Una luz de esperanza se cuela en la derruida institucionalidad guatemalteca

Luego de un proceso electoral marcado por la incertidumbre, en el que salieron de la palestra política varios candidatos incómodos al régimen, Bernardo Arévalo, quien no era visible en las encuestas, se coló en la segunda vuelta y arrasó, dejando la sensación de que se avecina un futuro político diferente en el país. Tras su victoria, fue tal el ímpetu con el que se intentó evitar su posesión, bajo decisiones políticas disfrazadas de jurídicas por parte de autoridades electorales y judiciales corruptas, que incluso su juramentación se atrasó previo a la media noche.

El 14 de enero, día de asunción del nuevo presidente, los legisladores opositores intentaron neutralizar a los diputados del  Movimiento Semilla con una serie de argucias en el Congreso de la República con el objetivo de impedir que compitieran por la Junta Directiva. Sin embargo, en una hábil jugada estos lograron revertir la decisión luego de una negociación que finalmente les permitió, no solo llevar adelante la esperada posesión presidencial, sino también hacerse con el control de la Junta Directiva del Legislativo. Sin embargo, recientemente la Corte de Constitucionalidad ordenó repetir el proceso por la suspensión que pesa sobre el partido Movimiento Semilla y que los dejaría fuera de la Junta Directiva.

¿Quién es Bernardo Arévalo?

Bernardo Arévalo es hijo del expresidente Juan José Arévalo Bermejo, quien ocupó dicho cargo entre 1945 y 1951. Esto fue producto de la Revolución de 1944, que fue parte de lo que se ha conocido en la historia del país como la “primavera democrática”, un espacio de tiempo en el que se intentó cimentar una democracia muy incluyente para su época y que sucumbió ante los intereses de la United Fruit Company que contó con el apoyo del gobierno de EE.UU.. El proyecto político cayó en 1954 con el derrocamiento de Jacobo Árbenz y la denominada Contrarrevolución, liderada por Carlos Castillo Armas. 

La caída del Gobierno implicó el exilio de Juan José Arévalo, lo cual conllevó a que Bernardo Arévalo naciera en 1958 en Montevideo, Uruguay. El pasado parece haberse convertido en una fortaleza del hoy presidente, pues le ha permitido tener una visión mucho más cosmopolita y progresista para un país que ha destacado por un conservadurismo muy fuerte, amparado en el bajo nivel educativo de buena parte de su población.

Estudiar sociología en Jerusalén, desempeñarse como diplomático de carrera y haber estudiado un doctorado en Países Bajos, son tan solo algunos de los logros de la hoja de vida de Bernardo Arévalo. Aunado a ello, en la legislatura pasada (2019-2024), ejerció como diputado en el Congreso de la República, siendo el jefe de bancada de su partido, Movimiento Semilla.

Pese a estos logros, su personalidad tranquila y moderada, en una sociedad acostumbrada al autoritarismo convencional, no le permitió una mayor exposición mediática. No fue sino hasta que ganó su pase a la segunda vuelta, producto del descontento de la población con la clase política tradicional y sus prácticas corruptas, que comenzó a ganar protagonismo de la mano de diputados jóvenes, como el caso del diputado, Samuel Pérez (31 años), que lo posicionaron en redes sociales ante la juventud guatemalteca. 

En las elecciones, Bernardo Arévalo fue capaz de capitalizar el descontento con la corrupción, el abuso de autoridad y la incapacidad de los gobiernos anteriores para solucionar los problemas más elementales de la sociedad. Una sociedad sumida en la desconfianza, la pobreza, la marginación histórica de sus pueblos indígenas, y en la instrumentalización de la figura de Dios y la religión como mecanismo de legitimación del saqueo de las instituciones públicas. Todo esto ha generado la pérdida de credibilidad de los guatemaltecos en sus instituciones que han sido utilizadas de manera discrecional para cometer cualquier fechoría, sin ningún respeto hacia el Estado democrático de derecho.

Una sensación de esperanza

Hoy, además de un nuevo presidente, hay una sensación de esperanza de que se puede recuperar el país. Pero por otro lado, los corruptos y vividores del Estado están tramando una serie de acciones, articulaciones y negociaciones para intentar revertir esta esperanza, y es que el temor a la persecución penal es más que evidente. 

Los retos no son pocos y varios ya fueron mencionados por el presidente Arévalo en su toma de posesión en la cual estuvo ausente el propio presidente saliente Alejandro Giammattei. Rezagos evidentes en educación, en salud, seguridad pública, lucha contra el narcotráfico, la trata de personas y de armas, la necesaria mejora en indicadores de seguridad alimentaria y nutricional, la inclusión en la toma de decisiones de los pueblos indígenas -actor protagónico para que se diera la transición de mando- y mejoras en infraestructura, son algunos de los problemas que padece la ciudadanía guatemalteca y deberán ser atendidos en el corto plazo.

El nuevo Gobierno ha anunciado que anunciará los primeros resultados en los primeros tres meses. Esto, sin embargo, parece poco viable teniendo en cuenta las complejidades del propio Estado. Hay que tener en cuenta que el aparato estatal está plagado de sindicatos con intereses espurios, funcionarios que intentarán poner trabas en los distintos ministerios y secretarías, un Ministerio Público que probablemente continúe acechando a los miembros de este proyecto político y diputados acostumbrados a la corrupción y el abuso de poder.

El reto no es pequeño. Pero esta es una gran oportunidad para el presidente Arévalo de cimentar las bases de una transformación democrática mucho más plural, incluyente y participativa para la sociedad guatemalteca. En esta línea, lo primero debe ser recuperar la institucionalidad del Estado.

Hoy en Guatemala se percibe un rayo de luz luego de la oscuridad de los últimos gobiernos, pero las expectativas deben ser prudentes. Lo que sí podemos plantearnos a la brevedad es una forma distinta de hacer política y de ver hacer política a nuestros políticos. Suena a trabalenguas, pero tiene sentido. 

La Sociedad civil y la Cooperación Sur-Sur para la seguridad alimentaria en América Latina

En un contexto de alta concentración de la renta y la riqueza en el sector privado, lo que supone un gran riesgo para los intereses públicos, la cooperación internacional con y entre las organizaciones de la sociedad civil es cada vez más relevante. Según el Informe sobre la Desigualdad en el Mundo 2022, «las naciones son cada vez más ricas, pero los gobiernos cada vez más pobres». El aumento de la pobreza también se asocia con el aumento del hambre y el calentamiento global, ya que el 1% más rico del mundo emite la misma cantidad de contaminación que 5.000 millones de personas, según Oxfam.

Esta «sindemia» que caracteriza la actual gobernanza de la seguridad alimentaria y nutricional exige respuestas colectivas a los problemas de salud (malnutrición, obesidad y carencia de nutrientes), al cambio climático y a la concentración de la renta y la riqueza. Además, el derecho humano a una alimentación adecuada está muy amenazado y violado, yendo en dirección contraria a la producción de alimentos.

Las grandes corporaciones privadas ven la alimentación como un negocio. Aunque perjudicial, el sector privado busca la venta de productos ultraprocesados y, para ello, participa e influye en espacios multilaterales vinculados a esta agenda, como la Cumbre de Sistemas Alimentarios de septiembre de 2021.

