Brasil y la Cumbre Amazónica: clima, combate al hambre y agroecología

Thiago Lima
-
0
Brasil y la Cumbre Amazónica: clima, combate al hambre y agroecología

Coautor Atos Dias

El gobierno brasileño ha propuesto realizar una Cumbre Amazónica en agosto de 2023, en Belém, en el marco de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA). El objetivo es reunir a Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Guayana Francesa, Perú, Surinam y Venezuela para discutir acciones generales relativas a la selva y, en particular, la cuestión ambiental. Esta podría ser la primera reunión internacional en la que Lula, como anfitrión, proponga los marcos generales para el debate sobre el medio ambiente. Si quiere ser coherente con la posición que defendió en la COP27, su gobierno debe vincular la lucha contra el hambre a la cuestión climática. Sin embargo, es importante que Brasil ponga en primer plano la agroecología, un tema ausente de su discurso en la COP 27, la reunión más importante relacionada con el clima a la que ha asistido Lula desde que ganó las elecciones el año pasado.

En la COP 27, el Gobierno del entonces presidente Bolsonaro estuvo representado por el ministro de Medio Ambiente, Joaquim Leite. En su discurso, reconoció que el país tiene desafíos climáticos, incluso en relación con la deforestación ilegal de la Amazonia. Sin embargo, el ministro criticó a los «gobiernos anteriores» que «sólo actuaban para multar, reducir y culpar» y abogó por una política medioambiental rentable para «las empresas, las personas y la naturaleza». La explotación de la naturaleza con fines económicos, por tanto, fue un tema central en su discurso ante la COP 27. 

Esta posición debe interpretarse en el contexto del gobierno de Jair Bolsonaro que se caracterizó por hacer la vista gorda -por decir lo menos- a las actividades económicas ilegales de explotación de la Amazonía, incluso en reservas indígenas protegidas, con énfasis en la actividad minera ilegal y el avance desorganizado del agronegocio. Teniendo en cuenta los registros de devastación del área forestal, el país se alejó de los compromisos firmados en la COP 26, en Glasgow.

La participación de Lula en la COP 27 fue posible gracias a una invitación directa del presidente egipcio, Abdel Fatah al-Sisi. En su discurso, Lula destacó la importancia de un esfuerzo conjunto, en el ámbito de la gobernanza global, para el cumplimiento de los acuerdos ya firmados sobre la mitigación de los efectos del cambio climático. El presidente electo afirmó que «los acuerdos que ya han sido finalizados tienen que llegar a buen puerto» y destacó la agenda para la creación de un fondo de financiación destinado a los países en desarrollo, especialmente a los más pobres, para «hacer frente a las consecuencias de un problema creado en gran parte por los países más ricos, pero que afecta de forma desproporcionada a los más vulnerables».

Lula también hizo hincapié en la cuestión del hambre, subrayando que el país necesitaba «volver a conectar con el mundo y ayudar de nuevo a combatir el hambre». Además, Lula abogó por la creación de una alianza mundial por la seguridad alimentaria «para el fin del hambre y la reducción de las desigualdades, con plena responsabilidad climática». Por último, defendió que es posible aumentar la producción agrícola sin deforestar los bosques e incluso destacó la importancia de prácticas agrícolas más sostenibles, citando la agrosilvicultura y los conocimientos agrícolas de los pueblos nativos y las comunidades locales.

El discurso de Lula, además de abordar claramente el problema del hambre, trató la cuestión alimentaria de una forma relacionada con la agenda climática. Es decir, se reconoció que la producción agrícola también estaba entre las causas del cambio climático y que sería necesario buscar «una agricultura regenerativa y sostenible». Aunque no se trataba de un discurso oficial de un jefe de Estado, el mensaje de Lula se aproximaba a la agenda más amplia propuesta por el grupo de Koronivia y la Organización Mundial de la Salud en la COP27. Fue un indicio de que Lula, como presidente, podría ser protagonista en el intento de reforzar las intersecciones agrícolas y alimentarias en los debates sobre el cambio climático.

Sin embargo, es fundamental destacar que Lula trajo a su discurso los términos «agricultura regenerativa y sostenible», y que no mencionó términos como agroecología, sistemas alimentarios y soberanía alimentaria. Estas presencias y ausencias son relevantes a la luz de las disputas de principios sobre las mejores soluciones para enfrentar los desafíos inherentes al nexo entre producción de alimentos, hambre y clima. 

Según el informe IPES Food, términos como «agricultura regenerativa» y «soluciones basadas en la naturaleza», que operan en el paradigma de la sostenibilidad, están vinculados a intereses empresariales y, eventualmente, a prácticas de «corporate greenwahsing». Es decir, en las arenas de negociación internacional existe una tensión entre estos términos y, principalmente, la agroecología, que parece anteponerse a los demás.

El mismo informe señalaba que «la agroecología se centra tanto en los sistemas humanos como en los naturales. Su búsqueda de la restauración medioambiental y la sostenibilidad es inseparable de la búsqueda de la inclusión social, la equidad o la justicia». Por el contrario, las definiciones de agricultura regenerativa y soluciones basadas en la naturaleza tienden a tener un alcance más limitado, refiriéndose principalmente a los sistemas naturales y a las prácticas técnicas, haciendo hincapié en la restauración medioambiental, la preservación y la sostenibilidad de forma que se minimicen las dimensiones humanas y las relaciones sociotécnicas».

Aunque el discurso del presidente electo en la COP 27 tuvo aspectos alentadores en comparación con el discurso oficial de Bolsonaro, será necesario monitorear si esta orientación del gobierno de Lula mantendrá, en la práctica, el vínculo conceptual entre la lucha contra el hambre y la preservación del medio ambiente. La Cumbre Amazónica puede ser la primera reunión importante en la que Brasil, en su calidad de anfitrión, pueda aportar esta conexión como punto de partida fundamental para las negociaciones.

Además, para que la agroecología se fortalezca como principio fundamental de las políticas públicas y de los acuerdos de cooperación, debe ganar relevancia en la agenda ambiental internacional y la Cumbre Amazónica es una oportunidad privilegiada para ello. De hecho, el actual gobierno viene revirtiendo el desprecio del gobierno Bolsonaro por la agroecología y los campesinos y, concretamente, ha reactivado políticas y dotado de más presupuesto a la agroecología. Es necesario que el gobierno dé mayor relevancia al tema en su política exterior.

Atos Dias es Investigador del FomeRI.

*Este texto es resultado de una investigación apoyada por la Fundación Heinrich Böll.

En Chile no hubo volantazo

Enrique Gomáriz Moraga
-
0
En Chile no hubo volantazo

Los cambios en la situación política chilena han provocado una gran sorpresa en la región. Los resultados de las elecciones al Consejo Constitucional del domingo 7 de mayo han producido titulares que subrayan un giro espectacular. El diario El País de España, publicaba un editorial titulado “Volantazo en Chile”, cuya primera línea rezaba: “las elecciones del domingo en Chile han dado la vuelta al escenario político”. Y el analista chileno, Claudio Fuentes, se planteaba: “¿Cómo explicar que de una ola progresista se pase abruptamente a una resaca conservadora en Chile?”.

