Futuro puerto de Chancay: relevancia para el Perú y para América Latina

Rubén Tang
-
0
Futuro puerto de Chancay: relevancia para el Perú y para América Latina

Según diversas estimaciones, a finales del 2024 comenzará a operar la terminal portuario multipropósito de Chancay, considerado como una de las obras más ambiciosas para dinamizar el comercio internacional en Sudamérica.

El proyecto tiene carácter privado y el monto de la inversión se calcula en más de USD 3.600 millones de dólares. Sus accionistas son la empresa de capitales chinos Cosco Shipping Ports Limited (CSPL), con una participación del 60%, y la peruana Volcan Compañía Minera, con el 40%. Es el primer puerto privado de uso público en el Perú, lo cual significa que el titular es dueño del terreno donde operará el puerto y pagará un derecho por el uso del área acuática, diferenciándose de esta manera de los puertos de propiedad pública, concesionados y operados enteramente por privados.

Por sus características geográficas y de conectividad, la localización de la obra es ideal para la construcción de esta clase de megaproyectos, porque el distrito de Chancay está ubicado solamente 80 km al norte de Lima, lo cual permitirá descongestionar las operaciones en el puerto de El Callao, que se encuentran saturadas, a pesar de los esfuerzos de sus actuales operadores para ampliarlo y hacerlo más eficiente. Por ello, el terminal portuario multipropósito de Chancay tiene como objetivo posicionarse como uno de los espacios logísticos más modernos y eficientes del Perú, con lo último en tecnología para recibir a los barcos portacontenedores más grandes del mundo.

Para el Perú, son innegables los beneficios que brindará al país la puesta en marcha de este proyecto. En primer lugar, el puerto de Chancay contribuirá a un mayor dinamismo de su economía, así como a la mejora de la competitividad de las exportaciones. Asimismo, generará nuevos negocios y oportunidades comerciales para el Perú, convirtiéndolo en el primer centro logístico del Pacífico en América Latina para hacer negocios con el continente asiático, y en particular con China. Adicionalmente, y debido a su ubicación y rutas de acceso, el proyecto generará oportunidades para la carga proveniente del oriente y sierra central del país, elevando de esta manera su competitividad frente a otros mercados.

En segundo lugar, los encargados de la obra afirman que generará 10.000 nuevos empleos tanto directos como indirectos, así como impulsará el desarrollo de la zona circundante y los intercambios, a pesar de que sus detractores alertan sobre su impacto social y denuncian también daños al medio ambiente como consecuencia de su construcción y posterior operación.

A nivel de Sudamérica, el nuevo puerto de Chancay es muy importante porque será un hub que moverá la carga desde y para Chile, Ecuador y Colombia. Además, y como un gran objetivo estratégico, el puerto se erigirá en una de las principales conexiones de China con los países de la costa oeste de Sudamérica, sirviendo de esta forma como un puente para el creciente comercio de mercancías de esta región con el Asia-Pacífico, hoy por hoy la más dinámica del mundo.

La relación del Perú con China está en su mejor momento. El Perú tiene firmado con este país un tratado de libre comercio actualmente en proceso de optimización, lo que ha permitido que el gigante asiático sea ahora su primer socio comercial luego de la puesta en vigencia del convenio. Además, desde hace una década ambos países elevaron sus relaciones diplomáticas en el nivel de Asociación Estratégica Integral, lo que ha ayudado a consolidar la amistad y la cooperación en diferentes campos. Finalmente, el año pasado, el Perú se adhirió formalmente como miembro del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y el 2019 suscribió el Memorando para la participación del Perú en la Iniciativa de la Franja y la Ruta, un plan de inversiones masivas para construir grandes proyectos de infraestructura en todo el mundo lanzado por el presidente chino Xi Jinping en el año 2013.

Precisamente, para algunos, el proyecto del puerto de Chancay está enmarcado dentro de la llamada Ruta Marítima de la Seda, que podría convertir al Perú en una potencia comercial en América Latina y será un valioso instrumento para el fortalecimiento de las relaciones de amistad y cooperación con China en los próximos años.

Sin embargo, para otros, este proyecto forma parte de un gran plan geopolítico de China para ampliar su esfera de influencia, desarrollar su comercio, aumentar su riqueza e incrementar su poder diplomático y militar. Existe en ese sentido mucha preocupación por parte de algunos países, especialmente de Estados Unidos, que consideran que el aumento de la presencia e influencia de China en la región a través de estas inversiones representa una potencial amenaza al crear una excesiva dependencia de los lazos comerciales y crediticios con este país, los cuales generan además un alto déficit comercial y una elevada deuda.

La región Asia Pacífico es de suma relevancia para el desarrollo de nuestra región y le ofrece oportunidades sin precedentes. Sin embargo, este es aún un mercado sin explotar y tendría un impacto muy grande en la economía, el comercio y las inversiones. Por ello, la puesta en marcha del puerto de Chancay contribuirá de manera significativa a este proceso como un elemento dinamizador sobre todo en un contexto actual de competencia estratégica entre las dos principales potencias mundiales como son Estados Unidos y China.

* Este texto fue publicado originalmente en la web de REDCAEM

La expansión de los BRICS

Ana Garcia
-
0
La expansión de los BRICS

En la actualidad, el grupo BRICS -originalmente Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica- atraviesa un momento político destacado. En la reciente cumbre celebrada en Sudáfrica, el grupo formalizó su invitación a seis nuevos miembros: Argentina, Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán. Se consolida así el carácter geopolítico de los BRICS, ya que incluyen, por un lado, a un aliado histórico de Estados Unidos en Oriente Medio, Arabia Saudí, y, por otro, a Irán, que sufre las sanciones estadounidenses. China ha mediado recientemente en la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos.

Los BRICS se han constituido como una plataforma política y económica desde finales de la década de 2000. Su ascenso reforzó el arraigado imaginario de «modernización» y «desarrollo» en el Sur Global, dando lugar al optimismo sobre la capacidad de estos países para convertirse en una alternativa a la hegemonía occidental. Hoy, las tensiones -y las expectativas- sobre el papel internacional de los BRICS han crecido en la esfera geopolítica. Desde un punto de vista histórico, es importante que América Latina y África apoyen la diversificación de asociaciones económicas que puedan contrarrestar la omnipresencia de Estados Unidos y Europa.

Podemos analizar los BRICS desde al menos tres dimensiones. La primera es la «visión desde arriba», cuando analizamos el sistema internacional como un entorno formado por Estados nación relativamente cohesionados y con un interés nacional que buscan preservar o aumentar su poder en un entorno de competencia entre ellos. Este enfoque, se confunde con los análisis geopolíticos de los BRICS. Desde esta perspectiva, los BRICS buscan acumular capacidades económicas, políticas y militares frente a las potencias tradicionales, en particular Estados Unidos y Europa.

