¿Cómo enfrentar el incremento de la población carcelaria en América Latina?

Aarón Sánchez
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¿Cómo enfrentar el incremento de la población carcelaria en América Latina?

Actualmente, alrededor de 11.5 millones de personas viven privadas de libertad en todo el mundo. Así lo afirma la última edición de la Lista de la población carcelaria mundial  (WPPL, por sus siglas en inglés), que fue publicada por el Instituto de Investigación de Políticas de Justicia y Crímenes (ICPR, por sus siglas en inglés) de 2021. Tan solo en Brasil hay 800.000 presos, casi el 7% de la población carcelaria mundial, y en México hay más de 220.000. El tercer lugar en la región lo ocupa Argentina, con cerca de 110.000 presos, seguido por Colombia, con 98.000, y Perú, con 88.000.

Según el informe, la tendencia viene incrementándose desde el año 2000. La población carcelaria en las Américas, sin contar a Estados Unidos, cuya población carcelaria es por mucho la más grande, ha aumentado un 138% desde 2000 y ha tenido un alza del 77% en Centroamérica, y del 200% en Suramérica. 

De acuerdo con las Naciones Unidas, la tasa mundial es de 143 reclusos por cada 100.000 habitantes. En ese orden, El Salvador y Cuba presentan las tasas más altas de la región con 564 y 510 presos por cada 100 habitantes, respectivamente.

¿Cómo enfrentar el incremento de las tasas de población penitenciaria en América Latina?

Pese a esta realidad, las recomendaciones de los “expertos” siguen siendo las mismas. El bemol de las alternativas propuestas y de las acciones de seguridad y política penitenciaria es la falta de evidencia empírica de sus argumentos. Por ello, se necesita una mayor formación metodológica y “creatividad” para superar la discusión sobre cómo enfrentar los problemas de seguridad y las crisis carcelarias en América Latina, más allá del malestar, debido a la infraestructura penitenciaria, y la recomendación para edificar más cárceles.

Sin estrategia ni planeación, los nuevos centros se llenarán sin excepción. Por otra parte, la idea de la reinserción debe superar sus limitaciones y fracasos para construir una nueva realidad a partir de acciones concretas que trasciendan el discurso.

Algunas medidas podrían ser el incremento del uso de medidas no privativas de libertad en todas las etapas del proceso de justicia penal, a fin de eliminar su nexo con el sistema durante las intervenciones de justicia penal existentes. Como ejemplo de buenas prácticas en este sentido, durante 2022, en México, el programa de Libertades, por causas humanitarias, sumó más de 3.000 liberaciones anticipadas y amnistías a internos por delitos no graves, que no pudieron pagar una defensa y que estaban en condiciones de vulnerabilidad.

Otra medida podría ser la optimización de los presupuestos y costos de infraestructura de las instalaciones penitenciarias. Esto, sin vulnerar los niveles de seguridad y custodia, pero sí priorizando la atención a las condiciones de vida de los presos y tanto la protección como el ejercicio efectivo de los derechos de la población interna, el personal y sus visitantes.

Además, podrían aplicarse estrategias de seguridad que se basen en la transparencia y la institucionalización de normas, protocolos, procedimientos y prácticas, que permitan, a su vez, el cumplimiento de los objetivos y la supervisión, conforme a indicadores de desempeño que puedan ser evaluados y que formen parte de un proceso continuo. También se debería incrementar el personal y desarrollar programas de capacitación para atender y enfrentar las necesidades que garanticen la gobernabilidad y seguridad en los establecimientos penitenciarios, así como el empleo de diferentes intervenciones para la reinserción.

Los proyectos de Cárceles Productivas se encuentran multiplicándose en América Latina como una exitosa alternativa de intervención durante la ejecución penal. Hay casos de éxito en Costa Rica, Colombia, Argentina y México, entre otros. Estos presentan iniciativas que se destacan por la coordinación y “corresponsabilidad” entre el sector privado, organismos no gubernamentales y la administración pública. Finalmente, se deberían incorporar opciones de intervención que se fundamenten en enfoques diferenciados para la atención y protección de los derechos humanos de los presos.

En el prefacio de su obra El futuro de las prisiones (1978), Norval Morris establece una aguda crítica a la crisis de la prisión, pues afirma que en los dos siglos transcurridos ha fracasado en sus propósitos con relación a la rehabilitación, hoy conocida como reinserción. “Las cárceles tienen escasos amigos; el descontento en ellas es cosa generalizada. A menudo son escenarios de brutalidades, violencia y conflictos raciales”.

En este sentido, valdría la pena plantear una moderna reforma penitenciaria que sea alternativa al viejo modelo de la prisión. Un esquema que por fin atienda la expectativa de llevar la legalidad a la prisión, más allá del desgastado concepto de reinserción, el cual garantice un sistema de justicia sobre la base del derecho a la inclusión de las personas que, como consecuencia de décadas de exclusión y desigualdad, han vivido la vulnerabilidad de sus derechos en libertad y que actualmente se vuelven ejércitos de “los otros” presos, manteniendo y manifestando por diferentes vías su rechazo.

Es necesaria una reforma que impulse la protección de los derechos humanos y salvaguarde el principio de dignidad humana de los reclusos en el sistema de justicia de ejecución penal, pero sobre todo fuera de este. Esta aspiración no es solo un deseo, sino una esperanza para las naciones latinoamericanas, que afrontan desafíos y cambios que requieren el trabajo y la cooperación de todos los que intervienen en él. 

De este modo, se anhela, si no el final de la encrucijada, sí la capacidad, fortaleza y, en especial, el ánimo y la esperanza para seguir trabajando en un sistema de justicia que beneficie la convivencia y la construcción de la paz.

Petro, Biden y la transición energética latinoamericana

Leonardo Stanley
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Petro, Biden y la transición energética latinoamericana

En su reciente visita a Estados Unidos, Gustavo Petro coincidió con Joe Biden en destacar la urgencia del problema climático. En la declaración conjunta, ambos líderes se comprometieron a trabajar en pos de la interconexión eléctrica de las Américas, lo cual fomentaría un mercado regional para las energías limpias y reduciría la dependencia de los combustibles fósiles.

Para Petro, la cumbre fue un espaldarazo a su ambiciosa política de transición energética. Colombia es el primer país petrolero en plantear la prohibición a nuevos proyectos de prospección petrolera. Según un informe del Ministerio de Minas y Energía, Colombia cuenta con 381 acuerdos vigentes, de los cuales 118 están en etapa de exploración, lo que garantiza la autosuficiencia energética hasta 2042. Las autoridades también se han comprometido a dejar atrás la minería de carbón, que es de gran relevancia en ciertas regiones del país.

