Claudia Sheinbaum, la construcción de un nuevo liderazgo

Mayte Muñoz
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Claudia Sheinbaum, la construcción de un nuevo liderazgo

Claudia Sheinbaum (Ciudad de México, 1962), científica, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), militante política y exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, es la candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia de México. Ella será quien contienda a las elecciones generales a celebrarse el próximo 2024.

La exjefa de Gobierno de la capital ha ganado la encuesta que su partido propuso como modo de escoger a su candidato o candidata a las próximas elecciones generales y suceder al mandatario actual, Andrés Manuel López Obrador, en la presidencia de la República el próximo sexenio si, como pronostican los sondeos, triunfa.

Claudia Sheinbaum tiene ante sí un gran reto. Esto es indudable. Y para afrontarlo cuenta en su haber con formación académica y trayectoria política. De su formación académica es importante mencionar que Sheinbaum estudió la licenciatura en Física y la maestría y el doctorado en Ingeniería de Energía en la UNAM, e hizo una estancia en la Universidad de California, en Estados Unidos. Se ha desempeñado como investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM desde 1995.

Con relación a su trayectoria política, sus primeros contactos con la práctica política se desarrollaron en la lucha estudiantil en la UNAM cuando, siendo alumna de la Facultad de Ciencias, formó parte del movimiento de 1986-1987 en defensa de la educación pública y en contra del aumento de las cuotas para los estudiantes. Sería hasta el año 2000 que ella aceptara ocupar un cargo, secretaria de Medio Ambiente en el gobierno de la ciudad, entonces regentado por el actual presidente de México. Fue en esa etapa cuando se forjó una relación de trabajo y de compromiso político con López Obrador, quien contó con ella en su primera campaña presidencial en 2006.

Tras las elecciones que fueron consideradas fraudulentas, López Obrador estableció un movimiento de resistencia civil y solicitó a Sheinbaum hacerse cargo de la organización de la estructura popular en defensa de los bienes nacionales (conocidas como las Adelitas). En 2012, en la segunda campaña a la presidencia, fue propuesta para la cartera de Medio Ambiente, si se ganaban las elecciones. Pero las elecciones se perdieron frente al candidato del PRI y la académica volvió a su labor de investigación en la UNAM. En 2014, regresó a la arena política tras la fundación de Morena; en 2015 se postuló y ganó la alcaldía de Tlalpan, que ocuparía hasta 2018, cuando pasó a gestionar, tras ser elegida, la jefatura de la Ciudad de México de la que se ha encargado hasta 2023.

De su gestión podemos extraer algunas ideas acerca del perfil de la exjefa de Gobierno. La académica, formada en física y en ecología, puso especial atención al medio ambiente y buscó ampliar la red de transporte público limpio y sustentable (el Metrobús, el Trolebús, las ciclovías); en coherencia con las demandas estudiantiles de su juventud, durante su gestión se otorgaron becas a estudiantes de escasos recursos y se implementó un programa para llevar formación extracurricular a las zonas marginadas: espacios de formación comunitaria conocidos como Pilares. A las luces de esta gestión hay que añadir una sombra: en 2021 se produjo un accidente en la línea 12 del metro en el que perdieron la vida 27 personas. Aunque esta línea fue diseñada y construida durante la gestión anterior, a la administración de Sheinbaum se la acusó de no dar suficiente mantenimiento por aplicar políticas de austeridad.

En fin, la trayectoria de la candidata a la presidencia de la República de los Estados Unidos Mexicanos nos da una idea de quién es la mujer que puede asumir la mayor responsabilidad política del país. Mujer que, no omito mencionar, es además madre de dos hijos: Mariana, actualmente posdoctoranda en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, y Rodrigo, quien estudió la carrera de Artes Visuales también en la UNAM y se dedica al cine documental.

Numerosos medios de información nacionales y extranjeros se han hecho eco de su condición de mujer. En efecto, debemos congratularnos de que después de siglos de lucha (no olvidemos que ya en 1791 Olympia de Gouges escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana) las mujeres hayamos ido ocupando espacios de representación y decisión política y felicitarnos también de que la paridad se haya incorporado en la Constitución mexicana. Es de esperar que su gestión, en caso de ganar las elecciones, sea sensible a las demandas sentidas de las mujeres y cuerpos feminizados en continuidad con su labor en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Aunque, desde mi punto de vista, no es su condición de mujer lo relevante. Otras mujeres ocupando cargos de representación política ha habido (y hay) insensibles a problemas de género. Pensemos, por poner un ejemplo, en Margaret Thatcher.

Lo verdaderamente significativo de su condición de mujer desempeñando la más alta responsabilidad de la República es, en primer lugar, que su trayectoria puede constituir un ejemplo para las mujeres, para las jóvenes de este país: Sí, las mujeres podemos; sí, las mujeres tenemos derecho efectivo (no solo en papel) a ejercer la representación política. Para todas, y en especial para aquellas que sufren violencia y condiciones de desigualdad laboral, social y económica, la que fue joven integrante del movimiento estudiantil de los años ochenta tendría, en caso de ser presidenta, la posibilidad de implementar políticas y planes de igualdad, programas de inclusión y, fundamentalmente, programas contra la violencia de género. Estas políticas puede llevarlas a cabo un presidente o una presidenta indistintamente; sin embargo, en el caso de Sheinbaum es de es de esperar que así sea, porque ella misma ha experimentado agresiones machistas.

En efecto, sorprende que los críticos de la aspirante a la presidencia siembren dudas acerca de su capacidad de agencia libre, responsable y comprometida señalando, en un gesto característicamente misógino, que ella nos es más que una marioneta en manos de actual presidente de la República.  No cabe duda de que Andrés Manuel López Obrador es un líder carismático. Con su retiro de la vida política, dejará un vacío importante en el movimiento de izquierdas que fundó y comandó desde 2014 a la fecha.

Hoy, tras recibir el “bastón de mando”, Claudia Sheinbaum tiene como primer reto la construcción, en el interior del movimiento, de un nuevo liderazgo, un liderazgo con sello propio. Su reto mayor, a medio plazo, será dirigir la República desde los principios de ese nuevo liderazgo.

La propaganda golpista vuelve a la campaña electoral en Argentina

Federico Finchelstein
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La propaganda golpista vuelve a la campaña electoral en Argentina

Coautor Emmanuel Guerisoli

En Argentina el discurso de la dictadura reemplaza a la historia. En vísperas de lo que parecería ser una de las elecciones presidenciales más relevantes desde la vuelta de la democracia en 1983, vemos una novedad: la propaganda de la vieja dictadura militar se repite en la campaña y el debate histórico se ve relegado al olvido. Se vuelve a la idea de los “excesos”, que en concreto niega la realidad del pasado: el plan sistemático de exterminio y sus crímenes de lesa humanidad que desencadenaron los juicios a los militares de 1985 en adelante. No hay nada original en esto y más bien representa una nueva tendencia latinoamericano del negacionismo histórico. Lo mismo hicieron Jair Bolsonaro en Brasil y José Antonio Kast en Chile justificando sus respectivas dictaduras. 

