Así se juega ajedrez: política latinoamericana más allá de las fronteras

Una de las diversas consecuencias ocasionadas por la llamada crisis del petróleo, en 1973, es que en ella se ubica el momento que, generalmente, se elige como parteaguas y a partir del cual la internacionalización, la interdependencia, la globalización, o como queramos llamarlo, aparece como un elemento ineludible para los análisis económicos y sociales.

Robert Keohane y Joseph Nye definieron en Transnational Relations and World Politics: An Introduction, ese modelo de acción, entonces novedoso, como transnacional. El ámbito internacional ya no le pertenecía con exclusividad al mundo estatal o gubernamental, y otros actores comenzaron a ser protagonistas con aceptada legitimidad.

La economía fue la que más rápido se adaptó a este «nuevo mundo» y, en aquellos años de la década de 1970, se corporizó en lo que se llamaban las empresas transnacionales. Curiosamente, el transnacionalismo fue también una práctica habitual entre los grupos de la izquierda radical y armada. Estas utilizaban con habilidad las redes informales como una manera de llevar adelante sus planes revolucionarios. Sin bases geográficas fijas, lograban enhebrar vínculos entre grupos y lugares diferentes en un mapa intercontinental cuyos nodos, entre otros, eran la Organización para la Liberación Palestina de Yasser Arafat, la Libia de Kadafi y la dictadura castrista en Cuba.

Redes y actores

La actividad transnacional fue extendiéndose más allá de la izquierda. Luego de la caída del muro de Berlín, fue la tendencia dominante en la política globalizada. El efecto boomerang, que tan bien definieran Margaret Keck y Katherine Sikkink en el libro Activistas sin fronteras, graficaba la democratización del acceso al ámbito internacional de los actores nacionales. Así, no importaba cuán pequeños, aislados o desempoderados fueran. Cualquier grupo podía apelar al mundo para obtener recursos o poner límites a Estados nacionales que los perseguían.

Pero los cambios también se observaron en la sociedad, no solo en las transformaciones que sufrían algunos sectores, por ejemplo, en la reducción del número de obreros tradicionales y el aumento de los trabajadores ligados al sector servicios. También se observó en la fragmentación de una política que comenzaba a mostrar la diversificación de reclamos sociales. Estos incluían el ambiente, el feminismo, lo antinuclear o las demandas de más libertades frente al avance de los pesados y burocratizados Estados europeos.

Las redes más allá de las fronteras dieron renovada vida al mundo asociativo. También actores y grupos no estatales o paraestatales se ubicaban cómodamente en este nuevo terreno: el crimen organizado, las redes financieras, los medios de comunicación. Otros fenómenos que pronto se volvieron reiterados y tampoco respetaban fronteras nacionales eran las migraciones forzadas, las pandemias o los desastres climáticos. 

El fenómeno globalizador tomó cuerpo como una crisis de los Estados nacionales que comenzaron a ver mermada rápidamente la capacidad de intervención y regulación de un mercado que dejaba de ser exclusivamente nacional y adquiría otra magnitud en su escala logística, organizativa y de manejo de recursos.

Lo nacional se vuelve internacional

Dicho en forma sencilla, la fórmula del éxito que se había construido desde la segunda posguerra mundial, el Estado de bienestar, comenzaba a tener serios problemas para continuar siendo sustentable y su legitimidad política e intelectual tambaleaba con él. Otras demandas crecían en las sociedades que las rancias socialdemocracias europeas no podían siquiera caracterizar correctamente.

Esto enmarcó la conocida crisis de representación (la que, corregida y aumentada, continúa hasta nuestros días) que reflejaba entonces el creciente descontento social con un sistema político nacionalizado que ya no podía dar respuestas a los problemas, a los desafíos que tenían formato de carácter global.

Para políticos, activistas y todos aquellos que entendían la acción política más allá de la reflexión teórica, esto también se tradujo en un desafío que requería respuestas innovadoras, que trascendieran las fronteras nacionales, pero de las que había antecedentes. Y esto interpelaba al mundo político más allá de que los protagonistas ocuparan lugares centrales en Estados y gobiernos o fueran parte de pequeñas organizaciones partidarias o no gubernamentales. 

En el documento El mundo no es suficiente. Redes de políticos y luchas por la democracia en América Latina, publicado por Diálogo Político y la Fundación Konrad Adenauer, presenté una investigación tratando de ordenar y encontrar un sentido estratégico al mundo actual del activismo político transnacional. Para ello puse énfasis en tres tipos de estrategia: las redes gubernamentales internacionales, las políticas informales y las políticas transnacionales. Estas últimas, a su vez, dividiéndolas entre redes de activismo transnacional y redes políticas partidarias más allá de las fronteras.

El trabajo mencionado también partía de una hipótesis transversal que daba sentido al tenso y conflictivo mapa de la política latinoamericana. El transnacionalismo político actual ha sido traducido con un nuevo sentido por líderes y movimientos, especialmente aquellos pertenecientes a la denominada marea rosa, izquierda del siglo XXI, nueva izquierda latinoamericana o izquierda populista, y sus sucesores. Y ese sentido se ha vuelto dominante.

Más allá de las fronteras

Esta ola de activismo y política transnacional fue muy bien aprovechada por quienes adhieren a proyectos autoritarios, iliberales, incluso antidemocráticos. Vació al movimiento internacionalista de su tradicional influencia liberal basada en ideas de cosmopolitismo o de internacionalización de la democracia. El Foro de San Pablo, Clacso y los disturbios organizados para deslegitimar gobiernos que no eran de izquierda en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Perú son solo unos pocos ejemplos de una ecuación que es mucho más coordinada de lo que aparenta.

Este nuevo fenómeno transnacional se sostiene desde un discurso catch all, enunciado hegemónicamente desde el mundo político, académico y cultural, y que combina elementos contemporáneos y del siglo XX con la tradición patriagrandista, ampliamente presente en la historia política de la región. A eso se le suman elementos provenientes del clásico discurso socialista que propaga uno de los nodos más importantes y tradicionales de la red, Cuba.

Este modelo de nacionalismo regional como base de un renovado activismo político nacional retoma algunas cuestiones clásicas en este tipo de movimientos: una mirada agonal de la política, ideas antiliberales y un relato antiimperialista, pero al mismo tiempo conservador. Sin embargo, la investigación muestra también una renovada actividad transnacional de los partidos políticos, en un abanico que supera ampliamente el universo de la izquierda.

Posiblemente, el resultado más importante (y optimista) del texto publicado por Diálogo Político sea que las organizaciones transnacionales de partidos (OTP), a pesar de no ser popularmente reconocidas, han crecido significativamente. Pueden convertirse en una herramienta muy útil tanto para enfrentar las demandas de sociedades descontentas con la política nacional como una esperanza para hacer frente a los discursos autoritarios de izquierdas y derechas que hoy se están fortaleciendo en América Latina.

