¿Qué explica la preocupación medioambiental en la región?

Coautora Luciana Veiga

Una investigación del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo de la Universidad de Oxford muestra que el interés por las noticias sobre el cambio climático es mayor en América Latina que en cualquier otra parte del mundo. Algunos observadores asocian este resultado a la creciente exposición a las consecuencias de los desastres medioambientales, ya que las lluvias torrenciales derrumban hogares y matan a personas aquí más que en cualquier otro lugar. En la región, Brasil ocupa el tercer lugar después de Chile (52%) y México (47%), empatado con Colombia (46%), muy por delante de Estados Unidos (30%) e incluso de países europeos como el Reino Unido, Francia y Alemania. ¿Es entonces este miedo climático el resultado de una vulnerabilidad objetiva?

El mismo estudio muestra que ese interés es mayor entre las personas con salarios y estudios más altos, es decir, no precisamente las afectadas por catástrofes naturales. Más que reflejar una experiencia directa, ¿esta mayor concienciación refleja una mayor información u otro tipo de base subyacente?

Hace cincuenta años, coincidiendo con las primeras advertencias del Club de Roma sobre el cambio climático, el profesor Ronald Inglehart sostenía en su artículo La revolución silenciosa en Europa que el desarrollo económico y el aumento de los niveles educativos y de la calidad de vida estaban conduciendo -y seguirían conduciendo- a un abandono de los valores materialistas orientados a la acumulación y la supervivencia física inmediata, en favor de valores post-materialistas que hacían hincapié en la libertad, la autoexpresión y la realización personal.

La agenda ambiental estaría vinculada al post-materialismo al alinearse con incipientes prioridades de bienestar entendidas mucho más allá de la comodidad material o el enriquecimiento financiero, el experimentalismo estético y una noción de participación y autocuidado donde se privilegiaba el contexto natural. 

Sin embargo, la situación encontrada en América Latina crea al menos advertencias a ese argumento de un cambio de valores hacia prioridades post-materialistas. Por ejemplo, en 2004, los investigadores Ponte y Smith estudiaron la relación entre valores y actitudes en torno a la contaminación ambiental en México y encontraron que la preocupación ambiental estaba asociada a la privación material. Es decir, los resultados fueron opuestos a los propuestos por el profesor Inglehart.

Podemos decir que en Brasil ocurre algo similar. Si bien es cierto que las clases altas son las más sensibles a estas cuestiones, el calentamiento global no pasa desapercibido en la base de la pirámide, que sufre de forma más inmediata los efectos de la devastación climática. Según una encuesta del IPEC de 2021, en medio de una pandemia en la que las preocupaciones podrían estar pasando tranquilamente del medio ambiente, siete de cada diez brasileños con menor nivel educativo admitieron una gran preocupación.

Un tercer argumento lo revelan científicos sociales de la Universidad de Oxford: la mayor o menor sensibilidad y movilización por el clima está vinculada a la polarización política. En Estados Unidos, por ejemplo, una persona de izquierdas tiende a estar 41 puntos porcentuales más interesada en las noticias sobre cambio climático que una de derechas en 2021.

En Brasil, teniendo en cuenta el discurso terraplanista de Bolsonaro y el desmantelamiento de la autoridad ambiental durante su presidencia, sería razonable suponer un impacto de la radicalización partidista en la atención y la urgencia sentidas en torno a la cuestión climática.

Sin embargo, las encuestas realizadas durante la campaña presidencial de 2022 indicaron que, ya sea de izquierda o de derecha, los votantes brasileños colocaron la gestión ambiental positiva como una consideración extremadamente relevante, sin diferencias significativas entre los votantes de Bolsonaro y Lula en la priorización del cuidado del medio ambiente.

Esto parece reflejar la eficacia con que la protección ambiental y la cuestión climática han sido internalizadas y asociadas a hechos emblemáticos como la deforestación y los incendios en la Amazonia, ahora sinónimos de tragedia independientemente del alineamiento político de los ciudadanos. Estudios con votantes de Bolsonaro admiten haberse desencantado con el ex presidente a partir de su comportamiento irresponsable con la Amazonia. Evalúan que la actitud de omisión ambiental de Bolsonaro promovió el crimen, revelando la hipocresía del discurso de ley y orden con el que fue electo e intentó reelegirse.

Incluso frente a los fenomenales reveses ambientales y climáticos experimentados en los últimos años, el estudio del comportamiento ambiental de los brasileños arroja conclusiones sorprendentes. Una, es que aún con una retórica y práctica política negacionista por parte del gobierno reaccionario de Bolsonaro, los ciudadanos tanto de derecha como de izquierda no renuncian a expresar su angustia por el calentamiento global y sus causas.

En América Latina, la preocupación ambiental es un consenso y no un reflejo de divisiones partidistas como en Estados Unidos. Otra conclusión es que la importancia de la crisis medioambiental no tiene por qué estar exclusivamente vinculada a la vulnerabilidad y la experiencia trágica ante fenómenos climáticos adversos: los más educados y ricos son capaces de expresar un temor aún mayor que los ciudadanos con menos recursos y, por tanto, más expuestos a las adversidades causadas por el calor excesivo, la lluvia o la sequía.

Y, por último, esta predisposición de los más acomodados no es tanto el resultado de haber superado las ansiedades materiales de supervivencia abrazando valores post-materialistas como el fruto de ser capaces de conectar estas tragedias derivadas de un clima en crisis con sus consecuencias negativas para la seguridad física, alimentaria y psicológica, es decir, conectadas con las adversidades materialistas derivadas del calentamiento global.

Este artículo fue escrito en coautoría con Luciana Veiga (profesora de UNIRIO/FGV), Julian Borba (profesor de la UFSC) y Gabriela Ribeiro Cardoso (estudiante de doctorado de la UFSC) y se publicó en el marco del X congreso de WAPOR Latinoamérica: www.waporlatinoamerica.org.

¿En Guatemala hay democracia?

A tres semanas de la primera vuelta electoral que posicionó a Sandra Torres y a Bernardo Arévalo en la segunda vuelta electoral de forma extraoficial, debido a la falta de confirmación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), este 12 de julio un juez suspendió al Partido Semilla (PS), tras una causa penal promovida por el fiscal Rafael Curruchiche, por supuestos actos de corrupción cometidos por presentar “firmas falsas”. Esto ha sido condenado por diversos actores políticos y la comunidad internacional ya que deja la candidatura de Arévalo en el aire, ya que sin partido no podría participar en la contienda.  

