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Hay que decirlo claramente: la crisis climática que vive Rio Grande do Sul (RS) ya es la mayor de la historia de Brasil. Ya se sabe que más de 460 municipios están afectados, lo que representa cerca del 95% de las ciudades del estado, y algunos de estos municipios tienen más del 70% de su población afectada. En total, según la Defensa Civil de RS, hoy son más de dos millones de personas afectadas, de las cuales más de 600 mil tuvieron que abandonar sus hogares. Cuando hablamos de municipios y personas afectadas, hablamos de ciudades inundadas, destruidas y con muchas zonas ya desocupadas. Todo esto es lo que ya sabemos hoy, pero hay muchas cosas que aún no sabemos. Sólo cuando el agua retroceda tendremos una mejor visión de la infraestructura destruida, la pérdida de las condiciones de subsistencia, las pérdidas económicas y, lo más importante, el número de muertes. 

También existen preocupaciones sobre los escenarios posteriores al fenómeno: en el corto plazo, necesitaremos evaluar cuestiones sanitarias como la contabilización de infecciones y enfermedades, cuyos síntomas y diagnósticos pueden ser inmediatos o no. En el mediano plazo comenzaremos a ver problemas económicos para personas y familias que lo han perdido todo: desde sus hogares hasta sus condiciones de producción y reproducción de vida. El largo plazo es difícil de analizar, pero ya se sabe que la reconstrucción infraestructural, financiera y emocional después de los desastres es difícil, costosa y dolorosa. En otras palabras, ésta ya es la mayor crisis climática del país y aún ni siquiera hemos podido medir su tamaño.

Crisis climática y ambiental en Brasil

La crisis climática en Rio Grande do Sul puede insertarse en un contexto general de la crisis climática y ambiental en Brasil. Al fin y al cabo, ya estamos sufriendo los efectos del cambio climático en todo el país: sequías, desertificación, cambios en el caudal de lluvias, inundaciones, incendios y pérdidas de cultivos y de condiciones de producción agrícola y alimentaria, además de fenómenos extremos que matan, desplazan y afectan a miles de personas año tras año.

En 2023, por ejemplo, más de 70 mil personas quedaron sin hogar debido al impacto de eventos de origen hidrogeoclimático. El dato es alarmante: en ese mismo año, el 93% de los municipios brasileños registraron algún tipo de desastre natural que llevó al registro de emergencia o estado de calamidad pública. 

Brasil es hoy el séptimo mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero (GEI) y, simultáneamente, vive las consecuencias del desmantelamiento de sus instrumentos ambientales tras la administración de Jair Bolsonaro. Desde que asumió el poder, el gobierno de Lula ya ha impulsado importantes iniciativas para combatir la crisis ecológica, con notable énfasis en la reducción de la deforestación en la Amazonía. Sin embargo, estas medidas siguen siendo insuficientes y excesivamente lentas en vista del colapso que estamos viviendo.

El desmantelamiento de garantías socioambientales del Estado

En Rio Grande do Sul la situación es especialmente grave. El estado es hoy el sexto mayor emisor nacional de GEI del país, principalmente debido al modelo agrícola. Sin embargo, el problema es mucho mayor que la contabilidad de emisiones. La actual administración estatal es responsable de un verdadero desmantelamiento de las –ya escasas– garantías socioambientales del Estado. 

En 2019 se aprobó el nuevo Código Ambiental Estatal, que cambió casi 500 puntos respecto a la versión anterior, lo que llevó al desmantelamiento del texto original, aprobado en 2000. La nueva versión del código redujo la protección a áreas adyacentes a unidades de conservación, eliminó incentivos para la protección ambiental, permitió la subcontratación que ayudó a consolidar el desmantelamiento estatal, debilitó los instrumentos vinculados a la lucha contra los incendios forestales y liquidó el código forestal. 

También se produjo la promulgación de la Licencia Ambiental por Adhesión y Compromiso (LAC), que, en la práctica, flexibilizó la inspección ambiental; la ampliación de la construcción de represas en áreas de preservación ambiental; además de la aceleración de la minería predatoria y la contratación de termoeléctricas a carbón. Todo esto demuestra que en los últimos años se ha producido un desmantelamiento de la estructura de protección ambiental a nivel estatal.

En la capital, Porto Alegre, la situación también es desalentadora. La ciudad, que alguna vez fue conocida mundialmente por sus políticas progresistas, por su profunda participación social y por ser la sede del Foro Social Mundial, hoy se encuentra abandonada, desestructurada y aquejada de falta de inversión. En 2023, la inversión en prevención de inundaciones, que ya venía cayendo, fue de cero reales. En los últimos cuatro años, se puede comprobar que el recorte de fondos ha tenido un impacto importante en el sistema de protección del agua de la ciudad, implementado en los años 1970. 