*Este texto fue publicado originalmente en Diálogo Político

El destino de los presidenciables que desafiaron al narcotráfico

El asesinato de Fernando Villavicencio, quien era el candidato del Movimiento Construye para ganar la Presidencia de Ecuador, trae a la memoria los asesinatos de los presidenciables colombianos Luis Carlos Galán en 1989 y Carlos Pizarro Leongómez en 1990, y el del mexicano Luis Donaldo Colosio en 1994. En todos estos crímenes estuvieron involucrados, presuntamente, cárteles del narcotráfico.

Este nuevo magnicidio encendió las alertas de todos aquellos que buscan salvaguardar las frágiles democracias latinoamericanas. Pero este déjà vu nos devuelve al problema que hace décadas viene amenazando, por su correlato de violencia y muerte, la vigencia del Estado y sus instituciones en ciertos países de la región.

Ecuador, que hace una década solo representaba un lugar de tránsito de drogas, se ha convertido en un país de “almacenamiento, procesamiento y distribución”. Esto conlleva la configuración de franquicias locales que responden a los intereses de los cárteles mexicanos, que son considerados por el Gobierno de Estados Unidos como uno de los más poderosos del mundo.

En julio, el administrador adjunto de la DEA, Georges Papadopoulos, publicó el documento Protección del territorio nacional de Estados Unidos: lucha contra el flujo procedente de la frontera suroeste. Ahí se da cuenta de la dimensión y el poder que tienen los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación a través de una red de franquicias y alianzas criminales a escala mundial.

Con respecto al Cártel de Sinaloa, señala que esta organización cuenta con más de 26.000 miembros, asociados, facilitadores y corredores afiliados en un centenar de países. Mientras tanto, Jalisco Nueva Generación tiene más de 18.800 personas entre miembros y allegados, y también opera en más de 100 países. Estas cifras contrastan con las de la DEA, que opera solo en 69 países y cuenta con alrededor de 9.000 empleados.

Complementariamente, el Centro Internacional Marítimo contra el Narcotráfico, de Colombia, elaboró en 2021 un mapa de las cinco rutas del narcotráfico que documenta el paso de la droga entre Ecuador y las costas de México. Una constante en los territorios tomados por el crimen organizado es que, para optimizar sus operaciones y negocios, resulta cada vez más indispensable hacerse con franjas de las instituciones públicas y de representación política en los tres niveles de gobierno (federación, estados y municipios) para tener una suerte de muro de contención contra decisiones políticas adversas a sus intereses.

En este propósito de crear un Estado paralelo, estas organizaciones han acudido a la presión, la intimidación y el asesinato de los líderes sociales, así como también de los dirigentes políticos que se han opuesto a ese proceso de captura de las instituciones públicas.

La incertidumbre que se vive actualmente en Ecuador, también se vivió en México durante las elecciones concurrentes de 2021, cuando los distintos grupos del crimen organizado se convirtieron en el gran elector, especialmente en los estados de la costa del Pacífico, e intervinieron violentamente en la selección de candidatos, en las campañas electorales y el día de los comicios. Incluso, cerca de un centenar de dirigentes, militantes y candidatos murieron asesinados. 

De acuerdo con el Primer informe de violencia política en México 2021, de la organización civil Etellekt, entre el 7 de septiembre de 2020 y el 30 de mayo de 2021 hubo 782 agresiones contra políticos y candidatos, y entre las agresiones registradas, fueron asesinados 35 candidatos a algún cargo público. En general, 89 políticos fueron asesinados.

En estos días en que en México están en marcha procesos para definir quiénes serán los candidatos presidenciales de las dos grandes coaliciones que se prefiguran para competir en 2024, el problema de los cárteles y su violencia está prácticamente ausente del debate público. Esto, a pesar de que la mayoría de los mexicanos consideran que este asunto es su mayor preocupación.

En definitiva, los asesinatos de los presidenciables colombianos Galán y Pizarro, así como el del mexicano Colosio, y ahora el del ecuatoriano Villavicencio (este, por cierto, llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a que se hiciera cargo del problema que exporta su país), son las consecuencias que sufren aquellos que osan desafiar el poder del narco. Por ello, hace falta algo más que declaraciones y pronunciamientos políticos para detener este flagelo.

China expande su presencia en Guyana

En julio de 2023, durante su encuentro con Xi Jinping durante los 31º «Juegos Universitarios Mundiales» de Chengdu, el presidente de Guyana Irfaan Ali expresó su «aprecio» por el nuevo marco estratégico de China para impulsar su «comunidad de destino común»: su Iniciativa de Desarrollo Global, su Iniciativa de Seguridad Global y su Iniciativa de Civilizacional Global. Esto pone de relieve una renovada ola de compromiso e influencia chinos en Guyana. Ali, cuyo gobierno había anunciado en febrero de 2021 su intención de abrir una oficina comercial en Taiwán antes de que la presión de China le obligara a dar marcha atrás en cuestión de horas, reafirmó la lealtad de Guyana a la política de «una sola China».

En materia comercial, Ali anunció la intención de Guyana de profundizar su participación en julio de 2018 en la Iniciativa china de la Franja y la Ruta (en inglés: Belt and Road Initiative, BRI) mediante la negociación de la firma del «Plan de Cooperación BRI» de China, incluida la vinculación de la estrategia de desarrollo 2030 de Guyana a la BRI.  Ali también se comprometió a establecer un «Grupo de Trabajo de Inversión y Cooperación Económica» Guyana-China para avanzar en los proyectos chinos en el país.

Las relaciones bilaterales entre ambos países se profundizaron tras el descubrimiento y explotación de más de 25.000 millones de barriles de petróleo recuperable en las aguas territoriales de Guyana por un consorcio liderado por Exxon-Mobil. Esto impulsó un crecimiento del PIB de más del 25% anual y captó nuevos recursos procedentes, tanto del sector petrolero como de inversores externos. La China National Offshore Oil Company (CNOOC) entró como socio del 25% en el consorcio liderado por Exxon.

Pero incluso antes de esta relación, China ya estaba profundamente comprometida con Guyana. Desde inicios del siglo XXI, la presencia china en el país ha sido visible a través de empresas como Bosai Minerals Group; China Railway Road; China Harbour Engineering Corporation (CHEC); Beijing Construction Group o Eddie Boyer’s National Hardware.

En el sector de la seguridad, el gigante asiático ha hecho donaciones a los servicios de seguridad de Guyana, regalando un avión de transporte militar Y-12 a la Fuerza de Defensa de Guyana, seguido de 31 vehículos y otros artículos donados en 2017.  Ese mismo año, también donó USD 2,6 millones de dólares en coches de policía, motocicletas y otros equipos.

Aunque China ha hecho hincapié en el crecimiento del comercio con Guyana, la nueva afluencia de petróleo de este país se ha reflejado hasta ahora, más en compras que en ventas. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), los USD 17 millones de dólares en exportaciones de Guyana a China en 2022 fueron en realidad 4.000 millones de dólares menos que en 2019, el año antes de que su petróleo comenzara a entrar en línea. Sin embargo, sus importaciones durante ese tiempo, casi se duplicaron de USD 218 millones de dólares en 2019 a USD 372 millones en 2022.

