Milei y la gobernanza de la migración: Tres escenarios para Argentina y Sudamérica

Leiza Brumat   |   Diego Acosta Arcarazo
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Milei y la gobernanza de la migración: Tres escenarios para Argentina y Sudamérica

Javier Milei, autodenominado libertario anarcocapitalista, se convirtió en el nuevo Presidente de Argentina el 10 de diciembre. Aunque la migración no fue un tema central durante la campaña electoral, su victoria ha suscitado inquietud sobre el futuro de la gobernanza de la migración en Argentina y Sudamérica. 

Durante los últimos 20 años, Argentina ha desempeñado un papel destacado en la política regional de migración, y su ley de migración de 2004 ha ejercido una influencia significativa en otras leyes de Sudamérica y América Latina y en general. Además, Argentina propuso en 2002 la adopción de los Acuerdos de Residencia del MERCOSUR, que han establecido un marco para la libre movilidad, permitiendo a los nacionales sudamericanos entrar, residir y trabajar en otros países de la región. Los Acuerdos han sido ratificados por ocho países de la región, además de Argentina: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.

Basándonos en el programa electoral de Milei y en declaraciones de destacados miembros del partido, anticipamos tres posibles tendencias para su agenda de gobierno en los próximos cuatro años.

Selectividad migratoria

Siguiendo sus ideas libertarias, el principal principio de Milei se centra en minimizar el papel del Estado. Cree que la apertura de fronteras y la inmigración pueden beneficiar a la economía si siguen las reglas del libre mercado. En su opinión, el Estado del bienestar es un imán que atrae a migrantes «indeseables» e «innecesarios». Por lo tanto, eliminar el estado del bienestar y los servicios públicos daría lugar a una autoselección de los emigrantes, atrayendo sólo a los que «vienen a Argentina a trabajar». Su programa también propone atraer a especialistas cuyos conocimientos sean esenciales para la economía argentina, de forma similar a los esfuerzos de otros países por atraer a los «mejores y más brillantes».

El enfoque que se propone tiene dos incoherencias importantes que deben abordarse. En primer lugar, es importante aclarar cómo planea el Gobierno atraer a trabajadores altamente cualificados, especialmente dada la actual situación económica de Argentina. La crisis ha provocado una reducción significativa de los salarios de los profesionales y está causando la emigración de miles de argentinos. Las estimaciones indican que, entre septiembre de 2020 y abril de 2022, emigraron más de 300.000 argentinos, en su gran mayoría jóvenes profesionales. Brasil y Chile son dos de los tres principales países de destino de estos emigrantes. 

En segundo lugar, cabe destacar que en Argentina el porcentaje de inmigrantes con empleo es superior al de ciudadanos nativos. En otras palabras, los emigrantes ya vienen a Argentina a trabajar. Sin embargo, debido a los malos resultados económicos del país en las dos últimas décadas, la tasa de inmigración se ha mantenido estancada. Si bien Argentina sigue siendo uno de los principales países receptores en el contexto sudamericano en términos relativos, según datos de la ONU, en 2005, los migrantes sólo representaban el 4,29% de la población, y en 2020, este porcentaje sólo había aumentado al 5%. 

Entre 1870 y 1930, Argentina fue el segundo destino más popular de la migración en todo el mundo, justo después de Estados Unidos. Sin embargo, las cosas han cambiado drásticamente desde entonces. Actualmente, Argentina ocupa el octavo lugar a nivel mundial en cuanto a acogida de venezolanos, a pesar de que el desplazamiento de Venezuela de unos ocho millones de personas desde 2015 representa el mayor de la historia de Sudamérica. Como ha argumentado el sociólogo Hein de Haas, la única forma de reducir la inmigración es destrozar la economía. Argentina representa una confirmación paradigmática de ello.

La securitización de la migración 

En línea con parte del discurso político en Europa y en EE.UU. e influenciado por los aliados políticos del PRO/Juntos por el Cambio (centro-derecha), algunas propuestas apuntan a acelerar la expulsión de aquellos no nacionales que cometan delitos. Esto plantea dos cuestiones. En primer lugar, ya existen numerosas disposiciones en materia de expulsión. Al igual que en Europa, estas disposiciones deben ajustarse a los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado. La Convención Americana sobre Derechos Humanos es especialmente pertinente en este caso. En segundo lugar, los datos disponibles no indican que Argentina se enfrente a un reto urgente en este ámbito. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que tiene más de 16 millones de habitantes y es la más grande del país, la población nacida en el extranjero encarcelada se ha mantenido estable en torno al 5% del total durante los últimos 20 años.

Nacionalización/deglobalización 

Milei ha propuesto la retirada de Argentina de organizaciones y foros internacionales como los BRICS, y probablemente impedirá que Argentina se reincorpore a UNASUR. También ha prometido desmantelar el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Se trata de la principal organización regional de Sudamérica, en funcionamiento desde 1991. Todos los países de la región son miembros de pleno derecho o asociados.

