América Latina y el Caribe (ALC) ha logrado avances significativos en las últimas décadas en educación, salud, gobernanza democrática y reducción de la pobreza. Sin embargo, la región sigue estancada. No porque no haya progreso, sino porque los avances en algunas áreas no se conectan sistemáticamente con los de otras. El resultado es una región donde los logros parciales rara vez se traducen en mejoras sostenidas en el nivel de vida.
Progreso sin rumbo
Un pequeño número de países, entre ellos Chile, Costa Rica y Uruguay, combinan instituciones eficaces, amplio acceso a los servicios públicos y entornos empresariales relativamente sólidos. Demuestran que es posible alcanzar una mayor prosperidad dentro de las limitaciones de la región.
Pero son la excepción. La mayoría de los países de la región han avanzado en algunos frentes mientras se estancan en otros. Un país puede fortalecer sus instituciones mientras su sector empresarial sigue siendo improductivo. Otro puede crecer económicamente mientras la desigualdad se agudiza. Otros pueden aumentar la matrícula escolar mientras la calidad de la educación sigue siendo deficiente. Existen avances, pero no se conectan entre sí.
Un grupo reducido de países enfrenta simultáneamente limitaciones en múltiples dimensiones. En estos casos, mejoras aisladas, como un año de mayor crecimiento y una nueva ley anticorrupción, no alteran el panorama general. Las debilidades en otras áreas permanecen demasiado arraigadas.
Crecimiento que no transforma
América Latina y el Caribe ha experimentado períodos de auténtica expansión económica. El auge de las materias primas en la década de 2000 sacó a millones de personas de la pobreza y expandió la clase media. Sin embargo, cuando los precios mundiales cayeron, gran parte de ese progreso demostró ser frágil. La región ha crecido más lentamente que la mayor parte del mundo en desarrollo durante más de una década. Las proyecciones actuales sitúan el crecimiento anual promedio en torno al 2%, demasiado bajo para cerrar la brecha con las economías más avanzadas o para generar la inversión necesaria para mejores servicios públicos.
El problema de fondo radica en qué impulsa ese crecimiento. Gran parte de la región depende en gran medida de la exportación de materias primas, como petróleo, minerales y productos agrícolas. Esto la hace vulnerable a las fluctuaciones de los precios mundiales. También limita el tipo de transformación productiva que genera mejores empleos y un mayor nivel de vida a largo plazo. Las empresas de la región invierten menos del 0,5 % de su PIB en investigación y desarrollo, muy por debajo de los niveles de Asia Oriental o de las economías avanzadas. La innovación sigue concentrada en un pequeño número de grandes empresas. La mayoría de las empresas, en particular las más pequeñas, operan con tecnología limitada, acceso restringido a la financiación y escasa conexión con los mercados globales.
Democracia sin resultados concretos
La región es formalmente una de las más democráticas del mundo. Se celebran elecciones periódicamente y existen instituciones formales en casi todos los países. Sin embargo, lo que varía enormemente es si estas instituciones cumplen con su cometido en la práctica.
En gran parte de la región, el estado de derecho se aplica de forma inconsistente. La mayoría de los países de América Latina y el Caribe obtienen puntuaciones inferiores a las previstas por su nivel de ingresos en los indicadores relevantes. La corrupción sigue estando muy extendida. Los sistemas judiciales son lentos y con frecuencia están politizados. En varios países, la situación ha empeorado desde 2016.
Estas deficiencias tienen consecuencias económicas directas. Cuando los contratos no se cumplen de forma fiable, cuando las regulaciones se aplican arbitrariamente o cuando la inversión pública se desvía a través de redes corruptas, se debilita el incentivo para invertir, contratar e innovar. Las deficiencias en la gobernanza limitan silenciosamente las condiciones económicas que requiere la prosperidad.
Una preocupación particular es la creciente concentración del poder ejecutivo en varios países. Las elecciones democráticas coexisten con instituciones de supervisión debilitadas, poderes judiciales presionados y administraciones públicas politizadas. La disminución de la confianza en los partidos políticos es una tendencia regional. El apoyo a los candidatos que prometen seguridad y orden por encima de la moderación institucional ha aumentado en los últimos ciclos electorales.
Una distribución desigual del progreso
Desde la década de 1990, la región ha ampliado significativamente el acceso a la educación y la salud. La pobreza extrema ha disminuido y la esperanza de vida ha aumentado. Estos son logros genuinos.
Sin embargo, América Latina y el Caribe sigue siendo la región más desigual del mundo. El 10% más rico acapara más de un tercio del ingreso total, mientras que el 10% más pobre recibe menos del 2%. Esta brecha condiciona el funcionamiento de las economías, limita la demanda interna, restringe la movilidad social y reduce la productividad de la fuerza laboral.
La educación ilustra claramente este problema. A pesar de una matriculación casi universal en la educación primaria, los resultados del aprendizaje se mantienen muy por debajo de lo que cabría esperar según los niveles de ingresos. Los estudiantes de América Latina y el Caribe obtienen sistemáticamente algunas de las puntuaciones más bajas a nivel mundial en las evaluaciones de matemáticas y lectura. Los estudiantes de hogares de bajos ingresos enfrentan las mayores brechas, con consecuencias para la productividad y las oportunidades que se agravan con el tiempo.
El acceso digital añade otra capa de exclusión. Alrededor de tres cuartas partes de la población utiliza internet, pero la conectividad sigue siendo limitada en las zonas rurales y entre los hogares de bajos ingresos. La participación digital desigual refuerza las disparidades sociales y económicas más amplias.
Cuando el progreso no se acumula
Los avances de América Latina y el Caribe han sido reales, pero desconectados. Instituciones más sólidas no siempre han generado empresas más productivas. El crecimiento económico no se ha traducido consistentemente en inclusión social. Las mejoras en los sistemas educativos han ampliado el acceso, pero no han mejorado la calidad de manera consistente.
La región cuenta con importantes activos, como recursos naturales, una población joven en muchos países, una infraestructura digital en expansión y centros de excelencia en negocios, ciencia y administración pública. Convertir estos activos en prosperidad generalizada requiere que el progreso en las dimensiones económica, institucional y social avance de forma conjunta. En gran parte de la región, esto aún no ha sucedido.
Autor
Economista Senior del Centro de Competitividad Mundial del IMD. Doctor en Política y Estudios Internacionales de la Universidad de Warwick y una maestría en Ciencias Sociales y Gobierno de la Universidad de Harvard.