La actual candidata argentina para vicepresidenta de La Libertad Avanza y futura encargada de las áreas de defensa y seguridad interna, Victoria Villarruel, está intentando reformular la violencia no-estatal de la década de los 70, revitalizando el rol de la dictadura. Esta no reinterpretación de la Junta no es exclusiva de Villarruel, sino también de su compañero de fórmula, Javier Milei, a The Economist: “Hubo una guerra entre un grupo de subversivos que querían imponer una dictadura comunista y del otro lado estaban las fuerzas de seguridad, que se excedieron en sus acciones”.

En realidad, la así llamada “guerra sucia” no fue una verdadera guerra, sino una militarización ilegal de la represión estatal. Se trata de una expresión popularizada que tiene que ser explicada en relación con la genealogía fascista del país. La Guerra Sucia no tenía como protagonistas a dos combatientes, sino a víctimas y victimarios. El Estado hizo la “guerra” contra sus ciudadanos. Este terror autorizado por el Estado tenía sus raíces en los movimientos fascistas de los años de entreguerras. Los historiadores hablan de terrorismo de Estado, mientras que Villaruel afirma que “El terrorismo de Estado no existe”.

Villarruel y Milei afirman que la violencia estatal, si bien fue excesiva, estaba justificada y sus efectos salvaron al país de una dictadura comunista. Repiten los argumentos de los dictadores y la ideología del fascismo en Argentina. Negar la desaparición sistemática de decenas de miles de personas; el homicidio, secuestro, detención indefinida y tortura y violación de otras miles; el robo y saqueo de la propiedad privada de los desaparecidos, secuestrados y sus familiares; el rapto, retención, y comercialización de bebés y niños de los desaparecidos, y la construcción a nivel nacional de una red clandestina de campos de concentración, y calificarlo de “accionar excesivo” es, en el mejor de los casos, ignorante, y en el peor de los casos encubridor. Es un la misma lógica de Trump en EE.UU. y Bolsonaro en Brasil.

Históricamente, la violencia política no-estatal en la Argentina era parte de un proceso sociopolítico global y no solamente protagonizado por guerrillas u organizaciones de izquierda/comunista. Villarruel y Milei no mencionan la relación entre la dictadura militar y los herederos del grupo Tacuara, de índole católica antisemita, y sobre todo de la organización terrorista más violenta de la Argentina: la Triple A, que fue autora de más de 900 homicidios en dos años y funcionó como un brazo parapolicial del gobierno de Juan Domingo Perón y luego Isabel Perón.

Las guerrillas de Montoneros y ERP no eran organizaciones aliadas. Ambas guerrillas cometieron acciones criminales y fueron responsables de cientos de muertes durante gobiernos militares y democráticos; pero jamás estuvieron cerca de derrotar al Estado y tomar el poder. 

Esto no justifica los actos violentos y homicidas de las guerrillas. Varias de sus víctimas merecen ser recordadas y que sus muertes no sean enmarcadas como el resultado de actos heroicos o de resistencia. Pero hay diferencias esenciales entre crímenes producidos por organizaciones no-estatales y los cometidos por agentes estatales. Cuando Villarruel reclama que es injusto que militares argentinos sean investigados y condenados por crímenes de lesa humanidad, cuya tipificación y no prescriptibilidad se legisló con posterioridad a la comisión de tales actos, se olvida de que los acusados actuaron en nombre del Estado y con apoyo del aparato represivo estatal. Ellos estaban actuando no como ciudadanos privados, a los cuales los principios garantizadores del derecho penal se aplican, sino como el Estado mismo. No es injusto, al contrario: los legisladores argentinos tipificaron los delitos de lesa humanidad de tal manera para poder tener un Estado más justo. 

Los vínculos entre Milei/Villarruel y la lógica fascista van más allá de los vínculos personales con criminales. Villarruel llevaba jóvenes al departamento del dictador Videla, su tío Ernesto fue uno de los altos mandos del campo de concentración El Vesuvio y Milei trabajó como asesor personal del genocida general Antonio Bussi en los 90.

Por ello, esta negación de la realidad histórica es absolutamente peligrosa para la democracia argentina. La Junta Militar tomó el poder en 1976 ilegalmente. Si Milei y Villarruel no tienen un problema con esto, están legitimando el rol extraconstitucional que las fuerzas armadas tuvieron para “salvar” a Argentina de peligros existenciales, reales o no, y restablecer el orden en la sociedad. Quienes no cuestionan la legalidad de un golpe de Estado revelan sus intenciones no democráticas, como justamente hizo Milei al decir que el intento de golpe de estado en Brasil del 8 de enero fue organizado por Lula y al plantear dudas sobre la legitimidad de las elecciones en EE.UU. y Brasil. 

Cuando Milei acusa a Lula y al presidente de Chile Boric de ser comunistas, cuando culpa al “marxismo-cultural” de toda la decadencia socioeconómica de Argentina, y el mundo, en los últimos 40 años, y cuando fantasea con que en los 70 un grupo de subversivos intentó imponer una dictadura comunista en Argentina, está definiendo quiénes son los enemigos existenciales del país.

En su visión, él y su plataforma política personifican una cruzada mesiánica contra las fuerzas comunistas. Estos enemigos no tienen lugar en la Argentina de Milei, la mera existencia de ellos la ponen en peligro y en este marco ideológico la represión y la dictadura no pueden ser descartadas. La intolerancia y la violencia discursiva de Milei y Villarruel debe ser relacionada con su negación de las historias pasadas y recientes de golpes y violencias autoritarias. Esta negación de la historia es un aspecto central del peligro para la democracia que representa Javier Milei.

Emmanuel Guerisoli abogado. Doctorando en Sociología e Historia en New School for Social Research (N. York). Especializado en derecho penal internacional, derecho constitucional y derechos humanos. Máster en Estudios Internacionales y Sociología.

Los BRICS y la política exterior del gobierno Lula

Marta Fernández
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Los BRICS y la política exterior del gobierno Lula

El BRICS ha sido una de las plataformas centrales del gobierno Lula. En ella, busca avanzar en la idea de una mayor participación y representación de los países del Sur global en el proceso internacional de toma de decisiones. La invitación para la adhesión de seis países al BRICS, hecha en la 15ª Cumbre de Sudáfrica, que concluyó el 24 de agosto, debe entenderse en el marco de este movimiento de búsqueda de una mayor representatividad económica, política y geográfica de la agrupación. Al fin y al cabo, si se aceptan las invitaciones, a partir de enero la agrupación contará con un país latinoamericano más, Argentina, dos africanos más, Egipto y Etiopía, y tres países de Oriente Medio, los grandes productores de petróleo Irán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

Aunque la ampliación era vista como un camino previsible para los BRICS, la aprobación de los seis países incluso antes de que se definieran los criterios fue una sorpresa. La sorpresa puede atribuirse en gran medida a la guerra de Ucrania, un acontecimiento que, aunque decisivo para la entrada de los nuevos miembros, acabó funcionando como agenda invisible.

Al igual que el Presidente ruso Vladimir Putin no pudo asistir a la Cumbre por el riesgo de ser detenido por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, el conflicto en Ucrania estuvo presente y ausente al mismo tiempo. Ausente porque se evitó debido a que Rusia, la potencia que violó la soberanía de Ucrania, es miembro de los BRICS. Y presente, porque a raíz del conflicto que provocó el relativo aislamiento diplomático de Rusia y la intensificación de las rivalidades entre China y Estados Unidos, estos dos países necesitan aliados geopolíticos y geoeconómicos para equilibrar el poder de Estados Unidos y del bloque occidental.