Como suele suceder, el problema no está en la dificultad que pueda tener la respuesta, sino en el error sobre el que se plantea la pregunta. En Chile no hubo un vuelco del escenario político, que ya venía claramente escorado desde la derrota del plebiscito de septiembre del pasado año, cuando dos tercios del electorado rechazaron por la anterior propuesta constitucional diseñada por un Consejo Constitucional mayoritariamente de izquierda. Pero, sobre todo, el punto de partida de la pregunta es infundado, porque no hubo una oleada progresista con la elección de Boric, como se proclamó en aquel momento.

Para comprender mejor el espejismo político que se produjo entonces, es necesario examinar dos componentes principales. El primero referido a la verdadera dimensión de la victoria electoral. Si en aquella ocasión únicamente había votado el 56% del electorado y Boric obtuvo poco más de la mitad de esos votos, quiere decir que el presidente electo contaba con apenas el 27% del total del electorado. Pero además, los estudios de opinión mostraban que siete de cada diez de los casi tres millones de votos que se sumaron a su candidatura en esa segunda ronda procedían de otros partidos (de centro izquierda), que no seguirían a Boric en el futuro. Es decir, que la “amplia marea electoral” de Boric apenas superaba un quinto del electorado.

El otro elemento del espejismo alude a la idea de que el apoyo a Boric era producto directo del espíritu imparable del estallido social del 2019. Los sondeos de opinión mostraban que el apoyo a lo sucedido en 2019 era bastante menor de lo supuesto. Varios observadores señalaron que los hechos habían sido “sobrefestejados”. En realidad, más de la mitad de la población chilena tenía una visión crítica de lo sucedido.

El otro problema complementario que enfrentó Boric fue que quedó en minoría en el Congreso. Pocos meses después, esto le supuso el rechazo de la reforma tributaria, su proyecto estrella, con la que pretendía recaudar un 3,6% del PIB en cuatro años, unos 10.000 millones de dólares, que le permitirían desarrollar su programa socioeconómico. Esto confirmó que Boric no podía contar con el apoyo continuado de las fuerzas progresistas que le permitieron ganar las elecciones presidenciales.

Así las cosas, es difícil afirmar que Chile ha sufrido un giro espectacular, desde una oleada progresista a una netamente conservadora. En todo caso, la elección ha acentuado la deriva conservadora, algo que también es discutible. Es cierto que el Partido Republicano de Kast ha obtenido casi la mitad de los escaños del Consejo y que sus 23 asientos, sumados a los 11 obtenidos por la derecha tradicional, dejan en sus manos la configuración de la nueva Constitución chilena.

Por ello, la interpretación de que el resultado significa un desplazamiento del electorado chileno hacia la extrema derecha es bastante arriesgada. Este resultado electoral, de hecho, también puede significar que el Chile profundo ha dado definitivamente la espalda al gobierno de Boric y lo manifieste distanciándose lo máximo posible de su proyecto político, al que considera demasiado radical.

No hay que olvidar que en la mayoría de los países de la región hay una brecha importante entre las actitudes políticas de las minorías activas y las del país profundo. Se trata de una brecha que puede aumentar su dimensión en determinadas coyunturas históricas. Y en este contexto, todo parece indicar que Chile atraviesa una de esas coyunturas.

Así, en las actividades políticas protagonizadas por las minorías activas predomina la tendencia de izquierdas, como sucedió en las protestas de 2019. Pero cuando se trata de una actividad donde interviene el Chile “profundo”, como sucede cuando hay elecciones de carácter obligatorio, la orientación conservadora predomina claramente. En el caso de Chile se ha estudiado bastante la existencia de bolsones de ciudadanía de una cultura política de muy baja calidad, refractarios a la política, herencia en buena medida de la impronta procedente de la experiencia pinochetista.

Pero esta orientación conservadora del Chile profundo no debería llevar a la conclusión de que el grueso del electorado chileno rechaza la promulgación de una Constitución democrática que deje atrás a la actual, diseñada durante la dictadura. De hecho, no sería de extrañar que finalmente el electorado se oriente hacia una solución centrista, tal vez hasta una recuperación reducida de la vieja tradición política del Chile de los “tres tercios” entre derecha, centro e izquierda.

​​La mitigación climática depende de la conexión de las políticas con el bienestar personal

Fabián Echegaray
-
0
​​La mitigación climática depende de la conexión de las políticas con el bienestar personal

Calor insoportable. Tormentas cada vez más fuertes. Inundaciones seguidas de sequías. Los trastornos del cambio climático para nuestra salud, bienestar, seguridad y economía, sin hablar de la calidad del medio ambiente y de la belleza del paisaje, aumentan como nunca hasta el punto de que en la última cumbre sobre el clima, COP27 (Egipto), la comunidad de expertos se despidió de la ingenua ilusión de que el planeta se pueda mantener por debajo del incremento de 1,5 grados Celsius a lo largo de este siglo y admitió que estamos yendo hacia una suba de tres grados. Todos sabemos, además, lo que un alza de tres grados implica para el cuerpo.

Si cuando tenemos fiebre, paramos y revaluamos lo que necesitamos hacer, ¿por qué no procedemos igual cuando nuestro sistema ambiental y climático nos da tantas señales? Durante años se planteó que primero era una cuestión de dificultad cognitiva para entender un tema demasiado complejo o distante. ¿Cómo explicar a la sociedad que los gases emitidos por sus coches o la producción de carne que consume tiene consecuencias climáticas?

El planteamiento ha sido traer las pequeñas acciones individuales al centro del debate mediante el mantra de que cada acción individual mitigadora cuenta. Tomar baños rápidos ahorraría energía; también, reutilizar las toallas, además de contaminar menos el agua, y separar la basura sólida de la orgánica nos pondría más cerca de un ideal de ciudadanía ambiental. Todas estas medidas son comportamientos legítimos, solo que demasiado aislados, microscópicos y sujetos a deslices personales como para alcanzar la escala necesaria de transformaciones de los hábitos que contribuyen al calentamiento global.

De allí la urgencia por avanzar hacia una agenda de emisión cero antes de 2050 a partir de políticas públicas que impacten a la sociedad como un todo y a gran escala. De hecho, el aumento de la preocupación de la sociedad por la crisis climática anticipa su probable apoyo a iniciativas que deberían ser ejecutadas por Gobiernos que afectan algunos de nuestros comportamientos más dañinos. Por ejemplo, nueve de cada diez brasileños concuerdan en que el calentamiento global es un problema grave para la humanidad; ocho reconocen que ya sufren los efectos del cambio climático y cuatro están dispuestos a pagar más por productos que tengan una menor huella de carbono.

