también el artículo 41, que establece en el apartado A y B lo relativo a los partidos políticos en distintos renglones y no se refiere en ningún momento a las coaliciones, por lo que valdría el principio “lo que vale para los partidos, también vale para las coaliciones”.  

La Ley General de Partidos Políticos expresamente lo señala cuando afirma, por ejemplo, en el artículo 91, fracción segunda: “En el convenio de coalición se deberá manifestar que los partidos políticos coaligados, según el tipo de coalición de que se trate, se sujetarán a los topes de gastos de campaña que se hayan fijado para las distintas elecciones como si se tratara de un solo partido. De la misma manera, deberá señalarse el monto de las aportaciones de cada partido político coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas, así como la forma de reportarlo en los informes correspondientes”.  

Y así para todo lo que tenga que ver con las coaliciones (financiamiento, paridad de género, etc.). Entonces, con estos preceptos constitucionales y reglamentarios, la discusión constitucional no está cerrada y deberá llevarse a cabo en el seno del Consejo General del INE antes de rechazar o certificar el pronunciamiento fuera de lugar que hizo la secretaria de Gobernación la noche de las elecciones concurrentes. 

Y esta, como lo han dicho distintos observadores políticos, no puede ser una lectura gramatical sino sustantiva del espíritu constitucional y reglamentario de lo que compete a los partidos políticos y a las coaliciones, que no tendrían por qué ser diferentes, como pretende el oficialismo. 

Una lectura literal y sesgada del artículo 54 constitucional provocaría que se imponga sin más la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, y, en menor medida, en la de Senadores. 

Y, peor, ya sin estos contrapesos, vaya el presidente, y la futura presidenta, por el control total del Poder Judicial a través de los abogados más populares. Visto a la luz de otras experiencias latinoamericanas —especialmente la boliviana—, significaría lo que el politólogo norteamericano Gene Sharp denomina “golpe de estado blando”, con una singularidad muy mexicana, pues lo frecuente es que este tipo de intervenciones en el llamado lawfare (guerra jurídica o guerra judicial) que hoy pretende hacer la “izquierda”, tradicionalmente la ha padecido, como sucedió en Brasil, donde cayeron los presidentes Lula Da Silva y Dilma Rousseff, uno en la cárcel y la otra desaforada.  

En definitiva, lo que resuelva el INE, en materia de integración del Congreso de la Unión y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, abrirá sin duda un compás entre la consolidación de la democracia preservando los contrapesos indispensables al presidencialismo omnipotente y omnicomprensivo o la debacle con un hiperpresidencialismo sin contrapesos.  

De esa magnitud es lo que está en juego en México en los próximos meses.  

Crónica de la revolución que no fue: Chile a casi 5 años del estallido social

Clarisa Demattei
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Crónica de la revolución que no fue: Chile a casi 5 años del estallido social

Si alguien hubiese dicho que casi 5 años después, la situación iba a ser así, casi nadie lo hubiera creído. Chile, uno de los países sudamericanos más estables de los últimos 30 años, pareció cambiar de la noche a la mañana cuando un estallido social prácticamente sin precedentes irrumpió los medios de comunicación de todo el mundo el 18 de octubre del 2019. A lo largo de varias semanas, millones de chilenos tomaron las calles con consignas diversas reclamando un cambio sustancial. Ese mosaico de demandas heterogéneas, con el paso de los días, se articuló en un solo pedido que remeció la estructura de la sociedad chilena: la necesidad de tener una nueva Constitución política que habilitara todos estos cambios.

Lo que siguió muchos lo recordarán. Cuando ya había pasado un mes de manifestaciones con millones de personas en las calles, el entonces presidente Sebastián Piñera convocó a una serie de plebiscitos para redactar una nueva constitución política que iba a cambiar sustancialmente ese modelo que, una de las tres la democracias más consolidadas de América Latina, había heredado de la dictadura.

Sin embargo, nada de eso sucedió. Tras el abrumador rechazo a la redacción final de la nueva constitución en 2022, con una clara cosmovisión refundacional y de izquierda sumado al fracaso de la segunda convención de 2023, liderada mayormente por convencionales de derecha, Chile volvió a su punto de partida anterior a las protestas del 2019.

Gabriel Boric, un joven izquierdista cuya coalición, el Frente Amplio, capitalizó el descontento post octubre 2019, no ha logrado concretar sus promesas de campaña. Tras estos dos plebiscitos fallidos que llevaron al fracaso la posibilidad de una nueva constitución, pareciera que Chile no avanzó en nada. El actual presidente sigue sin poder hacer una reforma de pensiones, la clase media sigue endeudándose para enviar a sus hijos a la escuela y si bien el 40% más pobre que se atiende en el seguro público de salud ya no tiene que pagar copagos por la atención médica, continúan las enormes diferencias en la atención sanitaria entre ricos y pobres. Sin embargo, y aunque parezca que nada cambió a nivel estructural, el estallido dejó una huella imborrable en quienes participaron pero también entre quienes siempre estuvieron en contra.

De aquella sociedad que en 2019 parecía tener un gran consenso con respecto al destino que tenía que tomar el país ya queda poco y nada. La polarización política y social parece ser la gran protagonista de la sociedad chilena y el abismo que hoy los divide no tiene otra fecha más que octubre 2019. Al día de hoy, los chilenos nunca llegaron a un acuerdo acerca de qué pasó en ese tiempo ni tampoco cómo avanzar. Aquellos, como una parte de la élite que vive en las comunas del sector oriente de Santiago y que siempre se opusieron a las marchas hoy no solo piden que los presos sigan en la cárcel sino también aprovechan sus espacios en los medios y en la política para pontificar sobre lo que Chile no se puede volver a permitir, mientras que varios de los que salieron a las calles y abrazaron mesuradamente las consignas del estallido hoy buscan dar vuelta la página e incluso le piden al presidente izquierdista, que con mucha ilusión hace 2 años votaron, que hoy sea más moderado. Y otros, los que salieron activamente a las calles y participaron de las marchas, como mi entrevistado, solamente encuentran frustración.

Tanta lucha para nada -exclama decepcionado Francisco, un historiador de 33 años que participó del estallido social en octubre y noviembre de 2019.

-Tu miras la sociedad chilena e incluso la ciudad de Santiago y parece que sucedió una guerra. Pero te paras a pensar y en el día a día no cambió absolutamente nada. La educación y la salud siguen sin ser públicas, las AFP siguen existiendo, hasta el agua sigue siendo privada. Y la clase política, la misma clase dirigente que lleva décadas en el poder, está ahora en el Congreso impidiendo cualquier intento de cambio, como si no hubiesen escuchado a los millones que salimos a la calle. El estallido social fue un momento en donde Chile por fin tuvo cohesión social, una causa común. Pero hoy estamos todos aislados y de ese octubre de 2019 solamente quedan las causas no resueltas y la violencia policial. 

El desánimo de Francisco no es para menos. Este suceso de alguna manera provocó un antes y un después en la vida del historiador. Podríamos decir que Francisco estaba en el lugar equivocado en el momento incorrecto: en “la marcha más grande de Chile”, una de las más convocantes de la historia democrática trasandina, lo que era una manifestación pacífica se terminó convirtiendo en una guerra contra la policía de la que Francisco, a pesar que intentó  permanecer ajeno, terminó involucrado. 