A su vez, la asimetría de poder dentro de los BRICS a favor de Rusia y, sobre todo, de China, creó las condiciones para que ambas potencias impusieran su agenda a países como Brasil, que, si bien por un lado defendía el principio de un bloque cada vez más inclusivo, se mostraba reticente ante una inclusión ampliada y desorganizada de miembros que no sólo podría hacerle perder su papel de líder, sino también crear problemas de coordinación política.

Al mismo tiempo, la guerra en Ucrania ha dado impulso a las ambiciones, operativamente complejas, de desdolarizar la economía, una exigencia del gobierno de Lula. Las sanciones económicas impuestas a Rusia, incluido el acceso del Banco Central ruso a las reservas de dólares y su expulsión del sistema de pagos Swift, han demostrado la voluntad de Estados Unidos de convertir el dólar y el sistema financiero internacional en armas de guerra. Esta securitización del dólar podría tener un efecto boomerang contra la propia hegemonía de la que goza el dólar desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ya que podría contribuir a impulsar la búsqueda de alternativas más fiables y menos sujetas a chantaje en momentos de inestabilidad geopolítica. 

En este sentido, Brasil se encuentra en un delicado equilibrio: por un lado, apoya tanto la expansión de los BRICS como la desdolarización de la economía con el objetivo de mover el sistema centrífugamente hacia la multipolaridad, es decir, hacia un sistema en el que habría varios polos de poder, pero, por otro lado, podría convertirse en rehén de un orden cada vez más bipolarizado en dos polos de poder antagónicos. Brasil se enfrenta, por tanto, a la difícil tarea de contribuir a abrir un espacio de diálogo y coordinación multilateral en el que los países del Sur Global puedan actuar con relativa autonomía de los grandes centros de poder.

Brasil viene exigiendo coherencia a China y Rusia en relación con los objetivos propios de los BRICS de democratización del sistema internacional y de apertura de espacios para aprovechar algunas de sus agendas históricas, como la reforma del Consejo de Seguridad.

La entrada de nuevos miembros en los BRICS, por ejemplo, fue la forma de Brasil de conseguir una declaración explícita de Rusia y China, como consta en la Declaración Final de la Cumbre, a favor de la democratización del Consejo de Seguridad de la ONU con la entrada de Brasil, pero también de India y Sudáfrica. En este sentido, cabe destacar que, a pesar de la entrada en el BRICS de una serie de Estados con un historial de violaciones de los derechos humanos y autoritarismo, Brasil consiguió negociar la apertura de un espacio en la declaración en el que los términos democracia y derechos humanos estaban presentes y en el que se destacaba la importancia de aplicarlos, tanto a nivel de gobernanza global como a nivel nacional.

Brasil también ha conseguido incluir en la agrupación a un aliado regional, Argentina. Aún no está claro si Argentina se unirá realmente a la agrupación, dado que Javier Milei, el favorito en las primarias argentinas, se ha pronunciado en contra de la adhesión del país al bloque, diciendo que no se unirá a los «comunistas», ha destilado odio hacia China y, en contra de los BRICS, y ha propuesto la dolarización de la economía del país.

En este sentido, si se anuncia la adhesión de Argentina a los BRICS en enero, tal vez podamos concluir al mismo tiempo que hemos obtenido otra pequeña victoria para Brasil. Despolarizar y abrir terreno al diálogo y a la política en un escenario en el que todas las alternativas parecen agotadas ante la insistencia de Estados Unidos y Rusia en resolver sus conflictos por la vía militar parece ser una de las vías productivas que se abren para Brasil, América Latina y el Sur Global.  

A vueltas con el estado

Manuel Alcántara
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A vueltas con el estado

Hay asuntos recurrentes, cuestiones que parecen obsoletas y que, sin embargo, están ahí imbuidas de una actualidad agobiante. Las modas intelectuales las entierran y las agendas mediáticas las ocultan ante el aparente desinterés del gran público. Sumergida en la vorágine de lo identitario, absorbida por el predominio de la singularidad, alienada por la sociedad de consumo, la gente está distraída. En la mayoría de las ocasiones centra su atención en materias diversas tanto en su deambular cotidiano como cuando se refiriere a los momentos puntuales en que la política le reclama. En todo caso el estado parece algo ajeno.

Además, en las últimas décadas está sometido primero al manoseo y luego al vituperio en clave de mantras eficaces para gestar estrategias de descrédito. Hoy la discusión en la plaza pública está ausente. No solo lo está frente a cualquier convocatoria electoral con la consiguiente banalización de las ofertas proclamadas sino también a la hora de buscar solución a los problemas que confrontan las sociedades. Sin embargo, su reconsideración me parece prioritaria. Fuera de toda soflama estatista ciega tomar en cuenta sus funciones en la perspectiva de la evidencia conocida a lo largo del último siglo y medio es imponderable sin dejar de lado las enormes transformaciones producidas sobre todo en el ámbito tecnológico.

La actualidad de América Latina ofrece un rico abanico de escenarios dramáticos en los que el olvido de viejos temas impele a gestar una diligencia imponderable. La coincidencia en el tiempo de tres procesos electorales en países que por su tamaño y su ubicación geográfica podrían considerarse como muestras representativas de la región ofrece un rico material para la reflexión. Por otra parte, no se trata de asuntos aislados ni exclusivos de la elite política pues se engarzan con multitud de experiencias de índole similar que día a día afectan a diferentes grupos de la sociedad

El asesinato del candidato presidencial, Fernando Villavicencio, supone el epítome del fracaso de un estado a la hora de proteger a un candidato en plena función de un proceso fundamental para la política como es el de la liza electoral. Villavicencio es una más, aunque emblemática, de las cientos de víctimas mensuales que se cobra la violencia en Ecuador en una degeneración notable de la convivencia que vive progresivamente el país durante la última década. Para pensadores como Thomas Hobbes o Max Weber una idea de progreso político se vincula a que el monopolio del uso de la violencia legítima esté en manos del estado; algo que es cada vez más ajeno a un gran número de países de la región cuya enumeración es innecesaria. El asesinato de Villavicencio debe entenderse como el cruce de una línea roja que alerte que se entra en un escenario extremadamente peligroso donde se aboque en una situación de estado fallido, como advierte Simón Pachano.

El triunfo claro de Javier Milei en las elecciones primarias argentinas es un aldabonazo mayúsculo de una oferta política, sin entrar en las connotaciones individuales vinculadas con su trayectoria personal ni con la ausencia de un proyecto mínimamente articulado con una maquinaria política, que cuestiona a su vez en profundidad al estado en tanto que institución pública. En primer lugar, su decidido posicionamiento de prescindir de la moneda nacional le aleja de los presupuestos clásicos referidos a que el poder de acuñar moneda es una de las características clave de la soberanía. Pero es sobre todo su decidida fe en su utopía libertaria la que deconstruye el marco de la convivencia larvado a lo largo del tiempo. Sus manifestaciones en la noche del éxito electoral son explícitas de condena del pacto social sobre el que se articula el estado social de derecho. Dijo: “Estamos ante el fin del modelo de la casta, basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad hay un derecho, pero se olvida de que ese derecho alguien lo tiene que pagar”.