Esta lógica también forma parte de la crisis del sistema multilateral y de los Estados. Con la creciente crisis de liquidez del sistema ONU, debida principalmente a la falta de contribuciones de los Estados, el sector privado se ha convertido en un «socio» en la mesa de negociaciones y en una fuente de fondos para la ejecución de proyectos, a pesar de los graves conflictos de intereses.

En este sentido, la cooperación Sur-Sur puede ser un mecanismo estratégico para defender una alimentación sana y sostenible como derecho humano y bien público. Es importante reconocer que, en la región de América Latina y el Caribe, la cooperación Sur-Sur ha sido una forma de articulación entre diferentes movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil. Desde principios del siglo XXI, ha habido un gran dinamismo en la participación de bloques de países – las cumbres sociales. Con respecto a la agenda de Seguridad Alimentaria y Nutricional en particular, esta cooperación se expresa en el Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas (MSCPI), que reúne a diversos actores sociales para la acción colectiva con el Comité de Seguridad Alimentaria (CSA) de la ONU.

Las organizaciones de la sociedad civil en la cooperación Sur-Sur

La cooperación internacional tiene lugar tanto entre pueblos, países y organizaciones intergubernamentales como entre sociedades (y naciones). Esto significa reconocer que la cooperación Sur-Sur también sirve para articular la resistencia entre las organizaciones de la sociedad civil del Sur global.

En cuanto a la experiencia de Brasil con la Seguridad Alimentaria y Nutricional, podemos mencionar la reanudación del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONSEA) en 2023 como órgano consultivo de apoyo al gobierno ejecutivo federal en la elaboración de marcos de acción (Políticas y Planes Nacionales) y en la implementación del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

La sociedad civil en las iniciativas de cooperación Sur-Sur ha recibido un gran impulso por parte de los gobiernos progresistas de la región y, en momentos de retroceso, es una garantía de que las luchas e iniciativas para promover la Seguridad Alimentaria y Nutricional siguen activas. Desde la «ola rosa» hasta el boom de las materias primas, hubo una creciente participación de la sociedad civil en las políticas gubernamentales. Después de este período, muchas articulaciones y proyectos de cooperación continuaron realizándose incluso sin la participación de los países.

Sin embargo, existe un desafío y una demanda permanentes para garantizar espacios formales con asignaciones presupuestarias para la participación social efectiva en las discusiones multilaterales lideradas por los Estados.

Gobernanza regional de la seguridad alimentaria y nutricional

Considerada una región formada por países dedicados a la exportación agrícola – el «granero» del mundo – la agenda de la Seguridad Alimentaria y Nutricional es una prioridad para pueblos y gobiernos. Sobre todo, porque la región también se caracteriza por una alta concentración de tierras, suelos fértiles para la producción de alimentos y la presencia de minerales. Así, hemos pasado de la condición de «colonias de explotación» intensivas en mano de obra esclava a un extractivismo ambiental y minero sin precedentes en el mundo.

En las relaciones internacionales, el uso de la palabra gobernanza surge en el contexto de la estimulación del neoliberalismo. Un Estado mínimo funcionaría mediante la externalización de servicios y bienes públicos con el apoyo del sector privado y las organizaciones no gubernamentales. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) empezaron así a estimular la idea de un plan de acción multisectorial, multinivel (de lo local a lo global) y con múltiples actores, incluidas las asociaciones público-privadas. Más allá de las estrategias regionales diseñadas para el comercio mundial y regional, los países de América Latina y el Caribe se enfrentan a la necesidad de defender la agricultura familiar y su soberanía alimentaria.

Frente a la degradación ambiental causada por el agronegocio, la deforestación y la invasión y titulación de tierras pertenecientes a pueblos indígenas y comunidades quilombolas y tradicionales, está en la agenda la necesidad de políticas y estrategias de Seguridad Alimentaria y Nutricional, por ser garantía del derecho humano a una alimentación adecuada, a la biodiversidad y a las unidades de conservación. Además, la creciente producción para el mercado externo con la exportación de commodities está reduciendo el área de producción de alimentos basados en las diferentes culturas alimentarias de los países. Esto, unido a la mercantilización de los alimentos básicos de la dieta, provoca un repunte de la inflación y el consiguiente aumento de la inseguridad alimentaria. Por lo tanto, también es necesario influir en la agenda comercial y en las estrategias de suministro de alimentos.

El trabajo en red de las organizaciones de la sociedad civil es cada vez más importante frente al creciente poder del sector privado. La cooperación Sur-Sur es central si no queremos permitir retrocesos en diversas agendas globales de interés público, especialmente en la lucha contra el hambre, la pobreza, la destrucción del medio ambiente y la salud humana, junto con la diversidad cultural y la biodiversidad.En Brasil, el CONSEA ha buscado insertarse y contribuir a la participación social efectiva en iniciativas de cooperación internacional. En diciembre de 2023, organizó una reunión con líderes de gobiernos y sociedades, previa a la VI Conferencia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, para discutir la gobernanza democrática de la seguridad alimentaria y nutricional para la realización del derecho humano a una alimentación adecuada. En esta ocasión, se destacó la importancia de crear y fortalecer espacios de participación social en la seguridad alimentaria y nutricional, sin perder de vista la participación de los grupos de población más vulnerables al hambre, la inseguridad alimentaria y la pobreza, tanto en América Latina y el Caribe como en África.

La proyección geopolítica global de América Latina

En tiempos convulsos para América Latina y el Caribe, una fractura estructural está separando a México de Sudamérica, Asia y el Sur Global están ganando importancia como nuevos socios comerciales externos y nuestras commodities estratégicas cotizan al alza en todos los mercados. He aquí una foto panorámica…

México no cambia. Cerca del 80% de sus exportaciones tienen como destino Estados Unidos, al igual que hace diez años. Esa no es, sin embargo, la realidad del resto de América Latina y eso está abriendo una brecha entre el Norte y el Sur de nuestra región. Se acostumbra a mencionar el incremento de la presencia de China en Sudamérica como un elemento característico del citado hiato y en realidad lo es: ya son siete los países del área (Cuba, Panamá, Venezuela, Perú, Chile, Uruguay y Brasil) que tienen al país asiático como destino principal de sus exportaciones. Además, la presencia de Pekín ya era importante (o comienza a serlo) en países como Argentina, Colombia o Ecuador. En México, aun habiendo ganado importancia, sigue siendo prácticamente insignificante.

Lo interesante, por trascendente, es que el interés de China por Sudamérica no deja de crecer. Tiene que ver con la abundancia de recursos estratégicos y con la posición insular de nuestra región, que cuenta con una ventana hacia el Océano Atlántico y la otra, hacia el Pacífico. El estrecho de Magallanes y la cercanía a la Antártida son valores estratégicos agregados.

Las importaciones chinas provenientes de América Latina (9.3%) ya doblan, trascendiendo estereotipos, a las provenientes de África (4.11%) y suponen la mitad de las provenientes de  Estados Unidos y Canadá (17.61%). Los productos sudamericanos que más le interesan a Pekín son commodities. Ahora mismo China busca en nuestra región, fundamentalmente, minerales ‘críticos’ (hierro y cobre), hidrocarburos, carne y soja.

