La encrucijada de las políticas penitenciarias en América Latina

Aarón Sánchez
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La encrucijada de las políticas penitenciarias en América Latina

Debido al aumento de la violencia en varios países de América Latina, la respuesta de los Gobiernos ha sido el endurecimiento de los sistemas de justicia penal y el incremento de las penas. Esto se debe a que los sistemas políticos adoptan como estrategia de legitimación el estandarte de iniciativas legislativas populistas. Esto ha dado lugar a que las tasas de población carcelaria hayan aumentado de forma constante durante las últimas décadas. De esta manera, se reproducen las políticas penitenciarias basados en la inocuización y neutralización del individuo en las prisiones, como el modelo de Nayib Bukele que tiene al 2% de la población de El Salvador tras las rejas.

En la actualidad existe una disyuntiva dialéctica sobre los sistemas penitenciarios, entre los modelos resocializadores y aquellos que se basan en la limitación de los derechos humanos y el castigo de las personas privadas de libertad. Ante esta dualidad, existe una serie de elementos fundamentales que deben ser considerados al momento de la creación de una política penitenciaria que fomente la reinserción, la protección de la sociedad y la disminución de reincidencia delictiva, como lo establecen las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, que son conocidas desde 2015 como Reglas Nelson Mandela (regla 4).

En América Latina, cuando se recorren diferentes prisiones, se puede constatar que en prácticamente todas las regiones se evidencia un abuso y violación de los derechos que garantizan una vida digna a las personas que se encuentran en prisión. La sobreocupación y el hacinamiento en las instalaciones penitenciarias se debe a la combinación de diferentes factores, entre otros, de un sistema de justicia que ha privilegiado durante décadas el empleo de la pena privativa de la libertad sobre el resto de las opciones existentes.

En el 2022, formé parte del grupo que elaboró el informe sobre la disminución de la reincidencia de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de la Organización de las Naciones Unidas. El informe contiene las conclusiones y recomendaciones de la reunión del grupo de expertos del Sistema de Justicia Penal, que se efectuó a principios de año y en la cual, especialistas, académicos, jueces y operadores de los sistemas penitenciarios de todas las regiones del mundo colaboramos mediante la presentación de experiencias y evaluación de prácticas prometedoras y sus resultados.  

¿Cuáles son los aspectos fundamentales para considerar en el momento de identificar medidas, con el fin de disminuir la reincidencia delictiva? ¿Y qué estrategias debemos utilizar para la elaboración de una política penitenciaria basada en evidencia empírica? Estas opciones pueden ser proporcionadas como una estrategia práctica y flexible, y no de carácter prescriptivo, en el contexto de las circunstancias específicas de cada nación, y ser consideradas como alternativas para la prevención del delito y la justicia penal.

De manera general, las conclusiones mencionan los esfuerzos para disminuir la reincidencia a partir de “un enfoque global y multisectorial que incluya no solo las medidas dentro del sistema de justicia penal, sino también las medidas externas al mismo”. Es imprescindible, con miras a reducir la reincidencia, “abordar las causas sociales fundamentales de la delincuencia, como la pobreza, las desigualdades sociales y la discriminación, incluidas las relacionadas con el género».

En relación con el sistema de justicia penal, es fundamental, para reducir la reincidencia, el uso efectivo de medidas no privativas de libertad, las políticas de imposición de penas, el tratamiento en las prisiones, la rehabilitación efectiva y los programas de reinserción social. También es clave la elaboración de “programas de justicia restaurativa para reducir la reincidencia, tanto como medida de remisión como alternativa o complemento a las intervenciones de la justicia penal existentes en todas las fases del proceso de justicia penal”.

La falta de políticas penitenciarias basadas en evidencia empírica, el empleo de modelos que se fundamentan exclusivamente en la inocuización y el castigo extremo, la ampliación y prolongación de las penas, la eliminación del debido proceso durante la prisión, y la suplantación de auténticos sistemas de rendición de cuentas han sido las características de la mayor parte de los sistemas penitenciarios en la región.

Por ello, más allá de estas medidas, y de la necesidad de proteger al sistema penitenciario y su administración de la corrupción y el oportunismo, es necesario fomentar un compromiso político y hacer nuevas estrategias de cooperación interinstitucional entre la administración penitenciaria y los organismos externos.

El objetivo es reducir el uso discursivo de los modelos de reinserción y fomentar el compromiso de llevar a cabo una verdadera transformación de los sistemas penitenciarios. El aumento de la inequidad en el ejercicio de derechos en las cárceles ha causado y exacerbado el incremento de la violencia durante años, lo cual solo se podrá superar mediante la aplicación de los principios del Estado de derecho en la vida cotidiana de las prisiones.

El valor de la democracia universal

Guillermo Pérez
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El valor de la democracia universal

El discurso de Luiz Inácio Lula da Silva sobre la relatividad del concepto de democracia causó un intenso debate en las redes sociales y en los medios de comunicación. Las posiciones fueron diferentes entre sí y se mezclaron todo tipo de argumentos para defender o atacar una idea universal de democracia.

Desde una perspectiva filosófica, la discusión es interminable. En última instancia, estamos hablando de conceptos y no de objetos, por lo que es imposible llegar a una conclusión definitiva e inapelable. Pero desde el punto de vista de las ciencias sociales y políticas, existe un consenso establecido sobre lo que significa la democracia y su universalidad.

La ciencia política, a través de autores como Robert Dahl, Norberto Bobbio, Adam Przeworski y otros, coincide en un punto básico: la democracia es un régimen político en el que la oposición tiene la posibilidad de ganar las elecciones.

En el plano político, las Naciones Unidas han contribuido a difundir una noción universal de democracia, consolidada a través de protocolos y pactos que protegen derechos también considerados universales. Es el caso del Protocolo sobre Derechos Civiles y Políticos, del que son signatarios tanto Brasil como Venezuela.

La Comisión de Derechos Humanos declaró en 2022, en su resolución 46, que los elementos básicos de la democracia comprenden: a. Elecciones periódicas libres y justas; b. Existencia de medios de comunicación libres, independientes y pluralistas; c. Respeto de los derechos humanos fundamentales y de las libertades fundamentales, entre otros. Ninguno de estos principios puede verificarse hoy en Venezuela.

Cuando analizamos las elecciones de ese país, sí, han sido numerosas, pero con cada elección, las irregularidades han aumentado. Tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro corrompieron los procesos electorales antes, durante y después.