Guatemala, a lo largo de décadas, ha construido lo que Edgar Jiménez denomina un “estado corporativo mafioso”. Usando el poder de elites económicas tradicionales se ha logrado una hábil cooptación de un sector neural de la Justicia que se inició cuando se expulsó del país a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un proyecto avalado por Naciones Unidas para modernizar la justicia después de los acuerdos de paz. Los efectos del denominado “pacto de corruptos” han tenido consecuencias muy graves en la proscripción de candidaturas y en la persecución de miembros del poder judicial que no se sometieron a sus dictámenes. Guatemala es el país latinoamericano que cuenta con mayor número de personal de la judicatura exiliado, a los que se suman periodistas y activistas en derechos humanos. Por su parte, el proceso electoral actual ha estado en un brete de colapsar como consecuencia de la persecución al Movimiento Semilla de Bernardo Arévalo.

El estado en tanto que institución política por excelencia es fruto de un dilatado proceso histórico en el que se aglutinan cambios de diferente naturaleza que ha vivido la humanidad. Se trata de una estructura fundamental para articular la convivencia humana ajustando el equilibrio de poderes y asegurarla con un grado mínimo de eficacia y de eficiencia. Su carácter complejo y proceloso le impele a ser objeto permanente de revisión, pero este no se llevará a cabo si el debate público no está continuamente accesible. Si Karl Popper se refirió a “la sociedad abierta y sus enemigos” abriendo una discusión de largo aliento que llega a nuestros días es también el momento de poner encima de la mesa la cuestión del estado social de derecho y sus enemigos.

Energías renovables y cooperación entre China, América Latina y Unión Europea

Ge Gao
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Energías renovables y cooperación entre China, América Latina y Unión Europea

Hace una década, desde que se propuso por primera vez la Iniciativa de la Franja y la Ruta en 2013, China viene haciendo hincapié en el desarrollo de energías limpias como un objetivo clave de su diplomacia energética y su enfoque financiero, y ha convertido la promoción de empresas focalizadas en energía limpia como una prioridad. De acuerdo con esta estrategia, los países en desarrollo se están convirtiendo en los principales destinos de las inversiones chinas. Mientras tanto, América Latina y el Caribe (ALC) están atrayendo la atención mundial por su gran potencial en la promoción de las energías renovables. De hecho, desde 2014 la inversión extranjera directa (IED) en energías renovables en ALC ha superado sistemáticamente el nivel de inversión en petróleo, carbón y gas natural, tanto en volumen como en número de proyectos, a medida que avanza la transición energética verde. 

Además de China, según el UNEP, tres de los cinco países que más invirtieron en energía sostenible entre 2009 y 2018 se encuentran en ALC, a saber, Brasil, México y Chile. Se puede reconocer que se espera que la cooperación en energías limpias entre las dos regiones no solo mejore la capacidad de combatir conjuntamente el cambio climático, sino que también acelere el proceso de transición energética, garantizando así la solidez del suministro energético nacional y logrando un desarrollo sostenible.

El énfasis del gobierno chino en la importancia de promover la cooperación internacional en materia de energías limpias se remonta al XI Plan Quinquenal de Desarrollo Energético, publicado en 2007. Junto con la Iniciativa de la Franja y la Ruta en 2013, la estrategia de cooperación internacional en materia de energía sostenible por parte del gobierno chino ha estado enfocada en fomentar la colaboración en energías limpias y renovables, promover diálogos e intercambios sobre conservación energética y preservación ambiental, brindar capacitación en el ámbito del cambio climático y fortalecer la construcción de capacidades y el apoyo técnico a naciones en desarrollo en el ámbito de la energía verde. 

En la actualidad, veinticuatro de los treinta y tres países de ALC han establecido relaciones diplomáticas con China, doce países han establecido una “asociación estratégica” o una “asociación estratégica integral” con China, y veintidós países han firmado la Iniciativa de la Franja y la Ruta o un Memorando de Entendimiento (MOU) con el gobierno chino.

Posteriormente, la Coalición Internacional para el Desarrollo Verde de la Franja y la Ruta se estableció́ formalmente en 2019 con el objetivo de promover la construcción del desarrollo verde a nivel internacional, con Cuba y Guatemala entre los países de ALC como socios fundadores. Para profundizar la cooperación entre los socios de la Iniciativa de la Franja y la Ruta en el campo de la energía verde, China, Chile y Colombia junto con otros veintiséis países, han lanzado la Iniciativa de Asociación para el Desarrollo Verde de la Franja y la Ruta, con el fin de impulsar el avance y la adopción de energías limpias, así́ como fomentar la colaboración a nivel internacional, una medida que también garantiza simultáneamente el acceso de los países en desarrollo a una energía asequible y económicamente sostenible.

Sin duda, dicha ambiciosa estrategia de cooperación internacional multisectorial consolida aún más la posición de China como líder mundial en energías verdes, y al mismo tiempo, la expansión de la cooperación en industrias emergentes relacionadas con las energías limpias y la promoción de la transferencia de tecnología entre empresas se han convertido en las actuales áreas de interés del Plan de Acción Conjunto de Cooperación en Áreas Claves China-CELAC. Hasta la fecha, China ha firmado documentos o declaraciones de cooperación gubernamental en el campo de las energías renovables y la energía nuclear con siete países de ALC, todos ellos miembros de la Iniciativa de Asociación para el Desarrollo Verde de la Franja y la Ruta, excepto Brasil.

No obstante, a raíz de la naturaleza intrínsecamente politizada y potencialmente riesgosa del desarrollo del sector energético chino, como queda patente en la actual preeminencia de las empresas estatales (SOEs, por sus siglas en inglés) en el sector energético en la esfera de la cooperación internacional, se ha generado un ambiente donde el sistema de gestión energética chino se encuentra permeado por la intervención gubernamental en el mercado energético, la opacidad en la fijación de precios y la ineficacia de las normativas y regulaciones energéticas. En este sentido, la poderosa influencia financiera y política de las SOEs ha generado la necesidad apremiante de abordar las aprensiones que experimentan los gobiernos y las corporaciones en América Latina y el Caribe en relación con las corporaciones de gran envergadura, en términos de salvaguardia comercial y protección laboral.

En paralelo, la menguante influencia de la Unión Europea (UE) en ALC, a pesar de ser el tercer socio comercial de la región después de Estados Unidos y China, también ha despertado inquietud. Frente al urgente deseo de fomentar la recuperación económica y lograr la transición energética en la era postpandemia, la UE ha concebido una remodelación de sus relaciones con los países de ALC a través de la Tercera Cumbre UE-CELAC. Por su parte, la cooperación de China en la región refuerza su dominio en el ámbito energético y puede ejercer una presión competitiva sobre el mercado energético europeo. No obstante, también es innegable que el estado actual de la colaboración sino-ALC en el ámbito de las energías limpias motiva a la UE a intensificar sus esfuerzos en inversión, investigación, cooperación y desarrollo en este campo, con el fin de mantener su competitividad y alcanzar las metas de desarrollo sostenible.

La UE se encontraría en una posición propicia para extraer lecciones valiosas y experiencias del paradigma colaborativo entre China y ALC. A la par, tiene la capacidad de perfeccionar su enfoque de cooperación con la región latinoamericana y caribeña, manteniendo un compromiso de cooperación activo y sostenido en el tiempo. Sin embargo, ante las transformaciones que perfilan el panorama de la cooperación energética a nivel global, la UE se ve compelida a adoptar una postura proactiva para afrontar los efectos y retos conexos. Es clave que la UE observe una visión de cooperación sino-ALC caracterizada por un multilateralismo más incluyente, amplio y sostenido en el tiempo, y se esfuerce por asumir un rol más destacado en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible.