Si esta propuesta llegara a materializarse, Argentina se enfrentaría a dos retos importantes. En primer lugar, el MERCOSUR ha sido un aspecto crucial de la política exterior argentina durante más de tres décadas, proporcionando estabilidad a la región y una plataforma para que Argentina exprese sus ideas, intereses y demandas a nivel internacional y regional. Abandonar la organización debilitaría, por tanto, la capacidad de Argentina para abordar los retos regionales y globales compartidos, aislando al país del resto de la región y del mundo. En segundo lugar, podría afectar al funcionamiento de los acuerdos de residencia del MERCOSUR mencionados anteriormente. Cabe señalar que casi el 90% de los inmigrantes en Argentina proceden de Sudamérica. A la inversa, 6 de los 10 principales destinos de los argentinos se encuentran en Sudamérica. La ruptura del actual régimen migratorio regional podría complicar seriamente la gobernanza de la movilidad humana en toda la región, afectando el acceso a los derechos de todos los nacionales sudamericanos, incluidos los argentinos. 

Queda por ver hasta qué punto se aplicarán estas propuestas políticas. Los partidos de la oposición controlan el Congreso Nacional, y ninguno de los gobernadores provinciales pertenece al partido de Milei. La mayoría de la gente que votó a Milei lo hizo porque estaba descontenta con el gobierno anterior y con la situación económica actual. Por tanto, sería un error que Milei interpretara su elección como un respaldo total a todas sus propuestas políticas.


*Una versión ligeramente diferente de este artículo ya fue publicada en The Conversation aquí:

Cadenas de suministros: la guerra comercial también compromete a la región

Marcelo Halperín
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Cadenas de suministros: la guerra comercial también compromete a la región

En el marco de la “guerra comercial” con la República Popular China (RPC) y con la experiencia de los cuellos de botella en las cadenas internacionales de suministros durante la pandemia del Covid-19, el gobierno de Estados Unidos de América (EUA) está focalizando su política comercial y económica precisamente en la integridad y funcionalidad de dichas cadenas. La difusión de este concepto es reveladora, pues sustituye al de “cadenas globales de valor”. Con el uso de esta figura, la mentada globalización adquirió carácter virtuoso (“cadenas… de valor”), pues tenía por objeto destacar la participación de bienes y servicios originarios de diversas economías nacionales en la generación del ingreso mundial. En su lugar, aflora una concepción defensiva que privilegia la preservación de archipiélagos productivos y corredores logísticos en el contexto de una fractura geopolítica que parece ahondar día a día.

Bajo esta orientación estratégica deberían interpretarse los nuevos esquemas bajo los cuales EUA procura reformular sus vinculaciones con países de Asia en el Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF); con países de América Latina en la Alianza para la Prosperidad Económica de América Latina (APEP), y bajo un formato bilateral a través de mecanismos como el diálogo económico “de alto nivel” con México. 

Alertas frente a los tratados de libre comercio

La nueva modalidad emerge de un cuestionamiento a los tratados de libre comercio (TLC) de última generación o free trade agreements (FTA) que han venido entrelazando a las economías nacionales.

Los argumentos para dudar sobre la utilidad de los TLC celebrados por EUA fueron expuestos por la secretaría de Comercio Katherine Tai en el Open Markets Institute el 15 de junio de 2023 bajo el sugestivo epígrafe que se traduciría como: “En el próximo sistema mundial, ¿podrá la política comercial de EUA proporcionarnos más seguridad, democracia y prosperidad?”.

En esa oportunidad la embajadora Tai destacó algunas falencias observadas en los TLC. En especial aludió a las que permitirían a terceros países, no signatarios, valerse indirectamente de sus beneficios mediante la deflexión, esto es, introduciendo bienes o servicios en los mercados regulados por dichos TLC, sorteando así deslealmente previsiones acordadas en cuestiones sensibles como las referidas al trabajo forzoso y el cuidado ambiental. 

Esta intromisión de terceros países sólo puede ser posible maniobrando a expensas de las reglas de origen. Al respecto la historia reciente registra al menos dos reacciones de EUA. Para evitar la utilización de insumos originarios de RPC en la producción mexicana de automotores destinados a EUA se introdujeron reglas más rigurosas al renegociar el Tratado con México y Canadá. Y las discrepancias en el diseño del régimen de origen en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP-11) incidieron para el retiro de las tratativas.  

El proyecto Indo-Pacífico

Pese a las objeciones a los TLC, el gobierno de EUA no intenta reemplazarlos. Debido a la internacionalización de los mercados se imponen negociaciones abarcadoras de numerosas materias y con especificidades que difícilmente puedan ser afrontadas por instrumentos más acotados que los TLC. Sin embargo, el propio gobierno de EUA está gestando un nuevo formato en sintonía con la estrategia para preservar sus cadenas de suministros.

La primera y por ahora más avanzada experiencia en la materia está relacionada con la elección de la India como socio privilegiado. De ahí la denominación Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity. El esquema fue presentado por el presidente Biden durante una visita a Tokio en mayo de 2022. Incorpora a siete países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN): Indonesia, Brunéi Darussalam, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. Y además incluye a Japón, Corea del Sur, India, Australia, Nueva Zelanda y Fiji.