Tener clara la foto panorámica de esa relación permite comprender mejor unas inversiones chinas en infraestructuras en América Latina y el Caribe que buscan profundizar una proyección crítica para la producción industrial de Pekín. La apuesta más reciente es la del puerto de Chancay, 75 kilómetros al Norte de Lima, en Perú, que será inaugurado a finales de 2024. Antes fue el puerto de Balboa, en la entrada al Canal de Panamá o la modernización del puerto brasileño de Santos.

Con todo, la relación de Latinoamérica con China, pese a su crecimiento e importancia geopolítica, no es la única que desde esta parte del mundo se mantiene con Asia. Tradicionalmente Japón, Corea del Sur e incluso Taiwán han sostenido relaciones discretas pero significativas con Sudamérica. Esas relaciones siguen existiendo, también en la era de las transiciones digital y energética: Japón y Corea del Sur siguen siendo excelentes compradores de minerales estratégicos (fundamentalmente, de cobre) en el arco andino (Chile, Perú y Bolivia).

Las relaciones con Asia más allá de China

Además, últimamente, hay nuevos países asiáticos que están contribuyendo a diversificar la relación. Durante la reciente cumbre de Río de Janeiro, Singapur firmó un tratado de libre comercio con el Mercosur. La relación entre ambas partes es discreta, aunque, signo de los tiempos, parecida a la existente con Italia. Con todo, lo geopolíticamente relevante son dos cosas: por una parte, Singapur tiene el segundo puerto más importante del mundo, así que es clave para insertarse en unos flujos comerciales globales que, cada vez más, pasan por Asia; por la otra, no es descabellado pensar ese tratado como posible preludio a otro, de mayor calado, con la Asociación de Países del Sudeste Asiático (ASEAN) de la que Singapur forma parte.

Si en los próximos años esa posibilidad se concretara, no debiera sorprender: las relaciones de América Latina con países miembro de la ASEAN (como el propio Singapur, Vietnam, Malasia o Indonesia) está creciendo. Las complementariedades entre ambas orillas del Océano Pacífico son significativas. A los países sudasiáticos les atraen de Sudamérica las mismas commodities que a China: necesitan alimentar una producción industrial de elevado valor agregado.

A cambio tienen mucho que ofrecer. Más allá de los bienes comerciales, los países de la ASEAN atesoran experiencias de desarrollo recientes y exitosas y por ende, know how, algo que los países occidentales, en términos generales, son más renuentes a compartir. Ese tipo de intercambios permite establecer relaciones sobre la base de asesorías técnicas, de transferencias tecnológicas, de cadenas de valor alternativas y más equitativas, etc. Todas esas posibilidades tienen un atractivo considerable para una región que, como la nuestra, más que crecer necesita desarrollarse y encontrar soluciones sostenibles y duraderas a problemas concretos.

Ese, de hecho, parece ser parte del problema de fondo que hay con la Unión Europea (UE). No es normal que, por ejemplo, el tratado que la UE comenzó a negociar con Mercosur en 1999 siga sin entrar en vigor. Se han buscado múltiples explicaciones que reparten responsabilidades. Las asimetrías estructurales, sin embargo, importan y el financiamiento, no lo es todo. En la memoria latinoamericana sigue muy presente, por ejemplo, el impacto que las inversiones europeas de la década de los 90’ tuvieron en el deterioro de servicios públicos esenciales.

¿Qué pasa entre América Latina y Europa?

Además, en términos más objetivos, el interés europeo por esta parte del mundo ha decaído: América Latina absorbe, actualmente, un 15% menos de las importaciones de la UE que en 1999. Ese repliegue ha sido aprovechado por los citados países asiáticos, que tienen economías complementarias y más sensibles a los problemas del desarrollo. Sudamérica, por ejemplo, necesita sistemas de pago que le permitan garantizar la competitividad de sus manufacturas a escala, como mínimo, regional. Y la ASEAN tiene experiencia en promover la integración regional a partir de sistemas de compensación monetaria capaces de sortear obstáculos cambiarios.

Estados Unidos, en todo este contexto, es una incógnita: a pesar de seguir siendo un actor cuya importancia trasciende lo comercial, su interés por América Latina, como en el caso de Europa, ha evolucionado. De hecho, en los últimos años, se ha producido un repliegue de sus inversiones hacia México, compatible con el ‘desembarco’ chino en Sudamérica y con la fractura Norte/Sur. ¿Se mantendrá esa tendencia en el contexto de la ‘Slowbalization’ hacia la que el mundo parece estar deslizándose? Es una incógnita, aunque lo único indudable es que la demanda global de commodities latinoamericanas evoluciona y crece.

Y no solo en Asia, Europa o Estados Unidos. También en el Sur Global que, en la Sudamérica contemporánea, comienza a ser una realidad tangible. India, por ejemplo, se ha convertido en el socio comercial más importante de Bolivia; Turquía ha venido desarrollando una interesante relación con Venezuela y Rusia, además de haber dejado de limitarse a sus aliados tradicionales en la región, se ha convertido en el eslabón estratégico de una cadena de valor crítica para los BRICS: Moscú le vende fertilizantes a Brasil, que a su vez produce soja, que le es vendida a China. Rutas comerciales alternas que comienzan a conectar a América Latina con otros rumbos.

¿Qué está faltando en todo este contexto?

Enfoque. En un planeta convulso se está volviendo necesario pensar lo que supone la demanda evolucionada de commodities por parte de actores tradicionales y no tradicionales y el impacto que eso está teniendo en un territorio, como el nuestro, que transforma sus usos y conexiones y además, se degrada. En paralelo también parece pertinente preguntarse por nuestra capacidad, como región, para condicionar el precio de algunas materias primas estratégicas, pero sobre todo para producir bienes competitivos que permitan fortalecer nuestros mercados y tejer redes regionales, más articuladas, de intercambio.

Existe, en nuestra región, una tradición autóctona de pensamiento geopolítico que arrancó a comienzos del siglo XX. Únicamente a partir de la década de los 1960 las discusiones comenzaron a superar los marcos nacionales, asumiendo América Latina como referente. Desde entonces el debate pivotó alrededor de la integración regional. En un mundo políticamente incierto, económicamente endeudado y ambientalmente degradado quizás se esté volviendo necesario repensar la integración cuestionándose, no solo quién viene, de dónde viene y en busca de qué viene, sino hacia dónde vamos y hasta dónde queremos llegar como región.

El gobierno de Milei no es una dictadura, pero tampoco una democracia representativa

Los defensores del nuevo gobierno de La Libertad Avanza (LLA) destacan que Milei fue elegido presidente por la mayoría de los argentinos y que por tal motivo “Milei no es la dictadura”, como vociferan unos cuantos detractores del libertario. Y es cierto aquello que sostienen los defensores de LLA, Milei fue elegido en la segunda vuelta con el 55% de los votos en unas elecciones reconocidas por todo el arco político como libres y transparentes. En estos pocos días que lleva el gobierno tampoco se observa el uso de la fuerza para reprimir a los descontentos con las nuevas reformas.