Después de que una persona desconocida y con quien él no tenía ningún vínculo le tiró piedras y ladrillos a los carabineros, se desencadenó una brutal represión que incluyó gases lacrimógenos. En ese momento, Francisco, que en sus manos solamente tenía una pancarta que decía “El derecho a vivir en paz”, en referencia a una canción del cantautor chileno Victor Jara, se agachó para protegerse de los gases y fue injustamente arrestado durante algunas horas en una comisaría santiaguina. Tras no encontrar antecedentes penales ni pruebas en su contra, fue liberado a las pocas horas. Sin embargo, no todos tuvieron la misma suerte. Analizando el saldo del estallido social chileno, las cifras hablan por sí solas. Además de 34 personas que murieron en las movilizaciones, la cantidad de personas detenidas oscila entre 8800 y más de 20.000, sumado a más de 8000 víctimas de violencia policial y 400 casos de trauma ocular.

-Por esa represión no solamente estuve detenido algunas horas de forma injusta y arbitraria, sino también me quedó una cicatriz en el brazo que probablemente nunca se borre. ¿Y todo para qué? -reclama Francisco.

Para qué. La pregunta de Francisco resuena actualmente en gran parte de la clase media chilena que salió a las calles. Cinco años después, muchos creen que no valió la pena. Para personas como el historiador el presente es aún peor que la etapa previa al estallido social.

-Antes el modelo era injusto pero la expectativa de que algún día esto iba a explotar y cambiar todavía existía. Ya no. Para que vuelva a pasar algo así pero con cambios reales tienen que transcurrir mucho más de los 30 años.

Hoy, a casi 5 años de ese movimiento que sacudió la sociedad chilena queda mucho por resolver. De la esperanza de cambio que se abría paso en octubre 2019 hoy la situación es completamente la opuesta. No solo la polarización y los desencuentros entre chilenos son enormes, sino que los sectores que siempre se opusieron al estallido y enarbolaron los rechazos a la nueva constitución, como la clase política tradicional y la élite económica, se encuentran más endogámicos que nunca, avalados por el resentimiento y el temor a que sus peores pesadillas se vuelvan realidad.

Pero para quienes salieron a las calles la realidad no es mucho mejor. La sensación de que se perdió la única posibilidad de cambiar estructuralmente un país sigue acumulando frustraciones sobre una pila de desencantos que ya era demasiado grande. En definitiva, la sensación es la de una revolución que no fue.

Los bolsonaristas fugitivos que buscan refugio en Argentina

Luiz Leomil
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Los bolsonaristas fugitivos que buscan refugio en Argentina

En mayo de 2024 se supo que varias personas condenadas o investigadas por participar en los actos antidemocráticos del 8 de enero de 2023 habían conseguido salir ilegalmente de Brasil, en dirección a países vecinos. Más recientemente, el gobierno argentino anunció que al menos 65 de ellos habían solicitado refugio en el país, y que sus peticiones serían analizadas caso por caso por la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE).

Aunque Brasil está preparando solicitudes de extradición para estos fugitivos, la legislación argentina y las normas internacionales establecen que no se puede hacer nada hasta que la CONARE haya decidido sobre sus solicitudes de refugio.

¿Por qué aceptó Argentina las solicitudes de refugio de los brasileños?

En general, los países gestionan la migración dentro de sus territorios como mejor les parece. Sin embargo, el instituto del refugio es una excepción y está muy bien regulado por instrumentos internacionales. Entre ellos se encuentra la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, ratificada por 146 países, entre ellos Argentina (que lo hizo en 1961). El documento establece los criterios para reconocer la condición de refugiado, así como el principio de «no devolución», que prohíbe a los países devolver a los refugiados y solicitantes de asilo a situaciones de persecución o graves violaciones de los derechos humanos.

Por tanto, es necesario que los países analicen las solicitudes de refugio y tomen una decisión al respecto antes de emprender cualquier otra acción. Esto explica, en parte, por qué el gobierno argentino ha aceptado las solicitudes de refugio casi automáticamente y sostiene que no se producirá ninguna extradición antes de que hayan sido resueltas. Como solicitantes, estos brasileños reciben un documento de identidad, renovable cada 90 días, acceso a los servicios públicos y al trabajo, y pueden viajar fuera de Argentina con autorización de la CONARE.

¿Cómo se analizarán las solicitudes?

La CONARE, que analizará las solicitudes, es una comisión formada por representantes del gobierno argentino y de otras organizaciones. Su formato es muy similar al que existe en otros países de América Latina, incluido el propio Brasil, ya que en décadas pasadas este modelo fue ampliamente difundido en la región por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Aunque los solicitantes brasileños ya detallaron en sus formularios de solicitud lo que creen que son los motivos de su solicitud de refugio, la legislación argentina exige que sean convocados a entrevistas de elegibilidad. Durante estas entrevistas, los funcionarios técnicos de la CONARE cuestionarán las razones para huir de Brasil, así como la credibilidad de los relatos dados por los solicitantes. A continuación, estos funcionarios contrastarán la información facilitada por los solicitantes con otras fuentes (incluida la investigación interna), comprobarán su veracidad y emitirán un dictamen técnico, que será votado por la Comisión en sesión plenaria. Los miembros votantes de la CONARE son el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y representantes de cuatro departamentos gubernamentales: Interior, Asuntos Exteriores, Justicia y Capital Humano. Los casos se deciden por mayoría simple.

Vale la pena recordar que no hay plazo para que los brasileños sean convocados a sus entrevistas de elegibilidad, y mucho menos para que la CONARE tome una decisión sobre sus casos. Según el ACNUR, la resolución de los casos en el país puede tardar «de dos a cinco años, o más«. Si se rechaza una solicitud, hay posibilidades de apelar en dos instancias más.

¿Cuál será el resultado?

Una de las razones para reconocer el estatuto de refugiado en virtud de la legislación argentina y de la Convención de 1951 es el temor fundado a la persecución por opiniones políticas, que según algunos es el caso de los brasileños que solicitan refugio en Argentina. Sin embargo, el hecho de que huyan de condenas o investigaciones relacionadas con delitos, especialmente los de carácter político, no los convierte necesariamente en víctimas de persecución política. En estos casos, es necesario, entre otras cosas, determinar si las investigaciones y sanciones a las que fueron sometidos los solicitantes en su país de origen se llevaron a cabo de conformidad con la ley, las normas internacionales de derechos humanos y de manera justa. Sólo indicios claros de que los solicitantes han sido (o pueden ser) víctimas de un trato jurídico arbitrario y/o de un castigo excesivo a causa de sus opiniones políticas deberían dar lugar a que se estimaran sus solicitudes. Hasta el momento, los observadores internacionales que siguen la protección de los derechos humanos en Brasil no han observado ningún problema con las investigaciones y las sentencias dictadas contra los implicados en el 8/1.

Sin embargo, esto no significa que la posición de la CONARE sobre estas solicitudes pueda darse por sentada. Aunque los oficiales de elegibilidad de la Comisión emitan opiniones técnicas sobre las solicitudes, éstas son votadas por representantes ministeriales.

Así pues, aunque el portavoz de la presidencia argentina, Manuel Adorni, ha argumentado que la decisión sobre estas peticiones está fuera de las competencias del gobierno, serán en gran medida los representantes de la administración Milei quienes decidan sobre ellas. Desde su toma de posesión, el gobierno de Milei ha sustituido al menos a tres miembros con derecho a voto de la CONARE. Se han nombrado nuevos representantes de las carteras de Relaciones Exteriores, Justicia e Interior, esta última como presidenta de la Comisión. Así, además de influir en el orden del día de las sesiones plenarias (pudiendo dar prioridad a los casos), los representantes del gobierno de Milei pueden obtener fácilmente una mayoría simple durante las deliberaciones.

