El verdadero objetivo del acuerdo sobre la migración a través del Darién

En 2021, unos 133.000 solicitantes de asilo atravesaron el peligroso Paso del Darién para llegar a Estados Unidos. En 2022, la cifra casi se duplicó y para este año se prevé que se supere los 400.000. Sin embargo, el número de solicitantes de asilo no es lo que debe alarmarnos sino el peligro que estos desesperados migrantes de Venezuela, Haití, Ecuador, Cuba, Senegal, Ghana, Somalia, Guinea, Congo y muchos otros países deben soportar para llegar a Estados Unidos.

El Tapón del Darién es una zona de unos 100km de largo y 50 de ancho entre Colombia y Panamá cubierta de densa selva tropical, montañas escarpadas, vastos pantanos y ríos que con demasiada frecuencia arrastran a los emigrantes a la muerte. Además, la ruta está plagada de contrabandistas, miembros de las ex FARC y otros delincuentes que roban, violan, asesinan, secuestran y venden migrantes vulnerables a redes de tráfico de personas.

En respuesta a esta creciente calamidad humanitaria, el 11 de abril de 2023, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicó una declaración trilateral de los ministros de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, Panamá y Colombia anunciando un plan para «abordar la grave situación humanitaria en el Darién». El plan de 60 días pretende poner fin al movimiento ilícito de personas y mercancías a través del Darién, abrir nuevas vías legales y flexibles para los migrantes y refugiados y lanzar un plan para reducir la pobreza, mejorar los servicios públicos, crear empleo y promover oportunidades económicas y sostenibles en las comunidades fronterizas del norte de Colombia y el sur de Panamá.

El anuncio fue recibido con críticas. «Al Otro Lado», una organización que ayuda a migrantes en Estados Unidos y México, criticó la aparente falta de viabilidad del plan.  La organización Haitian Bridge Alliance tachó el plan de «aterrador» porque probablemente requerirá la militarización de la frontera colombiana y, por tanto, aumentará los peligros de la travesía. Y es que el plan perpetua la opresión a través de una mayor externalización de la política fronteriza y de inmigración de Estados Unidos.

Este es el último ejemplo de la externalización de la política de inmigración de Estados Unidos y la ampliación de su frontera para impedir que las personas lleguen a territorio estadounidense, donde pueden solicitar asilo legalmente.  Por ejemplo, en 2014 se implementó el Plan Frontera Sur para que México pudiera detener a los migrantes centroamericanos antes de llegar a la frontera sur de Estados Unidos. 

Además, durante la administración Trump se negociaron acuerdos con Guatemala, El Salvador y Honduras para que aceptaran a los solicitantes de asilo en ruta hacia el norte. Estados Unidos también empezó a exigir a los solicitantes de asilo procedentes de Centroamérica que pidieran refugio en uno de estos países o en México antes de hacerlo en Estados Unidos.

El Gobierno de Trump también implementó los Protocolos de Protección de Migrantes que exigen a los aspirantes a solicitar asilo en México esperar a que sus solicitudes sean adjudicadas y activó el Título 42, una política de salud pública, para permitir que la patrulla fronteriza expulse a los migrantes sin documentos sin procesarlos.  

La tendencia continúa con la Administración Biden. En octubre de 2022 el gobierno anunció un plan por el que se concedían 24.000 visados humanitarios a migrantes venezolanos y, al mismo tiempo, se inhabilitaba a los venezolanos para solicitar asilo si no entraban en Estados Unidos por un punto de entrada autorizado. Por otra parte, con la finalización del Título 42, que ha supuesto una presión adicional para que la Administración controle quién llega a la frontera (volviendo a las leyes anteriores que permiten a cualquier persona solicitar asilo en cualquier lugar en suelo estadounidense), la Administración Biden está tratando, una vez más, de evitar que la gente llegue a los EE.UU.

En conclusión, estas políticas crean, reflejan y perpetúan la opresión global que es cuando las políticas y prácticas de diferentes Estados se compaginan para frenar procesos como la migración. En primer lugar, el plan para detener la migración a través del Darién no es aleatorio ni accidental, forma parte de una red más amplia de políticas y prácticas destinadas a impedir que los solicitantes de asilo lleguen a Estados Unidos.

En segundo lugar, el plan pone a los migrantes venezolanos en un doble aprieto, por el mero hecho de ser venezolanos y pobres ya que, si bien la Administración está permitiendo que algunos venezolanos entren por los aeropuertos, esta no es una opción para los de bajos recursos. 