Estas elecciones eran un reto importante para Guatemala. Se esperaba que el país superara la crisis democrática sufrida en las elecciones de 2019, a partir del desastre organizativo del proceso electoral, donde incluso la Organización de los Estados Americanos (OEA), emitió un severo informe de hallazgos respecto a la vulnerabilidad electoral de este país centroamericano.

Para ello, con una nueva conformación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), se renovaba la esperanza de contar con un proceso electoral donde la certeza fuera la constante en el sentir de actores políticos, sus partidos, poderes y candidaturas. Sin embargo, diversos acontecimientos mermaron la confianza en la organización electoral. 

En primer lugar, de 23 candidaturas presidenciales, fueron eliminadas algunas que al parecer contaban con altos índices de competitividad, como es el caso de Carlos Pineda, candidato de Prosperidad Ciudadana, quien fue “bajado” de la contienda por la Corte Constitucional, por un amparo promovido por el Partido Cambio, que impugnaba la elección interna del aspirante presidencial.

Y es que, una encuesta divulgada por el diario Prensa Libre a principios de mayo y levantada entre el 14 al 23 de abril, otorgaba a Pineda más del 23% de intención de voto, por encima de Sandra Torres de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Otro caso es el de el ex precandidato Roberto Arzú, quien por supuestos actos anticipados de campaña, fue descalificado.

Además, meses previos al inicio del proceso electoral se documentaron diversas conductas contrarias a la libertad de expresión, como es el caso del encarcelamiento de José Rubén Zamora, periodista que había señalado actos de corrupción por parte de diversos actores políticos.

Ante este clima de inestabilidad política y polarización, el 25 de junio se celebraron los comicios, donde se destaca la participación de poco más del 60% de las personas acreditadas para votar, en un ambiente de calma y buena organización electoral. Contrario a lo sucedido en 2019, el sistema de transmisión de datos y resultados electorales funcionó y dotó de certeza y tranquilidad a la población en general. El programa informático de Transmisión de Resultados Electorales (TREP) arrojó que las candidaturas de Sandra Torres y Bernardo Arévalo se enfrentarían en una segunda vuelta a celebrarse el próximo 20 de agosto.

Actos posteriores a la elección

A pesar del correcto desarrollo de la elección, ciertos actos posteriores  comenzaron a enturbiar el proceso. La aceptación de un amparo provisional ante la Corte Constitucional para que se amplíen los procesos de impugnación y se revisen los resultados, impidió al TSE hacer la declaratoria de los candidatos ganadores, y por tanto, de determinar oficialmente la celebración de la segunda vuelta. 

Ello recrudeció el clima de polarización y despertadó la sospecha de que los entes de poder habrían encontrado incómoda la candidatura de Bernardo Arévalo, aspirante del Partido Semilla y quien se ha mostrado distante de las políticas tradicionales del país. La candidatura del socialdemócrata, ha mantenido una línea discursiva progresista, sin embargo había sido intrascendente en los sondeos electorales. 

No obstante, ante su ascenso y la crisis generada, el propio Arévalo había manifestado la intentona de restarle votos para favorecer al candidato oficialista Manuel Conde o bien, dilatar el proceso legal y que sea él quien elija al binomio presidencial el próximo 14 de enero de 2024.

De hecho, las misiones internacionales de Observación Electoral habían señalado con insistencia las debilidades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la injerencia del gobierno en sus decisiones. A esto se suma la evidente incomodidad de algunas fuerzas al interior del TSE por la observación electoral, específicamente del departamento de fortalecimiento de cooperación, desde donde se bloquearon los trabajos de diversas misiones independientes.  

La pregunta entonces que nos hacemos es: ¿qué habría que ocultar a la comunidad internacional?

Xóchitl Gálvez, ¿una outsider de la política mexicana?

Hasta hace unas semanas, Xóchitl Gálvez era una más entre las senadoras de la oposición y hoy es la más seria aspirante a la candidatura presidencial en el recién constituido Frente Amplio por México, integrado por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

A pesar de haber pasado desapercibida hasta hace muy poco tiempo, un suceso de la política autoritaria del presidente la catapultó. Andrés Manuel López Obrador, en un exceso durante su conferencia diaria, la señaló con nombre y apellido como una de las políticas que se han opuesto a la vigencia de los programas sociales como la Pensión a los Adultos Mayores, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Sembrando Vida, entre otros.

Ese señalamiento, que resultó ser mentira, lo llevó a instancias judiciales y un juez le otorgó a la senadora el derecho a réplica. Seguidamente, esta se apersonó en el Palacio Nacional, donde se celebra la conferencia diaria, tocó la puerta, pero no fue atendida y ese rechazo la visibilizó como posible candidata del frente a la Presidencia de la república.

Xóchitl Gálvez proviene de la población otomí del estado de Hidalgo, uno de los más pobres del país. De niña trabajó para apoyar a su familia y, siendo muy joven, migró a la Ciudad de México, donde, gracias a una beca, estudió en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para luego convertirse en una empresaria de la robótica. Xóchitl Gálvez, sin embargo, no perdió el contacto con su comunidad y, más tarde, trabajó durante el gobierno de Vicente Fox como comisionada nacional de los pueblos indígenas, labor que la llevó a iniciar su carrera política.

Más tarde fue jefa delegacional en la Ciudad de México, candidata fallida a gobernadora de su estado y senadora, pero sin pertenecer a un partido político, lo que, para algunos observadores, la posiciona como una outsider de la política mexicana.

Desde el Senado de la república ha ido trabajando para alcanzar la nominación de la oposición para jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y las encuestas de intención de voto la ponen en los primeros lugares. Sin embargo, tras el desplante en el Palacio Nacional decidió buscar la candidatura a la Presidencia de la república en 2024. Y hoy su figura se destaca entre los aspirantes no partidizados.

