Carlo D. Mesa Gisbert, presidente de Bolivia entre el 17 de octubre de 2003 y el 9 de junio de 2005, conversa con Manuel Alcántara, uno de los grandes expertos de la política de América Latina. El político, periodista e historiador que llegó a la presidencia como sucesor de Gonzalo Sánchez de Lozada, del que fuera su vicepresidente, tras su renuncia y quien renunció a su vez a su propio mandato debido a movilizaciones de los movimientos sociales, lidera hoy la oposición de su país.
Latinoamérica vive una erosión democrática veloz. Muchos presidentes de la región han emprendido ataques contra instituciones que no se alinean a su órbita de poder y el poder judicial es una de ellas. Autores como Montesquieu o Madison dijeron que el objetivo de los tribunales constitucionales es resguardar la Constitución e impartir justicia. Otros como Alexander Bickel lo consideran el poder más débil, ya que no cuenta con el respaldo popular como el poder ejecutivo ni tampoco con el factor económico como el poder legislativo. Sin embargo, la realidad ha superado la teoría y ha demostrado que las y los jueces son garantes de los equilibrios políticos cuando son independientes, pero si son cooptados, entonces el autoritarismo avanza.
Los países que son autocracias, como Venezuela, tempranamente iniciaron la persecución de jueces. En 2009 la jueza María Lourdes Afiuni fue una de las primeras presas del régimen luego de que dictara una medida de libertad condicional para un banquero. Esto no gustó al presidente Hugo Chávez, que dijo: “La pena máxima a esta jueza, 30 años de prisión, pido yo en nombre de la dignidad del país».
Actualmente la justicia venezolana está alineada al chavismo, ya sea por la cohesión o por interés, y los jueces no garantizan la independencia judicial. Otro caso es Nicaragua: la nación gozaba de una incipiente democracia y fue durante su primer mandato cuando Daniel Ortega elevó el número de jueces para que en 2009 el pleno del máximo tribunal avalara su reelección indefinida.
Catorce años después, Ortega sigue en el poder y ha dado otro golpe a la justicia nicaragüense. El 6 de noviembre de 2023 la vicepresidenta, primera dama y coordinadora de Comunicación Social, Rosario Murillo, se autoproclamó presidenta del Poder Judicial. Con su llegada se ha iniciado una purga en este poder, que se ha traducido en 150 renuncias y el nombramiento de 10 nuevas magistraturas.
Como podemos ver, las autocracias moldean el régimen a su imagen y semejanza. En estos casos, el poder judicial queda supeditado al poder político. Estos son los casos más extremos, pero no los únicos, ya que al analizar democracias híbridas encontraremos otros.
En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó a atacar a la Suprema Corte luego de que se eligiera a Norma Lucía Piña como su presidenta. La ministra se ha caracterizado por mantener una lejanía del poder y sobre todo por garantizar el equilibrio entre poderes. Esto ha desatado la molestia del ejecutivo, al punto de que ha declarado que para los comicios de 2024 quiere que Morena gane la mayoría en el congreso y con ello realizar una reforma para que jueces, ministros y magistrados sean electos por voto popular.
Sus embates también se han materializado en descalificaciones desde la conferencia mañanera, en la reducción de presupuesto al poder judicial y en la aprobación de una iniciativa que desaparece 13 de 14 fideicomisos de este poder, de los cuales 6 afectan directamente a los trabajadores y no a los altos mandos como sostiene el ejecutivo.
En Centroamérica, tres países también han protagonizado ataques contra los jueces. En 2021 la Asamblea Nacional de El Salvador destituyó a 5 magistraturas de la Sala de lo Constitucional y nombró a nuevos perfiles cercanos a Nayib Bukele. El objetivo era que los jueces aprobaran la reelección presidencial, la cual está prohibida por la Carta Magna.
La Sala determinó que la reelección es un derecho humano y un mecanismo para premiar buenos gobiernos. La única restricción que se le impuso fue que debe separarse 6 meses antes de la presidencia para poder contender nuevamente. El próximo año Bukele estará en la campaña para buscar su reelección.
En febrero de 2023 la Asamblea Nacional de Honduras no reunía los votos necesarios para designar a 15 magistraturas de la Corte Suprema, un evento que despertó descalificaciones entre el oficialismo y la oposición. Luego de llegar a acuerdos, los jueces pudieron ser nombrados, pero esto no ha evitado que el oficialismo descalifique algunos perfiles.
Más al sur, en Argentina, el peronismo inició una serie de ataques contra 4 jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El presidente Alberto Fernández los acusó de ser parciales y servir a la oposición, luego de que a través de una sentencia se ordenara que se debía dar más presupuesto a la Ciudad de Buenos Aires. El oficialismo en la Cámara de Diputados inició un juicio político en contra de los jueces, el cual solo prosperó en comisiones, ya que no cuentan con la mayoría calificada para concretarlo.
Por último, Bolivia es el único país que elige mediante voto popular a las y los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia. El método es cuestionado desde la política y la academia, ya que las personas juzgadoras cuentan con un respaldo de las urnas, pero esto no significa que garantizan la independencia judicial o juzgan con imparcialidad. Sobre todo en un país que ha sido gobernado desde 2006 por un solo partido.
Para diciembre de 2023 estaban previstas las elecciones judiciales. Sin embargo, las disputas entre el presidente Luis Arce, el expresidente Evo Morales y el partido Movimiento Al Socialismo produjeron que la convocatoria y registros no salieran a tiempo. Considero que hubiera sido un buen caso de estudio para dar seguimiento al proceso y analizar los perfiles que pudieran resultar electos y con ello sostener la parcialidad de los juzgadores.
La exposición de estos casos es una muestra de que el poder judicial se encuentra amenazado por el autoritarismo y el populismo de algunos líderes. No son hechos aislados, sino que responden a un fenómeno regional que debe ser analizado de forma conjunta. Para concluir este texto, quisiera invitar a la reflexión de las y los lectores a través de dos citas.
El juez de circuito Learned Hand dijo una vez: “En las sociedades en las que se pierde la moderación, ningún tribunal puede ser salvado; en cambio, en las que persiste la civilidad, ningún tribunal necesita ser salvado”.
La segunda pertenece a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de México, Norma Lucía Piña, que dijo: “Un tribunal es virtuoso en la medida en que ejerce su independencia cuando está amenazada. La misión de los tribunales constitucionales no es complacer mayorías políticas en turno, sino hacer valer la Constitución”.
La COP28 tuvo, de manera sorprendente, una suerte de final feliz en la calurosa ciudad de Dubái, a unas cuantas millas de distancia de las mayores reservas de gas del mundo. Con un enérgico golpe de martillo, Sultan Al Jaber, presidente de la COP28, dio por clausurada una conferencia que estuvo al borde del fracaso. “El mundo debe emprender un nuevo camino –dijo Al Jaber–. Siguiendo nuestra Estrella Polar, encontramos este camino».
Como es bien sabido, la Abu Dhabi National Oil Company, la compañía dirigida por este sultán, estará invirtiendo al menos 150.000 millones de dólares durante los próximos cinco años para aumentar la perforación de las reservas de gas y petróleo. La euforia reinante en la lujosa sala de Dubái era, también por ello, justificable, si se toma en cuenta que el grupo de países exportadores de petróleo, encabezados por Arabia Saudita, habían logrado la redacción de un texto en el que no se mencionaban ni la eliminación gradual de los combustibles fósiles ni la ampliación de las energías renovables.
