La desigualdad en educación superior no se acaba con la gratuidad

La educación superior en Chile ha experimentado un proceso de expansión durante las últimas décadas, duplicando su matrícula entre 1990 y 2020. La educación superior nunca había sido tan masiva y diversa como lo es en la actualidad: alberga cerca de 1.3 millones de estudiantes, en 132 instituciones vigentes, en donde 7 de cada 10 estudiantes corresponden a la primera generación de sus familias con acceso a la universidad. Si bien estas cifras muestran una historia de éxito, su contracara son los indicadores de permanencia y titulación. La tasa de deserción en el primer año bordea el 30%, la duración real de los programas excede entre 2 y 4 semestres su duración nominal (en promedio), y hoy se titulan 20% menos de estudiantes que antes de la pandemia.

Estos datos nos invitan a pensar en qué medidas las políticas públicas de expansión de la educación superior han sido efectivas en reducir la desigualdad en este nivel educativo. Chile ha sustentado la expansión de la educación superior sobre políticas públicas de financiamiento cuyo objetivo era debilitar (o eliminar) las barreras económicas de acceso y permanencia, relegando a otras limitantes a ser resultas a través del mérito y el esfuerzo personal. De esta manera, con la reforma de 1981, se buscó aumentar la oferta de educación superior a través de la creación de un “mercado educativo”: era posible aumentar rápidamente la matrícula permitiendo el ingreso de proveedores privados y, así, para no comprometer el gasto público.

En un segundo momento, ya en la década de 1990 y con la oferta ya asegurada, el objetivo fue fidelizar la demanda por educación superior. La estrategia elegida fue la creación del sistema de becas y créditos estudiantiles, con el Fondo Solidario y el Crédito con Aval del Estado como protagonistas. Posteriormente, cuando la matrícula se acercó al millón y oferta y demanda parecían aseguras, se promulga la política de gratuidad destinada a cubrir los costos de matrícula y arancel del 60% de los/as estudiantes provenientes de los hogares más vulnerables del país.

En resumen, el debate sobre la desigualdad en educación superior ha quedado atrapado en lo económico o en la abstracción de la necesidad de mejorar la calidad. Si bien es innegable que las políticas de financiamiento sí han generado nuevas oportunidades para grupos históricamente excluidos de la educación superior, éstas no han sido exitosas en reducir la desigualdad por origen social. Si antes provenir de un hogar socioeconómicamente desaventajado implicaba una alta probabilidad de no ingresar a la educación superior, hoy es más probable que ingrese, pero las posibilidades se abren sólo a un cierto tipo de educación superior. ¿Por qué?

Evidencia reciente muestra que la desigualdad de acceso se ha mantenido estable o que, incluso, ha podido aumentar si consideramos el tipo de programa o institución a la cual se ingresa. En Chile, el origen social – es decir, las características socioeconómicas del hogar de origen – influye significativamente en las oportunidades educativas a las que tenemos acceso. Más aún, los orígenes sociales importan tanto antes como después de la implementación de las políticas de expansión.

La literatura en estratificación educativa  demuestra que las políticas de expansión han tenido un diferencial sobre el origen social. Por un lado, sí han sido capaces de reducir el efecto de los recursos económicos en el acceso general a la educación superior (por ejemplo: el ingreso o los bienes del hogar). Sin embargo, gran parte de dicho efecto se concentra en las instituciones menos selectivas (universidades privadas, institutos profesionales y centros de formación técnica), sin afectar mayormente a las universidades más prestigiosas.

Por otro lado, estas políticas no han sido capaces de reducir el efecto de los recursos socioculturales (por ejemplo: el nivel educativo de los padres) en el acceso si consideramos tanto el acceso general como a distintos tipos de instituciones. De esta manera, las nuevas oportunidades de acceso se estratifican o jerarquizan de acuerdo al logro educativo del/a jefe/a de hogar, el conocimiento del sistema universitario de primera mano, y las redes de contactos. Todas ellas brechas que son difícilmente remontables sólo a través del mérito y el esfuerzo personal.

Si bien es posible argumentar que las políticas de financiamiento sí han sido efectivas en cumplir su objetivo de reducir las barreras económicas de ingreso, este efecto es limitado y de corto plazo. Las tasas de deserción y titulación dan cuenta de su agotamiento. Sin embargo, el debate en torno a la desigualdad en educación superior se sigue concentrando en el financiamiento.

Sin desmerecer la importancia de resolver problemas como el endeudamiento estudiantil, se requiere pensar en políticas públicas que no sólo busquen revertir la reforma de 1981, sino que también aborden las transformaciones posteriores. En esa dirección apunta el debate público sobre las brechas acumuladas en los niveles educativos inferiores, las cuales no se limitan a los resultados de pruebas estandarizadas. Estas diferencias van desde redes sociales más fuertes entre los más privilegiados, bajas expectativas entre quienes provienen de los grupos más vulnerables y en donde se legitiman las diferencias en el logro académico como éxito o fracaso individual.

Para finalizar, tanto el debate político como académico sobre desigualdad en educación superior no debiese seguir limitándose a lo económico, depositando la solución en medidas como la gratuidad. Es preciso debatir sobre herramientas de apoyo docente y bienestar estudiantil, áreas cuya gestión hoy recae en la capacidad que cada institución tiene para hacerse cargo.

Se requiere de más y mejor investigación que no sólo desglose la desigualdad en diferencias numéricas, sino que se considere las experiencias y percepciones de desigualdad de quienes hoy transitan por este nuevo escenario en educación superior. Se necesitan datos que nos permitan comprender mejor, no sólo las brechas generales, sino que también las brechas institucionales, sectoriales, de género y regionales que se (re)producen en educación superior.

La desigualdad en educación superior no se acaba con la gratuidad; menos aún sólo con el mérito y el esfuerzo individual.

Las consecuencias de la desinformación en la sociedad

Así como los problemas vinculados a la economía, la corrupción, la inseguridad y el narcotráfico aparecen en lo más alto de las prioridades de la gente, para casi tres cuartas partes de los latinoamericanos la desinformación también es un problema importante para su país.

En la era de la información, en la que la mayoría de la gente tiene acceso a una cantidad casi ilimitada de contenidos, uno de los desafíos más importantes es la desinformación y las noticias falsas. Este problema se ha potenciado con el uso de las redes sociales y diferentes plataformas digitales que permiten la rápida difusión de información sin filtros ni verificación.