La visibilidad de Gálvez ha causado alarma en el Palacio Nacional y entre los llamados “corcholatas”, como se conoce a los candidatos oficialistas, que están recorriendo el país para que a finales de agosto se decida, mediante una encuesta, quién de los seis aspirantes será el candidato. Se trata de la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, y los senadores Ricardo Monreal y Manuel Velasco, y el diputado federal Gerardo Fernández.

Actualmente, Xóchitl Gálvez está en todos los medios, mientras que la presencia de los “corcholatas” se viene reduciendo y es probable que eso continúe de aquí a finales de agosto. Esto ha hecho que la Presidencia haga una fuerte campaña en contra de la candidata y los medios adictos al Gobierno con algunas críticas que rayan en la violencia de género y la misoginia. No hay que olvidar que al comienzo del período la senadora rechazó, por su “voz independiente», una invitación de López Obrador para participar en su gobierno.

Un aspecto que le está jugando en contra a la candidata son los métodos para producir su candidato(a) presidencial, ya que oficialmente la campaña electoral no empieza sino la última semana de noviembre. Lo que ha venido ocurriendo, en uno y otro bando, son actos anticipados de campaña, lo cual ha provocado reacciones y críticas como las del partido Movimiento Ciudadano. Sus dirigentes consideran que se está violando el principio de equidad en la competencia y que la justicia electoral debería intervenir.

En definitiva, la carrera por la Presidencia de la república ya empezó con un gran despliegue de recursos entre los aspirantes “corcholatas” y, los aspirantes de la oposición, que se dividen entre quienes podríamos considerar “partidizados” y los outsiders, entre los que se encuentra Xóchitl Gálvez.

La final se perfila entre dos egresadas de la UNAM: la física Claudia Sheinbaum y la ingeniera en computación Xóchitl Gálvez.

Propuestas afrolatinoamericanas para los afrodescendientes del mundo

La segunda sesión del Foro Permanente de Afrodescendientes de las Naciones Unidas se celebró recientemente en Nueva York con la presencia de más de 5.000 delegados gubernamentales y de las organizaciones del movimiento social transnacional afrodescendiente. Diferentes organizaciones afrolatinoamericanas también estuvieron presentes visibilizando los problemas que afectan a la población afrodescendiente en la región, presentando propuestas y aportando soluciones.

La cita fue importante porque allí convergió la afrodescendencia en movimiento. Se trata de una expresión civilizatoria con profundas raíces culturales heredadas de más de 1.200 pueblos étnicos africanos. En el continente americano, desde Alaska hasta la Patagonia, y en todas las naciones del Caribe, la afrodescendencia cuenta con más de 200 millones de personas. Somos una comunidad transnacional étnica que se originó a partir del comercio de esclavizados africanos.

La afrodescendencia de las Américas se autodetermina como pueblo, en el mismo sentido que lo hace el derecho internacional para los “pueblos indígenas y tribales”, según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta condición, de acuerdo con la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los constituye en sujetos de derechos colectivos, los mismos que son reconocidos por varias legislaciones nacionales y están señalados en la Recomendación General 34 del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de 2011.

Propuestas latinoamericanas en el Foro Permanente Afrodescendiente

La Articulación Latinoamericana por el Decenio Afrodescendiente (ALDA) celebra que la segunda sesión del Foro Permanente Afrodescendiente trate como tema general la “realización de un sueño: la Declaración de Derechos de la Naciones Unidas sobre la promoción, protección y pleno respeto de los derechos humanos de las personas de ascendencia africana”. Sobre ello recomendamos la necesidad de una orientación conceptual, política y jurídica acerca de los derechos de los afrodescendientes, teniendo en cuenta las jurisprudencias, los reconocimientos legales alcanzados en los países de América Latina y el Caribe, además de la necesidad de reconocer el carácter de autodeterminación que, partiendo de la sociedad civil afrodescendiente, se define.

En relación con la justicia reparadora global por la esclavitud, creemos que puede ser un camino que fortalezca el carácter de autodeterminación y autonomía de los afrodescendientes. En consecuencia, sus derechos colectivos como pueblo, especialmente el derecho al desarrollo y al goce total de los progresos científicos y tecnológicos. Las reparaciones en algunos casos debe ser material, es decir, un compromiso de la comunidad internacional por garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y tecnológicos que Occidente ha negado sistemáticamente a la afrodescendencia.

En relación con el panafricanismo, consideramos fundamental fortalecer la solidaridad entre los pueblos y naciones afrodiaspóricos mediante acciones como la promoción de la diplomacia entre los Estados, propiciando la apertura de sedes y misiones entre los países africanos y los latinoamericanos; el impulso de la economía social, solidaria y comunitaria entre los pueblos y comunidades africanas y afrodescendientes de América Latina; la creación de políticas de intercambio educativo, especialmente aquellas relacionadas con la educación superior, incluyendo la creación de una universidad de hermandad entre los pueblos africanos y afrodescendientes; la realización del proyecto de la sexta región de la Unión Africana, generando medidas de institucionalización de la ciudadanía universal afrodiaspórica, lo que comprometería a los países africanos y latinoamericanos a reconocer la múltiple nacionalidad a quienes lo deseen.

Respecto a la migración transnacional y al aumento de migrantes africanos y afrodescendientes en América Latina y el Caribe, hacemos un llamado a los Estados nacionales a respetar los acuerdos migratorios ya establecidos; condenar la mirada racializada a la migración; desarrollar medidas de protección para las mujeres, niños, ancianos y migrantes vulnerables. Consideramos que la migración debe ser vista como un derecho humano, y que es necesario denunciar la antinmigración y el racismo estructural que atentan contra la calidad de la democracia y ponen en cuestión el carácter civilizatorio de Occidente.

A su vez, consideramos fundamental recopilar datos para reconocer el racismo sistémico y estructural. Creemos que la visibilidad estadística es un mecanismo efectivo no solo para el diagnóstico situacional, sino también para la orientación de políticas públicas, planes de desarrollo y medidas eficaces para garantizar derechos.

Es necesario tomar medidas en materia de salud, bienestar y trauma intergeneracional. Factores como la precariedad en la infraestructura sanitaria, el mínimo acceso al sistema de salud y la ausencia total de hospitales adecuados en los territorios afrodescendientes de América Latina evidencian las profundas desigualdades que marcan el día a día de esta población. Por ello, hacemos un llamado a los Gobiernos para que, como un acto de reparación, doten de infraestructura sanitaria y de hospitales a las comunidades afrodescendientes; mejoren los mecanismos, técnicas y saberes ancestrales en torno a las prácticas de salud afrodescendiente; impulsen políticas públicas efectivas para que las prácticas de partería ancestral y el cuidado cultural de los más vulnerables sea prioridad de política de salud.