Antes de las elecciones, el Gobierno abusa de los recursos del Estado, utiliza milicianos para impedir que la oposición haga campaña en los barrios populares, inhabilita a candidatos y partidos políticos, y amenaza o coacciona a los equipos logísticos de los candidatos. El mes pasado vimos cómo golpeaban a Henrique Capriles (centro-izquierda) cuando visitaba una barriada del interior del país y cómo la policía detenía a la persona que alquiló el equipo de sonido para que María Corina Machado (centro-derecha) hablara en un mitin. Estos no son los primeros casos.

El Gobierno utiliza las inhabilitaciones políticas para impedir que la población pueda elegir a los candidatos de su preferencia, pero esto no solo le ocurre a la oposición política tradicional. En las elecciones a gobernador y alcalde de 2021, el Partido Comunista de Venezuela, aliado del Gobierno desde hace mucho tiempo, sufrió 14 inhabilitaciones de este tipo para impedirle que se presentara por separado en algunos municipios, y fragmentar la estrecha base electoral del Gobierno.

Durante las elecciones, el Gobierno amenaza a los votantes con excluirlos de las políticas sociales y utiliza a activistas y milicianos para controlar el voto de la gente y asegurar que voten «correctamente».

Y después de las elecciones, incluso cuando gana la oposición, el Gobierno, a través de los tribunales o de la Fiscalía General, inhabilita a los ganadores, impidiéndoles tomar posesión de sus cargos, tal como ocurrió en 2016 con tres diputados indígenas o en 2021 con el ganador de las elecciones a gobernador del estado Barinas (suroeste de Venezuela). A veces, el Gobierno simplemente les quita recursos y competencias a los gobernadores opositores, como en el caso del Zulia (noroeste del país). Todo ello, cuando los votos no son inventados, como ocurrió en 2017, según denunció Smartmatic, la empresa responsable del software y las máquinas de votación en el país.

Si nos fijamos en la situación de los medios de comunicación en Venezuela, el panorama no es menos desalentador. Los periódicos y canales privados apenas pueden sobrevivir bajo una gran presión económica y siempre que eviten la crítica política. El año pasado se cerraron 78 emisoras de radio sin que nadie supiera por qué. Los observadores de la Unión Europea que supervisaron las elecciones de 2021 señalaron que «algunos medios de comunicación optan por no facilitar información para evitar problemas políticos».

Los interlocutores de las Misiones de Observación Electoral de la UE informaron de autocensura en 21 estados y del cambio de línea editorial de algunos medios como consecuencia de presiones políticas en 13 estados.

La situación de otros derechos humanos es aún más dramática. El Gobierno venezolano es el primer país de América Latina con una investigación abierta en la Corte Penal Internacional por haber cometido crímenes de lesa humanidad, es decir, torturas, asesinatos y violaciones, entre otros.

Los casos de tortura han sido documentados por Amnistía Internacional, Human Rights Watch y organismos de la ONU como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. A día de hoy, según la ONG venezolana Foro Penal, sigue habiendo más de 200 presos políticos en el país. La arbitrariedad llega a niveles tan absurdos que, aunque un tribunal dicte una sentencia de excarcelación, la persona puede seguir encarcelada por decisión del director de la prisión.

La violación sistemática de los derechos humanos no solo afecta a quienes se organizan políticamente. El derecho de huelga está eliminado de facto y muchos dirigentes sindicales son encarcelados o asesinados. Las poblaciones indígenas sufren la destrucción de su territorio por la minería patrocinada por el Gobierno, así como amenazas y acoso si protestan públicamente.

No es casualidad que los más importantes indicadores internacionales de democracia, como V-Dem, Freedom House y The Economist Index, coincidan en tildar a Venezuela de régimen autoritario. En otras palabras, una dictadura.

El hecho de que Venezuela sea una dictadura es un consenso coherente con el concepto de democracia adoptado por la mayoría de las naciones defensoras de los derechos humanos e investigadores. Y este consenso no es una cuestión puramente técnica, sino también histórica.

Una de las mayores tragedias del siglo pasado fue que los líderes e intelectuales que cuestionaron la legitimidad de la democracia «liberal» fueron encarcelados o asesinados por las democracias «populares», «radicales» u «obreras» que ayudaron a construir.

Las lecciones del siglo XX y el valor universal de los derechos no deben caer en el olvido.

Amenazas presidenciales y resistencias de las élites burocráticas

Darren Hawkins
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Amenazas presidenciales y resistencias de las élites burocráticas

Coautores Dan Nielson y Celeste Beesley

El apoyo a la democracia viene cayendo en todas partes, lo que ha causado una preocupación generalizada. Eso hace que los observadores dediquen horas de atención y estudio al humor político de los ciudadanos, pero ¿se puede ignorar cómo piensan y reaccionan las élites burocráticas frente a los principios y reglas de juego democráticos?

Los regímenes democráticos resbalan frecuentemente cuando los Ejecutivos exceden sus poderes o minan los procesos institucionales. Dado que las burocracias estatales son las que ejecutan las órdenes del Ejecutivo, muchas veces terminan siendo los operadores de medidas que violan las normas constitucionales y los convierten en agentes clave para la erosión de la democracia. Así, más allá de las oscilaciones de humor ciudadano, entender cómo se plantan las élites burocráticas es fundamental para predecir el destino de nuestros sistemas.

Líderes como el  expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, hicieron historia socavando la importancia y el valor de los principios democráticos y buscando movilizar a los agentes del Estado en la misma dirección. Si las formalidades y procedimientos democráticos han prevalecido, es adecuado preguntarse: ¿hasta qué punto ello ocurrió como fruto de la resistencia contra (o neutralización de) esas tentaciones autocráticas por parte de las élites de la burocracia pública? ¿Cómo reaccionaron estos grupos numéricamente minoritarios pero esenciales para la vigencia de una normalidad democrática?

Un estudio realizado con aproximadamente 500 funcionarios de carrera de alto escalafón en Brasil entre los años 2020 y 2021, por parte de la Universidad Brigham Young, de EE. UU., apuntó a que la retórica autoritaria de Bolsonaro no tuvo gran efecto cuando atentaba contra la democracia en términos genéricos. Pero entre quienes simpatizaban con su liderazgo, sí fue efectiva cuando se concentraba en blancos más concretos como el pluralismo partidario.

Esa retórica tampoco fue eficaz en minar la adhesión democrática de las élites burocráticas cuando apuntaba contra instituciones republicanas como el Poder Legislativo y su independencia del Ejecutivo. Tampoco moldó una perspectiva reductora de la democracia a los rituales electorales, ya que los funcionarios continuaron apoyando fuertemente el derecho de la población a protestar contra el Gobierno y a participar en la vida democrática más allá del voto.   