Pero si bien son numerosos los estudios que analizan el fenómeno de la desinformación desde la perspectiva de la “oferta”, es decir, que se centran en la forma en que se divulga información falsa, son escasos los que analizan qué pasa al otro lado de esa ecuación, a la “demanda”, es decir, qué le pasa a la ciudadanía.

A pesar del aparente desinterés del asunto, este es un tema central para las personas, e incluso, puede llegar a tener implicancias para la salud física. Así lo afirma el estudio de la red de consultoras WIN Latinoamérica, que fue realizado en ocho países de la región (Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Paraguay y Perú).

El ejemplo más patente es la gran desinformación que se vivió en algunos países con relación a las vacunas durante la pandemia del COVID, particularmente en Brasil y Colombia. Y no es menor el impacto de la desinformación en la salud mental, especialmente tomando en cuenta que algunos países de la región están por sobre el promedio global en padecimiento de estrés como Ecuador, Perú y Argentina. Según este estudio, para la mitad de la población, la desinformación ha sido causante de ansiedad y estrés en sus vidas.

La percepción de la desinformación como amenaza no se limita al plano personal o de equilibrio mental de tipo individual. Existen otras consecuencias que están vinculadas con la difusión de noticias falsas. La desinformación es para ocho de cada diez latinoamericanos entrevistados una amenaza para la democracia, y para tres cuartas partes de las personas, esta puede llegar a ser un trampolín para debilitar la credibilidad del proceso electoral.

También, enlazada con la desestabilización de la democracia, para la amplia mayoría de las personas la desinformación aumenta la polarización en la política. Sociedades “agrietadas” como la argentina y la brasileña se alinean claramente con esa percepción, aunque llegan a ser superadas por otras como la colombiana y la mexicana. Ello cuestiona la dirección de causalidad de esa conexión entre falsificación de la verdad y radicalización política.

¿Es la falta de apego a la objetividad noticiosa lo que gatilla la polarización o (al contrario) son los contextos agrietados los que alimentan el caldo de cultivo para una industria de la desinformación?

El estudio también muestra que los latinoamericanos tienden a ver el problema como complejo y multicausal, y no les tiembla el pulso cuando tienen que señalar responsables. Lo que vemos es que son múltiples y variadas las fuentes de la sociedad, que han sido desacreditadas como informantes confiables. Pero entonces, ¿en dónde depositan los latinoamericanos su confianza? El estudio revela que la mayoría lo hace en personas o grupos informales como la familia, los amigos y gente como ellos.

Por un lado, este dato tiene sentido si se toma en consideración que las instituciones tienen cada vez menos credibilidad en la región. Aunque, por el otro, es bastante irónico, ya que, en realidad, dichas instituciones se informan a través de las mismas fuentes que uno. Por lo tanto, hay un lleva y trae de información no verificada.

En este contexto crítico, cabe destacar el esfuerzo de varios grupos de periodistas que han ido surgiendo en la región y en el mundo, y que trabajan en red para promover la verificación de la cantidad de datos que circulan en un mundo tan interconectado como el de hoy. Y es que la desinformación se ha convertido en uno de los problemas más apremiantes del momento y supone un reto para toda la sociedad. Por ende, es fundamental que trabajemos de forma colaborativa para mitigarla.

En última instancia, abordar la desinformación y las noticias falsas requiere un enfoque amplio que implique a individuos, Gobiernos, educadores, empresas de medios y plataformas de medios sociales. Todos tienen un papel que desempeñar en el fomento de una cultura de la veracidad y la responsabilidad de contenidos.

El espacio marítimo brasileño, sostenible y responsable del 20% del PIB, carece de inversiones

La Amazonía es mundialmente conocida por su importancia en recursos naturales, económicos y culturales. Con el objetivo de llamar también la atención sobre la relevancia de la zona costera brasileña, la Marina de Brasil adoptó el término «Amazonía Azul», para surfear sobre este reconocimiento de la selva.

El espacio marino-costero brasileño es diverso y representa alrededor del 20% del PIB nacional. Solo el sector de la pesca artesanal emplea a cerca de un millón de personas, a lo que se suman los puestos en los sectores del turismo, puertos y transporte. Sin embargo, la economía del mar tiene poca inversión en comparación con la agroindustria, cuya contribución al PIB es poco mayor que la marina, pero tiene altas emisiones de gases de efecto invernadero. 

Brasil posee la segunda mayor extensión de manglares del mundo. Estos sistemas son esenciales para aplacar el cambio climático, preservar la biodiversidad, mantener las poblaciones de peces y para la replantación de zonas degradadas, lo cual puede contribuir al secuestro y almacenamiento de carbono.

La costa brasileña también tiene un importante potencial para la generación de energía renovable, incluyendo la energía eólica, solar, la de las corrientes marinas y de las olas. A pesar de que Brasil es signatario de acuerdos internacionales para la sostenibilidad, como el Acuerdo de París, ha tomado medidas contradictorias al subastar varias áreas marinas para la exploración petrolera. Asimismo, la solicitud de licencias para la exploración petrolera en una zona profunda, adyacente al arrecife de coral en la desembocadura del río Amazonas, ha acarreado conflictos y desacuerdos internos en el Gobierno Federal.

CO₂ y plásticos

La quema de petróleo es una de las principales causas del aumento de la concentración de dióxido de carbono (CO₂) en la atmósfera, que afecta al clima global y a la temperatura del océano, y puede agravar fenómenos extremos, que se derivan de El Niño y La Niña, como sequías, lluvias muy fuertes con inundaciones y otros desastres naturales. 

El océano produce la mayor parte del oxígeno disponible en la atmósfera, es fuente de alimentos, regula el clima mundial, inspira cultura y espiritualidad, genera empleo, alberga una biodiversidad única, es fuente de sustancias medicinales y el medio de transporte de más del 85% del comercio internacional de mercancías. Sin embargo, su sostenibilidad se ve amenazada por las emisiones de CO₂ y la producción de otro contaminante omnipresente: el plástico.

El plástico es un material de bajo coste que en las últimas décadas ha pasado a utilizarse en todo el mundo de forma masiva. La producción mundial de plástico superó los 460 millones de toneladas en 2019, y menos del 10% se recicló. La producción de plástico genera más del 3% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, lo que supera las emisiones de Brasil, y contribuye al cambio climático. La contaminación por plástico ya causa daños a la vida marina, la pesca y el turismo, con un coste global de al menos 8.000 millones de dólares anuales en daños a los ecosistemas marinos.  

En Sudamérica, Chile y Uruguay son los países que encabezan las políticas públicas para reducir los plásticos de un solo uso. Mientras tanto, en Brasil el tema no figura en el orden del día del Congreso nacional. Hace más de 15 años que un proyecto de ley para regular el uso de bolsas plásticas espera la acción de los diputados, además de decenas de otros proyectos sobre el problema.