En sus inicios, en el contexto de la crisis financiera de 2008, los BRICS trataron de actuar de forma coordinada en los foros multilaterales para pedir reformas en las instituciones de gobernanza económica y política mundial, especialmente el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pero también (por parte de Brasil e India) en el Consejo de Seguridad de la ONU. Esta agenda reformista ha sido un punto de tensión con las potencias occidentales, que han tratado de retrasar o incluso impedir tales reformas en instituciones creadas en la posguerra, despertando las expectativas de algunos segmentos sociales sobre el potencial «contrahegemónico» de los BRICS.

Las cuestiones relativas a la seguridad internacional ya ganaban terreno en cada cumbre de los países BRICS. Sin embargo, las tensiones geopolíticas cobraron protagonismo con la elección de Donald Trump en Estados Unidos en 2017, cuando este país centró su atención en contener la expansión tecnológica de China. En 2022, con la invasión rusa de Ucrania, el mundo volvió a representarse como «Occidente contra Oriente», y la alianza China-Rusia, en el seno de los BRICS, marcó definitivamente el tono geopolítico, más que económico, de la agrupación. Desde esta perspectiva, el grupo se está convirtiendo cada vez más en una alianza geopolítica, más que económica.

Otra forma de ver los BRICS es desde una perspectiva «horizontal» (o lateral), es decir, analizando las relaciones intra-bloque, tratando de identificar convergencias y asimetrías entre los países. En el ámbito de la salud, por ejemplo, los BRICS han intentado aumentar su cooperación, estableciendo grupos de trabajo y memorandos de entendimiento. Al mismo tiempo, la pandemia puso a prueba la cooperación, y los países BRICS no coordinaron una posición conjunta sobre la flexibilización temporal de las patentes de vacunas en los debates de la Organización Mundial del Comercio.

En trabajos anteriores mostramos que existen asimetrías económicas entre los países, dada la preponderancia económica de China. En las relaciones comerciales, por ejemplo, tres de los países BRICS -Brasil, Rusia y Sudáfrica- mantienen superávits comerciales con China, pero sus exportaciones se componen principalmente de productos agrícolas y minerales primarios: soja, mineral de hierro, petróleo crudo y refinado, carbón, manganeso y otros hidrocarburos. India, el único país BRICS con déficit comercial con China, también suele exportar productos primarios a su socio asiático, así como medicamentos. Por su parte, las exportaciones intra-BRICS de China consisten en piezas de teléfonos, máquinas de procesamiento de datos y semiconductores. En este sentido, las relaciones comerciales intra-BRICS se remontan a la tradicional división internacional del trabajo, con China en su centro. Esta interdependencia asimétrica tiende a perpetuar la desindustrialización de la economía brasileña a medio plazo, ya que Brasil ha perdido su lugar frente a China como principal exportador de productos manufacturados a otros países sudamericanos.

Una tercera forma de analizar los BRICS se basa en sus relaciones con otros países y regiones en desarrollo de África, Asia y América Latina. Se trataría de una visión «vertical» (o bottom-up), ya que cada país BRICS actúa como una potencia regional que busca influir y acumular poder económico con otros de la «periferia». En ocasiones, la actuación de las grandes empresas multinacionales de los BRICS en África y América Latina reproduce prácticas de explotación de materias primas, mano de obra y recursos naturales, generando nuevos ciclos de acumulación y expropiación.  Según expertos, la influencia económica de China en África ha llevado a una reformulación de las relaciones intraafricanas: en lugar de las ideas del panafricanismo, estas relaciones se retratan ahora a través de la lente del «Sur Global» y la «Cooperación Sur-Sur», siendo esta una narrativa que lleva los intereses chinos al continente. 

Por su parte, el experto Carmody (2015) sostiene que el capital sudafricano y el chino generalmente trabajan juntos para explotar los recursos naturales y dominar los mercados en África. Tanto en África como en América Latina, algunos analizan las relaciones con China como desiguales y dependientes del comercio y la inversión, que sirven para garantizar el suministro de materias primas del país asiático y promover la apertura de mercados para la venta de productos y servicios de alta tecnología por parte de empresas chinas.

Para Brasil, éste es un momento de oportunidades y desafíos. Un BRICS fuerte y ampliado es bueno para Brasil como miembro fundador del bloque y líder regional en Sudamérica. Al mismo tiempo, el grupo está aumentando su fuerte base económica en los combustibles fósiles, así como un mayor déficit democrático, lo que supone un reto para Brasil en su intento, por un lado, de ser protagonista en las negociaciones sobre el clima e impulsar una transición energética justa y, por otro, de difundir ideas de democracia y derechos sociales, como pretende el actual gobierno de Lula. El país debe mantener su relativa autonomía frente a las tensiones internacionales entre las potencias y negociar mejores condiciones en las relaciones intra-BRICS. La transferencia de tecnología Sur-Sur y la cooperación efectiva en áreas como la salud, el medio ambiente, la agricultura y la energía son fundamentales para lograr mejores condiciones sociales de vida y de trabajo para la mayoría de nuestras poblaciones.

Argentina: Ayn Rand y la novela de Milei

Fabián Bosoer
-
0
Argentina: Ayn Rand y la novela de Milei

Es un misterio la manera en la que viajan las ideas políticas a través del espacio y el tiempo, adquiriendo formas impensadas e inesperadas. El modo en que encuentran campo fértil en distintos países para prender como relatos disruptivos o cosmovisiones alternativas que proponen cambios radicales. Algo de eso está sucediendo ahora con las ideas y narrativas libertarias en la Argentina, ochenta años después de su difusión en los EE.UU.

Una de sus referencias es Ayn Rand, filósofa y escritora norteamericana de origen ruso, autora de voluminosas obras escritas en los años ’40 y ’50. “El manantial”, novela publicada en 1943, fue uno de sus mayores éxitos literarios, el que junto con “La rebelión de Atlas” (1957), ambas traducidas al español, le trajeron fama y tendrán influencia sobre quienes fundarán el Partido Libertario, años más tarde.

El manantial cuenta la historia de Howard Roark, un joven arquitecto que decide luchar contra los convencionalismos sociales, las ideas preconcebidas, los prejuicios, y las “mentes pusilánimes”.

El libro relata la batalla del personaje principal frente a un establishment centrado en la adoración de la tradición y la falta de originalidad. Los otros personajes de esta novela encarnan diversos arquetipos del carácter humano, todos los cuales son variaciones entre Roark, el hombre ideal, de espíritu único, independiente e íntegro, y lo que la autora describe como “second-handers” (subordinados); personas mediocres cuyo objetivo es lograr el éxito a toda costa.

Las complejas relaciones entre Roark y las diferentes personas que ayudan u obstaculizan su progreso personal hacen de esta novela algo así como una extensa fábula, a la vez un drama romántico y una obra filosófica, sobre el espíritu humano y una exaltación del individualismo egoísta. El título es una referencia a una cita de la autora: «El ego del hombre es el manantial del progreso humano».

