Democracias enfermas: sintomatología del autoritarismo

Las democracias en todo el mundo viven un momento crítico, debido a la erosión institucional, el desencanto con la política tradicional y el ascenso de líderes autoritarios. En países de todas las regiones del mundo observamos síntomas de alerta que rápidamente desembocan en regímenes autoritarios. Sin embargo, al igual que en la medicina, estos padecimientos pueden ser diagnosticados a tiempo. Pero no es así. 

Las democracias, antes de “enfermarse”, revelan ciertos síntomas que, de ser analizados a tiempo, nos permitirían adelantarnos a la enfermedad para evitar su avance. Uno de los síntomas que han sido identificados en diferentes latitudes es la fatiga de las democracias. En medicina, se entiende por fatiga el cansancio o la reducción de los niveles de energía de una persona. Esto, en términos de democracia, se expresa en el abstencionismo electoral, los bajos niveles de participación y la atracción por fórmulas antidemocráticas.

La participación política es un indicador de que la sociedad funge como anticuerpo para combatir cualquier pulsión autoritaria. Por otro lado, el aumento del abstencionismo y la falta de entusiasmo con las opciones políticas es una alerta que no debe ignorarse. El malestar con la democracia surge porque la ciudadanía considera que esta no soluciona sus problemas de la forma esperada. Este es el principal síntoma en América Latina y está deviniendo en otros más preocupantes.

El populismo es otro síntoma presente en las democracias de la región que se manifiesta mediante la aparición de líderes o partidos que prometen soluciones simplistas a problemas complejos. Estas corrientes utilizan una retórica antisistema, polarizadora y agresiva que atrae a los sectores desencantados con el funcionamiento del sistema. 

Los populistas argumentan en nombre de la revolución, la transformación o el pueblo y señalan a las instituciones de servir a otros intereses. El populista se percibe a sí mismo como la encarnación de la mayoría, se siente con el derecho de imponer su visión de país y con ella, sofocar la pluralidad o atacar a quienes piensan distinto. Primera aparición de pulsos autoritarios.

El populismo surge como una respuesta al malestar de la población con las instituciones, partidos y gobernantes. Este entra por el camino electoral y juega bajo las mismas reglas para degradar la democracia desde adentro, mientras que las leyes e instituciones representan un freno a su proyecto nacional, lo que lleva al siguiente paso: la erosión institucional.

Las instituciones de un Estado son fundamentales para guardar el orden y la estabilidad del país. Sin embargo, si no funcionan de manera eficiente, se vuelven objeto de crítica por parte de la sociedad, lo cual debilita, a su vez, a la democracia. Aquí es donde la retórica populista se agudiza proponiendo reformas profundas con promesas de beneficios para la sociedad.

La amenaza a las instituciones es moneda corriente en América Latina. Y es que las modificaciones o reformas, que, en teoría deben garantizar un mejor funcionamiento y no guiarse por criterios ideológicos, son muchas veces herramientas para su propio debilitamiento. Cuando las instituciones pierden credibilidad, el panorama se oscurece y florece el virus del autoritarismo y la concentración de poder.

La división de poderes permite el equilibrio del sistema político, pero cuando este se rompe, la democracia se debilita. Pueden darse casos en los que el Ejecutivo y el Legislativo estén integrados por un mismo partido y esto unifica el régimen; otros, donde, a través de reformas, el Ejecutivo se fortalezca a medida que se debilita el Congreso y la corte. En otros casos, se utilizan a las Fuerzas Armadas para someter a los otros poderes y, finalmente, si un poder no responde a los intereses del oficialismo, se opta por la destitución de funcionarios y se nombra a nuevos, con el fin de colonizar los espacios que no responden a los intereses del Ejecutivo.

Llegar a este punto es la antesala del autoritarismo, ya que el andamiaje institucional ha sucumbido a un líder y, por ende, este podrá modificarlo sin enfrentar una oposición. La progresividad con la que avance dependerá del contexto, como se está viendo actualmente en varios países de la región. Este factor también puede llevar desde la hibridación del régimen hasta la conformación de un autoritarismo pleno.

En conclusión, estar atentos a los síntomas iniciales de debilitamiento de la democracia nos puede permitir abordar el problema en sus etapas iniciales y, así, evitar una mayor degradación. De lo contrario, estaremos expuestos al derrocamiento de la democracia.

La peligrosa ambigüedad del Foro de São Paulo

Con el regreso del Partido de los Trabajadores al poder, el Foro de São Paulo volvió a reunirse en Brasil. Se trata de un retorno a casa, luego de que durante el período bolsonarista el Foro decidió, al parecer, trasladar temporalmente su centro de operaciones a otras latitudes.

Retorno a casa

La fundación del Grupo de Puebla en julio de 2019 parece haber estado motivada por tales circunstancias. De hecho, esta nueva instancia radicada en México ha venido asumiendo, bajo el benévolo patrocinio de Andrés Manuel López Obrador, una parte del protagonismo que durante las últimas décadas correspondió a su predecesor brasileño. Pero ahora, al calor de una segunda «marea rosa», y con el regreso de Luiz Inácio Lula Da Silva al Palacio de Planalto, el ya tradicional foro de las izquierdas latinoamericanas vuelve a hacer de Brasil el epicentro de su actividad política.

Difícilmente podría ser de otro modo, si consideramos que Lula fue, junto con Fidel Castro, el principal fundador del Foro de São Paulo en los años noventa del siglo pasado. Al arribar a su tercer período presidencial, y considerando las prisas que hoy le apremian en razón de su avanzada edad, Da Silva parece más determinado que nunca a ejercer una influencia regional con un sesgo notoriamente ideológico, iniciativa por la que trabajó con ahínco durante sus dos primeros mandatos presidenciales pero que se vio truncada a su salida del poder.

En este sentido, el Foro de São Paulo representa una herramienta importante a la que el mandatario brasileño no pretende renunciar. Por tales razones, el retorno de Lula es también el retorno del Foro. Pero, ¿se trata de un proyecto de raigambre incuestionablemente democrática?

Por todos los medios

La fundación del Foro de São Paulo refleja bien los dilemas que hasta el día de hoy siguen acompañando a esta organización. Por un lado, vemos a Lula Da Silva, un luchador social proveniente del mundo sindical que se enfrentó durante años a un régimen dictatorial y militar, hasta convertirse democráticamente el presidente de su nación. Por otro lado, encontramos a Fidel Castro, un carismático guerrillero que tras encabezar el derrocamiento del régimen dictatorial de Fulgencio Batista se convirtió en un redomado autócrata de vocación estalinista.