Aparentemente, los líderes autoritarios consiguen tentar a algunos seguidores para imponer ciertas restricciones a la democracia, pero de alcance muy limitado. Y esos discursos autocráticos se mostraron casi inocuos para seducir a quienes no simpatizaban anteriormente con sus ideas o inclinaciones antidemocráticas. Es verdad que tampoco generaron el efecto contrario, esto es, instigar a los burócratas opositores al pensamiento autocrático de Bolsonaro a abrazar con mucha más fuerza las reglas y principios de la democracia, pero, en parte, porque su apoyo a esas normas ya era bien alto.

Recordemos que Bolsonaro no solo buscó minar el prestigio del multipartidismo, la independencia de poderes o la democracia participativa. Uno de sus principales enemigos fueron las autoridades electorales independientes, así como también el sistema de votación exitosamente vigente en Brasil.

A través de las fake news y la desinformación, Bolsonaro llegó efectivamente a sembrar desconfianza en los mecanismos e instituciones reguladoras y veedoras del voto en sus partidarios. Y al perder los comicios presidenciales de 2022 (el primer oficialista que pierde la reelección en los casi 40 años de historia democrática reciente en el país), no dudó en impulsar semanas de protestas violentas y hasta en estimular los ataques a los tres poderes pocos días después de la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva como nuevo presidente del país a principios de enero de 2023.

Todo ello haría suponer que su cuestionamiento durante su Presidencia a las diferentes dimensiones del juego electoral (Bolsonaro advertía sobre inseguridades del conteo, asociaba la urna electrónica a una farsa y que no aceptaría otro resultado sino la victoria) tendría eco entre las burocracias profesionales y podría generar algún tipo de rechazo peligroso a la continuidad republicana.

Sin embargo, el estudio reveló la debilidad de sus argumentos, incluso entre sus simpatizantes. Quienes eventualmente podrían ejecutar medidas restrictivas o violatorias del orden democrático simplemente no encontraron razón o motivación para hacerlo. Es verdad que para este segmento bolsonarista de las élites, la democracia queda reducida a una serie de mecanismos empobrecidos de expresión y pluralismo político, pero, de todas maneras, estuvieron muy lejos de abrazar con entusiasmo un modelo personalista, autoritario y mesiánico de gobierno.

Suele decirse que, más que una muerte súbita a base de golpes militares, las democracias hoy mueren lentamente a partir de una corrosión gradual entronizando un líder populista cuyo discurso supuestamente defiende “más” democracia o un tipo de “democracia diferente” que prescinde de controles, poderes independientes y diversidad política y expresiva de la ciudadanía. Nos olvidamos de que sin la complicidad activa y militante de las élites a cargo de los resortes estatales de poder, toda esa retórica poco consigue en la práctica.

 *Este texto está escrito en el marco del X congreso de WAPOR Latam: www.waporlatinoamerica.org.

Dan Nielson es catedrático de Gobierno en la Universidad de Texas, en Austin. Es cofundador y director de Investigación de Evaluasi, empresa de consultoría.

Celeste Beesley es profesora adjunta de Ciencias Políticas en la Universidad Brigham Young y coinvestigadora principal de WomanStats.

El retorno de la militarización de la seguridad pública a Honduras

Cecilia Rodríguez Balmaceda
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El retorno de la militarización de la seguridad pública a Honduras

El pasado 20 de junio hubo una brutal revuelta que terminó con un saldo de 46 reclusas fallecidas en la penitenciaría central de Támara, a pocos kilómetros del norte de la capital, Tegucigalpa. Según los informes proporcionados por los principales medios de comunicación del país, los hechos fueron producto de una embestida planificada por un grupo de pandilleras pertenecientes a Barrio18 contra internas de la MS13, la pandilla contraria.

Tras esta masacre, que fue la tercera más letal en la historia carcelaria del país centroamericano, la presidenta Xiomara Castro anunció una serie de “medidas drásticas” (tal como ella las denominó) que incluyen la militarización de las cárceles, los toques de queda, los allanamientos y las detenciones, con el objeto de hacer frente a las pandillas, recuperar el control de las cárceles y desmantelar las redes de comunicación que los reclusos han acumulado mediante sobornos a las autoridades penitenciarias. Estas acciones se suman al estado de excepción que ha estado en vigor en gran parte del país desde diciembre de 2022 y que acaba de ser prolongado por quinta vez.

De forma inmediata, Castro destituyó a su ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, quien fue el responsable de destapar los nexos entre el expresidente Juan Orlando Hernández con el narcotráfico y de supervisar la extradición del exmandatario a Estados Unidos en abril de 2022. En su lugar, Castro nombró al general Gustavo Sánchez, quien hasta ese momento se desempeñaba como director de la policía de Honduras. Esta decisión fue acompañada por la disolución de la comisión especial para sanear las prisiones que, si bien realizó diagnósticos de la situación, no llevó a cabo ninguna medida para responder a la problemática acuciante que la originó.

Estos sucesos y las medidas adoptadas como consecuencia de ellos ponen en evidencia tres factores relevantes. El primero de ellos y, sin duda el más preocupante, es la incapacidad del Estado para afrontar una de sus funciones básicas que es brindar seguridad a sus ciudadanos. Los hechos violentos que se produjeron a lo largo de las últimas semanas reflejan la profundización de la crisis de seguridad pública que atraviesa el país y la creciente erosión democrática de las instituciones que se encuentran azotadas por la corrupción y el narcotráfico.

En segundo lugar, la decisión de poner al frente de la seguridad pública a la Policía Militar de Orden Público (PMOP) fue, sin duda, una de las más polémicas en esta crisis porque la policía militar fue creada por el expresidente Hernández como una especie de guardia pretoriana que le respondía directamente. El fortalecimiento de esta fuerza militar generó sorpresa, porque Xiomara Castro cuestionó duramente su actuación en la seguridad pública, en el pasado, como candidata presidencial y antes como líder de la oposición.

Si bien las políticas de “mano dura” no son nuevas en Honduras (ya existentes desde el Gobierno de Ricardo Maduro) ni tampoco en la región centroamericana, la decisión de militarizar la seguridad pública y la ejecución de estas medidas despertó la preocupación de la comunidad internacional y, en especial, la de los organismos defensores de derechos humanos. Estos últimos manifestaron que no es con la represión que se ataca el problema estructural de la violencia y la ingobernabilidad en los centros penales; por el contrario, su empleo en el pasado ha causado graves violaciones de derechos humanos y han demostrado ser completamente ineficaces en el control y en el combate de la criminalidad y la violencia.