El manantial generó una corriente de seguidores en el mundo intelectual neoyorquino de los años ’40, congregados en torno a las ideas de Rand, activa siempre en los medios de comunicación con un estilo polémico, beligerante y crítico. Este grupo se autodenominó “Clase ’43”, en referencia al año de publicación del libro, antecedente de lo que luego se llamará “movimiento objetivista”, la creencia de que “el hombre vive para sí mismo, de que la búsqueda de su felicidad es el más alto de los objetivos morales y de que no debe ni sacrificarse por otros ni sacrificar a otros por él”. En otras palabras, el egoísmo racional como virtud moral, el individualismo ontológico y el capitalismo laissez faire. La novela fue llevada al cine en 1949. La propia Rand escribió el guión de la película y Gary Cooper interpretó el papel de Roark. Y ella misma será interpretada por Hellen Mirren en otra película, La pasión de Ayn Rand, de 1999.

Luego siguieron varias oleadas de libertarios en los EE.UU., los que se fueron radicalizando hacia la derecha o hacia los márgenes del sistema político tradicional. En los años ’70, tributando a la llamada revolución conservadora de Ronald Reagan; en los ’90, en reacción a las reformas liberales de la «era Clinton», y en los 2000, contra Obama y sus políticas, consideradas «socialistas».

«Ayn Rand, la virgen atea de la derecha, renace gracias a Trump y Silicon Valley» escribía el periodista Jonathan Freedland en The Guardian, en abril de 2017: «La ideología de Rand censura el altruismo, eleva el individualismo a la categoría de fe religiosa y concede licencia moral al egoísmo más crudo. Rand fue durante mucho tiempo la autora preferida de la derecha libertaria estadounidense, y ahora varios de sus devotos seguidores están en el Gobierno de Trump».

Allí se recordaba que el entonces director de la CIA, Mike Pompeo, era uno de los conservadores que decía que La rebelión de Atlas lo dejó “profundamente marcado”. Y que Trump, que no es un lector empedernido como es sabido, alguna vez dijo que le han gustado tres libros, e inevitablemente El manantial era uno ellos: “Habla de los negocios, de la belleza, de la vida y de las emociones. Habla… de todo”.

Respecto de la última ola de «randistas» , los «príncipes de Silicon Valley», Freedland describe a esta generación de jóvenes que, al margen del mundo político y del conservadurismo convencional, se sienten como Howard Roark y John Galt (el protagonista de La rebelión de Atlas) decididos a cambiar el mundo con su talento, sin preocuparse por las consecuencias: cuando Travis Kalanick (consejero delegado de Uber) tuvo que elegir un avatar para su cuenta de Twitter, optó por la portada de El manantial. Peter Thiel, el primer gran inversor en Facebook y una de las pocas personas que vive entre Silicon Valley y el mundo de Trump, es randista. Y, según dice Steve Wozniak, cofundador de Apple, Steve Jobs comentó en cierta ocasión que La rebelión de Atlas era uno de sus “libros de cabecera”.

La influencia de Rand entre estos nuevos amos del universo no se referiría tanto al ultraliberalismo económico como a la decisión obsesiva de atenerse a una visión personal e individualista de la vida, sin sopesar el impacto que pueda tener en el entorno social. O creyendo asertivamente que dicho impacto no puede sino ser benéfico para la sociedad humana.

En las ideas de esta escritora norteamericana, fallecida en 1982, encuentra una de sus canteras ideológicas y fuentes de inspiración el candidato presidencial libertario Javier Milei, favorito en las encuestas, protagonista de una nueva novela argentina que combina ficción y realidad, entre utopías y distopías.

*La versión original de este texto fue publicada en Clarín

El gobierno de Maduro interviene hasta el Partido Comunista de Venezuela

Guillermo Pérez
-
0
El gobierno de Maduro interviene hasta el Partido Comunista de Venezuela

El pasado 11 de agosto el gobierno de Nicolás Maduro intervino al Partido Comunista de Venezuela (PCV). Por una decisión judicial, los comunistas perdieron la propiedad del histórico partido (de casi 100 años, el más antiguo del país), que ahora cuenta con una directiva integrada por personas leales a Maduro.

El acontecimiento puede sorprender. Lo cierto es que, aunque aliado del Gobierno desde la ascensión de Hugo Chávez, el PCV siempre demostró un nivel de autonomía que no se condice con el proyecto del gobierno de Maduro, que, en ocasiones, coquetea con el totalitarismo y la eliminación de cualquier forma de expresión política autónoma.

Siempre hubo desacuerdos entre el PCV y el Gobierno, incluso con Chávez, quien llegó a amenazarlos. Pero fue con Maduro con quien la relación parece haber llegado a un punto de no retorno.

La ruptura se debe a cambios en la política económica del país. Desde 2019, Maduro ha introducido pequeños cambios en el modelo, creando una especie de capitalismo de compadres en el país, y relajando (de facto, no de iure) algunos de los controles sobre la economía venezolana.

Estos cambios permitieron una cierta estabilización y un crecimiento débil. Esta situación se sostuvo, en parte, por el congelamiento de los salarios, y aumentó tanto la pobreza como la desigualdad en Venezuela, lo que ha molestado a algunos de los aliados de Maduro.

Por lo tanto, ya sea porque el capitalismo amiguista de Maduro no incluía a los comunistas, ya sea porque sus principios ideológicos no coinciden con los cambios económicos, ya sea una combinación de ambos, la relación entre el PCV y Maduro (a quien acusan de «neoliberal») se rompió, al parecer, definitivamente.

Un nuevo sistema de partidos en Venezuela

El cambio en el pensamiento económico ha tenido un impacto en la política del país, pero los cambios en el sistema de partidos son más radicales.

Con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el chavismo disidente (quienes insisten en reivindicar al fallecido líder izquierdista, pero no apoyan a Maduro) se queda sin ningún partido relevante para inscribir candidatos en futuras elecciones.

El problema es grave porque reduce la posibilidad de que un sector político del país se exprese. Pero cuando miramos las decisiones del TSJ sobre los partidos venezolanos en su conjunto, el panorama es mucho más sombrío.

Durante los últimos diez años, los tribunales (sumamente politizados a favor del Gobierno) tomaron decisiones que transformaron el sistema de partidos con una estrategia simple: secuestrar el estatus legal de los partidos o descalificarlos para impedir su participación en las elecciones.

La práctica comenzó con Chávez, quien en 2012 intervino en los partidos Patria Para Todos (PPT) y Por la Democracia Social (Podemos), dos exaliados del Gobierno que, en las elecciones presidenciales, decidieron sumarse a la campaña del candidato opositor Henrique Capriles Radonski.

En 2015, ya con Maduro como presidente, se volvió a emplear la estrategia, esta vez para intervenir a cuatro partidos de oposición: MIN-Unidad, MEP, Bandera Roja y Copei, uno de los más antiguos de Venezuela. En 2017 fueron ilegalizados Acción Democrática (AD), que fue fundador de la democracia en el país, Un Nuevo Tiempo (UNT), Nuvipa e Independientes por el Progreso.

En 2020, el TSJ intervino e impuso direcciones ad hoc a AD, Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP). Y en las elecciones presidenciales de 2018, ninguno de los partidos de oposición nacionalmente conocidos pudo inscribir candidatos para participar.

Para comprender el efecto de las intervenciones judiciales, basta mirar lo que queda de los partidos que ganaron las elecciones legislativas de 2015, las últimas consideradas mínimamente competitivas para permitir que ganara la oposición.