La verdad es que, a pesar de todas las dudas, de por sí justificadas, el resultado del primer balance mundial de la COP28 puede ser considerado un logro sustancial, que servirá de base para las próximas negociaciones climáticas a nivel global. A pesar de que no se acordó, de manera clara, una salida de los combustibles fósiles, se pudo redactar un texto que mantiene en pie “hacer una transición que abandone los combustibles fósiles en los sistemas energéticos, de manera justa, ordenada y equitativa, acelerando la acción en esta década crítica, a fin de lograr cero emisiones netas para 2050”. Además de ello, el documento llama a “triplicar la capacidad de energía renovable a nivel mundial y duplicar la tasa anual promedio global de mejoras en la eficiencia energética para 2030”. También en el capítulo de la mitigación, que fue el más controvertido este año, se plantea el objetivo de “acelerar los esfuerzos para reducir progresivamente la utilización incesante de la energía basada en carbón”.
Aunque parezcan banales, estos tres grandes objetivos de mitigación fueron mucho más controversiales que los temas de financiamiento, que estuvieron en el centro del debate hace un año en la COP27 de Egipto. Por primera vez la Conferencia Mundial del Clima, que reúne a casi 200 países, se pone da acuerdo en poner fin a los combustibles fósiles.
No es nada trivial llegar a un consenso global en torno a una transición que implica muchos riesgos y enormes costos para sectores fundamentales de la economía de no pocos países. Como ya lo había constatado la Agencia Internacional de Energía (IEA), el consumo mundial de carbón alcanzó un nuevo máximo histórico en 2022 y se mantendrá cerca de ese nivel récord este año, debido al fuerte crecimiento en Asia. En 2021, China y la India ya representaban dos tercios del consumo mundial, lo que significa que los dos países juntos utilizaron el doble de carbón que el resto del mundo combinado. En 2023, su participación se acercará al 70%. Como es de suponer, reducir el carbón en estos países implica costos sociales y económicos enormes.
Como bien se sabe, la región, en su conjunto, no está en la lista de los mayores emitentes de CO2, aunque México por separado está en el puesto 14. Sin embargo, la región no queda exenta de las dificultades de eliminar la producción de carbón. Por lo menos tres países deberán tomar decisiones cruciales para abandonar la extracción de carbón: Colombia, México y Chile, entre otros. Aunque no tenga la importancia de China en el consumo, Colombia es el quinto mayor exportador de carbón del mundo. “El principal rol del carbón en Colombia no es la generación de energía, sino de divisas”, dice Paola Yanguas-Parra, economista de política y transición energética del Fossil Exit Group de la Universidad Técnica de Berlín.
Chile, por su parte, cuenta con 28 centrales termoeléctricas para la producción de energía en base al carbón. En México, las carboeléctricas produjeron el 10% de la electricidad en 2020 y emitieron el 22% del total de GEI del sector energético, según cálculos de Iniciativa Climática de México. Según los expertos, la política energética en México pasó de la expansión de proyectos de energías renovables a priorizar el uso de combustibles fósiles y a promover el dominio del Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (PEMEX).
Aparte del carbón, la extracción de petróleo continúa siendo un reto para algunos países latinoamericanos. Según la IEA, tres países de la región jugarán un importante papel en el nuevo auge del petróleo en el mundo: Brasil, Guyana y Argentina. Argentina experimenta un crecimiento en su producción de petróleo y gas gracias a Vaca Muerta, uno de los mayores yacimientos de gas y petróleo de esquisto en el mundo. Guyana está captando el centro de la atención después de haber sido descubiertas de reservas probadas de crudo, que podrían llevar a producir 1,2 millones de barriles diarios para 2028. Esto convertiría a Guyana en el país con mayor producción de barriles per cápita, superando a Kuwait.
Ante estas perspectivas, es comprensible que este país pierda el interés por renunciar a la extracción de petróleo. Brasil, el país más grande de América del Sur, ha duplicado su producción de petróleo en los últimos 20 años, alcanzando los 3 millones de barriles por día en 2022. La verdad es que Brasil tuvo poco tacto en la COP28 al anunciar su ingreso en la OPEP+ después de haber prometido alejarse de los combustibles fósiles. Es bien sabido que históricamente Venezuela, México, Ecuador y Colombia han sido líderes de la producción petrolera en la región.
La relación de Lula con el petróleo es complicada y ambivalente. Cuando se descubrieron enormes reservas en las costas brasileñas en 2006, Lula dijo: “Este descubrimiento… demuestra que Dios es brasileño”. No solo en Brasil, sino también en Ecuador y Venezuela, la fase extractivista, estimulada por los aumentos acelerados de los precios de petróleo, ayudó a financiar los programas sociales en beneficio de los pobres. Para lograr una transición justa en Brasil y Colombia será necesario formular una estrategia de largo plazo en la que tanto la tarificación del carbón como el cambio de la matriz energética deberán cumplir un papel importante.
En muchos países de América Latina, África y Asia una transición justa hacia economías con cero emisiones es, bajo las actuales condiciones, prácticamente imposible. La carga de la deuda externa creció exageradamente sobre todo después de la pandemia del Covid-19 y se ha acentuado con la subida de las tasas de intereses en los países acreedores. La estructura de los acreedores de la mayoría de países latinoamericanos ha cambiado en los últimos años. Los tenedores privados se han convertido en los acreedores más importantes.
Como lo indica la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), “a pesar de los perfiles relativamente favorables de amortización de la deuda soberana, la considerable necesidad de refinanciar la deuda a corto plazo expone a los países a la volatilidad del mercado, sobre todo cuando suben las tasas de interés”. Bajo estas condiciones, la financiación climática en forma de créditos es bastante cuestionable. Por eso las críticas de muchos lideres de países en desarrollo hacia las naciones ricas como Estados Unidos, Europa y Japón son más que justificadas.
La dinámica y los resultados de la COP28 y del Acuerdo de París parecen contradecir los análisis de las relaciones internacionales basados en el llamado neorealismo. También en esta recién finalizada conferencia climática se ha podido observar que con el Acuerdo de París y actores claves como el Grupo Internacional de Cambio Climático (IPCC) ha surgido una institucionalidad internacional que no puede ser cuestionada tan fácilmente. El intento frustrado de Arabia Saudita de boicotear la conferencia es una muestra de ello.
Un enfoque constructivista podría permitirnos obtener un análisis más acercado a la realidad de la cooperación climática. Dicho enfoque podría ofrecer una visión más amplia, especialmente para gobiernos que como el de Brasil debieron afrontar una posición ambivalente al pedir de los países ricos compromisos que ellos mismos no están en condiciones de cumplir. Por su parte, la iniciativa mostrada por el gobierno colombiano podría verse coronada con el éxito si va acompañada de una visión más pragmática de las relaciones internacionales.
Si bien es cierto que el acuerdo logrado no es jurídicamente vinculante, el mensaje para los gobiernos y los lideres empresariales es bastante claro: el abandono de los combustibles fósiles y la promoción de las energías renovables son prácticamente imparables. Esto es así porque el cambio climático es una amenaza para todos por igual. Pensar que por tener ejércitos más poderosos o sistemas financieros más estables se está en mejores condiciones de afrontar el problema es tan ilusorio como pregonar un negacionismo populista del problema. En cualquier escenario los daños y las perdidas serán tan considerables como el malestar y la protesta ciudadana.
Partiendo de un enfoque constructivista, la única alternativa razonable es la de desarrollar estrategias inteligentes de mitigación y adaptación. Muchos actores deberán cuestionar incluso el concepto Sur Global, que hasta ahora tiene una connotación, si no contradictoria, por lo menos muy difusa y poco operativa a la hora de implementar estrategias razonables contra el cambio climático. Si tanto Arabia Saudita, país negacionista del cambio climático, como China, el más grande emitente de gases, son, entre otros similares, parte del Sur Global, muy difícilmente se podrán compaginar los intereses de los países centroamericanos y los estados insulares, tan vulnerables al cambio climático, con los de dichos países.