Por otro lado, el Plan de Incentivo a la Cadena del Plástico (PICPLAST), iniciativa de la mayor productora de resina de las Américas y de la Asociación Brasileña de la Industria del Plástico, ya invirtió 20 millones de reales en acciones y programas de capacitación y mejora de la imagen del plástico. 

Un estudio encargado por PICPLAST mostró que solo el 23% de los residuos plásticos posconsumo en Brasil se reciclaron en 2020. Brasil es el cuarto productor mundial de residuos plásticos y ha generado más de 11 millones de toneladas al año.

Un cambio de política hacia la economía circular del plástico es clave para superar la contaminación. Además de reducir los costes en daños sociales y medioambientales, puede conllevar beneficios económicos, fortaleciendo toda la cadena de reciclaje y creando oportunidades de empleo y negocio, especialmente para aquellos que se adapten rápidamente y abracen el cambio de forma proactiva.

Microplásticos

Los microplásticos primarios, de hasta 5 milímetros de tamaño, se producen y añaden intencionalmente a los productos de consumo, y casi siempre se convierten en contaminantes. Productos cotidianos como la pasta de dientes, los exfoliantes, el maquillaje y el esmalte de uñas pueden contener hasta un 90% de microplásticos. Estas partículas son responsables de una parte de la contaminación de los océanos. 

El aumento de microplásticos en la naturaleza supone una amenaza para la salud humana y la biodiversidad. En el agua, estas partículas pueden albergar patógenos e incrementar la propagación de enfermedades, así como entrar en la cadena alimentaria al llegar a nuestras comidas.

Los microplásticos primarios son contaminantes que ya no se pueden fabricar. Pero esto requiere un compromiso con las políticas públicas y acuerdos sectoriales, a fin de eliminar su adición intencional en los productos de consumo y, con ello, evitar que se filtren a la naturaleza como contaminantes. 

La triple crisis planetaria, que incluye la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, requiere medidas globales coordinadas, que abarquen acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, proteger los ecosistemas y la biodiversidad e invertir en tecnologías sostenibles y cambiar la contaminación.

En junio, unos 2.000 científicos y empresarios de la sostenibilidad mundial se reunirán en el Congreso SRI2023, a fin de debatir soluciones y acciones prácticas para ejecutar la sostenibilidad.

China y el triángulo del litio en América del Sur

Coautor Sergio Cesarin

El Triángulo del Litio está compuesto por Argentina, Bolivia y Chile, esta región alberga las mayores reservas de litio a nivel mundial. Este mineral es clave para la transición en el sector energético y por esta razón las potencias tecnológicas se encuentran en una franca competencia por firmar contratos de inversión para explotar esta materia prima fundamental en la economía del futuro por sus múltiples aplicaciones en las industrias electrónica y automotriz.

En este contexto, China lleva más de una década explorando oportunidades para extraer este mineral y por ello ha firmado acuerdos con los tres países que integran el citado triángulo suramericano. Ante la presión competitiva china, potencias tecnológicas como Estados Unidos y Alemania ponen de manifiesto su preocupación y quieren recuperar terreno mediante la obtención de concesiones de exploración y explotación invirtiendo en proyectos sostenibles que modifiquen las preferencias de actores gubernamentales por empresas – estatales y/o privadas – chinas sobre el ansiado “oro blanco”.

Las inversiones chinas en cadenas de valor de minerales esenciales en regiones como América Latina, son preponderante, sobre todo en la producción de energía limpia (paneles solares), el desarrollo de tecnologías aplicadas a nuevos procesos productivos en micro y nano electrónica, telefonía celular (baterías de teléfonos móviles) y sostener su competitividad en el contexto de una revolución en marcha en el sector automotriz (vehículos eléctricos). Por ello, las proyecciones indican que la demanda global de litio se multiplicará por 40 durante las próximas dos por lo que contar con reservas y explotarlas puede significar ganancias millonarias. Entre los años 2017 a 2023 el precio del litio aumentó de 10.000 a 70.000 dólares por tonelada.

En la actualidad, Argentina (21,5%), Bolivia (23,7%) y Chile (11,1%) concentran el 60% de las reservas mundiales conocidas, por lo tanto, el triángulo del litio tiene un alto valor geoestratégico. Si bien es posible hallarlo en otras regiones y países como Australia e incluso China, las reservas son de menor cuantía y calidad. No obstante, al año 2022 y aunque no lidera el ranking de yacimientos, el mayor productor de litio fue Australia (52%), seguido de Chile (25%), China (13%) Argentina (6%) y otros 4%.

En este contexto, surge la “opción china” como importante fuente de inversiones. Argentina y Bolivia concentran gran parte de las reservas triangulares, sin embargo, no cuentan con tecnologías apropiadas para su exploración, extracción y procesamiento industrial, motivo por el cual actores extra regionales como China, Estados Unidos, países de la Unión Europea, e incluso India, tratan de acceder a este recurso estratégico.

¿Qué rol juega China en este juego competitivo?, En primer lugar, aun cuando ocupa el tercer puesto como productor mundial es líder mundial en refinación y el principal comprador de litio, clave para conservar su primacía como productor de autos eléctricos y baterías. En segundo lugar, en su proceso de reconversión tecno-industrial, el “triángulo del litio” forma parte de una planificación estratégica que la impulsa a convertirse en líder mundial en segmentos de altas tecnologías (plan Made in China 2025) y para ello necesita contar con recursos estratégicos, gran parte de ellos ubicables en Cono Sur latinoamericano.

Esta compleja estrategia, requiere la coordinación entre empresas privadas, el gobierno chino, bancos y universidades para el logro de concesiones mineras y contratos de comercialización. Completan este cuadro de mutuo interés por parte de China y los países suramericanos, los esperados aportes en capitales de inversión, tecnologías, créditos y capacitación.

En estos proyectos impulsados por China, un punto importante son las demandas de los gobiernos subnacionales por el cuidado del medio ambiente (eco friendly projects) y el respeto por los intereses de las comunidades locales (pueblos originarios, campesinos, población local en general) ya que los yacimientos se encuentran en zonas donde residen comunidades indígenas y de alta pobreza como el sur de Bolivia, norte de Chile y norte de Argentina.

En este contexto, las inversiones en unidades de explotación pueden impulsar el desarrollo de regiones periféricas y atrasadas mediante subsidiarias inversiones en infraestructura (centrales eléctricas, redes de agua), transporte, puertos, escuelas, e institutos de capacitación para el personal.