* Este texto fue publicado originalmente en la web de REDCAEM

Gánsteres digitales

Arthur Coelho Bezerra
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Gánsteres digitales

En la breve edad de oro de Internet, durante el cambio de siglo, el pensador Pierre Lévy ganó fama con libros que incitaban a una especie de utopía tecnoliberal, que estaba proyectada por las potencialidades del nuevo mundo virtual. Términos como «inteligencia colectiva», «democracia electrónica» y «universos de elección» formaban parte de su ideología de la cibercultura, cuyo sustrato humano estaría en las «comunidades virtuales» formadas por personas interconectadas en red.

Los ejemplos que Lévy enumera para ilustrar esas comunidades virtuales son prosaicos: «Los aficionados a la cocina mexicana, los amantes del gato de Angora, los fanáticos de un determinado lenguaje de programación o los apasionados lectores de Heidegger, antes dispersos por todo el planeta, tienen ahora un lugar familiar donde reunirse y conversar». Es curioso que, de todo el panteón de la filosofía, la frívola elección (valga el juego de palabras) recayera en un pensador alemán que no ocultaba su simpatía por el antisemitismo y el partido nazi, del que Heidegger fue miembro.

Si el filósofo estuviera vivo, no le faltarían comunidades virtuales para charlar con sus coetáneos: como sabemos, la cibercultura de la década de 2020 está llena de grupos fascistas, misóginos, homófobos, racistas, estafadores y de personas que utilizan las redes digitales para compartir odio, ira y bilis. El odio es un sentimiento poderoso, que genera identificación con quienes lo comparten e indignación con quienes no lo comparten (o, peor aún, son blanco de él).

Por eso, tanto en las redes sociales como en los sitios webs de noticias, el discurso del odio genera engagement (no ese viejo significado de engagement, que se refiere a la participación en protestas, luchas laborales, movimientos sociales o partidos políticos). En Internet, el engagement es un fenómeno medible por la interacción de los usuarios de la red, que lleva a la producción de datos a través de clics, comentarios, comparticiones y visualizaciones, lo que engorda el big data de las plataformas.

El corolario de la hipertrofia del odio es la atrofia de la razón y la reflexión. La atrofia de la razón, a su vez, ha demostrado históricamente ser un método eficaz para fertilizar el terreno en el que individuos y grupos con intereses políticos y económicos siembran mentiras, noticias falsas y otras tácticas de desinformación.

Al igual que el odio, las mentiras también generan compromiso en las redes: las fake news son compartidas por quienes las creen o por quienes las hacen circular de mala fe, y son desmentidas y denunciadas por quienes actúan en defensa de la verdad de los hechos. Ambos casos conducen a la producción de datos a través de clics, comentarios, comparticiones y vistas, por lo que dilatan de nuevo el big data de las corporaciones de Internet.

La socióloga Shoshana Zuboff utiliza el término «indiferencia radical» para referirse a la postura de las grandes tecnológicas en relación con lo que gusta, se pincha o se comparte en sus plataformas, y usando el manido discurso de la neutralidad tecnológica para eximirse de los contenidos puestos a disposición por sus usuarios. 

Sin embargo, piénsese en la amplia circulación en Internet del discurso del odio, la desinformación política y el negacionismo científico y medioambiental, aunado con el resurgimiento de comunidades virtuales antivacunas, discriminatorias y terraplanistas que financian el impulso de contenidos desinformativos en las redes, una práctica que genera engagement con base en los criterios de relevancia de los algoritmos que organizan la información en las plataformas, los cuales son creados en función del interés comercial de corporaciones multimillonarias. Son hechos que, más que suscitar dudas, revelan las falacias sobre la neutralidad moral de las plataformas.

Llegados a este punto, parece claro por qué grandes empresas tecnológicas como Alphabet (propietaria de Google y YouTube), Meta (propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp) y Twitter quieren impedir, a toda costa, la aprobación de la Ley de Libertad, Responsabilidad y Transparencia en Internet, en Brasil, que propone regular las plataformas de comunicación digital para que tengamos un ecosistema informativo más sano, seguro y fiable. 

En el proyecto de ley (PL 2630) se incluyen aspectos como la remuneración de los contenidos musicales, audiovisuales y periodísticos compartidos en las plataformas digitales, el uso de las redes sociales por parte de niños y adolescentes, la práctica del racismo, la discriminación, el terrorismo y los atentados contra el Estado de derecho, así como la responsabilidad (incluso penal) por la propagación masiva de mensajes falsos. Todos estos puntos acarrean beneficios para las grandes tecnológicas.

Tras sufrir unas 90 enmiendas a su texto original, el proyecto de ley fue finalmente entregado a la Cámara de Representantes. Sin embargo, un día antes de la votación, el diario Folha de S. Paulo publicó un reportaje con las conclusiones de un estudio del Laboratorio de Estudios de Internet y Medios Sociales, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, que señala que Google, Meta, Spotify y Brasil Paralelo estaban publicando anuncios contra el PL 2630 para influir negativamente en la percepción que los usuarios tengan del proyecto.

El mismo día, muchos buscadores y usuarios de Google compartieron una impresión con la frase «La PL2630 puede aumentar la confusión sobre lo que es verdadero o falso en Brasil», que estaba en la página de inicio del buscador, lo que contribuyó a la decisión de abrir una investigación para juzgar la conducta de la empresa. Sin embargo, el objetivo de las grandes empresas tecnológicas se logró: bajo la presión de Google, Meta, TikTok y la oposición de derechas (con fuerte representación de la bancada evangélica), la Cámara decidió aplazar por tiempo indefinido la votación.

La postura de Google en este caso recuerda al escándalo de Cambridge Analytica, que utilizó datos de millones de usuarios de Facebook para manipular el resultado de las elecciones de Donald Trump y el brexit en 2016. El caso hizo que Mark Zuckerberg se viera obligado a someterse a un sabático de más de 600 preguntas en unas diez horas de declaración en Washington. En cuanto a las citaciones que recibió del Parlamento británico, el dueño de Facebook, en términos metafóricos, solo mostró el dedo a los británicos, y no fue el pulgar de la famosa «joinha» de la red azul. 

La insolencia de Zuckerberg, al ignorar las citaciones, llevó al Parlamento británico a afirmar en un informe de 2019 sobre desinformación que «empresas como Facebook no deberían comportarse como ‘gánsteres digitales’ en el mundo online, considerándose por delante y más allá de la ley.» Lo mismo debería valer para el Twitter de Elon Musk, el Google de Larry Page y Serguéi Brin y cualquier CEO o empresa que se crea el alfa y omega del universo digital.

¿Es acertado tener un plan para reemplazar al ganador de las primarias venezolanas?

Jesús Delgado Valery
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¿Es acertado tener un plan para reemplazar al ganador de las primarias venezolanas?

“Las elecciones no son exclusivas de regímenes democráticos”. Me dedico al análisis y la promoción democrática, y recurro a esta frase cada vez que doy cuenta del funcionamiento de los autoritarismos.