Actualmente, la mayoría de los partidos de oposición se encuentran intervenidos o inhabilitados, y algunos candidatos ni siquiera tienen un partido habilitado ante el organismo electoral para registrar su candidatura (entre ellos, María Corina Machado).

Si bien la oposición venezolana fue la principal víctima de las intervenciones judiciales, también fueron intervenidos o inhabilitados sectores considerados chavistas, pero que no apoyan a Maduro, como Tupamaro (2020) y Marea Socialista (una facción separada del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), partido del Gobierno.

Maduro, con poco apoyo electoral, sigue una estrategia simple: dividir el voto de la oposición y evitar la competencia de otros actores de la izquierda.

Sin libertad de asociación

A través de un control institucional total, Maduro transformó el sistema político venezolano y, con ello, eliminó efectivamente la posibilidad de que grupos con diferentes ideologías puedan competir por las preferencias de los votantes.

Sin embargo, las limitaciones a los derechos de reunión y asociación no solo ocurren en el mundo político. Entre julio y agosto de 2023, seis sindicalistas fueron condenados a 16 años de prisión por reivindicación de derechos, se llevó a cabo una intervención judicial contra la Cruz Roja venezolana e incluso se violó el derecho a la privacidad en un caso que se volvió famoso internacionalmente por haberse arrestado bajo cargos falsos a un grupo de hombres gays en un sauna.

Chávez llegó a la Presidencia prometiendo democracia participativa como cura de los fracasos del bipartidismo venezolano de la segunda mitad del siglo XX, pero la principal víctima del sistema político que creó fue precisamente la participación.

Con partidos y políticos excluidos, sin libertad de asociación ni derechos sindicales y con las organizaciones no gubernamentales constantemente acosadas, la sociedad civil venezolana se ve obligada a seguir un camino económico que la empobrece y solo beneficia a la élite en el poder y sus amigos, sin poder elegir ninguna alternativa de derecha ni de izquierda.

Chile, a 50 años del golpe militar

Mariana Aylwin
-
0
Chile, a 50 años del golpe militar

El presidente Gabriel Boric inició su mandato evocando al presidente Salvador Allende. Los jóvenes de su generación, que hoy gobiernan en Chile, nacieron a la vida política proponiendo cambios radicales para terminar con el neoliberalismo.

Inspirados en una épica revolucionaria de reminiscencias setenteras, recogieron el malestar del proceso de modernización cuestionando las políticas impulsadas por los gobiernos desde el retorno a la democracia. Desdeñaron los acuerdos de la transición y vieron con simpatía (cuando no se sumaron) el estallido social del año 2019 y la aceptación de la violencia. No acarreaban los traumas del quiebre democrático, porque nacieron en democracia. Sus ideales refundacionales y propuestas populistas encontraron eco en los partidos que habían hecho una transición exitosa a la democracia que, despreciando sus propios logros, se sumaron a las críticas respecto del modelo que habían impulsado. De este modo, tuvieron poco contrapeso para llegar al poder en pocos años, en un contexto de creciente polarización.

Espíritu refundacional

En el año y medio recorrido por la administración Boric, el espíritu refundacional tuvo su máxima expresión en la Convención Constitucional, cuyo proyecto de nueva Constitución fue rechazado por el 62% de los chilenos en el plebiscito de septiembre de 2022. De ahí en adelante, el gobierno ha sufrido varias derrotas. Ocho meses después, en la elección de un Consejo Constitucional para continuar el proceso constituyente, la derecha, esta vez liderada por su sector más extremo, logró los consejeros suficientes para proponer un nuevo texto sin necesidad de más apoyos. 

Los problemas de inseguridad, terrorismo en la Araucanía, casos de corrupción y una economía estancada, entre otros factores, han contribuido a que la agenda de la conmemoración de los 50 años del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 haya tenido muchos tropiezos.

A pocos meses del nuevo gobierno, el presidente Boric anunció la conmemoración y organización de los eventos enfocados en la memoria respecto del golpe de Estado y las víctimas de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura para, desde allí, valorar la democracia y mirar al futuro. Los conceptos inspiradores fueron memoria, democracia y futuro. La discusión política, desde un comienzo, demostró un quiebre profundo respecto del significado histórico de esta fecha. 

Memoria y controversia en Chile

Para el mundo de la izquierda, el golpe es evaluado en sus devastadoras consecuencias en violaciones a los derechos humanos. Para los sectores de derecha y moderados, el golpe y las violaciones a los derechos humanos no se explican sin entender lo que sucedió antes. Desde los extremos, unos rechazan toda referencia crítica al gobierno del presidente Allende, como si fuera sinónimo de defender a Pinochet. Ello le costó la salida del cargo al coordinador de la conmemoración, por decir que la historia podría seguir discutiendo las causas del golpe de Estado. Fue acusado por el Partido Comunista y organizaciones de derechos humanos de justificar el golpe.

Desde la vereda opuesta, hay quienes mantienen una justificación del golpe y de la dictadura por salvar a Chile de una dictadura marxista.

Contra todo pronóstico, el debate derivó, por primera vez en varias décadas, hacia las causas del quiebre de la democracia. Los intentos de establecer una verdad oficial no prosperaron. Los debates, crónicas, columnas, seminarios, documentales y numerosas publicaciones referidas a la historia anterior al golpe militar han visto la luz o se han reeditado. Entre ellas, el libro póstumo del expresidente Patricio Aylwin, La experiencia política de la Unidad Popular, presentado en la Universidad de Chile por la expresidenta Michelle Bachelet y ante la presencia del presidente Boric. La obra hace un documentado recuento de los hechos que fueron deteriorando la democracia hasta su quiebre en 1973. Aylwin fue protagonista de ese momento trágico de nuestra historia.

Descuido de las formas

Chile tuvo una estabilidad institucional durante cuarenta años. Sin los cuartelazos ni rupturas tan frecuentes en América Latina, ¿cómo fue posible que llegara a perder su democracia? Esa pregunta busca respuestas recurriendo a la historia y este es un debate que la izquierda actual (a diferencia de la generación anterior) no había querido tener.

De allí que la conmemoración de los cincuenta años ha tenido un resultado distinto al esperado por el gobierno. Los últimos estudios de opinión muestran una percepción muy dividida acerca de las responsabilidades en el golpe de Estado, en que el presidente Allende aparece en primer lugar.

El presidente y el gobierno han tenido una conducta errática, alternando convocatorias a la unidad con intervenciones que han añadido a las divisiones actuales las del pasado. Han actuado con improvisación, descuidando las formas y la gestión política. Llegaron al final del camino con una propuesta a los partidos políticos y a los expresidentes de una declaración inconsulta previamente, que los partidos de oposición anunciaron que no suscribirán. Y parte de la derecha ha suscrito otra. Aunque ambas declaraciones tienen puntos en común, el clima político ha hecho inviable un encuentro de unidad.