La actividad minera y petrolera supone el 8% del producto bruto interno de Colombia. Por ello, la transición es un gran desafío macroeconómico. Pero, más temprano que tarde, estos activos quedarán varados, lo que implicaría fuertes costos económicos por la pérdida de empleo y la caída en el nivel de actividad, con su consiguiente costo fiscal, si no también financiero. Todo ello obliga a quien gobierna a planificar la transición, no demorar el proceso y ejercer un papel activo en la transformación.

Colombia está intentando emplear una nueva política que escape a la tan mentada división entre izquierdas y derechas. En América Latina, ni los Gobiernos de tinte neoliberal, como el de Guillermo Lasso en Ecuador, ni los de orientación neodesarrollista como el de Alberto Fernández en Argentina, han logrado superar el esquema extractivista que caracteriza a la región. Tampoco han sabido redirigir fondos hacia la transición, por lo que los capitales siguen financiando proyectos de exploración y explotación petrolera.

Por otro lado, países como Uruguay, Costa Rica, Chile y Colombia avanzan hacia un nuevo modelo energético. En este contexto, es fundamental que la idea de Petro resulte exitosa y, en consecuencia, el papel que podría desempeñar el Gobierno estadounidense en dicho proceso.

La transición también es beneficiosa en lo social. De acuerdo con el último informe económico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), de aquí a finales de la década, la transición puede crear uno de cada diez empleos. Avanzar con la transición implica, asimismo, recrear un nuevo modelo de industrialización, ir hacia cadenas de valor electrointensivas y atraer inversiones que prioricen la innovación verde.

Tanto Petro como Biden destacaron la necesidad de avanzar con la transición. A fin de ayudar, EE. UU. debería rever su política hacia Latinoamérica y seducirla, no con palabras, sino con fondos y brindando tanto asistencia como cooperación en materia tecnológica. Ricos en minerales estratégicos, los países de la región, por su parte, deben adecuar la legislación en materia de inversión extranjera, dejando atrás la mirada cuantitativa, reintroducir cláusulas de transferencia tecnológica y alentar la conformación de joint-ventures.

El temor al humor de los mercados no puede llevarnos a relegar soberanía en materia energética, ni a mantener la cuenta de capital indiscriminadamente abierta a la llegada de fondos para que terminen alimentando una burbuja financiera verde. Al contrario, se debería instaurar un banco de desarrollo verde.

El contexto global ha cambiado. La geopolítica ocupa un lugar preponderante en las decisiones políticas tanto como de las empresas. El futuro es profundamente incierto, lo cual implica reconsiderar el papel del Estado y entender que este debe liderar el proceso de transición energética. Sin embargo, la urgencia climática impone una mayor cooperación entre naciones y una nueva actitud de EE. UU. con respecto a la región.

Algo similar sucedió con la llegada de Franklin D. Roosevelt en 1933, quien en su discurso de asunción planteó una nueva aproximación a Latinoamérica. Así, comenzó a percibirse el surgimiento de una nueva perspectiva en materia de política económica, por lo que se dejó atrás la visión liberal que impregnaba la mirada de las misiones monetarias del Sistema de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) que llegaban a la región. Se fue introduciendo una nueva aproximación al desarrollo.

Hace pocos días, Larry Summers, uno de los economistas más escuchados por el establishment político de Washington, se preguntaba (en un mensaje de Twitter) por el creciente desinterés de los políticos latinoamericanos por EE. UU. En un diálogo reciente, un grupo le planteó: “Mira, me gustan más tus valores que los de China. Pero la verdad es que cuando nos relacionamos con los chinos, nos dan un aeropuerto. Y, cuando nos comprometemos con ustedes, obtenemos una lección”. 

Así como sucedió en el pasado, sería bueno que la administración Biden avance hacia una especie de “green new deal neighbor policy”, y que los “spin doctors” transformen sus recetas en paquetes de financiamiento verde. La región necesita ir hacia un modelo de producción limpio y olvidar la explotación petrolera. Con su conocimiento, tecnología y fuentes de financiamiento, EE. UU. puede ayudar a la región.

No obstante, ello no debería conllevar nuevos condicionamientos a los Gobiernos de la región, ni tampoco imponer prohibiciones sobre otras alianzas, si estas permiten avanzar hacia un mundo más justo, sin petróleo. Las prohibiciones y los bloqueos deberían imponerse sobre los flujos de capital que llegan a la región para financiar nuevas exploraciones petroleras y para que los incentivos se alineen con la transición verde.

América Latina y la política exterior feminista

Bruna Soares de Aguiar
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América Latina y la política exterior feminista

En 2014, Suecia fue el primer país en anunciar una política exterior feminista (PEF). Sin embargo, en octubre de 2022, la coalición de derechas ganó las elecciones en el país nórdico, y desde entonces, lo que había sido el espejo de varios planes de acción feminista, dejó de figurar en el selecto grupo de acciones exteriores de carácter notablemente feminista. 

Nueve años después de la innovación de asumir un paradigma feminista en las relaciones internacionales, solo México (en lo que respecta a América Latina) se ha embarcado en el intento de cambiar, al menos en la nomenclatura, los caminos que pretende seguir en el sistema internacional. México, un país en el que 7 de cada 10 niñas menores de 15 años fueron víctimas de violencia de género en 2022, anunció que integraría la perspectiva feminista en sus articulaciones con el exterior, aunque esto genere muchas controversias. Sin embargo, los países europeos que también han declarado la adopción de una PEF no presentan una trayectoria coherente con las perspectivas feministas, como es el caso de Francia, Alemania y, en América del Norte, Canadá.

En este sentido, el principal desafío de la política exterior feminista en este momento es desprenderse de la idea de que es sinónimo de políticas de igualdad de género y, sobre todo, dejar de ser una aparente estrategia discursiva de los Gobiernos. Así, lo que hay que cuestionarse es si, de hecho, en los últimos nueve años, algún país ha ejecutado una política exterior feminista más allá de la adjetivación.

«El peligro de una historia única»

Como bien ha señalado la escritora feminista Chimamanda Ngozi Adichie, estamos acostumbrados a escuchar una sola versión de los hechos y asumirlos como verdades incontrovertibles, sobre todo si las cuentan quienes ejercen el poder. Por eso, cuando un país nórdico que figura en los principales rankings de igualdad de género anunció un manual de política exterior feminista, asumimos este camino no solo como posible y necesario, sino también, en muchos casos, como el único.

En un intento por denominar feministas a sus políticas, los Estados acaban adjetivando las políticas de igualdad de género como feministas. Acaban, en cierta medida, cooptando los feminismos en un proceso de promoción de acciones que son históricas y tradicionales en las relaciones internacionales, y que no cuestionan en absoluto las estructuras de desigualdad entre hombres y mujeres, la distribución desigual del poder y la escasez del debate sobre la diversidad sexual y de género, el racismo y el colonialismo en el sistema internacional.