Por último, la aplicación de estas medidas por parte del Gobierno de Honduras, así como la difusión de imágenes de presos descalzos y con el torso desnudo en cárceles, custodiados por militares, parecen emular los procedimientos realizados por el actual presidente salvadoreño.

Sin embargo, ¿es el modelo Bukele la solución para afrontar los problemas de seguridad en Centroamérica? Sin duda, las medidas adoptadas por Xiomara Castro y su gabinete para afrontar la crisis de seguridad pública del país sugieren que el Gobierno de Honduras así lo considera.

Brasil puede crear un legado de agenda latinoamericana en el G20

Marianna Albuquerque
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Brasil puede crear un legado de agenda latinoamericana en el G20

Coautora Cintya Feitosa

En un momento de renovadas expectativas sobre el papel de Brasil en la política internacional, el país presidirá, en 2024, el grupo de las 20 principales economías del mundo: el G20. La presidencia brasileña será un momento importante para que el país presente las credenciales del nuevo Gobierno en un foro económico de alto nivel. También podría ser una oportunidad única para llevar al bloque una agenda regional que represente a América Latina.

Aunque proporcionalmente subrepresentada, la región cuenta con tres países en el G20, es decir, Argentina, Brasil y México, pero, históricamente, ninguno de los tres países han coordinado posiciones políticas ni articulado una identidad regional. La pregunta debería ser, por tanto, cuáles son las vías para que los tres países aprovechen la ventana de oportunidad de la presidencia brasileña y construyan una agenda latinoamericana para el grupo.

La intención de ampliar la participación de la región en los debates se reflejó en la invitación de Brasil a Paraguay y a Uruguay para participar en el G20 el próximo año. La inclusión de los invitados está relacionada con el interés del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en ampliar la representación de los países en vías de desarrollo en los foros internacionales y fortalecer el Mercosur. Paraguay y Uruguay asumen la presidencia pro tempore del Mercosur en 2024 y, junto a Brasil y Argentina, se garantiza que todos los miembros activos del Mercosur estén presentes en el G20, al menos durante un año.

El momento para que el G20 adopte una agenda latinoamericana es prometedor, pero no está exento de dificultades. La región ha sido una de las más afectadas, económica y socialmente, por la pandemia de la COVID-19 y los efectos de la guerra de Ucrania, sufriendo, así, una inflación y una deuda elevadas y un aumento de la pobreza e inseguridad alimentaria.

Históricamente, ha habido poca coordinación efectiva entre Argentina, Brasil y México en el G20. Los tres tienen papeles y prioridades distintos en las relaciones internacionales, lo que plantea dudas sobre si deben analizarse como un grupo por el mero hecho de ser latinoamericanos y compartir similitudes en sus estrategias de desarrollo. Fuera del G20, los tres países han construido identidades políticas y económicas diferentes. México, por ejemplo, mantiene fuertes vínculos con Estados Unidos, principalmente debido al TLCAN, mientras que Brasil y Argentina han llevado a cabo proyectos para diversificar sus asociaciones.

La trayectoria de su relación muestra, sin embargo, algunos posibles caminos por seguir. Entre 2008 y 2015, cuando la región tuvo varios Gobiernos progresistas que enfatizaron la integración regional, hubo destellos de buenas prácticas. Brasil y Argentina actuaron en el G20 como aliados estratégicos, anticipando prioridades, coordinando posiciones y posicionándose como voces latinoamericanas. Esta actuación no fue mera casualidad, sino el reflejo de una decisión política de posicionar la integración regional como pilar de sus políticas exteriores. Ambos países abogaron conjuntamente por la adopción de políticas anticíclicas para contener la crisis de 2008, la reforma del FMI, el énfasis en la evasión de divisas y la regulación de los paraísos fiscales, la conclusión de la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de acuerdo con su mandato original de «ronda de desarrollo», y la necesidad de garantizar la sostenibilidad de las deudas soberanas.

Sin embargo, este mecanismo de coordinación no incluía a México, como consecuencia de su decisión de alinearse con Estados Unidos en los foros económicos. Por lo tanto, el enlace con México fue más ad hoc y se limitó a aspectos específicos de interés mutuo. No obstante, los tres participaron activamente en foros de coordinación de países en vías de desarrollo. La última presidencia mexicana del G20 fue en 2012, y el país incorporó algunas prioridades comunes a los países en vías de desarrollo: seguridad alimentaria, volatilidad de los precios de las materias primas, desarrollo sostenible, crecimiento verde y cambio climático.

A partir de 2016, no obstante, los Gobiernos conservadores y de derecha engendraron un contexto regional de competencia y fragmentación. Cuando Argentina asumió la presidencia del bloque en 2018, el país se encontraba en un momento de especial debilidad en cuanto a su visión regional. Existía la expectativa de que hubiera una plataforma común. El contexto político no le favorecía. Por un lado, los foros multilaterales estaban bajo el ataque constante de Donald Trump. Por otro lado, los asuntos internos dificultaban el compromiso de los tres países latinos. México intentaba estimular debates sobre el asunto migratorio, Argentina atravesaba la persistente crisis económica y política, y Brasil, aún bajo el gobierno de Michel Temer, pero ya habiendo elegido a Jair Bolsonaro, enviaba claros mensajes de que la región no era una prioridad. En el fondo, el espacio de debates sobre América Latina se resumía constantemente en la crisis de Venezuela.

Es hora de que nuestros representantes estén preparados para representar concretamente las necesidades y expectativas regionales en la agenda del G20. La oportunidad internacional converge con realineamientos internos en Brasil que enfatizan la agenda regional. Al asumir la Presidencia de la república en su tercer mandato, Lula señaló como prioridades de política exterior la agenda global de erradicación del hambre y la lucha contra la pobreza, la reconexión con los países latinoamericanos y el liderazgo en la lucha contra el cambio climático global.

Junto con los países panamazónicos, Brasil acoge la Cumbre de Belém, con el objetivo de promover una mayor integración regional en la reducción de la deforestación y la promoción del desarrollo sostenible en la región, y fortaleciendo la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA); en la Convención sobre el Cambio Climático, el país ha negociado en bloque con Argentina y Uruguay, por citar algunos ejemplos. 