La iniciativa IPEF no apunta a la celebración de un TLC sino que prevé la negociación sobre distintos “pilares” (en el sentido de que podrían acordarse convenios por separado). Respondiendo a su principal objetivo estratégico, EUA publicó en septiembre de 2023 el texto que formaliza normativamente las conclusiones alcanzadas dentro del Pilar II. Es el Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity Agreement Relating to Supply Chain Resilience. Este proyecto merece una especial atención. En principio puede advertirse de qué modo las precauciones para sobrellevar un estado de amenaza desde el punto de vista geopolítico se proyectan sobre las relaciones económicas y comerciales. Y aquí la principal amenaza es la “disrupción en las cadenas internacionales de suministros”.

A fin de garantizar el funcionamiento de circuitos logísticos internacionales, la normativa propuesta requiere la máxima transparencia posible en el intercambio de datos relativos a las cadenas de suministro y sus eslabones entre los estados que asumen el compromiso; y, por otro lado, la mayor confidencialidad o menor exposición de esas cadenas y eslabones hacia fuera del esquema.

Un problema crucial es el de la calificación de “sectores críticos” y de “bienes clave” a propósito de las disrupciones. Sin embargo, tales conceptos podrían adoptar distintos contenidos según las circunstancias. En todo caso, al ir dando cumplimiento a las actividades previstas los estados que forman parte de ello tenderían a fortalecer su cohesión. Esto se advierte, por ejemplo, en los exhaustivos requerimientos para el suministro, procesamiento y gestión de datos tendientes a prevenir o contrarrestar disrupciones. 

La iniciativa plurilateral para América Latina

Adoptando como guía el dispositivo del IPEF, el 3 de noviembre de 2023 EUA dio un primer paso para replicar este formato con países de América Latina, aunque la implementación parece todavía hipotética. Es la Alianza para la Prosperidad Económica de América Latina (APEP), cuyo instrumento fundacional se divulgó como Declaración del Salón Este. Fue suscrita por el presidente Biden junto a los presidentes de Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, República Dominicana, Uruguay, Canadá y Barbados y los ministros de Relaciones Exteriores de México y Panamá. La comparecencia en Washington de autoridades gubernamentales de tantos países latinoamericanos, la invitación a otros gobiernos de la región y en especial las características de un texto elaborado sobre el modelo de IPEF dan a entender que para el gobierno de EUA este formato tendría una cualidad de aglutinamiento más eficaz que la de los TLC.

En lugar de los “pilares” temáticos aludidos en IPEF, aquí se llaman “vías” (tracks) para canalizar actividades adjudicadas a las autoridades ministeriales. Pero al igual que en IPEF, el eje temático central atraviesa las tres vías. Es la concertación de acciones frente a eventuales disrupciones en las cadenas de suministros.

El Diálogo Económico “de alto nivel” entre EUA y México

Este dispositivo, relanzado entre 2021 (U.S.-México Level Economic Dialogue (HLED)), tiene características conceptuales semejantes a IPEF y APEP. Acerca del objetivo esencial del Diálogo, la oficina ejecutiva del presidente de EUA informó el 2 de octubre de 2023 de que a partir del encuentro celebrado el año anterior los gobiernos habían implementado recomendaciones para una creciente coordinación en la ciberseguridad del comercio y en la cadena de suministros a través de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC).

De los cuatro “pilares” que, al estilo de IPEF, organizan las actividades previstas por el esquema, tres de ellos guardan relación con las cadenas internacionales de suministros.

Dudas y prevenciones frente al nuevo escenario

El IPEF es el ensayo más avanzado de este nuevo formato propuesto por EUA. Independientemente de su calificación (¿“integración” o mera “cooperación”?), las previsiones tienen por objeto establecer alianzas estratégicas que inevitablemente se inscribirán en el marco geopolítico.

Al concentrarse las acciones –y el financiamiento– en derredor de las cadenas internacionales de suministros, caben algunos interrogantes para países en desarrollo que, como los latinoamericanos, padecen disparidades internas e insuficiencias en sus estructuras económicas y sociales que solo de manera incidental se articulan con las cadenas de suministros. Y quedan pendientes estas preguntas porque aquí se está insinuando la convalidación de un mundo segmentado por distintos archipiélagos productivos y circuitos protegidos para la distribución y comercialización internacional de productos y servicios que, según las circunstancias, pueden ser catalogados como “esenciales”.

Los analistas advierten acerca de la disfuncionalidad global de estas fragmentaciones asignadas a la guerra comercial, pero suelen prestar menor atención a su impacto sobre las condiciones de vida en las periferias. Son cada vez más vastas las poblaciones sometidas a una condición ambivalente: marginalidad local pero simultánea exposición frente a estímulos y ofertas digitales que no conocen fronteras.

Precisamente los TLC de última generación fueron ideados para poder afrontar la internacionalización de los mercados mediante mecanismos de concertación sobre una extensa y minuciosa materia negociada y que, por ello, permiten a países en desarrollo ampliar sus –de por sí limitados– márgenes de maniobra para tramitar compensaciones de sus contrapartes con mayor envergadura económica.