No es raro que los países utilicen el refugio como herramienta de política exterior, buscando deslegitimar o ayudar a gobiernos extranjeros reconociendo (o no) a sus nacionales como refugiados. Tomemos como ejemplo el caso del gobierno de Bolsonaro que favoreció el reconocimiento de los venezolanos como refugiados.

A pesar del pesimismo y el enfriamiento de las relaciones argentino-brasileñas desde que Milei asumió la presidencia, los líderes del Palacio San Martín y del Itamaraty han logrado mantener cierta cordialidad y funcionalidad. Lo que queda por ver es si Milei abandonará esto en favor de su agenda privada. Mientras tanto, la diplomacia brasileña debe seguir promoviendo un mayor entendimiento con el mandatario argentino y alentar una mayor celeridad en los casos que se tramitan en la CONARE.

A este ritmo, nos tomará casi 300 años lograr la igualdad de género

Lucila Nejamiks
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A este ritmo, nos tomará casi 300 años lograr la igualdad de género

En las últimas dos décadas, América Latina ha realizado esfuerzos para integrar la agenda de género. Sin embargo, las profundas desigualdades de nuestra región se manifiestan de manera más contundente en las mujeres y niñas. Un ejemplo de esto es que las mujeres aún dedican más del doble de tiempo al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que los hombres, lo que se convierte en un obstáculo, tanto para su independencia económica como para el disfrute pleno de sus derechos en igualdad de condiciones.

Aunque diversos análisis han tratado este tema como secundario, la economía del cuidado es un aspecto central para visibilizar las desigualdades patriarcales arraigadas en el capitalismo moderno. En efecto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) muestra que el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado es vital para las economías de la región, representando en promedio el 21.3% del PIB, con las mujeres contribuyendo en un 75.5%.

Como indica el informe de OXFAM «Desigualdad S.A«, publicado en 2024, el trabajo doméstico y de cuidado, no remunerado o mal remunerado, que asumen las mujeres y niñas, sustenta los beneficios de las empresas, ya que efectivamente subsidian la economía al llevar a cabo más del tres cuartos del trabajo de cuidado no remunerado en todo el mundo. El monto, llamativamente, asciende a al menos 10.8 billones de dólares al año, una cifra que triplica el tamaño de la industria mundial de la tecnología.

Eso que llaman amor es trabajo no remunerado

El cuidado contempla el trabajo –remunerado y no remunerado– que se realiza al interior de las familias, la distribución de tareas entre los integrantes implicados en la producción de cuidado y las interacciones que establecen con los otros espacios –estatal, privado y comunitario– de producción y provisión de bienes y servicios para el cuidado. Es necesario reconocer que cuando los Estados debilitan a las instituciones que brindan servicios públicos de cuidado, los trabajos de cuidado suelen recaer desproporcionalmente en las mujeres, sean o no jefas de familia.

Pero las actividades de cuidado, remuneradas o no, son absorbidas de manera desproporcionada por las mujeres, no solamente en sus hogares, sino también en sus trabajos, barrios y organizaciones sociales. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la redistribución del trabajo de cuidado se torna, así, en un factor clave para detener el retroceso en la brecha de género, promover oportunidades laborales equitativas entre hombres y mujeres, y evitar la doble carga.

En América Latina, 14,8 millones de personas se dedican al trabajo doméstico remunerado, y el 91,1% son mujeres. Aproximadamente el 72,3% de ellas no tienen acceso a un empleo formal. En su informe Desigualdad S.A, OXFAM (2024) evidencia que para las personas más pobres-generalmente mujeres, personas racializadas y grupos excluidos de la sociedad- la vida cotidiana se ha vuelto aún más difícil. Está claro que las inequidades de género empeoran cuando se intersectan con otras desigualdades como la edad, la etnia, la nacionalidad, las condiciones ambientales y socioeconómicas, entre otras.

De manera que las desigualdades de género en el área de cuidados es otra de las dimensiones que evidencian que lejos estamos de cumplir el Objetivo 5 de la Agenda 2030 referente a la igualdad de género. En relación a lo anterior, António Guterres, Secretario General de Naciones Unidas, expresó que “Estamos en el ecuador del plazo previsto para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que finaliza en 2030, y corremos serios riesgos de no alcanzarlos. A este ritmo, nos tomará casi 300 años lograr la igualdad de género. Las mejoras en materia de salud materna y acceso a la planificación familiar han avanzado con una lentitud pasmosa”.

Claves para afrontar la crisis de cuidados

En el año 2022, y como motivo de reflexionar en torno a los efectos de la pandemia de Covid-19 en la economía de los cuidados, un equipo de expertas de América Latina agrupadas por International Development Research Center (IDRC) de Canadá y Southern Voice redactaron un documento para pensar posibles respuestas a la llamada “crisis de los cuidados” en nuestra región.

Según este trabajo, el rezago en la instalación de un sistema integral de cuidados tiene impactos decisivos en materia de equidad e igualdad de derechos entre varones y mujeres, en la inserción laboral de las mujeres, sobre todo, pero no exclusivamente de las de menores ingresos; y en las posibilidades de salir de la pobreza de los hogares de menores recursos. Para lograr algunas transformaciones de estas desigualdades las investigadoras proponen: reconocer y visibilizar los trabajos de cuidado, redistribuir las responsabilidades en el trabajo de cuidado no remunerado, crear una canasta básica del cuidado que ayude a cuantificar dichas tareas, favorecer la representación en la negociación colectiva de la economía del cuidado, entre otras cosas.

Avanzar en estos abordajes podrían ser algunas de las claves para generar una sociedad más justa en términos de redistribución de las tareas de cuidados y por consiguiente avanzar en la igualdad y equidad de género.

Una campaña electoral inédita y convulsa: Biden vs. Trump

Federico Ruiz
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Una campaña electoral inédita y convulsa: Biden vs. Trump

En la historia política de Estados Unidos, la campaña electoral de 2024 se perfila como una de las más inusuales y polarizantes. La contienda enfrenta a dos figuras ya conocidas y controvertidas: el expresidente Donald Trump y el actual presidente Joe Biden. Ambos candidatos presentan retos y controversias significativas, lo que ha moldeado una campaña llena de incertidumbres y tensiones.

La polarización de los candidatos

Por un lado, el candidato republicano Donald Trump, a pesar de sus múltiples problemas legales, mantiene un apoyo sólido entre un sector considerable del electorado. Su presidencia, recordada por muchos como caótica, no ha mermado la lealtad de su base. A pesar de una condena penal y varias condenas civiles por difamación y fraude, Trump sigue siendo un contendiente formidable. Su campaña se ha caracterizado por un enfoque populista, recurriendo a falsedades y apelando a la frustración de aquellos que sienten que el sistema no les ha brindado las oportunidades que merecen.

Por otro lado, el candidato demócrata y actual presidente Joe Biden enfrenta un panorama complicado. Su aprobación no es alta, y su edad genera dudas sobre su capacidad para un segundo mandato. La campaña demócrata ha centrado sus esfuerzos en evitar el regreso de Trump a la Casa Blanca, una estrategia que podría desmotivar a votantes que buscan respuestas concretas a problemas como el alto costo de vida y la crisis migratoria.