Hay temas de interés colectivo que nos unen, como la repercusión del cambio climático y las oportunidades de transición energética, la necesidad de defender la comercialización justa de las materias primas, la planificación integrada en relación con la extracción de minerales estratégicos aquí presentes, la reforma del sistema financiero internacional y la institucionalización de mecanismos de transferencia de recursos y tecnología a los países del sur global. La presidencia brasileña significa, por tanto, una ventana de oportunidad innegable para aunar todas estas prioridades, agendas queridas por la región.

Sin embargo, para lograr este resultado, es necesario dar un paso atrás. Argentina, Brasil y México deben, en primer lugar, ponerse de acuerdo y reconocer la importancia de avanzar en una agenda compartida. También deben priorizar y decidir conjuntamente los mecanismos y objetivos políticos. Si desaprovechamos esta oportunidad, América Latina quedará una vez más a la zaga de las decisiones que tomen otros, y seremos siempre países o la región «del futuro», que nunca llega. Como dice el refrán: el que no se sienta a la mesa está en el menú.

Cintya Feitosa, asesora de relaciones internacionales del Instituto Clima e Sociedade (iCS).

¿Qué explica la preocupación medioambiental en la región?

Ednaldo Ribeiro
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¿Qué explica la preocupación medioambiental en la región?

Coautora Luciana Veiga

Una investigación del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo de la Universidad de Oxford muestra que el interés por las noticias sobre el cambio climático es mayor en América Latina que en cualquier otra parte del mundo. Algunos observadores asocian este resultado a la creciente exposición a las consecuencias de los desastres medioambientales, ya que las lluvias torrenciales derrumban hogares y matan a personas aquí más que en cualquier otro lugar. En la región, Brasil ocupa el tercer lugar después de Chile (52%) y México (47%), empatado con Colombia (46%), muy por delante de Estados Unidos (30%) e incluso de países europeos como el Reino Unido, Francia y Alemania. ¿Es entonces este miedo climático el resultado de una vulnerabilidad objetiva?

El mismo estudio muestra que ese interés es mayor entre las personas con salarios y estudios más altos, es decir, no precisamente las afectadas por catástrofes naturales. Más que reflejar una experiencia directa, ¿esta mayor concienciación refleja una mayor información u otro tipo de base subyacente?

Hace cincuenta años, coincidiendo con las primeras advertencias del Club de Roma sobre el cambio climático, el profesor Ronald Inglehart sostenía en su artículo La revolución silenciosa en Europa que el desarrollo económico y el aumento de los niveles educativos y de la calidad de vida estaban conduciendo -y seguirían conduciendo- a un abandono de los valores materialistas orientados a la acumulación y la supervivencia física inmediata, en favor de valores post-materialistas que hacían hincapié en la libertad, la autoexpresión y la realización personal.

La agenda ambiental estaría vinculada al post-materialismo al alinearse con incipientes prioridades de bienestar entendidas mucho más allá de la comodidad material o el enriquecimiento financiero, el experimentalismo estético y una noción de participación y autocuidado donde se privilegiaba el contexto natural. 

Sin embargo, la situación encontrada en América Latina crea al menos advertencias a ese argumento de un cambio de valores hacia prioridades post-materialistas. Por ejemplo, en 2004, los investigadores Ponte y Smith estudiaron la relación entre valores y actitudes en torno a la contaminación ambiental en México y encontraron que la preocupación ambiental estaba asociada a la privación material. Es decir, los resultados fueron opuestos a los propuestos por el profesor Inglehart.

Podemos decir que en Brasil ocurre algo similar. Si bien es cierto que las clases altas son las más sensibles a estas cuestiones, el calentamiento global no pasa desapercibido en la base de la pirámide, que sufre de forma más inmediata los efectos de la devastación climática. Según una encuesta del IPEC de 2021, en medio de una pandemia en la que las preocupaciones podrían estar pasando tranquilamente del medio ambiente, siete de cada diez brasileños con menor nivel educativo admitieron una gran preocupación.

Un tercer argumento lo revelan científicos sociales de la Universidad de Oxford: la mayor o menor sensibilidad y movilización por el clima está vinculada a la polarización política. En Estados Unidos, por ejemplo, una persona de izquierdas tiende a estar 41 puntos porcentuales más interesada en las noticias sobre cambio climático que una de derechas en 2021.

En Brasil, teniendo en cuenta el discurso terraplanista de Bolsonaro y el desmantelamiento de la autoridad ambiental durante su presidencia, sería razonable suponer un impacto de la radicalización partidista en la atención y la urgencia sentidas en torno a la cuestión climática.

Sin embargo, las encuestas realizadas durante la campaña presidencial de 2022 indicaron que, ya sea de izquierda o de derecha, los votantes brasileños colocaron la gestión ambiental positiva como una consideración extremadamente relevante, sin diferencias significativas entre los votantes de Bolsonaro y Lula en la priorización del cuidado del medio ambiente.

Esto parece reflejar la eficacia con que la protección ambiental y la cuestión climática han sido internalizadas y asociadas a hechos emblemáticos como la deforestación y los incendios en la Amazonia, ahora sinónimos de tragedia independientemente del alineamiento político de los ciudadanos. Estudios con votantes de Bolsonaro admiten haberse desencantado con el ex presidente a partir de su comportamiento irresponsable con la Amazonia. Evalúan que la actitud de omisión ambiental de Bolsonaro promovió el crimen, revelando la hipocresía del discurso de ley y orden con el que fue electo e intentó reelegirse.

Incluso frente a los fenomenales reveses ambientales y climáticos experimentados en los últimos años, el estudio del comportamiento ambiental de los brasileños arroja conclusiones sorprendentes. Una, es que aún con una retórica y práctica política negacionista por parte del gobierno reaccionario de Bolsonaro, los ciudadanos tanto de derecha como de izquierda no renuncian a expresar su angustia por el calentamiento global y sus causas.

En América Latina, la preocupación ambiental es un consenso y no un reflejo de divisiones partidistas como en Estados Unidos. Otra conclusión es que la importancia de la crisis medioambiental no tiene por qué estar exclusivamente vinculada a la vulnerabilidad y la experiencia trágica ante fenómenos climáticos adversos: los más educados y ricos son capaces de expresar un temor aún mayor que los ciudadanos con menos recursos y, por tanto, más expuestos a las adversidades causadas por el calor excesivo, la lluvia o la sequía.