Ese diagnóstico ha llevado a gobiernos, ONG y universidades a sondear cómo movilizar a la población para pasar de intenciones a acciones y para adoptar prácticas sistémicas que cuestionen hábitos arraigados, procedimientos estándares y reglas de juego por default que perjudican los planes de llevar a cero nuestras emisiones. Ello genera una serie de interrogantes prácticos relativos a cómo nos transportamos, nos alimentamos y nos proveemos de productos para el hogar.

¿Debemos normalizar las reuniones presenciales que exigen vuelos internacionales o debemos naturalizar las formas remotas que evitan la emisión de gases? ¿Debe el Estado buscar una alimentación con menor huella ambiental en escuelas públicas, hospitales y ministerios o se debe dejar que ese ajuste en la nutrición personal sea fruto de elecciones particulares?

Estas son políticas concretas que van más allá de decisiones individuales y, por lo tanto, tienen el potencial de generar cambios a gran escala. Incrementar impuestos sobre carnes rojas y lácteos, aumentar las tarifas aéreas para pasajeros frecuentes, substituir el impuesto a las mercancías por uno que vele por las emisiones del producto tendría un efecto infinitamente mayor que acciones fragmentadas de tipo individual como substituir lámparas incandescentes por LED o ir al supermercado en bicicleta en lugar de en coche.

¿Cómo persuadir a los ciudadanos de que apoyen y legitimen, por lo tanto, esas propuestas? Históricamente, la sensibilización y movilización de apoyo a causas ambientales apeló al miedo, la culpa o al sacrificio extremo personal. Nada de eso ha funcionado.

En la búsqueda por entender qué gatillos se pueden activar al proponer políticas de alcance colectivo, los experimentos sobre redefinición de conductas en favor de emisiones cero como el desarrollado por la consultora Market Analysis, junto con la red de expertos en sostenibilidad SCORAI Brazil, ofrecen buenas pistas. Según este, cuando se exhiben las ventajas relativas al bienestar que esas políticas tienen (mejor salud por comer menos carnes rojas, más seguridad nutricional en ámbitos públicos) la adhesión a esas propuestas crece. Y ello ocurre en una proporción mucho mayor que defendiendo las mismas políticas por sus posibles ventajas económicas (más ahorro fruto de más frugalidad o menor gasto por usar productos concentrados) o por sus dividendos ambientales (un aire más puro o un clima menos sujeto a extremos).

Por ejemplo, el apoyo a compras públicas provegetarianas y antiproteína animal sube del 50% a casi el 64% cuando se usan argumentos relativos al bienestar, la salud y la seguridad familiar, en comparación con un aumento de hasta el 55% cuando se usan ideas exclusivamente ambientales. En el caso de la internalización de costos de tipo climático en los precios, el argumento económico es inocuo para motorizar su apoyo, pero al conectar esa propuesta con los beneficios de estilos de vida, su apego se incrementa del 56% a más del 69%.

Un futuro de emisiones cero requiere ir más allá de personas actuando virtuosamente de modo aislado. Los estudios de opinión pública sirven para identificar la lógica más efectiva para convencer a la gente de cambiar prácticas enteras de movilidad, alimentación y provisión hogareña en la medida necesaria para combatir el cambio climático. A su vez, esos sondeos revelan que el apoyo público exige más que una promesa de lucro financiero o suponer que las personas responderán a un principismo ambiental.

La batalla contra el calentamiento global y las medidas pertinentes para ganarla dependen de la conexión que haya entre estas propuestas y los beneficios de bienestar personal, familiar y colectivo.

Derecha o izquierda, ¿cuál es la diferencia?

Luis Pásara
-
0
Derecha o izquierda, ¿cuál es la diferencia?

Al inicio de la Revolución francesa, el lugar que ocuparon respectivamente los partidarios de la realeza y sus oponentes en la Asamblea condujo a que, por facilidad, se denominara a los primeros “derecha” y a los otros “izquierda”. Más de dos siglos después, estas etiquetas siguen siendo utilizadas, aunque cada vez con menor capacidad explicativa.

En términos generales, se ha ubicado como “derecha” a los partidarios de la conservación del orden establecido, y se ha considerado “izquierda” a los impugnadores del estado de cosas prevaleciente. Pero, si bien la derecha ha sido y es identificada con valores o creencias como la autoridad, el orden jerárquico, el militarismo, la tradición e incluso la religión, en el lado izquierdo los contenidos han pasado por una evolución. En particular, sobre la adhesión revolucionaria a la igualdad se ha elaborado una propuesta de justicia social que, en el capitalismo desarrollado, ha generado el llamado estado de bienestar para combatir la desigualdad.

En el medio, en un territorio disponible a unos y otros, han quedado otros asuntos de importancia:  el nacionalismo, los derechos individuales —encabezados por la libertad—, la justicia, el valor del trabajo y el del mérito, para mencionar algunos. Derechas e izquierdas —el plural ayuda a dar cuenta de la variedad presente en cada lado— recurren seriamente o de modo oportunista a la invocación de “la patria”, “la libertad” o “la justicia” cuando así lo estiman necesario o simplemente útil.

El liberalismo ha hecho más difícil la dicotomía izquierda/derecha al postular valores como el respeto a la diversidad y a la discrepancia, que llamamos pluralismo, que no pueden ser claramente situados en una u otra. De allí que, en ocasiones, se haya echado mano a hablar de “liberales de izquierda” para diferenciarlos de los liberales centrados únicamente en el laissez-faire, laissez-passer que postula un capitalismo no sujeto a controles.

La realidad ha ido mostrando, a veces de manera trágica, que las categorías de derecha e izquierda son camisas de fuerza en las que nos obligamos a colocar a las posiciones que, con tantos matices, se van desarrollando. ¿Nos explica algo ubicar a Eisenhower y a Trump en el mismo casillero? La complicación es mayor cuando se trata de situar, por ejemplo, a Stalin: ¿en la derecha o en la izquierda?

En la actualidad, al rescate ha llegado la teoría al crear la subdivisión “izquierda iliberal”, que en términos simples sería algo así como una izquierda reaccionaria, contradicción en los términos que, solo para mantener tercamente el uso de la categoría “izquierda”, se aplica a algunos regímenes. Este es el caso de países de Europa del Este, como Hungría y Polonia, cuya orientación retrógrada entra constantemente en colisión con la Unión Europea.

Latinoamérica y el caso de Perú

En América Latina el uso de estas categorías simplificadoras, de tiempo atrás, tampoco ha sido fácil… y cada vez lo es menos. ¿Perón era de izquierda o era de derecha? Y si fue de derecha, como dicen sus impugnadores, ¿por qué lo combatió la oligarquía terrateniente hasta lograr que los militares lo desplazaran? En tiempos más recientes, ¿el gobierno de Rafael Correa fue de izquierda o de derecha? La lista de personajes y sus gobiernos que ofrecen resistencia a la categorización dicotómica puede extenderse.

