La democracia argentina está en deuda con la auditoría electoral ciudadana

Los aniversarios siempre son oportunos para hacer balances, más cuando los números son redondos. A 40 años de la recuperación de la democracia argentina, y en el marco del proceso electoral de 2023, nos preguntamos: ¿qué papel tiene la ciudadanía organizada en las elecciones?

A diferencia de otros países de la región (ver índice de observación electoral de América Latina), Argentina no cuenta con la figura de la observación electoral, doméstica o internacional, en su marco legal. En su lugar, existe lo que ha definido la Cámara Nacional Electoral (CNE) como “acompañamiento cívico”, entendido como “el conjunto de actividades realizadas por organizaciones o entidades de la sociedad civil de nuestro país, tendientes a efectuar un seguimiento puntual del acto electoral, el que comprenderá la búsqueda y obtención completa y exacta de información, y su análisis imparcial y profesional para la extracción de conclusiones”. 

Mientras la observación electoral prevé la participación de los observadores en la fase preelectoral (inscripción de partidos, de candidaturas, campaña electoral, simulacros, etc.) y postelectoral (transmisión y totalización de resultados, escrutinio definitivo, entre otros), el acompañamiento cívico solo considera el acto eleccionario como monitoreable.

Por otro lado, no está regulado por ley, sino que es una acordada de la CNE, de manera que no están estipulados los plazos para la acreditación, o para recurrir en caso de que la CNE haya denegado la participación de alguna organización. 

Esto ha facilitado que, por ejemplo, durante la pandemia la jueza federal con competencia electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, María Romilda Servini de Cubría, haya rechazado el ingreso de acompañantes cívicos a los centros de votación por considerarlos “sujetos ajenos” al proceso electoral.

Tampoco hay plazos de respuesta por parte de la CNE y de los Juzgados Electorales provinciales, siendo así que en muchas ocasiones las notificaciones de aprobación o rechazo de la acreditación llegan a 72 o 48 horas del comienzo de la jornada electoral.

También hay que decir que el acompañamiento cívico está reservado solo a organizaciones y personas argentinas. No hay marco para acreditación de misiones de observación internacionales, ni para extranjeros residentes en Argentina. 

Mientras países como Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia o México valoran positivamente la observación electoral, tanto internacional como nacional, Argentina junto a Uruguay y Chile son los países democráticos más cerrados a la auditoría ciudadana en América Latina. 

Transparencia Electoral acompañó en el 2020 un proyecto de Ley presentado por el diputado nacional Gustavo Menna que buscaba regular la participación de organizaciones nacionales e internacionales en diferentes etapas del proceso electoral. Lamentablemente no avanzó en la etapa legislativa, al igual que otros proyectos anteriores con objetivos similares. 

Las instituciones argentinas no han entendido la importancia y utilidad de la observación electoral doméstica e internacional. Mientras que en la región es la regla, Argentina, por ejemplo, es uno de los pocos países que no ha invitado a una misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La observación electoral no solo disuade a los actores de incurrir en irregularidades y malas prácticas electorales, sino que tiene un potencial enorme para proponer mejoras en todas las fases del ciclo electoral. Pero, sobre todo, es un derecho de los ciudadanos que no militan en partidos políticos pero se preocupan por la calidad de los procesos electorales, así como una forma de acceso a la información. 

A 40 años de la recuperación democrática, y ante evidencias claras de su agotamiento, establecer mecanismos para la auditoría ciudadana de las elecciones puede fortalecer los procesos comiciales y redundar en una mayor legitimidad del sistema.