Y, por último, esta predisposición de los más acomodados no es tanto el resultado de haber superado las ansiedades materiales de supervivencia abrazando valores post-materialistas como el fruto de ser capaces de conectar estas tragedias derivadas de un clima en crisis con sus consecuencias negativas para la seguridad física, alimentaria y psicológica, es decir, conectadas con las adversidades materialistas derivadas del calentamiento global.

Este artículo fue escrito en coautoría con Luciana Veiga (profesora de UNIRIO/FGV), Julian Borba (profesor de la UFSC) y Gabriela Ribeiro Cardoso (estudiante de doctorado de la UFSC) y se publicó en el marco del X congreso de WAPOR Latinoamérica: www.waporlatinoamerica.org.

¿En Guatemala hay democracia?

Luis Miguel Santibáñez Suárez
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¿En Guatemala hay democracia?

A tres semanas de la primera vuelta electoral que posicionó a Sandra Torres y a Bernardo Arévalo en la segunda vuelta electoral de forma extraoficial, debido a la falta de confirmación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), este 12 de julio un juez suspendió al Partido Semilla (PS), tras una causa penal promovida por el fiscal Rafael Curruchiche, por supuestos actos de corrupción cometidos por presentar “firmas falsas”. Esto ha sido condenado por diversos actores políticos y la comunidad internacional ya que deja la candidatura de Arévalo en el aire, ya que sin partido no podría participar en la contienda.  

Estas elecciones eran un reto importante para Guatemala. Se esperaba que el país superara la crisis democrática sufrida en las elecciones de 2019, a partir del desastre organizativo del proceso electoral, donde incluso la Organización de los Estados Americanos (OEA), emitió un severo informe de hallazgos respecto a la vulnerabilidad electoral de este país centroamericano.

Para ello, con una nueva conformación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), se renovaba la esperanza de contar con un proceso electoral donde la certeza fuera la constante en el sentir de actores políticos, sus partidos, poderes y candidaturas. Sin embargo, diversos acontecimientos mermaron la confianza en la organización electoral. 

En primer lugar, de 23 candidaturas presidenciales, fueron eliminadas algunas que al parecer contaban con altos índices de competitividad, como es el caso de Carlos Pineda, candidato de Prosperidad Ciudadana, quien fue “bajado” de la contienda por la Corte Constitucional, por un amparo promovido por el Partido Cambio, que impugnaba la elección interna del aspirante presidencial.

Y es que, una encuesta divulgada por el diario Prensa Libre a principios de mayo y levantada entre el 14 al 23 de abril, otorgaba a Pineda más del 23% de intención de voto, por encima de Sandra Torres de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Otro caso es el de el ex precandidato Roberto Arzú, quien por supuestos actos anticipados de campaña, fue descalificado.

Además, meses previos al inicio del proceso electoral se documentaron diversas conductas contrarias a la libertad de expresión, como es el caso del encarcelamiento de José Rubén Zamora, periodista que había señalado actos de corrupción por parte de diversos actores políticos.

Ante este clima de inestabilidad política y polarización, el 25 de junio se celebraron los comicios, donde se destaca la participación de poco más del 60% de las personas acreditadas para votar, en un ambiente de calma y buena organización electoral. Contrario a lo sucedido en 2019, el sistema de transmisión de datos y resultados electorales funcionó y dotó de certeza y tranquilidad a la población en general. El programa informático de Transmisión de Resultados Electorales (TREP) arrojó que las candidaturas de Sandra Torres y Bernardo Arévalo se enfrentarían en una segunda vuelta a celebrarse el próximo 20 de agosto.

Actos posteriores a la elección

A pesar del correcto desarrollo de la elección, ciertos actos posteriores  comenzaron a enturbiar el proceso. La aceptación de un amparo provisional ante la Corte Constitucional para que se amplíen los procesos de impugnación y se revisen los resultados, impidió al TSE hacer la declaratoria de los candidatos ganadores, y por tanto, de determinar oficialmente la celebración de la segunda vuelta. 

Ello recrudeció el clima de polarización y despertadó la sospecha de que los entes de poder habrían encontrado incómoda la candidatura de Bernardo Arévalo, aspirante del Partido Semilla y quien se ha mostrado distante de las políticas tradicionales del país. La candidatura del socialdemócrata, ha mantenido una línea discursiva progresista, sin embargo había sido intrascendente en los sondeos electorales. 

No obstante, ante su ascenso y la crisis generada, el propio Arévalo había manifestado la intentona de restarle votos para favorecer al candidato oficialista Manuel Conde o bien, dilatar el proceso legal y que sea él quien elija al binomio presidencial el próximo 14 de enero de 2024.

De hecho, las misiones internacionales de Observación Electoral habían señalado con insistencia las debilidades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la injerencia del gobierno en sus decisiones. A esto se suma la evidente incomodidad de algunas fuerzas al interior del TSE por la observación electoral, específicamente del departamento de fortalecimiento de cooperación, desde donde se bloquearon los trabajos de diversas misiones independientes.  

La pregunta entonces que nos hacemos es: ¿qué habría que ocultar a la comunidad internacional?

Xóchitl Gálvez, ¿una outsider de la política mexicana?

Ernesto Hernández Norzagaray
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Xóchitl Gálvez, ¿una outsider de la política mexicana?

Hasta hace unas semanas, Xóchitl Gálvez era una más entre las senadoras de la oposición y hoy es la más seria aspirante a la candidatura presidencial en el recién constituido Frente Amplio por México, integrado por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

A pesar de haber pasado desapercibida hasta hace muy poco tiempo, un suceso de la política autoritaria del presidente la catapultó. Andrés Manuel López Obrador, en un exceso durante su conferencia diaria, la señaló con nombre y apellido como una de las políticas que se han opuesto a la vigencia de los programas sociales como la Pensión a los Adultos Mayores, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Sembrando Vida, entre otros.

Ese señalamiento, que resultó ser mentira, lo llevó a instancias judiciales y un juez le otorgó a la senadora el derecho a réplica. Seguidamente, esta se apersonó en el Palacio Nacional, donde se celebra la conferencia diaria, tocó la puerta, pero no fue atendida y ese rechazo la visibilizó como posible candidata del frente a la Presidencia de la república.

Xóchitl Gálvez proviene de la población otomí del estado de Hidalgo, uno de los más pobres del país. De niña trabajó para apoyar a su familia y, siendo muy joven, migró a la Ciudad de México, donde, gracias a una beca, estudió en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para luego convertirse en una empresaria de la robótica. Xóchitl Gálvez, sin embargo, no perdió el contacto con su comunidad y, más tarde, trabajó durante el gobierno de Vicente Fox como comisionada nacional de los pueblos indígenas, labor que la llevó a iniciar su carrera política.

