El reciente desastre medioambiental frente a la costa peruana provocado por el derrame de unos 12 mil barriles de petróleo de un barco proveedor de la empresa española Repsol, sitúa el debate del manejo del medioambiente más allá de un simple asunto regulatorio. En la actualidad, tal como se monetiza cualquier servicio, desde canales de YouTube hasta plataformas de streaming, existe una tendencia creciente para monetizar los servicios que nos brinda la naturaleza. El concepto es sencillo: la naturaleza nos da oxígeno, alimentos y espacios de esparcimiento gratuitamente, pero es probable que el uso y abuso de estos espacios termine acarreando su destrucción. La idea es que colectivamente, cada país construya fondos de compensación para garantizar la sostenibilidad de estos espacios.
El Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina define esta idea como Pagos por Servicios Ambientales (PSA), un instrumento de gobernanza ambiental para garantizar la preservación de los ecosistemas a través de incentivos económicos. Estos instrumentos buscan frenar la degradación ambiental y conservar ecosistemas estratégicos, mientras que, a su vez, cuidan de poblaciones vulnerables que suelen vivir en estos entornos, otorgándoles fuentes de ingreso alternativas. De esta forma, se crean incentivos para que los ecosistemas sigan entregando sus servicios a todos los ciudadanos de un país.
Latinoamérica, dio un paso al frente respecto a esta idea novedosa gracias a la visión de Costa Rica, que en 1997 fue un país pionero al crear la Ley Forestal que reconoce cuatro servicios ambientales que proveen los bosques y las plantaciones forestales: mitigación de los gases de efecto invernadero (fijación, reducción y almacenamiento de CO2); protección del recurso hídrico; protección de la biodiversidad; y protección de la belleza escénica. México siguió el ejemplo y en el 2003 se sumó a la iniciativa, por lo que estos dos países suman casi un total de 5 millones de hectáreas de bosques protegidos a la fecha.
En Colombia, una versión adaptada de este sistema se ha implementado, con énfasis en la construcción de paz en territorios con conflictos. Desde hace seis años este país ha mostrado que, en comunidades dispuestas a proteger el bosque, se utilizan los pagos para reforzar la alimentación, tecnificación y educación de estas comunidades. Justamente aquellos servicios básicos que muchos países latinoamericanos fallan en proveer con calidad para sus ciudadanos menos privilegiados.
¿Además de hacerlo para los bosques, se podría hacer un PSA para el mar? Perú, siendo un país megadiverso, que cuenta con 84 de las 117 zonas de vida y 28 de los 32 tipos de clima de la Tierra, ¿no debería también cautelar de esta forma para la posteridad sus ecosistemas?
El mar provee al país uno de los atractivos turísticos, sus playas, y es de donde se extrae también la pesca industrial que es el insumo de la harina de pescado. Además, el mar provee de una inigualable pesca, gracias a la corriente del Humboldt, de donde salen las variedades con las que se hace ceviche y tantos otros platos tradicionales. La gastronomía, el turismo y sus derivados y otras tantas actividades vinculadas al mar otorgan valor económico y medios de vida a los ciudadanos de esta nación. ¿Por qué no protegerlos?
En total, existen 24 PSAs para América Latina según el Centro de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de América Latina (CODS), de los cuales Perú sólo cuenta con uno de estos programas en una pequeña cuenca de la selva sur del país. Ecuador, el país vecino, cuenta por otro lado con cinco a nivel nacional y regional. Este detalle es importante si se considera que Perú es un país de mayor extensión territorial. El potencial es inmenso.
Imaginemos ahora que, en un universo paralelo, Perú hubiese tenido un programa activo para proteger la biodiversidad marina en todo su litoral antes del derrame. ¿Cómo debería ser este PSA? Más allá de precisiones técnicas, se deberían incluir algunos elementos fundamentales. Por un lado, un fondo nacional para otorgar salario mínimo para los pescadores artesanales para que en las áreas de pesca puedan cautelar con mayor estímulo, condiciones necesarias para que el mar siga regenerándose y proveyendo las especies. Además, se debe apoyar en el monitoreo y reporte de incidencias -como las de Repsol- para generar una alerta temprana por parte de quienes se acojan a los incentivos. Y finalmente, un marco regulatorio adicional que contemple reparaciones ecosistémicas, más allá de multas a quienes transgredan los servicios de estos ecosistemas.
Actualmente Perú se debate en periodos políticos aparentemente más cortos, hecho que le impide a la clase política y la sociedad civil organizada de ese país planear estrategias como las de los PSAs. Sólo en el 2021, once ministros fueron reemplazados y cada uno de ellos duró en promedio 14 días en su cargo. Esta reflexión final debería generar una alerta sobre qué tipo de institución y qué grado de autonomía debería tener un PSA si se quiere que sea sostenible en medio de tal inestabilidad política.
Autor
Licenciado en Comunicación para el Desarrollo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. MBA de Pacífico Business School. Ha trabajado como consultor en diversas instituciones del Estado, en agencias de comunicación y organizaciones sin fines de lucro.