En tercer lugar, es probable que el plan aumente los peligros a los que se enfrentan los solicitantes de asilo, ya sea porque tienen que soportar la selva sin asistencia humanitaria, porque tienen que pagar a contrabandistas para que los lleven por rutas que eluden a los funcionarios o porque se encontrarán con militares que les impedirán entrar en el Darién. Como dijo el politólogo Joseph Carens, «las fronteras tienen guardias y los guardias tienen armas». En estas circunstancias, los solicitantes de asilo se enfrentan de forma sistemática a una violencia potencial desde más frentes que antes.

Por último, preocupa que Colombia y Panamá promuevan los intereses de Estados Unidos por encima de los propios. El hecho de que el electorado estadounidense sea actualmente más xenófobo hacia los migrantes latinoamericanos que hacia otros como los ucranianos, no implica que los países latinoamericanos tengan que colaborar con Estados Unidos en impedir su llegada a la frontera sur. 

Estas naciones podrían (y durante la mayor parte de la historia lo han hecho) simplemente dejar pasar a estos migrantes por sus países y ofrecerles protección. Pero el hecho de que hayan optado por no hacerlo, refleja una relación dominante arraigada en una larga historia de intervención estadounidense en la región.

Este plan no busca proteger a los migrantes de un viaje increíblemente peligroso. Así que sigamos pensando en mejores formas de ayudar a estos migrantes a construir futuros sin repetir patrones opresivos del pasado.

La muerte cruzada de la política en Ecuador

El presidente de Ecuador firmó el miércoles 17 de mayo en la mañana el decreto de disolución de la Asamblea Nacional y con ello aplicó por primera vez en el país el artículo 148 de la Constitución que fue aprobada en 2008. Este instrumento, conocido como “muerte cruzada”, está creado para desbloquear conflictos institucionales entre las funciones del Estado, en particular entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. La idea de los constituyentes al redactar la Constitución fue la de blindar al presidente y evitar su posible destitución arbitraria en manos de mayorías legislativas inapelables.  

El mecanismo de muerte cruzada es una potestad del presidente de la república frente a una situación de “grave crisis política”. La caracterización de esta situación queda a juicio del presidente, y no requiere la calificación de ningún otro órgano de gobierno. Es un rasgo del hiperpresidencialismo ecuatoriano, que, sin embargo, aplica principios de una democracia parlamentaria al forzar nuevas elecciones cuando el conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo obstaculiza la acción de gobierno.

La aplicación de la muerte cruzada cierra un ciclo de conflicto político entre el Ejecutivo y el Legislativo y abre otro con la renovación de las autoridades en ambas funciones del Estado. La Constitución señala que el Consejo Nacional Electoral deberá convocar inmediatamente a elecciones de presidente y de asambleístas para que completen el tiempo que resta del periodo. De acuerdo con los plazos que corren entre la convocatoria, la elección y la designación de las nuevas autoridades, se prevé un periodo no superior a seis meses, en los cuales el actual presidente gobernará sin un órgano legislativo y podrá aprobar, por decreto, leyes de urgencia económica, pero con la previa calificación de la Corte Constitucional.

Se viene entonces un periodo en el que el Gobierno puede hacer su trabajo sin trabas o cortapisas que le pueda poner la Asamblea Nacional. Durante estos meses, el partido de gobierno y su coalición tienen la posibilidad de reconfigurar sus líneas de acción y fortalecerse con respecto a las elecciones, en las que se prevé que el actual presidente busque la ratificación de su mandato.

Las consecuencias de esta coyuntura para las otras fuerzas políticas son diferenciadas. Lo que para unos es una oportunidad, para otros es una grave afectación. Es el caso del tradicional partido de la derecha, el Partido Social Cristiano, aliado del correísmo en el enjuiciamiento al presidente, que se veía en una situación de fortalecimiento si este era destituido. El ascenso del vicepresidente a la nueva magistratura le podría haber significado el acercamiento a un gobierno posiblemente más cercano a su tendencia política.

El socialcristianismo ha salido muy mal parado de su alianza con el correísmo. En las últimas elecciones perdió la Alcaldía de Guayaquil, su histórico bastión político, pero su retroceso es notorio en todo el país y ya no es una opción para la Presidencia. Seguramente afrontará una reducción del número de representantes en la próxima Asamblea Nacional.