Colombia, Chile o Brasil son países latinoamericanos miembros de la llamada Coalición de Asociaciones Multinivel de Alta Ambición (CHAMP) para la acción climática, establecida con el fin de mejorar la cooperación en la planificación, financiamiento, implementación y monitoreo de estrategias climáticas, incluidas, entre otras, las determinadas a nivel nacional. Tanto Alemania como la Unión Europea son igualmente miembros de dicha coalición. América Latina y el Caribe ofrecen enormes potenciales para desarrollar un liderazgo global por una transformación justa. Por eso es importante estrechar la cooperación climática al interior de la región buscando puntos de consenso para lograr una alianza contra el negacionismo.
La dolarización fue el elemento medular en la campaña de Javier Milei y, sin lugar a dudas, una de esas propuestas pragmáticas y sin medias tintas que más caló en el electorado argentino (en contraste, por ejemplo, con los estilos más graduales de Macri y Bullrich). Con una inflación interanual de 148% en noviembre según el Instituto Nacional de Estadística – INDEC (sólo superada por el Líbano y Venezuela), no es sorprendente que la idea de desterrar la inflación “a la mala”, aún si deja muertos y heridos en el camino, conecte poderosamente con la población en este momento. Lo cierto es, sin embargo, que los efectos colaterales de la dolarización son demasiado importantes para ignorarlos y los costos que esto acarrea pueden resultar abrumadores respecto a los beneficios.
Pero pongámosle algo de color al asunto (con el perdón de los mecánicos): Dolarizar la economía argentina es como ponerle llantas de un tractor Caterpillar a un Volkswagen escarabajo. Si pensamos en la inflación como los baches de una carretera muy mal mantenida, los descomunales neumáticos instalados en el pequeño vehículo (asumiendo que tal instalación es posible) claramente permitirán sortear estos obstáculos sin dificultad. Sin embargo, el entusiasta conductor, aunque satisfecho de haber vencido las molestias de la inflación, difícilmente podrá maniobrar con libertad en las curvas más cerradas y, en general, frente a cualquier situación que requiera agilidad en el manejo.
Por ejemplo, si la ominosa nube negra de una crisis internacional se aproxima en el horizonte, un conductor sensato probablemente decidirá salir del camino en el que se encuentra para tomar un desvío que lo aleje de la tormenta o que, al menos, le permita tener suficiente tiempo de prepararse antes de su inevitable arribo. La capacidad de maniobra se vuelve de suma importancia en este contexto.
Esto es precisamente lo que hace un Banco Central responsable cuando se enfrenta a choques externos que puedan a) reducir el crecimiento económico por debajo de su potencial, o b) presionar la inflación a niveles superiores al objetivo (usualmente entre 2% y 4%). Con eso en mente, una Argentina que usa de forma oficial el dólar americano y que no tiene una moneda propia, aunque ciertamente resolverá el problema de la inflación descontrolada que padece hoy, perderá la capacidad de hacer las maniobras de política económica necesarias para suavizar los efectos adversos sobre la economía.
Es decir, al igual que nuestro heroico conductor que sufre para maniobrar este bólido casi mitológico que nos hemos inventado (mitad escarabajo, mitad tractor), dolarizar la economía argentina, aunque ofrece una solución directa a uno de los problemas más apremiantes para el ciudadano de a pie, le pone una camisa de fuerza a la política económica del país que limita severamente su capacidad de respuesta frente a las tormentas económicas que inevitablemente caerán a lo largo del camino. Esto puede crear problemas de más largo plazo y con efectos más complicados de revertir como un bajo crecimiento potencial crónico, baja productividad y la perpetuidad de altos niveles de pobreza, por mencionar algunos.
Pero seamos más específicos. ¿Cuáles son estas maniobras disuasivas que puede realizar un banco central y que se perderían si Milei opta por el cambio de llantas de la dolarización? Enfoquémonos en las dos más importantes: 1) El ajuste de la tasa de interés de referencia, y 2) la capacidad de devaluar la moneda.
La tasa de referencia es un instrumento de política monetaria que busca influenciar en las tasas de mercado de corto plazo (y eventualmente en las de largo) en la dirección que el Banco Central requiera para flexibilizar o endurecer las condiciones financieras y, con ello, acelerar o enfriar la economía, dependiendo de la prioridad del momento (usualmente bajo crecimiento o alta inflación, aunque en los últimos años esta dicotomía ha tomado matices más complicados). Esta capacidad de suavizar los ciclos económicos resulta clave para cualquier país porque permite amortiguar los efectos nocivos de la inflación y de un bajo crecimiento sobre los más vulnerables. Con la dolarización, Argentina perdería esta capacidad (junto con otras herramientas de política monetaria).
El otro elemento fundamental con el que cuenta un Banco Central para hacer frente a shocks externos es la capacidad de devaluar su moneda. Expliquemos esto abstrayéndonos temporalmente de los controles cambiarios que existen en Argentina actualmente: En una economía con un tipo de cambio flexible, el valor de la moneda fluctúa como respuesta al balance entre oferta y demanda por esa divisa. Este balance está fuertemente asociado a la balanza comercial del país. Si existe un superávit comercial (el país exporta más de lo que importa), existirán presiones al alza sobre la demanda de su moneda y sobre su valor porque ingresará una mayor cantidad de moneda extranjera (digamos dólares) por las exportaciones, con respecto a la cantidad de dólares que salen de la economía para pagar por importaciones. En esta situación, los dólares serán convertidos por los exportadores a la moneda local (digamos pesos) para pagar planillas, impuestos, etc. presionando su valor al alza. Es decir, en términos muy simplificados, una economía que exporta más de lo que importa ve su moneda apreciarse y viceversa.
Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si frente a un nuevo descubrimiento científico sobre los efectos de la soya en la salud de la gente, la demanda de este importante producto de exportación argentino se cae abruptamente? En tal situación, Argentina necesitará volverse más competitiva internacionalmente para contrarrestar parte del efecto de esta caída en la demanda de soya. Esto implicaría reducir los precios de la soya y de sus otros productos de exportación respecto a sus principales competidores. El mecanismo automático a través del cual un tipo de cambio flexible “ayudaría” a Argentina a enfrentar este choque y hacer sus productos más baratos en el extranjero sigue esta secuencia: 1) El choque negativo a la demanda internacional de la soya reduce las exportaciones argentinas de este producto, 2) las menores exportaciones generan una menor entrada (oferta) de dólares a la economía argentina y una menor demanda de pesos, 3) el peso se devalúa como consecuencia de esto, 4) la devaluación del peso implica que los productos argentinos (a los mismos precios en pesos que antes) son ahora más baratos (en dólares) y están en una mejor posición competitiva respecto a países competidores. Finalmente, 5) esto permite recuperar, hasta cierto punto, el nivel de exportaciones que el país mostraba antes del choque externo. Es decir, el tipo de cambio se ajusta automáticamente para rebalancear (en parte) el desequilibrio en la balanza comercial generado por el shock externo.
En una economía dolarizada, dado que ya no existe una moneda propia que pueda devaluarse, este mecanismo de estabilización automática deja de funcionar y el ajuste frente a los shocks externos puede venir, más bien, a través de una fuerte caída de precios y salarios (deflación).