Mundialmente se generó un consenso de que la democracia es el mejor sistema de gobierno y las elecciones el mejor mecanismo para ungir de legitimidad a las autoridades. Contradecir esto puede resultar sumamente costoso para cualquiera. Por eso los gobiernos como los de Cuba, Venezuela o Nicaragua, aunque son claramente autocráticos, se autodefinen como democráticos y celebran elecciones.

Otra de las frases a las que acudo constantemente es “las elecciones son necesarias, pero no suficientes para que un régimen se considere democrático”. Nada novedoso, pero a veces es necesario recordar que China y Corea del Norte también las celebran.

Por ejemplo, en una entrevista reciente el presidente Lula Da Silva sugería que el de Maduro es un gobierno democrático porque “en Venezuela hay más elecciones que en Brasil”. 

De manera que en los regímenes autocráticos se celebran elecciones con ciertas características. Mientras que en las democracias hay incertidumbre en los resultados, en las autocracias los resultados se saben de antemano.

Para que suceda esto, los autócratas implementan distintas estrategias: limitar la oferta electoral y la libertad de prensa, de asociación y de manifestación e intervenir los organismos electorales, entre otras.

En Venezuela, una autocracia consolidada, se celebran elecciones constantemente bajo estas circunstancias. Una de las herramientas del régimen es la inhabilitación de los candidatos, es decir, imposibilitar a las personas ejercer su derecho político de postularse a cargos de elección popular. 

La Contraloría General ha sido la institución encargada de hacer el trabajo sucio, funcionando como un brazo ejecutor del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). No es casual que quien hasta hace unos días encabezaba la Contraloría, impulsando inhabilitaciones como las de María Corina Machado o Freddy Superlano, haya sido nombrado presidente del Consejo Nacional Electoral de cara a las elecciones generales de 2024. 

La oposición a lo largo de estas más de dos décadas de chavismo-madurismo ha diseñado distintos mecanismos para coordinar sus esfuerzos y establecer una estrategia unitaria, sobre todo en contextos electorales. En este caso, se constituyó una Comisión Nacional de Primarias (CNP) para organizar unos comicios, a celebrarse el 22 de octubre, de los que resulte un candidato para enfrentar a Maduro en 2024. 

Uno de los principios en la conformación de la CNP fue que una inhabilitación ilegal no condicionaría la participación, entendiendo que las reglas autoritarias no pueden definir un ejercicio democrático. De esta manera, Henrique Capriles, María Corina Machado o Freddy Superlano se inscribieron como candidatos.

A día de hoy, y de manera sostenida durante los últimos meses, Machado lidera las encuestas con una diferencia contundente sobre el resto de competidores. Muy lejos, Capriles y Superlano también figuran dentro de las preferencias del electorado.

Si las reglas del juego fueron claras desde el principio, es decir, las inhabilitaciones no impedirían competir, y si la voluntad popular es tan clara en favor de Machado, ¿por qué algunos candidatos y partidos buscan mecanismos para una eventual sustitución de una candidatura inhabilitada?

El argumento racional es que si en las presidenciales no se puede inscribir la candidatura del ganador de las primarias debido a la inhabilitación, hay que tener un plan de contingencia. Pero esto se traduce también en que será el gobierno autocrático y no la mayoría de los venezolanos el que seleccione la candidatura opositora.  

Este argumento supone que un candidato habilitado, a diferencia de uno que no lo esté, puede competir, ganar, asumir e impulsar una transición democrática. A quienes comparten esta postura convendría preguntarles: ¿No recuerdan que la oposición ha ganado elecciones, con candidatos habilitados, y no le han permitido asumir? ¿No recuerdan que en el 2015 la oposición ganó dos terceras partes de la Asamblea Nacional y el gobierno desconoció los resultados? ¿No recuerdan que Andrés Velázquez ganó las elecciones del estado Bolívar en 2017 y groseramente manipularon los resultados? ¿No recuerdan que Superlano ganó las elecciones en el estado Barinas en 2021 y fue inhabilitado posteriormente para que no asumiera? 

Los regímenes autocráticos cuentan con un amplio repertorio de herramientas para sostenerse en el poder, y las pueden usar antes o después de la elección. A estas alturas es ingenuo e irresponsable pensar que la posible transición democrática de Venezuela pasa por la delegación de una candidatura habilitada. 

Para enfrentar a un régimen autocrático hace falta más que un candidato habilitado: hace falta ser una alternativa real de poder que sea amenazante, que cuente con apoyo popular nacional e internacional, de manera que provoque un resquebrajamiento de la coalición dominante y obligue a los distintos sectores que la conforman a negociar ante la inminencia de un cambio. 

En un contexto como el actual, después de años de despolitización y desmovilización, desechar a la candidatura que más ilusión y esperanza genera para adecuarse a las reglas de la dictadura puede significar al menos seis años más de crisis humanitaria y éxodo masivo.

Milei y lo que vendrá: Argentina, rumbo a las elecciones de octubre

Diego M. Raus
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Milei y lo que vendrá: Argentina, rumbo a las elecciones de octubre

Un estudio reciente del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, un instituto que viene trabajando hace más de dos décadas en esta regresiva cuestión social y cuyos resultados no difieren en demasía de las estadísticas oficiales, publicó que en el país el 61% de los niños, niñas y adolescentes (entre 0 y 16 años) se encuentran bajo la línea de la pobreza. Que el 59% de esa población infantil y adolescente reciben alimentación gratuita. Que la inseguridad alimentaria de esa población aumentó un 44% entre 2010 y 2022. Y que el 40% de esos niños no tienen acceso, en sus hogares, al agua de red. Este escenario de regresividad social es un increscendo desde 2009, aliviado entre 2011 y 2012, para luego dar paso a este camino al precipicio.

Si se sale de las estadísticas, se configura un escenario donde ya en más de una generación de argentinos, y residentes en el país, más de la mitad de la población ha visto menguar progresivamente sus condiciones de vida, sus expectativas de futuro y, peor aún, las expectativas de sus hijos.

En este escenario, cómo va a asombrar la elección de Javier Milei. Se esperaba que en las primarias abiertas se ubicara tercero, detrás de la principal oposición al oficialismo -Juntos por el Cambio- y de la coalición de gobierno -Unión por la Patria-. Sorpresivamente, Milei, sin estructura partidaria ni elenco político conocido, se ubicó primero con el 31% de los votos, seguido de JxC con el 28,5% y de UxP con el 27%. Reitero, solo con su figura.

Para empezar a entender este resultado, hay que apuntar lo siguiente: Milei no ganó por lo que dijo, sino por cómo lo dijo.

La campaña casi unipersonal de Milei, inscripto claramente en lo que se empieza a conocer hace algunos años como las corrientes libertarias, se basó en dos elementos: propuesta de dolarización, como modo de resolver la estructural y crítica situación económica del país, y el repudio a la casta, simbolizando en este concepto a toda la clase política argentina. Pero todo esto dicho a los gritos, con gestos furiosos, con insultos y con una descalificación absolutamente despectiva de la política tradicional. Fue este cómo más efectivo que el qué.

Esa rabia y esa descalificación interpretaron, y convocaron a las urnas, a un sector de la población que está tan enojado como él. Que rabia de descontento por no poder resolver sus dificultades cotidianas. Que está cansado de promesas, pero más aún de consignas vacías que derraman los partidos y los políticos. Que se retuerce ante discursos políticos que parecen hablarse a sí mismos y a quienes los producen. Que ya no cree. Definitivamente, no cree.