Los otros partidos del centro izquierda, Pachakutik e Izquierda Democrática, que parecían haber recompuesto sus filas en las últimas elecciones, también son víctimas de su acercamiento al correísmo. Las escisiones de sectores atraídos por la fuerza de la mayoría correísta en la Asamblea desarticularon todas sus proyecciones. Las figuras que estuvieron detrás de su éxito electoral (los candidatos presidenciales Yaku Pérez y Xavier Hervas) ya no militan en sus filas. La directiva de Pachakutik está en disputa y el movimiento sufre el asedio de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), organización histórica de los indígenas, que quiere hacerse con su control total.

No es el caso de la Unión por la Esperanza (UNES), partido del correísmo, que ha liderado la estrategia del impeachment y que sale de esta coyuntura relativamente indemne. Por un lado, sufre el efecto de la destitución de la Asamblea donde había consolidado su dominio absoluto, pero, por otro lado, emerge como la fuerza mejor parada para la próxima elección. La fragmentación de la oposición puede favorecerlo en las elecciones presidenciales y legislativas. Su impugnación de la muerte cruzada ha sido tibia, ya que venía preparando sus fuerzas para unas posibles elecciones.

Si bien la muerte cruzada es un expediente constitucional y legal, su aplicación es inédita en la historia constitucional del país, lo cual genera una fuerte incertidumbre. Nuevamente la institucionalidad se pone a prueba y se ve obligada a demostrar su capacidad de contención.

Tres entidades van a ser fundamentales para la conducción de un proceso político enormemente complejo: el Consejo Electoral y la Corte Constitucional. El Consejo Electoral tiene la tarea de organizar en poco tiempo un proceso electoral transparente y eficaz, pero en un escenario político crispado. Por su parte, la Corte Constitucional, que deberá vigilar las acciones del Ejecutivo para que no rebasen los parámetros establecidos constitucionalmente ante la ausencia, en particular, de un órgano legislativo que fiscalice su desempeño, tendrá que calificar la constitucionalidad de los decretos de emergencia económica a los cuales puede acudir el Ejecutivo y que se vuelven su principal instrumento de gestión y legislación. La operación de poner límites claros sin intervenir como un actor político del proceso podría consolidar a esta institución como la más importante garante de la democracia y de los derechos constitucionales.

Es previsible que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), organismo que debería caracterizarse por su apartidismo y que renovó su composición recientemente, pueda introducir turbulencias en el proceso político. Este está claramente alineado con el correísmo y ha declarado pretender sustituir a la legislatura en su tarea de fiscalización. Es muy probable que el correísmo intentará usar este organismo como pivote para recuperar el poder.

La aplicación de la muerte cruzada en Ecuador va a demostrar si es útil como válvula de escape a las tensiones políticas entre funciones del Estado, más allá de concebirse como puro blindaje del hiperpresidencialismo. Si funciona, los países de la región tendrán una importante lección que aplicar a sus propios diseños institucionales.

La catástrofe demográfica cubana

Según el Censo de Población y Vivienda, en septiembre de 2012 residían en Cuba de manera permanente 11 167 325 habitantes. La cifra oficial más actual nos la brinda el resumen Indicadores Demográficos de Cuba y sus Territorios, 2022, de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI): 11 089 511 habitantes para el 31 de diciembre de 2022.

Desestimaremos esta última cifra, ya que solo resulta de apreciaciones de la citada institución estadística y no de un conteo exhaustivo, como lo es todo censo. Es por demás poco creíble que entre el Censo de 2012 y el final de 2022, con la tasa de mortalidad en crecimiento (de 7,9 por mil en 2012 a 9,8 por mil en 2019) y la de natalidad en caída (de 10,4 en 2016 a 8,9 en 2021), con las facilidades para emigrar que se aprobaron a partir de 2013, y que en los últimos 2 años han llevado solo a los Estados Unidos a medio millón de cubanos, la población del país solo se redujera en poco menos de ochenta mil habitantes.

Sin duda una elección más conveniente de la cifra de población más actualizada habría sido usar la aportada por el Censo que correspondía hacerse en 2022. Más el régimen cubano lo ha pospuesto para el primer cuatrimestre de 2025.