En el caso de Trump, su base y partido le perdonan todo, y, en el caso de los demócratas, los une el deseo de no ver nuevamente a Trump al mando y se atrincheran detrás de Biden aunque no estén contentos con su edad.

Ante esta situación, el votante independiente es quien terminará decidiendo el futuro de la Casa Blanca.

La sorpresa de un debate decisivo

El rezago de Biden en las encuestas motivó a su campaña a hacer una apuesta arriesgada. Desechando a la comisión no partidista que tradicionalmente organiza los debates presidenciales, la campaña de Biden le ofreció a la de Trump hacer únicamente dos debates, donde fueran las campañas quienes determinaran las reglas. Un debate se haría en junio y el otro en septiembre.

La idea de hacer un debate en junio, según la ópticma demócrata, le habría permitido al presidente Biden recuperar la narrativa y ganar fuerza. Incluso plantearon ciertas reglas que los republicanos aceptaron, como por ejemplo que se hiciera sin público presente y que no se permitiera al otro contrincante interrumpir cuando se está en el uso de la palabra.

Nadie tenía previsto que el debate de la cadena CNN del jueves 27 de junio fuera tan catastrófico para el presidente Biden. Este encuentro dejó clara la debilidad del presidente en términos de agilidad y energía, lo que ha beneficiado a Trump. La atención mediática ha desviado su foco de los problemas legales de Trump, especialmente tras una resolución de la Corte Suprema que otorga una inmunidad casi total a los presidentes por actos realizados durante su mandato. Esta decisión ha pausado muchos de los procesos judiciales en su contra, dándole un respiro estratégico en plena campaña. Ahora el tema principal es Biden, su edad y su capacidad para ganar y gobernar.

La posible salida de Biden

Ante el fracaso de Joe Biden en el debate de CNN, la posibilidad de que se retire de la contienda está ganando fuerza. La presión para que deje paso a otro candidato es creciente, pero surge la interrogante de quién sería su sustituto y cómo se llevaría a cabo esa transición. Kamala Harris, la actual vicepresidenta, aparece como la sucesora natural, y Biden podría exigir su nominación como condición para su retiro.

Si Harris asume la candidatura presidencial, la selección de su compañero de fórmula será crucial. Es poco probable que Gavin Newsom, gobernador de California, sea el elegido, ya que no es estratégico tener ambas candidaturas provenientes del mismo estado. De igual manera, una fórmula compuesta por dos mujeres podría ser vista como un riesgo innecesario en una campaña tan ajustada.

Opciones para la vicepresidencia

Para los demócratas, la elección de un candidato a la vicepresidencia debe ser estratégica. La figura ideal sería un gobernador de un estado clave que actualmente esté en disputa. Nombres como Josh Shapiro, de Pennsylvania, Tony Evers, de Wisconsin, y Tim Waltz, de Minnesota, son opciones viables. De estos, Shapiro podría ser una elección destacada, aunque su reciente asunción como gobernador podría jugar en su contra.

Otra opción sería buscar en el gabinete de Biden, como Pete Buttigieg, secretario de Transporte. Sin embargo, Buttigieg no ofrece una ventaja significativa en términos de votos electorales, lo cual es crucial en esta etapa.

Por otro lado, no pareciera sensato asumir el riesgo de buscar una candidatura a vicepresidente dentro del Senado. Los demócratas actualmente lo controlan por la mínima diferencia y corren el riesgo de perder el control en las elecciones de noviembre. Sacar a un senador actual para ponerlo a competir podría generar un riesgo aún mayor, que simplemente no vale la pena asumir.

El sistema electoral y su impacto

Es vital recordar que el sistema electoral de Estados Unidos es de segundo grado y se basa en el colegio electoral, no en el voto popular. Esto significa que solo unos pocos estados competitivos determinarán el resultado final.

Arizona, Georgia, Michigan, Minnesota, Nevada, Pensilvania y Wisconsin son los estados clave en esta elección. Biden ganó todos estos estados en 2020, pero actualmente solo mantiene una ligera ventaja en Minnesota. Trump, por su parte, ganó todos estos estados en 2016, excepto Nevada, donde ahora lidera las encuestas.

La campaña en estos estados será decisiva, y es en estos territorios donde se debe poner el foco de atención. Si Biden se retira, la transición debe ser rápida y estratégica para generar un impacto positivo, especialmente entre votantes clave como los hispanos y afrodescendientes, o con el votante joven que se pueda sentir desmotivado a acudir a las urnas. De lo contrario, Trump se aseguraría el triunfo.

Nunca antes una campaña electoral en Estados Unidos había enfrentado tantos desafíos y cambios en tan poco tiempo. La pregunta que persiste es si los demócratas podrán reorganizarse de manera efectiva para revertir las tendencias actuales y evitar el regreso de Trump a la Casa Blanca. Ya sea con Biden o con otro candidato, la disciplina y la estrategia del Partido Demócrata serán cruciales para enfrentar esta batalla electoral sin precedentes.

La política exterior de Milei y la “Doctrina Discépolo”

Fabián Bosoer
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La política exterior de Milei y la “Doctrina Discépolo”

La “reinserción argentina en el mundo” es un propósito declamado como un mantra por casi todos los gobiernos argentinos al comenzar sus gestiones. Un supuesto por cierto alegórico que remite a una escena mítica original: hubo un tiempo en el que la Argentina “estuvo en el mundo” y fue expulsada -o se salió – de ese paraíso terrenal, producto de las malas políticas y yerros de los gobiernos que se sucedieron. Hasta que llegaron a darse cuenta, y por ello se proponen, ahora mismo, virar drásticamente el rumbo para volver a él.

Lo hemos escuchado a lo largo de décadas, en una y en otra dirección. ¿Fue hace 20, 30 o 80 o 90 años? El presidente Javier Milei llevó mucho más atrás la línea de tiempo y con ello elevó la magnitud de su ambición actual: hace cien años, dice, que “nos quedamos fuera del mundo”. Y algo de razón tiene, siempre aclarando a qué “mundo” se refiere: la crisis de la esfera de influencia británica y del modelo agroexportador que le permitió a la Argentina una exitosa inserción en el mundo, con crecimiento sostenido, instituciones políticas republicanas y progreso social, a partir de los años 30 del siglo XX, habría dejado a la Argentina “a la intemperie”.

El modelo de autarquía y sustitución de importaciones del peronismo (1946-1955) terminaría frustrándose, abriendo paso a un ciclo pendular de infructuosos intentos de “reinserción en el mundo” que se correspondería, a su vez, con la inestabilidad institucional y la crisis de legitimidad de nuestro régimen político. La Argentina, se escribirá entonces, se había convertido en un “paria internacional”. La erraticidad de la política exterior, las relaciones triangulares con terceros países como gestos de acercamiento -o de distanciamiento- con las potencias dominantes y las diplomacias paralelas o dobles carriles de vinculación serían corolarios de estas fluctuaciones en el comportamiento internacional de la Argentina que tuvieron su máxima expresión en la derrota de Malvinas, en 1982, que terminó con la última dictadura militar y desembocó en la recuperación de la democracia.

Algunos de estos patrones de conducta persistieron y persisten hasta nuestros días. Como la introyección de la política internacional en los desacuerdos de la política nacional y la proyección de la política partidaria doméstica a la política exterior del país. Comportamientos y gestos que contrastan con la contribución de la diplomacia argentina a la paz, la seguridad y el derecho internacional, la participación destacada en los organismos multilaterales y la identificación con los principios de no intervención, no injerencia, autodeterminación, ayuda humanitaria, resolución pacífica de los conflictos y defensa de los derechos humanos.