No obstante, sus distintos caminos no les impidieron entenderse de maravilla para crear una organización en la que esa polémica cohabitación persiste en el tiempo hasta convertirse en una marca de la casa. Lo que realmente importa a todos dentro de este matrimonio es consolidar una hegemonía continental de izquierdas, donde los más respetuosos de la democracia cierran un ojo ante los desmanes que cometen sus colegas más brutales. De ahí que el Foro no sólo haya contemplado impasiblemente la deriva autoritaria protagonizada por varios de sus miembros y allegados, sino que incluso llegue al punto de celebrarlas. ¿Pasó algo distinto en la última reunión?

El documento base

El XXVI Foro de São Paulo tuvo lugar entre el 30 de junio y el 2 de julio de este año. Se reunieron en esta oportunidad unos 270 representantes de 57 organizaciones distintas, entre partidos políticos, ONG, centros de investigación y demás entidades de la izquierda latinoamericana. El espíritu de la reunión había quedado previamente plasmado en el Documento Base que se publicó dos semanas antes.

En el primer punto de dicho documento se reconoce «un cambio favorable en la correlación de fuerzas [para las izquierdas], signado por rebeliones populares en casi todo el continente», mientras que en el séptimo punto se declara sin sonrojo que «A la firmeza y avances de Cuba, Venezuela y Nicaragua, se han sumado victorias electorales».

En otras palabras, las dictaduras de izquierda de la región representan la consolidación de los objetivos compartidos por los miembros del Foro, quienes en el decimosegundo punto afirman que «la historia nos ha enseñado que solo la unidad en la diversidad de las fuerzas políticas de izquierda, los movimientos sociales y populares y la intelectualidad progresista nos permitirán enfrentar al imperialismo norteamericano».

A la luz de los hechos, la unidad a la que se hace referencia no distingue entre demócratas y autócratas, y así parece quedar ratificado en el último punto del documento, donde a modo de conclusión se insta a construir «la más amplia unidad en la diversidad de los partidos, los movimientos sociales, populares y la intelectualidad progresista y de izquierda al interior de cada organización, país y de continente» [las cursivas son del autor].

Sin concesión alguna

En los días previos a la celebración del XXVI Foro de São Paulo, el presidente Da Silva habría manifestado su interés en que dicha reunión concluyera con una resolución condenatoria de los crímenes cometidos por la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. Está claro que un gesto de este tipo, incluso sin incluir declaraciones similares contra las autocracias que rigen a Cuba y Venezuela, habría significado un paso adelante. La realidad, sin embargo, es que el XXVI Foro de São Paulo culminó sin emitir ninguna declaración condenatoria con respecto a las dictaduras de izquierda en países que en conjunto privan brutal e injustamente de su libertad a más de 1.400 presos políticos.

Por el contrario, el FSP ratificó la solidaridad con dichos regímenes, tal como quedó plasmada en el vigésimo punto del Documento Base. En este se condena «el recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba y su inclusión en la espuria lista de Estados patrocinadores del terrorismo», al igual que «las medidas coercitivas y sanciones unilaterales contra Venezuela y Nicaragua».

Lula, por su parte, no sólo siguió defendiendo la normalización de las relaciones entre los gobiernos democráticos del hemisferio y el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, sino que además se permitió señalar, en la víspera de esta nueva reunión del Foro, que «Venezuela tiene más elecciones que Brasil». Con ello, según el mandatario brasileño, se evidenciaría que el concepto de democracia «es relativo», lo cual haría muy cuestionable que al régimen venezolano se le califique como antidemocrático.

Lavar la cara al autoritarismo

Paradójicamente, mientras Lula exigía públicamente que la salida de Maduro se produjera por vía electoral, instancias administrativas controladas por este último en Venezuela inhabilitaron, mediante un turbio procedimiento, a María Corina Machado durante 15 años para ejercer cualquier cargo de elección popular. La medida se publicó justamente cuando Machado se convirtió, con toda claridad, en la principal candidata de la oposición venezolana.

En definitiva, la realidad está a la vista de todos: los miembros del Foro de São Paulo que se desempeñan dentro de los parámetros de la democracia terminan siempre respaldando, por activa y por pasiva, a los que ejercen el poder autocráticamente, ayudando así a lavarles la cara ante el mundo entero. Una organización de este tipo constituye un riesgo evidente para la estabilidad democrática del continente.

*Este texto fue publicado originalmente en Diálogo Político

¿Bullying contra las encuestas electorales en Guatemala?

La primera vuelta electoral en Guatemala sirvió para ilustrar los innumerables desafíos para la democracia en nuestra región. Frecuentemente esos retos están vinculados a agentes externos al sistema político como los militares, grupos terroristas, mafias paramilitares o el narcotráfico, naciones extranjeras o megacorporaciones. Pero también existen miembros del sistema institucional que exageran sus credenciales, entre ellos, la justicia electoral, partidos que se abrogan la representación política y hasta los que no integran ese sistema, pero que se presentan como defensores de las instituciones democráticas, por ejemplo, los veedores electorales de entidades multilaterales.

La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) que acompañó la primera vuelta en Guatemala y cuyo papel es monitorear las elecciones, cumplió su objetivo al validar el funcionamiento correcto de los procedimientos del voto y su conteo. A pesar de ello, la justicia electoral suspendió, de forma infundada, la oficialización de los resultados, lo cual ha vuelto a desestabilizar la campaña y ha minado la credibilidad del sistema electoral guatemalteco.

La reciente suspensión de la oficialización de los resultados se ha dado en un ambiente de gran desafección ciudadana con una baja participación electoral y un gran número de votos nulos y en blanco, algo que el errático comportamiento de la justicia electoral no hace más que estimular.  Ante este contexto explícitamente adverso para la revelación de preferencias, el informe de la misión también objetó el trabajo de las encuestas electorales luego de que sus proyecciones terminaran lejos de los resultados en las urnas, y las considera como un riesgo para la democracia.

¿Pero son las encuestas instituciones reguladoras de comicios, hacen elecciones o las validan? No. Por ello extraña el espacio que el informe de la OEA dedicó a cuestionar las proyecciones derivadas de los sondeos, como si se tratara de un ente oficial que influye en la elección.

Las misiones de observación electoral raramente cuentan con especialistas en metodología de investigación de opinión pública o comportamiento electoral. Y si bien, en condiciones de plena libertad y estabilidad, la trayectoria (desde que se toma la decisión hasta que se ejerce el voto) puede ser lineal y, por lo tanto, pronosticable, en casos de extrema inestabilidad puede resultar imposible predecir un resultado.

Entonces, ¿en qué medida es realista pensar que, en un ambiente de incertidumbre generalizada por situaciones de violencia preelectoral, amenazas a los centros de votación y boicots a ciertas candidaturas, es posible exigirles a las encuestadoras resultados precisos?