Habrá que analizarlo con más detalle, pero queda bastante claro después de estas primarias que el voto a Milei provino especialmente de jóvenes de sectores populares, dependientes de la precaria economía informal, habitantes de barrios postergados con una infraestructura más que deficiente y rodeados de iguales, tan marginados, desigualados y carentes de esperanzas entre ellos al punto de configurar netamente una situación política por fuera de la política representativa. 

El más que inesperado resultado de las primarias del 14 de agosto, incluso para La Libertad Avanza, la estructura política inscripta por Milei para estas elecciones, que festejó el resultado de manera coherente con la sorpresa que les produjo, encontró a una oposición de Juntos por el Cambio que ya se preparaba para un triunfo contundente, dividida y enfrentada de mala manera en su fuero interno, hecho que los catapultó al segundo lugar con al menos entre el 10% y el 15% menos de los votos esperados (y que las encuestas, cada vez más fallidas, pronosticaban). 

El resultado también dejó mal parado al oficialista -kirchnerista- Unión por la Patria, que, si bien no esperaba, salvo milagro, ganar las PASO, tampoco esperaba salir tercero -al punto de no entrar en el ballotage de octubre si se repitieran estas posiciones- ni obtener un porcentaje de votos claramente menor al que preveían las encuestas. 

Quedó, raro en la política electoral argentina, un camino hacia las presidenciales de tres tercios. Pero tres tercios que se rechazan mutuamente, de los cuales dos no están dispuestos, como generalmente ocurre en sistemas electorales de la región, a realizar ciertos acuerdos, trasladar preferencias y votos a fin de derrotar a uno de ellos. Los tres tercios de estas PASO rumbo a octubre son innegociables porque representan claramente tres posturas diferentes y antagónicas de las expectativas electorales de los argentinos. 

Lo novedoso es el tercio de Milei. Tiene dos fortalezas que le darían, parecen decir los primeros focus groups, más ventajas en octubre si se mantienen el panorama y las expectativas actuales. La primera es que ganó sorpresivamente, y eso implica un camino abierto para sus votantes, para los votantes de partidos que quedaron afuera de octubre y, sobre todo, para los que no fueron a votar por desencanto y enojo. La segunda es el hecho de haber dado en la tecla y haber interpretado a sectores sociales, reitero, absolutamente enojados y descontentos, al punto que gran parte de ellos no hubieran ido a votar de no tener la opción Milei. 

Por eso, y que quede claro: Milei ganó por cómo dijo ciertas cosas, más que por las cosas que dijo.

¿Qué escuela queremos para nuestros jóvenes en Brasil?

Clara Ramírez Barat
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¿Qué escuela queremos para nuestros jóvenes en Brasil?

Coautores Paula Alves y Michele Bravos

Entre 2002 y 2023, hubo 24 ataques contra escuelas en Brasil, con un saldo de 45 muertos y 137 heridos, según el Instituto Sou da Paz. En una democracia frágil -aunque en recuperación-, la disputa en el ámbito escolar está marcada por ideologías que privilegian el extremismo violento (motivado -entre otros factores- por el discurso del odio) y los intereses económicos. Sin una dirección gubernamental alineada con esta perspectiva, la práctica de la educación en derechos humanos puede quedar restringida a iniciativas aisladas, lo que supone una pérdida para la sociedad.

El 2023 sigue marcado por las consecuencias de la pandemia del COVID-19. Según el Censo Escolar, las escuelas públicas brasileñas pasaron una media de 279 días cerradas en 2020, una cifra muy superior a la de Argentina (199) y Colombia (173). En 2021, se intentó implementar la modalidad híbrida, pero sin mucho éxito, especialmente en las escuelas públicas, donde los estudiantes de los últimos años de la educación primaria y secundaria tuvieron un promedio de 102 días de clases a distancia, en comparación con 38 días en las escuelas privadas.

Como han demostrado estudios locales y globales, el aislamiento social al que se ha sometido a los jóvenes en un momento crucial para su desarrollo ha generado impactos que van mucho más allá de los déficits de aprendizaje, alcanzando aspectos de la salud mental y la capacidad de socializar con sus pares. La escuela es esencial para la alteridad y refleja dinámicas sociales de conflicto y diálogo, representando una oportunidad única para experimentar la pertenencia. La negación de esta convivencia tuvo consecuencias. El reto -que ya existía antes de la pandemia- de garantizar que el entorno escolar sea propicio para el aprendizaje con sentido crítico y la convivencia armoniosa entre las diferencias, se ha hecho aún mayor.

Nuevo fenómeno, vieja violencia

La violencia que se ha recrudecido con la reapertura de las aulas adopta formas diversas y afecta a muchos actores, como señala la UNESCO. Va desde el acoso escolar a las agresiones físicas y sexuales, perjudica a toda la comunidad escolar y causa diversos daños, como impactos en el rendimiento y absentismo escolar. El escenario se vuelve aún más complejo cuando la violencia adquiere una nueva dinámica: los ataques premeditados contra las escuelas.

Según el Instituto Sou da Paz, de los 24 ataques contra escuelas en Brasil, 12 ataques tuvieron lugar entre 2002 y 2021, seis en 2022 y otros seis sólo en el primer semestre de 2023. El crecimiento exponencial de estos episodios no sólo ha causado alarma social, sino también un sentido de urgencia para comprender este fenómeno, especialmente por parte de los gestores públicos, para producir una respuesta rápida y eficaz. Nos encontramos ante un tipo de violencia calificada como extremismo violento, protagonizada habitualmente por hombres jóvenes, blancos, heterosexuales y radicalizados.

Más importante que distinguir entre estos fenómenos, la violencia habitual y extrema que se produce en las escuelas y la violencia extremista contra las escuelas, es la percepción de cómo ambos están relacionados. Según el Informe Mundial sobre la Violencia contra los Niños de 2006, las escuelas crean y reproducen las condiciones políticas y socioeconómicas de cada contexto, así como los valores y las normas sociales imperantes, y «al ser víctimas, autores y testigos de la violencia, los niños aprenden que la violencia es un medio aceptable para que los fuertes y agresivos obtengan lo que quieren de los más frágiles, pasivos o pacíficos».

Quizá por ello resulte tan desalentador constatar que sólo cuando los efectos de esta violencia estructural afloran de forma aguda tomamos conciencia de su gravedad. Por muy comprensible que resulte este planteamiento, es necesario reconocer lo desafiador que resulta construir políticas en la necesidad urgente de responder a una crisis.

La acción tardía es reacción

Una reciente evaluación realizada por el Instituto Auschwitz para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas en escuelas de São Paulo reveló que, antes de participar en un proyecto de la organización centrado en la educación para la ciudadanía, apenas el 20% de los alumnos de los últimos cursos de primaria y secundaria sabían definir qué eran los derechos humanos. Después de las actividades, el 47% aprendió sobre el tema, el 42% pudo explicar qué son los derechos humanos utilizando ejemplos y el 5% fue capaz de articular el concepto de dignidad humana.