A pesar de que Milei lleva apenas un mes de gobierno, se han visto diferentes focos de protesta en contra de las reformas. Y si bien los operativos policiales para desactivar dos protestas con moderada convocatoria implicaron el despliegue de más de 1000 efectivos o que el presidente se traslade al centro de monitoreo de la policía federal, esto no significa en absoluto que hubo fuerzas de seguridad reprimiendo personas como en épocas oscuras que vivimos los argentinos.

Al mismo tiempo, Milei se manifiesta molesto con el Congreso de la nación porque quiere que su mega decreto de necesidad y urgencia (DNU) y su proyecto de ley ómnibus sean aprobados sin chistar. Pero el Congreso sigue en pie. El Poder Judicial de la nación, también se encuentra en funciones dentro de un marco de legalidad democrática como antes de la llegada de Milei. A la vez que numerosos periodistas y panelistas de los medios de comunicación critican libremente al nuevo gobierno sin ser intimidados. Por todos estos motivos, “Milei no es la dictadura” ¿pero pretende el presidente gobernar bajo una democracia plena?

¿Es Milei un fiel representante de la democracia que ampara nuestra Constitución Nacional, la que tanto defiende en sus discursos cuando clama por volver a la época de Juan Bautista Alberdi, autor de la Constitución argentina de 1853?

Nuestra Carta Magna enuncia que nuestra forma de gobierno es representativa, republicana y federal, y respecto al carácter representativo dice textual en su artículo 22: “el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución”. En relación al carácter republicano, la Constitución establece la división de poderes, el Legislativo que sanciona las leyes, el Ejecutivo que las ejecuta y el Judicial que las interpreta y las hace cumplir.

En las elecciones generales los argentinos eligieron a su presidente, pero también a sus legisladores, diputados y senadores de la nación. Por tal motivo, según excelsos constitucionalistas que simpatizan con el nuevo presidente, el gobierno de Milei con sus pretensiones de que le aprueben en tiempo record un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con 366 medidas de reforma y un proyecto de ley que contiene 664 artículos, no se encuentra en sintonía con un régimen republicano.

De hecho, hay que destacar que Milei declaró la emergencia pública hasta diciembre de 2025 con posibilidades de una prórroga por dos años más. Es decir, el DNU y la ley ómnibus implican otorgarle más de 1000 facultades extraordinarias al presidente para su gestión completa de gobierno.

Milei despotrica contra el “colectivismo” (el Estado gigantesco y omnipresente) con argumentos racionales. Sin embargo, al momento de gobernar emula más un tipo de gobierno rousseauniano donde “la voluntad general” manda. Tal vez esto explique, que el nuevo presidente haya dado su primer discurso de asunción ubicándose en un espacio exterior de espaldas al Congreso y de cara a la ciudadanía que lo eligió, a la cual insiste que consultará a través de un plebiscito si se rechaza el DNU.

Milei, que también venera al liberalismo, choca de frente con las ideas de John Locke que pregona por un tipo de democracia representativa o con las de Tocqueville o Mill que en sus escritos transmiten su temor por “la tiranía de las mayorías” que pueden llevar a ignorar la opinión y decisiones de las minorías – de aquellos opositores a un gobierno en funciones-.

El sistema de gobierno en Argentina, según la Constitución que reivindica Milei, no es una democracia directa, por lo tanto no está permitido gobernar a través de consultas populares. Y es un sistema republicano, por lo tanto, se debe gobernar acordando con el Congreso las formas y los contenidos para gobernar.

Argentina vivió décadas de atropellos institucionales y constitucionales por parte del kirchnerismo, que con frecuencia se atrevió a todo tipo de artilugios para ignorar al Congreso y a la Constitución Nacional. Ahora, el nuevo gobierno libertario de Javier Milei también parece pretender avasallar, con substancial convicción, a las instituciones de la República Argentina.

Centroamérica a la deriva

Centroamérica está sumida en su peor crisis en las últimas cuatro décadas, tal como lo reflejan los principales informes que miden la calidad de las democracias a nivel global. Si bien todas las democracias latinoamericanas atraviesan una crisis, la región centroamericana presenta retrocesos democráticos significativos. Así, se aprecian dos fenómenos preocupantes: por un lado, la erosión y retroceso democrático en países como El Salvador, Honduras y Guatemala, y, por el otro, un avance y profundización del autoritarismo en Nicaragua.

El caso más agudo es el de Nicaragua, un régimen autoritario y patrimonializado por la familia Ortega-Murillo, que está inmersa en una práctica represiva y dispuesta a todo por permanecer en el poder. Este retroceso democrático se aprecia desde el regreso de Ortega a la presidencia en el 2007 pero se fue acentuando de forma paulatina hasta explotar en 2018. El último golpe a la institucionalidad nicaragüense se dio en noviembre de 2023 cuando la vicepresidenta, primera dama y coordinadora de Comunicación Social, Rosario Murillo, se autoproclamó presidenta del Poder Judicial. A partir de ese momento Murillo llevó a cabo una gran purga en el Poder Judicial con el despido de más de 900 funcionarios, encabezados por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. 

En este delirio represivo que se está llevando a cabo en Nicaragua contra cualquier tipo de oposición al régimen de Ortega destacan dos hechos: por un lado, la reciente captura del obispo Isidro Mora en lo que constituye el último episodio de una constante embestida contra la Iglesia Católica en ese país; por el otro, el affaire Miss Universo, cuya directora renunció tras acusaciones de traición por parte del gobierno de Ortega, refleja el grado de intolerancia de la cúpula sandinista hacia cualquier atisbo de disidencia. A esto hay que sumarle el reciente abandono por parte del país de la Organización de Estados Americanos (OEA) tras rechazar las críticas realizadas por el organismo por las múltiples violaciones de derechos humanos.

La situación también es preocupante en El Salvador desde la llegada de Nayib Bukele al poder. Desde el inicio de su mandato, Bukele está llevando adelante un desmantelamiento de las instituciones democráticas amparado en el elevado apoyo popular con el que cuenta. Sin duda, el mayor golpe a la institucionalidad se produjo en 2021 cuando la Asamblea Nacional destituyó a 5 magistraturas de la Sala de lo Constitucional y nombró a nuevos magistrados cercanos al presidente, hecho que le permitió que aprobaran la reelección presidencial, la cual está prohibida por la Carta Magna. Así, Bukele puso en evidencia sus intenciones de perpetuarse en el poder.

Por su parte Honduras, a pesar del cambio de gobierno y sus promesas de regeneración democrática, continúa a la deriva por sus estrechos vínculos con el narcotráfico, los elevados niveles de corrupción, los problemas de gobernabilidad y la permanencia injustificada del Estado de Excepción que rige en este país desde hace más de un año.

Los problemas de gobernabilidad y la falta de consensos entre el Ejecutivo y el Legislativo se han puesto de manifiesto desde el inicio del mandato de Castro, en enero de 2022, luego que, de forma paralela, se juramentaron dos juntas directivas para el periodo 2022-2026, una liderada por Luis Redondo y otra por el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix. Si bien este conflicto logró resolverse en favor de Redondo, desde aquel entonces la legalidad de su nombramiento ha sido cuestionada por la oposición acentuando la polarización en este país. 