Nos queda usar las cifras del Padrón Electoral para estas últimas elecciones del 26 de marzo pasado. En Cuba el Padrón tiende a poseer una exactitud cercana a la de un censo, porque aquí los votantes son incluidos de oficio, sin necesidad de que el ciudadano lo pida, en los registros electorales de su lugar de residencia. Por demás, la necesidad del régimen de evitar los altos porcentajes de ausentismo a urnas, que son interpretados como actitudes oposicionistas, lo obliga a hacer lo que no hace al calcular la real población residente en el país: descontar a todos los que ya han emigrado sin intención de volver, y que evidentemente son mantenidos como población residente en los informes de la ONEI. Esa necesidad de mostrar altos niveles de participación lleva al gobierno a situar colegios electorales incluso en los hospitales, para que los enfermos ingresados y sus acompañantes puedan votar, o a designar a personas que lleven las boletas a las casas de quienes por una u otra razón no pueden ir por sus pies hasta las urnas.

Para calcular la población total en Cuba a partir del padrón electoral existente el pasado 26 de marzo solo necesitamos saber, además de la cantidad de votantes registrados en él, el número de menores de 16 años, o sea, del sector de personas que por edad no tienen permitido ejercer el voto, y el porcentaje de población en edad de votación que históricamente el sistema electoral cubano no registra.

El 26 de marzo, tras la actualización del Padrón posterior a las elecciones, había 8 129 321 electores registrados en Cuba. Por su parte, según el Anuario Estadístico de Cuba, 2021, para el 31 de diciembre de ese año el número de menores de 16 años era de 1 862 002. Este dato, que es el único al que podemos acceder, además de por su lejanía del 26 de marzo de 2023, es en sí problemático, al ser parte de una distribución de habitantes por edades cuya suma total resulta en el cuestionable valor de 11 113 215. No obstante, al no tener nada mejor a mano lo usaremos, aun a sabiendas de que ese valor de la población menor de 16 años está inflado. Como se verá, intentaremos al final corregir en algo el error que introduce esta cifra.

Para determinar el porcentaje de población que no es registrada en Cuba, usaremos las elecciones legislativas de 3 de febrero de 2013, porque para ese proceso electoral tenemos la cifra de población más creíble de los últimos años, la obtenida por el Censo de Población y Vivienda de septiembre del año anterior (solo median cuatro meses de distancia entre el censo y la elección): 11 167 325 habitantes. A esta cifra le restaremos el número de menores de 16 años, que según el mencionado Censo fue entonces de 2 099 457, lo cual nos deja 9 067 868 habitantes con la edad necesaria para ejercer el voto. Por último, calcularemos qué porcentaje de ese número representa el padrón electoral de las referidas elecciones nacionales, de 8 668 457: 95,59%.

Como de entonces a la fecha no ha existido ningún cambio en el sistema de registro electoral, o en general en la organización de la sociedad cubana, que explicara una variación en ese porcentaje, lo utilizaremos para calcular, a partir del Padrón correspondiente, la población con 16 años o más el pasado 26 de marzo de 2023: 8 504 363 habitantes.

Si a esta cantidad de personas con 16 años o más le adicionamos ahora el número de menores de esa edad que según el Anuario de 2021 residían de manera permanente en Cuba, a pesar de estar evidentemente inflado, tendremos una estimación (al alta) de la población real en Cuba el 26 de marzo de este 2023: 10 366 365 habitantes. Una cifra que corresponde al 93,47% de la supuesta población de la isla para tres meses antes, según la ONEI en su citado Indicadores Demográficos de Cuba y sus Territorios, 2022.

Este último porcentaje nos permite hacer una corrección más: podemos suponer que la población menor de 16 años es igualmente un 93,47% de la registrada para el 31 de diciembre de 2021, y usar esta cifra algo menor en nuestro cálculo: 1 740 413, la cual, sumada al referido 8 504 363, nos da una estimación un poco más precisa de la población de Cuba para el pasado 26 de marzo: 10 244 776 habitantes. Se trata de una disminución de 922 549 habitantes desde el Censo de 2012.

En consecuencia, el decrecimiento poblacional en Cuba en estos trece años ha sido de un -7,62%. Comparable, en el mismo periodo (2012 a 2021), al de países como Lituania (-6,26%) o Letonia (-7,37%), y muy superior al de Japón (-1,53%). Cuba presenta un comportamiento muy parecido al de Puerto Rico (-10,21%), el país con una población mayor a 100 000 habitantes con mayor decrecimiento en el periodo.

La población actual de Cuba, según nuestros cálculos basados en el último Padrón Electoral, es la que las estimaciones de la década pasada planteaban tendría para 2050: 10,2 millones.