En la misma medida, creemos que es necesario rechazar experimentos científicos que, sin autorización y con una enorme carga de prejuicio racial, las instituciones de salud ejercen muchas veces contra las comunidades. Y, finalmente, se deben crear estrategias para preservar los territorios ancestrales de las comunidades afrodescendientes, como base de los conocimientos ancestrales de salud y curación.

La encrucijada electoral en Venezuela

El gobierno de facto de Nicolás Maduro ya comenzó a tomar medidas para evitar la libre expresión de la voluntad popular a través del voto en las elecciones presidenciales de 2024, adoptando acciones empleadas en procesos electorales del pasado que en su momento tuvieron éxito.

Recientemente el chavismo articuló la renuncia anticipada de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), autoridades designadas como resultado de negociaciones con un sector de la oposición y la sociedad civil, con el claro objetivo de socavar aun más la confianza en el órgano, retrasar el anuncio del cronograma electoral y no prestarle asistencia técnica a la oposición para organizar las elecciones primarias. Algunos voceros del gobierno inclusive han mencionado la posibilidad de anticipar las elecciones.

El chavismo está utilizando, además, actores que claramente responden a sus intereses hegemónicos, para judicializar el CNE, a través de acciones como la interposición de un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para impugnar un proceso que ni siquiera se ha realizado.

La dispersión del voto opositor continúa haciendo parte de la estrategia del chavismo de cara a 2024. Esta vez, además de la instrumentalización de los partidos políticos intervenidos en años anteriores y de actores desleales a la democracia para recrear un falso ambiente de pluralidad política, se destaca el anuncio de Benjamin Rausseo, comediante famoso en Venezuela, de participar en las elecciones primarias y su repentina decisión de retirarse del proceso para medirse en 2024 como candidato independiente.

En la última semana se anunció la inhabilitación por 15 años de María Corina Machado, sin que se hubiera dictado una sentencia judicial ordenando tal fin. La decisión sobre Machado era esperable y es una más entre los candidatos que compiten por liderar a la oposición en 2024.

La inhabilitación de María Corina Machado, cuando todo parece indicar que arrasará en las primarias de octubre y se consolida como principal líder de la oposición, fue necesaria para la consecución de los objetivos del gobierno. Maduro sabe que no puede vencer en un proceso con condiciones mínimas y mucho menos frente a un candidato popular y competitivo.

La firmeza de Machado frente a los abusos del chavismo en el pasado los lleva a hacer creer que, si no es habilitada para participar o si identifica que las condiciones injustas del proceso hacen difícil revertir el fraude, podría llamar a la abstención en 2024 para preservar su capital político.

En este marco, los planes del chavismo podrían acabar no saliendo como espera. A diferencia de años anteriores, esta vez la oposición parece tener mayor claridad sobre la importancia de participar en las presidenciales. La falta de alternativas para viabilizar el cambio político también ha provocado una moderación de sus exigencias en los espacios de diálogo o negociación con el chavismo. Parte importante de los actores y organizaciones que participan de la elección primaria han dejado claro que la elección del año que viene no será un evento común y llaman a priorizar la unificación de las fuerzas opositoras por encima del candidato.

A pesar de que no había tanto en juego como lo que se disputará en 2024, la experiencia de la elección a gobernador de Barinas de 2021 le demostró a la oposición cómo la participación en elecciones, aún en condiciones injustas, es capaz de avivar la determinación de los ciudadanos y revertir los intentos del régimen autoritario por desconocer los resultados.

La inhabilitación de Machado también ha provocado el rechazo y la solidaridad de gran parte de la sociedad, además de haber contribuido a catapultarla ante la opinión pública dentro y fuera del país. Su candidatura viene mostrando una capacidad de movilización inédita en un contexto caracterizado por la desesperanza en la población y la consolidación autoritaria de Maduro.

Además de llenar calles y plazas, la candidata de Vente Venezuela impulsa un nuevo relato liberal para el país que va en dirección opuesta al corolario de ideas cultivadas por el chavismo a lo largo de décadas y que la gente relaciona con las causas del colapso económico, social e institucional del país.

Esta vez, los abusos del régimen podrían ser insuficientes para evitar que la oposición encause el deseo de cambio de la sociedad. María Corina Machado y los demás dirigentes opositores como Henrique Capriles, Juan Guaidó y Freddy Superlano pueden ser impedidos de participar, pero sí pueden movilizar a gran parte de los venezolanos a votar por un candidato unitario.

La esperanza que genera la reorganización de las fuerzas opositoras de cara al 2024 no puede nublarnos el juicio. Maduro y sus colaboradores han dejado claro que no tienen voluntad de redemocratizar el país y cada nueva decisión hace parte de un plan para conseguir reelegirse al menor costo posible.

El chavismo tiene la ventaja de ejercer arbitrariamente el control institucional del país, entre muchos otros recursos. En los últimos años Maduro ha demostrado que está dispuesto a llevar adelante su lucha por conservar el poder hasta las últimas consecuencias. Y podría incluso apelar a crear un escenario electoral similar al de Nicaragua o simplemente posponerlas.

Frente a ese desafío, las fuerzas democráticas tienen la opción de aprovechar las oportunidades que se abren con la renovación del liderazgo a través de las primarias, para trabajar en la organización de las fuerzas vivas del país y volver a ilusionar a la sociedad con la posibilidad de vivir en una Venezuela mejor si votan para derrotar al autoritarismo en 2024.

Democracias enfermas: sintomatología del autoritarismo

Las democracias en todo el mundo viven un momento crítico, debido a la erosión institucional, el desencanto con la política tradicional y el ascenso de líderes autoritarios. En países de todas las regiones del mundo observamos síntomas de alerta que rápidamente desembocan en regímenes autoritarios. Sin embargo, al igual que en la medicina, estos padecimientos pueden ser diagnosticados a tiempo. Pero no es así. 