Los gobernantes argentinos que salen a explicarle al mundo lo equivocados que estuvieron sus antecesores no parecen darse cuenta de la incredulidad que despiertan en sus interlocutores. Sobre todo cuando se les señala que ellos mismos han vivido equivocados, como se encarga de hacerlo el presidente Milei cada vez que sale del país. Nueve giras internacionales en seis meses –ninguna a vecinos de la región– ponen a Milei al tope del listado de presidentes que más viajaron, desde el retorno de la democracia en diciembre de 1983. A la cantidad se le suma el objetivo de los viajes, ya que además de su notoria preferencia por los Estados Unidos se destaca que varios de ellos tuvieron que ver con inquietudes personales o con la recepción de premios de distintas instituciones y think tanks, practicamente sin encuentros de Estado y con un ya extenso listado de altercados con otros gobernantes que derivaron en conflictos diplomáticos bilaterales: México, Colombia, España, Brasil y Bolivia.

La nutrida agenda de viajes de Milei al exterior durante los primeros seis meses de gobierno se cerró en junio con la asistencia a la cumbre del G7 en Bari, Italia y a la Cumbre Global por la Paz en Ucrania, realizada en Suiza, con la presencia de un centenar de mandatarios, en la que el presidente argentino manifestó su total apoyo al presidente ucraniano Volodimir Zelenski. Milei subrayó allí: “Esto es parte del gran giro que estamos dando como país luego de décadas de darle la espalda al mundo”. Días más tarde viajó nuevamente a España y luego a Alemania y República Checa, para recibir distinciones por su militancia libertaria. En Praga, manifestó además la intención de buscar que la Argentina se transforme en “un socio global de la OTAN”.

De tal modo, en sus primeros seis meses de gestión, el gobierno de Milei expone la vigencia y persistencia de aquellas “tendencias profundas” de la política exterior argentina  y sus corolarios -sobreactuación, erraticidad, unilateralidad, pendularidad-, moviéndose entre el pragmatismo y la ideología, con la fuerte impronta de un estilo personal caracterizado por sus rasgos de excentricidad. Una curiosa ironía la pretensión de reinsertarse en un mundo que ya no existe, y pelearse a cada paso con el mundo que sí existe y del que formamos parte, un mundo complejo e interdependiente que si algo debería esperar de sus líderes es prudencia, inteligencia, ecuanimidad y ductilidad, capacidad de despertar confianza. El presidente Milei parece seguir más en la línea que escribiera Enrique Santos Discépolo en aquellos otros años ’20, en aquel célebre tango cantado por Carlos Gardel, “verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa: yira, yira…”.

¿Qué podemos aprender de la privatización de la educación en Chile?

Camila Mella San Martín
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¿Qué podemos aprender de la privatización de la educación en Chile?

Desde el año 2020 la desigualdad ha vuelto a aumentar a nivel mundial y regional. La brecha entre el Norte y el Sur global ha crecido por primera vez en 25 años, y esta extrema desigualdad se ha consolidado como nuestra “nueva normalidad”. Sin embargo, esta “nueva normalidad” no es nueva en América Latina, la región más desigual del mundo, y menos en Chile, uno de los países más desiguales de la región más desigual del mundo. ¿Qué podemos, entonces, aprender de la desigualdad en Chile?

Si bien el aumento de la desigualdad es un fenómeno multifactorial, una de sus causas es la progresiva privatización de servicios públicos como la educación, la salud y las pensiones. En la década de 1980, Chile transitó esa ruta asumiendo que el mercado era más eficiente que el Estado en la distribución de estos servicios. Y en el caso de la educación, ello significó la privatización, tanto de la provisión como del financiamiento del sistema escolar y superior.

No obstante, en estas décadas se ha demostrado que la consolidación del mercado ha fracasado en sus propios términos, pues si bien la desigualdad en educación no ha aumentado, tampoco se ha reducido. En efecto, numerosas investigaciones, como la de Danilo Kuzmanic Reyes demuestran que la privatización impulsa nuevas desigualdades educativas.

Consecuencias de la privatización de la educación

Si bien la matrícula en educación superior se masificó gracias a la creación de instituciones privadas, el pago de aranceles y matrículas se instauró en todo el sistema. De esta manera, el gasto público en educación se mantuvo relativamente estable mientras el financiamiento del sector se basó sobre créditos y becas estudiantiles.

Las movilizaciones sociales (particularmente estudiantiles) de 2006 y 2011 en las calles de Chile impulsaron políticas de regulación del – hasta entonces llamado – “mercado de la educación superior”, con el objetivo de prohibir el lucro y fomentar la equidad en el acceso y la calidad de la educación superior. Para ello, la estrategia elegida fue debilitar las barreras económicas de ingreso, asumiendo que el mérito y el esfuerzo personal reducirían las brechas durante el tránsito y a la salida de la educación superior.

El impacto de dichas medidas ha transformado a la educación superior chilena en un sistema masivo y diverso, en donde las oportunidades de acceder a este nivel educativo han aumentado transversalmente, integrando a sectores históricamente excluidos (tales como mujeres, población rural y pueblos originarios). Sin embargo, esto no se ha traducido en un declive de la desigualdad.

Por un lado, créditos y becas, y la reciente política de gratuidad progresiva sí han reducido el efecto de los recursos económicos (ejemplo: ingreso del hogar) tanto en el acceso general como en el ingreso a las instituciones menos selectivas. Pero, por otro lado, el efecto de los recursos socioculturales de origen (ejemplo: nivel educativo de los padres) ha disminuido en menor medida en el acceso general, permaneciendo inalterado en el ingreso a las instituciones más selectivas como las universidades del Consejo de Rectores.

¿Cuál ha sido el resultado?

Estos cambios han generado una disminución de la desigualdad cuantitativa en educación superior, pero un aumento de la segmentación socioeconómica entre instituciones terciarias. Asimismo, se ha producido un incremento de las desigualdades cualitativas en educación superior, remarcando la distinción entre las barreras de entrada, de tránsito y de salida, junto a la importancia de las brechas simbólicas y psicoemocionales en la reproducción de la desigualdad educativa.

La combinación de estos factores arroja un escenario de creciente desigualdad cualitativa en la educación superior chilena, con un patrón similar al que describe el informe de Oxfam de 2024: uno “impulsado por la parte superior”, en donde una reducida minoría concentra la mayoría de la riqueza, los ingresos, el poder y, por cierto, las oportunidades educativas y laborales. Este patrón ha sido identificado en Chile y otros sistemas educativos latinoamericanos, pese a ser originalmente una particularidad del caso chileno en torno a las posibilidades reducidas de movilidad social. De allí se acuñó el término “desigual pero fluido”.

En Chile las instituciones terciarias más prestigiosas y selectivas continúan siendo casi exclusivamente para la élite, separándose del resto del espectro institucional de menor prestigio y selectividad. Esta polarización de las oportunidades educativas otorga posibilidades de acceso o movilidad educativa limitada, sólo a ciertas instituciones o programas de estudio, generando esta fluidez limitada o de corta distancia. En este sentido, si bien la masificación de la educación superior abrió el espectro de las oportunidades posibles, no ha logrado abrir el espectro de las oportunidades reales.

¿Qué podemos aprender de este ejemplo?