Acuerdos fundamentales

No obstante, pese a la polarización y al desencuentro actual, hay acuerdos fundamentales. La condena a las violaciones a los derechos humanos es unánime. Un golpe militar como forma de resolver los conflictos no está en el horizonte de nadie. Es de consenso la valoración de la democracia como el único sistema que permite una convivencia civilizada, y su necesario cuidado ha sido proclamado por todos los sectores. El anuncio de un plan para la búsqueda de detenidos desaparecidos ha concitado un apoyo mayoritario. Es (hasta ahora) el mayor aporte de esta conmemoración a la construcción de un futuro sin las heridas que aún permanecen abiertas.

En todo caso, esta conmemoración nos muestra que tenemos un gran desafío: mejorar la calidad de la política. Fue esta la que falló en 1973 y es esta la que está fallando actualmente. Es también la que nos ha impedido tener una conmemoración que nos permita reencontrarnos en nuestra memoria y nuestra historia para que, desde allí, con sus sombras y sus luces, podamos construir un futuro compartido.

*Texto publicado originalmente en Diálogo Político

Así se juega ajedrez: política latinoamericana más allá de las fronteras

Fernando Pedrosa
-
0
Así se juega ajedrez: política latinoamericana más allá de las fronteras

Una de las diversas consecuencias ocasionadas por la llamada crisis del petróleo, en 1973, es que en ella se ubica el momento que, generalmente, se elige como parteaguas y a partir del cual la internacionalización, la interdependencia, la globalización, o como queramos llamarlo, aparece como un elemento ineludible para los análisis económicos y sociales.

Robert Keohane y Joseph Nye definieron en Transnational Relations and World Politics: An Introduction, ese modelo de acción, entonces novedoso, como transnacional. El ámbito internacional ya no le pertenecía con exclusividad al mundo estatal o gubernamental, y otros actores comenzaron a ser protagonistas con aceptada legitimidad.

La economía fue la que más rápido se adaptó a este «nuevo mundo» y, en aquellos años de la década de 1970, se corporizó en lo que se llamaban las empresas transnacionales. Curiosamente, el transnacionalismo fue también una práctica habitual entre los grupos de la izquierda radical y armada. Estas utilizaban con habilidad las redes informales como una manera de llevar adelante sus planes revolucionarios. Sin bases geográficas fijas, lograban enhebrar vínculos entre grupos y lugares diferentes en un mapa intercontinental cuyos nodos, entre otros, eran la Organización para la Liberación Palestina de Yasser Arafat, la Libia de Kadafi y la dictadura castrista en Cuba.

Redes y actores

La actividad transnacional fue extendiéndose más allá de la izquierda. Luego de la caída del muro de Berlín, fue la tendencia dominante en la política globalizada. El efecto boomerang, que tan bien definieran Margaret Keck y Katherine Sikkink en el libro Activistas sin fronteras, graficaba la democratización del acceso al ámbito internacional de los actores nacionales. Así, no importaba cuán pequeños, aislados o desempoderados fueran. Cualquier grupo podía apelar al mundo para obtener recursos o poner límites a Estados nacionales que los perseguían.

Pero los cambios también se observaron en la sociedad, no solo en las transformaciones que sufrían algunos sectores, por ejemplo, en la reducción del número de obreros tradicionales y el aumento de los trabajadores ligados al sector servicios. También se observó en la fragmentación de una política que comenzaba a mostrar la diversificación de reclamos sociales. Estos incluían el ambiente, el feminismo, lo antinuclear o las demandas de más libertades frente al avance de los pesados y burocratizados Estados europeos.

Las redes más allá de las fronteras dieron renovada vida al mundo asociativo. También actores y grupos no estatales o paraestatales se ubicaban cómodamente en este nuevo terreno: el crimen organizado, las redes financieras, los medios de comunicación. Otros fenómenos que pronto se volvieron reiterados y tampoco respetaban fronteras nacionales eran las migraciones forzadas, las pandemias o los desastres climáticos. 

El fenómeno globalizador tomó cuerpo como una crisis de los Estados nacionales que comenzaron a ver mermada rápidamente la capacidad de intervención y regulación de un mercado que dejaba de ser exclusivamente nacional y adquiría otra magnitud en su escala logística, organizativa y de manejo de recursos.

Lo nacional se vuelve internacional

Dicho en forma sencilla, la fórmula del éxito que se había construido desde la segunda posguerra mundial, el Estado de bienestar, comenzaba a tener serios problemas para continuar siendo sustentable y su legitimidad política e intelectual tambaleaba con él. Otras demandas crecían en las sociedades que las rancias socialdemocracias europeas no podían siquiera caracterizar correctamente.

Esto enmarcó la conocida crisis de representación (la que, corregida y aumentada, continúa hasta nuestros días) que reflejaba entonces el creciente descontento social con un sistema político nacionalizado que ya no podía dar respuestas a los problemas, a los desafíos que tenían formato de carácter global.

Para políticos, activistas y todos aquellos que entendían la acción política más allá de la reflexión teórica, esto también se tradujo en un desafío que requería respuestas innovadoras, que trascendieran las fronteras nacionales, pero de las que había antecedentes. Y esto interpelaba al mundo político más allá de que los protagonistas ocuparan lugares centrales en Estados y gobiernos o fueran parte de pequeñas organizaciones partidarias o no gubernamentales. 

En el documento El mundo no es suficiente. Redes de políticos y luchas por la democracia en América Latina, publicado por Diálogo Político y la Fundación Konrad Adenauer, presenté una investigación tratando de ordenar y encontrar un sentido estratégico al mundo actual del activismo político transnacional. Para ello puse énfasis en tres tipos de estrategia: las redes gubernamentales internacionales, las políticas informales y las políticas transnacionales. Estas últimas, a su vez, dividiéndolas entre redes de activismo transnacional y redes políticas partidarias más allá de las fronteras.

El trabajo mencionado también partía de una hipótesis transversal que daba sentido al tenso y conflictivo mapa de la política latinoamericana. El transnacionalismo político actual ha sido traducido con un nuevo sentido por líderes y movimientos, especialmente aquellos pertenecientes a la denominada marea rosa, izquierda del siglo XXI, nueva izquierda latinoamericana o izquierda populista, y sus sucesores. Y ese sentido se ha vuelto dominante.

Más allá de las fronteras

Esta ola de activismo y política transnacional fue muy bien aprovechada por quienes adhieren a proyectos autoritarios, iliberales, incluso antidemocráticos. Vació al movimiento internacionalista de su tradicional influencia liberal basada en ideas de cosmopolitismo o de internacionalización de la democracia. El Foro de San Pablo, Clacso y los disturbios organizados para deslegitimar gobiernos que no eran de izquierda en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Perú son solo unos pocos ejemplos de una ecuación que es mucho más coordinada de lo que aparenta.

Este nuevo fenómeno transnacional se sostiene desde un discurso catch all, enunciado hegemónicamente desde el mundo político, académico y cultural, y que combina elementos contemporáneos y del siglo XX con la tradición patriagrandista, ampliamente presente en la historia política de la región. A eso se le suman elementos provenientes del clásico discurso socialista que propaga uno de los nodos más importantes y tradicionales de la red, Cuba.