Las democracias, antes de “enfermarse”, revelan ciertos síntomas que, de ser analizados a tiempo, nos permitirían adelantarnos a la enfermedad para evitar su avance. Uno de los síntomas que han sido identificados en diferentes latitudes es la fatiga de las democracias. En medicina, se entiende por fatiga el cansancio o la reducción de los niveles de energía de una persona. Esto, en términos de democracia, se expresa en el abstencionismo electoral, los bajos niveles de participación y la atracción por fórmulas antidemocráticas.

La participación política es un indicador de que la sociedad funge como anticuerpo para combatir cualquier pulsión autoritaria. Por otro lado, el aumento del abstencionismo y la falta de entusiasmo con las opciones políticas es una alerta que no debe ignorarse. El malestar con la democracia surge porque la ciudadanía considera que esta no soluciona sus problemas de la forma esperada. Este es el principal síntoma en América Latina y está deviniendo en otros más preocupantes.

El populismo es otro síntoma presente en las democracias de la región que se manifiesta mediante la aparición de líderes o partidos que prometen soluciones simplistas a problemas complejos. Estas corrientes utilizan una retórica antisistema, polarizadora y agresiva que atrae a los sectores desencantados con el funcionamiento del sistema. 

Los populistas argumentan en nombre de la revolución, la transformación o el pueblo y señalan a las instituciones de servir a otros intereses. El populista se percibe a sí mismo como la encarnación de la mayoría, se siente con el derecho de imponer su visión de país y con ella, sofocar la pluralidad o atacar a quienes piensan distinto. Primera aparición de pulsos autoritarios.

El populismo surge como una respuesta al malestar de la población con las instituciones, partidos y gobernantes. Este entra por el camino electoral y juega bajo las mismas reglas para degradar la democracia desde adentro, mientras que las leyes e instituciones representan un freno a su proyecto nacional, lo que lleva al siguiente paso: la erosión institucional.

Las instituciones de un Estado son fundamentales para guardar el orden y la estabilidad del país. Sin embargo, si no funcionan de manera eficiente, se vuelven objeto de crítica por parte de la sociedad, lo cual debilita, a su vez, a la democracia. Aquí es donde la retórica populista se agudiza proponiendo reformas profundas con promesas de beneficios para la sociedad.

La amenaza a las instituciones es moneda corriente en América Latina. Y es que las modificaciones o reformas, que, en teoría deben garantizar un mejor funcionamiento y no guiarse por criterios ideológicos, son muchas veces herramientas para su propio debilitamiento. Cuando las instituciones pierden credibilidad, el panorama se oscurece y florece el virus del autoritarismo y la concentración de poder.

La división de poderes permite el equilibrio del sistema político, pero cuando este se rompe, la democracia se debilita. Pueden darse casos en los que el Ejecutivo y el Legislativo estén integrados por un mismo partido y esto unifica el régimen; otros, donde, a través de reformas, el Ejecutivo se fortalezca a medida que se debilita el Congreso y la corte. En otros casos, se utilizan a las Fuerzas Armadas para someter a los otros poderes y, finalmente, si un poder no responde a los intereses del oficialismo, se opta por la destitución de funcionarios y se nombra a nuevos, con el fin de colonizar los espacios que no responden a los intereses del Ejecutivo.

Llegar a este punto es la antesala del autoritarismo, ya que el andamiaje institucional ha sucumbido a un líder y, por ende, este podrá modificarlo sin enfrentar una oposición. La progresividad con la que avance dependerá del contexto, como se está viendo actualmente en varios países de la región. Este factor también puede llevar desde la hibridación del régimen hasta la conformación de un autoritarismo pleno.

En conclusión, estar atentos a los síntomas iniciales de debilitamiento de la democracia nos puede permitir abordar el problema en sus etapas iniciales y, así, evitar una mayor degradación. De lo contrario, estaremos expuestos al derrocamiento de la democracia.

La peligrosa ambigüedad del Foro de São Paulo

Con el regreso del Partido de los Trabajadores al poder, el Foro de São Paulo volvió a reunirse en Brasil. Se trata de un retorno a casa, luego de que durante el período bolsonarista el Foro decidió, al parecer, trasladar temporalmente su centro de operaciones a otras latitudes.

Retorno a casa

La fundación del Grupo de Puebla en julio de 2019 parece haber estado motivada por tales circunstancias. De hecho, esta nueva instancia radicada en México ha venido asumiendo, bajo el benévolo patrocinio de Andrés Manuel López Obrador, una parte del protagonismo que durante las últimas décadas correspondió a su predecesor brasileño. Pero ahora, al calor de una segunda «marea rosa», y con el regreso de Luiz Inácio Lula Da Silva al Palacio de Planalto, el ya tradicional foro de las izquierdas latinoamericanas vuelve a hacer de Brasil el epicentro de su actividad política.

Difícilmente podría ser de otro modo, si consideramos que Lula fue, junto con Fidel Castro, el principal fundador del Foro de São Paulo en los años noventa del siglo pasado. Al arribar a su tercer período presidencial, y considerando las prisas que hoy le apremian en razón de su avanzada edad, Da Silva parece más determinado que nunca a ejercer una influencia regional con un sesgo notoriamente ideológico, iniciativa por la que trabajó con ahínco durante sus dos primeros mandatos presidenciales pero que se vio truncada a su salida del poder.

En este sentido, el Foro de São Paulo representa una herramienta importante a la que el mandatario brasileño no pretende renunciar. Por tales razones, el retorno de Lula es también el retorno del Foro. Pero, ¿se trata de un proyecto de raigambre incuestionablemente democrática?

Por todos los medios

La fundación del Foro de São Paulo refleja bien los dilemas que hasta el día de hoy siguen acompañando a esta organización. Por un lado, vemos a Lula Da Silva, un luchador social proveniente del mundo sindical que se enfrentó durante años a un régimen dictatorial y militar, hasta convertirse democráticamente el presidente de su nación. Por otro lado, encontramos a Fidel Castro, un carismático guerrillero que tras encabezar el derrocamiento del régimen dictatorial de Fulgencio Batista se convirtió en un redomado autócrata de vocación estalinista.