En primer lugar, si bien el debate sobre la desigualdad tiene un cariz eminentemente económico, el caso de la privatización de la educación chilena demuestra que no es posible reducir la desigualdad únicamente a través de políticas económicas. Es necesario considerar otras esferas de reproducción de la desigualdad: la inequitativa distribución de los ingresos o de la riqueza tiene un correlato sobre nuestra percepción de la desigualdad, nuestras oportunidades y expectativas de vida, entre otros aspectos. De hecho, la relación entre “desigualdad real” y “desigualdad percibida” ha sido definida como “rota”, “débil”, “transitoria”, “inestable” y “culturalmente situada”.

En segundo lugar, si bien el debate sobre la desigualdad aborda elementos estructurales al cuestionar el rol del Estado o del mercado, no es posible desconocer su impacto simbólico. En este sentido, si la estructura de oportunidades se polariza en un patrón desigual pero fluido, hay que repensar cómo el sistema educativo y el mercado laboral crean expectativas de movilidad social que luego no se transforman en oportunidades reales. De ello, por ejemplo, nos habla el creciente conflicto en Chile en relación con el cambio del sistema de financiamiento de la educación superior, en donde una alternativa es la condonación de las deudas estudiantiles. Para algunos, una medida razonable y justa; para otros, una política de populismo electoral. Habrá que esperar a ver qué sucederá con el proyecto que presentará el gobierno en septiembre de 2024.

En tercer lugar, es imposible desvincular el debate sobre desigualdad de discusiones políticas sobre “política” y “políticas públicas”. La concentración de la riqueza y de las oportunidades implica que, también, el poder se concentre en una minoría. Por lo tanto, es necesario considerar las condiciones de diálogo necesarias para impulsar cambios: es decir, cómo entablar el diálogo en política para impulsar cambios a través de políticas públicas. Y es que la reducción de la desigualdad en educación o en cualquier otro ámbito pasa, sobre todo, por la reducción de la desigualdad en política y en políticas públicas.

La influencia de la ultraderecha europea en América Latina

Sebastián Godínez Rivera
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Desde hace algunas décadas, el mundo viene presenciando el ascenso de la ultraderecha en varios países, cada una con sus respectivas particularidades. El nacionalismo ha enarbolado nuevas banderas en varias latitudes donde las derechas moderadas han perdido fuerza frente a la naciente ultraderecha. Hablar en plural de ellas implica reconocer sus peculiaridades y no encasillarlas en un concepto homogéneo.

Autores como Anthony Giddens, Norberto Bobbio, Pippa Norris y Pablo Stefanoni coinciden en que los preceptos de las derechas se basan en la defensa de la vida y la propiedad privada; recientemente han adoptado la pugna por el libre mercado, el nacionalismo y los discursos antisistema. El siglo XXI ha dado paso a la formación de la nueva derecha, la cual es más agresiva discursivamente, rayando el populismo en algunos casos.

Las olas migratorias provenientes del norte de África y Medio Oriente detonaron discursos nacionalistas y anti inmigrantes en Europa. Partidos que provienen desde el siglo pasado, como el de Le Pen, han tenido un ascenso lento pero constante, mientras que en otros países han surgido nuevos partidos radicales. Viktor Orbán en Hungría, el partido político Ley y Justicia en Polonia o Alternativa por Alemania cobraron relevancia producto, en parte, del rechazo a la migración.

Pero el ascenso del radicalismo se entiende también por el descontento con la democracia, los partidos tradicionales, las crisis económicas y la expansión de la ideología de izquierda en algunas naciones. En este contexto, sectores de diversos países comenzaron a verse atraídos por políticos que decían lo que querían escuchar y dejaban de lado la corrección política. Esto fue gestando la semilla de la derecha nacionalista europea. Y mientras que en el Reino Unido Boris Johnson se promovía como el único capaz de concretar la salida de la Unión Europea, en Estados Unidos se consolidaba la primera candidatura de Donald Trump.

Los nexos entre la extremas derechas europeas y americanas

El triunfo electoral de Trump en 2015 significó un impulso a la ultraderechas de todo el mundo incluido Europa, mientras que en la región aún predominaba la marea rosa, llamada así por la diversidad de izquierdas que gobernaban. Pero con el ciclo electoral 2018-2024 comenzaron a tener cada vez más relevancia los radicales de derecha latinoamericanos, que adoptaron posturas agresivas para atraer a nuevos sectores sociales. Nayib Bukele se convirtió en el promotor de la política de mano dura, el libertario Javier Milei logró que su voz fuera escuchada en todo el mundo, pero Jair Bolsonaro fue el primer gran líder de esta nueva era.

Bolsonaro, fundador del bolsonarismo, representa una ideología caracterizada por un ferviente militarismo, la exaltación de valores tradicionales como la familia y la religión, y la dura oposición de los avance de los derechos de las minorías y mujeres. Por otro lado, Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, se ha dado a conocer a nivel mundial por su política de mano dura fascinando a líderes de varios países. Bukele, a través de los estados de excepción y la consolidación de un partido cuasi hegemónico, ha perseguido a las principales bandas delincuenciales.

Su método ha generado críticas por la violación a los derechos humanos. Sin embargo, varios políticos de la región se han interesado por su modelo para combatir la violencia; desde la izquierdista presidenta de Honduras, Xiomara Castro, hasta la ministra del Interior argentina, Patricia Bullrich.

Finalmente, la victoria de Javier Milei en 2023 abrió paso al libertarismo. Algunos lo han apodado “el Trump argentino” y lo han descrito como una respuesta del neoliberalismo ante la crisis marcada por la inflación que vive el país y el desgaste tras casi veinte años de gobiernos kirchneristas.

Al día de hoy el avance de la ultraderecha es visible en todo el mundo. En Europa, mientras que en Italia Giorgia Meloni se convirtió en primera ministra imponiendo una agenda nacionalista que busca devolver la gloria a la nación mediterránea, personajes como el holandés Geert Wilders no paran de fortalecerse, al punto de que tras los comicios de 2024 es muy probable que se convierta en primer ministro. En Francia, tras las elecciones legislativas, Rassemblement National se convirtió en la fuerza más votada, mientras que en España el partido Vox no ha tenido un crecimiento exponencial pero ha logrado posicionarse como una de las tres fuerzas más votadas a nivel nacional.

Ante este ascenso de la extrema derecha, las derechas tradicionales pasaron a convertirse en las segundas fuerzas en diversos Parlamentos como Finlandia, Suecia, Serbia y Bulgaria, por mencionar algunos. En otros como Polonia, Hungría y Austria se han convertido en partidos gobernantes que ahora pretenden acumular mayor poder, modificar la correlación de fuerzas en la Unión Europea y extender su influencia hacia otras latitudes.

El ascenso de estos partidos y líderes se debe, en gran medida, a los altos niveles de votación de los jóvenes de entre 21-29 años, quienes se sienten más atraídos por los extremos. Esto no es exclusivo del Viejo Continente; de acuerdo a Latinobarómetro, el apoyo a la democracia ha venido en descenso y muchos prefieren un líder autoritario que garantice estabilidad económica, seguridad y movilidad social.

2024 un año clave

Este ha sido un año clave para las extremas derechas europeas y americanas. Los comicios para el Parlamento Europeo arrojaron un crecimiento del radicalismo, y si bien los europeístas y centro derechistas tienen la mayoría, el nacionalismo se posicionó como el segundo bloque de mayor presencia. Su victoria llevó a Emmanuel Macron a disolver la Asamblea Nacional y llamar a elecciones anticipadas, lo que provocó el ascenso de Le Pen, y al primer ministro belga, Alexander De Croo, a dimitir de su cargo, mientras que en varios países se daban grandes protestas.