Finalmente, cabe destacar que Chile es el segundo proveedor mundial de litio y el 90% de las exportaciones tienen a Asia por destino, siendo China el mercado que absorbe la mayor parte. En Argentina, si bien participan Estados Unidos, Japón y Australia en su explotación y comercialización, firmas chinas son las más activas en la búsqueda de proyectos en diferentes provincias como Catamarca, La Rioja, Salta y Jujuy. Y en Bolivia, depositaria de las más grandes reservas mundiales controladas por el Estado, China firmó recientemente el primer convenio para la explotación del litio en las salinas bolivianas en un contexto de presiones externas e internas.

Ante este panorama surge una pregunta, ¿el triángulo del litio podrá romper con la “maldición de las materas primas” en América Latina? En teoría los actuales gobiernos en Bolivia, Chile y Argentina, tienen la necesidad de contar con empresas estatales (nacional o provincial) responsables de extraer el litio y generar alianzas (joint ventures) con contrapartes estatales y/o privadas de China, Estados Unidos o potencias europeas. Pero también deben garantizar la transferencia de tecnología, capacitación de personal, la comercialización conjunta del recurso, la protección del medio ambiente y, fundamentalmente, la participación local en la generación de valor mediante la producción local de insumos, y productos.

* Este texto fue publicado originalmente en la web de REDCAEM

Sergio Cesarin es Coordinador del Centro de Estudios sobre Asia del Pacífico e India (CEAPI) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) en Buenos Aires. Master of Arts de la Universidad de Pekín.

Lo que la política debe encarar en materia ambiental

Los problemas en materia ambiental están en directa relación con un sistema de vida basado en el crecimiento constante. Si bien la academia hace décadas advierte que ya alcanzamos los límites del uso de recursos en el planeta, el aumento en el consumo sigue siendo la medida del éxito.

La fragilidad de nuestro entorno solamente aparece en los titulares cuando se produce una catástrofe o una interrupción en el suministro. Apenas se logra restaurar la «normalidad», volvemos a olvidar la crisis y sus posibles aprendizajes. Sin embargo, los sacudones no se van a detener.

Política y conflictos ambientales

Es ineludible repensar los modelos de desarrollo de nuestras sociedades e incorporar la materia ambiental a la agenda política. Está documentada la afectación de ecosistemas indispensables para la vida humana, y se prevén eventos climáticos extremos más frecuentes y más intensos. A largas sequías seguirán inundaciones, como se puede apreciar, por ejemplo, en regiones de Italia. Aumentará la frecuencia de los enfrentamientos por el acceso al agua escasa, como sucede en México. Las explotaciones de recursos como el litio requerirán de enormes cantidades de energía y agua. La política no debería correr detrás de los problemas. Aparecerán conflictos que no podrán ser solucionados con parches. Es necesario anticipar las crisis que vendrán.

Los partidos políticos deben llamar los problemas por su nombre y trabajar en estrategias sostenibles para enfrentarlos. Habrá crisis del agua, se agotarán recursos considerados infinitos y nuevas pandemias serán posibles. Si los problemas no son encarados a tiempo desde la institucionalidad política, si los partidos democráticos no son capaces de liderar, las propuestas autoritarias y populistas ganarán apoyo.

Claves para una política ambiental

Algunas claves para los partidos políticos y su aproximación a una gestión ambiental responsable:

Gestión del riesgo
El cambio climático se manifiesta con fenómenos climáticos extremos. Esto no debería ser una sorpresa. No es viable proponer políticas basadas en una disponibilidad de los recursos y una estabilidad climática que no existirán en el futuro. Los partidos políticos deben incorporar los escenarios de riesgo y de escasez como parte de su oferta electoral. El ahorro en la utilización de agua y energía debe ser parte de sus planes de gobierno. Para trabajar estos temas en forma sólida se recomienda incluir referentes en el tema.

Costos ambientales
La necesidad de internalizar los costos ambientales de los emprendimientos económicos no es una novedad. A medio siglo de la Conferencia de Estocolmo, ningún partido político puede desconocer los principios del desarrollo sostenible. El enfrentamiento entre economía y ambiente es estéril. No tiene sentido un emprendimiento que mejora el PBI a costa de daños en el ecosistema sobre el que se realiza. El desafío para los partidos políticos es congeniar la creación de actividad y empleo con la preservación de los servicios eco sistémicos de los que dependemos. Por ejemplo, la preservación de los humedales y los bosques ribereños no es una actividad idealista, sino que es parte de la planificación estratégica de la gestión de los recursos hídricos.

Transición energética
La energía proveniente de combustibles fósiles no es viable a mediano plazo. Los Acuerdos de París comprometen a los Estados con una dramática reducción de emisiones de gases invernadero. Esto implica un sostenido esfuerzo en el cambio de la infraestructura y también en los hábitos de consumo. En un futuro no lejano ya no será posible utilizar vehículos con estos combustibles fósiles. Profundizar y acelerar la transición energética es parte ineludible de la agenda política.

Ciudadanía
Los partidos deben evitar la promesa fácil basada en falsos supuestos. El mundo será crecientemente complejo y disruptivo. El cambio climático provocará la aparición de enfermedades que afectarán cultivos y a las personas. La mayor ocurrencia de eventos extremos pondrá a prueba costosas infraestructuras, por ejemplo, debido al aumento del nivel del mar. Estas situaciones exigen un intercambio maduro con la ciudadanía y no alcanza con votantes y consumidores. Se requiere de ciudadanos conscientes en el uso de los recursos, en particular, del agua y la energía. Los partidos deben alentar esta actitud y deben habilitar el debate constructivo entre los intereses a corto plazo y la responsabilidad respecto a las generaciones futuras.

Diálogo con la ciencia
Para poder implementar políticas sostenibles es necesario tener en cuenta el conocimiento sobre el funcionamiento de los ecosistemas. No es posible ni se espera que cada político sea especialista en temas ambientales y de energía. Por eso, el diálogo con la academia debe ser parte de la rutina de comisiones partidarias dedicadas al tema. El diálogo con la ciencia, a los efectos de acercarse a una política basada en evidencia, debe ser parte de la formación de los dirigentes políticos jóvenes. Esto aplica también a la actividad legislativa, que debe comprender siempre la participación de especialistas.