Este ajuste deflacionario frente a shocks externos conlleva a periodos de crecimiento débil, lo cual, dicho sea de paso, explica buena parte de la historia económica reciente de Ecuador, un país al que se hace constante referencia como ejemplo de dolarización exitosa al haber acabado con la inflación (un efecto casi automático de dolarizar), pero que ha venido creciendo, de acuerdo al Banco Mundial, a una tasa promedio de 2.87% durante los últimos 20 años, un nivel muy inferior al que debería haber experimentado dado su nivel de desarrollo y los superciclos de precios de commodities ocurridos en ese periodo.
Entonces, ahí va nuestro pequeño escarabajo, viéndose extraño con esas llantas que no están hechas a su medida y que le impiden hacer las maniobras disuasivas que necesita para enfrentar los riesgos que se aproximan en el camino. Más allá de si es factible la instalación de los neumáticos de la dolarización (¿se logrará obtener los dólares suficientes para hacer la conversión?), es claro que se pierde mucho más de lo que se gana con estas medidas.
¿Cuál es la alternativa, entonces? Lo primero es reconocer que ninguna solución es sencilla y todas acarrean altos costos. Con eso en mente, pocos economistas discreparán en que el escenario ideal (o first best) es aquel en el que la Argentina mantiene una moneda propia y, con ello, no pierde su política monetaria, la capacidad de realizar devaluaciones competitivas, ni tampoco su rol de prestamista de última instancia (punto también fundamental pero que no desarrollamos en este artículo).
La madre del cordero, sin embargo, está en el consenso político que logre Javier Milei para llevar adelante las reformas necesarias para lograr este first best que significa reparar la autopista de la economía en lugar de ponerle las llantas equivocadas al auto que le tocará conducir por los próximos 4 años. Reparar las vías implica un drástico programa de consolidación fiscal que cierre el déficit y con ello la necesidad de abusar de la tristemente célebre “maquinita” (imprimir pesos para financiarlo) que es la fuente casi exclusiva del incremento explosivo de la inflación en Argentina. Y para muestra un botón (o dos): lo hicieron Chile y Perú en los 80s y 90s. El ajuste fue duro, pero ambos países lograron salir de la crisis, eliminar los controles de precios y mantener décadas de baja inflación y estabilidad macroeconómica.
Sin embargo, los ejemplos de estos dos países también muestran que no es suficiente con tapar huecos y asfaltar la carretera. Las reglas del camino deben estar claras y deben poder ser fiscalizadas. “Curva Peligrosa” y “Disminuya la Velocidad” son señalizaciones que toda carretera de un país serio debe tener y que la economía debe replicar en la forma de, por ejemplo, reglas fiscales con límites claros, la independencia del banco central y provisiones constitucionales que prohíban los controles de precios y el uso de subsidios como armas políticas. Esto implica que las reformas estructurales vengan acompañadas de una reforma constitucional profunda.
Finalmente, declarándome un acérrimo aficionado a las analogías basadas en profesiones de las que no sé absolutamente nada, acá les dejo una más (esta vez con el perdón de ¿los bomberos?): Dolarizar la economía argentina es como intentar apagar una vela con un extintor. Si bien se logra apagar la peligrosa llama de la inflación, se sofoca también todas las demás llamas que son vitales para una economía saludable, como la capacidad de afectar las condiciones financieras a través de la tasa de referencia, la posibilidad de devaluar una moneda propia, y el rol crucial del Banco Central como prestamista de última instancia. El resultado es dejar a la política económica en una oscuridad incómoda, privándola de muchas herramientas necesarias para hacer frente a las tormentas económicas que se avecinan. Dejo a su criterio juzgar si la dolarización se parece más a maniobrar un Volkswagen escarabajo con aspiraciones de Monster Truck o a transitar a tientas por un camino lleno de obstáculos.
Cuando el pasado 20 de agosto Bernardo Arévalo, candidato del Movimiento Semilla, se alzó con la victoria en las elecciones presidenciales, parecía que Guatemala daba el primer paso hacia una nueva primavera política. Con un discurso anticorrupción, Arévalo basó su campaña en la necesidad de implementar políticas que fortalecieran a la débil democracia guatemalteca, afectada por escándalos y persecuciones políticas contra empleados públicos y activistas que trabajan en materia de lucha anticorrupción, derechos humanos y medioambiente. Su victoria en las urnas supuso un punto de inflexión con la manera tradicional de hacer política en el país centroamericano y evidenció el rechazo de los votantes hacia el establishment político guatemalteco, encarnado en la figura de la que un día fuera primera dama, Sandra Torres.
Sin embargo, las cosas no iban a ser fáciles para Arévalo y su partido. Sólo tres días después de la celebración de la segunda vuelta de los comicios presidenciales, el Ministerio Público pidió al Congreso que suspendiera al partido Movimiento Semilla. El 28 de agosto el partido fue suspendido de manera provisional por una decisión judicial y el 1 de septiembre Arévalo denunció un intento de golpe de Estado para evitar que asumiera el poder. Esto sólo sería el inicio de una batalla que llega la antesala de la toma de posesión del cargo, prevista para el 14 de enero. Así, el pasado 8 de diciembre la Fiscalía General de Guatemala protagonizó un nuevo intento de revertir el orden electoral, presentando los resultados de una investigación con la que acusan al nuevo presidente electo y a su partido de haber cometido actos de corrupción en la constitución y financiación del partido. Además, se apuntó a que el Tribunal Supremo Electoral llevó a cabo ilegalidades en el proceso electoral en el que Arévalo ganó la presidencia de la República.
Arévalo y parte de la comunidad internacional no han tardado a reaccionar frente a los últimos acontecimientos. El presidente electo ha vuelto a hablar de golpe de Estado y hasta la propia Organización de Estados Americanos (OEA) ha calificado las últimas acciones como un intento de golpe en la nación centroamericana. Pero, más allá de la crisis y su ataque a la democracia, la experiencia guatemalteca pone de relieve algunos de los riesgos a los que se enfrentan los regímenes débilmente institucionalizados: la resistencia de los partidos o coaliciones gobernantes para aceptar la derrota, la perversión de las instituciones para ponerlas al servicio de los intereses de la élite que detenta el poder, el abuso de los instrumentos legales, la criminalización de la oposición o el señalamiento de los actores o instituciones que no logran ser cooptadas por el régimen.
Pero esto no es todo. Lo que está ocurriendo en Guatemala también da cuenta del uso perverso de los medios de comunicación y redes sociales en política. Si bien la teoría nos dice que los medios de comunicación juegan un papel clave en la democracia, tanto en lo que concierne a la transmisión de información, como a la socialización política y la fiscalización del poder desde el lado de la opinión pública, en su peor versión contribuyen a la desinformación, la manipulación y el señalamiento. En este sentido, los medios de comunicación tradicionales ligados a la élite guatemalteca han llevado a cabo ataques directos contra el Movimiento Semilla y Bernardo Arévalo. Las noticias falsas han ido desde decir que el presidente electo es ciudadano uruguayo y por tanto no puede asumir la Presidencia, hasta acusarle de “castrochavista” e impulsor de un globalismo que atenta contra los valores tradicionales.
La situación en Guatemala es compleja. El debilitamiento de las instituciones, la impunidad de los actos de corrupción, la crispación social y la persecución de líderes y partidos son solo una muestra de los obstáculos a los que se enfrenta el país centroamericano. Esta crisis política e institucional afecta directamente a la democracia y los derechos humanos de la población, y pone de relieve la necesidad de poner fin a cualquier injerencia de poder indebida y arbitraria. La OEA, el Consejo Nacional Empresarial de Guatemala, múltiples organizaciones sociales y una amplia mayoría ciudadana han alzado su voz para exigir el cese de la persecución a Arévalo y el respeto de los resultados electorales.