En octubre de 2022, China y Guyana firmaron un acuerdo de servicios aéreos que allana el camino para vuelos aéreos directos de aerolíneas chinas a Guyana, pero la expansión más visible han sido los proyectos que sus empresas han ganado a medida que Guyana ha construido su infraestructura comercial y pública.

En el sector de la construcción, la China Harbour Engineering Corporation (CHEC) se ha convertido en un actor dominante, con una expansión de USD 100 millones de dólares del legado del hotel Pegasus de Guyana, además de la construcción de una segunda propiedad Marriott, entre otras propiedades y obras de infraestructura y minería.

En 2022, la China Railway First Group, otro conglomerado chino, obtuvo un contrato de USD 184 millones de dólares para la ampliación del sistema ferroviario y de carreteras de la costa este. De cara al futuro, el gobierno de Ali también ha mantenido negociaciones con para financiar hasta USD 600 millones de dólares en diversos proyectos de carreteras.

Además de las infraestructuras viarias, los chinos también están interesados en proyectos de energías renovables, como el proyecto eólico y solar de Hope Beach.  Además, China State Construction and Engineering (CSCE) y China Dailan han estudiado la construcción de un puerto de aguas profundas en Berbice, al este del país, donde la empresa canadiense CGX ha construido instalaciones de apoyo al sector petrolero.

En el sector petrolero, la inversión china ha sido mínima, más allá de la participación de CNOOC en la coalición liderada por Exxon que desarrolla el bloque Stabroek. Aun así, el gobierno de Ali ha invitado a las petroleras con sede en China a participar en la subasta de 14 nuevos bloques petrolíferos.

En los sectores de las telecomunicaciones y la vigilancia, Huawei ha establecido una posición dominante en el país. El gobierno de Ali la ha contratado para ampliar sus sistemas de vigilancia a nivel nacional, lo que plantea problemas de seguridad de datos y privacidad para los guyaneses.

A nivel gubernamental, el embajador de China en Guyana, Guo Haiyan, ha tratado activamente de construir relaciones con los guyaneses, incluyendo la financiación de un «Parque de la Amistad China-Guyana» en la orilla oeste del río Demerara. China también ha ampliado su formación de médicos guyaneses a través de los «equipos de ayuda médica» chinos.

El gobierno de Ali, amigo de Estados Unidos, no pretende «elegir» entre Estados Unidos y China. Estados Unidos tampoco está en condiciones de «superar» a China… aunque la importante diáspora guyanesa radicada en el país y el enorme, aunque indirecto, papel de Estados Unidos en el sector petrolero de Guyana son importantes bases de influencia.

* Este texto fue publicado originalmente en la web de REDCAEM

Estigmatización, desinformación y conflicto 

Latinoamérica es la región más peligrosa del planeta para los defensores de los derechos humanos y en el 2022, Colombia, México, Brasil y Honduras fueron los países con los mayores índices de asesinatos. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo de Colombia y después de la firma del acuerdo de paz en el 2016, la desinformación (tanto a escala territorial como en cuanto a las redes sociales) ha sido una de las causantes de este fatídico incremento, debido a la estigmatización social y política de dichos defensores. 

La estigmatización de los líderes sociales y sus poblaciones no es un hecho reciente en el conflicto colombiano; lamentablemente, masacres como las de Segovia y Remedios estuvieron marcadas por este fenómeno. Poblaciones campesinas e indígenas fueron estigmatizadas como opositoras por parte de personas armadas por defender sus territorios y reclamar sus derechos. Como consecuencia, se convirtieron en objetivos militares, sufriendo amenazas, desplazamiento y, en el peor de los casos, asesinatos y desapariciones.     

La desinformación (especialmente noticias falsas) que fue diseminada en internet durante el plebiscito por la paz del 2016 produjo la fragmentación del país en extremos políticos. Esta polarización ha afectado a los defensores de los derechos humanos, mas no exclusivamente a quienes encabezan causas ambientales. A diferencia del pasado, en la actualidad las redes sociales han facilitado una extensa producción de información inexacta o falsa que es reproducida en la sociedad a través de rumores y opiniones sesgadas que ponen inadvertidamente en peligro la vida de estas poblaciones.      

La búsqueda por información confiable 

El “fact-checking”, también conocido como periodismo de verificación, ha tenido un crecimiento sin precedentes en Latinoamérica. Los periodistas que se dedican a esta área se han visto en la necesidad de desarrollar un conjunto de habilidades y herramientas para aplacar los efectos nocivos de la desinformación mediante la detección de errores, información incompleta y noticias falsas en los medios de comunicación y las redes sociales. Recientemente, la pandemia de la COVID-19 llevó a la creación regional y conjunta de estrategias especializadas como Latam Chequea para limitar la infodemia, es decir, los bulos y rumores alrededor del virus.  

El periodismo colombiano también ha estado luchando activamente contra la desinformación. Aunque sus acciones coinciden temáticamente con los países de la región, este se ha visto en la necesidad de crear estrategias especializadas, dada la naturaleza de los conflictos políticos internos del país como el conflicto armado, las negociaciones de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, el plebiscito de 2016, la comisión de la verdad, los discursos políticos en periodos de elecciones y la estigmatización de los defensores de derechos humanos.  

Como resultado, se han creado diferentes proyectos que buscan mitigar los efectos nocivos de los bulos enfocados en estas temáticas para las audiencias colombianas. Algunos ejemplos de ello son iniciativas como ColombiaCheck, Proyecto Desintoxicar, Linterna Verde y el recientemente creado VERIFICO. Este último busca monitorear exclusivamente la diseminación de desinformación existente en redes sociales y medios de comunicación contra defensoras de derechos humanos. 

¿Una plataforma más de verificación? 

Verifico es un sitio web desarrollado por el medio nativo digital Verdad Abierta y por la organización internacional sin ánimo de lucro Protection International. Usualmente este tipo de plataformas desarrollan un sistema de clasificación de la información inexacta o falsa que pedagógicamente aspira a mostrar a los usuarios los tipos más comunes de errores e imprecisiones. A su vez, cuentan con una sección en la que amplían la razón de esta catalogación y proveen una explicación que verifica o desmiente dicho contenido.   

Este proyecto desarrolló particularmente ocho criterios de clasificación de los contenidos estigmatizantes: el ataque político, la descontextualización, el engaño, la discriminación, la ironía, la difamación, el género y lo étnico, los cuales no son similares a los de otras plataformas. A diferencia de las de ellas, que pretenden, esencialmente, verificar bulos sobre diferentes temas, Verifico tiene como objetivo contrastar información para evitar y aplacar el potencial incremento de asesinatos de poblaciones y dirigentes sociales en Colombia.   