Los partidos políticos son indispensables para la democracia. El avance del populismo y los liderazgos carismáticos no son una opción. Los partidos políticos tienen la legitimidad del voto y responden frente al electorado por su gestión.Sin embargo, los partidos no solo se deben a sus votantes. Como gestores de la cosa pública, son responsables también del bienestar de las generaciones futuras. No es éticamente aceptable implementar políticas a costa de los que vendrán luego. Por ello, el desafío es grande, no hay tiempo que perder.

*Este texto fue publicado originalmente en Diálogo Político

Desconfianza y polarización en América Latina

¿Qué distingue a la polarización actual? ¿Por qué es el término de moda para describir la coyuntura política latinoamericana y global? ¿Es estructural o pasajera? Pero, sobre todo, ¿qué efectos tiene en la vida cotidiana de las personas?

No es un secreto que las “instituciones de la democracia representativa” están en crisis. Son muchos los que han analizado sus causas y propuesto explicaciones al porqué presidentes, Congresos, policías, cortes de justicia y partidos políticos están en los últimos lugares de confianza entre la ciudadanía.

La agencia mundial de comunicación Edelman Trust Barometer 2023 distingue cuatro tendencias que conducen a la polarización: preocupaciones económicas, desequilibrio institucional, división de clases y lucha por la verdad.

En cuanto a lo económico, el estudio indicó que el 93% de los encuestados considera que la principal preocupación es perder el empleo. Aunque su estudio se enfocó en Argentina, Brasil, Colombia y México, el resultado se puede extrapolar al resto de la región. Mientras tanto, el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Panorama laboral 2022, señaló que actualmente uno de cada dos trabajadores de la región es informal.

En cuanto al desequilibrio institucional, más de la mitad de los encuestados considera que las instituciones gubernamentales son una fuente de información falsa y engañosa. A reserva de profundizar en el significado de “desconfianza”, este dato nos revela que, más que una crisis de representación, la democracia vive una crisis de legitimidad. La diferencia no es baladí: la primera se resolvería, entre otros aspectos, con una reforma a las modalidades de participación, pero la segunda implica un deterioro del sistema.

En democracia, confiamos (a través del voto) a otros la labor de representar, defender y fomentar nuestros intereses y necesidades. Una crisis de legitimidad implica preguntarnos: si perdemos la confianza en aquellos representantes, ¿sigue siendo necesario el voto para elegirlos?

Evidentemente el voto sigue siendo necesario, pero si la crisis de la democracia representativa es síntoma de una enfermedad más profunda, no es casual que, como lo han mostrado otras mediciones, los latinoamericanos cada vez estemos más dispuestos a renunciar al voto a cambio de bienestar material y seguridad personal.

Así, llama la atención que los medios de comunicación ocupen el segundo lugar de desconfianza entre los encuestados y que los periodistas se sitúen en el penúltimo lugar. A luz de estos resultados, debemos preguntarnos por qué las personas no se sienten identificadas o proclives a confiar en ellos. ¿Será que, a pesar de la proliferación de noticias falsas en redes sociales, estas reflejan emociones ausentes en aquellos medios?

Para restaurar la confianza en la conservación del empleo, los Gobiernos y los medios de comunicación, hay mucho por hacer. Es fundamental entender el impacto de la desconfianza en el día a día de los latinoamericanos.

Según el Edelman Trust Barometer 2023, casi la mitad de los encuestados desconfía de los ciudadanos de su país y de la gente de su comunidad. Para el 65% de los encuestados, el efecto más grave de la desconfianza es la violencia en las calles. La educación, por su parte, no parece ser la solución, ya que casi tres de cada cuatro piensan que la falta de civismo y de respeto mutuo es el problema más grave.

Con relación a la convivencia entre personas con ideas opuestas, la encuesta muestra que apenas tres de cada diez ayudarían a otra con la que no estuvieran de acuerdo y solo dos de cada diez estarían dispuestas a vivir en el mismo vecindario. Pero quizá el dato más preocupante es que el 60% de los sondeados está de acuerdo con la siguiente afirmación: “Nuestro país está más dividido hoy que antes”.

Al analizar el fenómeno de la polarización, solemos hacerlo partiendo de las palabras y las acciones de quienes gobiernan y la forma en que estas dividen a los ciudadanos, un fenómeno que llamaría polarización vertical. Sin embargo, no debemos olvidarnos de su otra cara: la polarización horizontal. Esta tiene a la desconfianza como su base emocional y a través de ella miramos al otro. No obstante, ese otro no es el extranjero, el ejército enemigo o el ofensor de la patria: el otro es nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo, la persona que viaja a nuestro lado en el transporte público.

Si la tendencia se sigue acentuando, la democracia terminará por derrumbarse y no lo hará por una fuerza externa, sino por la desconfianza hacia nosotros mismos como sociedad.

El legado de Saavedra Lamas, el primer Premio Nobel latinoamericano

Carlos Saavedra Lamas, ilustre jurista, académico y político argentino contribuyó de forma significativa a la paz mundial y al desarrollo de una tradición latinoamericana de derecho internacional en defensa de la seguridad, justicia, y del rechazo del uso de la fuerza. Hombre de múltiples talentos, el Dr. Saavedra Lamas se lució como canciller en la década de 1930, un periodo complicado para Argentina y América Latina. Su labor para la conclusión del Pacto Antibélico de 1933, y su fundamental mediación en la guerra del Chaco de 1935 le merecieron el premio Nobel de la Paz en 1936 siendo el primer latinoamericano en obtener tal reconocimiento.

Su figura y la actualidad de su legado no se recuerdan tanto como correspondería. Algunas similitudes entre la década de los Treinta y el día de hoy subrayan la relevancia de sus aportes. La crisis económica internacional caracteriza a ambas épocas. Al fracaso de Wall Street en los años Treinta corresponden las secuelas de la crisis financiera de 2008 y del Covid-19 hoy. Al autoritarismo de Italia, Alemania y Japón en los Treinta corresponde el de regímenes como Rusia y China hoy. Un multilateralismo en crisis caracteriza a ambas épocas, con la Sociedad de la Naciones entonces y la ONU hoy paralizadas frente a anexiones y agresiones. Y la reconfiguración del rol de Estados Unidos, incierto entre el aislacionismo y el liderazgo internacional, define tanto a los años 30’ como a la actualidad.

Las relaciones con Estados Unidos y Europa

Frente a escenarios tan abrumadores, Saavedra Lamas propuso una gestión diplomática basada en principios morales firmes y una política exterior pragmática y jurídicamente sólida. Muchos son sus aportes para una colocación internacional eficaz y coherente de América Latina. Por ejemplo, Lamas sostuvo una posición crítica pero realista hacia Estados Unidos. Nunca aceptó el panamericanismo como una expresión unilateral que pretende confundir las diferencias entre los países latinos y el anglosajón.