Del éxito o fracaso de todas estas acciones depende no solo el traspaso de poderes, sino la salvaguarda y regeneración de las instituciones tras años de corrupción e impunidad. La aceptación de la victoria de Arévalo, no obstante, solo es el primer paso de un largo camino. Para que el nuevo gobierno pueda iniciar un proceso de regeneración es necesario un reposicionamiento de las élites políticas y económicas, las cuales deben decidir si están del lado de la democracia o si prefieren mantener sus beneficios, derivados de la cooptación de las instituciones. Junto a esto, es imprescindible el esfuerzo de los funcionarios y servidores públicos en la lucha contra la corrupción y la arbitrariedad. Por último, el papel responsable de los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. Quizás así la primavera vuelva a Guatemala.
¿Qué ha pasado con la «marea rosa»? Los resultados de los principales procesos electorales que tuvieron lugar en América Latina durante 2023 parecen reforzar la tendencia predominante durante este siglo, que suele otorgar la victoria a las oposiciones. Lo que algunos analistas interpretan esencialmente como un signo de inestabilidad, para otros representa la alternabilidad propia de una cierta consolidación democrática, a pesar de los múltiples obstáculos que la democracia sigue enfrentando en la región. En todo caso, es preciso examinar la situación concreta de cada país por separado.
Liberales y conservadores
Argentina siempre sorprende en política, tanto por los factores que inexplicablemente se mantienen constantes como por aquellos que parecen irrumpir de la nada. El controvertido libertario Javier Milei consumó finalmente su insólito ascenso hasta la presidencia. Lo obtuvo gracias a un discurso rompedor y sin el respaldo inicial de una fuerte organización partidista. Disputó el nicho de la oposición liberal a sus ahora socios de la coalición Juntos por el Cambio.
Cabe sumar el resultado de las elecciones legislativas y provinciales, en las que los liberales obtuvieron un amplio respaldo político que posiblemente les permita iniciar la reforma de las políticas que han llevado a la Argentina al borde de la hiperinflación.
Paraguay, en cambio, es la excepción que confirma la regla de la alternabilidad que viene imponiéndose en las presidenciales de la región hace más de una década. Se reafirmó la hegemonía del conservador Partido Colorado. No solo alcanzó la presidencia el candidato oficialista, el economista y exministro de hacienda Santiago Peña, sino que los colorados también conquistaron la mayoría en el Senado y 14 de las 17 gobernaciones.
Por otra parte, en Chile continúa el largo y polémico proceso constituyente iniciado en diciembre de 2019. Una convención, ahora con predominio del conservador Partido Republicano de José Antonio Kast, elaboró una nueva propuesta y el texto sometido a plebiscito el 17 de diciembre tuvo un resultado paradójico. El mismo electorado que aprobó un cambio de Constitución rechazó el proyecto final. Esto refuerza la postura de quienes abogan por mantener la vigencia de la actual constitución.
Sin Octubre Rojo
Ecuador experimentó un intenso año electoral. Inició en febrero con un plebiscito sobre ocho cuestiones constitucionales y la elección de 5.660 autoridades locales. Los resultados se saldaron con la derrota de la posición defendida por el presidente Guillermo Lasso, agobiado por la oposición de izquierda y por el avance de los carteles de la droga. En mayo, Lasso activó el mecanismo constitucional de la muerte cruzada. Convocó así a elecciones presidenciales para el 20 de agosto, sacudidas por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, crítico del correísmo y del narco. El ganador fue Daniel Noboa, empresario de 35 años, hijo del varias veces candidato presidencial Álvaro Noboa.
A la semana siguiente, el 22 de octubre, la candidata liberal María Corina Machado se impuso con rotundidad en las primarias de la oposición venezolana. Obtuvo 93% de los votos escrutados. En un proceso que se condujo contra viento y marea, organizado por la sociedad civil y evadiendo los obstáculos del régimen autocrático de Nicolás Maduro, más de 2,5 millones de electores se movilizaron dentro y fuera de Venezuela para emitir y contar sus votos manualmente. Con este gesto de desafío cívico, los venezolanos han trazado una vía para afrontar las complejas elecciones presidenciales del 2024.
Y el 29 de octubre tuvieron lugar las elecciones regionales en Colombia. La ruptura del frente que consolidó en el poder al controvertido presidente Gustavo Petro alimentó la ya notable fragmentación del sistema político colombiano. Esto ocasionó que hasta 35 partidos participaran en los comicios. El oficialismo obtuvo la victoria en 9 de los 32 departamentos. Solo tres de sus candidatos vencedores pertenecen al Pacto Histórico. Por otro lado, el petrismo salió derrotado en las principales alcaldías, incluyendo Bogotá. Se evidencia de este modo la pérdida de respaldo popular en su primer año de gobierno.
México y Guatemala
En junio se realizaron elecciones en dos estados mexicanos. Mientras que en el norteño Coahuila el PRI logró retener la gobernación, en el estado de México, el más poblado del país, la candidata de MORENA, Delfina Gómez, puso fin a casi un siglo de hegemonía del PRI. Por otro lado, las primarias del partido oficialista consagraron a la ex jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, como abanderada de MORENA para las presidenciales de 2024. El opositor Frente Amplio, que nuclea al PAN, el PRI y el PRD, llevará como candidata a la senadora Xóchitl Gálvez.
En Guatemala, la victoria del socialdemócrata Bernardo Arévalo en las presidenciales ha estado acompañada de toda clase de obstáculos. Su partido, el Movimiento Semilla, ha sido acusado de fraudes, irregularidades y de registrarse con firmas falsas. El Ministerio Público suspendió su personalidad jurídica. En tanto, el país se mantiene conmocionado por continuas protestas populares. El Consejo Permanente de la OEA expresó, en su resolución del pasado 15 de noviembre, su preocupación por la «excesiva judicialización del proceso electoral».
En resumen, mientras que en Sudamérica se observa un avance general de la centroderecha, en México y Centroamérica las izquierdas resisten o avanzan. Si bien en la mayor parte de los casos se ha producido un cambio democrático de gobiernos, el caso guatemalteco preocupa por los obstáculos judiciales interpuestos. Y, en Venezuela, las fuerzas democráticas libran una lucha cívica que aún aguarda por un importante desenlace en 2024.
*Texto publicado originalmente en Diálogo Político
Un mal día lo tiene cualquiera
Un mal día lo tiene cualquiera. Incluso los Padres Fundadores estadounidenses. Un mal día de finales del XVIII decidieron inventar una figura hasta entonces inédita: la vicepresidencia.
Un buen día también lo tiene cualquiera. Incluso la vicepresidencia. No se ha reconocido suficientemente a Mike Pence, cuya heroica rebeldía frente a Donald Trump frenó el golpe a la democracia del 6 de enero de 2021. Fue mérito del hombre, pero también de la institución: si Trump hubiera pensado en remover a Pence para continuar con el golpe, no habría podido; la Constitución estadounidense no lo permite. El presidente no puede desplazar al vice; ni en Estados Unidos ni en América Latina, que copió la vicepresidencia norteamericana.
Decíamos que un mal día lo tiene cualquiera. Lo tuvieron también los padres fundadores latinoamericanos cuando decidieron copiar la vicepresidencia estadounidense. Y llevan teniendo un mal día tras otro desde hace doscientos años, en tanto no eliminan un cargo que trae innumerables problemas y exiguas soluciones. Pero también en América Latina un buen día lo tiene cualquiera, o casi: Chile y México lo tuvieron, eliminaron la vicepresidencia y comieron perdices hasta el día de hoy, al menos en ese ámbito.