No obstante, sus distintos caminos no les impidieron entenderse de maravilla para crear una organización en la que esa polémica cohabitación persiste en el tiempo hasta convertirse en una marca de la casa. Lo que realmente importa a todos dentro de este matrimonio es consolidar una hegemonía continental de izquierdas, donde los más respetuosos de la democracia cierran un ojo ante los desmanes que cometen sus colegas más brutales. De ahí que el Foro no sólo haya contemplado impasiblemente la deriva autoritaria protagonizada por varios de sus miembros y allegados, sino que incluso llegue al punto de celebrarlas. ¿Pasó algo distinto en la última reunión?

El documento base

El XXVI Foro de São Paulo tuvo lugar entre el 30 de junio y el 2 de julio de este año. Se reunieron en esta oportunidad unos 270 representantes de 57 organizaciones distintas, entre partidos políticos, ONG, centros de investigación y demás entidades de la izquierda latinoamericana. El espíritu de la reunión había quedado previamente plasmado en el Documento Base que se publicó dos semanas antes.

En el primer punto de dicho documento se reconoce «un cambio favorable en la correlación de fuerzas [para las izquierdas], signado por rebeliones populares en casi todo el continente», mientras que en el séptimo punto se declara sin sonrojo que «A la firmeza y avances de Cuba, Venezuela y Nicaragua, se han sumado victorias electorales».

En otras palabras, las dictaduras de izquierda de la región representan la consolidación de los objetivos compartidos por los miembros del Foro, quienes en el decimosegundo punto afirman que «la historia nos ha enseñado que solo la unidad en la diversidad de las fuerzas políticas de izquierda, los movimientos sociales y populares y la intelectualidad progresista nos permitirán enfrentar al imperialismo norteamericano».

A la luz de los hechos, la unidad a la que se hace referencia no distingue entre demócratas y autócratas, y así parece quedar ratificado en el último punto del documento, donde a modo de conclusión se insta a construir «la más amplia unidad en la diversidad de los partidos, los movimientos sociales, populares y la intelectualidad progresista y de izquierda al interior de cada organización, país y de continente» [las cursivas son del autor].

Sin concesión alguna

En los días previos a la celebración del XXVI Foro de São Paulo, el presidente Da Silva habría manifestado su interés en que dicha reunión concluyera con una resolución condenatoria de los crímenes cometidos por la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. Está claro que un gesto de este tipo, incluso sin incluir declaraciones similares contra las autocracias que rigen a Cuba y Venezuela, habría significado un paso adelante. La realidad, sin embargo, es que el XXVI Foro de São Paulo culminó sin emitir ninguna declaración condenatoria con respecto a las dictaduras de izquierda en países que en conjunto privan brutal e injustamente de su libertad a más de 1.400 presos políticos.

Por el contrario, el FSP ratificó la solidaridad con dichos regímenes, tal como quedó plasmada en el vigésimo punto del Documento Base. En este se condena «el recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba y su inclusión en la espuria lista de Estados patrocinadores del terrorismo», al igual que «las medidas coercitivas y sanciones unilaterales contra Venezuela y Nicaragua».

Lula, por su parte, no sólo siguió defendiendo la normalización de las relaciones entre los gobiernos democráticos del hemisferio y el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, sino que además se permitió señalar, en la víspera de esta nueva reunión del Foro, que «Venezuela tiene más elecciones que Brasil». Con ello, según el mandatario brasileño, se evidenciaría que el concepto de democracia «es relativo», lo cual haría muy cuestionable que al régimen venezolano se le califique como antidemocrático.

Lavar la cara al autoritarismo

Paradójicamente, mientras Lula exigía públicamente que la salida de Maduro se produjera por vía electoral, instancias administrativas controladas por este último en Venezuela inhabilitaron, mediante un turbio procedimiento, a María Corina Machado durante 15 años para ejercer cualquier cargo de elección popular. La medida se publicó justamente cuando Machado se convirtió, con toda claridad, en la principal candidata de la oposición venezolana.

En definitiva, la realidad está a la vista de todos: los miembros del Foro de São Paulo que se desempeñan dentro de los parámetros de la democracia terminan siempre respaldando, por activa y por pasiva, a los que ejercen el poder autocráticamente, ayudando así a lavarles la cara ante el mundo entero. Una organización de este tipo constituye un riesgo evidente para la estabilidad democrática del continente.

*Este texto fue publicado originalmente en Diálogo Político

¿Bullying contra las encuestas electorales en Guatemala?

La primera vuelta electoral en Guatemala sirvió para ilustrar los innumerables desafíos para la democracia en nuestra región. Frecuentemente esos retos están vinculados a agentes externos al sistema político como los militares, grupos terroristas, mafias paramilitares o el narcotráfico, naciones extranjeras o megacorporaciones. Pero también existen miembros del sistema institucional que exageran sus credenciales, entre ellos, la justicia electoral, partidos que se abrogan la representación política y hasta los que no integran ese sistema, pero que se presentan como defensores de las instituciones democráticas, por ejemplo, los veedores electorales de entidades multilaterales.

La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) que acompañó la primera vuelta en Guatemala y cuyo papel es monitorear las elecciones, cumplió su objetivo al validar el funcionamiento correcto de los procedimientos del voto y su conteo. A pesar de ello, la justicia electoral suspendió, de forma infundada, la oficialización de los resultados, lo cual ha vuelto a desestabilizar la campaña y ha minado la credibilidad del sistema electoral guatemalteco.

La reciente suspensión de la oficialización de los resultados se ha dado en un ambiente de gran desafección ciudadana con una baja participación electoral y un gran número de votos nulos y en blanco, algo que el errático comportamiento de la justicia electoral no hace más que estimular.  Ante este contexto explícitamente adverso para la revelación de preferencias, el informe de la misión también objetó el trabajo de las encuestas electorales luego de que sus proyecciones terminaran lejos de los resultados en las urnas, y las considera como un riesgo para la democracia.

¿Pero son las encuestas instituciones reguladoras de comicios, hacen elecciones o las validan? No. Por ello extraña el espacio que el informe de la OEA dedicó a cuestionar las proyecciones derivadas de los sondeos, como si se tratara de un ente oficial que influye en la elección.