En un reciente episodio de confrontación política en el Congreso, el pasado 31 de octubre, el Congreso se fragmentó en dos facciones, similar a lo ocurrido en enero del 2022, tras el nombramiento del fiscal general interino Johel Zelaya –favorito del Partido Libre–. Este nombramiento se produjo en un proceso sin elección, por parte de una minoría oficialista, generando preocupación en la comunidad en general y gestando una vez más una situación de ingobernabilidad en el Congreso Nacional. 

Asimismo, desde hace un año, el Poder Ejecutivo publica un nuevo decreto (PCM) cada mes para prolongar la figura del Estado de Excepción que rige en el país y que fue decretado por el Gobierno para combatir el crimen organizado. No obstante, los datos publicados por el Ministerio Público sobre  inseguridad vinculados al crimen organizado no parecen justificar el mantenimiento de esta medida. 

Por su parte, los sucesos acaecidos en Guatemala a lo largo del último proceso electoral generan preocupación por el rumbo de este país. En las elecciones celebradas en 2023, Guatemala dio un vuelco político al proclamar vencedor al Movimiento Semilla, liderado por Bernardo Arévalo. El control de las instituciones judiciales y electorales por parte de la élite política guatemalteca le ha permitido la exclusión en las elecciones a los candidatos amenazantes para el sistema; sin embargo, no ha podido evitar el triunfo de Arévalo en la segunda vuelta electoral, celebrada en agosto de este año. Desde ese momento, el Ministerio Público ha encabezado una cruzada para impedir la transición democrática y evitar que el presidente electo asuma, como está previsto, el próximo 14 de enero.  

Si bien el Ministerio Público continúa alegando que Semilla ganó con un fraude y que cometió ilegalidades a la hora de formarse como partido, los distintos actores de la sociedad civil de Guatemala continúan defendiendo la legitimidad de los resultados electorales y evitando la deriva democrática de este país.

La región afronta un escenario marcado por el ataque a las instituciones democráticas o la corrupción, así como de la continuidad de problemas de larga data como la pobreza, la violencia o la inmigración. Lamentablemente no se observan vestigios de mejora a corto plazo, lo que anticipa otro año complejo y desafiante caracterizado por la alta incertidumbre política, por una desaceleración económica y por una creciente desafección de la ciudadanía con el sistema político.

Las autocracias ‘influencers’ y su acoso a las democracias

“Hoy en día, los regímenes autoritarios están adaptando sus prácticas de opresión y limitación de la libertad a la era digital. Es así como encuentran nuevas formas de debilitar a las instituciones democráticas y la integridad del espacio público, comprometiendo en el proceso al intercambio de ideas”

Recuerdo que en el marco de una Misión de Observación Electoral en Bolivia realizábamos un monitoreo de medios del proceso electoral y llegó a mis manos la edición papel de uno de los periódicos más importantes del país (medio de comunicación que no adscribía al gobierno de aquel entonces, que era el de Evo Morales). Para mi sorpresa, incorporaba en su interior un voluminoso suplemento de muchas páginas bajo el siguiente título: “China y la promoción de los Derechos Humanos”. Este suplemento pagado por una organización no gubernamental internacional ligada al régimen chino relataba historias mínimas de chinas y chinos que recibían algún tipo de asistencia estatal a modo de reparación histórica, sea la provisión de agua, energía eléctrica o alguna obra de infraestructura. A todas luces era impactante el nivel de propaganda oficial, cuyo objetivo era en definitiva desinformar acerca de la realidad de los derechos humanos en el país sin estado de derecho y con régimen de partido único. Situaciones como esta se repiten hasta el infinito con estrategias muy variadas; por ejemplo, la emergencia de influencers en redes sociales que desde sociedades libres y democráticas hablan maravillas de regímenes autocráticos como los de China, Rusia, Cuba o Irán. Incluso hacen viajes patrocinados a países cerrados, con la aprobación y monitoreo del propio gobierno anfitrión, para lavar la cara de estos regímenes. Estas estrategias de desinformación son muy efectivas y son muy frecuentes en redes como X, Instagram o TikTok. 

La erosión de los sistemas democráticos es evidente. Muchos analistas coinciden en denominar a este período como de “recesión democrática”, por eso es importante destacar algunos esfuerzos que realiza la comunidad internacional para dar cuenta de las distintas estrategias autocráticas de “acoso”, como lo he caracterizado en otros artículos (autocratic harassment).

Bajo esta premisa, el International Forum for Democratic Studies en el National Endowment for Democracy (NED) comienza su labor en el Sharp Power Research Portal. Este busca ser un punto de acceso de información para periodistas, investigadores, activistas, generadores de políticas públicas y otros ciudadanos interesados en comprender cómo los regímenes autoritarios ejercen influencia sobre sociedades e instituciones más allá de sus fronteras. El objetivo del portal es ordenar, categorizar y presentar la investigación o reportaje periodístico existente sobre lo que definen como sharp power o poder agudo, penetrante o incisivo. 

El concepto de sharp power, según lo entienden Christopher Walker y Jessica Ludwig, se refiere al uso de políticas diplomáticas manipulativas de parte de un país para influenciar y debilitar el sistema político de otro. Bajo esta definición, para Walker el sharp power se aprovecha de las asimetrías entre países libres y autoritarios, habilitando a los regímenes a limitar la libre expresión y distorsionar los ambientes políticos de otros países, mientras escudan a sus propios espacios públicos de presiones e influencias democráticas del exterior.  Con esto, se buscaría influir sobre la sociedad civil y el ambiente público de un país libre para, de una u otra forma, inclinar la balanza en favor de los regímenes en cuestión. En vez de tener un efecto positivo y estimulante sobre la sociedad civil como pueden tener situaciones de soft power, en este caso los autores del portal consideran que el poder agudo, penetrante o incisivo termina limitando la libre expresión y el pluralismo, a la vez que distorsiona el ambiente político nacional. 

El portal analiza cómo cinco naciones autoritarias (China, Rusia, Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos) ejercen su influencia en lo que hasta su última actualización son 143 países del mundo. Los países elegidos (identificados como “influencers autoritarios” en el portal) fueron seleccionados debido a que son de los regímenes autoritarios más agresivos en su ejercicio de poder agudo y sus acciones son de las más documentadas. Los casos de poder agudo son a su vez clasificados en cinco áreas: Información y Medios, Comercio, Cultura y Entretenimiento, Generación de Conocimiento y, finalmente, Tecnología. 

Con la categoría de Información y Medios se trata de nuclear todas las conductas de estos gobiernos en las redes sociales y el ecosistema digital. La vulnerabilidad económica del espacio de medios actual y la facilidad de introducir información a la esfera virtual han habilitado muchos casos de desinformación, acoso digital y financiamiento de pequeños medios. Estas herramientas han permitido a los regímenes influir sobre la discusión pública.