En este contexto, la crítica a las encuestas por parte de una entidad prestigiosa perteneciente a la OEA no hace más que alimentar las tentaciones tan habituales entre los políticos de censurar la difusión de la opinión pública y foguear la inclinación por ampliar la prohibición de publicar encuestas a un período mayor al actual. En Guatemala, ese bloqueo solo se limita actualmente a 36 horas antes de la votación, pero en el pasado fue de 15 días.

América Latina es hoy el continente con la mayor tasa de limitaciones a la divulgación pública de encuestas, de acuerdo al más reciente estudio “Freedom to Conduct Opinion Polls”, que fue realizado por Wapor/Esomar. No que se prohíba la realización de los sondeos, pero sí su difusión.

Los embargos o bloqueos de encuestas solo juegan en contra de un único personaje, el más central de todos para la consolidación de la democracia: el soberano popular encarnizado por el votante de a pie.  

El qué, el cómo y el para qué del regionalismo sudamericano

El regionalismo sudamericano enfrenta una coyuntura compleja, ya que, a pesar de las expectativas generadas por el regreso de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, sigue la falta de claridad en cuanto a tres aspectos fundamentales: la estructura que debería sustentar la cooperación y la integración regional (¿qué?), los métodos adecuados para llevarlo a cabo (¿cómo?) y, más importante aún, el propósito de esta cooperación e integración (¿para qué?).

La cumbre de Brasilia

El 30 de mayo, en Brasilia, Lula recibió a los mandatarios de los países de Sudamérica para una cumbre histórica tras nueve años sin reunirse. El balance de la cumbre es ambiguo: fue amplia y representativa y evidenció el poder de convocatoria de Lula en la región. Pero la presencia de todos los líderes no necesariamente reflejó un respaldo pleno a la dirección política del Gobierno brasileño.

El tradicional líder no logró que convergieran intereses en pos de un objetivo común en el ámbito regional. El Lula de hoy no es el mismo del de los años 2000, ni tampoco lo son el resto de los Gobiernos. En esta cumbre falló la gran virtud de Lula de alcanzar consensos entre Gobiernos con diferentes visiones político-ideológicas. Esta vez, ni siquiera pudo unificar visiones entre los Gobiernos de izquierda, que, aunados bajo una generosa definición de izquierda, presentan diferencias en sus modelos y enfrentan realidades muy diversas.

Estas divergencias quedaron expuestas en la declaración final, irónicamente denominada “Consenso de Brasilia”, en la que el objetivo principal del Gobierno de Brasil quedó truncado: no se mencionó a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). La cumbre sudamericana dejó claro que el renacimiento de este bloque está más lejos de lo que hizo suponer el regreso de Lula da Silva.

La cumbre comenzó con un estigma, ya que previamente el presidente brasileño se reunió con Nicolás Maduro y restableció las relaciones diplomáticas entre Brasil y Venezuela. En esa ocasión, Lula afirmó que Venezuela es víctima de una “narrativa construida”. La muestra exagerada de apoyo al régimen de Maduro, con el fin de restablecer su posición en Sudamérica, no generó un ambiente propicio para los consensos. De hecho, hizo que tanto el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, como el de Chile, Gabriel Boric, coincidieran en sus críticas tanto hacia Maduro como hacia el anfitrión de la cumbre.

Esto demuestra que la situación de Venezuela sigue siendo una herida abierta dentro del progresismo. Esta lesión a la unidad no ha quedado atrás en pos de un pragmatismo que permita superar las diferencias y, por el contrario, continúa permeando las relaciones regionales.

La reunión en Brasilia dejó en evidencia, entonces, que la nueva oleada de líderes progresistas no está logrando revitalizar el regionalismo sudamericano, el cual se encuentra en una etapa de agotamiento. Es un regionalismo exhausto que no consigue despegar, y afronta diferentes desafíos para su avance y consolidación, fundamentalmente en tres aspectos clave: su forma, funcionalidad y finalidad.

Los tres problemas del regionalismo sudamericano

La forma hace referencia a la estructura organizativa y el modo en que los esquemas regionales operan. Actualmente, no está claro en qué formato se debe llevar adelante la cooperación e integración sudamericana. La cumbre de Brasilia mostró que no existe consenso para revitalizar a la Unasur.

Tras el retorno de Brasil a la Unasur, Argentina y Colombia también han regresado, pero Chile aún no. También faltan países que viven situaciones críticas como Ecuador o Perú o países gobernados por la derecha como Paraguay y Uruguay. Será clave ver qué ocurrirá en caso de que Argentina experimente un cambio de signo político a partir de diciembre.

Varios presidentes contemplan la opción de unirse o revitalizar organizaciones como la Celac, la Unasur, el Prosur o el Mercosur de manera indistinta. Esto sugiere que, para los presidentes sudamericanos, todos los enfoques parecen ser viables. El Gobierno de Colombia, bajo Gustavo Petro, busca revitalizar a la comunidad andina con la reincorporación de Venezuela, pero Argentina y Brasil tienen como objetivo que Venezuela regrese al Mercosur. Estas posturas divergentes reflejan la existencia de diversas perspectivas y prioridades entre los países sudamericanos.

En los primeros años del siglo XXI, el “regionalismo ligero” era el concepto dominante. En la década actual, la gobernanza regional se caracteriza por instituciones con poderes aún menos vinculantes. Sin embargo, resulta peculiar que, a pesar de ello, los países manifiesten una marcada resistencia a participar en esquemas regionales o a regresar a estos.

La función, por su parte, se refiere al papel que desempeña un organismo regional. ¿Qué aspectos se quieren manejar a través de la integración regional? El Consenso de Brasilia, que abarca más de 30 asuntos por ser atendidos sin una jerarquía visible, es una muestra de la falta de claridad y coherencia de las visiones de los Gobiernos de Sudamérica, que dificulta aún más el abordaje de los aspectos más urgentes.

La cooperación funcional o sectorial podría desempeñar un papel fundamental si se establecen prioridades. Los países sudamericanos podrían abordar problemas comunes en áreas como la infraestructura, la energía, el medio ambiente o la digitalización. Y a medida que los países experimenten los beneficios tangibles de este enfoque pragmático, es posible que se sientan más inclinados a comprometerse en un mayor nivel de integración regional.

Y la tercera “F”, la finalidad, constituye el asunto más importante y justamente el que más falta hace en la actualidad. ¿Para qué se quieren integrar los países sudamericanos? En el horizonte, la falta de un objetivo claro y la ausencia de metas que den sentido a la integración siguen siendo evidentes. Las bases actuales, que se mantienen sin cambios, parecen estar agotadas.Dada la volatilidad del momento, solo a través de la reflexión crítica y del debate constructivo se podrá avanzar. Si bien no hay respuestas definitivas en cuanto al camino que va a seguir el regionalismo sudamericano, es fundamental continuar reflexionando sobre estas cuestiones, aunque tengamos la sensación de un déjà-vu.