Los casos abordados en esta plataforma sobre estigmatización y desinformación son, sobre todo, de líderes políticos y de opinión del país, quienes han publicado mayormente en Twitter. A pesar de que esta red social es utilizada por apenas el 4% de la población del país, este contenido logra afectar a los defensores de derechos humanos, pues sus mensajes se amplifican e influencian el debate virtual y los medios de comunicación de Colombia.  

Ser o no ser 

Verifico, como proyecto que aspira a reducir los efectos nocivos de la desinformación contra los defensores de derechos humanos, tiene una naturaleza ciertamente problemática, pues entre más casos de estigmatización que verifiquen, lamentablemente más líderes y poblaciones están en riesgo.  

Si bien esta plataforma trabaja de la mano de las comunidades afectadas, el reto es hacer que su mensaje llegue a todos los sectores de la sociedad, especialmente a aquellos que han sido persuadidos por este tipo de contenidos y lo comparten creyendo que es real, sin cerciorarse de que la estigmatización y la desinformación matan.  

Restricciones y limitaciones a las encuestas en América Latina

Las encuestas de opinión pública son fundamentales en las sociedades democráticas. Cuando se realizan correctamente, ofrecen una perspectiva clara sobre el pulso democrático, el impacto de las campañas en los votantes y las prioridades ciudadanas que los candidatos deberían abordar. Además, son cruciales para evaluar el desempeño de Gobiernos y representantes electos, captando la atención de la ciudadanía, especialmente en vísperas de elecciones nacionales. Sin embargo, los países donde los encuestadores pueden hacer sondeos en los días previos a las elecciones, pero no pueden publicarlos, crean desigualdades en el acceso a la información, ya que los encuestadores pueden compartir los resultados con sus clientes, y de esa manera solo quienes pagan tienen acceso. El público, en cambio, no tiene acceso a la información preelectoral.

Desde 1984, Wapor y Esomar, las dos asociaciones de encuestas de mayor relevancia a escala mundial, han hecho un estudio periódico sobre el estado de las encuestas a escala global y con esto han fomentado la libertad de publicar encuestas. Este proyecto conjunto, que se efectúa cada 5 años, incluyó a 157 países en su más reciente edición, la cual concluyó a finales de 2022.  

El último informe muestra que a escala global, la mitad de los Gobiernos limitan la publicación de los resultados de las encuestas antes de las elecciones. Y América Latina es la región con la mayor cantidad de países que reportan algún tipo de restricción. Quince de los dieciocho países estudiados tienen un periodo de bloqueo preelectoral, aunque Brasil, Guatemala y Surinam son las excepciones.

Los embargos en América Latina también son más prolongados que en otras partes del mundo. La mitad de los países de la región tienen bloqueos mayores a siete días, mientras que a escala global, dos de cada diez países presentan restricciones superiores a la semana. Las naciones de Latinoamérica con mayores bloqueos son: Bolivia (30 días), Chile y Panamá (15 días, respectivamente). Sin embargo, Uruguay y Argentina son los países con menos días de bloqueo y cada uno tiene solo 2 días.

El control gubernamental sobre las encuestas se amplía aún más en América Latina. Muchos países de nuestra región tienen un organismo gubernamental que supervisa los sondeos electorales, y varios países han enfrentado nuevas restricciones o problemas legales en los últimos años.

El informe de Wapor-Esomar indica cómo en el pasado reciente, líderes políticos de países como Brasil y Grecia manifestaron la posibilidad de que los encuestadores fueran sancionados con multas o incluso con la cárcel si sus sondeos no coincidían con los resultados electorales. Mientras tanto, Rusia declaró a una de sus más destacadas organizaciones independientes como «agente extranjero”.

En Ecuador, en 2017 fuerzas gubernamentales confiscaron computadoras y arrestaron a empleados de una empresa encuestadora por sus resultados de las encuestas a boca de urna para las elecciones presidenciales. Unos meses más tarde, en las elecciones presidenciales de Chile, las encuestas mostraron al tercer candidato muy por detrás de sus preferencias y hubo acusaciones de influencia política en los sondeos. Sin embargo, el embargo preelectoral de 15 días en el país hizo imposible que el público pudiera seguir los cambios en la opinión durante las últimas semanas de la campaña.

En la mayoría de los países no se anticipan cambios notorios en estas normativas a futuro. Hace cinco años, América Latina mostraba un pesimismo particular respecto a la ampliación  de los embargos de publicaciones. Hoy en día, en cambio, las expectativas negativas se han atenuado y solo uno de cada diez países espera un mayor endurecimiento.

Cabe destacar que los periodos de prohibiciones de publicar encuestas no son el único problema. Los encuestadores latinoamericanos ven cada vez más dificultades en realizar encuestas, con recortes presupuestarios y bajas tasas de respuesta. La calidad metodológica de las encuestas también es cuestionada en nuestra región: solo seis de cada diez encuestados consideran que la calidad es buena. Asimismo, los periodistas de América Latina enfrentan críticas por la calidad de la información que brindan sobre los resultados de las encuestas. La falta de comprensión de la encuesta, la publicación parcial de resultados, y la omisión de detalles relevantes como la metodología fueron algunas de las razones citadas para la baja calidad. Esto pone de manifiesto la necesidad de profundizar en la información y la formación que se ofrece a los periodistas.

Los métodos de sondeo están cambiando. En 2017, relativamente pocos países utilizaban las encuestas online como método de investigación, pero ahora más de tres cuartas partes lo hacen. A pesar de estos cambios, las entrevistas cara a cara siguen siendo uno de los métodos de encuestas que todas las empresas ofrecen.

El informe destaca, además, retos notorios que enfrentan los encuestadores en América Latina. Mientras que los desafíos son claros, especialmente en América Latina, también lo es la oportunidad de mejorar y fortalecer la práctica de las encuestas en todo el mundo.

*Aquí puedes acceder al informe completo: The Feedom to Conduct and Publish Opinion Polls

*Este texto está escrito en el marco del X congreso de WAPOR Latam: www.waporlatinoamerica.org. 

El 11-S chileno cincuenta años más tarde

Hay fechas que marcan una época y que imbuyen de simbolismo a las generaciones que les toca vivirlas. Como si se tratara de un marchamo, precisan el momento concreto y configuran un legado que define buena parte del futuro. Algunas tienen la capacidad de trascender el entorno físico donde el evento que les dio sentido ocurre, de manera que constituyen un referente de mayor escala. El 11 de septiembre de 1973 es una de ellas. No solo supuso el final violento de un proceso político en un país concreto, Chile, que tuvo que acarrear durante las décadas siguientes con su dramática huella, sino que impactó en la sociedad internacional de forma notable.