Aquí no se trata de negar los evidentes efectos positivos del aumento del número de mujeres en los Parlamentos, consulados y embajadas, así como en otros puestos de poder en los Estados y Gobiernos. Sin embargo, es necesario ir más allá.

En Brasil, durante las elecciones de 2022, se habló mucho de la posibilidad de tener finalmente una mujer al frente de Itamaraty. No fue así. La decepción del primer momento dio paso a la esperanza con el anuncio de Maria Laura da Rocha como secretaria general. Recién en 2023 tuvimos la primera mujer en un cargo de liderazgo en nuestro sistema de relaciones exteriores. ¿Cómo dar el paso hacia una PEF? Tal vez, en este caso, sea importante valorar la necesidad de cambios estructurales, pero también (re)contar la historia y las posibilidades del ejercicio de los feminismos como paradigmas de las relaciones exteriores.

El objetivo aquí no es presentar «cómo implementar una PEF en 10 pasos», sino proponer una reflexión sobre los aportes que pueden y deben construirse a partir de la experiencia de Latinoamérica y, en particular, de Brasil.

La historiografía del movimiento feminista internacional es narrada a partir del protagonismo de las luchas en Estados Unidos y Europa, sin embargo, en América Latina las mujeres fueron y son activas en las luchas por ocupar y mantener los espacios públicos en sus territorios. La diferencia radica en, precisamente, la forma en que luchan. Hay que apelar a las reflexiones decoloniales, ya que en la región ha habido y hay un proceso de epistemicidio, es decir, una práctica constante de borrar los aportes que no son producidos en los países centrales o por las élites. De esta forma, lo que solemos entender como suficiente para el empleo de una PEF termina siendo, una vez más, una (re)producción de procesos de igualdad de género constituidos a partir de contextos específicos que, en muchos casos, poco se parecen al nuestro.

La estructura gubernamental de Brasil es el resultado de un largo proceso de colonización y colonialismo interno, en el que hombres blancos experimentados (en el sentido de mayor tiempo vivido) definen los caminos que debemos seguir. Esto no quiere decir que sea diferente en Europa, pero en un momento dado se percibió que una pequeña dosis de derechos sociales podría contribuir al proyecto de poder vigente. Esto no ha ocurrido aquí porque los derechos sociales no favorecen la dominación.

Así que, por mucho que Brasil haya elegido un gobierno que es, hasta cierto punto, progresista, el país sigue estando limitado en las estructuras de la única historia que conocemos y (re)contamos sobre la igualdad de género. Los últimos cuatro años no han sido solo de regresión, sino también de ampliación, ascensión y liberación del conservadurismo colonial brasileño. Esto significa que, incluso para avanzar en políticas de igualdad de género, las estructuras son más duras y resistentes. Imaginar una política exterior feminista a estas alturas puede ser utópico, sobre todo si se piensa partiendo del modo europeo.

La contribución de Brasil, en primer lugar, debería ser el desarrollo de una PEF que realmente revise la estructura de su pasado y presente colonial. ¿Cómo abordar una política feminista en un Ministerio de Relaciones Exteriores predominantemente blanco, masculino y heterosexual? ¿Cómo integrar a las mujeres en posiciones de liderazgo en consulados y embajadas, cuando la visión de la sociedad, en muchos casos, es el resultado del propio proceso de construcción de la élite brasileña importada de Europa?

Cuando en un debate presidencial, el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que no elegiría a sus ministros por raza y género, sino por capacidad, reveló lo que necesitamos revisar antes de aplicar una PEF en Brasil: nuestras raíces. Hasta que no asumamos, o seamos capaces de asumir, que no se trata de capacidad, sino de representatividad, inclusión y diversidad, las estructuras no serán cuestionadas, y será muy difícil tener una política exterior feminista más allá de los discursos.

¿Por qué Rusia apoya a Venezuela?

Roberto García Alonso
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¿Por qué Rusia apoya a Venezuela?

Coautor Ulf Thoene

Rusia ha sido un aliado crucial de Venezuela a lo largo de su compleja crisis, con la que ha establecido sólidas relaciones políticas, económicas y culturales. En numerosas ocasiones, Rusia ha manifestado su respaldo a Venezuela, consolidándose como su aliado más firme y poderoso, aunque ya existían estrechos vínculos entre Vladimir Putin y Hugo Chávez antes de que la crisis venezolana se desencadenara bajo el gobierno de Nicolás Maduro.

¿Qué motiva el apoyo de Rusia a Venezuela?

La presencia rusa en Latinoamérica no se limita a un solo país. A pesar de que la política exterior rusa prestó escasa atención a América Latina durante la década de 1990, desde 2003 su presencia se ha intensificado, especialmente en Cuba, Nicaragua y, sobre todo, Venezuela, que se ha convertido en su aliado más importante en la región.

Por un lado, las explicaciones estructurales, predominantes, destacan las consideraciones geopolíticas, el equilibrio de poder y las condiciones militares como factores clave en la política exterior rusa. Por otro lado, los enfoques constructivistas subrayan el papel crucial de las ideas y creencias en la narrativa de la política exterior del presidente ruso Putin. De acuerdo con estas perspectivas, la política exterior rusa se ve afectada y debilitada por las relaciones con un Occidente hostil, particularmente Estados Unidos y los estados miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que buscan limitar y controlar los intereses rusos en el extranjero.

No obstante, ambos enfoques presentan dificultades y resultan insuficientes al analizar una política exterior rusa hacia América Latina que es multifacética. A pesar de sus valiosas aportaciones, estos estudios tienden a enfocarse en aspectos o dimensiones específicas de una de las siguientes áreas: diplomática, informativa, militar o económica. Un estudio reciente indica que la política exterior de un estado se caracteriza principalmente por dos elementos centrales. Estas políticas se diseñan para alcanzar un conjunto de objetivos, pero debido a las limitaciones de recursos, el abanico de opciones de actuación internacional dependerá de los recursos disponibles y los beneficios esperados. Bajo esta perspectiva, cualquier alianza implica costos.

Es cierto que los estados más poderosos cuentan con más recursos y capacidades para generar cambios deseados en el status quo, y que intentarán ejercer su influencia sobre los estados más débiles. Sin embargo, las alianzas asimétricas- entre estados débiles y fuertes- pueden brindar a los más pequeños un soporte vital y a los más fuertes ayudarles a obtener apoyo político o de otro tipo.

Rusia ha brindado apoyo diplomático a Venezuela en varios foros internacionales, bloqueando en múltiples ocasiones iniciativas multilaterales dirigidas a sancionarle o imponerle embargos. Además, Rusia ha expresado gran preocupación por la interferencia externa en los asuntos internos de Venezuela, lanzando advertencias ante la posibilidad de usar la fuerza en detrimento de la integridad territorial y la independencia política venezolana. A cambio de este claro respaldo, Rusia obtiene beneficios tangibles.