En Comercio se condensa el uso de empresas y agentes económicos vinculados al poder político en su país de origen. La captura de los sistemas económicos por el Estado en estos países permite utilizar a empresas locales para una práctica que el portal define como “capital corrosivo”. Aprovechando las capas de anonimato que la globalización de las finanzas habilita, estos regímenes se permiten utilizar las inversiones de capitales domésticos de forma estratégica para avanzar sus intereses en el exterior. 

Con respecto a Cultura y Entretenimiento, se trata de incorporar todo lo que tradicionalmente es entendido como propaganda. Mediante medios tradicionales, pero también digitales, se buscaría influir sobre los espacios culturales y artísticos externos de la misma forma que estos países ya controlan los domésticos. Esto puede llevar a casos de autocensura o adaptación de contenidos para no tensar vínculos culturales y artísticos con países que ejercen dicho poder agudo. Se han visto situaciones así en videojuegos, deportes, cine y otras formas de arte y cultura. 

En lo que respecta a Generación de Conocimiento, este ámbito cubre a aquellas instituciones académicas e intelectuales que en sociedades libres suelen ser autónomas y no estar sujetas a presiones. La presión de los regímenes para moldear el cómo estas instituciones publican mapas e imágenes o narran ciertos acontecimientos puede llegar a los países libres de la mano de presiones por financiamiento o la inundación del espacio público con think tanks que repiten la propaganda de la autocracia.

Y, por último, con relación a Tecnología, se trata de todos los casos de la expansión del internet de las cosas y plataformas como Google y Apple, las cuales mueven enormes volúmenes de información. Estas pueden verse sujetas a presión de los gobiernos observados. La censura de las aplicaciones, el uso de la Inteligencia Artificial para optimizar la censura y la posibilidad de aprovechar vulnerabilidades en las nuevas tecnologías para avanzar sus objetivos son incluidos en esta categoría.

Según el portal, todos los recursos incluidos en él son escritos o publicados por autores o medios de confirmada credibilidad. El objetivo final de este proyecto es demostrar la presencia de patrones de conducta identificables a gran escala sobre cómo estos regímenes se vinculan con las sociedades del resto del mundo. Aunque la mayoría de los recursos se encuentran en inglés, el portal afirma que han hecho un esfuerzo por expandir sus recursos en español, francés, ruso y árabe. 

Naturalmente, el portal no puede garantizar que su recolección es exhaustiva y completa: las limitaciones del recurso, reconocidas por los mismos generadores, impiden que muchos casos y ejemplos de poder agudo lleguen a ser registrados. A pesar de estas limitaciones, el objetivo del portal sigue siendo de gran relevancia, y su colección una en constante expansión. Su base de datos es de libre acceso al público, y guarda un destacado potencial para el futuro estudio de los regímenes autoritarios en la era digital. 

Entiendo que este instrumento de NED se convertirá en un futuro cercano en una referencia ineludible para los investigadores de las ciencias sociales comparativas, será un verdadero “clásico”, al nivel del Índice de Democracia de The Economist, el de V-Dem o el mapa mundial de libertad de expresión de Freedom House. En América Latina hemos visto cómo muchos quiebres democráticos se han producido con el patrocinio abierto de ciertas autocracias. En Venezuela la influencia de Rusia e Irán no son meras sospechas, por el contrario, se encuentra muy documentada. La presencia rusa y china en Cuba también es notoria. Lo mismo en países que aún son considerados democráticos como Bolivia. En Argentina, bajo el gobierno de Cristina Fernández el gobierno de China contó con la aprobación para construir una base de monitoreo “espacial” en la Patagonia, y en el último gobierno de Alberto Fernández, el candidato a la presidencia y ministro de Economía Sergio Massa recibió en plena campaña un sospechoso y opaco préstamo de dinero para afrontar unos vencimientos internacionales. Los ejemplos son abrumadores y por esta misma razón este proyecto que aquí presentamos es de trascendente importancia para dar cuenta de las influencias iliberales, la corrupción y la pérdida de soberanía política y económica de los países de nuestra región. En definitiva, de eso se trata el objetivo del sharp power

Miguel Ángel Rodríguez: «Nuestros modelos mentales son los modelos del pasado. Eso crea angustia, desarraigo, frustración y enojo»

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Miguel Ángel Rodríguez Echeverría ocupó la presidencia de Costa Rica entre el año 1998 y el 2002 y fue además secretario general de la OEA en 2004, a la cual debió renunciar para enfrentar cargos judiciales en su país.

El Gobierno de Ecuador declara la guerra al terrorismo

A un mes de asumido el gobierno de Daniel Noboa Azín, los últimos acontecimientos de inseguridad y violencia ponen a prueba su capacidad para manejar una crisis descomunal, además de una economía quebrada. Son dos exámenes para el presidente más joven de la historia de Ecuador, quien llegó meteóricamente a la primera magistratura tras su corto paso por la Asamblea Nacional. Pese a un contexto desfavorable, Noboa goza de una alta popularidad y apoyo en esta guerra declarada al crimen organizado.

En menos de dos días, las bandas delincuenciales que operan con el patrocinio de los carteles y alianzas desde Colombia y México tomaron el control de las cárceles, detuvieron como rehenes a los guías penitenciarios, se fugó de la prisión el hombre más peligroso del país, alias Fito, y lo propio ocurrió con el principal sospechoso de querer atentar contra la Fiscal de la Nación, Diana Salazar, capitán Pico. Simultáneamente, se produjeron eventos terroristas en varias ciudades como la explosión de coches bombas y la toma de rehenes a periodistas y personal administrativo por varias horas en un canal de televisión público.

Este cóctel de eventos terroristas condujo al Presidente a decretar un estado de excepción e inmediatamente declarar la alerta de seguridad máxima en el país: conflicto armado interno y declarar la guerra a bandas bien identificadas. Esto nunca había sucedido en democracia. La gravedad de la situación motivó a que todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea cierren filas y pronuncien su respaldo al Gobierno, permitiendo que los policías y militares gocen de amnistía e indulto en caso de defensa propia y de la población en la lucha contra los terroristas. La comunidad internacional también ha respaldado a Noboa, con declaraciones de los gobiernos de Estados Unidos, la Unión Europea y los países fronterizos, Colombia y Perú.

Breves pinceladas de la inseguridad

La problemática de la inseguridad y la violencia en los niveles actuales es inédita en Ecuador, sin embargo, no aparece de manera repentina. La fuerza demostrada por las bandas terroristas en estos dos días evidencia un proceso de varios años en los cuales lograron montar una estructura nacional y un modelo de negocio que gira alrededor de la droga. Una estructura con capacidad logística, reclutamiento de miles de jóvenes en sus filas y una estrategia para infiltrarse en el Estado de manera eficiente, cooptando espacios claves del sistema judicial, la Asamblea, gobiernos locales y fuerzas del orden como demuestran las investigaciones de la Fiscal de la Nación, Diana Salazar, en el caso Metástasis.