Pese a esa realidad, todavía hay quien hoy en día se refiere a “los Gobiernos de izquierda en América Latina”, incluyendo en ese saco a Maduro, Ortega, Boric, Petro, Lula y hasta a Boluarte. ¡Como si tuvieran algo en común! Como si llamarlos “de izquierda” pudiera ayudarnos en algo a comprender sus políticas de gobierno y su orientación; en la realidad, muy diversas.

En el caso de Perú, el asunto es más grave. En la enredada situación actual, derechas e izquierdas se oponen en ocasiones, como se supondría que debiera ocurrir. Sin embargo, actualmente no son pocas las oportunidades en las que confluyen, repartiéndose los fragmentos de poder de los que pueden disponer. Así, el año pasado unas y otras pactaron la composición del Tribunal Constitucional, adjudicándose los sillones de este para, a los efectos de las designaciones, obtener la indispensable mayoría en el Congreso y, de ese modo, en adelante cada vez que haga falta ese Tribunal estará a disposición de quienes los nombraron. Viene siendo lo mismo para otras decisiones de cierto calado.

Esta convergencia de intereses resulta posible no solo por la ambición de a muy corto plazo de unos y otros, sino especialmente debido a que la llamada izquierda ha trastocado su perfil hasta hacerse irreconocible como tal en el partido Perú Libre, que llevó la candidatura presidencial de Pedro Castillo. En efecto, allí se encuentran dirigentes políticos que combaten la homosexualidad, niegan la igualdad entre sexos, ignoran las preocupaciones ambientales, rechazan a los inmigrantes venezolanos que han llegado al país y un largo etcétera que los haría merecedores de la bendición de algún obispo de los de antes.

¿Estos son líderes de izquierda? Si es así, entonces, ¿a qué se insiste en llamar izquierda? Hoy en día aparece un solo asunto sobre el que, con muchas diferencias, diferentes protagonistas políticos podrían ser agrupados bajo esa bandera: el papel protagónico del Estado en la economía. Pero, en rigor, esto tampoco resulta preciso: en los países del mundo desarrollado los controles del Estado sobre la economía son mucho mayores de lo que quieren hacernos creer los neoliberales ideólogos del capitalismo en América Latina. En Estados Unidos, y aún más en Inglaterra, los organismos estatales vigilan de cerca si el comportamiento de las grandes empresas es conforme con la salvaguarda de los intereses de accionistas y consumidores.

Es que, a una mirada inicial, los sectores de derecha parecen más sencillos de agrupar. Sin embargo, como demuestran algunos casos, tampoco es fácil encasillar a todos los sectores con tendencias conservadoras bajo una sola etiqueta, así como tampoco lo es agrupar bajo otra a los protagonistas hoy genéricamente llamados “progresistas”.

Entonces, para comprender a posiciones y liderazgos políticos distintos, ¿cuál es la utilidad de seguir valiéndose de la dicotomía derecha o izquierda? La pregunta queda abierta al debate.

Fox News – Dominion y las consecuencias de desinformar en procesos electorales

Jesús Delgado Valery
-
0
Fox News – Dominion y las consecuencias de desinformar en procesos electorales

Los procesos electorales en los regímenes democráticos, es decir, en los que hay incertidumbre en los resultados electorales y el oficialismo puede ser derrotado, se han convertido en fenómenos mediáticos globales. Hace unas décadas, las elecciones de un país despertaban poco interés en otras latitudes, e incluso en países de la misma región. Pero en la actualidad, gracias a la inmediatez de la conversación digital, encontramos a especialistas y ciudadanos interesados en los procesos electorales de países ajenos a la realidad de sus propios países. El interés por estos comicios, incluye, no solo la jornada de votación, sino la fase preelectoral y sobre todo la postelectoral, aún más si los resultados son puestos en duda o incluso impugnadas ante instancias judiciales.

El acceso a la conversación digital, aunado al auge de la polarización política, ha convertido a los procesos electorales en verdaderos espectáculos donde simpatizantes y detractores de los candidatos usan las redes sociales para expresar su conformidad o descontento con los resultados.

Los medios de comunicación, por su parte, han aprovechado esta situación para maximizar su impacto. Muchos de ellos se han convertido en la fuente de información exclusiva de algunas agrupaciones, de manera que se ven con el compromiso de publicar contenidos que coincidan y refuercen las convicciones de sus consumidores. Este proceso ha deteriorado notablemente la calidad del periodismo e incentivado el extremismo en ciertos grupos que, de manera dogmática, aceptan lo que sus medios predilectos publican.

La desinformación y la confianza en los procesos electorales

Desde hace años, organizaciones y agencias internacionales, así como organismos electorales, buscan soluciones para que la desinformación no afecte la confianza en los procesos electorales. Sin embargo, no ha sido tarea fácil ya que es un problema multifactorial y está demostrado que la desinformación viaja mucho más rápido y es más atractiva que el posterior factchecking.

Una de las narrativas más atractivas (y nocivas) en el marco de los procesos electorales es la del fraude. Es decir, que sin elementos que argumenten la denuncia se promueva el desconocimiento de los resultados por supuestas prácticas fraudulentas.

Según el Director del Departamento para la Cooperación y la Observación Electoral de la OEA, Gerardo de Icaza, “cuando la idea del fraude se adueña de la opinión de un sector, resulta difícil encontrar el antídoto o argumento que pueda convencerlo de lo contrario. Sumado a esto, los medios encuentran en alegatos de fraude una oportunidad tentadora de generar ratings y vender periódicos con la publicación de titulares sensacionalistas.”

Lamentablemente, esta situación no es extraordinaria, por el contrario, podemos decir que, de una u otra forma, la mayoría de los últimos procesos electorales en la región han sido víctimas de esta narrativa.

Las elecciones de Brasil del año pasado supusieron un esfuerzo enorme, tanto para el Tribunal Superior Electoral (TSE) como para los factcheckers, que tuvieron que enfrentar una avalancha de desinformación en la fase pre electoral, así como en la postelectoral. Durante los meses previos a la jornada electoral, el mismo presidente Jair Bolsonaro aseguraba que las urnas electrónicas eran vulnerables y que se podía fraguar un fraude. De esta manera se geneeró desconfianza en un sistema de votación que ha funcionado adecuadamente por más de 20 años.

Posteriormente, luego de conocerse su derrota, la desinformación se centró en alimentar la narrativa del fraude, lo que promovió las manifestaciones de decenas de miles de simpatizantes del entonces presidente exigiendo que se reconociera su victoria.