El mantenimiento precario causó gran parte de los daños, especialmente en los diques y las casas de bombeo. A pesar de los notables esfuerzos, el Departamento Municipal de Agua y Alcantarillado (DMAE), que ha sufrido recortes de gastos y reducciones de personal, se encuentra actualmente en malas condiciones para afrontar la crisis que vive la ciudad. Es decir, el sistema antiinundaciones falló y las casas de bombas no operaron por falta de mantenimiento e inversión. 

En Rio Grande do Sul y su capital, el colapso climático y medioambiental es efectivamente el resultado de un fenómeno global y nacional, pero también es –y sobre todo– una consecuencia del desmantelamiento de los instrumentos medioambientales, de una reducción del presupuesto de los servicios públicos autoridades y desinversión en políticas medidas serias para abordar el colapso climático y ecológico. En otras palabras, lo que hoy viven el Estado y el capital es producto directo de un proyecto político de reducción del poder público.

Se deben fortalecer las políticas para afrontar el cambio climático 

Hay posibles respuestas, pero necesitamos mucho más. En primer lugar, es necesario fortalecer las políticas vinculadas a la mitigación de emisiones de GEI y la reparación a los afectados; sin embargo, la palabra más importante en este momento es adaptación, es decir, políticas para reducir las vulnerabilidades de los sistemas naturales y humanos al cambio climático. Sin embargo, la agenda vinculada a la adaptación aún es escasa. 

A nivel internacional, se trata de una agenda con fondos insuficientes en comparación con las agendas de mitigación, que ya cuentan con un ecosistema de financiación a su alrededor. Además, la gobernanza climática internacional va por detrás de definiciones fundamentales como el Objetivo de Adaptación Global y la recaudación de fondos para la agenda, lo que también dificulta el desembolso y la presentación de proyectos a grandes fondos globales. 

A nivel federal, el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático ya ha logrado avances importantes, pero pocos y definitivamente tardíos, como el Plan Climático – Adaptación. Además, si bien ya se sabe que es necesario pensar en infraestructuras resilientes y adaptadas al cambio climático, esto aún no se refleja, por ejemplo, en el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) ni en la planificación federal en su conjunto. 

El estado de Rio Grande do Sul está aún más rezagado en este aspecto: el Plan de Estrategias de Acción Climática ProClima 2050 no se aprobó hasta octubre de 2023, y la mayoría de sus medidas aún no han llegado a buen término. A nivel municipal, en Porto Alegre esto ni siquiera es una discusión, lo que ya muestra la magnitud del problema.

Hoy somos testigos de la mayor crisis climática en Brasil. Es el resultado, simultáneamente, del desmantelamiento de los instrumentos ambientales estatales, la falta de inversión en prevención municipal en la capital y, más ampliamente, el retraso en la reflexión estratégica sobre la adaptación climática en todo el país. Sin una planificación seria, que abarque todos los niveles federales, no habrá salida: Rio Grande do Sul puede incluso reconstruirse, pero la próxima inundación llegará y destruirá una vez más las infraestructuras, la economía y la vida de la población que vive ahí. 

Dado que el cambio climático ya es una realidad, la única alternativa es pensar en un mundo en el que se mitiguen las emisiones, pero que también se adapte para proteger a las personas más vulnerables.

La tragedia climática que azota el estado de Rio Grande do Sul abrió el escenario para la lucha por identificar (o no) a los culpables de la tragedia. Sin embargo, me interesa saber si hay personas inocentes en esta historia. Además, la magnitud de la catástrofe ha sido objeto de interrogantes sobre si ese es el momento adecuado para la politización. El hecho es que no hay consenso porque los individuos de diferentes grupos y estratos sociales tienen supuestos incompatibles sobre la política y lo que es político. Para algunos, la magnitud de la catástrofe es, en sí misma, una expresión de un resultado político. Para otros, la política es sólo un espectro partidista y, en este momento, no hay bandos. Ni izquierda ni derecha.

Suposiciones irreconciliables son evidentes hasta en el uso de las redes sociales para difundir la idea de que “no se deben donar al gobierno”. Por un lado, los defensores del Estado mínimo y de la iniciativa privada, confiados en prescindir del poder público, utilizan el término gobierno como sinónimo de Estado. De esta manera, infieren la inutilidad del Estado a partir de la ineficiencia del gobierno: “Es el pueblo para el pueblo”, dice el eslogan. Del otro lado, los defensores de un Estado fuerte, activo y proactivo también en la agenda climática. Los últimos diferencian gobierno de Estado y cuando afirman que el gobierno actual es ineficiente y poco transparente en el manejo de los recursos, también aluden: “Es el pueblo para el pueblo”. El eslogan es el mismo, las premisas son diferentes.