El golpe de Estado que terminó con los mil días del gobierno de Salvador Allende configuró una sinfonía malsonante de significados en Chile. Supuso la quiebra de su institucionalidad rompiendo el modelo que hasta entonces había sido excepcional en la región, junto con Uruguay; enterró los sueños de generaciones que mezclaban la ilusión del cambio democrático con la de la revolución incruenta y que hicieron del lema “socialismo en libertad” la bandera de su existencia; no supo valorar el potencial desestabilizador que ciertos sectores económicos tenían (camioneros); puso de manifiesto la torpeza a la hora de no entender que la sociedad chilena estaba dividida de forma que la propuesta política de transformación se sostenía por un contingente social que no era mayoritario y que todo ello se traducía en un fragmentado sistema de partidos donde la formación de mayorías era muy complicada; y propició que “la mano invisible” de Estados Unidos estuviera presente alentando a militares para actuar en su papel de salvadores de la patria y de los valores occidentales cuya fama de garantes de la constitución por medio siglo se vería arruinada. 

En fin, aquel 11 de septiembre así mismo dejó la imagen de un presidente que, al poner fin a su vida en la Casa de la Moneda, sometida a un pertinaz bombardeo, situó el listón muy alto en esa compleja combinación weberiana de la ética de la responsabilidad y de la convicción. Al fracaso de llevar el cambio político, económico y social de la izquierda chilena, como han puesto de relieve los trabajos recientes de Daniel Mansuy (Salvador Allende. La izquierda chilena y la Unidad Popular) y de Gonzalo Vial (El fracaso de una ilusión) y antes, entre otros, de Tomás Moulian y Manuel Antonio Garretón, así como de Juan Gabriel Valdés, la respuesta de Allende hacía confluir el derramamiento de su sangre con la de todos los asesinados el infausto día y los que le siguieron contornando la representativa de Víctor Jara, asesinado cinco días después con 41 años tras haber sido torturado. Un desastre que, a diferencia de lo acontecido en España tras el golpe de estado de julio de 1936, ha tenido cierta reparación a pesar del tiempo transcurrido, como lo prueba la reciente condena por unanimidad de la Corte Suprema de los que perpetraron el asesinato del cantautor.

Pero aquel 11 de septiembre también tuvo un impacto internacional. La interrupción del proceso chileno venía a ser el correlato, cinco años más tarde, de la invasión de los tanques soviéticos de Praga, que había detenido los ideales de cambio político alentados por el gobierno de Alexander Dubcek. Los condicionantes de la guerra fría se veían así reforzados. Irónicamente, en América Latina dieron aire a la profundización de los rasgos totalitarios de la revolución cubana a la vez que estimularon la agitación en los cuarteles para impulsar la doctrina de la seguridad nacional inspiradora del momento. 

Incluso en Italia la propuesta del compromiso histórico por la que el PCI y la Democracia Cristiana tanteaban cierta aproximación quedó en almoneda. En España, el franquismo cerró filas, pero la oposición entendió la necesidad de una acción conjunta que culminará en la coincidencia de la Plataforma Democrática y la Junta Democrática. Por encima de todo aquel clima se alzaba la figura del entonces secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger, quien, medio siglo después, al celebrar su centenario, sigue recibiendo atención como el oráculo de la historia.

Chile tuvo una de las dictaduras más largas de la región y, además de perseguir a la izquierda, fue introductor primerizo de las políticas neoliberales. Ambos elementos tuvieron consecuencias relevantes en los lustros siguientes. Si bien la dictadura fue desmantelada gracias al voto popular tras un plebiscito celebrado en 1988, la ley electoral pergeñada obligó a una alianza de los partidos y movimientos que habían tomado una postura muy crítica frente al régimen de Pinochet. 

La Concertación, integrada por demócrata cristianos, radicales y socialistas en diferentes facciones, fue de esta manera la respuesta política que gobernó al país durante veinte años condicionada por enclaves autoritarios, según expresión de Manuel Antonio Garretón, que poco a poco fueron eliminándose. Sin embargo, la constitución que regía los destinos del país seguía siendo la elaborada en los tiempos de Pinochet (1980). 

La alternancia, gracias al triunfo electoral de la derecha liderada por Sebastián Piñera en 2010 y 2018, confirmó que el asentamiento democrático era factible en el nuevo estado de cosas. Sin embargo, el conflicto social estaba lejos de ser canalizado. Diferentes movilizaciones sociales tradujeron el descontento de un modelo que no satisfacía a las nuevas generaciones y que ponía de relieve el fracaso de alguna de las políticas más emblemáticas del orden neoliberal. El sistema de pensiones, la sanidad, la educación suponían ejemplos de mal gobierno y pésima gestión que emponzoñaban el clima social. Entonces, el pasado se erguía como un terreno al que formular preguntas buscando explicaciones del acontecer cotidiano. En ese escenario, cincuenta años después del 11 de septiembre de 1973, las respuestas pueden encontrar su fundamento.

*Otra versión de este texto fue publicada en El Ciervo, nº 800, julio-agosto 2023, Barcelona

El lenguaje como herramienta en la lucha por los derechos humanos  

En marzo de 2023, las Madres de la Plaza de Mayo marcharon por el 40 aniversario del fin de la dictadura argentina. Ellas subrayan que el acto fue una «marcha», no una «ronda», como se lo definió popularmente. El lenguaje importa en este y en muchos otros casos, y es una poderosa herramienta para proteger los derechos humanos.

Las Madres son la organización más conocida dentro y fuera del país, y el momento inicial de cuando se organizaron coincide con los momentos más oscuros de la dictadura argentina. «No queremos llamar ‘ronda’ a lo que llamamos marcha porque dar vueltas es dar vueltas a lo mismo, pero marchar es marchar haciendo algo», dicen.

Podemos destacar la característica performativa de la «marcha», de acuerdo con los análisis del lenguaje que se han discutido en trabajos tempranos como los de J. L Austin y H. Pitkin sobre el tema de la «actuación». El punto por destacar adquiere aquí los contornos de la lucha por la realización de los derechos humanos, por los desaparecidos, contra la impunidad de los funcionarios perpetradores de las injusticias. Por tanto, esto se convierte en un relevante repertorio de lenguaje que se emplea en el caso de todos los movimientos posteriores en América Latina (hasta nuestros días).

Las Madres de Mayo es una organización que se creó a finales de la década de 1970 y llevó a cabo una serie de acciones, con el objetivo de encontrar e identificar a los niños secuestrados durante la última dictadura militar argentina. Según la investigadora Rita Duarte, los niños que no fueron asesinados fueron dados en adopción en procesos impregnados de ilegalidad y violencia. Partiendo de la primera organización, en 1994 se creó la Abuelas, una de las más activas en la actualidad.

Y, seguidamente, está ahora H.I.J.O.S. Esta se basa en nuevos repertorios y acciones denominadas escraches, como se conoce a las denuncias públicas y ruidosas en contra de conocidos torturadores y asesinos que se encuentran en libertad. 