Elecciones en Ecuador: la política post-mortem

La muerte cruzada aplicada por el presidente Lasso descolocó el escenario político que deberá celebrar nuevas elecciones el Ecuador. Un sistema presidencialista no convive bien con expedientes de corte parlamentarista, como el de la muerte cruzada. En el diseño constitucional ecuatoriano, su adopción estuvo concebida como un instrumento disuasivo, pensado para negociar salidas consensuadas entre actores enfrentados, acosados por la amenaza de su posible extinción.

La disolución de la asamblea por parte del presidente debía funcionar como amenaza que permita evitar la escalada del conflicto. En este caso, sin embargo, los actores en pugna no advirtieron el riesgo de que esta se materializara. Actores poco dispuestos al diálogo, acostumbrados al canibalismo político, a una dinámica de devastación de las fuerzas opuestas, tiraron de las cuerdas hasta que estas se rompieron.

El presidente activó el dispositivo acosado por la coyuntura, al punto de sufrir su posible destitución en un juicio político en el cual más que de argumentos, a lo que se apuntaba era a limpiar el terreno de los juicios penales que mantienen en el exilio al expresidente Correa, y crear de esa manera, las condiciones que permitieran su regreso a la contienda política.

La aplicación de la muerte cruzada desactivó esta estrategia y generó, al menos por el momento, un nuevo espacio para la rearticulación de las fuerzas políticas. Sus efectos en la coyuntura inmediata fueron evidentes: logró desbloquear el conflicto y obligó a los actores a abandonar la confrontación para ocuparse de arreglar sus filas internas y colocarse en la línea de partida del próximo evento electoral. Un tour de force que puso en juego las capacidades del cálculo político y que obligó a los actores políticos a llenar listas y apurar los acuerdos internos.

Los efectos post mortem comienzan a evidenciarse, pero se volverán más claros y evidentes con los resultados de la contienda electoral. Los cortos tiempos para el recambio han hecho que el sistema vuelva a repetir sus lógicas, el inmediatismo y el personalismo se ponen a la orden del día, demostrando que es un fenómeno claramente derivado de lo que la Constitución de Montecristi depara para el sistema de representaciones. Un hibrido que permite la coexistencia de partidos políticos de representación nacional y movimientos políticos de representación local. Un diseño institucional que favorece, paradójicamente, la construcción de liderazgos personalistas y la concentración del poder, una clara base de soporte para el caudillismo y el hiperpresidencialismo. 

Hay otro elemento de naturaleza diferente, pero que entra a jugar y que seguramente moverá las prioridades de los electores al momento de acercarse a las urnas, y es el llamado en el mismo acto electoral, a consulta popular sobre la eventual suspensión de actividades petroleras en el bloque 43 en el noreste amazónico. La Corte Constitucional aprobó la consulta luego de 10 años de haber sido propuesta. Si entonces se trataba de impedir su explotación, ahora a lo que se apunta es a detenerla luego de que se han producido casos de desastres ambientales que han contaminado al parque natural Yasuní, una de las zonas más biodiversas del planeta. Esta confluencia de la consulta en el mismo acto electoral, podría incidir seriamente en las motivaciones del voto, especialmente en el sector joven que oscila entre los 16 a los 35 años y que conforma el 30% del electorado.

Siendo este el contexto, la carta electoral y los alineamientos parecerían estar ya definidos; según las principales encuestas de opinión el escenario tiende hacia la polarización del voto entre Luisa González, fiel seguidora de Rafael Correa y que expresa el ala neoconservadora del correismo, y Yaku Pérez, quien aglutina a sectores del ambientalismo y de la izquierda tradicional, mientras el centro derecha, dividido entre Jean Topic, Otto Sonenzholzner y Fernando Villavicencio, parecería reducirse a disputar el liderazgo de la tendencia, y a ubicar sus candidaturas en el radar de los electores para las elecciones del 2025.       

Todo parecería indicar que los grandes desafíos para el país de ninguna manera se resolverán con el cambio político inducido por la muerte cruzada. Quedan pendientes los problemas estructurales de la política y de la economía a los cuales los candidatos parecerían no dar particular atención. Entre ellos, la necesidad de convocar a una radical reforma del sistema político que, entre otros temas, apunte a reducir la dicotomía entre partidos y movimientos políticos que ha sido responsable de la fragmentación política actual donde existen 287 organizaciones políticas. Una fragmentación que explica la carencia de propuestas programáticas de los candidatos y su desfile por la alfombra roja, en la que todo se reduce a la presentación de sus dotes personales. 

Pero toda elección supone una renovación de expectativas. El revuelo generado por la muerte cruzada podría abrir la puerta de entrada a cambios sustantivos, tanto en la concepción del desarrollo económico al promover un importante impulso a la salida del extractivismo, como a la reforma institucional que acabe con el hiperpresidencialismo, pero puede también ser la puerta de entrada para el regreso de Rafael Correa y con el del neopopulismo y su sistemático acoso a las instituciones democráticas. Algo que más de la mitad del electorado quisiera conjurar, pero que la misma fragmentación del sistema podría encargarse de posibilitarlo.

México y la ciberpolítica rumbo al 2024

En momentos de grandes cambios en los procesos políticos de México y con las elecciones federales de 2024 a la vuelta de la esquina, se presenta en el escenario el uso de la tecnología para revolucionar las estrategias electorales que permitan establecer una comunicación innovadora con la ciudadanía. Entre otros objetivos, las herramientas digitales buscan cambiar la aparente apatía frente a las figuras políticas que ocupan o aspiran a ocupar cargos gubernamentales.

Según el último estudio de Hábitos de los Usuarios en Internet, realizado por la Asociación de Internet en México en 2023, más del 80% de la población usa la red a escala nacional. Asimismo, del total de esos usuarios, más de la mitad pasan siete o más horas al día navegando por el ciberespacio, principalmente a través de sus dispositivos electrónicos, y lo que más hacen es consultar redes sociales (WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok, entre las principales), motivo por el cual estos espacios se han convertido en lugares capitalizables para llevar a cabo lo que hoy se conoce como ciberpolítica.

El parteaguas en México para hablar de esta actividad se remonta a 2012, cuando hubo un primer movimiento social que estuvo encabezado por jóvenes y que recibió el nombre de #YoSoy132. Estos afirmaban estar en contra de la elección como presidente del entonces candidato Enrique Peña Nieto y se movilizaron a raíz de una manifestación organizada dentro de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México cuando Peña Nieto, quien luego se convirtió en presidente, realizó un acto de campaña dentro de la institución.