El cambio climático ya afecta a la industria agropecuaria

La industria agropecuaria en algunas regiones de América Latina ha venido perdiendo competitividad en los mercados internacionales. Esto obedece, en gran medida, a los efectos que está teniendo el cambio climático en la producción y productividad de los sectores involucrados. Las inundaciones, sequías, las altas o bajas temperaturas o la degradación de los suelos, son algunas de las principales consecuencias que están afectando, sobre todo a Centroamérica y el Caribe.

Los países del Corredor Seco Centroamericano como Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, ya dependen en gran medida de las fuentes de abastecimiento de agua y de la infraestructura hídrica que suelen ser destinados al sector agropecuario. Mientras que el Índice de Riesgo Climático Global (IRC), coloca a Puerto Rico en el primer lugar y a Haití en el tercer lugar entre los países que tuvieron mayor cantidad de desastres naturales a nivel mundial en el año 2021. A esto se suman que las emisiones de gases de efecto invernadero tienen mayor incidencia en la actividad agropecuaria y silvicultura.

En el caso de Panamá, la economía agropecuaria ha venido perdiendo participación en el producto interno bruto desde la década del 70’ y 80’. Según las estadísticas del Banco Mundial, el sector agropecuario ha disminuido considerablemente su participación en el PIB de país, pasando de un 25% en el año 1950 a apenas 2.7% en el 2020. Y si bien esta reducción se debe a una multiplicidad de factores, la disminución de las lluvias y las altas temperaturas han provocado sequías prolongadas, trayendo consigo bajas producciones en las actividades agropecuarias y pesqueras.

Una de las áreas más afectadas debido al impacto de las inclemencias climáticas ha sido la producción pecuaria. El fenómeno del niño, con períodos secos estacionales y prolongados que afecta la calidad de las pasturas y la disponibilidad de los recursos hídricos, han afectado a la producción ganadera de Panamá. Y es que el periodo seco en Panamá se extiende desde mediados de diciembre a abril, pero este año, por ejemplo, la falta de lluvia se ha extendido a mayo y muy probablemente se mantenga hasta junio.

Esto ha afectado los flujos de ingresos y la rentabilidad del sector, ocasionado, a su vez, un aumento de los precios para los consumidores finales, y sobre todo de los productos de la canasta básica familiar.

¿Cómo contrarrestar la incidencia climática en el sector agropecuario?

Ante el impacto del cambio climático en el sector agropecuario, es preciso que se impulsen campañas masivas de concientización en toda la cadena productiva. Se necesita una transformación en la producción de alimentos en la región, a través de nuevas tecnologías y el acompañamiento de políticas agropecuarias coherentes y claras para el sector, que mitiguen o disminuyan las sequías, los gases de efecto invernadero y la tala indiscriminada.

En este marco, instituciones gubernamentales como MIAMBIENTE en Panamá vienen implementando marcos regulatorios y políticas ambientales asertivas, a través de la creación del Plan Nacional de Acción Climática (PNAC). A esto se suma una metodología de visión de país hacia el 2050, que involucra los objetivos del Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El plan busca establecer lineamientos estratégicos para mitigar los daños potenciales al medioambiente y fomentar una agricultura, ganadería y acuicultura sostenible

Los procesos de transformación del sector agropecuario serán debatidos en profundidad en el Congreso de Investigación e Innovación en Sostenibilidad (SRI), que se desarrollará en junio en Panamá. Allí se abordará, desde el análisis científico, el entendimiento y la idoneidad de los suelos en términos de productividad, hasta la docencia y el manejo sostenible del cambio climático para atender las demandas internas e internacionales de los productos y alimentos.

El significado del triunfo del Partido Republicano de Chile

La noticia del domingo 7 de mayo fue el triunfo del Partido Republicano representante de la derecha chilena no tradicional en la elección del Consejo Constitucional. Ni los mejores pronósticos auguraban una victoria tan categórica. La mayoría obtenida por los republicanos, con 22 consejeros electos que consiguieron el 35,4% de los votos de una elección que contó con una participación del 84,9% del padrón, lo posiciona como la fuerza más votada. Se trata de un crecimiento electoral inédito para un partido desde el retorno a la democracia en Chile. ¿Qué explica este triunfo tan rotundo?

En primer lugar, un electorado hastiado y con un sabor amargo tras el proceso constituyente anterior. Los partidos políticos tradicionales, después del triunfo del rechazo, se desgataron aún más por el esfuerzo por mantener el proceso constituyente con vida. Esto impactó principalmente al electorado de Chile Vamos (coalición política de centroderecha a derecha), que, por el resultado que obtuvieron, no había alcanzado ningún consenso, y fue una de las fuerzas políticas más debilitadas. La suma de todos los partidos de Chile Vamos alcanza aproximadamente un 21% de la votación, muy por debajo del Partido Republicano.