Las misiones de observación electoral raramente cuentan con especialistas en metodología de investigación de opinión pública o comportamiento electoral. Y si bien, en condiciones de plena libertad y estabilidad, la trayectoria (desde que se toma la decisión hasta que se ejerce el voto) puede ser lineal y, por lo tanto, pronosticable, en casos de extrema inestabilidad puede resultar imposible predecir un resultado.

Entonces, ¿en qué medida es realista pensar que, en un ambiente de incertidumbre generalizada por situaciones de violencia preelectoral, amenazas a los centros de votación y boicots a ciertas candidaturas, es posible exigirles a las encuestadoras resultados precisos?

En este contexto, la crítica a las encuestas por parte de una entidad prestigiosa perteneciente a la OEA no hace más que alimentar las tentaciones tan habituales entre los políticos de censurar la difusión de la opinión pública y foguear la inclinación por ampliar la prohibición de publicar encuestas a un período mayor al actual. En Guatemala, ese bloqueo solo se limita actualmente a 36 horas antes de la votación, pero en el pasado fue de 15 días.

América Latina es hoy el continente con la mayor tasa de limitaciones a la divulgación pública de encuestas, de acuerdo al más reciente estudio “Freedom to Conduct Opinion Polls”, que fue realizado por Wapor/Esomar. No que se prohíba la realización de los sondeos, pero sí su difusión.

Los embargos o bloqueos de encuestas solo juegan en contra de un único personaje, el más central de todos para la consolidación de la democracia: el soberano popular encarnizado por el votante de a pie.  

El qué, el cómo y el para qué del regionalismo sudamericano

El regionalismo sudamericano enfrenta una coyuntura compleja, ya que, a pesar de las expectativas generadas por el regreso de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, sigue la falta de claridad en cuanto a tres aspectos fundamentales: la estructura que debería sustentar la cooperación y la integración regional (¿qué?), los métodos adecuados para llevarlo a cabo (¿cómo?) y, más importante aún, el propósito de esta cooperación e integración (¿para qué?).

La cumbre de Brasilia

El 30 de mayo, en Brasilia, Lula recibió a los mandatarios de los países de Sudamérica para una cumbre histórica tras nueve años sin reunirse. El balance de la cumbre es ambiguo: fue amplia y representativa y evidenció el poder de convocatoria de Lula en la región. Pero la presencia de todos los líderes no necesariamente reflejó un respaldo pleno a la dirección política del Gobierno brasileño.

El tradicional líder no logró que convergieran intereses en pos de un objetivo común en el ámbito regional. El Lula de hoy no es el mismo del de los años 2000, ni tampoco lo son el resto de los Gobiernos. En esta cumbre falló la gran virtud de Lula de alcanzar consensos entre Gobiernos con diferentes visiones político-ideológicas. Esta vez, ni siquiera pudo unificar visiones entre los Gobiernos de izquierda, que, aunados bajo una generosa definición de izquierda, presentan diferencias en sus modelos y enfrentan realidades muy diversas.

Estas divergencias quedaron expuestas en la declaración final, irónicamente denominada “Consenso de Brasilia”, en la que el objetivo principal del Gobierno de Brasil quedó truncado: no se mencionó a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). La cumbre sudamericana dejó claro que el renacimiento de este bloque está más lejos de lo que hizo suponer el regreso de Lula da Silva.

La cumbre comenzó con un estigma, ya que previamente el presidente brasileño se reunió con Nicolás Maduro y restableció las relaciones diplomáticas entre Brasil y Venezuela. En esa ocasión, Lula afirmó que Venezuela es víctima de una “narrativa construida”. La muestra exagerada de apoyo al régimen de Maduro, con el fin de restablecer su posición en Sudamérica, no generó un ambiente propicio para los consensos. De hecho, hizo que tanto el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, como el de Chile, Gabriel Boric, coincidieran en sus críticas tanto hacia Maduro como hacia el anfitrión de la cumbre.

Esto demuestra que la situación de Venezuela sigue siendo una herida abierta dentro del progresismo. Esta lesión a la unidad no ha quedado atrás en pos de un pragmatismo que permita superar las diferencias y, por el contrario, continúa permeando las relaciones regionales.

La reunión en Brasilia dejó en evidencia, entonces, que la nueva oleada de líderes progresistas no está logrando revitalizar el regionalismo sudamericano, el cual se encuentra en una etapa de agotamiento. Es un regionalismo exhausto que no consigue despegar, y afronta diferentes desafíos para su avance y consolidación, fundamentalmente en tres aspectos clave: su forma, funcionalidad y finalidad.

Los tres problemas del regionalismo sudamericano

La forma hace referencia a la estructura organizativa y el modo en que los esquemas regionales operan. Actualmente, no está claro en qué formato se debe llevar adelante la cooperación e integración sudamericana. La cumbre de Brasilia mostró que no existe consenso para revitalizar a la Unasur.

Tras el retorno de Brasil a la Unasur, Argentina y Colombia también han regresado, pero Chile aún no. También faltan países que viven situaciones críticas como Ecuador o Perú o países gobernados por la derecha como Paraguay y Uruguay. Será clave ver qué ocurrirá en caso de que Argentina experimente un cambio de signo político a partir de diciembre.

Varios presidentes contemplan la opción de unirse o revitalizar organizaciones como la Celac, la Unasur, el Prosur o el Mercosur de manera indistinta. Esto sugiere que, para los presidentes sudamericanos, todos los enfoques parecen ser viables. El Gobierno de Colombia, bajo Gustavo Petro, busca revitalizar a la comunidad andina con la reincorporación de Venezuela, pero Argentina y Brasil tienen como objetivo que Venezuela regrese al Mercosur. Estas posturas divergentes reflejan la existencia de diversas perspectivas y prioridades entre los países sudamericanos.

En los primeros años del siglo XXI, el “regionalismo ligero” era el concepto dominante. En la década actual, la gobernanza regional se caracteriza por instituciones con poderes aún menos vinculantes. Sin embargo, resulta peculiar que, a pesar de ello, los países manifiesten una marcada resistencia a participar en esquemas regionales o a regresar a estos.

La función, por su parte, se refiere al papel que desempeña un organismo regional. ¿Qué aspectos se quieren manejar a través de la integración regional? El Consenso de Brasilia, que abarca más de 30 asuntos por ser atendidos sin una jerarquía visible, es una muestra de la falta de claridad y coherencia de las visiones de los Gobiernos de Sudamérica, que dificulta aún más el abordaje de los aspectos más urgentes.