Quien no comprenda esta fiereza contra la vicepresidencia, piense en el brasileño Michel Temer, el salvadoreño Óscar Ortiz, el hondureño Ricardo Álvarez, el peruano Omar Chehade, el ecuatoriano Jorge Glas, el venezolano Tareck El Aissami, el paraguayo Luis María Argaña, el boliviano Álvaro García Linera, el guatemalteco Gustavo Espina… Por mencionar apenas algunos ejemplos.
Para qué sirve un debate
Argentina no se queda atrás. La lista de conflictos vinculados a la vicepresidencia es apenas más breve que la lista de vicepresidentes. Salvando a Víctor Martínez y Gabriela Michetti, todos los demás vices desde el retorno a la democracia chocaron visiblemente con los respectivos presidentes. Por lo tanto, parecería interesante saber, antes de votar, quiénes son los candidatos a vicepresidente.
Para eso se celebraron en Argentina dos debates de vices: uno antes de la primera vuelta y uno antes del balotaje. Ambos compartieron una característica, a saber, se debatió allí cuanto tema pueda concebir la imaginación humana, excepto uno: la vicepresidencia.
Gracias a los dos debates más descabellados en la historia de la televisión argentina, no sabemos absolutamente nada sobre la visión que Victoria Villarruel, vicepresidenta de Javier Milei, tiene del cargo que ocupará los próximos cuatro años. Ni de su papel dentro del Ejecutivo, ni de su rol como presidenta del Senado. ¿Qué responsabilidades le asignará el presidente? ¿Será una vicepresidencia discreta o con gran protagonismo? ¿Qué planes tiene para el Senado? ¿Recortará o ampliará el personal? ¿Sesionará con mayor o menor frecuencia? ¿Potenciará la televisión de la Cámara o la eliminará? ¿Qué haría ante conflictos con Milei? ¿Qué espacio ocupa en su escala de valores la lealtad?
El juramento y la lealtad
Por el artículo 93 de la Constitución, Villarruel asume jurando “desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de vicepresidente de la Nación”. La fórmula no explicita lo fundamental: ¿lealtad a qué, lealtad a quién? En principio se pueden plantear tres opciones: a la Constitución, al presidente o a la nación. Esto podría parecer una formalidad intrascendente, pero es todo lo contrario, por dos motivos.
En primer lugar, lealtad a la nación por encima de todo significa que, ante la eventual obligación de elegir entre la Constitución y la nación, priorizaría la segunda. Es decir que la nación (la voluntad del pueblo) estaría por encima de la ley. No suena muy prometedor para el Estado de Derecho. Más grave aún si significara lealtad al presidente por encima de lealtad a la Constitución: implicaría que, por ejemplo, Pence tendría que haber sido leal a Trump por encima de la ley y dar luz verde al golpe a las instituciones. De modo que la primera conclusión es clara: se trata de lealtad a la Constitución.
Pero ¿qué ocurre cuando la Constitución no está en juego? Ante un conflicto similar al de la Resolución 125, que obligó al vicepresidente Julio Cobos a elegir entre la lealtad a la presidenta y la lealtad a la nación, ¿qué haría Villarruel?
Cobos tuvo la enorme gentileza de concederme una entrevista. Al preguntarle por qué no abandonó el cargo tras su voto “no positivo” contra un proyecto de su propio gobierno, afirmó: “Tenía una obligación institucional con el pueblo, con los que me votaron y los que no; (…) tenía una obligación moral con la historia y el deber de cumplir con el cargo y con el periodo que este determina”. Lealtad a la nación por encima de lealtad al presidente. No todos los vices habrían tomado la misma opción. ¿Qué haría Villarruel?
Gracias a los dos debates más descabellados en la historia de la televisión argentina, no lo sabemos. No es responsabilidad exclusiva de los organizadores: los candidatos tenían la oportunidad de plantearse preguntas unos a otros y ninguno aprovechó para abordar la vicepresidencia, la lealtad al presidente, su criterio ante una situación similar a la de Cobos.
La canción de la primavera
El hit de la primavera argentina 2023 fue “Por sí o por no”, de Sergio Massa. Es un buen formato para preguntarle a Villarruel: ¿qué haría en el lugar de Cobos, renunciaría o permanecería en el gobierno? Y en el de Víctor Martínez, vicepresidente de Alfonsín, ¿abandonaría el gobierno con el presidente o se quedaría para satisfacer la función sucesoria? Y en el de Mike Pence, ¿guardaría lealtad al presidente o se enfrentaría con él?
Dijo un rabino: ante la muerte no tenemos respuestas, sólo preguntas. Ante la vicepresidencia de Villarruel, exactamente lo mismo. Con una excepción: sabemos que Milei no puede destituirla. Ya le habría gustado a Alberto Fernández quitarse de encima a Cristina. Tanto como a ésta le habría gustado cargarse (políticamente) a Cobos. Pero no se puede. Sólo queda confiar en que Milei y Villarruel tengan un buen día tras otro. Como los tiene cualquiera.
El panorama electoral en 2023 es un débil indicador para tomar el pulso político a América Latina si se tiene en cuenta que solamente cuatro países de la región celebraron elecciones presidenciales: Paraguay, Guatemala, Ecuador y Argentina. Si bien la geografía permite concebirlos como una muestra representativa parece evidente que por su demografía y habida cuenta del peso de sus economías no pueden dibujar titulares orientativos generalizables al resto del continente.
Los resultados electorales supusieron victorias de candidatos con márgenes de éxito claro frente a los segundos. Salvo en Paraguay las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo permiten avizorar un panorama muy complicado de confrontación y poca colaboración, además, los gobiernos van a estar liderados por presidentes (todos varones) con muy reducida experiencia política que cuentan con partidos pequeños y con escasa trayectoria. Por otra parte, la alternancia de la oposición se dio en tres de los cuatro países (la excepción es también Paraguay), algo ya habitual en el caso de Guatemala pues se ha producido siempre en los últimos cuarenta años; por último, la orientación ideológica de los ganadores es dispersa ya que cubre buena parte del espectro programático.
En relación con el desarrollo de esos comicios caben registrar tres notas compartidas en los cuatro casos: el mantenimiento de las pautas tradicionales de participación electoral, la desorientación de las casas encuestadoras a la hora de realizar sus prospectivas y el activismo en las redes sociales. En otro orden, Ecuador ha registrado la mayor presencia de la violencia en el proceso con asesinatos de candidatos, y Guatemala, donde el vuelco político fue mayor por el triunfo de una opción política, el Movimiento Semilla, que defiende postulados contrarios a la tradición conservadora y oligarca de las últimas décadas, contempla cómo se ha judicializado el proceso estando todavía en el aire que el candidato vencedor, Bernardo Arévalo, asuma la presidencia en enero.
En términos regionales se ha incrementado la tendencia hacia la fragmentación haciendo más difícil todavía la existencia de una sola voz con la que los países latinoamericanos puedan tener una interlocución internacional. El Grupo de Puebla que da cabida a los denominados gobiernos progresistas ha perdido a Argentina como socio valioso. También el paulatino sesgo hacia China que tienen las inversiones y el comercio exterior puede ralentizarse por la posible posición contraria que adopte el nuevo gobierno argentino.
No obstante, lo acontecido en conjunción con procesos electorales de otra índole, -notablemente en el ámbito municipal colombiano y con respecto al plebiscito constitucional chileno-, con los antecedentes de 2002 y con las proyecciones del ciclo electoral de 2024, permite volver a considerar cuatro asuntos que definen un perfil de comportamiento político que parece consolidarse.