Además, el contexto del país contribuyó a crear un escenario favorable a los republicanos. La discusión pública ha estado marcada por la incapacidad del Gobierno de controlar los problemas de seguridad, la violencia e inmigración, tópicos que han sido las banderas de lucha de este partido. Y si a esto se añade la mala situación económica y el incremento del desempleo, es natural que el electorado haya querido dar una señal de castigo al Gobierno. Prueba de ello es que el 37,6% de los votos que suma el pacto oficialista se asemeja al 38% que obtuvo el Apruebo.

Otro asunto no menor es la sintonía discursiva del Partido Republicano con el contexto del país. Su simpleza programática, sin embargo, ha sido certera con los problemas que más preocupan a la opinión pública y ello surtió efecto. Si bien Chile Vamos también buscó posicionarse en estos aspectos, su postura más conciliadora y comprometida con el proceso constituyente le dio una posición más difusa ante una ciudadanía impaciente, lo mismo que le pasó al otro partido de la derecha, Partido de la Gente.

Nuevamente la ciudadanía privilegia a los nuevos rostros y castiga a los partidos tradicionales y a los que carecen de claridad programática. Con este resultado, los partidos políticos que dominaron la política chilena por más de treinta años tras el retorno a la democracia han quedado estupefactos. Sin embargo, algunos adjudican el resultado a la atrofia de los propios partidos políticos y sus limitaciones al ejercer la representación, a cambio de mantener las lógicas personalistas y clientelares.

Por otro lado, hay quienes plantean que este resultado no necesariamente se debe a que el Partido Republicano cuenta con un fuerte arraigo en la sociedad, sino que se trata de un voto castigo dominado por la emoción y la frustración. Según esta idea, la crisis de los partidos continuará y esta elección es un hito más en el proceso de descomposición del sistema político chileno.

Este pesimismo se basa en una perspectiva estructuralista de los partidos políticos. El argumento tiende a subestimar la capacidad regeneradora que el mismo sistema de partido podría ofrecer. De ahí que muchos abrazaron, sin cuestionamientos, el proceso constituyente abierto en 2019 y celebraron una convención muy influenciada por actores sociales e independientes, que le asignaron un significado sanador del sistema político. Esta interpretación subestima la capacidad de regeneración del sistema de partidos.

Hasta ahora los partidos tradicionales parecen ser más bien incapaces de comprender la naturaleza de los problemas de la transmutada sociedad chilena. Pero ¿acaso la propuesta constitucional de la Convención Constituyente, ofrecido por esta nueva izquierda, no fue una propuesta programática que se le hizo a la ciudadanía? El rotundo fracaso del Apruebo en el plebiscito del año pasado deja claro que las ideas contenidas en la Constitución presentada a la ciudadanía no estaban para nada en sintonía con los requerimientos de la sociedad chilena. Sin embargo, es innegable que esa fue una manifestación clara de que los partidos aún son capaces de empujar cambios desde adentro.

Por lo tanto, el resultado de estas elecciones debe ser interpretado como parte del proceso de regeneración del sistema de partidos políticos. El Partido Republicano fue capaz de esbozar una propuesta programática con base en un diagnóstico y la definición de la naturaleza de los problemas que aquejan al país. Se podrá discutir sobre la profundidad y lo acertado de su propuesta programática, pero existe un posicionamiento y una priorización claros sobre los asuntos que hoy preocupan a la ciudadanía. Esta historia aún no se cierra y más adelante veremos si sus ideas logran echar raíces.  

El punto es que la “regeneración” de los partidos políticos chilenos no vendrá de gente externa. Esa receta ya no resultó. El cambio vendrá desde adentro. Acontecimientos como el acuerdo (liderado por los partidos tradicionales) que definió el marco del nuevo proceso constitucional o el surgimiento de partidos como el Partido Republicano, son parte del proceso de metamorfosis y no necesariamente de descomposición de la política del país.

Algunos partidos morirán, otros nacerán y algunos harán perdurable su poder de decisión. Desde este punto de vista, considerando la actual debilidad de los partidos y la falta de arraigo y capacidad movilizadora, la clave está en establecer diagnósticos ajustados a la realidad y articular programas coherentes a la ciudadanía. Solo así podrán crecer las tan anheladas raíces que serán el soporte necesario para la futura proyección de los partidos.