Este modelo de nacionalismo regional como base de un renovado activismo político nacional retoma algunas cuestiones clásicas en este tipo de movimientos: una mirada agonal de la política, ideas antiliberales y un relato antiimperialista, pero al mismo tiempo conservador. Sin embargo, la investigación muestra también una renovada actividad transnacional de los partidos políticos, en un abanico que supera ampliamente el universo de la izquierda.

Posiblemente, el resultado más importante (y optimista) del texto publicado por Diálogo Político sea que las organizaciones transnacionales de partidos (OTP), a pesar de no ser popularmente reconocidas, han crecido significativamente. Pueden convertirse en una herramienta muy útil tanto para enfrentar las demandas de sociedades descontentas con la política nacional como una esperanza para hacer frente a los discursos autoritarios de izquierdas y derechas que hoy se están fortaleciendo en América Latina.

*Este texto fue publicado originalmente en Diálogo Político

El destino de los presidenciables que desafiaron al narcotráfico

Ernesto Hernández Norzagaray
-
0
El destino de los presidenciables que desafiaron al narcotráfico

El asesinato de Fernando Villavicencio, quien era el candidato del Movimiento Construye para ganar la Presidencia de Ecuador, trae a la memoria los asesinatos de los presidenciables colombianos Luis Carlos Galán en 1989 y Carlos Pizarro Leongómez en 1990, y el del mexicano Luis Donaldo Colosio en 1994. En todos estos crímenes estuvieron involucrados, presuntamente, cárteles del narcotráfico.

Este nuevo magnicidio encendió las alertas de todos aquellos que buscan salvaguardar las frágiles democracias latinoamericanas. Pero este déjà vu nos devuelve al problema que hace décadas viene amenazando, por su correlato de violencia y muerte, la vigencia del Estado y sus instituciones en ciertos países de la región.

Ecuador, que hace una década solo representaba un lugar de tránsito de drogas, se ha convertido en un país de “almacenamiento, procesamiento y distribución”. Esto conlleva la configuración de franquicias locales que responden a los intereses de los cárteles mexicanos, que son considerados por el Gobierno de Estados Unidos como uno de los más poderosos del mundo.

En julio, el administrador adjunto de la DEA, Georges Papadopoulos, publicó el documento Protección del territorio nacional de Estados Unidos: lucha contra el flujo procedente de la frontera suroeste. Ahí se da cuenta de la dimensión y el poder que tienen los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación a través de una red de franquicias y alianzas criminales a escala mundial.

Con respecto al Cártel de Sinaloa, señala que esta organización cuenta con más de 26.000 miembros, asociados, facilitadores y corredores afiliados en un centenar de países. Mientras tanto, Jalisco Nueva Generación tiene más de 18.800 personas entre miembros y allegados, y también opera en más de 100 países. Estas cifras contrastan con las de la DEA, que opera solo en 69 países y cuenta con alrededor de 9.000 empleados.

Complementariamente, el Centro Internacional Marítimo contra el Narcotráfico, de Colombia, elaboró en 2021 un mapa de las cinco rutas del narcotráfico que documenta el paso de la droga entre Ecuador y las costas de México. Una constante en los territorios tomados por el crimen organizado es que, para optimizar sus operaciones y negocios, resulta cada vez más indispensable hacerse con franjas de las instituciones públicas y de representación política en los tres niveles de gobierno (federación, estados y municipios) para tener una suerte de muro de contención contra decisiones políticas adversas a sus intereses.

En este propósito de crear un Estado paralelo, estas organizaciones han acudido a la presión, la intimidación y el asesinato de los líderes sociales, así como también de los dirigentes políticos que se han opuesto a ese proceso de captura de las instituciones públicas.

La incertidumbre que se vive actualmente en Ecuador, también se vivió en México durante las elecciones concurrentes de 2021, cuando los distintos grupos del crimen organizado se convirtieron en el gran elector, especialmente en los estados de la costa del Pacífico, e intervinieron violentamente en la selección de candidatos, en las campañas electorales y el día de los comicios. Incluso, cerca de un centenar de dirigentes, militantes y candidatos murieron asesinados. 

De acuerdo con el Primer informe de violencia política en México 2021, de la organización civil Etellekt, entre el 7 de septiembre de 2020 y el 30 de mayo de 2021 hubo 782 agresiones contra políticos y candidatos, y entre las agresiones registradas, fueron asesinados 35 candidatos a algún cargo público. En general, 89 políticos fueron asesinados.

En estos días en que en México están en marcha procesos para definir quiénes serán los candidatos presidenciales de las dos grandes coaliciones que se prefiguran para competir en 2024, el problema de los cárteles y su violencia está prácticamente ausente del debate público. Esto, a pesar de que la mayoría de los mexicanos consideran que este asunto es su mayor preocupación.

En definitiva, los asesinatos de los presidenciables colombianos Galán y Pizarro, así como el del mexicano Colosio, y ahora el del ecuatoriano Villavicencio (este, por cierto, llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a que se hiciera cargo del problema que exporta su país), son las consecuencias que sufren aquellos que osan desafiar el poder del narco. Por ello, hace falta algo más que declaraciones y pronunciamientos políticos para detener este flagelo.

China expande su presencia en Guyana

Robert Evan Ellis
-
0
China expande su presencia en Guyana

En julio de 2023, durante su encuentro con Xi Jinping durante los 31º «Juegos Universitarios Mundiales» de Chengdu, el presidente de Guyana Irfaan Ali expresó su «aprecio» por el nuevo marco estratégico de China para impulsar su «comunidad de destino común»: su Iniciativa de Desarrollo Global, su Iniciativa de Seguridad Global y su Iniciativa de Civilizacional Global. Esto pone de relieve una renovada ola de compromiso e influencia chinos en Guyana. Ali, cuyo gobierno había anunciado en febrero de 2021 su intención de abrir una oficina comercial en Taiwán antes de que la presión de China le obligara a dar marcha atrás en cuestión de horas, reafirmó la lealtad de Guyana a la política de «una sola China».

En materia comercial, Ali anunció la intención de Guyana de profundizar su participación en julio de 2018 en la Iniciativa china de la Franja y la Ruta (en inglés: Belt and Road Initiative, BRI) mediante la negociación de la firma del «Plan de Cooperación BRI» de China, incluida la vinculación de la estrategia de desarrollo 2030 de Guyana a la BRI.  Ali también se comprometió a establecer un «Grupo de Trabajo de Inversión y Cooperación Económica» Guyana-China para avanzar en los proyectos chinos en el país.

Las relaciones bilaterales entre ambos países se profundizaron tras el descubrimiento y explotación de más de 25.000 millones de barriles de petróleo recuperable en las aguas territoriales de Guyana por un consorcio liderado por Exxon-Mobil. Esto impulsó un crecimiento del PIB de más del 25% anual y captó nuevos recursos procedentes, tanto del sector petrolero como de inversores externos. La China National Offshore Oil Company (CNOOC) entró como socio del 25% en el consorcio liderado por Exxon.

