Con frecuencia, el vértigo del día a día oculta sucesos relevantes que se soslayan a pesar de su vocación de analizar con rigor una situación compleja y heterogénea. Además, hay instituciones económicas, como sucede con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de Naciones Unidas, cuyo papel fundamental desde su fundación en 1948 no ha dejado de estar vapuleado por el paroxismo neoliberal haciendo mella en su labor en el último cuarto de siglo.
En esa línea, se encuentra el reciente documento Rupturas y oportunidades. Propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica de la Comisión de la CEPAL sobre Geopolítica, Globalización y Desarrollo para América Latina y el Caribe. Se trata de un minucioso informe donde se desgranan aspectos fundamentales de la realidad regional y de sus relaciones con el mundo.
El fortalecimiento de la gobernanza y las instituciones para impulsar el desarrollo y fortalecer la proyección internacional es un asunto plenamente imbricado en la tradición cepalina y cuya insistencia en retomarlo es digno de encomio. Su tesis principal es que los activos estratégicos de la región solo se traducen en desarrollo y proyección internacional si existe una gobernanza eficaz. Sin instituciones capaces de coordinar actores públicos, privados y sociales, esos recursos corren el riesgo de convertirse en fuentes de vulnerabilidad o dependencia externa en lugar de en motores de crecimiento.
Al plantearse que la capacidad estatal ya no es una simple condición contextual, sino una dimensión constitutiva del propio proceso de desarrollo, se pretende cerrar el periodo de la hegemonía neoliberal en el peor momento para ello que vive la región en décadas. Esta valentía es el principal activo del informe.
El diagnóstico parte de una «economía política del descontento»: en la última década la región ha vivido un ciclo prolongado de protestas, volatilidad electoral y castigo sistemático a los gobiernos en ejercicio. Los datos muestran que las victorias de la oposición pasaron de cerca del 44% durante el auge de las materias primas a un 73% después de 2014, evidenciando un cambio estructural en la competencia política y no una simple cuestión de alternancia. Las expresiones de ello se han proyectado como polarización, fragmentación, descontento, desafección, volatilidad, surgimiento de líderes sin partido y desconfianza generalizada hacia las instituciones y las élites. Todo ello erosiona la capacidad de los sistemas democráticos para sostener acuerdos teniendo una aguda incidencia en su eficacia a la hora de resolver los problemas. Es el escenario que ya he referido de democracia fatigada.
El informe también analiza cómo las instituciones políticas que dan cobijo a las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo en un marco presidencialista, a los sistemas de partidos cada vez más desfigurados, a los tribunales y a la movilización social, determinan si las políticas logran continuidad o se revierten con cada ciclo electoral. Cuando el Poder Ejecutivo carece de contrapesos, se favorece la discrecionalidad; cuando la autoridad está excesivamente fragmentada, prevalece la parálisis. El ejemplo de lo primero, sin salir de los países democráticos de América Central, se encuentra en El Salvador y en Costa Rica, mientras que Guatemala es ejemplo de lo segundo, estando Honduras y Panamá en un terreno intermedio.
Partidos institucionalizados, legislaturas con capacidad técnica y un poder judicial creíble reducen la volatilidad, como sucede en Uruguay y, en gran medida, en Chile, mientras que su debilidad fomenta el cortoplacismo y la desconfianza, como ocurre en Colombia, Argentina, Perú y Ecuador. El liderazgo político tiene un papel ambivalente: puede ampliar el margen para las reformas construyendo acuerdos amplios, pero cuando sustituye la cooperación por la concentración de poder, favorece resultados de corto plazo a costa de la erosión institucional. El ejemplo indudable es el de Nayib Bukele.
A esto se suma una restricción fiscal creciente: la deuda pública regional alcanzó cerca del 51,4% del PIB en 2024, y el pago de intereses ha llegado a superar la inversión pública, desplazando recursos que podrían destinarse a infraestructura o inclusión social. La región mantiene una carga tributaria comparativamente baja y una base imponible reducida. Una vez más se alza la voz en favor de la implementación de una profunda y necesaria fiscalidad que grave las rentas más elevadas y reduzca la evasión. La conciencia de que ampliar esa base suele enfrentar una fuerte resistencia política vinculada a conflictos distributivos y a la escasa confianza ciudadana en las instituciones públicas es un freno al cambio. A la vez, supone un argumento poderoso en boca de demagogos que alertan a sus posibles votantes de que el dinero recaudado sirve para engrosar el bolsillo de burócratas incompetentes.