En primer lugar, la presencia de líderes con un bagaje extremadamente diverso, pero dotados del impulso institucional que les brinda el presidencialismo, tiene como un asunto urgente de primera magnitud la construcción y consolidación de una base social que permita la sostenibilidad del proyecto político en marcha. Ello se da en un escenario de sociedades líquidas donde la articulación del propósito colectivo resulta muy compleja. El 55,7% del electorado argentino que ha apoyado a Javier Milei es un contingente desprovisto de toda identidad común como de hecho sucede en la mayoría de los países latinoamericanos. Sin embargo, su simpatía hacía la causa por la que en su momento votaron requiere de continuidad para no entrar de inmediato en el cauce de la desilusión que contribuye tan rápidamente a la desafección política acelerando la democracia fatigada. El fenómeno mexicano tras Andrés Manuel López Obrador es el caso excepcional contrario.
En segundo término, el referido bagaje con el que se mueven los presidentes latinoamericanos y la presidenta hondureña Xiomara Castro está cada vez más nutrido por figuras marcadas por un profundo individualismo y ajenas en su mayoría a toda tradición partidista. Además, su desconocimiento de la política práctica es habitual. Carentes de experiencia previa son catapultados en su oficio por asesores profesionales que no solo controlan el arte de escribir discursos y de orientar las principales estrategias comunicacionales de la campaña electoral sino que ahora son maestros en el uso de mecanismos de inteligencia artificial y en el manejo de las redes sociales que es el principal medio de construcción de una carrera política. Un proceso creado sobre pies de barro que requiere para su éxito en su continuidad de la satisfacción del punto anterior.
En tercer lugar, el denominado frente ideológico, o si se prefiere programático, está desdibujado porque los viejos patrones articulados en el eje izquierda-derecha se encuentran desconfigurados. Si muchas veces la ubicación de la política latinoamericana en ese eje resultó complicada hoy lo es más. Diferentes cuestiones contribuyen a su enredo: la floración de identidades múltiples que se traslapan y el confuso panorama internacional con una lógica aplastante de las relaciones amigo-enemigo articulada en diferentes frentes configuran un mapa en el que resulta muy difícil situarse y en el que, por consiguiente, la confusión se adueña de los actores.
Ello, no obstante, no significa que la polarización no esté presente, pero su traza se gesta gracias a la combinación de tres factores que son insoportablemente recurrentes: el juego suma cero que impone el presidencialismo en torno a la personalización de los comicios donde las candidaturas individuales son el factor preponderante; la articulación de las campañas electorales por parte de profesionales de la consultoría que exacerban los aspectos diferenciales emocionales más relevantes para hacer de ellos el eje central de la política; y la existencia de sociedades más desarticuladas, desconfiadas y alienadas ante una política que muestra su cara oscura de la corrupción y de su incapacidad de abordar los problemas más urgentes e inmediatos de la gente.
El domingo 17 de diciembre Chile votó sobre un segundo texto constitucional. Nuevamente la ciudadanía chilena rechazó la propuesta y volvemos a estar en casi el mismo lugar de un proceso que se abrió en octubre del 2019 en el contexto de lo que hoy se conoce como el Estallido Social. Si bien el fracaso del texto del domingo es mucho menos estrepitoso que el de septiembre del año pasado, cuando la diferencia había sido de 24 puntos, este domingo fue de 11%, en este breve comentario intentaré responder dos preguntas: ¿quiénes son los ganadores (hasta el momento) del proceso y qué podrá pasar de ahora en más?
Queda claro que los sectores conservadores del país, a pesar de que su posición fue rechazada, fueron los grandes ganadores del este proceso. Seguramente los lectores se preguntarán cómo puede ser que diga eso si el gobierno y los conglomerados de centro e izquierda defendían la opción “en contra” del nuevo texto constitucional (es decir, al menos indirectamente, defendieron el statu quo) y el mundo más conservador apoyó el “a favor” que resultó derrotado. Para explicar este asunto, es necesario tener presente el contexto más amplio en el que tuvo lugar el plebiscito de salida.
Bajo el pegajoso lema “no son 30 pesos, son 30 años”, en alusión a los 30 pesos de aumento de la tarifa del metro que culminó con el Estallido, y los 30 años de gobiernos concertacionistas de centroizquierda, la protesta social fue una tremenda catarsis colectiva. En aquel entonces, los diversos grupos que salieron a gritar sus demandas en la calle, en muchas ocasiones de forma violenta enfrentaron la crudeza de la represión policial. El sistema político, tan vilipendiado por su inmovilismo e incapacidad de no poder llegar a consensos, paradójicamente acordó, en noviembre del 2019, destrabar la crisis sociopolítica a partir de un proceso constitucional en el que aún estamos inmersos.
El llamado Acuerdo por la Paz consistió en un plebiscito de entrada donde las y los chilenos se preguntaron si apoyaban cambiar la Constitución y en caso afirmativo quién debería escribir el borrador: un grupo mixto de legisladores y ciudadanos electos para ese propósito, o un grupo de personas completamente electo. El Plebiscito resultó en un abrumador apoyo al proceso de cambio liderado por ciudadanos electos, que fue respaldado por casi un 80% de los votantes, pero que eran exactamente la mitad del electorado total.
En la interpretación de este porcentaje, la izquierda chilena cometió un error letal. Creyó que gozaba de una amplia mayoría de apoyo, cuando en realidad, el 10% voto en contra del cambio, y el 50% de la ciudadanía chilena no participó del proceso, ya sea porque le temían al contagio del COVID, o porque estaban asustados de la violencia del estallido o porque simplemente no quisieron votar.
La posterior elección de las y los integrantes de la Convención Constitucional encargada de redactar el nuevo texto, se vio signada por la irrupción de independientes, muchos de ellos representando a los sectores más radicales, que mayoritariamente carecían de experiencia política. El resultado fue un borrador identitario, inconexo, maximalista, e incongruente. Concluido el proceso se produjo el llamado Plebiscito de Salida de septiembre de 2022, en el que la ciudadanía debía ratificar el texto propuesto a través del voto obligatorio. Este último fue uno de los aspectos más contenciosos del acuerdo de noviembre, donde, como era de esperar, el mundo progresista defendía la obligatoriedad del voto y los sectores conservadores eran renuentes a incluirlo.
Así, el texto redactado por la Convención en contraposición a la llamada “Constitución de Pinochet” trajo consigo dos paradojas inéditas. En primer lugar, dado que las encuestas de opinion pública mostraban una imparable tendencia alcista del rechazo muy concentrado en los sectores populares (aquellos que usualmente no votan), llevaron a la izquierda oficialista a intentar desmovilizar a la ciudadanía y a la derecha, en la oposición, a movilizarla todo lo que podía, algo tan contraintuitivo como inesperado.
La segunda paradoja fue que el proceso fue tan desprolijo y enredado que el país llegó a una situación en que cada lado del contencioso pedía el voto ciudadano con la promesa que cambiarían en caso de ganar: “apruebo para reformar” o “rechazo para reformar”. Esto es algo extraño, por decir lo menos, en el mundo de los votos populares y directos y seguramente connota las enormes pifias de los textos en discusión.
El resultado del “Plebiscito de Salida” fue una paliza por donde se lo mire: no solo por los 24 puntos de diferencia a nivel nacional, sino porque resultó derrotado en 338 de los 346 municipios del país, incluso por más de 60 puntos de diferencia en comunas de alta concentración Mapuche a pesar de que supuestamente el nuevo texto era sensible a las demandas y necesidades de los pueblos originarios.
Luego del fracaso de septiembre, la elite política nuevamente acordó comenzar otro proceso constituyente pero esta vez liderado por los partidos políticos. En diciembre de 2022, el Congreso decidió crear una Comisión de Expertos conformada por 24 miembros en régimen de paridad de género y conglomerado (oficialismo/oposición). Su objetivo sería elaborar un anteproyecto de propuesta basado en doce grandes principios que lograron consenso entre los partidos políticos, sobre el que trabajaría un Consejo Constitucional de 50 miembros popularmente electos.