A la vez, reconoció la necesidad de instaurar consultas diplomáticas regulares y dentro de un marco de normas estables. Ambos principios fueron acogidos en la posguerra, con el Tratado Interamericano de asistencia recíproca de 1947 y la Organización de los Estados Americanos de 1948. Estos principios servirían hoy para el relanzamiento del diálogo y de la coordinación en las Américas.

También la relación con Europa fue valorada pero no idolatrada por Saavedra Lamas. El siempre concibió el acercamiento a Europa como un camino de dos vías. Acercar Europa a América Latina y llevar América Latina hacia Europa conllevaría a una fecunda armonización, tanto de valores como de intereses. Eso nos hace pensar en la cercanía de valores entre los dos continentes, un tema cuestionado hoy por la guerra en Ucrania y la situación de la democracia, de los derechos humanos y del estado de derecho en América Latina. En la visión de Saavedra Lamas de los años 30’, un acercamiento a Europa reequilibraría la influencia de Estados Unidos. En 2023, con la próxima Cumbre UE-CELAC en julio, un entendimiento euro-latinoamericano sería un tema muy actual, también con referencia a la asertiva presencia china a nivel internacional.

Paz y seguridad en teoría y en la práctica

En el tema de paz y seguridad internacional, Saavedra Lamas propuso una lectura de múltiples factores. Él entendió la paz en un marco de interdependencia internacional, con una dimensión tanto geográfica como temática. No concebía a América Latina como un continente separado del resto del planeta. Tal vez, el presidente Lula de Brasil debería leer los escritos de Saavedra Lamas antes de opinar sobre el conflicto en Ucrania. Al mismo tiempo, el canciller argentino subrayaba la interconexión de la paz con factores como desarrollo, eliminación de barreras al comercio, y educación. Esta es una visión anticipada de los modernos estudios de paz. Además, crear organizaciones como la ONU no es suficiente sin el compromiso moral y la lealtad solidaria que se prometieron en el momento de su creación. Esta es una lección para todos los líderes mundiales, el Sr Putin in primis.

El Dr. Saavedra Lamas fue también un protagonista de la práctica de la paz. No solo incorporó a Argentina a la Sociedad de las Naciones, sino que fue el principal promotor del Pacto Antibélico de 1933 y el mediador clave en el conflicto del Chaco (1933-35). En ambos casos, hay lecciones para el presente.

El Pacto Antibélico estableció el principio de condenar cualquier guerra de agresión. Desde entonces, esto ha sido una piedra miliar de la tradición latinoamericana de política y de derecho internacional hasta 2022. El 2 de marzo de ese año, Bolivia, Nicaragua, Cuba y El Salvador se abstuvieron en la resolución de la Asamblea General de la ONU que condenaba la invasión rusa de Ucrania. El 25 de marzo, Brasil, Bolivia, El Salvador y Honduras se abstuvieron en una resolución parecida en la OEA. Además, el Pacto Antibélico introdujo, como novedad en la época, el principio del no reconocimiento de arreglos territoriales conseguidos por medio de la fuerza. ¿Lo sabía Lula al ofrecerse para una mediación que podría reconocer las conquistas territoriales violentas de Rusia?

La resolución de la guerra del Chaco aporta dos grandes lecciones. La primera es que para una negociación exitosa son necesarias una fuerte determinación y una aguda capacidad para leer los momentos. Mientras uno de los beligerantes no quiera negociar seriamente, hay alta posibilidad de fracaso. La segunda es como dar seguimiento a la paz. Para ejecutar los acuerdos del Chaco, Saavedra Lamas y el Grupo Mediador presidido por él mismo, instituyeron una fuerza internacional para separar los ejércitos en guerra y luego desmovilizarlos. Eso no solo era una anticipación del sistema de Peacekeeping de la ONU, sino que señala un reto para la paz en Ucrania y otros conflictos como Siria y Sudán del Sur: ¿quién estaría dispuesto a financiar y enviar tropas para monitorear futuros acuerdos de paz? Cualquier plan mediador debe prever este desafío también.

El Dr. Carlos Saavedra Lamas fue un hombre adelantado para su tiempo. Sus principios y su actuación por la paz, la seguridad y la prosperidad internacional proporcionan lecciones que vendrían muy útiles a los líderes latinoamericanos y mundiales de hoy.

El encuentro presidencial en Brasilia y la recomposición de la Unasur

Después de casi una década, los jefes de Estado de 11 países se han reunido en Brasilia, con el propósito de reiniciar el diálogo regional, revisar la agenda de cooperación y establecer las bases programáticas e institucionales de una renovada Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Este mecanismo de consulta y concertación al más alto nivel político-diplomático fue creado entre 2008 y 2011. Pero luego de una época de desarrollo, dicho mecanismo perdió dinamismo y a partir de 2019 tuvo que enfrentar un período de estancamiento y crisis que casi lo llevó al colapso.

Es indudable que la ausencia de diálogo entre líderes políticos para tratar asuntos de interés intrarregional ha sido contraproducente. Hay numerosos aspectos que precisan soluciones regionales y nacionales como la infraestructura económica, el desarrollo social, la promoción de la sustentabilidad ambiental, la generación de ciencia, tecnología e innovación, la lucha contra ilícitos transnacionales, la transición energética, la aplicación de seguridad cooperativa, los flujos migratorios, derechos humanos y ciudadanía, y la inserción internacional soberana, por citar algunos. 

La Unasur se caracteriza por su naturaleza intergubernamental. Ello presupone que, frecuentemente, los acuerdos entre los gobernantes son decisivos y el trabajo de los secretarios generales normalmente queda bajo supervisión de los mandatarios y cancilleres de los miembros plenos. De esta manera, se infiere una limitada cesión de soberanía de los Estados en favor de la institucionalidad supranacional.

Así, la polarización ideológica de los últimos años en varios países y entre dirigentes de la región ha terminado aumentando las tensiones y la credibilidad de este mecanismo. Ello fue especialmente grave en Brasil, un Estado pivote y principal potencia de América del Sur. En otras palabras, es bastante evidente que hubo insuficiente desarrollo institucional, falta de liderazgo y limitaciones financieras durante la primera década de la Unasur.

En tal contexto, la convocatoria del Gobierno de Brasilia y la voluntad política de los demás mandatarios para participar en la reunión al más alto nivel (independientemente de sus respectivas orientaciones y preferencias político-ideológicas) ha sido, sin duda, una alentadora noticia. Oficialmente, en la actualidad, la Unasur está solo integrada por 7 de los 12 países suramericanos, como miembros plenos. En tal sentido, una de las primeras tareas del encuentro fue procurar el restablecimiento de la participación de los no miembros.