Otro caso que alcanzó un impacto global fue el de la denuncia de fraude por parte del ex presidente Donald Trump quien, junto a su abogado, Rudolph Giuliani, recorrió distintos estudios de televisión e instancias judiciales asegurando que habían sido víctimas de un fraude masivo. Algunas cadenas de noticias como Fox News difundieron activamente esta narrativa, acusando incluso a algunas empresas desarrolladoras de tecnología, como Dominiom Voting Systems o Smartmatic. Algunos de los periodistas de la cadena y de los invitados a sus programas aseguraban que las máquinas de votación habían sido manipuladas y por lo tanto la elección de Joe Biden era fraudulenta.

Las empresas acusadas tomaron cartas en el asunto y acudieron a la justicia acusando de difamación a la famosa cadena de noticias Fox News. Dominiom Voting Systems solicitó una indemnización de 1600 millones dólares y Smartmatic otra de 2700 millones.

El pasado 31 de marzo, poco más de dos años después de las elecciones de 2020, el Tribunal Superior de Delaware dictaminó que ninguna de las declaraciones que hizo Fox News sobre Dominion era verdadera y ordenó un juicio para determinar si la cadena había actuado con real malicia. Ante este escenario, la cadena arregló con la empresa un pago de 787 millones de dólares para evitar el juicio.

La democracia es un bien intangible, invaluable, pero atacar y poner en duda a sus instituciones de manera injustificada e irresponsable debe tener un precio.

Usar la democracia para destruirla

Dagoberto Valdés Hernández
-
0
Usar la democracia para destruirla

Puede ser en Colombia o en España, en Estados Unidos o en Rusia. El nuevo guion para apoderarse del poder político y destruir las instituciones democráticas es evidente, predecible y eficaz. Es la operación maquiavélica más viable en este mundo donde los golpes militares, las guerras de invasión, las revoluciones violentas y la perpetuación en el poder, son cada vez más repudiados por la conciencia ciudadana y universal.

El primer ministro británico Winston Churchill pronunció una famosa frase que sirve para legitimar a la democracia como el mejor de los sistemas políticos. Pero con su humor inglés dejó abierta una puerta a las debilidades de este sistema: “La democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre. Con excepción de todos los demás.”

En efecto, a nadie, o a casi nadie, se le ocurriría actualmente defender abiertamente a las tiranías contemporáneas, ni a las dictaduras de nuevo tipo, ni a los autoritarismos sin careta. Sin embargo, esos sistemas intentan continuamente resurgir porque aferrarse al poder absoluto, totalitario o populista, es una de las tentaciones más enraizadas entre las ambiciones humanas. A esos regímenes se refería Churchill.

Entonces, como estos regímenes autoritarios son cada vez más repelidos por los ciudadanos conscientes y formados, los más listos han inventado una fórmula fraudulenta para disfrazar sus propósitos bajo la manipulación de las reglas del juego democrático. En resumen: usan la democracia para destruirla.

El guion reconocible

Los regímenes populistas, dictatoriales y hasta tiránicos de hoy no comienzan su andadura con un golpe violento. Se introducen en las dinámicas e instituciones del sistema democrático con un discurso demagógico apocalíptico.

Estos son algunos de los pasos del guion predecible. En primero lugar manipulan a los pobres, a los más vulnerables, presentándose como mesías, como salvadores. Aprovechan frecuentes casos de corrupción para sembrar la narrativa de que todos los partidos son corruptos, todos los políticos oportunistas y deshonestos y que todo lo anterior ha sido un fracaso.

Estas agrupaciones, además, se arman de un programa bien hilado donde aparecen como la única alternativa para purificar y reinventar el sistema democrático que se ha corrompido, que no tiene alternativas, que no puede reformarse o renovarse si no es con el mesías y su partido de salvación nacional. Para ello, estos regímenes establecen el absoluto control de los medios de comunicación y del sistema educativo y cultural.

Los populismos, exacerban el nacionalismo, el patrioterismo y la lucha de clases para destruir a todo el que se oponga al “bien del pueblo”. Las masas despersonalizadas y enardecidas por la ilusión de que “ahora sí vamos a arreglarlo todo”, votan convencidos de que el “bueno por conocer” es mucho mejor que “el malo conocido”.

En definitiva, la solución para el votante parece ser la de escoger en las elecciones democráticas al “iluminado”, al “hombre fuerte”, al que parece que tiene las llaves del paraíso terrenal. Y con él, entronizar al único “movimiento”, al naciente partido o guerrilla reciclada en grupo político “no tradicional”, porque dice el guion que todo lo tradicional es viejo, corrupto y acabado.

Como “nadie escarmienta por totalitarismo, autoritarismo o populismo, ajeno”, las urnas se convierten en trincheras reivindicativas, en barricadas contra todo lo establecido. No se vota por el que tiene más mérito, más formación para servir o por el que más experiencia ha acumulado. Tampoco se vota por el que haya demostrado mayor integridad o por el que tenga el programa más coherente y realista.

Se vota por la utopía ilusionista. No por esas pequeñas utopías que nos empujan hacia delante a sabiendas de que, cada vez que creemos haberlas conquistado, se alejarán como el horizonte. Se vota por “el paraíso” de los pobres, aunque quien o quienes la enarbolan tenga historiales impresentables, autoritarios y violentos.

Y cuando estos personajes salen electos por métodos democráticos legitimados por una Constitución, en elecciones libres, plurales, competitivas y monitoreadas por la sociedad civil y auditores internacionales, comienzan a erosionar la democracia desde adentro.

El primer paso es “penetrar” los tres poderes del Estado de Derecho colocando en ellos a personas “fieles” a la causa de la “limpieza” de las instituciones. No serán los mejores servidores públicos, ni los menos corruptos, sino los “incondicionales” que sean obedientes al “elegido”. Y estos, desde dentro abren grietas, convierten la normal conflictividad en conflictos irreconciliables y atacan a las “antiguas instituciones tradicionales” para cambiarlas.

Una vez que el líder y sus seguidores han copado las instituciones democráticas y las han carcomido por dentro, casi imperceptiblemente, asestan el golpe redentor para que las nuevas estructuras apoyen una reforma de la Constitución. Al mismo tiempo, se va trabajando a nivel de las bases para que las legítimas demandas se conviertan en violencia destructora de la sociedad civil, dividiendo a los compatriotas.

Finalmente se convoca a la redacción de una nueva Constitución y en ella se crean las estructuras que perpetuarán en el poder al lídere, quién utiliza la propi democracia para destruirla.

Basta estar atentos a la evolución política de ciertos países para comprobar que este guion, diseñado para destruir la democracia utilizando mecanismos democráticos, se repite con leves matices. En esencia, los pueblos, por falta de educación cívica y política, se dejan arrastrar por estos cantos de sirena. Una y otra vez.

Esto ha pasado en países con pasado totalitario, donde tras un período democrático se regresó a otra variante de autoritarismo. Cuba ha experimentado dictaduras de derecha y de izquierda, populismos y este totalitarismo. Ojalá aprendamos de estas lecciones de la historia para que en el futuro no volvamos a chocar con la misma piedra… o con otras similares. Nunca más.