En América, mientras tanto, sus correligionarios Javier Milei, Jair Bolsonaro, Nayib Bukele, Daniel Noboa y Donald Trump celebraron los resultados de las elecciones europeas. Y es que este avance europeo no sólo resuena en la región sino que puede llegar a ser un motor de radicalización de las derechas tradicionales de América Latina, una región donde la izquierda gobierna en la mayoría de los países y en muchos casos bajo líderes populistas.

En conclusión, aunque pueda parecer que los efectos electorales de Europa y de Estados Unidos no afectan a la realidad americana, esto es ya una realidad, y el primer gobierno de Trump fue una clara muestra de ello. En un mundo interconectado por la tecnología y la información, los discursos permean no solo a las audiencias nacionales sino también a las extraterritoriales. Por ello, quizá debemos comenzar a prestar más atención a lo que ocurre, no solo del otro lado del Río Bravo, sino también al otro lado del océano Atlántico para prever los posibles impactos en América Latina.

La reflexión después del proceso electoral en México

Luis Miguel Santibáñez Suárez
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La reflexión después del proceso electoral en México

El domingo 2 de junio más de 98 millones de mexicanos tuvieron el derecho de acudir a las urnas para participar del proceso electoral más grande de la historia del país. Fue una contienda donde se enfrentaron tres candidaturas a la presidencia de la República, y por primera vez una mujer encabezará la primer magistratura de la nación.

Para este proceso se eligieron 20.708 cargos, entre los que destacan nueve gubernaturas, 300 diputaciones federales, de las cuales 44 son consideradas indígenas y 63 postulaciones para acciones afirmativas, es decir, candidaturas para personas en condiciones vulnerables respecto al resto de las candidaturas, por ejemplo personas con discapacidad o de diversidad sexual, entre otras. 

En este marco, donde la democracia mexicana busca consolidar su fortaleza en estas casi tres décadas de organismos electorales autónomos, la autoridad electoral debe garantizar las condiciones necesarias para que el proceso electoral se pueda llevar a cabo en condiciones de paz, armonía, certeza y legalidad, para que cada ciudadana y ciudadano tenga la seguridad de que su voto se contará y tendrá el valor que aporte a la elección.

Las candidaturas, los partidos políticos y los equipos que participan deben respetar las reglas, exponer sus propuestas y convencer con argumentos al electorado. Es importante recalcar, en un país con tanta desigualdad, la necesidad de analizar los planes de gobierno, compararlos y propiciar una cultura de voto informado.

El gobierno, por su parte, debe cumplir con su papel coadyuvante al buen desempeño del proceso electoral, evitar el uso de recursos públicos y generar condiciones de confianza para el respeto de los resultados. 

Una vez configurados los elementos antes descritos, el ojo y la vigilancia de la comunidad internacional para garantizar el cumplimiento de la ley es fundamental. El éxito de un proceso electoral no reside exclusivamente en el respeto a los resultados, sino a que estos sean legítimos, aceptados por todas las fuerzas políticas, las candidaturas, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto.

Así, en un contexto de polarización enmarcado por la violencia en las campañas, las elecciones mexicanas pudieron celebrarse en condiciones de paz y armonía. Al respecto hay que destacar que el día de la jornada electoral fueron escasos los brotes de violencia que se vislumbraban para varias entidades, más aún cuando en los días previos un candidato opositor fue ejecutado en medio de un evento político de cierre de campaña, en el estado de Guerrero, una entidad marcada por los altos índices de violencia.

Por otro lado, hubo altos índices de participación en entidades como Yucatán, Tlaxcala, Ciudad de México, Puebla y Coahuila, donde más del 65% de las personas inscritas en la lista nominal pudieron participar. También se destaca que la participación nacional apenas superó el sesenta por cierto, cuando se esperaba que acudiera más del 63,4% que se obtuvo en 2018.

En los resultados finales, pudo observarse que la candidata Claudia Sheinbaum, postulada por los partidos Morena, Verde Ecologista y del Trabajo, obtuvo el 59,8% de los votos, mientras que la candidata opositora Xóchitl Gálvez, de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, apenas alcanzó el 27,5% de los apoyos. Llama la atención que el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez, logró el 10,3% de los votos, una situación que sitúa a su partido en una posición de claro crecimiento, sobre todo en zonas urbanas.

Para la parte de las gubernaturas, Morena obtiene siete de nueve en disputa, mientras que ejercerá mayoría absoluta en 27 congresos locales y, según las proyecciones de diversos análisis, la tendrá en la Cámara de Diputados y se quedará a un par de escaños para conseguirlo en el Senado.

Por su lado, la oposición, si bien mostró resultados catastróficos, que incluso terminan con la vida del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien no alcanza el umbral del 3% para mantener su registro, gobernará en 14 de 32 estados. 

Es importante destacar que después del 2018 los partidos de oposición no supieron reconstruirse. Los resultados demuestran que no lograron sostener siquiera a sus estructuras al interior del país, confirmando una desarticulación entre la campaña presidencial y los partidos políticos. Estos últimos quedaron evidenciados en la integración de las listas de representación proporcional para el Congreso, dejando de lado los intereses de sus militancias o bien de las organizaciones de la sociedad civil, quienes habían arropado la candidatura de Xóchitl Galvez y que, por decir de los resultados, habrían aportado más votos que los propios partidos.

De lado de la candidatura de Sheinabum esta contó con los apoyos del presidente, toda la estructura del partido en el gobierno y del discurso de la continuidad, que permeó en todas las estructuras socioeconómicas del país y que facilitaron el cómodo triunfo. Voltear hacia la población más desprotegida, dotar de recursos a millones de familias, generó un cúmulo de apoyos que se tradujeron en más de 35 millones de sufragios, superando incluso los números de Andrés Manuel López Obrador de 2018.

Es importante destacar que hay muchas tareas por ejercer. Primero, en materia electoral es necesario revisar el esquema de los actos anticipados de precampaña y campaña. Si bien el proceso electoral inició en septiembre del año pasado, existen múltiples señalamientos de que inició de manera fáctica a partir de mediados de 2021, lo que permitiría —en primera instancia— al Tribunal Electoral determinar si estos posibles actos configuran un escenario de ventaja clara hacia una de las candidaturas.

El asunto del financiamiento de las campañas y los actos de violencia deberá evaluarse y generar insumos para perfeccionar tanto los criterios de fiscalización como la intromisión de agentes externos en los procesos electorales, que muchas veces detonan en situaciones de violencia. 

Preocupa también el índice de participación electoral, por lo que habrá que revisar las estrategias que permitan al Estado, es decir, a todos los entes en su conjunto, encaminar los trabajos a la construcción de cultura política y de responsabilidad democrática.

Voces silenciadas: el impacto del mobbing laboral en las mujeres latinoamericanas

Carolina Elizalde
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Voces silenciadas: el impacto del mobbing laboral en las mujeres latinoamericanas

Laura, una joven profesional ecuatoriana, comenzó a trabajar en 2019 en una empresa de tecnología en Quito. Desde el primer día, comenzó a experimentar acoso laboral. Sus colegas masculinos hacían comentarios despectivos sobre sus capacidades y la excluían de reuniones importantes. Con el tiempo, estas acciones minaron su salud mental, llevándola a desarrollar ansiedad y depresión. A pesar de sus esfuerzos por denunciar, Laura no encontró el apoyo necesario dentro de la empresa, lo que finalmente la obligó a renunciar. La historia de Laura no es un caso aislado; refleja una realidad que muchas mujeres enfrentan diariamente en América Latina.