A pesar de que los gobiernos de Rusia y Venezuela comparten un interés en desafiar y debilitar el poder de Estados Unidos, este vínculo ideológico se alinea con intereses geoestratégicos concretos. De hecho, las dos áreas principales de la política exterior rusa en Venezuela son la energía y la venta de armas, que recientemente se han visto fortalecidas y ampliadas por los aspectos mediáticos y culturales de la política exterior.

Las compañías petroleras rusas participan en importantes proyectos de exploración de petróleo y recursos minerales en Venezuela, incluyendo las valiosas tierras raras. Este país sudamericano se ha convertido en uno de los principales compradores de armas y sistemas de armamento rusos. Además, Venezuela ha brindado temprano apoyo oficial a las acciones de Rusia en Ucrania y se ha posicionado en contra de la respuesta defensiva de la OTAN.

Por otro lado, las significativas asignaciones presupuestarias destinadas a la financiación militar en Venezuela han contribuido a mantener los privilegios de su élite militar. Al mismo tiempo, Rusia ha desempeñado un papel crucial como proveedor de bienes esenciales para cubrir las necesidades básicas del pueblo venezolano.

La inversión y los préstamos de Rusia han sido fundamentales para mantener a Nicolas Maduro en el poder y lo siguen siendo de cara a las elecciones presidenciales de 2024. No obstante, la abultada deuda venezolana con Rusia, el incumplimiento en sus pagos, la inestabilidad y el deterioro de la situación política, son factores negativos para el statu quo y podrían afectar la asignación de recursos. A pesar de esto, por ahora, una ligera mejora en las relaciones con Estados Unidos y la guerra en Ucrania parecen haber aliviado la tensión en el gobierno de Nicolas Maduro.

Una versión más extendida de este análisis puede consultarse aqui

Ulf Thoene  ( @UlfThoene) es Profesor Asociado en la Universidad de La Sabana, Colombia. Doctor en Derecho y Sociología de la Universidad de Warwick, Reino Unido.

Evo, Arce y el costo de la renovación

Fabiola Chambi
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Evo, Arce y el costo de la renovación

Cuando en 2020 Luis Arce fue elegido presidente de Bolivia, lo hizo respaldado por una sólida base social con más del 55 % de los votos, pero bajo la venia del expresidente y líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales. Las voces opositoras y críticas anticiparon que el nuevo gobernante sería una simple extensión de su predecesor y los más moderados pusieron en duda que tuviera una agenda propia. Aunque en un principio la influencia fue evidente, desde mediados de 2022 las discordias fueron aflorando y no tardaron en convertirse en enormes grietas, a pesar de los intentos iniciales de negar la ruptura. Hoy el partido gobernante está dividido en dos facciones. El ala “arcista” o renovadora del presidente y el ala “evista” o radical del exmandatario.

La carrera electoral hacia 2025

Morales, a quien sus seguidores llaman líder indiscutible del MAS, ya cargaba con un desgaste de liderazgo tras su fracasado intento por mantenerse en el poder. Desde el exilio en Argentina, la apuesta de Morales por Arce, quien fue su ministro de Economía (desde 2006 hasta 2017 y, posteriormente, en 2019), iba más allá de elegir a un sucesor. Necesitaba bloquear a quien consideraba una amenaza real, el actual vicepresidente David Choquehuanca, que se había distanciado mucho antes.

La idea de apelar a otro representante indígena fue vista por algunos seguidores del MAS como una renovación necesaria y un indicio de que el partido trascendía a su líder histórico. Y, si bien la popularidad de Evo como líder sindical y su historia con los movimientos sociales aún le permiten aferrarse a sus ambiciones, la realidad es que no gobierna y tampoco influye en quien gobierna.

Sus vehementes pedidos para incidir en la toma de decisiones del Gobierno no son atendidos. Tampoco su círculo cercano tiene cabida en la gestión del presidente Arce. La renovación, primero como concepto y ahora en acciones tangibles, ha derribado el pedestal de Morales, quien está convencido de ser la única opción para salvar al país de la «derecha oportunista y golpista», aunque ello signifique ahondar la división de su partido.

Desde las trincheras

Evo se ha mantenido vigente en la agenda pública a través de redes sociales, medios de comunicación o directamente a través de su programa radial de los domingos, El líder de los humildes, que se emite por Radio Kawsachun Coca del Chapare, en la región central del país, donde tiene el mayor apoyo. Esta estrategia es una práctica característica de los líderes populistas. Como afirma la periodista y escritora argentina Adriana Amado, en su libro Política pop. De líderes populistas a telepresidentes, “el líder pop necesita una prensa que lo venere o lo critique, pero que jamás lo ignore, y que hable más de su imagen que de sus hechos”.

Desde allí y fiel a su estilo, el líder del MAS arremete sin reparos contra la gestión de Arce, y el escenario para sus críticas no podría ser más propicio. Narcotráfico, seguridad ciudadana, educación o economía, por todos los frentes las presiones crecen.

Sin embargo, ni arcistas ni evistas se limitan mucho en sus ataques y las incriminaciones han alcanzado a los hijos de Arce y de Morales. Y aunque el Gobierno intenta minimizar la situación, la disputa interna del partido tiene más espacio e interés que la propia gestión. Incluso, en el Parlamento, seguidores de Morales dificultan la aprobación de normativas para no favorecer a la facción de Arce.

La arremetida de Morales ha sido tal que ha acusado al Gobierno de estar involucrado directamente en actividades del narcotráfico y ha denunciado actos de espionaje. En este marco, ha planteado la necesidad de organizar ronderos, al estilo peruano, como mecanismo de autodefensa de sectores indígenas y campesinos, para controlar la presencia de extranjeros en el trópico del departamento de Cochabamba.

Arce es más cauteloso y su estrategia mediática es casi opuesta a la de Morales. El presidente evita la confrontación y se aferra al silencio, mientras que su entorno cercano ha asumido la defensa, sobre todo de los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo, y de Justicia, Iván Lima, ambas fuertemente cuestionadas por Morales, quien ha pedido (de manera directa) un cambio.

La estrategia defensiva de Arce se aferra al “exitoso” manejo económico, aunque la situación actual no es alentadora. La escasez de dólares y la sobredemanda de la divisa, el déficit comercial energético, la caída de bonos soberanos, los informes de las calificadoras de riesgo y la incertidumbre de la población ponen al mandatario en el ojo de la tormenta.

Ante este complejo contexto, el presidente ha volcado su atención a las organizaciones sociales para garantizar su apoyo y desde comienzos de 2023 se reúne semanalmente con organizaciones que desde hace poco lo han declarado, como respuesta, «líder único y presidente del Bicentenario del Estado Plurinacional de Bolivia».

¿Suicidio político?