La noción de que “era el deber del gobierno proteger al pueblo y ahora es el pueblo quien lo hace” es asumida tanto por los defensores del Estado mínimo como por los defensores del Estado robusto. Los primeros utilizan esta noción para justificar la falta de importancia de los gobiernos en general. Los defensores del Estado fuerte afirman que los gobiernos actuales (en el estado y en la capital, Porto Alegre) han desmantelado las políticas de prevención de desastres naturales, dejando su regulación en manos del sector privado.

Está claro que la política está en todas partes. Programas, proyectos y acciones concretas para preservar el medio ambiente y hacer los espacios habitados más sostenibles y resilientes al cambio climático también conforman la política. Los fenómenos naturales extremos siempre han existido, es cierto, pero es innegable el aumento de su frecuencia e intensidad debido a la acción humana desenfrenada y desordenada en la naturaleza. No importa si se considera que en el epicentro de la desgracia no es momento de señalar culpados. No importa si consideras que ahora es el momento de señalar culpados. ¿Alguna vez te has preguntado si hay personas inocentes en esta historia?

Como señalan los informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, la catástrofe climática no puede considerarse obra del azar, sino el resultado de décadas de destrucción de recursos naturales. Construimos en las orillas de los ríos, llenamos de sedimentos sus lechos; acortamos caminos artificialmente; eliminamos la curva del curso de agua y alteramos su velocidad natural en la insaciable carrera por el beneficio y la productividad que acompaña el ritmo despiadado de nuestra vida cotidiana.

El cambio climático debido al calentamiento global no es nada nuevo. Se sabe que el calentamiento global es causado no sólo por las grandes industrias o la negligencia de los gobiernos, sino impulsado por nuestros hábitos de consumo. Por ejemplo, una dieta equilibrada, basada en frutas y verduras y un consumo reducido de proteína animal, es beneficiosa no sólo para la salud física sino también para el medio ambiente, además de reducir los gases de efecto invernadero, ahorraríamos mucha agua.

Ante esto, independientemente de su postura sobre si es o no el momento de señalar a los culpables, ¿alguna vez ha pensado que tampoco hay inocentes? Incluso si uno se niega a hablar de política en medio de la tragedia, eso subyace en los discursos y posiciones. La política no necesita ser explícita en el discurso para estar presente. La política impregna cada decisión tomada en el presente y en el pasado. No olvidemos las decisiones pasadas. Es innegable que apoyar a los gestores que flexibilizaron la legislación ambiental al permitir un retroceso de 40 años tiene impactos devastadores generalizados. Esto es lo que estamos experimentando. Pero más allá de los gestores y la legislación, ¿cómo contribuyen nuestros hábitos de consumo a un entorno más sostenible?

¿Sabemos reciclar las cápsulas de café o no nos importa su destino? ¿Sabemos caminar o no damos un paso sin el coche que contamina el aire y calienta el planeta? ¿Usamos el mismo par de jeans durante años o los descartamos cada temporada? ¿Ahorramos agua al lavar o cambiamos la ropa como si fuera desechable? ¿Tenemos una dieta vegetariana o consumimos carne todos los días? Hoy se habla mucho de escasez de agua en Rio Grande do Sul, pero ignoramos que por cada kilo de carne producida se necesita un promedio de 15 mil litros de agua. Ignoramos que por cada par de jeans producidos se desperdician más de 5.190 litros de agua, la misma agua potable que escasea en tiempos de catástrofe.

Si hay gente inocente en esta historia, tal vez sólo sean los científicos, como se hace eco categóricamente Chico César: “hasta hoy nunca ha habido un desarrollo tan destructivista. Eso dice el que no se oye, el científico, esa voz, la de la ciencia. Tampoco les conmueve la voz de la conciencia. Sólo escuchas algo por conveniencia”.

Aunque no se admita, la política está en lo que comemos, en lo que vestimos, en la forma en que nos movemos. La política radica en la forma selectiva en que nos preocupamos por el agua y otros recursos naturales. La política reside en nuestro consumismo insaciable. De hecho, lo que consumimos nos consume a nosotros y ni siquiera nos damos cuenta porque no es momento de señalar a los culpables. Nadie quiere que les apunten con el dedo.

_{Infórmese cómo hacer donativos a los afectados por la tragedia:
https://sosenchentes.rs.gov.br/inicial}