En tal sentido, el caso del diálogo económico de alto nivel entre EUA y México invita a reflexionar acerca de las eventuales condicionalidades que pudieran recaer sobre países latinoamericanos a través de compromisos contraídos por fuera de los TLC que se mantienen en vigor.

Por estos motivos, los países en desarrollo y en particular los países latinoamericanos deberían apreciar la conveniencia de afianzar sus vínculos con países desarrollados a través de TLC y a la vez prevenir riesgos inherentes a  compromisos que se circunscriben al funcionamiento de las cadenas internacionales de suministros.

Jamil Mahuad: «Ecuador corre el riesgo de convertirse en un narcoestado»

Redacción
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Jamil Mahuad: «Ecuador corre el riesgo de convertirse en un narcoestado»

Jamil Mahuad fue elegido presidente del Ecuador en 1998 pero no llegó a culminar su periodo ya que fue cesado en sus funciones en enero de 2000 tras la profundización de la crisis económica entre 1998 y 1999, en la cual desaparecieron una docena de bancos e instituciones financieras.

La nueva cara de Latinoamérica21

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Latinoamérica21 cierra el año con un completo cambio de cara, con una nueva web y nuevos contenidos para seguir mejorando. Pero para que no te pierdas ningún detalle, te dejamos este video sobre el nuevo L21.

Guillermo Solís: «La política está volviendo a soluciones unipersonales y autocráticas»

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Luis Guillermo Solís Rivera fue presidente de Costa Rica del año 2014 al 2018 por el Partido Acción Ciudadana (PAC), pero además de político, es politólogo, historiador y un reconocido académico Catedrático de la Universidad de Costa Rica.

Luis Alberto Lacalle: «La política es un arte que tiene que tener auxilio de la ciencia»

Redacción
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Luis Alberto Lacalle: «La política es un arte que tiene que tener auxilio de la ciencia»

Luis Alberto Lacalle de Herrera, quién gobernó Uruguay entre 1990 y 1995, es un abogado, periodista y político uruguayo proveniente de una de las familias con mayor trayectoria política del país, además de ser el padre del actual presidente del Uruguay.

Hacia una nueva era del Estado-nación y las Naciones Unidas

Bernardo Gortaire Morejón
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Hacia una nueva era del Estado-nación y las Naciones Unidas

En el complejo escenario de las relaciones internacionales en el siglo XXI, resulta fundamental reconsiderar estrategias frente a las tensiones interestatales. En este contexto, en una propuesta que puede levantar mucho polvo tanto entre internacionalistas como en la misma sociedad, existe una solución que se remonta a las prácticas de las Relaciones Internacionales de siglos pasados: la tolerancia hacia la creación de nuevos Estados. Como diferencia estructural, se propone la constante observancia y garantía de la ONU, aprovechando el principio de autodeterminación de los pueblos destacado en su carta fundacional.

Numerosos conflictos globales tienen su origen en disputas de soberanía sobre territorios, impulsadas por factores históricos, intereses económicos e ideológicos. La visión post-Segunda Guerra Mundial, que una vez fue efectiva, muestra signos de desgaste, al igual que el multilateralismo de la ONU, que ha caído en la burocratización en lugar de promover la armonización. La incapacidad de la ONU para frenar la invasión de Rusia a Ucrania; el grito en el cielo sin respuesta de la invocación del artículo 99 de la Carta de Naciones Unidas por el secretario general, Antonio Guterres frente al genocidio en Gaza; y las crecientes tensiones frente a Taiwán o incluso frente al Esequibo en Venezuela, son ecos de que hacen falta cambios estructurales en las capacidades de la ONU.

Nos hemos atorado en una visión que funcionó bien después de la Segunda Guerra Mundial, pero que se resquebraja continuamente. De la misma manera, el multilateralismo de la ONU está fallando y en lugar de apuntar a la armonización ha caído en la burocratización. En este sentido, ¿por qué no asignar a la ONU un papel adicional? Vale la pena sustituir su función descolonizadora, agotada a finales de los años 90, con fin de revitalizar la organización. Este nuevo rol implicaría supervisar la transición hacia la independencia de nuevos Estados, brindando a sus poblaciones la oportunidad legítima de determinar su propio futuro político.

Aunque pueda surgir la preocupación de que estos nuevos Estados puedan convertirse en «Estados títere» de sus vecinos más poderosos, la historia demuestra que las aspiraciones humanas evolucionan con el tiempo. Ejemplos del espacio postsoviético revelan que entidades consideradas inicialmente como “títeres” han ido construyendo sus propias identidades e incluso han emergido como aliados de Occidente y vehementes opositores a sus antiguos dominadores, llegando a romper hasta con los imaginarios que en algún momento los unían bajo un mismo Estado. Por otro lado, hay que profundizar en la idea de si es necesario continuar con las agendas bélicas como única forma de construcción de nuevos espacios de independencia, o si el ser humano puede llegar a una etapa más pragmática y funcional a su interés primordial de supervivencia y de calidad de vida.