De momento, los partidos de centro derecha y centro izquierda, los más perjudicados de esta jornada, deberán aprender la lección. Pero no hay que minimizar el triunfo de los republicanos y más bien hay que examinar su alcance en este proceso de conversión del sistema político de Chile.

El rechazo al plan B de la reforma electoral mexicana

La noche del 15 de diciembre de 2022 los representantes de Morena y sus aliados votaron de forma apresurada en el Senado de la República un conjunto de reformas reglamentarias en materia electoral que ha sido conocido como el “Plan B”. Se trató de una iniciativa de reforma constitucional que requería una mayoría calificada que no tenía el oficialismo. El atropello fue tal que incluso Ricardo Monreal, el líder de la fracción morenista en el Senado, votó en rechazo al plan y argumentó que “las normas que pudieran aprobarse esta noche pueden alejarse de los principios constitucionales”.

Dado el forzamiento del proceso legislativo, la oposición interpuso acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Luego de casi cinco meses, los ministros de la Corte han desechado esta semana la primera parte del Plan B con nueve votos a favor y dos en contra, y han dado la razón jurídica a la oposición.

De hecho, la Corte ni siquiera discutió el fondo constitucional de las reformas por su notoria improcedencia, ya que el plan establece que los cargos electos en funciones de gobierno pudieran participar libremente en las campañas electorales, lo que es considerado una aberración y está prohibido.

Esto ha causado una andanada de ataques desde la Presidencia de la república, el Congreso de la Unión, el partido Morena y, sorprendentemente, del mismísimo líder del Senado, quien en la línea del presidente Andrés Manuel López Obrador, amenaza a los ministros de la Corte.  “El Poder Legislativo tiene facultades de control parlamentario sobre los ministros de la Corte, lo que sucede es que no las hemos ejercido…”, dijo recientemente.

Esta situación ha generado molestia, y mucha, en el Palacio Nacional y en el morenismo. En sus recientes conferencias mañaneras, se ha podido ver a López Obrador irritado y lanzando, un día sí y otro también, ataques contra los ministros de la Corte y la oposición. Y esta actitud se repite entre secretarios de Estado, gobernadores, senadores, diputados federales y locales, y alcaldes morenistas.

Ante la incapacidad de cambiar la decisión de la Corte (seguramente se completará cuando se revise la segunda parte del Plan B), ya que presenta las mismas fallas de la primera parte, el presidente López Obrador ha lanzado el llamado “Plan C”, que se definiría en las urnas en 2024 cuando estará en juego la Presidencia de la república y el Congreso de la Unión.

El plan busca, entre otras cosas, que los ministros, magistrados y jueces sean elegidos por los votos. Es decir, las campañas políticas ya no serían para escoger partidos, sino también a ministros, magistrados y jueces.

Más allá de esta propuesta a la mexicana, los resultados en los comicios federales de 2021, las consultas ciudadanas y las encuestas de intención de voto no dan para pensar que el tsunami obradorista de 2018 vaya a repetirse en 2024. Primero, porque se debe pasar antes por una nominación del candidato oficialista, sin rupturas, lo que parece improbable. Ya, al menos, Marcelo Ebrard, actual secretario de Relaciones Exteriores, se ha pronunciado para que el método para elegir al candidato o candidata sea transparente. En otros términos, esto significa que se opone a reproducir en filas del morenismo el viejo “dedazo priista” para escoger candidatos.

Por otro lado, la oposición, que se ha movido con cautela, dando juego a todos los que aspiran a la nominación presidencial o a la reintegración de consolación en caso de éxito electoral, juega con el calendario electoral.

Sus líderes saben que la alianza Va por México (integrada por los partidos PAN, PRI y PRD) en 2021 solo perdió dos millones de los votos obtenidos en 2018, mientras que los partidos de la alianza Juntos Hacemos Historia perdieron ocho millones de sufragios. Otro dato relevante es que, a las consultas ciudadanas para presuntamente juzgar a los expresidentes neoliberales y la revocación de mandato del presidente en funciones, Morena solo logró movilizar siete y dieciocho millones, respectivamente, de un padrón de 95 millones de votantes.

Ante los riesgos de una competencia cerrada, López Obrador se metió en la carrera por la sucesión presidencial y ha reforzado la política clientelar en los programas sociales, las cuotas de votos que seguramente se les asignarán a gobernadores y alcaldes, e incluso, como sucedió en 2021, podría poner en marcha mecanismos de contención de los operadores electorales de la oposición.