Ecuador, históricamente, estuvo en medio de dos conflictos armados que sacudieron el tejido social de Colombia y Perú. La frontera compartida con el primero era vulnerada sistemáticamente por la guerrilla de las FARC y en el segundo caso, llegaron los coletazos de Sendero Luminoso y su credo ideológico, convirtiendose en catequesis para algunas agrupaciones radicales indígenas. Pese a ello, los brotes de la inseguridad no llegaban a los niveles de la actualidad, cuando sí la percepción. No obstante, hay varios indicios que vaticinaban un final catastrófico. Cuando se produjo el bombardeo al campamento de las FARC en Ecuador en el 2008 por parte del gobierno colombiano, la Comisión investigadora determinó que había aportes de la guerrilla a la política ecuatoriana. A partir de aquel momento se comenzó a hablar de la narcopolítica.

La respuesta a las encuestas del Latinobarómetro acerca de “con qué frecuencia se preocupa de que pueda llegar a ser víctima de un delito con violencia” en el Ecuador ofrece algunas pistas. En el año 2011, el 43% de la población contestaba que sí, esta cifra subió al 49% en el 2013, bajó a 30% en el 2015 y volvió a subir al 43% en 2023. Es decir, los niveles actuales de preocupación son iguales a los de hace 12 años, sin embargo, los tipos de delito, su frecuencia y cantidad, incrementaron como el número de muertes violentas por cada cien mil habitantes. Ahora se registra una cifra de 40, ubicando al Ecuador entre los países más violentos del mundo.

Entre los años del 2018 y 2023, mientras se incrementaba la percepción de los ciudadanos acerca de ser víctima de un delito con violencia, caía la satisfacción con la democracia y aumentaba la insatisfacción con el desempeño económico. Se podría decir que la población califica mal a la democracia en entornos de inseguridad, además que estas percepciones se producen en un contexto de crisis económica.

Las medidas que adoptó el Presidente Daniel Noboa podrán ser evaluadas recién en el mediano y largo plazo, pues desmantelar las bandas terroristas no se logra en un periodo corto. El Gobierno, además de lograr apoyo político interno requiere de recursos, planificación y equipo confiable para combatir dos fenómenos: la infiltración del narco en el Estado y los golpes cotidianos que asesta la delincuencia común al servicio de intereses mayores y transnacionales. En ese sentido, cada vez cobra más fuerza la tesis de que el combate a un problema transnacional requiere del apoyo regional y global.  

La incapacidad estatal amenaza la democracia en la región

Siguiendo la inercia de los últimos años, el mundo se sigue autocratizando según los principales índices que evalúan el estado de la democracia. 2022 fue el sexto año consecutivo de retroceso democrático de acuerdo al reporte del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA). En nuestra región, los retrocesos más pronunciados son los de El Salvador, Guatemala y Nicaragua, mientras que no hay ascensos que celebrar. Por su parte, según la alianza global de organizaciones de la sociedad civil dedicada a fortalecer la acción ciudadana (CIVICUS), cada vez hay más países que restringen y violan las libertades cívicas y casi un tercio de la población mundial vive en países con espacios cívicos cerrados, pasando de un 26% en 2018, a un 30% en 2023. Finalmente, el último estudio de V-Dem señala que el planeta tiene hoy más autocracias cerradas que democracias liberales y que los avances logrados durante los últimos 35 años han sido anulados y como consecuencia el 72% de la población mundial vive actualmente bajo regímenes autocráticos.

En Latinoamérica la situación no es distinta. Tenemos tres regímenes autocráticos consolidados (Cuba, Venezuela y Nicaragua) y varios en franca regresión democrática (El Salvador, Guatemala y Bolivia). A esto se suma una desafección democrática generalizada de sus habitantes. De acuerdo al último relevamiento de Latinobarómetro, sólo el 48% de las personas apoya la democracia en la región, lo que significa una disminución de 15 puntos porcentuales en los últimos 12 años. Por su parte, el porcentaje de encuestados a los que no les importaría tener un gobierno no democrático si éste resolviera los problemas, pasó de un 44% en 2002 a un 54% en 2022.

¿Falla la democracia o la capacidad estatal?

Distintos académicos, entre ellos Adam Przeworski en “La crisis de la democracia” (2022), han advertido sobre la precisión de las encuestas que miden la aceptación de la democracia. Esto debido a la gran dificultad metodológica para su realización. Si los académicos no llegan a un acuerdo sobre el tema, mucho menos se puede esperar que la ciudadanía en general alcance un consenso acerca de sus alcances y límites. Es decir, cuando las personas hablan de democracia, no se refieren a lo mismo. Dependiendo del contexto, se referirán a prosperidad, seguridad, empleo, acceso a la educación y a la salud, elegir libremente a sus representantes o el imperio de la ley.

Esto nos lleva a un segundo problema para medir la percepción de la democracia: su vinculación con la capacidad estatal. Desde un punto de vista procedimental, un régimen democrático es aquel en que se celebran elecciones competitivas, con opciones plurales, libertad de expresión, asociación, manifestación, condiciones que garantizan el principio fundamental de las democracias: que los gobiernos pierdan las elecciones (Przeworski).

Desde esta perspectiva reduccionista, la democracia no tendría por qué garantizar bienestar, equidad, desarrollo económico, empleo o programas sociales, cuestiones que tienen que ver con la capacidad estatal y no con el régimen político. Por eso, encontramos autocracias o teocracias con altos índices de desarrollo económico y democracias con indicadores económicos y sociales muy pobres.

Es por ello que se debe tomar en cuenta que cuando a los habitantes de América Latina se les consulta su percepción sobre la democracia, probablemente respondan valorando a sus gobiernos.

La amenaza autocrática

Precisamente la baja capacidad estatal de los países de América Latina ha producido una frustración ante las expectativas que se tenían de la democracia luego de la tercera ola democratizadora.

Si bien en su famoso discurso, en el marco de la recuperación democrática argentina, Raúl Alfonsín afirmó que “con la democracia se come, se cura y se educa”, los latinoamericanos saben que aunque vivan bajo regímenes democráticos no tienen garantizada la comida, la salud ni la educación. De acuerdo a datos de la CEPAL, uno de cada tres latinoamericanos vive bajo la línea de la pobreza y uno de cada 10 en la indigencia.

El malestar no se limita a los países que no han podido salir de la pobreza. Incluso aquellos que han crecido ininterrumpidamente por décadas y han sacado a gran parte de la población de la pobreza como Chile, han atravesado recientemente crisis institucionales producto de las expectativas frustradas de sus habitantes. Este contexto, es caldo de cultivo para experimentos autocráticos donde tras discursos refundacionales y populistas, emergen líderes que pretenden encarnar al pueblo sufrido y lo defienden del establishment, la casta o el término que esté de moda.

Lo curioso de este proceso de desdemocratización o autocratización es que el puntapié inicial se hace bajo las normas democráticas. Son candidatos que conforman una fuerza política, compiten electoralmente y ganan elecciones. En muchos casos son bastante populares y tienen una comunicación directa con los ciudadanos.

El problema surge una vez que se hacen con el poder, ya que interpretan que el apoyo electoral y su mayoría circunstancial se traduce en un cheque en blanco, un cupón válido para refundar el país e invisibilizar a las minorías. Esta vocación hegemónica se reproduce, según los expertos Ginsburg y Huq, a través de tres prácticas que paulatinamente erosionan la democracia. En primer lugar, la decadencia incremental de las elecciones competitivas, los derechos liberales de expresión/asociación y el imperio de la ley. En segundo lugar, los cambios discretos en las reglas y procedimientos informales que configuran las elecciones, los derechos y la rendición de cuentas. Y por último la pérdida de frenos y contrapesos.