Territorios como Cachemira, Kosovo, Nagorno Karabaj, el Sáhara Occidental, Ginebra, Taiwán, Transnitria, Crimea y el Donbas podrían beneficiarse de esta independencia supervisada. La lógica del siglo XXI exige soluciones administrativas y pragmáticas, sin imposiciones externas, permitiendo que la población tome decisiones cruciales. En este proceso, la ONU asumiría el papel de garante, apoyando al proceso con el enorme aparataje burocrático que ha llegado a construir. La implementación de un protocolo respaldado por misiones de la organización podría supervisar procesos electorales transparentes. En caso de rechazo por parte del Estado dominante, se identificaría la injerencia extranjera, activando el principio de seguridad colectiva y recurriendo a las misiones de paz. Si la independencia obtuviera respaldo, la ONU supervisaría la transición para asegurar el establecimiento sólido del nuevo Estado.

Esta propuesta reconocería la posibilidad de fragmentación de Estados como un ciclo normal de la evolución humana, reconociendo que la mutabilidad del ente estatal no debe descartarse, peor aún defenderse a través de la vía armada. La disolución de Checoslovaquia sirve como ejemplo jurídico inicial, proveyendo un marco para desarrollar procesos adaptados a circunstancias específicas y a las aspiraciones de las generaciones futuras. En última instancia, abogar por esta aproximación podría ofrecer una vía hacia una diplomacia más efectiva y sostenible en el escenario global actual. Claro que esta es una propuesta inicial, que merece un profundo análisis, y sobre todo de una comunidad que la respalde y transversalice.

La lucha por la paz es una agenda que filósofos han planteado desde hace siglos, y el ciudadano común ha mantenido en su corazón, probablemente desde antes de la escritura, aunque esto último es solo una corazonada. En cualquier caso, la humanidad debe encontrar las formas para que las siguientes páginas de su historia estén menos teñidas de sangre. Con nuevas herramientas esto sería más viable, pero el primer paso está en plantearles y comenzar un nuevo debate. La Organización de Naciones Unidas debe cambiar antes de que le ocurra lo que le pasó a la Sociedad de las Naciones, oxidarse y colapsar bajo su propio peso.

Riesgos y desigualdades en las crisis climática y ambiental

Soledad Nión Celio
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Riesgos y desigualdades en las crisis climática y ambiental

Las crisis climática y ambiental no son vivenciadas de una única forma. Para cada persona, la realidad es lo que resulta próximo y conocido, algo que se construye colectivamente a partir de las creencias, conocimientos cotidianos, normas sociales y rutinas establecidas localizadas en un lugar específico. Esto significa que las acciones y estrategias para enfrentar los retos que proponen el cambio climático y ambiental no tienen socialmente una única definición, por lo que las respuestas ante sus desafíos también son diversas.

Lejos de ser cierto que la heterogeneidad de percepciones en relación a los riesgos ambientales es consecuencia de la falta de disponibilidad o de capacidad de comprensión de la información, las ciencias sociales han mostrado que estas diferencias se deben principalmente a cuestiones vinculadas a las desigualdades materiales y socioculturales arraigadas estructuralmente. La evidencia nos dice que la cantidad de información sobre los riesgos ambientales en la salud no tiene relación con cómo se actúa en relación a los problemas que son identificados. 

Desde los años ochenta, existe interés en comprender cómo se construye la percepción de los riesgos en diferentes públicos (académicos, técnicos, decisores de políticas, público en general) vinculada a los peligros ambientales generados por el desarrollo tecnológico e industrial y los patrones culturales de consumo. Diversos autores  han  mostrado que la percepción sobre los riesgos ambientales y de salud se construye en gran medida en base a definiciones de riesgos que se imponen sociopolíticamente, es decir, a partir de quienes tienen la potestad de definir los problemas en los ámbitos de decisiones políticos y técnicos.

Los “multiversos” que coexisten en torno a la definición de la crisis climática y ambiental se dan en los diferentes ámbitos. Científicos y decisores políticos perpetúan divergencias en los modos de definir el problema y plantear posibles soluciones. Como menciona la politóloga y activista ambiental argentina Flavia Broffoni, “quien define el concepto controla el debate”. 

Por ejemplo, en Uruguay, a mediados del 2023 se decretó desde el gobierno una crisis hídrica definida desde movimientos sociales, ámbitos académicos y diversas manifestaciones autoconvocadas como consecuencia del “saqueo” de los modelos productivos hegemónicos del agua. Esta “crisis hídrica” salió a la luz a partir de la falta de agua potable sobre todo para pequeños productores de la zona metropolitana como nunca antes había sucedido en el país. No obstante, este problema se viene denunciando desde hace años. 

Heterogeneidad de definiciones sobre riesgos ambientales

La realidad está cargada de significados a partir de los conocimientos socialmente validados y está construida bajo estructuras de poder. La definición de los riesgos ambientales y climáticos es un campo de disputas donde se entrecruzan saberes técnicos y populares con intereses, relaciones de poder y la legitimación del conocimiento por parte de las propias sociedades. Todo depende de cómo definimos progreso, desarrollo, tecnología, bienestar, naturaleza y participación, entre otras cuestiones. 