Este distanciamiento, que se ha transformado en una pelea sin tregua, ha sido visto por parte del exvicepresidente Álvaro García Linera como un «suicido político». Estas declaraciones han generado sorpresa, ya que este ha sido un acérrimo defensor de Morales. Sin embargo, García Linera se ha mostrado crítico y cuestiona las consecuencias de esta división para el MAS.

El costo de la renovación le está pasando factura a Morales, ya que se ha puesto en juego el denominado «proceso de cambio», bandera de su política partidista desde 2006, cuando asumió por primera vez el gobierno. Pero ambos siguen inclinándose hacia la división, lo cual despierta ciertas preguntas: ¿cuál es el futuro del partido oficialista?, ¿cuál será el costo político para el país?

En medio de las disputas y ante una débil oposición que no está aprovechando el momento, es difícil predecir cómo se reconfigurará el escenario electoral boliviano con respecto a las elecciones generales de 2025.

La política del litio y el papel del Estado en Chile

Sebastián Carrasco
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La política del litio y el papel del Estado en Chile

Coautor Felipe Irarrázaval 

El 20 de abril, el presidente Gabriel Boric anunció, en cadena nacional, la nueva política del litio que —en sus palabras— guiará a Chile hacia un nuevo modelo de desarrollo. La estrategia aspirará a la creación de una empresa nacional del litio que participe en todo el proceso productivo; la colaboración con empresas privadas; el desarrollo de tecnologías e investigación para minimizar repercusiones sobre los ecosistemas y crear formas más eficientes de explotación del recurso; el fomento de la participación ciudadana con comunidades; y la elaboración de productos complejos con base en el litio.

De este modo, la nueva estrategia nacional del litio busca aprovechar la demanda global de manera estratégica, pero respetando a las comunidades locales y el medio ambiente. Buena parte de los planteamientos se solapan con la Política del Litio y Gobernanza de Salares, de la Comisión Nacional del Litio del segundo gobierno de Bachelet (2014-2018), salvo la creación de la empresa nacional y el control estatal sobre las concesiones. En ese sentido, la nueva estrategia retoma esa línea, aunque profundizando en algunos aspectos, sobre todo con relación al papel del Estado.

La historia del litio en Chile ha sido de claroscuros. El Estado, dueño de las pertenencias mineras y, en algún momento, socio estratégico de las empresas, fue dando pasos al costado desde la década de los noventa con la venta de sus acciones, en primer lugar, y el establecimiento de escasos mecanismos de control e información sobre la explotación del mineral en Atacama, en segundo lugar.

Durante años, el Estado desempeñó un papel pasivo en el juego económico. La política de Bachelet en su segundo mandato (2014-2018) estableció lineamientos para dar un nuevo impulso al Estado, imponiendo nuevas reglas para las empresas, y mediante la negociación de contratos. Ello mejoró la posición del Estado frente al sector privado y logró un aumento importante en la recaudación de rentas.

No obstante, donde no se pudo avanzar de forma contundente fue en la industrialización y los distintos instrumentos de política pública que apuntaban en esta dirección, debido a la disputa entre distintos sectores (locales, nacionales e internacionales) con intereses en el llamado “oro blanco”.

En esta situación de disputa, el anuncio del gobierno de Boric fue criticado. Numerosas voces, particularmente de la oposición, han criticado la estrategia por considerarla “estatista”. Incluso, han señalado que esta estrategia nacionaliza el recurso, a pesar de que siempre ha sido de propiedad estatal y no es concesionable desde 1979.

Sin duda, la estrategia procura impulsar el papel del Estado y el control corporativo en la renegociación con las concesiones existentes. Por un lado, esto le traerá al Estado mayores rentas al participar en las utilidades derivadas de los proyectos. Y, por otro lado, posibilitará que participe en las decisiones de los proyectos, los cuales han tenido un controvertido historial de disputas en materia tributaria y ambiental.

Más allá del cuestionamiento ideológico sobre el papel del Estado, las críticas también instan a apurar el tranco en términos de explotación y exportación del litio, aprovechando las “ventajas comparativas” que tiene el país, dada la cantidad y calidad del litio en los salares y la demanda existente. Para eso, diferentes actores sugieren que no se debe perder tiempo en construir capacidades estatales, ya que desincentivaría la inversión y crearía instituciones ineficientes para hacer frente a la alta demanda global del mineral. En cambio, plantean que se debe priorizar el rol de los privados con capacidades instaladas, que podrían aumentar rápidamente las cuotas de explotación.

Si bien este argumento es discutible, cabe recordar que buena parte del rezago de Chile se debe a decisiones erráticas que tuvo la actual oposición cuando fue gobierno. Por ejemplo, a pesar de que durante el primer gobierno de Sebastián Piñera se tenían antecedentes que instaban a construir una política sobre el litio, solamente se optó por licitar un nuevo contrato de operación, el cual fue revocado rápidamente, pero en medio de irregularidades escandalosas.

Posteriormente, durante el segundo gobierno de Piñera no se avanzó con los puntos definidos en la política del segundo gobierno de Bachelet y todo lo que se trató de licitar y adjudicar, como el Instituto de Tecnologías Limpias y los nuevos contratos con las empresas, tuvo (nuevamente) deficiencias procedimentales reconocidas por tribunales, lo cual generó conflictos entre los distintos actores vinculados.

Por lo tanto, durante los mandatos de Piñera no solo no intentaron construir capacidades para un sector que evidentemente se perfilaba como estratégico, sino que también mostraron serias deficiencias en cuanto a la autonomía para tomar decisiones respecto a grupos de interés.  En ese contexto, las voces que tratan de moldear la política por la premura de la demanda y acusan lentitud del Gobierno deberían tener autocrítica.

A diferencia de lo que muchos miembros del país plantean actualmente, los avances que se han logrado en cuanto a la agregación de valor (como el reciente acuerdo con BYD para la elaboración de cátodos) y los beneficios económicos (como las celebradas rentas del presente año) para Chile, se han realizado con una intervención decidida del Estado.

Pero esta intervención ha sido y será resistida. Cabe recordar que SQM, la principal empresa que explota litio en el país, durante años también fue una de las principales empresas que financiaba de manera irregular las campañas políticas. Por su parte, Albemarle tuvo distintos conflictos con el Estado por la ejecución de una cláusula del contrato para vender litio a precio preferencial, con el que se pretendía avanzar en I+D. Estas son solo algunas viñetas de lo que ha sido la dinámica de los sectores vinculados al litio.

Por lo tanto, las empresas privadas, que están volcadas al aumento de la explotación y a la acumulación de capital, por sí mismas no van a producir cambios relevantes en el modelo de producción actual del litio. El anuncio del presidente Boric, si bien aún es general, pone sobre la mesa una discusión necesaria respecto al modelo de desarrollo que necesita Chile no solo en términos económicos, sino también en relación con el papel del Estado, sus capacidades y las consideraciones socioambientales en lo económico.