El fiscal de la CPI y las víctimas de la crisis de Venezuela

Isaac Nahón Serfaty
-
0
El fiscal de la CPI y las víctimas de la crisis de Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, advirtió (antes de la más reciente reunión internacional en Bogotá sobre la crisis del país) que uno de los requisitos para retomar el diálogo con la oposición era lo siguiente: “Las políticas de lawfare (o ‘guerra legal’), las políticas de ataque a través de aventuras en tribunales de Estados Unidos, o a través de la Corte Penal Internacional (CPI), se (tienen que detener) porque afectan directamente a nuestros líderes más importantes”. En resumidas cuentas, el chavismo exige impunidad ante la corrupción y los crímenes de lesa humanidad, para seguir negociando condiciones electorales justas, levantamiento de sanciones y liberación de presos políticos.

En el caso de EE.UU., las decisiones judiciales y administrativas han variado de acuerdo a conveniencias políticas: desde la liberación de los sobrinos de la pareja presidencial Maduro-Flores, condenados por narcotráfico, y el intercambio de siete ejecutivos de la petrolera Citgo que estaban presos en Caracas, hasta la eliminación de la lista de sancionados de la OFAC (oficina del tesoro) de otro sobrino de la primera dama Cilia Flores, que fue acusado de lavado de dinero.

Pero en el proceso abierto de la CPI, que está en etapa de revisión preliminar, el asunto se les complica a los militares y funcionarios civiles venezolanos que están acusados de presuntos crímenes de lesa humanidad, crímenes que no prescriben. Después de la conferencia del fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, organizada por el Centro Raoul Wallenberg por los Derechos Humanos y la Universidad de Ottawa, da la impresión de que la determinación de quien deberá eventualmente encabezar la acusación contra los presuntos criminales del chavismo no será un hueso fácil de roer para el régimen de Nicolás Maduro.

Karim Khan no habló directamente del caso de Venezuela, ya que no puede emitir opinión pública sobre un proceso que se está revisando. Sin embargo, el fiscal jefe de la CPI insistió en su conferencia en que el reto más importante que tiene la corte de La Haya es hacer realidad aquella promesa de “nunca jamás” que fue emitida después de los juicios contra los jerarcas nazis en Núremberg por el genocidio contra los judíos, los romas y otros grupos humanos. Sin embargo, esta promesa no se ha cumplido tal como lo testimonian los genocidios en Camboya, Ruanda, los Balcanes, y las más recientes persecuciones y masacres contra los rohinyás en Birmania o los uigures en China.

Lo que está en juego, según Khan, es la credibilidad del sistema de justicia internacional y de los propios cimientos del orden global establecido después de la Segunda Guerra Mundial que ha servido, por ahora (y quién sabe hasta cuándo), para evitar otra gran confrontación que podría tener un desenlace nuclear.

¿Cómo pasar del escepticismo y el cinismo con el que muchos ven las acciones (o la falta de acciones) de la CPI? Khan afirmó que los fiscales de la CPI no son “paracaidistas que pueden hacer operaciones relámpago contra los acusados de crímenes contra la humanidad”, pero sí mostró ejemplos de cómo se debe aplicar la justicia. Lo más importante para el fiscal es ir al terreno, escuchar a los sobrevivientes y a las víctimas, comprender el contexto social, político, cultural y religioso en el que se han cometido los crímenes.

La justicia no es una abstracción, sino una acción que tiene consecuencias prácticas. Él mismo, ante escenarios de conflicto y violaciones de derechos humanos, visitó Venezuela en 2021 y 2022. Sus viajes a Caracas han servido para que el gobierno de Maduro se viera visto obligado a firmar un acuerdo con la CPI, lo que implicó la apertura de una oficina de la corte internacional en el país. Aunque es obvio que el régimen chavista ha buscado lavarse la cara al recibir a Khan, el propio fiscal jefe ha dicho en declaraciones a la prensa: “Uno no puede ser ingenuo, pero uno tampoco puede sospechar innecesariamente, porque entonces no estás siendo imparcial”.

La oficina del fiscal de la CPI tiene que hacer frente a limitaciones de presupuesto, tecnológicas y logísticas. Khan indicó en su conferencia que la CPI genera grandes expectativas con respecto a una gran variedad de casos, pero cuenta con pocos recursos. El fiscal jefe cree, sin embargo, que la clave está en la independencia de la corte y de su oficina. Y cuando se le preguntó sobre quiénes, desde posiciones de poder, cuestionaban su imparcialidad, afirmó: “Nosotros nos ocupamos del suelo, no del techo”. Enfatizó, a su vez, que su foco está en los supervivientes y en las víctimas de crímenes de lesa humanidad. “Ellos no han perdido la esperanza de que se haga justicia”, concluyó.

El fenómeno Payo Cubas, en Paraguay

Esteban Caballero
-
0
El fenómeno Payo Cubas, en Paraguay

“¿Es ridículo defecar en el despacho de un juez?”, le preguntó Paraguayo Cubas, más conocido como Payo Cubas, a su entrevistador Carlos Mateo Balmelli, en un programa de televisión. En efecto, la anécdota es que él, literalmente, se bajó los pantalones y le dejó su presente a un juez. “¿Y cómo te definís?”, le preguntó Carlos a Payo. “Yo no me veo como un político”, respondió, “más me veo como un religioso cívico, lleno de dogmas”. “Vivo en un estado de constante excitación académica”.

Las elecciones latinoamericanas han visto una partida de personajes discordantes, de esos que realmente viven “out of the box”, pero Payo Cubas muy bien podría ocupar un lugar destacado en esa liga. Su cabeza, grande, calva y ovalada, con una mirada intensa, y una sonrisa burlona, habla y aboga por la legalización de la marihuana para acabar con la mafia de la frontera en Pedro Juan Caballero. Su discurrir es incomprensible y sus asociaciones son inverosímiles, aunque punzantes.

Pero Payo también trae consigo una dosis de ira, insultos, amenazas y violencia. Actualmente está detenido por perturbar la paz pública y predicar el odio. Llamó a tomar el Tribunal de Justicia Electoral con acusaciones de fraude, muy probablemente infundadas tras las recientes elecciones. Usualmente amenaza con llevar a “los bandidos” al paredón. Y bandidos hay muchos. Son pocos los miembros de la clase política que escapan a ese calificativo. De hecho, propone la pena de muerte para los que han robado del erario.

Augusto Roa Bastos se refirió a la mansedumbre del pueblo paraguayo. Resiliente y resignado. Un pueblo que parece vivir su destino sin el más mínimo sentido del derecho. Es como si viviese con permiso, en tierra ajena. Las elites hablan, debaten, se pelean, se pronuncian sobre el deber ser, pero los paraguayos tienen que aguantar un transporte público de pésima calidad, un sistema de salud que no resuelve y escuelas públicas en estado precario. Payo parece haber penetrado ese silencio manso y canalizó la ira que subyace. Cuando él grita “al paredón”, un coro de voces anónimas grita “si, carajo”.