A partir de este diagnóstico, el informe propone cuatro trayectorias de acción que deberían articular la deliberación política y social.
La primera busca fortalecer la capacidad del Estado mediante una gobernanza coherente. Esto implica empoderar los centros de gobierno para fijar prioridades y coordinar ministerios, convertir la planificación estratégica en el eje que articule presupuestos y rendición de cuentas, profesionalizar la administración pública para retener talento y sostener reformas más allá de los cambios de gobierno, e institucionalizar la prospectiva estratégica para que los Estados anticipen transformaciones en lugar de solo reaccionar ante crisis.
La segunda trayectoria apunta a restablecer la confianza y la legitimidad institucional. Solo el 35% de la población de la región confía en sus gobiernos nacionales, una cifra ligada a lo que se describe como «fatiga del desempeño»: promesas que no se traducen en resultados tangibles. Las recomendaciones incluyen mejorar la calidad y equidad de los servicios públicos básicos, fortalecer sistemas de integridad y supervisión independiente (regulación del cabildeo, declaraciones patrimoniales, órganos fiscalizadores protegidos de injerencias políticas) y ampliar mecanismos de participación ciudadana con retroalimentación visible.
La tercera busca construir consensos mínimos en el escenario descrito que yace en una enorme desigualdad. En este punto se aboga en favor de políticas redistributivas creíbles centradas en bienes públicos universales que reduzcan la inseguridad económica y la percepción de que la política es un juego de suma cero. A nivel regional, propone sostener la cooperación mediante mecanismos funcionales y técnicos, que no estén basados en afinidad ideológica, capaces de resistir los cambios de gobierno.
La última aborda la expansión de la delincuencia organizada. La región, donde esta lacra encabeza el listado de las preocupaciones ciudadanas, concentra cerca de un tercio de los homicidios mundiales pese a que alberga solo el 8% de la población global. La violencia y el control territorial de grupos delictivos sustituyen funciones estatales en zonas de baja presencia institucional. Frente al éxito del “modelo Bukele”, muy ceñido para un contexto determinado, las recomendaciones incluyen restablecer la autoridad estatal mediante una presencia integrada que combine distintos aspectos como: seguridad, servicios y oportunidades económicas; ampliar alternativas económicas y sociales para jóvenes en riesgo de reclutamiento; desarticular las economías ilícitas; y crear coaliciones despolitizadas para enfrentar la dimensión transnacional del fenómeno.
Finalmente, el informe enmarca la gobernanza como un espacio de disputa política que no supone un simple problema técnico, donde las tensiones entre expectativas crecientes, capacidades limitadas y polarización explican por qué muchas reformas fracasan o se revierten, aunque sean técnicamente sólidas. El verdadero desafío para la región no es alcanzar un modelo ideal de gobernanza, sino ampliar el margen de lo políticamente viable, para que los compromisos institucionales puedan sostenerse en el tiempo pese a la incertidumbre del nuevo orden geopolítico.
Si bien el notable esfuerzo intelectual realizado es imprescindible para tener una bitácora de acción pública, los frenos para su implementación son enormes. El momento político actual es el menos favorable para implementar una agenda de esta guisa. El “escudo de las Américas”, opta por vías de actuación distintas, basadas en la militarización, la criminalización y el vasallaje tecnofeudal.
Autor
Director del CIEPS - Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, AIP-Panamá. Profesor Emérito Honorífico en la Universidad de Salamanca y UPB (Medellín). Últimos libros: "El oficio de político" (Tecnos Madrid, 2020), "Huellas de la democracia fatigada" (Océano Atlántico Editores, 2024) y "Cuando la política dejó de ser lo que era" (Océano Atlántico Editores, 2025).