Después de todo, el Estado no necesariamente tiene un peor desempeño económico que las empresas, pero sí cualquier transformación significativa del modelo de desarrollo imperante requiere un Estado con capacidades fuertes para llevarlas a cabo.

Felipe Irarrázaval es Investigador Postdoctoral y Profesor Adjunto del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la PUC e Investigador Adjunto COES. Es Geógrafo, Magíster en Ciencia Política y PhD en Geografía Humana.

El militarismo presidencial en América Latina

Fernando Barrientos
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El militarismo presidencial en América Latina

¿Por qué presidentes democráticamente electos, una vez en el poder, se apoyan en los militares para gobernar? A diferencia de lo que sucedía en el siglo XX, cuando en varios países de América Latina los militares tomaban el poder e instauraban dictaduras de diverso signo político- muchas veces apoyadas por Estados Unidos-, en el siglo XXI los militares han regresado a la escena política de la mano de presidentes democráticamente electos. En las últimas dos décadas se ha visto una militarización de diversos sectores de la administración pública en países como Bolivia, Brasil, México, Nicaragua, El Salvador y Venezuela.

Si bien constitucionalmente los militares se encargan de la seguridad del Estado, históricamente en Latinoamérica también han llevado a cabo labores sociales e intervienen ante desastres naturales. Una de las características de los procesos de democratización en la región fue establecer claramente sus funciones y alejarlos de la política. Esto, sin embargo, se ha cumplido parcialmente o directamente no se ha cumplido, sobre todo, en temas relacionados con la seguridad pública y la lucha contra el tráfico de drogas.

Pero en la actualidad, preocupa la expansión de la presencia de militares, impulsada por presidentes democráticamente electos, en tareas ajenas a sus funciones y capacidades institucionales. Esto ha provocado una mayor opacidad en la toma de decisiones de los Gobiernos, un aumento de las violaciones a los derechos humanos y una lenta politización de las nuevas generaciones de militares.

Una caracterización del militarismo

Este “militarismo presidencial” se caracteriza por sustituir a civiles por militares en el control de tareas estratégicas de la administración pública, para lo cual no tienen necesidad de mediar ni consultar formalmente a otros poderes. Además, estos regímenes favorecen a las Fuerzas Armadas con mayores presupuestos y reformas a su estructura para ampliar y fortalecer su presencia.

En estos regímenes hay, también, una instrumentalización política de las capacidades técnicas de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública en detrimento de las policías civiles. Y una última característica es que se va ampliando paulatinamente la presencia militar en la toma de decisiones de Estado que esencialmente sólo son de naturaleza civil como el control de la migración e incluso la educación y el manejo de sectores económicos estratégicos.

Los gobiernos de Evo Morales en Bolivia, Jair Bolsonaro en Brasil y López Obrador en México son tres ejemplos donde los militares han tenido un rol determinante en la implementación de políticas públicas. En México se les asignó la construcción de un aeropuerto, un tren y una refinería, el control de la Guardia Nacional y la operación de las aduanas entre otras tareas.

En Bolivia las Fuerzas Armadas se convirtieron en una pieza clave del proyecto del presidente Evo Morales desde su llegada al poder y sus funciones se ampliaron cuando se promulgó la Constitución de 2009 y se les asignó la tarea de “participar en el desarrollo integral del país”. Si bien nunca se alejaron de la política boliviana, su presencia fue clave para mantener el orden interno, no sin graves consecuencias, durante la crisis que derivó en el exilio momentáneo de Evo Morales.

El caso de Brasil es sui generis. En el periodo de Jair Bolsonaro, a los militares se les otorgó el control de ocho de los 22 ministerios y, si bien la mayoría eran personas retiradas de las fuerzas armadas, su incorporación fue parte de una estrategia de campaña para reforzar su discurso antipolítico ante la falta de un partido fuerte que lo apoyara. Muy diferente es el rol de las Fuerzas Armadas en El Salvador, donde los militares son la columna vertebral de la política de seguridad del presidente Nayib Bukele, y en Venezuela desde la llegada de Hugo Chávez y con Nicolás Maduro.

Los cambios de índole populista prometidos por estos “presidentes militaristas” se ven limitados por dos condiciones. En primer lugar, los déficits institucionales de los Estados enlentece los procesos de implementación de las políticas. Y, en segundo lugar, las democracias requieren que la implementación de políticas públicas se someta a procesos de evaluación y sigan procedimientos previamente establecidos que son vigilados por entes ajenos a los poderes ejecutivos.

A pesar de estas limitaciones, los militares responden constitucionalmente al mando del presidente y cuentan con recursos humanos y económicos que se pueden movilizar rápidamente.

Efectos y perspectivas

Las consecuencias de la expansión de la presencia militar en tareas civiles son graves para las sociedades ya que pone en riesgo las ya de por sí débiles democracias de la región. En Bolivia, por ejemplo, no se entendería la relativa “calma” posterior a la salida de Morales del poder sin la tutela de los militares sobre los actores políticos y en Nicaragua y Venezuela su presencia es necesaria para el sostenimiento de los regímenes.

En países como Brasil y México, las consecuencias de la presencia de las Fuerzas Armadas en ámbitos civiles son aún inciertas. La nueva presidencia de Lula implicó su pérdida de influencia en las grandes decisiones del país. Mientras que, en México, es cada vez más claro que los militares tienen un rol importante en sostener la llamada “Cuarta transformación” y empiezan a mostrar una preocupante postura con respecto a instituciones como el Congreso y el Poder Judicial.

Las Fuerzas Armadas son instituciones que pueden prescindir de los controles democráticos. No se sujetan a la justicia civil, no están obligados a rendir cuentas a los congresos y pueden ocultar información bajo la lógica de la “seguridad nacional”. Teniendo en cuenta la relativa autonomía de dicha institución, hay que prestar especial atención a estos procesos de militarización de los ámbitos civiles ya que puede llegar a condicionar el buen desarrollo de los procesos democráticos.

El Banco Mundial debe centrarse en la transición energética

Pedro Morazán
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El Banco Mundial debe centrarse en la transición energética

El Banco Mundial es uno de los cuatro pilares fundamentales del Orden Liberal Internacional surgido bajo la hegemonía de los Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial. Los otros tres son el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial de Comercio (WTO) y el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB). Este último surgido como consecuencia de la crisis financiera internacional de 2008, en el marco del Grupo de las 20 economías más fuertes del mundo (G20).