El presidente brasileño y anfitrión, Luiz Inácio Lula da Silva, es un político experimentado y uno de los pocos fundadores de la Unasur aún en funciones. Más allá de los eventuales intereses y beneficios marginales para Brasil en términos de liderazgo y prestigio entre los dirigentes del continente y del sur geopolítico, el actual mandatario brasileño ha demostrado una considerable y persistente disposición a invertir recursos político-diplomáticos para avanzar hacia la integración regional. Ello incluye asumir riesgos, cuestionamientos y críticas tanto de sectores y personas de cada país como del exterior, principalmente en lo concerniente a la interlocución con dirigentes controversiales de otros países.

La agenda de la reunión en Brasilia ha sido puntual y circunspecta. Se trató de un primer paso para retomar un proceso prácticamente paralizado en el último quinquenio. A partir de ahí, se aspira a que esta nueva etapa de la Unasur sea guiada por una renovada institucionalidad, el pragmatismo, la trascendencia y una constructiva convivencia entre Gobiernos de diferentes orientaciones políticas e ideológicas. Vale subrayar que, desde la perspectiva de la calidad de la democracia, esto último no podría admitir la coexistencia con regímenes políticos autoritarios, híbridos o iliberales en la contemporaneidad.

En el plano hemisférico y global, es recomendable una articulación más eficaz y eficiente entre la Unasur y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), ya que este último es el principal mecanismo de consulta y concertación del conjunto de las 33 naciones latinoamericanas y caribeñas. En consecuencia, la Unasur debería continuar contribuyendo e interactuando con el foro político-diplomático macrorregional evitando la duplicación de esfuerzos y competencias.

En otras palabras, es necesario reafirmar que la integración se debe basar en el diálogo y la concertación latinoamericana. Todo ello, en un contexto global turbulento, competitivo, pospandémico y confrontativo tanto en el eje geopolítico norte-sur como en el este-oeste.  

En suma, no queda más que dar la bienvenida a una Unasur transformada y centrada en el fomento de la paz, la democracia y el desarrollo de las naciones suramericanas. La reunión de mandatarios demuestra, nuevamente, que existe voluntad política, identidad colectiva e intereses concretos para retomar esta agenda que reúne a representantes de más de 400 millones de personas. Estamos hablando de doce países que, más allá de sus diferencias subregionales, comparten valores, memorias y afinidades electivas, desde el Caribe hasta la Patagonia, y desde Galápagos hasta el Atlántico.

Día Mundial del Medio Ambiente: a 50 años de su creación

Coautora María Inés Carabajal

Debido a los efectos negativos en la salud de la población humana (y demás seres) que se empezaron a evidenciar en los años sesenta, en 1972 se iniciaron las primeras conversaciones internacionales acerca del medio ambiente en la conferencia de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano, también denominada Cumbre de la Tierra. El mismo año, el Club de Roma elaboró un estudio para analizar las repercusiones de la actividad económica vinculada a la guerra fría en el “medio ambiente humano”. En aquel reporte se mencionó por primera vez que el crecimiento puede tener  límites y se pusieron sobre la mesa los problemas relacionados con la población, la tecnología, los recursos naturales y el medio ambiente.

A partir de esta primera Cumbre de la Tierra, el interés de la comunidad internacional sobre la contaminación y sus efectos en la biósfera fue creciendo. En diciembre del mismo año, se creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), con el objetivo de establecer una agenda ambiental global, a fin de incorporar la dimensión ambiental del desarrollo sostenible, y en 2015 las Naciones Unidas adoptó 17 objetivos globales de Desarrollo Sostenible para enfrentar la pobreza, proteger el planeta y lograr paz y prosperidad. 

La ONU define el desarrollo sostenible como “la satisfacción de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”.  Y para contribuir en las tareas del Pnuma, en 1973 se estableció el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente

Resultados a la fecha y desafíos

A lo largo de los últimos 50 años, los desafíos ambientales nos han puesto ante una encrucijada como nunca antes en la historia de los seres humanos. La naturaleza está dejando de ser ese espacio seguro para la vida en la tierra, y la huella humana en el planeta nos ha llevado a una crisis sin precedentes, marcada por el Antropoceno, el cambio climático, la polución y la pérdida de biodiversidad, entre otras importantes transformaciones. 

En los últimos años, los informes del panel de expertos sobre el cambio climático han advertido de la urgencia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para aplacar el aumento de la temperatura y las consecuencias que esto puede traer. La comunidad científica, a su vez, viene alertando desde hace décadas sobre estos procesos, especialmente sobre la necesidad de hacer cambios en los estilos de vida, los cuales deben basarse en el desarrollo, crecimiento y ampliación, y buscar patrones de consumo más responsables. 

Sin embargo, estos mensajes no han calado en las esferas políticas con el grado de responsabilidad, compromiso y la urgencia necesarios. Por ello, a 50 años de la creación del día del ambiente, es fundamental que la humanidad amplíe la imaginación y la disposición para pensar de manera colectiva algunas alternativas para el desarrollo actual.      

Paradigmas emergentes para repensar la crisis ambiental 

Los desafíos actuales no pueden ser abordados bajo las mismas perspectivas y prácticas que nos han traído hasta acá. Por lo tanto, abrirnos a paradigmas de vida alternativos se torna necesario. 

En este sentido, han ido surgiendo diferentes propuestas en el seno de las comunidades indígenas y por parte de quienes habitan los territorios más aislados, que son quienes encabezan los reclamos por justicia climática, social y ambiental. Debemos considerar estas perspectivas como propuestas legítimas, a fin de transformar nuestro vínculo con la naturaleza y las formas de habitar el planeta. 

El sistema capitalista, a lo largo de su historia, ha mantenido una relación utilitaria con la naturaleza, y el planeta ha sido una fuente de extracción de recursos naturales donde el precio es definido por el mercado. Esto es evidente en América Latina, donde la colonización ha traído una lógica de comoditización de la tierra, de sus componentes e incluso de las comunidades humanas que la habitan. 