Paraguay ya lleva unos largos años de estancamiento. Después de haber descendido de manera significativa entre el 2003 y el 2014, la pobreza se ha mantenido en torno al 25%. El 65% de la fuerza de trabajo está en la informalidad. Los trabajadores por cuenta propia y las empleadas domésticas constituyen una porción importante. Se habla de unas 255.000 mil familias campesinas recluidas en parcelas de tierra cada vez más pequeñas. El Instituto Nacional de Estadísticas habla de una cuarta parte de la población con inseguridad alimentaria moderada o severa. Y la inseguridad es un grave problema para la ciudadanía.

Todo lo mencionado duele. Sin embargo, duele aún más cuando la gente siente que el sistema está amañado. El empleo formal más cotizado en el país es el del sector público. Es ahí donde se encuentra trabajo decente, con ciertos beneficios y con perspectivas de una mínima protección social. La tónica es que ese sector está dominado por el partido-Estado, el Partido Colorado, el que movilizó su voto duro el día de las elecciones y volvió a ganar, por mayoría simple. El que protege a los suyos. Así se los percibe. En cambio, el joven que vive del delivery, el trabajador de la construcción, la empleada doméstica o el campesino, entiende que no tiene futuro. El estancamiento y la pandemia lo ha agotado.

Payo recogió todo esto y lo pudo hacer porque su competidor en la oposición, Efraín Alegre,  no supo convertirse en el interlocutor válido de ese sentimiento de desazón e injusticia. Al final, su discurso de “mafia” o “patria” no logró tocar la fibra de la gente joven y de las clases medias y bajas. El político liberal hizo su mejor esfuerzo, pero terminó siendo considerado parte de “los mismos de siempre”. Al final, Payo salió tercero, pero con un 23% tocándole los talones al candidato de la llamada Concertación.

Lastimosamente, el pueblo iracundo se ha equivocado en su elección. Payo, el “anarquista romántico” que hubiese sido trotskista de haber optado por el socialismo; el histriónico, que admira a Chiang Kai Shek, que dice que la comunicación con el pueblo tiene que ver con la mirada, es un tiro al aire. Seduce, pero no lleva a ningún lado. Lo echaron del Senado por sus improperios y comportamiento. Cuando se le preguntó que por qué no cuidó su posición contestó, “era demasiado aburrido, yo proponía una cosa y era mi voto contra el resto, terminé tomando medio litro de whisky al día”.

Más allá de Payo queda el descontento, lo que expresa el propio Payo, no lo que representa, porque para representar se requiere articular algo más coherente. ¿Cómo ganar la confianza de la gente, en el país de la desconfianza? Años de dictadura, corrupción, desigualdad e impunidad han corroído el capital social del país. La gente no parece estar pidiendo una revolución social, sino el fin de los privilegios. Algo muy básico, casi premoderno.

La sostenibilidad y la vida interior de las personas

Matías Mastrangelo
-
0
La sostenibilidad y la vida interior de las personas

La crisis ambiental que atraviesa el mundo es consecuencia, en gran medida, de comportamientos individualistas que no tienen en cuenta el bienestar de la sociedad en su conjunto. Desde agricultores que utilizan agroquímicos en exceso que contaminan el suelo y el agua, a agentes inmobiliarios que deforestan para especular con el precio de la tierra y pescadores que no respetan las cuotas y zonas de veda, los ejemplos de decisiones que degradan el ambiente sobran.

Si bien cada vez hay más información que evidencia las consecuencias de estos comportamientos, la degradación de la naturaleza persiste y se acelera. ¿Por qué? Una posible respuesta es que no estamos atacando la raíz del problema. Como sociedad seguimos implementando soluciones superficiales en lugar de buscar cambios profundos.

La investigación y gestión de la sostenibilidad han fijado su atención en los procesos ecológicos, los mercados económicos, las estructuras sociales y las dinámicas políticas. Es decir, se han centrado en factores que forman parte de la “realidad externa” de las personas y ha desatendido e ignorado la profunda influencia y capacidad transformadora de la “vida interior” de las personas: sus emociones, valores, creencias e identidades.

Nuestro grado de conexión individual con la naturaleza, tanto física como psicológica, influye fuertemente en la forma en que la sociedad impacta sobre el ambiente. A pesar de ser una tendencia clara, sólo recientemente estamos empezando a evidenciar científicamente la pérdida de conexión con la naturaleza a nivel global y sus consecuencias. Por ejemplo, la desconexión con la naturaleza nos priva de beneficios a la salud y el bienestar general, además de bloquear emociones, actitudes y acciones positivas de cuidado del ambiente.

Algunas prácticas ajenas a los círculos académicos, como las religiones, han prestado mucha mayor atención a la influencia que la “vida interior” de las personas tiene en la sostenibilidad, que las mismas ciencias dedicadas a esta diciplina. El Papa Francisco, por ejemplo, señala en su Encíclica Laudato Si, que “la crisis ecológica es un llamamiento a una profunda conversión interior”. Y de manera similar, en su Ética para el Nuevo Milenio, el Dalai Lama propone que una mayor atención a nuestra vida interior nos conduciría a una mayor felicidad y sentaría las bases para construir una comunidad global más ética y sostenible.

Las dimensiones de la “vida interior” de las personas han sido desatendidas por las ciencias de la sostenibilidad en parte porque los investigadores no pueden abordarlas desde la ciencia tradicional, es decir, como si fueran independientes del objeto de estudio. La investigación y gestión del vínculo entre las emociones, valores, creencias, identidades y las acciones sobre el ambiente requiere observar y monitorear nuestra propia vida interior en forma honesta y comprometida. Sólo así podremos reflexionar sobre el “por qué” de nuestros comportamientos, e identificar “quién” promueve la sostenibilidad y quién no.

Debido a que las ciencias de la sostenibilidad no han tenido en cuenta la profunda relación entre la “vida interior” de las personas y el impacto de sus acciones, muchas de las políticas diseñadas no buscan desplazar los valores que subyacen a los problemas ambientales. Incluso, muchas de estas, los incluyen en sus estrategias. Un ejemplo de esto son los incentivos fiscales para promover productos “verdes” o “sostenibles”, como autos eléctricos. Estas políticas implícitamente apelan a la codicia y el materialismo para cambiar el comportamiento de los consumidores.

Sin embargo, más allá de las carencias de las ciencias dedicadas a estudiar la sostenibilidad, hay signos de cambio en el horizonte que apuntan hacia un abordaje más integral y explícito de la “realidad interna” de las personas en busca de puntos de apalancamiento capaces de impulsar una transición hacia la sostenibilidad profunda y duradera.