La disputa en el escenario político argentino exige que se revise la Historia, y pugna constantemente por la reparación, con el no olvido y el fin de la impunidad como soportes. En todos los casos, la lucha de estas mujeres forma parte de la escena pública. En los archivos, en las calles, en los congresos nacionales, en las escuelas, allí donde son convocadas lideran sus denuncias y reiteran el derecho a la memoria por sus muertos/desaparecidos y, en particular, por la responsabilidad política de los Estados en relación con estos crímenes. 

La paradoja de la amnistía

En Brasil, el fin de la dictadura tiene como contexto clave la paradoja de la amnistía y la Constitución de 1988. Los Gobiernos posteriores a la transición atravesaron situaciones complejas en cuanto a la definición y posterior elaboración y empleo de derechos a través de políticas públicas. En el caso de los movimientos sociales, además de su vinculación con la promoción y defensa de agendas de políticas públicas, se han dado en el país procesos de memoria, verdad y reparación.

Si pensamos en las dictaduras de Brasil y Argentina, por ejemplo, la película Argentina, 1985 es oportuna y llegó en un buen momento en 2022, cuando las elecciones más difíciles de la historia de la redemocratización en Brasil estaban rodeadas de amenazas de golpe militar. El entonces presidente afirmó categóricamente que no confiaba en las elecciones en el mismo país que lo eligió en 2018. La actitud antidemocrática tendría efectos nefastos, como lo demuestra desde la amenaza de bomba en Nochebuena hasta la invasión de las sedes de los tres poderes del Estado.

Considerando las historias de los dos países, el juicio a los militares involucrados en crímenes de Estado une el pasado de amnistía (e impunidad para militares y policías) en Brasil, y la estabilidad democrática (a pesar de la aguda crisis económica) que vive Argentina. Un resultado concreto de esta comparación es darse cuenta de cómo ninguna mención al «bandido bueno es bandido muerto», que hemos visto en el pasado reciente en Brasil, forma parte del lenguaje utilizado por los candidatos presidenciales de hoy en Argentina. Desgraciadamente, la llegada de Javier Milei y su uso de expresiones como «tiemblen zurdos de mierda», ya no nos permiten hablar de la excepcionalidad de este último país.

El juicio retratado en la película presta especial atención a los relatos de las víctimas: a los familiares que, a pesar de la inmensa e irreparable pérdida de sus seres queridos, llevan a la escena pública su lucha por la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de los crímenes del Estado contra sus ciudadanos. Además, lo ocurrido en el país vecino, sin precedentes en América Latina, puede compararse con el juicio de Núremberg, ya que llevó a la escena pública internacional un asunto crucial sobre cómo tratar como «buenos ciudadanos» a quienes pretenden matar, torturar y exterminar porque «cumplen órdenes».

La impunidad como amenaza

La importancia del aspecto militar en Alemania, Brasil y Argentina está oscuramente entrelazada con la persistencia de partidarios del nazismo y de la violencia de Estado en nuestros días.

El lenguaje de los derechos humanos nos enseña que la impunidad de los agentes estatales es uno de los principales factores que amenazan a las democracias. Esto se confirma no solo en los relatos de víctimas y movimientos, sino también en documentos y Comisiones de la Verdad. Solo en 2022, 6.429 personas murieron como consecuencia de intervenciones policiales, según el Anuario Brasileño de Seguridad Pública.

Asistimos a un aumento de la letalidad de la acción policial en los últimos años y también a un crecimiento del número de mujeres que se comprometen políticamente contra las violaciones causadas por el Estado. Así, según la politóloga Débora Quintela, es plausible predecir que, si no hay cambios en términos de seguridad pública en las grandes ciudades de Brasil (y la idea actual es que la violencia institucional solo aumentará), la tendencia es que el movimiento de madres de víctimas de la violencia policial se amplíe y solidifique como acción colectiva. Desgraciadamente, con cada nueva víctima, también tenemos una nueva madre indignada, una activista en potencia.

Entender el asunto de los derechos como un proceso histórico que está en disputa en las arenas políticas nacionales y sus interfaces internacionales puede ayudarnos a comprender mejor las dinámicas nacionales y sus puntos de intersección. Investigar los abusos, buscar la verdad, honrar la memoria de las víctimas y no permitir que la violencia se repita son formas de cultivar los valores democráticos en la sociedad. 

Estemos atentos al lenguaje que se utiliza, a los actos de habla de madres y seres queridos que lloran sus pérdidas y piden justicia. La reivindicación de los derechos humanos es relevante por su comprensión con respecto a demandas colectivas en la política, para fomentar la justicia para quienes han sufrido o sufren injusticias, para la recuperación de la memoria, la verdad, la justicia y la no repetición de las violaciones de derechos.

Una reflexión a 50 años del golpe militar en Chile

La conmemoración de los 50 años del golpe militar en Chile invita a reflexionar sobre el colapso del orden republicano, democrático y presidencial. Desde una perspectiva republicana y democrática, la desconcentración del poder, el imperio de la ley, la deliberación y la participación ciudadana son esenciales. La caída de estos pilares impide asegurar la libertad, el respeto a los derechos humanos y el estado de derecho, acercándonos a la violencia como solución a los conflictos. Así, surge la pregunta de cuáles factores nos llevaron a este trágico desenlace.

Las explicaciones son diversas. Algunas tesis subrayan que el “agotamiento del modelo sustitutivo de importaciones” generó un descontrol inflacionario desde el gobierno de Ibáñez. Otras, subrayan que el contexto de la Guerra Fría polarizó a los partidos con ideologías opuestas, impulsando movimientos centrífugos que promovieron la búsqueda de “utopías” o “planificaciones globales” en los gobiernos de los años sesenta y setenta.

Otros enfoques se centran en la responsabilidad de los actores políticos, con partidos que adoptaron estrategias rupturistas, tanto en la oposición como en el gobierno, y un presidente incapaz de encontrar una salida democrática al conflicto.

América Latina experimentó varios golpes similares en este período, lo cual plantea el surgimiento del Estado burocrático autoritario o explicaciones que sugieren que los quiebres son el resultado del mal endémico del presidencialismo. Aunque existe consenso en que es un problema multifactorial, la discusión aún está abierta.

En este marco, una dimensión del quiebre de la democracia chilena en 1973 puede ser examinada a través de la colisión constante entre una figura presidencial, a la cual se le asignó en su origen un carácter reformista, y un Congreso con experiencia, resultado de una larga trayectoria, dispuesto a usar sus prerrogativas para contener los arranques presidenciales. El origen de esta historia lo podemos ubicar en la búsqueda por revitalizar el presidencialismo en 1925.

En la arquitectura institucional de 1925 se buscó contener las prácticas parlamentarias y otorgarle al presidente un rol preponderante en el sistema político para que liderara la iniciativa de reformas estructurales que buscaban subsanar los problemas de la “cuestión social” y la demanda de nuevos actores sociales. No olvidemos que este nuevo orden fue diseñado bajo la tutela militar, la cual ya en esa época se hacía presente en la política chilena y latinoamericana.