Pero incluso antes de esta relación, China ya estaba profundamente comprometida con Guyana. Desde inicios del siglo XXI, la presencia china en el país ha sido visible a través de empresas como Bosai Minerals Group; China Railway Road; China Harbour Engineering Corporation (CHEC); Beijing Construction Group o Eddie Boyer’s National Hardware.

En el sector de la seguridad, el gigante asiático ha hecho donaciones a los servicios de seguridad de Guyana, regalando un avión de transporte militar Y-12 a la Fuerza de Defensa de Guyana, seguido de 31 vehículos y otros artículos donados en 2017.  Ese mismo año, también donó USD 2,6 millones de dólares en coches de policía, motocicletas y otros equipos.

Aunque China ha hecho hincapié en el crecimiento del comercio con Guyana, la nueva afluencia de petróleo de este país se ha reflejado hasta ahora, más en compras que en ventas. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), los USD 17 millones de dólares en exportaciones de Guyana a China en 2022 fueron en realidad 4.000 millones de dólares menos que en 2019, el año antes de que su petróleo comenzara a entrar en línea. Sin embargo, sus importaciones durante ese tiempo, casi se duplicaron de USD 218 millones de dólares en 2019 a USD 372 millones en 2022.

En octubre de 2022, China y Guyana firmaron un acuerdo de servicios aéreos que allana el camino para vuelos aéreos directos de aerolíneas chinas a Guyana, pero la expansión más visible han sido los proyectos que sus empresas han ganado a medida que Guyana ha construido su infraestructura comercial y pública.

En el sector de la construcción, la China Harbour Engineering Corporation (CHEC) se ha convertido en un actor dominante, con una expansión de USD 100 millones de dólares del legado del hotel Pegasus de Guyana, además de la construcción de una segunda propiedad Marriott, entre otras propiedades y obras de infraestructura y minería.

En 2022, la China Railway First Group, otro conglomerado chino, obtuvo un contrato de USD 184 millones de dólares para la ampliación del sistema ferroviario y de carreteras de la costa este. De cara al futuro, el gobierno de Ali también ha mantenido negociaciones con para financiar hasta USD 600 millones de dólares en diversos proyectos de carreteras.

Además de las infraestructuras viarias, los chinos también están interesados en proyectos de energías renovables, como el proyecto eólico y solar de Hope Beach.  Además, China State Construction and Engineering (CSCE) y China Dailan han estudiado la construcción de un puerto de aguas profundas en Berbice, al este del país, donde la empresa canadiense CGX ha construido instalaciones de apoyo al sector petrolero.

En el sector petrolero, la inversión china ha sido mínima, más allá de la participación de CNOOC en la coalición liderada por Exxon que desarrolla el bloque Stabroek. Aun así, el gobierno de Ali ha invitado a las petroleras con sede en China a participar en la subasta de 14 nuevos bloques petrolíferos.

En los sectores de las telecomunicaciones y la vigilancia, Huawei ha establecido una posición dominante en el país. El gobierno de Ali la ha contratado para ampliar sus sistemas de vigilancia a nivel nacional, lo que plantea problemas de seguridad de datos y privacidad para los guyaneses.

A nivel gubernamental, el embajador de China en Guyana, Guo Haiyan, ha tratado activamente de construir relaciones con los guyaneses, incluyendo la financiación de un «Parque de la Amistad China-Guyana» en la orilla oeste del río Demerara. China también ha ampliado su formación de médicos guyaneses a través de los «equipos de ayuda médica» chinos.

El gobierno de Ali, amigo de Estados Unidos, no pretende «elegir» entre Estados Unidos y China. Estados Unidos tampoco está en condiciones de «superar» a China… aunque la importante diáspora guyanesa radicada en el país y el enorme, aunque indirecto, papel de Estados Unidos en el sector petrolero de Guyana son importantes bases de influencia.

* Este texto fue publicado originalmente en la web de REDCAEM

Estigmatización, desinformación y conflicto 

Gustavo A. Rivero
-
0
Estigmatización, desinformación y conflicto 

Latinoamérica es la región más peligrosa del planeta para los defensores de los derechos humanos y en el 2022, Colombia, México, Brasil y Honduras fueron los países con los mayores índices de asesinatos. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo de Colombia y después de la firma del acuerdo de paz en el 2016, la desinformación (tanto a escala territorial como en cuanto a las redes sociales) ha sido una de las causantes de este fatídico incremento, debido a la estigmatización social y política de dichos defensores. 

La estigmatización de los líderes sociales y sus poblaciones no es un hecho reciente en el conflicto colombiano; lamentablemente, masacres como las de Segovia y Remedios estuvieron marcadas por este fenómeno. Poblaciones campesinas e indígenas fueron estigmatizadas como opositoras por parte de personas armadas por defender sus territorios y reclamar sus derechos. Como consecuencia, se convirtieron en objetivos militares, sufriendo amenazas, desplazamiento y, en el peor de los casos, asesinatos y desapariciones.     

La desinformación (especialmente noticias falsas) que fue diseminada en internet durante el plebiscito por la paz del 2016 produjo la fragmentación del país en extremos políticos. Esta polarización ha afectado a los defensores de los derechos humanos, mas no exclusivamente a quienes encabezan causas ambientales. A diferencia del pasado, en la actualidad las redes sociales han facilitado una extensa producción de información inexacta o falsa que es reproducida en la sociedad a través de rumores y opiniones sesgadas que ponen inadvertidamente en peligro la vida de estas poblaciones.      

La búsqueda por información confiable 

El “fact-checking”, también conocido como periodismo de verificación, ha tenido un crecimiento sin precedentes en Latinoamérica. Los periodistas que se dedican a esta área se han visto en la necesidad de desarrollar un conjunto de habilidades y herramientas para aplacar los efectos nocivos de la desinformación mediante la detección de errores, información incompleta y noticias falsas en los medios de comunicación y las redes sociales. Recientemente, la pandemia de la COVID-19 llevó a la creación regional y conjunta de estrategias especializadas como Latam Chequea para limitar la infodemia, es decir, los bulos y rumores alrededor del virus.  

El periodismo colombiano también ha estado luchando activamente contra la desinformación. Aunque sus acciones coinciden temáticamente con los países de la región, este se ha visto en la necesidad de crear estrategias especializadas, dada la naturaleza de los conflictos políticos internos del país como el conflicto armado, las negociaciones de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, el plebiscito de 2016, la comisión de la verdad, los discursos políticos en periodos de elecciones y la estigmatización de los defensores de derechos humanos.  

Como resultado, se han creado diferentes proyectos que buscan mitigar los efectos nocivos de los bulos enfocados en estas temáticas para las audiencias colombianas. Algunos ejemplos de ello son iniciativas como ColombiaCheck, Proyecto Desintoxicar, Linterna Verde y el recientemente creado VERIFICO. Este último busca monitorear exclusivamente la diseminación de desinformación existente en redes sociales y medios de comunicación contra defensoras de derechos humanos. 

¿Una plataforma más de verificación? 