Los jóvenes fueron acusados de ser financiados por la oposición, a lo que 131 de ellos respondieron en un video de YouTube, matrícula en mano, que eran estudiantes activos y que ejercieron sus derechos ciudadanos de manifestación libre. Así, el simbólico 132 se extendió por todo el país.

Para muchos, aquel momento fue el germen del activismo político digitalizado, el nacimiento del metaverso partidario e ideológico. Debido a dicho movimiento, que tuvo reacciones en Facebook y Twitter principalmente, hubo otras actividades que estuvieron encabezadas por activistas de diferentes sectores y que han servido para visibilizar asuntos que tienen que ver con aspectos como la violencia de género, el cuidado del medio ambiente, la protección de los animales e incluso para llevar a cabo denuncias por incumplimiento de promesas de gobernantes, o como una especie de “periodismo ciudadano” para reportar hechos cuestionables o polémicos en tiempo real.

Es llamativo el contraste entre el gran número de jóvenes volcados a los lenguajes tecnomediáticos para expresar sus ideas y que tan solo una minoría de los políticos aprovechen las herramientas digitales para su labor electoral o de Gobierno. Ese contraste tendrá consecuencias, ya que esos jóvenes de entre los 15 y los 35 años de edad son los que influenciarán la política en los próximos años.

A escala internacional, en 2008 Barack Obama se volvió un referente en el mundo con su cibercampaña que se dio a conocer en el portal “mybarackobama.com”. Sin embargo, fueron pocas las sociedades y las elites políticas que se adaptaron a la comunicación digital. En México, por ejemplo, las campañas políticas usan las redes sociales o las páginas web, con el fin de compartir el día a día del proceso electoral. Pero eso ocurre exclusivamente en relación con lo que se hace en los espacios “reales”, no en los “virtuales”.

Esa hibridización le resta eficacia a la estrategia y limita la interacción con los votantes en las redes sociales. Ello ocurre porque no se entiende que el espacio digital es completamente distinto del convencional, analógico, y que, por lo tanto, requiere otras herramientas a las tradicionales como los mítines, los discursos, los recorridos por las colonias, las entrevistas en radio o TV, entre otros recursos.

De todas maneras, hay excepciones. Personajes como Gabriel Quadri de la Torre en 2012 o Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, en 2018 ejecutaron estrategias de construcción de mensajes o comunicación con usuarios de Internet exclusivamente para plataformas digitales, de manera que adquirieron presencia y se dieron a conocer en el mundo online. Si bien sus respectivas campañas no estaban dirigidas hacia el triunfo en el Gobierno federal, sirvieron para posicionar su imagen y reconocimiento en el mundo virtual.

Todo cambió con la pandemia de la COVID-19

A partir del año 2020, las redes sociales se convierten en el palco donde, ante el encierro, se podía volcar una campaña política exclusivamente en los escenarios digitales. La primera campaña que logró una estrategia funcional en redes fue la del actual gobernador de Nuevo León, quien en 2021, gracias a su estrategia digital, alcanzó el triunfo electoral.

Tras el reconocimiento de estas estrategias, los presidenciables para 2024 en México comenzaron a utilizar las redes sociales para compartir otro tipo de mensajes que los ayudara a posicionarse en cuanto a la ciudadanía joven y vencer, así, la apatía de los votantes. Precandidatos como Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Beatriz Paredes y Samuel García ya tienen una fuerte presencia en redes. Y, aprovechando que este espacio aún no está regulado por el Instituto Nacional Electoral (INE), sin duda tendrá un papel fundamental en los próximos comicios y abre una ventana a la democracia en la era digital.

*Texto presentado en el X Congreso de WAPOR Latinoamérica:  www.waporlatinoamerica.org.

El día en que se detuvo Internet

Bastaron poco más de veinte años para que la World Wide Web, inventada por Tim Berners-Lee en 1989 y abierta al mundo en 1991, alcanzara a un tercio de la población del planeta y llegara a casi 2.500 millones de usuarios interconectados en 2012. El 18 de enero de ese año, sin embargo, Internet dejó de funcionar.

La interrupción de la red mundial no se debió a ningún problema técnico; fue, de hecho, un acto político, impulsado por miles de plataformas digitales que suprimieron o interrumpieron temporalmente sus contenidos en línea para protestar contra dos propuestas de ley que se estaban tramitando en el Congreso de Estados Unidos. Quienes intentaron visitar algunos de los sitios web más populares del momento, aquel 18 de enero, se encontraron con mensajes de oposición a tales proyectos de ley: la Stop Online Piracy Act (SOPA) y la Protect Intellectual Property Act (PIPA) (Detener la Piratería Online y Proteger la Propiedad Intelectual, respectivamente).

Tales propuestas legislativas representaban la bala de plata de la industria cultural estadounidense contra lo que denominaban «piratería digital», categoría que incluía el acceso no remunerado a bienes culturales en Internet, aunque fuera para consumo propio. Apoyados con puño de hierro por las asociaciones de la industria cinematográfica y fonográfica, esos proyectos de ley, de aprobarse, ampliarían la capacidad de aplicación de la legislación estadounidense sobre derechos de autor para incluir la descarga y el streaming de contenidos protegidos por derechos de autor.

La marea, sin embargo, soplaba a favor de los barcos piratas, con la bandera de la libre circulación de la información y la cultura enarbolada por el propio Berners-Lee, capitán de mar y guerra del movimiento. Junto al inventor de la World Wide Web, estaban la Wikipedia británica y organizaciones de derechos digitales sin ánimo de lucro como Fight for the Future y Electronic Frontier Foundation.

Sobre la ola de piratas de la cultura libre surfeaba un grupo de empresas comerciales, en su mayoría, recién fundadas por jóvenes blancos, procedentes de prestigiosas universidades estadounidenses. Los nuevos corsarios de Internet serían pronto conocidos con el sobrenombre de big tech: prometedoras corporaciones tecnológicas cuyos recursos financieros ya hacían frente, en 2012, a los doblones invertidos por las viejas industrias culturales en el mercado legalizado de los lobbies del Congreso estadounidense.

Más evidente que la disputa económica en los pasillos de Washington fue, no obstante, la batalla librada en el terreno de la ética. Frente a la maximización de los derechos de propiedad intelectual, que fue reclamada por viejas corporaciones como Warner, Disney, Universal y Sony, las nuevas empresas de Internet recurrieron al tarot de los valores humanos universales para tirar las cartas de la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información, pero personificando la figura de paladines guardianes del arte, la cultura y la diversidad. Tal personaje, antes de la llegada de los outsiders digitales, lo encarnaban precisamente las industrias cinematográfica y fonográfica, que gozaban de enorme prestigio y protagonismo desde la conquista del salvaje oeste norteamericano, embelesando corazones, mentes y bolsillos con sus películas y discos.