La problematización de las crisis climática y ambiental implica definir socialmente los riesgos asociados a ellas en competencia con los riesgos vinculados al crecimiento económico  y el progreso científico-técnico. Cómo se decide atender las consecuencias de eventos climáticos cada vez más extremos, la  falta de acceso a servicios ambientales de calidad para la vida (agua,  aire) o la disponibilidad de espacios para el cultivo de alimentos, se enmarcan en procesos de selección de riesgos definidos por la ciencia o por la política. No solo importa qué sabemos, sino qué podemos hacer con lo que sabemos, individual y colectivamente. 

Las respuestas a cuáles son los riesgos y problemas  y cómo se deben atender son diversas, y, muchas veces, contradictorias entre sí. Existen debates sobre cuáles deberían ser los criterios de valoración de los riesgos ambientales, según los grupos o referentes sociales que se analicen. La imposición narrativa en relación a estas definiciones de riesgos y sus consecuencias tiene impactos económicos, sociales y ambientales significativos. Estas imposiciones se dan tanto dentro de países entre grupos socioeconómicamente hegemónicos, como así también entre países o regiones “más desarrolladas” sobre otras que  reciben el peso del modelo de desarrollo también en sus consecuencias. 

Las causas y consecuencias de las amenazas globales, como la proliferación de enfermedades y los eventos climáticos son distribuidas de forma desigual en el planeta, así como los recursos para afrontarlas.

Desigualdad y alternativas 

Existe una deuda poco mencionada en ámbitos técnicos y políticos que tiene que ver con las responsabilidades y las causas vinculadas a las múltiples desigualdades que se generan y profundizan en este contexto de crisis climática. A pesar de la gravedad de la situación que atraviesa el planeta socio ambientalmente, muchos países aún no ratifican el Acuerdo de Escazú (que establece como norma internacional la participación social amplia, la justicia y el acceso a la información en materia ambiental) y son pocos los que consideran la deuda socioecológica. Muy por el contrario, el clima de violencia hacia activistas y movimientos ambientales se ha recrudecido en la región en los últimos años,  y las condiciones de las poblaciones más desfavorecidas socioeconómicamente se siguen deteriorando. 

Algunos ámbitos académicos han salido del esquema netamente de generador de conocimienros científicos, para proponer y procurar transformaciones concretas que atiendan las multiples desigualdades. Quienes abogan por el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, por ejemplo, sostienen que la transición energética, social y digital debería diseñarse desde los territorios que cargan con el sacrificio material, cultural y ambiental de salvar al planeta. 

En un contexto donde las definiciones de la crisis ambiental no son únicas, donde el exceso de información no soluciona problemas y donde existen diferentes responsabilidades geopolíticas en relación a los riesgos planetarios, es necesario discutir sobre los mecanismos que podrían revertir las desigualdades sociales que se reproducen y profundizan en el planeta. Lo anterior supone la aceptación de las múltiples realidades que coexisten en torno al tema, tomando las narrativas académicas y políticas como construcciones cargadas de sentido, visibilizando las estructuras que perpetúan los mecanismos de desigualdad y dando espacio a las soluciones alternativas con licencia social.

¿El voto electrónico puede salvar la democracia?

Fernando Barrientos
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¿El voto electrónico puede salvar la democracia?

El 3 de diciembre se llevó a cabo un referéndum consultivo en Venezuela relativo al territorio de la Guyana Esequiba disputado con la República de Guyana. Las cinco preguntas que se pusieron a votación se resumen en estar a favor o en contra de que Venezuela integre ese territorio y desconocer la delimitación derivada de un laudo de 1899. Según datos oficiales, el sí ganó rotundamente. Si bien los medios no gubernamentales reportaron una marcada baja participación, el Consejo Nacional Electoral (CNE) señaló que habían votado poco más de 10.5 millones de personas, es decir, el 50% de los electores registrados. Pero, extraoficialmente, se calcula que apenas votaron poco más de 2 millones, en su mayoría empleados de gobierno y militares obligados por las autoridades gubernamentales. 

Además de las particularidades de la “disputa territorial” entre Venezuela y Guyana, los datos sobre la participación llaman la atención por un detalle poco visible. En dicho referéndum se utilizó el sistema de urna electrónica con pantallas táctiles que registra el voto de manera directa e imprime comprobantes que después son depositados por los electores en las urnas. Este sistema se ha utilizado desde 2004, sustituyó el escaneo óptico de votos aplicado entre 1998 y 2003 pero no era muy confiable. A partir de 2012 se automatizó completamente el sistema de gestión electoral: votación, escrutinio, totalización, adjudicación y difusión de resultados. ¿Por qué es importante señalar el sistema de votación electrónica?

Este sistema ha sido puesto en duda desde las elecciones de 2013 debido a que su transparencia depende de la autoridad electoral, encargada tanto de su implementación como de la declaración de los resultados. El CNE se ha ufanado de su estabilidad y seguridad, pues además de imprimir el voto como mecanismo de verificación, tiene un sistema de energía de respaldo y los datos se transmiten por satélite o líneas de teléfono únicas y no por internet. 