La cooperación funcional o sectorial podría desempeñar un papel fundamental si se establecen prioridades. Los países sudamericanos podrían abordar problemas comunes en áreas como la infraestructura, la energía, el medio ambiente o la digitalización. Y a medida que los países experimenten los beneficios tangibles de este enfoque pragmático, es posible que se sientan más inclinados a comprometerse en un mayor nivel de integración regional.

Y la tercera “F”, la finalidad, constituye el asunto más importante y justamente el que más falta hace en la actualidad. ¿Para qué se quieren integrar los países sudamericanos? En el horizonte, la falta de un objetivo claro y la ausencia de metas que den sentido a la integración siguen siendo evidentes. Las bases actuales, que se mantienen sin cambios, parecen estar agotadas.Dada la volatilidad del momento, solo a través de la reflexión crítica y del debate constructivo se podrá avanzar. Si bien no hay respuestas definitivas en cuanto al camino que va a seguir el regionalismo sudamericano, es fundamental continuar reflexionando sobre estas cuestiones, aunque tengamos la sensación de un déjà-vu.

Elecciones en Ecuador: la política post-mortem

La muerte cruzada aplicada por el presidente Lasso descolocó el escenario político que deberá celebrar nuevas elecciones el Ecuador. Un sistema presidencialista no convive bien con expedientes de corte parlamentarista, como el de la muerte cruzada. En el diseño constitucional ecuatoriano, su adopción estuvo concebida como un instrumento disuasivo, pensado para negociar salidas consensuadas entre actores enfrentados, acosados por la amenaza de su posible extinción.

La disolución de la asamblea por parte del presidente debía funcionar como amenaza que permita evitar la escalada del conflicto. En este caso, sin embargo, los actores en pugna no advirtieron el riesgo de que esta se materializara. Actores poco dispuestos al diálogo, acostumbrados al canibalismo político, a una dinámica de devastación de las fuerzas opuestas, tiraron de las cuerdas hasta que estas se rompieron.

El presidente activó el dispositivo acosado por la coyuntura, al punto de sufrir su posible destitución en un juicio político en el cual más que de argumentos, a lo que se apuntaba era a limpiar el terreno de los juicios penales que mantienen en el exilio al expresidente Correa, y crear de esa manera, las condiciones que permitieran su regreso a la contienda política.

La aplicación de la muerte cruzada desactivó esta estrategia y generó, al menos por el momento, un nuevo espacio para la rearticulación de las fuerzas políticas. Sus efectos en la coyuntura inmediata fueron evidentes: logró desbloquear el conflicto y obligó a los actores a abandonar la confrontación para ocuparse de arreglar sus filas internas y colocarse en la línea de partida del próximo evento electoral. Un tour de force que puso en juego las capacidades del cálculo político y que obligó a los actores políticos a llenar listas y apurar los acuerdos internos.

Los efectos post mortem comienzan a evidenciarse, pero se volverán más claros y evidentes con los resultados de la contienda electoral. Los cortos tiempos para el recambio han hecho que el sistema vuelva a repetir sus lógicas, el inmediatismo y el personalismo se ponen a la orden del día, demostrando que es un fenómeno claramente derivado de lo que la Constitución de Montecristi depara para el sistema de representaciones. Un hibrido que permite la coexistencia de partidos políticos de representación nacional y movimientos políticos de representación local. Un diseño institucional que favorece, paradójicamente, la construcción de liderazgos personalistas y la concentración del poder, una clara base de soporte para el caudillismo y el hiperpresidencialismo. 

Hay otro elemento de naturaleza diferente, pero que entra a jugar y que seguramente moverá las prioridades de los electores al momento de acercarse a las urnas, y es el llamado en el mismo acto electoral, a consulta popular sobre la eventual suspensión de actividades petroleras en el bloque 43 en el noreste amazónico. La Corte Constitucional aprobó la consulta luego de 10 años de haber sido propuesta. Si entonces se trataba de impedir su explotación, ahora a lo que se apunta es a detenerla luego de que se han producido casos de desastres ambientales que han contaminado al parque natural Yasuní, una de las zonas más biodiversas del planeta. Esta confluencia de la consulta en el mismo acto electoral, podría incidir seriamente en las motivaciones del voto, especialmente en el sector joven que oscila entre los 16 a los 35 años y que conforma el 30% del electorado.

Siendo este el contexto, la carta electoral y los alineamientos parecerían estar ya definidos; según las principales encuestas de opinión el escenario tiende hacia la polarización del voto entre Luisa González, fiel seguidora de Rafael Correa y que expresa el ala neoconservadora del correismo, y Yaku Pérez, quien aglutina a sectores del ambientalismo y de la izquierda tradicional, mientras el centro derecha, dividido entre Jean Topic, Otto Sonenzholzner y Fernando Villavicencio, parecería reducirse a disputar el liderazgo de la tendencia, y a ubicar sus candidaturas en el radar de los electores para las elecciones del 2025.       

Todo parecería indicar que los grandes desafíos para el país de ninguna manera se resolverán con el cambio político inducido por la muerte cruzada. Quedan pendientes los problemas estructurales de la política y de la economía a los cuales los candidatos parecerían no dar particular atención. Entre ellos, la necesidad de convocar a una radical reforma del sistema político que, entre otros temas, apunte a reducir la dicotomía entre partidos y movimientos políticos que ha sido responsable de la fragmentación política actual donde existen 287 organizaciones políticas. Una fragmentación que explica la carencia de propuestas programáticas de los candidatos y su desfile por la alfombra roja, en la que todo se reduce a la presentación de sus dotes personales. 

Pero toda elección supone una renovación de expectativas. El revuelo generado por la muerte cruzada podría abrir la puerta de entrada a cambios sustantivos, tanto en la concepción del desarrollo económico al promover un importante impulso a la salida del extractivismo, como a la reforma institucional que acabe con el hiperpresidencialismo, pero puede también ser la puerta de entrada para el regreso de Rafael Correa y con el del neopopulismo y su sistemático acoso a las instituciones democráticas. Algo que más de la mitad del electorado quisiera conjurar, pero que la misma fragmentación del sistema podría encargarse de posibilitarlo.