Este idilio, sin embargo, empieza a sufrir turbulencias con el desarrollo de la tecnología digital, que permite potenciar lo que Walter Benjamin denominó la reproducibilidad técnica de la obra de arte. Las nuevas posibilidades de copiar, reproducir y compartir contenidos culturales e informativos a través de Internet se han convertido, en el siglo XXI, en una amenaza para los modelos de negocio construidos en torno a la explotación de los derechos de autor.

Para los defensores del libre tránsito de información en la red, tales modelos representan el inmovilismo, la petrificación, el estrangulamiento de la circulación; en el límite, la muerte de la cultura. En el discurso de la industria cultural, en cambio, se hace hincapié en los perjuicios que supuestamente sufren millones de personas empleadas directa o indirectamente en las cadenas productivas del sector y dan el sobrenombre de piratas (categoría con gran peso moral) a todos aquellos que copian, comparten o ponen a disposición copias digitales de contenidos protegidos por las leyes de propiedad intelectual y derechos de autor.

Además de la ofensiva moral, las asociaciones de las industrias fonográfica y cinematográfica empezaron a emprender acciones legales contra los consumidores de música y películas por descarga, demandando a miles de personas en la década de 2000, lo que contribuyó a erosionar la imagen pública de las discográficas y los estudios de Hollywood y a minar el apoyo popular a los proyectos de ley antipiratería de 2012.

Derrotadas, aunque temporalmente (como demostraría la historia en posteriores acuerdos entre la industria cultural y plataformas de streaming como Netflix, Spotify y la pionera YouTube), las asociaciones de la industria musical y cinematográfica acusaron a las empresas de Internet de utilizar sus plataformas para incitar a la opinión pública estadounidense en contra de los proyectos de ley.

El día en que Internet se paralizó, la página de inicio de Google, por ejemplo, mostraba una gran barra de censura que tapaba su conocido logotipo; al hacer clic en ella, los visitantes accedían a otro sitio web que contenía información y la petición contra SOPA y PIPA. En aquel momento, los movimientos por la libre circulación de la información y la cultura no vieron en ello ningún problema, porque la causa era noble: se trataba de defender la libertad en Internet.  

La máscara ideológica de las grandes empresas tecnológicas cae cuando, después de 11 años de resurgimiento del discurso de odio, la desinformación y el negacionismo ambiental y científico en las redes digitales, por fin está prevista la votación de la Ley Brasileña de Libertad, Responsabilidad y Transparencia en Internet (PL 2630).

En vísperas de la votación, en mayo de 2023, se repite el modus operandi de 2012: la página de inicio de Google muestra la frase «PL 2630 puede aumentar la confusión sobre lo que es verdad o mentira en Brasil»; Spotify emite un anuncio con la misma frase, pero en audio; YouTube difunde información errónea sobre la PL a los creadores de contenido en la plataforma, incluso promoviendo un hashtag contrario al proyecto; y Telegram envía a sus millones de usuarios brasileños un mensaje diciendo que «Brasil está a punto de probar una ley que acabará con la libertad de expresión».

La historia demuestra que, ya sea en el pasado o en el presente, la motivación de las grandes tecnológicas sigue siendo la misma: nunca ha sido la libertad, sino el liberalismo. Nunca ha sido la defensa de la libre comunicación y el intercambio de información entre individuos, sino la defensa de modelos de negocio libres de cualquier tipo de regulación o supervisión. En 2012, esto aún no estaba claro para mucha gente; en 2023, ya no se puede ocultar.

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La tecnología facilita el voto de los mexicanos en el exterior

Según la estimación más reciente, en 2020 había en el mundo aproximadamente 281 millones de migrantes, una cifra equivalente al 3,6% de la población mundial. En el caso de América Latina, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) indicó que casi 18 millones de personas (alrededor de la población total de Ecuador) viven fuera de sus países de nacimiento.

Los crecientes flujos migratorios han obligado a repensar lo que establecen los marcos constitucionales y legales en materia de participación política. Algunos países con una tradición migratoria más asentada, como México, República Dominicana o Ecuador, han ido adaptando las leyes para garantizar los derechos de sus ciudadanos en el exterior (incluso cuentan con diputados que representan a sus residentes fuera del país). Sin embargo, aún hay otros que no establecen (para los integrantes de sus diásporas) el ejercicio del voto o la posibilidad de postularse a cargos de elección popular.

En la actualidad, 17 países de la región garantizan el voto de sus ciudadanos en el exterior: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. Por su parte, Uruguay, Surinam y Cuba no han avanzado aún en este tipo de legislación.

En el caso de Uruguay, a principios de este año se presentó una iniciativa de ley para que los cerca de 600.000 residentes en el exterior, equivalentes al 17% de la población, puedan ejercer sus derechos políticos.

En cuanto a Cuba, la Asamblea Nacional, en la que solo está representado el Partido Comunista (PCC), tampoco ha avanzado en el reconocimiento de los derechos políticos de la diáspora, entendiendo que los millones de cubanos en el exterior son opositores. De hecho, las únicas personas habilitadas para votar fuera de Cuba son los representantes diplomáticos y los integrantes de las misiones médicas, deportivas o educativas, todos dependientes del Gobierno.

Pero no basta con garantizar el derecho al voto de los migrantes. También es necesario que se establezcan mecanismos que faciliten el registro o la actualización de los electores, así como la emisión del sufragio.

Venezuela, por ejemplo, contempla el voto de los residentes en el exterior, pero impide sistemáticamente que se registren o actualicen sus domicilios. De esta manera, con más de 7 millones de venezolanos en el exterior, solo hay registrados 107.000.

En otros casos nos encontramos con que el voto en el exterior solo se puede ejercer en las sedes diplomáticas o consulares, pero estas son insuficientes para la totalidad de los potenciales electores. Un viaje de cientos de kilómetros desmotiva hasta a las personas con mayor compromiso ciudadano.

Así, los organismos electorales deben ser innovadores y crear soluciones que faciliten la participación política de la diáspora. Este es el caso de México, que para las elecciones en los Estados de México y Coahuila del pasado 4 de junio puso a disposición tres modalidades para que sus residentes en el exterior emitieran su voto.

Por primera vez, gracias a un acuerdo entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), los mexicanos pudieron votar en consulados y embajadas de Estados Unidos (Dallas, Chicago y Los Ángeles) y Canadá (Montreal), enviar su voto por correo o hacerlo de manera remota por internet a través de su teléfono, computadora o tablet.