Sin embargo, este diseño institucional no logró contener los sedimentos de la práctica política internalizados en el periodo histórico anterior (1871-1925). Esto permitió consolidar un Congreso que fuera un contrapeso efectivo ante las arremetidas de un poder ejecutivo siempre amenazante.

Un elemento central del periodo político entre 1925 y 1973 es la urgencia de reformas estructurales para modernizar el estado y abordar demandas sociales. En términos políticos, el poder ejecutivo renovado se enfrentó a un electorado diverso y volátil, resultado de reformas como la eliminación del sufragio censitario y la inclusión de mujeres en el padrón (1949), y la implementación de la cédula única, dificultando mayorías estables.

Los partidos cobraron protagonismo en este escenario, arraigándose en el territorio y ejerciendo influencia en el Congreso, con capacidad de movilización e influencia informal en el poder ejecutivo. Un presidente sin mayorías y distante de partidos o coaliciones frágiles carecía del poder para activar reformas reales.

De esta manera, aunque en teoría el presidente ostentaba un gran poder, en la práctica -debido a su minoría en el Congreso- su influencia no era tan sólida como se pensaba. El Congreso Nacional, en ese período, actuó como un actor clave de veto, y los presidentes enfrentaron su poder en muchos momentos históricos desde 1932 hasta 1973. Mencionemos los gobiernos del Frente Popular (1936-1941), donde mantener la coalición desgastó al presidente, enfrentando presiones de su partido incluso en la conformación del gabinete. Un caso emblemático es el gobierno radical de Pedro Aguirre Cerda (1938-41), donde las diferencias sobre el gabinete llevaron al extremo de considerar su renuncia.

Adicionalmente, se debe precisar que de los 27 años entre la presidencia de González Videla en 1946 y el gobierno Salvador Allende, en 19 años el presidente se encontró en minoría en el Congreso. Esto obligó, sin duda, al presidente a construir –en lo posible– una relación cooperativa o negociadora con el Congreso y con la oposición.

Al contrario, cuando el presidente adoptó una actitud más desafiante ante un Congreso adverso, el resultado fue bastante perjudicial. Un ejemplo de ello es el caso de Salvador Allende (1970-73) y su intento por concretar una agenda reformista a través de mecanismos no convenidos con el Congreso, mediante el uso de decretos, leyes e intervenciones a la industria. Esta estrategia le significó una oposición acérrima a través de múltiples acusaciones constitucionales a ministros e incluso un intento al propio presidente (1973), sin contar con el bloqueo de su agenda legislativa.

Este desencuentro institucional afectó a varios presidentes. Por ejemplo, Carlos Ibáñez (1952-1958) afirmó en su mensaje de 1955 que resistir la tendencia parlamentaria entorpece la acción presidencial, abogando por reformas constitucionales. Jorge Alessandri (1958-1964) propuso limitar atribuciones parlamentarias en 1964 y aumentar el poder ejecutivo. Y Eduardo Frei Montalva buscó fortalecer al presidente en 1964 y 1969, como respuesta a conflictos institucionales que obstaculizaban las reformas necesarias.

En este proceso de aprendizaje, se avanzó gradualmente con la promulgación de la Ley 17.284, resultado de la discusión en el Congreso por el proyecto de Frei Montalva (1969). Esta ley dio rango constitucional a decretos con fuerza de ley, limitó iniciativa parlamentaria en gasto público y algunas áreas legales, mejoró el mecanismo de urgencias a favor del presidente, creó el Tribunal Constitucional (TC) y permitió convocar plebiscitos.

Estos ajustes institucionales llegaron tardíamente, sin tiempo para afianzarse. En el momento del quiebre, los actores políticos forzaron un sistema desgastado hasta su colapso. El colapso de la democracia chilena hace 50 años y sus trágicas secuelas nos invitan a revalorizar diseños institucionales que equilibren los poderes y la importancia de contar con actores políticos comprometidos con el orden republicano y democrático.

La democracia argentina está en deuda con la auditoría electoral ciudadana

Los aniversarios siempre son oportunos para hacer balances, más cuando los números son redondos. A 40 años de la recuperación de la democracia argentina, y en el marco del proceso electoral de 2023, nos preguntamos: ¿qué papel tiene la ciudadanía organizada en las elecciones?

A diferencia de otros países de la región (ver índice de observación electoral de América Latina), Argentina no cuenta con la figura de la observación electoral, doméstica o internacional, en su marco legal. En su lugar, existe lo que ha definido la Cámara Nacional Electoral (CNE) como “acompañamiento cívico”, entendido como “el conjunto de actividades realizadas por organizaciones o entidades de la sociedad civil de nuestro país, tendientes a efectuar un seguimiento puntual del acto electoral, el que comprenderá la búsqueda y obtención completa y exacta de información, y su análisis imparcial y profesional para la extracción de conclusiones”. 

Mientras la observación electoral prevé la participación de los observadores en la fase preelectoral (inscripción de partidos, de candidaturas, campaña electoral, simulacros, etc.) y postelectoral (transmisión y totalización de resultados, escrutinio definitivo, entre otros), el acompañamiento cívico solo considera el acto eleccionario como monitoreable.

Por otro lado, no está regulado por ley, sino que es una acordada de la CNE, de manera que no están estipulados los plazos para la acreditación, o para recurrir en caso de que la CNE haya denegado la participación de alguna organización. 

Esto ha facilitado que, por ejemplo, durante la pandemia la jueza federal con competencia electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, María Romilda Servini de Cubría, haya rechazado el ingreso de acompañantes cívicos a los centros de votación por considerarlos “sujetos ajenos” al proceso electoral.

Tampoco hay plazos de respuesta por parte de la CNE y de los Juzgados Electorales provinciales, siendo así que en muchas ocasiones las notificaciones de aprobación o rechazo de la acreditación llegan a 72 o 48 horas del comienzo de la jornada electoral.

También hay que decir que el acompañamiento cívico está reservado solo a organizaciones y personas argentinas. No hay marco para acreditación de misiones de observación internacionales, ni para extranjeros residentes en Argentina. 

Mientras países como Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia o México valoran positivamente la observación electoral, tanto internacional como nacional, Argentina junto a Uruguay y Chile son los países democráticos más cerrados a la auditoría ciudadana en América Latina. 

Transparencia Electoral acompañó en el 2020 un proyecto de Ley presentado por el diputado nacional Gustavo Menna que buscaba regular la participación de organizaciones nacionales e internacionales en diferentes etapas del proceso electoral. Lamentablemente no avanzó en la etapa legislativa, al igual que otros proyectos anteriores con objetivos similares. 

Las instituciones argentinas no han entendido la importancia y utilidad de la observación electoral doméstica e internacional. Mientras que en la región es la regla, Argentina, por ejemplo, es uno de los pocos países que no ha invitado a una misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La observación electoral no solo disuade a los actores de incurrir en irregularidades y malas prácticas electorales, sino que tiene un potencial enorme para proponer mejoras en todas las fases del ciclo electoral. Pero, sobre todo, es un derecho de los ciudadanos que no militan en partidos políticos pero se preocupan por la calidad de los procesos electorales, así como una forma de acceso a la información. 