Desde sus inicios, Estados Unidos ha aportado el mayor capital al Banco Mundial y tienen por ello, la voz cantante, con una proporción desmesurada de votos en el directorio de dicha institución. Esto significa que, como es común en tales casos, es el Gobierno estadounidense quien propone a la persona que habrá de dirigir el organismo multilateral. En el caso del FMI, el acuerdo de las principales potencias económicas agrupadas en el G7, era reservar a Francia el derecho escoger al director de dicha institución. Esto cambió en 2019 con la elección Kristalina Georgieva, quien se convirtió en la primera persona proveniente de una economía emergente (Bulgaria) en dirigir el FMI desde su creación en 1944.

Las cuotas de poder siempre han dependido de las cuotas de capital. Esto tuvo sentido tras la Segunda Guerra Mundial. Pero la situación ha cambiado y actualmente China cuestiona, junto con otras economías emergentes, las estructuras de poder vigentes en las instituciones de Bretton Woods. Dichos cuestionamientos ya han provocado cambios que reflejan de mejor manera la nueva correlación de fuerzas en la economía global.

El Banco Mundial ya no es el actor más relevante en la dinámica de financiamiento global. Lejos están los tiempos en los que las instituciones gemelas levantaban el bastón de mando para dirigir la sinfonía de la globalización con los programas de ajuste estructural de las economías en los países de menores ingresos. Todo lo contrario, en los últimos veinte años el Banco Mundial ha tenido el combate a la pobreza como mandato central, mientras que el FMI ha asumido las tareas promover la estabilidad macroeconómica y financiera mundial con el objetivo de garantizar el crecimiento económico y no a estrangularlo, como en el pasado.

En este marco, el candidato propuesto por Joe Biden para asumir la presidencia del Banco Mundial, a partir de junio de 2023, es Ajay Banga. Banga nació en 1959 en el seno de una familia sij, en Khadki, una pequeña ciudad al suroeste de India. Es economista del St. Stephen’s College de la Universidad de Delhi y tiene un máster del Instituto Indio de Administración de Ahmedabad. Con Ajay Banga como nuevo presidente, el énfasis del Banco ya no será solamente el combate a la pobreza, los vientos vienen acompañados ahora de una brisa más sostenible.

Banga quiere combatir el cambio climático sin descuidar el combate a la pobreza. Esas son buenas noticias. Una mejor partitura, especialmente si lo comparamos con la desastrosa política de su predecesor David Malpass, quien compartía el negacionismo climático de su padrino Donald Trump, entre muchos otros disturbios ideológicos.

Banga es, evidentemente, ciudadano estadounidense. Sin embargo, su origen indio lo acerca mucho a los dilemas del Sur Global. Quizá por ello, su candidatura obtuvo el apoyo casi inmediato de India, Kenia, Ghana y Bangladesh. Y por su decidida iniciativa de hacer mucho más contra el cambio climático recibió igualmente la aceptación de Francia y Alemania en la reunión de los funcionarios financieros del Grupo de los 20, en marzo del 2023.

Desde la perspectiva de los países de menores ingresos, el objetivo es que el nuevo director logre que el Banco Mundial pueda servir como un catalizador que vincule la acción entre los gobiernos, el sector privado, los bancos multilaterales de desarrollo y la sociedad civil. No es tarea fácil, definitivamente.

Menos deudas, más financiamiento climático

Los llamados a reformar el Banco Mundial, otorgándole una mayor presencia en el financiamiento climático, no han hecho más que multiplicarse. Muchos países de ingresos bajos y medianos se están endeudando cada vez más y enfrentando costos crecientes a medida que aumentan las consecuencias del cambio climático. El reciente informe del G20, instando al Banco Mundial y a otros bancos multilaterales de desarrollo a relajar sus restricciones crediticias para que fluya más dinero a los países que lo necesitan, no es más que una muestra de ello.

Una comisión, dirigida por los economistas Nicholas Stern, Amar Bhattacharya y Vera Songwe, pidió que se impulse la inversión de forma rápida y sostenida y que se priorice la transición hacia una energía más limpia. El informe concluyó que la inversión anual de estos países en acción climática debe aumentar de inmediato y alcanzar $ 1 billón para 2025 y $ 2,4 billones para 2030. Según los autores del estudio, las inversiones anuales en acción climática del Banco Mundial y los demás bancos multilaterales de desarrollo deberán triplicarse a $ 180 mil millones para 2025.

Tanto Estados Unidos como sus socios europeos y Japón están abiertos a una reforma del Banco Mundial para adecuarlo a los nuevos tiempos. Sin embargo, la propuesta formulada por el Banco Mundial hace unos meses parece insuficiente para hacer frente a los retos que enfrenta la humanidad y el planeta.

Ya no es posible ignorar las exigencias de muchos países del Sur Global para que se alivien las deudas. Pero hasta ahora ha habido poco movimiento hacia la creación de un marco global para la reestructuración de la deuda y los procedimientos de manejo de insolvencia soberana. Los retrasos actuales son el resultado de la negativa de China a aceptar el mismo corte de deuda («haircut») que otros acreedores.

Sin embargo, hay un mínimo consenso internacional en torno a las exigencias. Una de las más importantes se refiere a que el Banco Mundial debería proporcionar más dinero para la protección del clima. Dicha exigencia adquirió mayor relevancia en la COP27 en Egipto donde se solicitó que el Banco Mundial se posicione con más fuerza para abordar los “desafíos globales”.

Para ello, es necesario renovar el modelo vigente de financiación y habrá que formular condiciones crediticias más favorables, entre otras medidas, que fomenten las inversiones en bienes públicos.

Elecciones en Paraguay: setenta años de hegemonía del Partido Colorado

Christopher Mendonça
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Elecciones en Paraguay: setenta años de hegemonía del Partido Colorado

Destacados analistas políticos sostenían que las elecciones de Paraguay en 2023 serían muy reñidas. Las encuestas de varios institutos de sondeo ponían en duda si el Partido Colorado se mantendría en el poder por otros cinco años, manteniendo una hegemonía de siete décadas, o si dejaría una ventana de oportunidad para otro grupo político. Con casi todos los votos escrutados por la autoridad electoral del país, el resultado final está definido: con una holgada victoria de más de 15 puntos porcentuales, el representante del Partido Colorado, Santiago Peña, será el gobernante de todos los paraguayos por un nuevo período presidencial.

Peña derrotó a un grupo muy heterogéneo (la Concertación Nacional), cuyo candidato era el exdiputado Efraín Alegre. Al conquistar el derecho a ocupar el Palacio López (sede de la Presidencia del país), el conservador, exministro de Economía, sella la gran capacidad de victorias nacionales de su partido. 

Uno de los principales exponentes del Partido Colorado fue el dictador Alfredo Stroessner, que gobernó Paraguay durante casi 35 años, lo que lo convierte en uno de los gobernantes más longevos de América Latina. A partir de 1989, cuando la democracia volvió a la vida cotidiana de Paraguay, el mismo partido ganó todas las elecciones, con excepción de la victoria del presidente Fernando Lugo, que gobernó el país entre 2008 y 2012, y fue impedido de continuar su mandato por decisión de la Legislatura Nacional.