Si bien la oposición ha denunciado fraudes electorales, no se referían a la manipulación de los resultados, sino a recortes en las listas de votantes, usurpación de identidad de electores y seguidores del oficialismo que votaban más de una vez. Mantener el sistema de votación electrónica se había considerado como una ventaja para obtener pruebas de manipulación de actas o en el escrutinio de votos; regresar al sistema manual facilitaría el fraude electoral, por ello nunca se puso en duda. Incluso las denuncias de hackeo del sistema o manipulación del software solo se han quedado en meras especulaciones, a pesar de las irregularidades detectadas.

Empero, los resultados del referéndum sobre la Guyana Esequiba dejan una lección muy clara: los sistemas de votación electrónica no son inmunes a la manipulación electoral. El fraude lo operan quienes gestionan las elecciones y emiten los resultados. Los sistemas de votación electrónica pueden convertirse en una pantalla para aparentar integridad. Esto ya se había detectado por parte de la empresa Smartmatic, la misma que diseñó el sistema que utiliza el CNE, en 2017, cuando se eligió la Asamblea Constituyente el 30 de julio. El sistema había contabilizado 6.5 millones de votos, pero la presidenta del órgano electoral, Tibisay Lucena, declaró 8 millones. En las elecciones para gobernadores en octubre de ese mismo año en el estado de Bolívar, 13 máquinas imprimieron las actas, pero agentes militares no permitieron la transmisión automática de la información, sino que lo hicieron manualmente adulterando los resultados y favoreciendo al candidato oficialista e impidiendo el triunfo del candidato opositor, cuyos representantes contaban con las actas que habían emitido las urnas electrónicas. 

Además de Venezuela, solo Bélgica, Brasil, Estados Unidos, Estonia, Filipinas e India han implementado el voto electrónico a nivel nacional. Estonia es pionero: en 2005 se convirtió en el primer país en permitir el voto por internet, e incluso utiliza un sistema de código abierto disponible a cualquier escrutinio público. En las elecciones de 2019 el 44% del electorado votó por internet, utilizando solo su identificación, una conexión a internet y un código PIN. En Brasil se usan urnas electrónicas desde 1996, y desde el año 2000 se utiliza la identificación biométrica, la impresión del voto o no ha sido un tema de avances y retrocesos legales en ese país, pero hasta la fecha se ha implementado progresivamente en todas las elecciones. En México hay diversos proyectos de urna electrónica tanto a nivel subnacional como a nivel nacional, puestos a prueba con éxito por las autoridades electorales desde inicios de siglo. Ya en las elecciones de 2021 el voto desde el extranjero se puede emitir por internet.

La implementación del voto electrónico no un proceso lineal: inicialmente no es social y políticamente aceptado, pero tampoco es un proceso que forzosa y necesariamente deba incorporarse en todas las democracias. En países como Holanda –desde 1965– y el Reino Unido –2000 a 2007–, países cuyas legislaciones permitían el voto electrónico, han debido regresar al sistema de lápiz y papel debido al rechazo social y las sospechas de fraude. “En Holanda sabemos usar papel y lápiz. El cielo no se cayó y no regresamos a la prehistoria”, rezaba una consigna. En Alemania, Noruega, Irlanda y Finlandia este sistema ha sido prohibido después de varias pruebas, y en su mayoría han sido organizaciones ciudadanas, muchas de ellas encabezadas por ingenieros en sistemas, las que han levantado la voz y presionado a los gobiernos para que no se implemente.

Las elecciones son un proceso complicado, y las nuevas tecnologías agregan más complejidad. Los riesgos de fraude pueden aparecer por prescindir de las papeletas de verificación y por la misma complejidad del software utilizado, que depende de especialistas que pueden ser también manipulados. Ahora bien, cualquier nueva tecnología aplicada a los procesos de gestión de las elecciones, como el novedoso blockchain, es factible de utilizarse, pues existen diversas aplicaciones cotidianas en las cuales está presente y ofrece mayor seguridad. El dilema de las nuevas tecnologías no es su factibilidad técnica, sino su uso político. Allí donde se ha rechazado la votación electrónica no fue por el sistema en sí, sino por las sospechas de que puede ser manipulado.

Votar no es una cuestión técnica, es un acto político con consecuencias sociopolíticas muy amplias. Sea por medio de internet como hoy lo podemos hacer, o con fragmentos de cerámica (ostraka) como lo hacían los antiguos griegos, las votaciones generan el mismo resultado: la expresión de una mayoría. La introducción de cualquier nueva tecnología puede hacer eficiente el proceso de gestión de las elecciones, pero no cambia su naturaleza política, y el caso de Venezuela es una muestra de que, incluso con urnas electrónicas, manipular las elecciones siempre es factible.

¿La eliminación de los créditos estudiantiles reducirá la desigualdad en la educación superior?

Camila Mella San Martín
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¿La eliminación de los créditos estudiantiles reducirá la desigualdad en la educación superior?