A 40 años de la recuperación democrática, y ante evidencias claras de su agotamiento, establecer mecanismos para la auditoría ciudadana de las elecciones puede fortalecer los procesos comiciales y redundar en una mayor legitimidad del sistema.

El “Trump de las Pampas”: Argentina suma un riesgo más

Coautor Eduardo Ryo Tamaki

Los contextos de crisis son campo fértil para candidatos antisistema. El pasado 13 de agosto en Argentina, con motivo de las primarias obligatorias (PASO), Javier Milei, un candidato populista de extrema derecha, salió primero con 30% de los votos, dejando en segundo lugar a la coalición opositora Juntos por el Cambio, y en tercero, a la del gobierno. En un contexto de inflación galopante, brecha cambiaria y aumento de la pobreza, los 7 millones que apoyaron a Milei expresaron ante todo la frustración y el enojo con la oferta política tradicional frente a la situación económica que obviamente el gobierno en curso, pero también su antecesor, no fueron capaces de resolver.

Para enfrentarse a lo que define como “populismo kirchnerista” o “zurderío”, Milei propone un programa económico liberal en las antípodas, basado en el estado mínimo y el déficit cero, pretendiendo que la “casta política” es la que pagará el costo del cambio, y no la gente. Su propuesta es bastante populista.

De hecho, Milei ha demostrado hasta ahora ser un ejemplo clásico de populismo. Consideremos que el populismo no tiene ver con políticas económicas, aunque tradicionalmente se lo asociara con gobiernos fiscalmente irresponsables. Para los nuevos enfoques, el populismo se define mejor como una ideología, aunque débil o incompleta, como un conjunto de ideas vagamente articuladas sobre el mundo y la política que se expresan y sostienen a través de discursos. Se trata de un mundo de blanco y negro que combina una noción de un «nosotros» o «pueblo» moralmente bueno y homogéneo frente a un “ellos”, una «élite» malévola, corrupta y egocéntrica que se ha aprovechado del «pueblo», usurpando su «poder» para perseguir sus intereses. El populista busca movilizar a la población para enfrentar a las élites (económicas, científicas, políticas o incluso transnacionales) mientras promete devolver el poder al pueblo.

Milei es todo eso, tiene 1.400.000 seguidores en Tik Tok, a quienes captura con su narrativa de «nosotros” contra “ellos», los ladrones que saquearon el sistema y son, consecuentemente, responsables de los 40 años de fracasos en Argentina. Si se hace con el gobierno, promete erradicar los privilegios de los políticos y poner fin a la casta política parasitaria, corrupta e inútil. Sólo entonces el pueblo argentino podrá ser libre, sólo entonces los argentinos podrán ser los arquitectos de su propio destino.

Milei no es un fenómeno nuevo ni aislado. El «Trump de las Pampas» equivaldría al «Trump de los trópicos«, como se llamara repetidamente a Bolsonaro. Y de hecho estos tres líderes comparten muchas similitudes: Milei también lucha en una cruzada moral contra los valores progresistas y liberales que, a su entender, buscan subvertir y destruir el concepto de familia, y en este sentido, comparte la agenda anti-comunismo/socialismo de Bolsonaro. Exhibiendo su negacionismo, Milei afirma que el cambio climático es una mentira socialista y cree que la educación sexual es una agenda post-marxista que tiene como objetivo exterminar la población. Y más aún. Siguiendo los pasos de Trump y Bolsonaro, Milei también prometió trasladar la Embajada de Argentina en Israel a Jerusalén. Dentro de América Latina, Milei es una expresión más del giro a la derecha que dio origen a populistas como Rodolfo Hernández en Colombia, Keiko Fujimori en Perú y Nayib Bukele en El Salvador, entre otros.

¿Por qué debería preocuparnos un Milei presidente?

A una semana de las PASO se registraron saqueos y vandalismo en distintos puntos del país, una historia conocida en Argentina. Si la situación económica no mejorara, y la social empeorara, Milei presidente no es un escenario improbable. Ahí vemos otro problema, que va más allá de la ideología: el populista, también outsider o rebelde, que vendría a aportar «aire fresco» a la política, no tiene estructura política propia, y también es hostil a la cooperación, las coaliciones y concesiones.

Para ilustrar, quizás vale contrastar con un caso del pasado argentino reciente, el de Carlos Menem, presidente entre 1989 y 1999, quién llegó al poder prometiendo salariazo y revolución productiva, para abrazar el neoliberalismo luego de la elección. Milei no sólo afirma que el primer gobierno de Menem fue el mejor de la historia, sino haber sido bendecido alguna vez por el expresidente como su sucesor. Más allá de agendas similares de control de la inflación (en el primero, la convertibilidad; para Milei, la dolarización) y de reducción del estado, Menem se destacó por haber implementado la política de privatizaciones de mayor envergadura en la región. Se escenificó como la opción outsider para llegar al poder, cuando en realidad era el líder legítimo del tradicional y mayoritario Partido Justicialista, que no sólo consiguió la presidencia sino también mayorías amplias en ambas cámaras legislativas, las que le concedieron dos leyes fundamentales de delegación legislativa en 1989 y muchas más a lo largo de su primer mandato.

No se gobierna en democracia sólo con la opinión pública. Para aprobar reformas importantes como las privatizaciones o cerrar el banco central, se necesita apoyo institucional. Los apoyos de Milei presidente serán magros en el Congreso y le será inevitable componer con “la casta”. Vemos dos posibilidades aquí. La primera, al estilo Bolsonaro, quien llegó a la presidencia con notable minoría parlamentaria, pero con promesas grandilocuentes de deshacerse de la ‘vieja política’ y no ‘hacer política’ con el establishment corrupto y, una vez en el poder, agobiado por su mal manejo de la pandemia y cientos de pedidos de juicio político, acabó pactando con el centrão, es decir, repartiendo ministerios y recursos a este grupo de partidos oportunistas. Recordemos que Bolsonaro dejó el poder con un alto costo para la democracia, cuestionando las instituciones electorales y, como Trump, con un asalto a los tres poderes el 8 de enero en Brasília.

La otra alternativa es conocida para Argentina. A un presidente radical o intransigente, se le enfrentará el congreso y habrá choque de poderes. En un contexto de crisis, la calle se agitará aún más y tendremos otra presidencia interrumpida. Las perspectivas son inciertas aun para las elecciones del 22 de octubre. Entre las amenazas a la democracia y el riesgo económico, la oferta populista de Milei ha traído un horizonte sombrío para lo que debería ser un año festivo, aquel en que Argentina celebra cuarenta años de democracia.

Eduardo Ryo Tamaki  es Investigador, German Institute for Global and Area Studies (GIGA) y miembro de Team Populism.