Aunque el nuevo presidente es considerado un político sin mucha experiencia administrativa, es conocida su fuerte vinculación con el expresidente Horacio Cartes, quien gobernó el país entre 2013 y 2018, y es un nombre polémico, debido a varios escándalos políticos y económicos que empañaron su actuación. 

Ante las críticas de las últimas semanas, que podrían favorecer a sus adversarios, Peña buscó presentarse como un candidato independiente de su principal valedor. Dueño de un discurso muy conservador, el nuevo presidente enfrentará un contexto muy difícil. En los últimos años, la economía paraguaya ha presentado resultados que han generado gran preocupación en las autoridades del país. 

Por otra parte, el dirigente de derecha Payo Cubas (Cruzada Nacional) fue el candidato que superó todas las expectativas. Presentándose como un representante antisistema, fue, en algunas circunstancias, comparado con Donald Trump y el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Con el 23% de los votos válidos, el candidato dio la voz de alarma de que la derecha no está asfixiada en América Latina y de que hay posibilidades de que este impulse la polarización política en el país en los próximos años.

Además, hay dos puntos muy relevantes en la política exterior de Paraguay que serán claves para el nuevo presidente. El primero se refiere a la reconfiguración del tratado, que fue firmado en 1973 entre Brasil y Paraguay sobre la Central de Itaipú. Peña tendrá que negociar nuevos términos del acuerdo con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que fue uno de los primeros en felicitar al candidato electo por su victoria.

El segundo punto es que Paraguay es el único país de Suramérica que legitima las demandas de Taiwán, lo que lo ubica en contra de la dominación de China en la isla. Con Peña, esta decisión debería mantenerse, pero dificultaría potencialmente los flujos comerciales de China con los paraguayos y otros socios comerciales.

Paraguay es signatario del Tratado Constitutivo del Mercosur (el Tratado de Asunción) y negocia colectivamente una serie de acuerdos comerciales extrabloque con Brasil, Uruguay y Argentina. Aunque Peña no es un crítico de la asociación que dura más de 30 años, las proyecciones del bloque pueden variar dependiendo de los lineamientos que establezca el nuevo gobierno.

Argentina baila al borde del abismo

Santiago Leiras
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Argentina baila al borde del abismo

Entendemos como antipolítica todo relato ideológico y herramienta interpretativa articulada que apunta a argumentar, por una parte, la prescindibilidad de estructuras como los partidos políticos y el Parlamento y, por otra parte, la centralidad de la racionalidad técnica en detrimento de la racionalidad política tanto desde el punto de vista simbólico como desde las prácticas de gestión pública.

El surgimiento de la figura de Javier Milei en la Argentina, como expresión de un fenómeno de rechazo de la política tradicional, no es cosa nueva en el país. Si en el año 2001 la protesta contra el sistema político tuvo expresión a través de la introducción de objetos como rodajas de jamón o boletas con la figura de populares personajes como el de Clemente (“un muñeco sin manos no va a robar”, era la frase más escuchada en 2001), el equivalente en 2023 parece ser Milei, el candidato por la agrupación La Libertad Avanza. La diferencia es que el dirigente libertario aparece hoy como una opción competitiva con respecto a los comicios presidenciales de octubre.

¿Qué explica el ascenso de Javier Milei?

El ascenso del dirigente de La Libertad Avanza podría explicarse por tres factores fundamentales. El primero está relacionado con el contexto regional; el segundo, con la crisis de mediana edad que atraviesa la democracia argentina y, el tercero, con el carácter frecuentemente sorpresivo que ha caracterizado a la política argentina desde 1983.

Con respecto al primer factor, la región ha sido un verdadero campo de prueba para el surgimiento de líderes antipolíticos con diferentes niveles de éxito electoral. Desde los que llegaron al poder como Donald Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil, Nayib Bukele en El Salvador o Pedro Castillo en Perú, hasta candidatos muy competitivos que quedaron fuera por escasa diferencia en la segunda vuelta como Rodolfo Hernández en Colombia o José Antonio Kast en Chile.

En relación con el segundo factor, el largo ciclo de 40 años de democracia nos enfrenta a un muy modesto balance en materia de satisfacción de las expectativas sociales. Este ha sido un proceso de escasos logros (una democracia resiliente y un crecimiento de la agenda en materia de derechos civiles de diferente generación) y muchas frustraciones en relación con el incumplimiento de múltiples demandas. No se han cumplido las esperanzas que despertaba aquel lema tan presente en la campaña de Raúl Alfonsín de 1983: “Con la democracia se come, se cura y se educa”.

El resultado, tras estas cuatro décadas, es un Estado con fuertes limitaciones a la hora de proveer toda clase de bienes públicos esenciales como la salud, la seguridad pública, la educación o la justicia tanto en el ámbito nacional como en el subnacional y municipal. A pesar de esto, el discurso oficial intenta destacar la idea de un Estado presente, lo cual demuestra un claro desfase entre el relato oficial y la realidad cotidiana de los ciudadanos.

El tercer factor que explica el ascenso de Milei es la amplia experiencia que tiene el país en cuanto al surgimiento de actores políticos, no detectados por el radar de la política tradicional, que rápidamente lograron convertirse en referentes políticos nacionales.

A principios de la transición democrática, a partir de la debacle de Malvinas en 1982, Raúl Alfonsín era un desconocido líder de la Unión Cívica Radical y, apenas un año más tarde, se convirtió en el nuevo presidente de los argentinos. Luego, en 1988, un dirigente periférico del Partido Justicialista, Carlos Menem, derrotó al “candidato natural” de la agrupación, Antonio Cafiero, y empezó su ascendente camino hacia la Presidencia entre 1989 y 1999. Lo mismo podríamos decir de Néstor Kirchner, Mauricio Macri o Alberto Fernández como ejemplo de la rica tradición de “tapados” de la política argentina. Las excepciones han sido Fernando de la Rúa y Cristina Fernández.

¿Quién será el próximo tapado? ¿Argentina está ante el futuro Lionel Scaloni de la política nacional o frente a una nueva frustración colectiva?

¿Se viene el lobo?

Argentina se encuentra frente a un dilema de difícil resolución. Por un lado, el de una clase política que, incapaz de resolver los múltiples problemas de la agenda pública, termina formando parte o, al menos, es percibida como parte del problema. Por otro lado, el de una política amateur de solución rápida y eslogan fácil que, conectando con la ira y el desencanto de buena parte de la población, se convierte en un problema potencialmente mayor.

El 5 de marzo pasado se cumplieron diez años de la muerte de Hugo Chávez. Esto debe servirnos para recordar lo que sucede cuando la política baila al borde del abismo. En Argentina, el líder disruptivo puede estar a la vuelta de la esquina.

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