Más tarde fue jefa delegacional en la Ciudad de México, candidata fallida a gobernadora de su estado y senadora, pero sin pertenecer a un partido político, lo que, para algunos observadores, la posiciona como una outsider de la política mexicana.

Desde el Senado de la república ha ido trabajando para alcanzar la nominación de la oposición para jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y las encuestas de intención de voto la ponen en los primeros lugares. Sin embargo, tras el desplante en el Palacio Nacional decidió buscar la candidatura a la Presidencia de la república en 2024. Y hoy su figura se destaca entre los aspirantes no partidizados.

La visibilidad de Gálvez ha causado alarma en el Palacio Nacional y entre los llamados “corcholatas”, como se conoce a los candidatos oficialistas, que están recorriendo el país para que a finales de agosto se decida, mediante una encuesta, quién de los seis aspirantes será el candidato. Se trata de la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, y los senadores Ricardo Monreal y Manuel Velasco, y el diputado federal Gerardo Fernández.

Actualmente, Xóchitl Gálvez está en todos los medios, mientras que la presencia de los “corcholatas” se viene reduciendo y es probable que eso continúe de aquí a finales de agosto. Esto ha hecho que la Presidencia haga una fuerte campaña en contra de la candidata y los medios adictos al Gobierno con algunas críticas que rayan en la violencia de género y la misoginia. No hay que olvidar que al comienzo del período la senadora rechazó, por su “voz independiente», una invitación de López Obrador para participar en su gobierno.

Un aspecto que le está jugando en contra a la candidata son los métodos para producir su candidato(a) presidencial, ya que oficialmente la campaña electoral no empieza sino la última semana de noviembre. Lo que ha venido ocurriendo, en uno y otro bando, son actos anticipados de campaña, lo cual ha provocado reacciones y críticas como las del partido Movimiento Ciudadano. Sus dirigentes consideran que se está violando el principio de equidad en la competencia y que la justicia electoral debería intervenir.

En definitiva, la carrera por la Presidencia de la república ya empezó con un gran despliegue de recursos entre los aspirantes “corcholatas” y, los aspirantes de la oposición, que se dividen entre quienes podríamos considerar “partidizados” y los outsiders, entre los que se encuentra Xóchitl Gálvez.

La final se perfila entre dos egresadas de la UNAM: la física Claudia Sheinbaum y la ingeniera en computación Xóchitl Gálvez.

Propuestas afrolatinoamericanas para los afrodescendientes del mundo

John Antón Sánchez
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Propuestas afrolatinoamericanas para los afrodescendientes del mundo

La segunda sesión del Foro Permanente de Afrodescendientes de las Naciones Unidas se celebró recientemente en Nueva York con la presencia de más de 5.000 delegados gubernamentales y de las organizaciones del movimiento social transnacional afrodescendiente. Diferentes organizaciones afrolatinoamericanas también estuvieron presentes visibilizando los problemas que afectan a la población afrodescendiente en la región, presentando propuestas y aportando soluciones.

La cita fue importante porque allí convergió la afrodescendencia en movimiento. Se trata de una expresión civilizatoria con profundas raíces culturales heredadas de más de 1.200 pueblos étnicos africanos. En el continente americano, desde Alaska hasta la Patagonia, y en todas las naciones del Caribe, la afrodescendencia cuenta con más de 200 millones de personas. Somos una comunidad transnacional étnica que se originó a partir del comercio de esclavizados africanos.

La afrodescendencia de las Américas se autodetermina como pueblo, en el mismo sentido que lo hace el derecho internacional para los “pueblos indígenas y tribales”, según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta condición, de acuerdo con la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los constituye en sujetos de derechos colectivos, los mismos que son reconocidos por varias legislaciones nacionales y están señalados en la Recomendación General 34 del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de 2011.

Propuestas latinoamericanas en el Foro Permanente Afrodescendiente

La Articulación Latinoamericana por el Decenio Afrodescendiente (ALDA) celebra que la segunda sesión del Foro Permanente Afrodescendiente trate como tema general la “realización de un sueño: la Declaración de Derechos de la Naciones Unidas sobre la promoción, protección y pleno respeto de los derechos humanos de las personas de ascendencia africana”. Sobre ello recomendamos la necesidad de una orientación conceptual, política y jurídica acerca de los derechos de los afrodescendientes, teniendo en cuenta las jurisprudencias, los reconocimientos legales alcanzados en los países de América Latina y el Caribe, además de la necesidad de reconocer el carácter de autodeterminación que, partiendo de la sociedad civil afrodescendiente, se define.

En relación con la justicia reparadora global por la esclavitud, creemos que puede ser un camino que fortalezca el carácter de autodeterminación y autonomía de los afrodescendientes. En consecuencia, sus derechos colectivos como pueblo, especialmente el derecho al desarrollo y al goce total de los progresos científicos y tecnológicos. Las reparaciones en algunos casos debe ser material, es decir, un compromiso de la comunidad internacional por garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y tecnológicos que Occidente ha negado sistemáticamente a la afrodescendencia.

En relación con el panafricanismo, consideramos fundamental fortalecer la solidaridad entre los pueblos y naciones afrodiaspóricos mediante acciones como la promoción de la diplomacia entre los Estados, propiciando la apertura de sedes y misiones entre los países africanos y los latinoamericanos; el impulso de la economía social, solidaria y comunitaria entre los pueblos y comunidades africanas y afrodescendientes de América Latina; la creación de políticas de intercambio educativo, especialmente aquellas relacionadas con la educación superior, incluyendo la creación de una universidad de hermandad entre los pueblos africanos y afrodescendientes; la realización del proyecto de la sexta región de la Unión Africana, generando medidas de institucionalización de la ciudadanía universal afrodiaspórica, lo que comprometería a los países africanos y latinoamericanos a reconocer la múltiple nacionalidad a quienes lo deseen.

Respecto a la migración transnacional y al aumento de migrantes africanos y afrodescendientes en América Latina y el Caribe, hacemos un llamado a los Estados nacionales a respetar los acuerdos migratorios ya establecidos; condenar la mirada racializada a la migración; desarrollar medidas de protección para las mujeres, niños, ancianos y migrantes vulnerables. Consideramos que la migración debe ser vista como un derecho humano, y que es necesario denunciar la antinmigración y el racismo estructural que atentan contra la calidad de la democracia y ponen en cuestión el carácter civilizatorio de Occidente.