Sin embargo, lo que nadie anticipó fue el rotundo éxito del recientemente creado Partido Republicano (PR), una escisión de extrema derecha de la UDI, el conglomerado que hasta entonces representaba a los sectores más conservadores. En la elección de consejeros, el PR obtuvo 23 de los 50 cupos que se sumaron a los 11 de la derecha tradicional. El resultado de la elección supuso un viraje copernicano en la composición del órgano encargado de la redacción final del texto constitucional, que estuvo a las antípodas de la Convención previa.
Frente a estos cambios, no he dejado de pensar lo que el mismo Newton diría en esta circunstancia: “recuerden mi tercera ley: toda acción genera una reacción de igual intensidad, pero en sentido opuesto”. Así como sucede en la física, también en la política hay momentos en que las leyes de Newton son casi perfectas y la conformación del Consejo calzaba como un guante.
La gran pregunta era qué estrategia dominaría las acciones de los principales protagonistas de la redacción del borrador. Los grandes sectores del centro, centro derecha y derecha, no parecían incómodos con la Constitución vigente. Y uno podría imaginarse que, al tener semejante dominio del proceso, ahora la derecha se podría dar el lujo de moldear un borrador a su antojo… total, en caso de no aprobarse, prevalecería aquella Constitución que habían defendido meses atrás. No es sorprendente, entonces, que esta vez el texto se radicalizara, esta vez hacia la derecha.
La izquierda, en cambio, tuvo que hacer un fuerte ejercicio de acomodo para lidiar con otra gran paradoja: la llamada “Constitución de Pinochet”, que se había defenestrado pocos meses atrás, tenía ahora que ser defendida considerando que la alternativa era claramente peor para sus intereses. Incluso discursivamente el giro no pasó inadvertido: la llamada “Constitución de Pinochet” en septiembre de 2022 pasó a ser la “Constitución vigente” o la “Constitución de Lagos” en diciembre de 2023, sin que cambiase una sola palabra. Creo que nadie en su sano juicio se hubiese imaginado el 11 de marzo de 2022, el día que asumió el Presidente Boric, que el gobierno de Chile se vería en la necesidad de defender la “Constitución de Pinochet”.
El rechazo del domingo fue claro. Sin embargo, estoy convencido que, de haberse emulado la lógica del “plebiscito de entrada” del 2020, donde se hicieron dos preguntas, pero en esta oportunidad, hubiésemos consultado si queríamos una nueva constitución y en caso afirmativo hubiésemos enfrentado el borrador del Consejo de Expertos frente el borrador del Consejo Constitucional hubiese salido triunfador el borrador de los Expertos por un amplio margen.
¿Qué pasará de ahora en más? Es dificil de determinar. El Presidente Boric fue explícito que cualquiera hubiese sido el resultado, no se trataría el tema otra vez bajo su actual administración. Por un lado, desde la izquierda hay quienes temían que, de aprobarse el texto de 2023, Chile entraría en un ciclo nuevo de inestabilidad incluso vislumbrando un nuevo estallido social. Por otro lado, desde la derecha, argumentaban que el nuevo texto produciría estabilidad y el fin del “caos”. Por su parte, buena parte de las y los legisladores ha apoyado la idea de que con los actuales quórums (de los más bajos del continente) es posible introducir cambios al texto vigente y que esta discusión debe ser llevada por el Congreso.
El escenario es aún incierto. No obstante, no caben dudas que el futuro dependerá, en gran medida, de la responsabilidad, actitudes y decisiones de la elite política del país. Lo que creo que es claro, es que la ciudadanía está un tanto desgastada por un proceso de cuatro años que a sus ojos resultó en nada y que buena parte considera extremadamente alejado de sus preocupaciones e intereses.
Hoy, luego de cuatro años, estamos viviendo un déjà vu en la tierra de las paradojas.
El primer párrafo de la novela: “Historia de dos ciudades”, escrita en 1859, por Charles Dickens ((1812-1870), escritor Inglés, aplica perfecto a la realidad de El Salvador en estos días en donde vivimos en 2 mundos: Estamos en el mejor de los mundos (pero virtual) y en el peor de los mundos (el real).
Comienza la novela de Dickens:
“Capítulo I: La época
Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría, y también de la locura; la época de las creencias y de la incredulidad; la era de la luz y de las tinieblas; la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada; caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual, que nuestras más notables autoridades insisten en que, tanto en lo que se refiere al bien como al mal, sólo es aceptable la comparación en grado superlativo”.
En El Salvador actual se puede aplicar a la exactitud esta descripción de Dickens porque aquí hay dos realidades: la que dice que este país “es el mejor de los mundos”, “que es el país más maravilloso”, “que es el Presidente más cool del universo” y por otro lado está el peor de los mundos que es la otra realidad, la del hambre, se habla de hambruna en documentos de Naciones Unidas (ONU), un país con una alta tasa de desempleo, de migración sin freno, pobreza a niveles de espanto, persecución, irrespeto a los derechos humanos.
Hay un régimen de excepción que establece captura a pandilleros, pero en estas redadas llevan personas que nada tienen que ver con esas estructuras criminales y violenta derechos humanos, imponiendo la tesis de “seguridad sin derechos humanos y sin respeto a las leyes”. Se habla de 70 mil capturados de los cuales cerca de 40 mil no tienen ningún delito, son inocentes.
Ese mejor de los mundos del que hablan es virtual, digital, construido a base de creación de contenidos falsos de la mano de la post-verdad y la persuasión a través de la manipulación con las nuevas tecnologías. Existen ejércitos digitales, granjas de troles, pautas millonarias en redes para insertar en las mentes de las personas esa narrativa del mejor de los mundos.
El peor de los mundos es el real, del salvadoreño que pasa hambre, que no tiene trabajo, que anda por las calles con miedo a que le capturen a él o a un cercano, que más que vivir lo que le toca es sobrevivir.
Ante esos dos mundos nos enfrentamos. Con el agravante que la mayoría de medios de comunicación tradicionales y de nuevas tecnologías están plegados a la narrativa oficial. Sus armas: la fake news, la mentira falsa, el ocultamiento de agenda, sobredimensionar superlativamente los hechos, la reserva de información oficial, los linchamientos mediáticos. La verdad en estos dos mundos tiene que abrirse paso en una correlación tan desigual comparable a una gota de agua ante el inmenso océano. Así de cruel, con el peligro de amenazas y persecución.
Con su maquinaria digital y virtual han logrado imponer una visión de país irreal. Desde luego muchos la aceptan y la creen. Esa es la tremenda paradoja: muchos de los hambrientos y desempleados (como en un espejismo) aplauden esa virtualidad.
Del otro lado está ese El Salvador real, que no come, que no tiene empleo, que está preocupado porque no se respetan los derechos humanos. A este país el actual Ejecutivo le dinamitó todas las instituciones democráticas. No hay hasta este momento, ninguna institución del Estado que muestre independencia en el ejercicio de sus funciones. Podemos afirmar que hay ya una dictadura instaurada que se ratificará en un proceso electoral desequilibrado y amañado que se desarrollará en febrero del 2024, en donde, violentando más de ocho artículos de la Constitución de la República que prohíbe la reelección continua, el Presidente, bajo el argumento que la población así lo quiere, se ha inscrito para ser candidato a la presidencia.
En El Salvador se resquebrajó todo el andamiaje democrático, ese es El Salvador real. En este escenario surge, como estruendo, la inquietante pregunta: ¿Es lo electoral el camino?
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