Conforme este proceso avanza, la oposición se va volviendo incapaz de ganar, las instituciones establecidas pierden su capacidad contralora y las manifestaciones van perdiendo fuerza al ser reprimidas. De esta manera, paradójicamente los gobiernos democráticamente electos pueden desmantelar la institucionalidad que les permitió llegar al poder, a veces sin violaciones constitucionales claras.

Mientras en América Latina las expectativas de crecimiento económico sean pobres y la capacidad estatal no pueda satisfacer las demandas ciudadanas básicas, la democracia como sistema político estará en riesgo y los experimentos autocráticos perdurarán.

Crisis y narcoterrorismo en Ecuador: del “buen vivir” al intentar sobrevivir

Hace unos años podían leerse titulares en prensa como “Ecuador nos enseña la receta de la prosperidad”, “El milagro ecuatoriano” o “Triunfó el buen vivir”. Ecuador, ese país situado en la mitad del mundo había logrado sobreponerse a la destitución del presidente Bucaram en 1997; a la crisis inflacionaria, financiera, fiscal y de deuda de 1998-1999; al derrocamiento de Mahuad en 2000; a la rebelión de los forajidos y la caída de Lucio Gutiérrez en 2005; y a tantas otras vicisitudes que afectaron a la estabilidad política, económica y social del Estado.  Rafael Correa, un profesor universitario que no había cumplido los cincuenta años y que había ocupado el Ministerio de Economía y Finanzas con el presidente Alfredo Palacio, parecía haber devuelto la ilusión al pueblo ecuatoriano con su Revolución Ciudadana.  Sin embargo, la época de esperanza y prosperidad ha quedado en el pasado y el deterioro que ha sufrido el país en los últimos años le ha llevado a una situación de crisis, grave inseguridad y narcoterrorismo.

Tras su victoria electoral en 2007 con el movimiento Alianza País, Correa gobernó el país andino durante una década, proclamando como objetivos la implementación del socialismo del siglo XXI, el desarrollo sostenible de la sociedad y la vida humanista a través del buen vivir.  Con la promulgación de la Constitución de 2008, se estableció un modelo en el que el Estado pasaba a ser garante de derechos colectivos y ambientales -desplazando la prioridad de las garantías individuales-, ocupaba un papel central en la planificación de la producción e instauraba un cuarto poder denominado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que convivía con los tres tradicionales. En el ámbito de la política exterior, minimizó la influencia de la globalización y apostó por la integración regional bolivariana. El carisma del nuevo presidente, la movilización social a favor del cambio y el auge en el precio de las materias primas parecieron ser la combinación perfecta para inaugurar una época de prosperidad para Ecuador.

Siete años después de su salida del poder, poco queda de ese Ecuador. La crisis y creciente polarización durante el final de la presidencia de Correa; la  fractura interna en Alianza País entre los partidarios del expresidente y de su sucesor, Lenin Moreno; los juicios abiertos a Correa, la condena por cohecho y su huida a Bélgica; la caída del precio de las materias primas; la muerte cruzada activada por el ex presidente Lasso y el aumento de la inseguridad son solo algunos de los acontecimientos que ayudan a explicar cómo el país andino ha transitado hacia una situación incluso más complicada que la de finales de la década de 1990. Y es que aparece un nuevo elemento en la ecuación: el narcoterrorismo.

La situación por la que atraviesa Ecuador, donde el presidente Noboa ha declarado el “conflicto armado interno”, bien puede parecerse a las ocurridas en Colombia con el cartel de Medellín de Pablo Escobar o en México con la guerra a los cárteles durante el Gobierno de Calderón. Las mafias del narcotráfico llevan a cabo una alianza estratégica con sectores armados extremistas y siembran el terror detonando bombas, secuestrando y asesinando a civiles y policías, y fomentando el caos para controlar las calles. Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones, las tres principales bandas -aunque existen más de una veintena de grupos dedicados a estas actividades en Ecuador-, han introducido acciones criminales hasta hace poco marginales en el país como la normalización del sicariato, ataques masivos a fuerzas policiales, masacres carcelarias o la exhibición de cadáveres en puentes como señales de advertencia.

Pero ¿cómo se ha llegado hasta aquí? Aunque resulta complicado sintetizar todos los elementos intervinientes, sí que pueden enumerarse algunas coyunturas y malas decisiones que han precipitado el desastre. En primer lugar, la crisis económica tras el fin del boom de las materias primas facilitó que el narcotráfico se convirtiera en una salida informal para muchos ecuatorianos sin trabajo ni ingresos. Sobre todo, teniendo en cuenta que la dolarización de la economía y los débiles controles financieros del país facilitan el blanqueamiento de dinero procedente de la droga. Además, los recortes presupuestarios para priorizar el pago de la deuda, impulsados por el ex presidente Moreno y profundizados por Lasso, afectaron al gasto en policía y prisiones, debilitando el ya de por sí frágil aparato de seguridad del Estado.

En segundo lugar, la decisión de Correa de acabar con el contrato de arrendamiento de una base militar estadounidense en la ciudad portuaria de Manta facilitó el tránsito de cargamentos de droga hacia Colombia. Y es que desde esa base operaba la DEA, agencia antidroga que garantizaba los controles fronterizos en la zona norte. Pero, además, la ley aprobada por Correa que mantiene en prisión a los acusados hasta su juicio ha cuadruplicado la población carcelaria y las prisiones se han convertido en espacios de reclutamiento de nuevos miembros para las bandas. La saturación y las difíciles condiciones de los reclusos para sobrevivir han convertido a las cárceles ecuatorianas en una suerte de cuarteles generales para los narcotraficantes. Pero, además, la expansión de la corrupción entre los agentes ha permitido dotar a las bandas de toda una red logística, introduciéndose en las cárceles armamento pesado, fusiles y granadas.

Por último, el contexto exterior también ha contribuido. El mercado de la droga se ha transformado en los últimos años en la región andina, sobre todo después del desarme de las FARC en Colombia, las cuales controlaban gran parte del tráfico. Se ha producido una fragmentación de organizaciones dedicadas al narco, surgiendo nuevas bandas y rutas de exportación, algunas de las cuales se trasladaron a Ecuador. El país ha dejado de ser únicamente un lugar de tránsito y las bandas locales se han involucrado directamente en la producción, almacenamiento y distribución de cocaína, estableciendo alianzas con cárteles mexicanos. Por un lado, se han incrementado los cultivos de coca en Esmeraldas y Sucumbíos, provincias fronterizas con Colombia. Y, por el otro, más de un tercio de la cocaína proveniente del país vecino llega a Ecuador para distribuirse desde allí a Estados Unidos y Europa.

La suma del debilitamiento del Estado y la falta de protección social, un contexto económico desfavorable y la expansión del narcotráfico han convertido a Ecuador en un país altamente vulnerable al crimen organizado. El país andino está inmerso en una espiral de violencia e inestabilidad que ha desterrado al olvido los avances logrados hace poco más de una década