A su vez, consideramos fundamental recopilar datos para reconocer el racismo sistémico y estructural. Creemos que la visibilidad estadística es un mecanismo efectivo no solo para el diagnóstico situacional, sino también para la orientación de políticas públicas, planes de desarrollo y medidas eficaces para garantizar derechos.

Es necesario tomar medidas en materia de salud, bienestar y trauma intergeneracional. Factores como la precariedad en la infraestructura sanitaria, el mínimo acceso al sistema de salud y la ausencia total de hospitales adecuados en los territorios afrodescendientes de América Latina evidencian las profundas desigualdades que marcan el día a día de esta población. Por ello, hacemos un llamado a los Gobiernos para que, como un acto de reparación, doten de infraestructura sanitaria y de hospitales a las comunidades afrodescendientes; mejoren los mecanismos, técnicas y saberes ancestrales en torno a las prácticas de salud afrodescendiente; impulsen políticas públicas efectivas para que las prácticas de partería ancestral y el cuidado cultural de los más vulnerables sea prioridad de política de salud.

En la misma medida, creemos que es necesario rechazar experimentos científicos que, sin autorización y con una enorme carga de prejuicio racial, las instituciones de salud ejercen muchas veces contra las comunidades. Y, finalmente, se deben crear estrategias para preservar los territorios ancestrales de las comunidades afrodescendientes, como base de los conocimientos ancestrales de salud y curación.

La encrucijada electoral en Venezuela

William A. Clavijo
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La encrucijada electoral en Venezuela

El gobierno de facto de Nicolás Maduro ya comenzó a tomar medidas para evitar la libre expresión de la voluntad popular a través del voto en las elecciones presidenciales de 2024, adoptando acciones empleadas en procesos electorales del pasado que en su momento tuvieron éxito.

Recientemente el chavismo articuló la renuncia anticipada de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), autoridades designadas como resultado de negociaciones con un sector de la oposición y la sociedad civil, con el claro objetivo de socavar aun más la confianza en el órgano, retrasar el anuncio del cronograma electoral y no prestarle asistencia técnica a la oposición para organizar las elecciones primarias. Algunos voceros del gobierno inclusive han mencionado la posibilidad de anticipar las elecciones.

El chavismo está utilizando, además, actores que claramente responden a sus intereses hegemónicos, para judicializar el CNE, a través de acciones como la interposición de un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para impugnar un proceso que ni siquiera se ha realizado.

La dispersión del voto opositor continúa haciendo parte de la estrategia del chavismo de cara a 2024. Esta vez, además de la instrumentalización de los partidos políticos intervenidos en años anteriores y de actores desleales a la democracia para recrear un falso ambiente de pluralidad política, se destaca el anuncio de Benjamin Rausseo, comediante famoso en Venezuela, de participar en las elecciones primarias y su repentina decisión de retirarse del proceso para medirse en 2024 como candidato independiente.

En la última semana se anunció la inhabilitación por 15 años de María Corina Machado, sin que se hubiera dictado una sentencia judicial ordenando tal fin. La decisión sobre Machado era esperable y es una más entre los candidatos que compiten por liderar a la oposición en 2024.

La inhabilitación de María Corina Machado, cuando todo parece indicar que arrasará en las primarias de octubre y se consolida como principal líder de la oposición, fue necesaria para la consecución de los objetivos del gobierno. Maduro sabe que no puede vencer en un proceso con condiciones mínimas y mucho menos frente a un candidato popular y competitivo.

La firmeza de Machado frente a los abusos del chavismo en el pasado los lleva a hacer creer que, si no es habilitada para participar o si identifica que las condiciones injustas del proceso hacen difícil revertir el fraude, podría llamar a la abstención en 2024 para preservar su capital político.

En este marco, los planes del chavismo podrían acabar no saliendo como espera. A diferencia de años anteriores, esta vez la oposición parece tener mayor claridad sobre la importancia de participar en las presidenciales. La falta de alternativas para viabilizar el cambio político también ha provocado una moderación de sus exigencias en los espacios de diálogo o negociación con el chavismo. Parte importante de los actores y organizaciones que participan de la elección primaria han dejado claro que la elección del año que viene no será un evento común y llaman a priorizar la unificación de las fuerzas opositoras por encima del candidato.

A pesar de que no había tanto en juego como lo que se disputará en 2024, la experiencia de la elección a gobernador de Barinas de 2021 le demostró a la oposición cómo la participación en elecciones, aún en condiciones injustas, es capaz de avivar la determinación de los ciudadanos y revertir los intentos del régimen autoritario por desconocer los resultados.

La inhabilitación de Machado también ha provocado el rechazo y la solidaridad de gran parte de la sociedad, además de haber contribuido a catapultarla ante la opinión pública dentro y fuera del país. Su candidatura viene mostrando una capacidad de movilización inédita en un contexto caracterizado por la desesperanza en la población y la consolidación autoritaria de Maduro.

Además de llenar calles y plazas, la candidata de Vente Venezuela impulsa un nuevo relato liberal para el país que va en dirección opuesta al corolario de ideas cultivadas por el chavismo a lo largo de décadas y que la gente relaciona con las causas del colapso económico, social e institucional del país.

Esta vez, los abusos del régimen podrían ser insuficientes para evitar que la oposición encause el deseo de cambio de la sociedad. María Corina Machado y los demás dirigentes opositores como Henrique Capriles, Juan Guaidó y Freddy Superlano pueden ser impedidos de participar, pero sí pueden movilizar a gran parte de los venezolanos a votar por un candidato unitario.

La esperanza que genera la reorganización de las fuerzas opositoras de cara al 2024 no puede nublarnos el juicio. Maduro y sus colaboradores han dejado claro que no tienen voluntad de redemocratizar el país y cada nueva decisión hace parte de un plan para conseguir reelegirse al menor costo posible.

El chavismo tiene la ventaja de ejercer arbitrariamente el control institucional del país, entre muchos otros recursos. En los últimos años Maduro ha demostrado que está dispuesto a llevar adelante su lucha por conservar el poder hasta las últimas consecuencias. Y podría incluso apelar a crear un escenario electoral similar al de Nicaragua o simplemente posponerlas.

Frente a ese desafío, las fuerzas democráticas tienen la opción de aprovechar las oportunidades que se abren con la renovación del liderazgo a través de las primarias, para trabajar en la organización de las fuerzas vivas del país y volver a ilusionar a la sociedad con la posibilidad de vivir en una Venezuela mejor si votan para derrotar al autoritarismo en 2024.

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