El mobbing laboral, esa forma insidiosa de acoso que carcome la dignidad y la autoestima de quienes lo padecen, es una realidad desgarradora para muchas mujeres, no salmente en Ecuador, sino a nivel regional. Este fenómeno, caracterizado por comportamientos hostiles y humillaciones sistemáticas, tiene profundas repercusiones tanto en la salud mental y física de las víctimas como en su desarrollo profesional. A pesar de las leyes y políticas existentes, el miedo a represalias y la falta de apoyo institucional perpetúan el silencio y la invisibilidad de esta problemática.

Un patrón sistemático

El mobbing laboral no es solo una serie de incidentes aislados, sino un patrón sistemático de comportamientos hostiles. Muchas veces, este fenómeno tiene un enfoque de género marcado, ya que las mujeres son las principales afectadas debido a factores culturales, económicos y sociales que perpetúan su vulnerabilidad en el entorno laboral. El mobbing incluye comentarios hirientes, humillaciones, exclusión social y exigencias irrazonables, y su impacto en la vida de las mujeres es devastador.

Las cifras son claras y alarmantes: en 2019, 2 de cada 10 mujeres en Ecuador experimentaron algún tipo de violencia laboral, y el 97% de ellas no denunció por temor a represalias. Estos datos, proporcionados por el Ministerio de Trabajo y ONU Mujeres, no solo son escalofriantes, sino que subrayan la gravedad del problema y la urgencia de abordarlo de manera efectiva​​.

A nivel regional, la situación es igualmente preocupante. Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Gallup, uno de cada cinco empleados en todo el mundo ha sufrido al menos una modalidad de violencia o acoso laboral durante su vida laboral​​​​. Más de tres de cada cinco víctimas de violencia y acoso en el trabajo aseguran haberlo sufrido varias veces, y para la mayoría el incidente más reciente sucedió en los últimos cinco años​​​​. De hecho, América Latina mostró la mayor prevalencia de la violencia psicológica y el acoso, con un 29,3% de incidencia, seguida de África con un 20,2%​.

Además, el estudio resalta que la violencia y el acoso psicológico son las formas más comunes de violencia laboral, afectando al 17.9% de los empleados a nivel mundial, mientras que el 8.5% ha enfrentado violencia física y el 6.3% ha sido víctima de violencia sexual, siendo las mujeres particularmente vulnerables a esta última​.

Las consecuencias del mobbing laboral para las mujeres son múltiples y profundas. A nivel psicológico y emocional, puede llevar a la depresión, la ansiedad y la baja autoestima. A nivel laboral, las víctimas suelen experimentar una disminución en la productividad, ausentismo y, en muchos casos, se ven obligadas a renunciar, afectando su estabilidad económica y sus oportunidades de carrera. En palabras de una víctima, “el mobbing no solo te quita la paz, te quita tu futuro”.

Estas cifras subrayan la urgencia de abordar el problema de manera efectiva y la necesidad de implementar políticas públicas y marcos normativos que no solo castiguen a los acosadores, sino que también protejan y apoyen a las víctimas​.

Políticas para combatir el acoso

Ecuador cuenta con leyes y políticas destinadas a combatir el acoso laboral. El «Protocolo de Prevención y Atención de Casos de Discriminación, Acoso Laboral y Toda Forma de Violencia contra la Mujer en los Espacios de Trabajo«, implementado por el Ministerio de Trabajo y ONU Mujeres, es un paso importante en esta dirección. Este protocolo establece medidas para prevenir y atender casos de acoso laboral, proporcionando un marco para la denuncia y la intervención en estos casos​​. Sin embargo, la efectividad de estas políticas depende en gran medida de su implementación y del apoyo institucional a las víctimas.

En América Latina, varios países han implementado políticas efectivas para combatir el acoso laboral y proteger a las víctimas. Por ejemplo, en Chile, el «Protocolo de actuación ante el acoso laboral» establece procedimientos claros para la denuncia y el manejo de casos de acoso laboral, y se han desarrollado campañas de concienciación para promover un ambiente laboral saludable. Además, la Ley 1010 de 2006 en Colombia define y sanciona el acoso laboral, estableciendo mecanismos de prevención y protección para las víctimas. Esta ley incluye la creación de comités de convivencia laboral en las empresas para mediar en conflictos y prevenir situaciones de acoso. En México, la NOM-035-STPS-2018 es una normativa que obliga a los empleadores a identificar, analizar y prevenir factores de riesgo psicosocial en el trabajo, incluyendo el acoso laboral, y a promover un entorno organizacional favorable​.

Estas iniciativas demuestran un esfuerzo creciente en la región para abordar y reducir el acoso laboral, proporcionando un marco legal y mecanismos de apoyo que buscan proteger a los trabajadores y promover un ambiente de trabajo seguro y respetuoso.

Además de la historia de Laura, muchas otras mujeres en diversos sectores laborales han compartido sus experiencias de mobbing laboral. Estos testimonios destacan la diversidad de contextos en los que se presenta el acoso y la necesidad de estrategias específicas para cada sector. Por ejemplo, las trabajadoras en la industria de la salud en Ecuador reportan una alta incidencia de mobbing debido a la presión extrema y las largas horas de trabajo, mientras que en el sector tecnológico, el acoso a menudo se relaciona con estereotipos de género y la infrarrepresentación de mujeres en posiciones de liderazgo.

¿Cuál es la solución?

El mobbing laboral es una manifestación clara de la violencia de género que perpetúa la desigualdad y el sufrimiento de las mujeres en el ámbito laboral. Es fundamental que se implementen y fortalezcan políticas públicas que no solo castiguen a los acosadores, sino que también creen un entorno seguro y de apoyo para las víctimas. Las empresas deben asumir un papel activo en la prevención del acoso, promoviendo una cultura de respeto e igualdad.

Para romper el silencio que rodea al mobbing laboral, es esencial empoderar a las víctimas, permitiéndoles denunciar sin temor a represalias mediante canales anónimos y seguros. Además, las instituciones deben garantizar una respuesta eficaz y justa, lo que incluye la capacitación del personal y la implementación de políticas de tolerancia cero al acoso. Los gobiernos tienen la responsabilidad de reforzar las leyes existentes y crear nuevas políticas que protejan a las víctimas y castiguen severamente a los acosadores, asegurando su efectiva implementación.

Es fundamental llevar a cabo campañas de sensibilización y educación para cambiar la percepción cultural sobre el mobbing y promover un ambiente de respeto y dignidad en el trabajo. Además, se debe proporcionar apoyo psicológico y asesoramiento legal a las víctimas es crucial para ayudarlas a superar el trauma y guiarlas en el proceso de denuncia.

En este sentido, el compromiso empresarial es vital para promover una cultura de respeto e igualdad mediante la formación continua de los empleados y la creación de un entorno laboral inclusivo y seguro. No se trata solo de una cuestión de justicia social, sino de una necesidad urgente para asegurar que las futuras generaciones de mujeres puedan desarrollarse profesionalmente en un ambiente libre de acoso y discriminación.

La responsabilidad recae en los gobiernos, las empresas y la sociedad civil para construir un mundo laboral donde la dignidad y el respeto sean la norma y no la excepción. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad más equitativa y justa, donde todas las personas puedan trabajar en un ambiente libre de acoso y discriminación.

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