Casi 8.000 personas estaban habilitadas para votar en el exterior en estos dos distritos: 5.424 mexiquenses y 2.350 coahuilenses. Tomando en cuenta que en el referéndum de revocación del mandato del año pasado, que era de carácter nacional, se inscribieron 17.000 personas, no era un número menor.

4.804 del total de los registrados eligieron votar por internet. Muchas de estas personas encontraron en el voto remoto una oportunidad para participar en los asuntos políticos de su país de origen sin la necesidad de moverse de sus lugares de trabajo o sus domicilios. Finalmente, el 40% de las personas que se registraron en esta modalidad emitieron su voto vía internet, un buen augurio, pensando en las elecciones del próximo año, que, por la cantidad de candidatos por elegir, serán las más grandes de la historia del país.

Afortunadamente, no podemos decir que este sea un esfuerzo aislado en México. La institucionalidad democrática, tanto a escala nacional como subnacional, ha asumido el compromiso de innovar para promover la participación política. Distintos organismos electorales subnacionales, como el de Jalisco, Coahuila o la Ciudad de México, han hecho herramientas tecnológicas propias para la emisión del voto. El INE, por su parte, ha sido pionero en el uso de tecnologías para la transmisión de datos, el conteo provisional, y en este caso avanza en conjunto con los órganos locales para facilitar la participación de los residentes en el exterior.

Aún quedan muchos desafíos para que los derechos de las y los migrantes se garanticen, pero podemos decir que este esfuerzo de las autoridades electorales de México va en el sentido correcto.

Las claves geopolíticas del hidrógeno verde en América Latina

El hidrógeno verde (o limpio) es una energía renovable que promete. Para producirlo hay que descomponer el agua: oxígeno, por un lado, e hidrógeno, por el otro. El método más común es la electrólisis, que requiere del uso intensivo de una segunda fuente de energía y, por supuesto, de disponibilidad de agua. Para que el ciclo sostenible sea completo, desde luego, esa segunda fuente de energía también debe ser renovable (solar, eólica, etc.). Hablamos, por tanto, de procesos de producción complejos con entornos que tengan un potencial renovable e inversiones  a largo plazo que permitan innovar en la construcción de plantas de producción, así como en almacenaje y transporte.

América Latina tiene, en principio, un potencial enorme para la producción de hidrógeno verde. Aquí se concentran, según la FAO, casi un tercio de las reservas mundiales de agua potable. Además, el costo de la mano de obra sería competitivo y existe capacidad instalada suficiente para la producción de otras energías limpias complementarias (como la solar o la hidroeléctrica). Todos esos activos conjuntos, si se orientan hacia la producción del hidrógeno verde, harían la diferencia. Siguen faltando, sin embargo, una estructura productiva consistente y un mercado regulado y articulado. Para superar ambos obstáculos es necesario que haya inversores (públicos o privados) realmente decididos.

Después de la pandemia de la COVID-19, Chile se puso a la cabeza y en 2021 comenzó el H2Magallanes, un proyecto pionero en América Latina. Después vinieron 62 iniciativas parecidas en 13 países de la región. En muchos casos, aunque no en todos, se trata de inversiones foráneas. Recientemente Argentina, un país necesitado de divisas, aprovechó el boom del hidrógeno verde para organizar un foro “global” en San Carlos de Bariloche. Allí, su Gobierno, anunció que enviaría próximamente al Congreso una ley del hidrógeno. La aprobación de un instrumento así es un paso significativo que da seguridad jurídica a los inversores, una condición fundamental para empezar a operar.

Otro indicador es la reciente visita de Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, a cuatro países latinoamericanos (Brasil, Argentina, Chile y México). En julio habrá una cumbre euro/latinoamericana y en el trasfondo están el nunca ejecutado Tratado de Libre Comercio entre la UE y el Mercosur y una propuesta europea (la Global Gateway), que pretende competir con la iniciativa china “de la Franja y de la Ruta”. El hidrógeno verde pesa, en ese marco, más de lo que se piensa. La guerra de Ucrania ha encarecido el precio de la energía en Europa (sobre todo del gas), lo cual afecta a la competitividad de sus empresas y al poder adquisitivo de la población.

Ahí es donde los intereses de Europa y de América Latina parecieran converger. El mantra que se repite en medios e informes, casi sin espacio para visiones alternativas, es que los países latinoamericanos deberían aprovechar la coyuntura y sus “fortalezas” para producir y exportar hidrógeno verde hacia Europa. Contemplada desde una perspectiva europea, la transición al hidrógeno verde podría ser rápida. La infraestructura utilizada ahora en Europa para transportarlo y almacenarlo es cara y el contaminante gas natural licuado proveniente de Estados Unidos (que ha sustituido al gas natural ruso) podría reutilizarse para importar el hidrógeno verde producido en América Latina.

Hoy por hoy, independientemente del potencial regional, en América Latina no solo faltan regulación e inversiones, sino también certificaciones, infraestructuras, capacidad exportadora, investigación, personal cualificado y evaluaciones de impacto ambiental consistente. Las carencias por la aún escasa producción de hidrógeno verde son tales que hace un par de años, en la Bolsa de São Paulo, fue creada una cartera para atraer inversiones hacia empresas que estén desarrollando cualquiera de los ámbitos necesarios para el despegue.

La inversión privada, de hecho, presenta en este ámbito los mismos problemas estructurales que en otros sectores: básicamente falta volumen, estrategia, institucionalidad y sobra “capital riesgo”. Los Estados latinoamericanos, mientras tanto, no invierten suficiente y sus estrategias nacionales no difieren demasiado de los diagnósticos de organismos multilaterales como el Banco Mundial, la Cepal, la Agencia Internacional de Energías Renovables o algunos lobbies, todavía embrionarios. Todo ello ha facilitado el interés de inversores no europeos. Estados Unidos, por ejemplo, con una producción muy subvencionada desde 2022, comienza a mirar hacia América Latina.

Argentina ya tiene firmado, por otra parte, un memorándum de cooperación con Japón. Asia/Pacífico es en este momento la región del mundo en la que mayores volúmenes de hidrógeno verde son producidos y en la que los planes a largo plazo son más consistentes y detallados. Japón, Australia y Corea del Sur tienen proyectos orientados hacia objetivos estratégicos fijados para mediados del siglo que incluyen la creación de cadenas de suministro globales y asimétricas, al estilo de las que existen ahora mismo para los hidrocarburos. China y Singapur tienen intenciones parecidas. La India, Indonesia y Tailandia también se están abriendo a producir a gran escala. Hay un mercado internacional en gestación.