Además de medir los cambios en los conocimientos, la evaluación puso de manifiesto transformaciones en valores, actitudes y habilidades relacionadas con el respeto, la empatía, la convivencia y la participación democrática, de forma muy positiva. Estos resultados legitiman la importancia de la escuela como espacio de prevención y refuerzan lo que otras organizaciones ya han señalado: los esfuerzos funcionan y son imprescindibles para garantizar el ejercicio de la ciudadanía de forma plural e inclusiva. El extremismo violento promete precisamente lo contrario.

En referencia a la labor de prevención de crímenes atroces -que puede aplicarse de forma análoga al contexto de la violencia en las escuelas-, la prevención se producirá si somos capaces de reconocer las señales a tiempo. Actuar antes de reaccionar es la mejor opción. La acción centrada en responder a una crisis ya iniciada es menos diversa, menos eficaz y más cara. La mentalidad de reacción conduce a soluciones fragmentadas y políticas ad hoc, que responden a retos puntuales y no abordan un movimiento social complejo que exige soluciones integrales a largo plazo. Como consecuencia, se tiende a relajar la percepción de la urgencia del problema una vez superado el punto álgido de la crisis, lo que a menudo conduce a una inversión discontinua para abordar las causas reales del problema.

Las intervenciones educativas a largo plazo, con estrategias gubernamentales que cambien efectivamente la experiencia escolar, pueden ser un camino a seguir. Los resultados son graduales y lentos, y no sustituyen a las acciones de emergencia, ni pueden por sí solas evitar definitivamente que se produzca la violencia. Sin embargo, contribuirán sin duda a establecer sociedades más justas en las que estos fenómenos se produzcan cada vez menos y en las que los ciudadanos estén preparados para actuar antes, y mejor.

*Este texto forma parte del proyecto (Re)connecting: bringing people together to overcome violence in schools, llevado a cabo por el Instituto Aurora, con el apoyo institucional de L21. Para apoyar la iniciativa, visite: https://apoia.se/reconectar_escolas

Paula Alves es responsable del Programa Warren de Política Educativa en el AIPG. Máster en Educación y Desarrollo Internacional por la Universidad de Birmingham.

Michele Bravos es Directora Ejecutiva del Instituto Aurora para la Educación en Derechos Humanos. Máster en Derechos Humanos y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica de Paraná (PUCPR).

La desigualdad social como principal obstáculo para la democracia

Diana Paola Penagos Vásquez
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La desigualdad social como principal obstáculo para la democracia

La democracia como sistema político ha enfrentado sus más duras críticas durante la última década, especialmente en América Latina. De acuerdo con el Barómetro de las Américas 2021, las diferentes crisis que viven los países de la región, aunado a la pandemia de la COVID-19, justifican la escueta recuperación de la confianza ciudadana en el sistema democrático, así como su mayor preferencia por la centralización del poder en el Ejecutivo. El Salvador es un claro ejemplo de ese fenómeno. Si bien el presidente Nayib Bukele ha capitalizado el apoyo ciudadano a su gobierno, también ha ordenado la sistemática intimidación a la rama legislativa, a la vez que ha concentrado la toma de decisiones en la Presidencia.

A pesar de que el apoyo a la democracia ha mostrado su resiliencia durante los últimos años, los estudios de opinión pública son ilustrativos del latente escepticismo de la población con respecto a la capacidad del sistema para resolver la recesión económica o para atender las presiones en salud por la COVID-19. El reciente informe del Latinobarómetro destaca que las críticas hacia el desempeño de la democracia no cambiaron durante la pandemia; al contrario, se agudizaron, fruto de las profundas fallas de los sistemas de salud, que se han hecho evidentes durante esta crisis viral. Ese contexto profundizó la pobreza y la desigualdad que ya eran características de la crisis permanente de América Latina. 

Con todo, es necesario recordar que los problemas no se limitan a la gestión financiera o sanitaria. Hace tiempo que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) advierte que las principales limitaciones para la democracia en la región son la violencia y la desigualdad, producto de una realidad compartida en todos estos países: la pobreza y el subdesarrollo. En este sentido, sondeos más detallados del Pew Research Center apuntan que estos dos factores no solo abonan a la desafección ciudadana hacia la democracia, sino que también alientan el cuestionamiento de principios democráticos básicos como la equidad y la justicia. 

Si bien es cierto que México no ha sido ajeno a la realidad descrita, la mayoría de los análisis se han concentrado en la medición de la desconfianza de la población en la democracia, lejos de entender qué factores socioculturales perpetúan esta crisis. Existe una iniciativa que se realiza en más de 25 países del mundo y que se llama International Social Survey Programme. Esta busca mensurar el tamaño y la percepción de la desigualdad social, por lo que contribuye al entendimiento de la opinión respecto al tema. En México, esa información fue compilada por la consultora Parametría. Los resultados nos trazan un mapa sobre cuáles son los factores que el público considera que se necesitan para progresar en la vida, qué tipo de sociedad refleja su país, si existen diferencias entre grupos de población y quién es el responsable de combatir estas desigualdades. 

El trabajo duro, la procuración de una buena educación y los contactos “correctos” son los tres factores más relevantes para progresar en la vida a lo largo y ancho del planeta. De hecho, en promedio, tres cuartas partes de los entrevistados en todo el mundo concuerdan en esa idea; en México, ese consenso corresponde a tan solo la mitad de las personas. Por otro lado, se descartan la religión, el género y el soborno a autoridades como palancas para buenos resultados.

Otro dato que revela la percepción de desigualdad se obtiene al sondear el tipo de sociedad en la que se vive. Las distorsiones son claras. Quienes se identifican con la clase social más baja ven a la sociedad como una gran pirámide, en la que el mayor volumen de personas se concentra en la base; por su parte, quienes se ubican en la clase media alta o alta consideran que la mayor parte de la sociedad se concentra en el centro e interpretan sus sociedades no como una pirámide, sino como un rombo. Cuando las lecturas son tan diferentes entre sí no es raro imaginar los obstáculos para un acuerdo sobre políticas de equidad social.

Asimismo, a pesar de que la mayoría de los encuestados reconocen la brecha entre ricos y pobres en sus países, en México es donde menos se señala la existencia de esta diferencia. De hecho, la percepción de mayores distancias entre los ingresos ocurre en países europeos muchísimo más homogéneos socialmente que México o cualquier nación latinoamericana. Los mexicanos han reducido de forma considerable su percepción de brechas en los ingresos y, a la vez, ha aumentado el porcentaje de personas que no creen que sea responsabilidad del Gobierno el tener que acortar dichas diferencias. En este sentido, las opiniones sobre las oportunidades de progreso entre quienes tienen más o menos capacidad adquisitiva son totalmente contrastantes. Mientras que más de la mitad de los encuestados aprueba que la gente con dinero acceda a un mejor sistema de salud, también más de la mitad desaprueba su acceso a una mejor educación.

En general, los datos permiten observar fuertes diferencias regionales respecto a la percepción de desigualdad económica, la responsabilidad del Estado o los valores de progreso. La información también apuntala los contrastes entre los países latinoamericanos que participaron, y los mexicanos fueron los más disímiles en sus respuestas. Así, las opiniones respecto al tipo de sociedad y su desigualdad evidencian el difícil camino que la democracia tiene aún por recorrer en estos países. Si bien este sistema político continúa buscando soluciones para disipar tales diferencias, la percepción ciudadana sobre su desempeño seguirá siendo negativa mientras la desigualdad social siga.

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