La discusión sobre el valor/precio de la naturaleza es cada vez más predominante en las arenas de la diplomacia internacional, donde se debate cuáles son los mejores caminos para evitar el avance de los seres humanos sobre la naturaleza. Sin embargo, para muchos pueblos indígenas, originarios, campesinos y locales, la naturaleza es sujeto de derechos no solo porque sostiene nuestra vida, sino también porque su cuidado es parte de vínculos de reciprocidad y armonía entre las comunidades y la Madre Tierra

Estos avances son evidentes en las Constituciones de Bolivia y Ecuador, que partiendo de marcos institucionales y jurídicos, buscan transformar los marcos ético-políticos y dan cuenta de otras formas de relacionarse con la Madre Tierra, las cuales se basan en la interconexión, la interdependencia y el respeto. 

Ante la crisis ambiental que atravesamos, estas perspectivas toman una mayor relevancia y es urgente incluirlas, a fin de abrir un nuevo horizonte de posibilidades para repensar la forma como habitamos el mundo. Estas propuestas, básicamente, demandan abordar las necesidades reales de los pueblos, considerando una dimensión territorial para mantener la vida en todas sus expresiones, para avanzar hacia una justicia ambiental y social. También se busca ampliar los liderazgos e incluir a sectores históricamente excluidos y sus visiones indígenas/originarias como la de Madre Tierra, que tienen raíces en una percepción del mundo, en la que predomina el equilibrio entre los humanos con la tierra.

A 50 años del día del ambiente y ante una crisis ambiental cada vez más evidente, entendemos que las respuestas a los problemas ambientales deben considerar las propuestas partiendo de los territorios y de las comunidades y grupos históricamente excluidos, y que la crisis se debe abordar en cuanto a su dimensión política de justicia. Muchos de estos temas serán analizados en el Congreso de Investigación e Innovación en Sostenibilidad 2023 (SRI), la reunión transdisciplinaria más grande del mundo que se hará en junio en Panamá.

María Inés Carabajal es profesora y doctora en Antropología, de la Universidad de Buenos Aires (UBA). STeP Fellow en el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI). Es especialista en las dimensiones humanas del clima y el cambio climático en el Antropoceno.

El papel de la juventud indígena en la conservación de la biodiversidad

En las comunidades que habitan el Abya Yala se viene gestando, desde hace décadas, la reconstitución de los territorios de los pueblos indígenas y los procesos de reconocimiento de los modelos de vida ancestrales. Desde la declaración de tierras comunitarias de origen (TCO) (tierras de propiedad comunitaria) y la titulación colectiva de tierras con la que pasaron a denominarse territorios indígenas originarios campesinos (TIOC), hasta el reconocimiento constitucional de las autonomías indígenas, estos procesos se han ido haciendo en los diferentes países partiendo de la experiencia de los líderes indígenas, sobre todo los mayores de 35 años. Por ello, en la actualidad se viene cuestionando el papel (o la falta del papel) de la juventud indígena en los procesos de reconstitución y en los espacios de diálogo y debate.

El cambio climático y la conservación de la biodiversidad

Como parte de las COP y otros espacios de investigación, negociación y decisión se viene evidenciando el factor clave que tiene el involucramiento de los pueblos indígenas en la conservación de la biodiversidad y las acciones ante la crisis climática. Esto, debido a que su modelo de vida tiene como esencia el interrelacionamiento respetuoso con su entorno.

De hecho, los principales protagonistas de la lucha por la conservación, preservación y defensa del medioambiente son los pueblos indígenas que, en muchos casos, son perseguidos y asesinados.

Sin embargo, en un contexto latinoamericano, atravesado por el colonialismo, el racismo y la discriminación e inferiorizacion de lo nativo y ancestral, el que las juventudes indígenas encarnen un papel activo para incidir en la reconstitución de los pueblos indígenas y su protagonismo en el respeto y la defensa del medio ambiente es todo un reto. De hecho, el rol de este sector de las comunidades en la reconexión con el conocimiento comunitario local y la revalorización de los saberes ancestrales es un asunto que está en debate.

Y es que el autorreconocimiento es un paso inicial para la juventud indígena. Tanto desde la individualidad hasta desde lo familiar, comunitario y colectivo, es necesario que los jóvenes puedan superar los prejuicios y revaloricen y sientan orgullo de su pueblo, sus valores, creencias y cultura. La concertación, partiendo de lo colectivo, es esencial para la construcción de una sociedad comunitaria que reproduzca e interrelacione las prácticas y conocimientos como parte del modelo de vida.

Diálogos intercientíficos

En este contexto, la interculturalidad o la búsqueda de la concertación y el relacionamiento respetuoso tiene como objetivo la transformación constructiva del conflicto (entendido como la expresión de las necesidades y la oportunidad de cambio), teniendo como herramientas la gestión de emociones, supuestos y poder. Así, la interculturalidad se convierte en una de las herramientas fundamentales para el entendimiento de la diversidad y la construcción de sociedades más justas.

En este marco, la búsqueda de soluciones a las diferentes crisis que aquejan a nuestras realidades pone sobre la mesa la necesidad de un enfoque transdisciplinario, donde las disciplinas científicas (o ramas de la ciencia occidental-céntrica) puedan dialogar y concertar mediante un conocimiento más general.

El conocimiento validado por la Academia tiende a ser privilegiado y elitista, y a discriminar a los demás conocimientos que no cumplen estrictamente con los parámetros de la Academia y son considerados inferiores o erróneos. Sin embargo, la experiencia de algunos académicos o pueblos indígenas da pie a la búsqueda de la validación de los conocimientos locales. De hecho, algunas experiencias aisladas han demostrado la riqueza del interrelacionamiento del conocimiento local y la ciencia occidental.

Espacios de diálogo

El Congreso de Investigación e Innovación en Sostenibilidad (SRI), la reunión transdisciplinaria más grande del mundo para la comunidad global de sostenibilidad, será un espacio de diálogo entre los conocimientos locales y la ciencia académica con un enfoque transdisciplinario.

Este es un espacio, por lo tanto, para el debate sobre el papel de la juventud indígena en los procesos de reconstitución de los territorios indígenas originarios y su relacionamiento con otras cosmovisiones para poder afrontar las diferentes crisis que se viven, con más intensidad, en sus territorios. Los conocimientos, que permitan encaminar sus acciones, son claves, por lo que es fundamental fomentar la complementariedad intercultural. En conclusión, uno de los retos más grandes para la conservación de la biodiversidad es que la juventud indígena tenga la disposición a escuchar, partiendo de la sabiduría ancestral de los pueblos del Abya Yala, para desarrollar una diplomacia intercientífica que les permita alcanzar los tres saberes (saber, saber ser y saber hacer) para el encuentro con el Vivir Bien (sumaj kausaysumaj kamaña), Vivir Sabroso y Vivir Bonito (k´acha kausakunapaq).