Pese a ello, en América Latina sobra prospectiva empresarial y falta reflexión estratégica. Casi nadie se pregunta, por ejemplo, si una eventual cooperación regional o subregional podría resultar preferible a insistir en iniciativas nacionales más limitadas y vulnerables a todos los niveles. Tampoco se cuestiona la exportación, que tiende a ser asumida como lógica e inevitable. Pocos se plantean que la “transición energética”, que es la que realmente nutre la creciente demanda global de hidrógeno verde, tiene su origen en las cuotas internacionales de contaminación negociadas cada año en las COP de las Naciones Unidas.

¿Podrán nuestros países seguir negociando en ese mercado si comienzan a exportar energías limpias a gran escala? ¿No podrían nuestras economías absorber el hidrógeno verde? Para países primario-exportadores, como los sudamericanos, esa posibilidad quizás resulte interesante. La energía producida tiene potencial como combustible agrícola no contaminante y de bajo coste y, además, puede ser utilizado como componente de fertilizantes ecológicos, que podrían dejar de importarse, con los consiguientes beneficios.

¿Conviene entonces seguir reproduciendo, incluso bajo una matriz energética sostenible, inercias rentistas que, históricamente, han tendido a retroalimentar la dependencia económica y la desigualdad social en América Latina? Sería bueno empezar a discutirlo.

Juan Agulló es profesor del Instituto Latino-Americano de Economía, Sociedade e Política de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana-Unila (Brasil). Doctor en Sociología, por la École des Hautes Études en Sciences Sociales-Ehess (París).

Lula, Venezuela y los derechos humanos

Coautores Génesis Dávila y Alonso Domínguez

El pasado 29 de mayo, durante una rueda de prensa, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva dijo que Venezuela es «víctima de una narrativa de antidemocracia y autoritarismo». La declaración fue hecha junto a Nicolás Maduro, quien visitó Brasil después de ocho años, dada la cumbre de jefes de Estado de América del Sur.

La declaración, por supuesto, generó indignación y tiene varias aristas. Una, es que convierte al victimario en víctima: dado el contexto, le otorga al Estado venezolano y a su Gobierno la condición de víctima de una operación de su adversario, quien le ha construido, en una versión parcializada de los hechos, la imagen de un régimen no democrático. Esta no sería la primera vez en la que un victimario asume el papel de víctima; más bien, ocurre con frecuencia que quien agrede intenta ser reivindicado, justificado y hasta “entendido”. La agresión pasa a un segundo plano y a la verdadera víctima se le quiere acusar por haber manchado la reputación de su agresor. Así lo hemos visto en el caso de Rusia y la anexión de Crimea en el 2014 y en China con la represión a la población musulmana uigur.

Una segunda arista surge del uso del término “narrativa”. Asumimos que el presidente Lula se refirió en la rueda de prensa a una narrativa política, esto es, una explicación sobre el pasado y el presente, que tiene por objetivo movilizar un curso de acción. En este sentido, una narrativa no sería una explicación académica, sino una interpretación que tiene una intención, es decir, un propósito diferente del de hallar la verdad sobre unos hechos. Su objetivo, más bien, es lograr que las personas, a partir de una explicación, orienten su comportamiento, actúen y juzguen políticamente en una dirección.

Sin embargo, para que una narrativa sea exitosa, no puede estar completamente divorciada de la realidad. Por ejemplo, si alguien dijera hoy que Hitler no ordenó el Holocausto y que su legado debiera ser, más bien, reivindicado, difícilmente esa interpretación lograría sumar muchos seguidores. De este modo, si la narrativa compartida por la mayoría de los venezolanos es que el gobierno de Maduro ha violado los derechos humanos y muchos de sus funcionarios son responsables de crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, es necesario obtener justicia y reparación, no es precisamente por una operación eficaz de propaganda, sino porque ella se enraíza en la experiencia dolorosa de muchos, de los miles de venezolanos que han sido perseguidos, torturados y asesinados por disentir de las políticas del Gobierno, así como de los millones que se vieron obligados a emigrar. También debemos recordar que Maduro y su régimen están siendo investigados por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional.

Solo en Brasil, la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (RV4) estima que hay 426.000 venezolanos que huyeron del hambre y de la destrucción de oportunidades. La situación, sin embargo, va más allá de una crisis humanitaria, y sus efectos se proyectan en la región más allá de la emigración. Según la ONG SOS Orinoco, el régimen de Maduro ha promovido un enfoque extractivista sobre la Amazonia venezolana, con consecuencias trágicas y duraderas (tal vez irreversibles) en Venezuela y más allá de sus fronteras.

Al presentar la situación venezolana como el resultado de una narrativa, el presidente Lula le recomienda a Maduro que ofrezca la suya, una que se le contraponga a su adversario. Esto podría ser interpretado como una recomendación de buena fe, para que el pupilo enmiende su actuación y corrija lo que haya que corregir: ¡Si te están diciendo que no eres demócrata, pues, haz una elección democrática! Sin embargo, valdría la pena cuestionarse: ¿quién es el adversario de Maduro? ¿A quién defiende Lula: a un dictador o a sus víctimas?

Con todo, las narrativas sí pueden crear realidades, más allá de si están basadas en hechos reales o no. En este sentido, las narrativas deben ser evaluadas no solo por su apego a los hechos o su simetría con los datos de la realidad, sino también por sus efectos sociales. Hoy Venezuela es un país pobre, que por mucho tiempo se creyó rico pero expoliado por una clase política corrupta, y sobre esa narrativa Hugo Chávez llegó al poder. La interpretación que le ofreció al país sobre su pasado y su presente enajenó nuestro futuro, porque arruinó las capacidades productivas y destruyó la libertad. Maduro profundizó al máximo el desatino de una lectura empobrecedora de nuestra realidad, y no ha dudado nunca en violar los derechos humanos para compensar por la fuerza lo que no tiene en carisma ni dispone en recursos económicos.

¿Cuál es la narrativa, entonces, que les conviene a los pueblos de América Latina? ¿Una que legitima y acepta las violaciones de los derechos humanos u otra que los defiende y hace de ellos el centro de la política? Una narrativa no debe ocultar la realidad si ella es dolorosa o injusta; debe, más bien, liberarnos de esquemas que nos oprimen o limitan y hacernos capaces para superar la pobreza y la injusticia. Es crucial que los líderes políticos se comprometan con narrativas honestas y responsables. Lula, creemos, puede escoger mejor a sus aliados y las narrativas que quiere promover para la región.

Alonso Domínguez es abogado de la Universidad Central de Venezuela. Coordinador de la Red Anticrímenes de Lesa Humanidad.

Rodrigo Diamanti es economista, especialista en políticas públicas. Presidente de Un Mundo Sin Mordaza, organización dedicada a la promoción de los derechos humanos a través de las artes.