Verifico es un sitio web desarrollado por el medio nativo digital Verdad Abierta y por la organización internacional sin ánimo de lucro Protection International. Usualmente este tipo de plataformas desarrollan un sistema de clasificación de la información inexacta o falsa que pedagógicamente aspira a mostrar a los usuarios los tipos más comunes de errores e imprecisiones. A su vez, cuentan con una sección en la que amplían la razón de esta catalogación y proveen una explicación que verifica o desmiente dicho contenido.   

Este proyecto desarrolló particularmente ocho criterios de clasificación de los contenidos estigmatizantes: el ataque político, la descontextualización, el engaño, la discriminación, la ironía, la difamación, el género y lo étnico, los cuales no son similares a los de otras plataformas. A diferencia de las de ellas, que pretenden, esencialmente, verificar bulos sobre diferentes temas, Verifico tiene como objetivo contrastar información para evitar y aplacar el potencial incremento de asesinatos de poblaciones y dirigentes sociales en Colombia.   

Los casos abordados en esta plataforma sobre estigmatización y desinformación son, sobre todo, de líderes políticos y de opinión del país, quienes han publicado mayormente en Twitter. A pesar de que esta red social es utilizada por apenas el 4% de la población del país, este contenido logra afectar a los defensores de derechos humanos, pues sus mensajes se amplifican e influencian el debate virtual y los medios de comunicación de Colombia.  

Ser o no ser 

Verifico, como proyecto que aspira a reducir los efectos nocivos de la desinformación contra los defensores de derechos humanos, tiene una naturaleza ciertamente problemática, pues entre más casos de estigmatización que verifiquen, lamentablemente más líderes y poblaciones están en riesgo.  

Si bien esta plataforma trabaja de la mano de las comunidades afectadas, el reto es hacer que su mensaje llegue a todos los sectores de la sociedad, especialmente a aquellos que han sido persuadidos por este tipo de contenidos y lo comparten creyendo que es real, sin cerciorarse de que la estigmatización y la desinformación matan.  

Restricciones y limitaciones a las encuestas en América Latina

Manuel Hermelo
-
0
Restricciones y limitaciones a las encuestas en América Latina

Las encuestas de opinión pública son fundamentales en las sociedades democráticas. Cuando se realizan correctamente, ofrecen una perspectiva clara sobre el pulso democrático, el impacto de las campañas en los votantes y las prioridades ciudadanas que los candidatos deberían abordar. Además, son cruciales para evaluar el desempeño de Gobiernos y representantes electos, captando la atención de la ciudadanía, especialmente en vísperas de elecciones nacionales. Sin embargo, los países donde los encuestadores pueden hacer sondeos en los días previos a las elecciones, pero no pueden publicarlos, crean desigualdades en el acceso a la información, ya que los encuestadores pueden compartir los resultados con sus clientes, y de esa manera solo quienes pagan tienen acceso. El público, en cambio, no tiene acceso a la información preelectoral.

Desde 1984, Wapor y Esomar, las dos asociaciones de encuestas de mayor relevancia a escala mundial, han hecho un estudio periódico sobre el estado de las encuestas a escala global y con esto han fomentado la libertad de publicar encuestas. Este proyecto conjunto, que se efectúa cada 5 años, incluyó a 157 países en su más reciente edición, la cual concluyó a finales de 2022.  

El último informe muestra que a escala global, la mitad de los Gobiernos limitan la publicación de los resultados de las encuestas antes de las elecciones. Y América Latina es la región con la mayor cantidad de países que reportan algún tipo de restricción. Quince de los dieciocho países estudiados tienen un periodo de bloqueo preelectoral, aunque Brasil, Guatemala y Surinam son las excepciones.

Los embargos en América Latina también son más prolongados que en otras partes del mundo. La mitad de los países de la región tienen bloqueos mayores a siete días, mientras que a escala global, dos de cada diez países presentan restricciones superiores a la semana. Las naciones de Latinoamérica con mayores bloqueos son: Bolivia (30 días), Chile y Panamá (15 días, respectivamente). Sin embargo, Uruguay y Argentina son los países con menos días de bloqueo y cada uno tiene solo 2 días.

El control gubernamental sobre las encuestas se amplía aún más en América Latina. Muchos países de nuestra región tienen un organismo gubernamental que supervisa los sondeos electorales, y varios países han enfrentado nuevas restricciones o problemas legales en los últimos años.

El informe de Wapor-Esomar indica cómo en el pasado reciente, líderes políticos de países como Brasil y Grecia manifestaron la posibilidad de que los encuestadores fueran sancionados con multas o incluso con la cárcel si sus sondeos no coincidían con los resultados electorales. Mientras tanto, Rusia declaró a una de sus más destacadas organizaciones independientes como «agente extranjero”.

En Ecuador, en 2017 fuerzas gubernamentales confiscaron computadoras y arrestaron a empleados de una empresa encuestadora por sus resultados de las encuestas a boca de urna para las elecciones presidenciales. Unos meses más tarde, en las elecciones presidenciales de Chile, las encuestas mostraron al tercer candidato muy por detrás de sus preferencias y hubo acusaciones de influencia política en los sondeos. Sin embargo, el embargo preelectoral de 15 días en el país hizo imposible que el público pudiera seguir los cambios en la opinión durante las últimas semanas de la campaña.

En la mayoría de los países no se anticipan cambios notorios en estas normativas a futuro. Hace cinco años, América Latina mostraba un pesimismo particular respecto a la ampliación  de los embargos de publicaciones. Hoy en día, en cambio, las expectativas negativas se han atenuado y solo uno de cada diez países espera un mayor endurecimiento.

Cabe destacar que los periodos de prohibiciones de publicar encuestas no son el único problema. Los encuestadores latinoamericanos ven cada vez más dificultades en realizar encuestas, con recortes presupuestarios y bajas tasas de respuesta. La calidad metodológica de las encuestas también es cuestionada en nuestra región: solo seis de cada diez encuestados consideran que la calidad es buena. Asimismo, los periodistas de América Latina enfrentan críticas por la calidad de la información que brindan sobre los resultados de las encuestas. La falta de comprensión de la encuesta, la publicación parcial de resultados, y la omisión de detalles relevantes como la metodología fueron algunas de las razones citadas para la baja calidad. Esto pone de manifiesto la necesidad de profundizar en la información y la formación que se ofrece a los periodistas.

Los métodos de sondeo están cambiando. En 2017, relativamente pocos países utilizaban las encuestas online como método de investigación, pero ahora más de tres cuartas partes lo hacen. A pesar de estos cambios, las entrevistas cara a cara siguen siendo uno de los métodos de encuestas que todas las empresas ofrecen.

El informe destaca, además, retos notorios que enfrentan los encuestadores en América Latina. Mientras que los desafíos son claros, especialmente en América Latina, también lo es la oportunidad de mejorar y fortalecer la práctica de las encuestas en todo el mundo.

*Aquí puedes acceder al informe completo: The Feedom to Conduct and Publish Opinion Polls

*Este texto está escrito en el marco del X congreso de WAPOR Latam: www.waporlatinoamerica.org. 

1...132133134...267Página 133 de 267