En Chile, durante las últimas semanas, la discusión sobre “el tema del CAE” ha vuelto a la palestra en el contexto del debate constitucional y la aprobación del Presupuesto 2024. Para contextualizar, es necesario mencionar que el Crédito con Aval del Estado (o CAE), tal como su nombre lo indica, corresponde a un crédito otorgado por el sistema financiero a las instituciones de educación superior acreditadas para financiar los aranceles de estudiantes con dificultades económicas acreditadas y en donde el Estado opera como garante o aval hasta que el beneficiario/a haya pagado por completo su deuda. Su creación en 2005 y posterior regulación en 2012 se vincula con el proceso de expansión de la educación superior en Chile, caracterizado por el crecimiento de la matrícula en el sector privado, y de las movilizaciones de 2011, cuya principal demanda exigía el “fin del lucro” en educación y en donde Gabriel Boric fue uno de los principales dirigentes estudiantiles. Una década después, en plena campaña presidencial, la “condonación del CAE” se transformó en una de las promesas de campaña del Frente Amplio y de su candidato Gabriel Boric, hoy presidente de Chile. Según datos de la Subsecretaría de Educación Superior (2022), existen cerca de 670.000 deudores del CAE. 

A partir de lo anterior, la discusión sobre “el tema del CAE” ha sido enmarcada dentro del cumplimiento del programa de gobierno, pese a que ha suscitado divisiones al interior de la coalición. Por su parte, la discusión técnica ha encuadrado el debate en torno a la necesidad de crear un nuevo sistema de financiamiento, argumentando que la superación del CAE implicaría una modernización hacia un uso más adecuado de los recursos públicos para terminar con las deudas individuales y bancarias.

Según datos de la Subsecretaría de Educación Superior (2022), el 23% de los deudores/as del CAE no terminó sus estudios. Sin lugar a duda, abordar “el tema del CAE” es una medida necesaria por diversos motivos. Por un lado, permite oxigenar al sistema de educación superior, pues la política de créditos resultó ineficiente como fuente de financiamiento, considerando la creciente demanda por formación universitaria y técnico-profesional. Por otro lado, apacigua (de cierta manera) la presión del endeudamiento estudiantil como un posible catalizador de movilización política, como un símil de las demandas de 2006 y 2011. Sin embargo, es necesario plantear una discusión de fondo: ¿la eliminación del CAE reducirá la desigualdad en la educación superior? Todo hace presagiar que no.

En primer lugar, porque si bien el CAE fue una medida insuficiente para reducir la desigualdad de acceso, sí cumplió con el objetivo de debilitar las barreras económicas de entrada. La literatura muestra que, al menos hasta 2017, la democratización y posterior regulación de los créditos estudiantiles permitió reducir el efecto que los recursos económicos del hogar tienen en la probabilidad de acceder a la educación superior. Sin embargo, esta política no afectó de igual manera a la probabilidad de acceder a distintas instituciones de educación superior, pues no tuvo efecto significativo en el acceso a las instituciones más selectivas: las universidades integrantes del Consejo de Rectores.

En segundo lugar, porque reducir el CAE a una herramienta de financiamiento es una medida cortoplacista en términos de política educativa. La investigación en desigualdad en educación superior continúa (de cierta manera) enfocada en los efectos de la reforma educativa de 1981 (aquella que la expandió, pero privatizó), sin volver a pensarla como un todo. Ejemplo de ello es la falta de diálogo del efecto de medidas como los cambios en el sistema de admisión, la política de financiamiento y los problemas de retención y titulación oportuna. La literatura muestra que, por ejemplo, la gratuidad ha aumentado el número de postulaciones a las instituciones más prestigiosas, pero las barreras económicas y socioculturales de acceso continúan influyendo, segmentando las probabilidades de acceso. En este sentido, las “oportunidades reales” de los/as jóvenes de sectores menos aventajados siguen limitadas a los recursos socioculturales del hogar, pese a que la política de gratuidad ha ampliado el espectro de las “oportunidades posibles”. 

En tercer lugar, porque si bien la discusión sobre el financiamiento de la educación superior es importante, también lo son las políticas de acceso, retención y titulación oportuna. En este sentido, la evidencia señala que se requieren políticas educativas que se hagan cargo de las brechas socioculturales y socioemocionales entre jóvenes de distinto origen social que, sin bien son adquiridas en niveles educativos anteriores, son potenciadas por la actual estructura del sistema de educación superior. Al respecto, cabe señalar que la mayoría de las iniciativas de bienestar estudiantil dependen de las mismas instituciones de educación superior.

En relación con los puntos anteriores, el XII Congreso Latinoamericano sobre el Abandono en la Educación Superior (celebrado en la Universidad Católica de Temuco entren el 22 y 24 de noviembre) fue ilustrativo en mostrar todos aquellos problemas que persistirán pese a la eliminación del CAE. Si el objetivo es reducir la desigualdad en educación superior, tan importante como es hablar de financiamiento y acceso es pensar en la trayectoria al interior de este nivel educativo. En este sentido, existe un debate pendiente en torno a qué políticas públicas requiere un sistema de educación superior que nunca había sido tan masivo y diverso. Para ello, las recomendaciones apuntan hacia la reestructuración de los planes de estudio, la actualización de estrategias pedagógicas y registros administrativos, y la colaboración de los gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil. 

Que todo esto permita la eliminación del CAE.

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