Cada vez más investigadores señalan que la transición hacia la sostenibilidad, no sólo requiere conocimiento acerca de cómo funcionan los sistemas socio-ecológicos y cómo deberían ser para ser sostenibles, sino que hace falta más conocimiento acerca de cómo conducir estos sistemas hacia estados más deseables. Por ejemplo, necesitamos entender si las políticas lograrán revertir a tiempo la pérdida de biodiversidad promoviendo cambios en los valores que las personas tienen sobre su relación con la vida silvestre (de dominancia a mutualismo), o si deben intervenir directamente sobre los comportamientos que impactan sobre la naturaleza (por ejemplo, incentivando la restauración de ecosistemas degradados).

Este tipo de conocimiento transformador es el que se comparte y promueve en espacios como el Congreso de Investigación + Innovación en Sostenibilidad (SRI) a desarrollarse en junio en la ciudad de Panamá. Allí se procurará generar un compromiso entre los investigadores y gestores de la sostenibilidad para comprender mejor, no sólo los procesos de transformación, sino la forma en que éstos pueden ser activados.

Si seguimos pensando que los problemas ambientales como la pérdida de biodiversidad y el cambio climático están “fuera” nuestro, perderemos la posibilidad de descubrir y utilizar las poderosas soluciones que tenemos “dentro” nuestro.

La resaca conservadora en Chile

Claudio Fuentes
-
0
La resaca conservadora en Chile

Coautora Aurora Rozas M.

¿Cómo explicar que de una ola progresista se pase abruptamente a una resaca conservadora en Chile? ¿Cómo entender el resultado aplastante de la derecha en la elección de los consejeros del Consejo Constitucional que escribirá la nueva propuesta de Constitución? La obligatoriedad del voto incorporada en el plebiscito de salida es una variable significativa de la que poco se sabía. Entre 2009 y 2021 la voluntariedad del voto se tradujo en que cerca de la mitad de la población no manifestara su voluntad en las urnas, lo que generó una desconexión profunda con el proceso político electoral. En general, se trata de personas desafectadas de las disputas ideológicas que poca esperanza tienen en que la política sea el camino para resolver sus problemas.

Hay que tener en cuenta que en Chile hay un sector votante relativamente leal o “duro” en cada sector del espectro político. La centro-izquierda ha movilizado entre cuatro y seis millones de personas en los últimos ciclos electorales. Casi seis millones apoyaron la idea de establecer una nueva Constitución, sin embargo, menos de cinco millones aprobaron la propuesta constitucional de la Convención que finalmente resultó rechazada. En la elección de este nuevo Consejo Constitucional la centro-izquierda obtuvo poco más de tres millones y medio de votos. 

En la derecha, las cifras han sido algo más oscilantes, Si bien para la elección de convencionales en 2021 la derecha obtuvo poco más de un millón de votos, a fines de ese mismo año el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, volvió a alcanzar el apoyo de más de tres millones y medio de personas.

En el plebiscito de salida del año 2022, donde participó el 86% de la población habilitada para sufragar (13 millones), casi ocho millones se inclinaron por el rechazo y menos de cinco millones lo hizo por el apruebo. Ahora, en esta nueva elección de consejeros constitucionales los números de participación son similares, 85% de los electores ejerció su derecho a voto (12,8 millones), de los cuales 5,5 millones se inclinaron por opciones de derecha, y 3,6 por opciones de centro-izquierda. Llama la atención el aumento significativo del voto nulo y blanco que representó dos de cada diez votos.

Parte de la explicación del resultado del domingo se debe a los cambios en las reglas electorales, las que introdujeron un importante caudal de votantes que no estaba involucrada con la discusión política nacional. Conectar con estos ciudadanos representa un desafío relevante para las fuerzas políticas con intención de construir mayorías sociales.

Pero la incorporación de nuevos electores no explica del todo la presente ola conservadora. ¿Por qué las mayorías se están inclinando por opciones de derecha? ¿Por qué la derecha tradicional pierde terreno frente a un partido nuevo y emergente como el Partido Republicano que nació hace menos de una década de la mano de José Antonio Kast?

Existen dos explicaciones complementarias. Lo primero tiene que ver con una sociedad que está cansada o hastiada de “los mismos de siempre”, lo que se traduce en un voto con un componente destituyente fuerte. El Partido Republicano y el Partido de la Gente son dos fuerzas políticas emergentes que no han tenido responsabilidades de Estado y que en su conjunto aglutinaron a cuatro de cada diez de quienes marcaron una preferencia electoral. Dichos partidos se basan en un relato anti-política tradicional y se presentan como los voceros y defensores de las preocupaciones y urgencias de la gente.

Esto nos lleva a una segunda explicación. El Partido Republicano ha centrado su acción política en temas de alta sensibilidad como el temor a la delincuencia, la crisis migratoria y las preocupaciones económicas. Además, el partido fue asertivo en fijar los marcos de la conversación ya que la campaña no giró en torno al desafío de escribir una nueva Constitución, sino a los problemas de la población que no tienen un componente constitucional directo. Se trata de un discurso que prioriza la seguridad, conservador desde el punto de vista de los valores, y retóricamente anti-establishment.

¿Qué implicancias tendrá este resultado para el país?

El consejo constitucional deberá aprobar las normas constitucionales con tres quintas partes de sus integrantes, es decir, con el apoyo de 31 de los 51 consejeros del Consejo Constitucional. El Partido Republicano obtuvo 23 escaños, por lo que sin ellos no es posible aprobar normas dentro del órgano. Si a ello se suman los 11 asientos de la derecha tradicional, el control de la derecha de dicho Consejo es absoluto. Los consejeros de izquierda sumados al consejero indígena solo logran 17 escaños, lo cual los deja al margen de la definición de la nueva Constitución.

Con esta integración, la derecha podría, perfectamente, escribir una Constitución que responda a sus propios intereses e ideología, sin tener que negociar ni una coma con las fuerzas de centro izquierda. No obstante, existe el precedente de la Convención anterior donde las fuerzas de izquierda dominantes no se incluyeron a la derecha, lo cual tuvo como resultado el contundente rechazo de la ciudadanía.

Ahora vivimos una situación completamente opuesta en la que las derechas tendrán la responsabilidad de someter un texto constitucional que deberá ser aceptado por la mayoría del país. Entre junio y diciembre veremos cómo se desplegará la política partisana para hacer realidad una nueva propuesta de Constitución que será sometida al escrutinio ciudadano.

La interrogante es si optará por un texto estrecho que responda solo a los intereses sectoriales o bien se abrirá a un acuerdo más amplio que incorpore las demandas de los sectores progresistas para asegurar la aprobación del texto el próximo diciembre.

Aurora Rozas. Egresada de derecho de la Universidad de Valparaíso. Ayudante del departamento de Derecho Público y de Introducción y Filosofía del Derecho de la misma casa de estudio. Integrante del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Valparaíso.  

1...144145146...267Página 145 de 267