En definitiva, la confrontación del presidente López Obrador con los ministros de la Corte indica el malestar que le causa su independencia, los contrapesos normales de cualquier democracia representativa y una eventual derrota en las urnas.

Lasso disuelve la Asamblea en Ecuador

Guillermo Lasso cumplirá dos años en el Gobierno de Ecuador el 24 de mayo. En este periodo ha sobrevivido a tres intentos de destitución de diverso tipo e intensidad. En junio del año pasado superó un paro nacional de 18 días consecutivos liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) con Leonidas Iza a la cabeza, luego siguió la votación en la Asamblea para promover su salida anticipada y un grupo de opositores recogió firmas para la revocatoria del mandato.

El Presidente ecuatoriano es un sobreviviente de la oposición de izquierda y de derecha. La primera encarnada en la Revolución Ciudadana del exmandatario Rafael Correa y el movimiento indígena Pachakutik que cuenta con diversos líderes, y la segunda, en la derecha del Partido Social Cristiano con su figura histórica, Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil.

En estos dos años de gobierno, Lasso no ha logrado un acuerdo político interpartidario que le permitiese gobernabilidad, más bien ha estado siempre al filo del despeñadero. Esto ha limitado completamente la gestión y ni siquiera ha logrado concretar un pacto social con organizaciones de la ciudadanía.

La decisión del mandatario ecuatoriano para disolver la Asamblea (muerte cruzada), amparada en el artículo 148 de la Constitución de la República y expedida vía Decreto Ejecutivo 741, se produjo en un contexto de crisis simultáneas. Desde la inseguridad generalizada en todo el país, una alta tasa de desempleo, insatisfacción ante los servicios de salud pública, el bloqueo legislativo hasta una limitada capacidad de gestión gubernamental en el área social. Como positivo se destaca el equilibrio de las cuentas macroeconómicas.

Lasso disolvió la Asamblea, antes de ser juzgado políticamente en el proceso por peculado. La Corte Constitucional aprobó la continuidad del juicio bajo esa figura y la Comisión de Fiscalización de la legislatura basó el proceso sin un informe de consenso por parte de sus nueve legisladores. Además, no se evidenciaron pruebas contundentes respecto de este delito. En este marco, la oposición quiso cortarle la cabeza al Presidente con figuras que van desde la incapacidad mental hasta el descrédito popular.

Tras la “muerte cruzada”, de momento no ha habido protestas en las calles de Ecuador. El rechazo a la Asamblea es muy amplio y apenas lograba el 5% de aceptación. Es la legislatura peor evaluada desde la transición a la democracia desde 1979. Y ni siquiera el movimiento indígena ha puesto en marcha sus anunciadas protestas en contra del Gobierno, pues el contexto no les favorece.

Por su parte, el Presidente Guillermo Lasso también cuenta con una aprobación bajísima. Solo el 13% de los ecuatorianos aprueba su gestión, estableciendo también un récord el último año, pues su desgaste ha sido intenso y acelerado.

¿Qué se viene?

La muerte cruzada implica elecciones anticipadas para escoger el binomio presidencial y la Asamblea por el tiempo que resta a las dos funciones del Estado para el periodo 2021-2025. En otras palabras, se vive un ambiente electoral, pues las organizaciones políticas están en búsqueda de los mejores candidatos para el siguiente año y medio. La situación es compleja, las nuevas autoridades locales acaban de asumir sus cargos y la población se ve obligada a volver a las urnas en un escenario marcado por el descrédito por la política y la fatiga cívica.

En el tiempo restante, el Presidente podrá gobernar por decretos, en la medida que la Corte Constitucional los apruebe. Lasso tiene apenas seis meses para demostrar que puede concretar alguna de sus ofertas de campaña como reducir el desempleo, mejorar el sistema de salud y el acceso a la educación y, sobre todo, combatir la inseguridad. Desde el oficialismo, aún no se ha mencionado quien tomaría la posta. Si bien el Presidente puede volver a ser candidato, los números le son adversos.

A futuro queda la interrogante de si la muerte cruzada es un remedio o una nueva enfermedad para el sistema político ecuatoriano. Pues cualquier mandatario sin mayoría legislativa y que sufra el bloqueo político podría aplicarlo antes de cumplir tres de los cuatro años de gobierno.

Por el momento, el mandatario ecuatoriano ha recibido el rechazo de la oposición, el beneplácito del cuerpo diplomático acreditado en el país y el respaldo de las fuerzas del orden. Solo el tiempodirá si Lasso tomó, o no, la mejor decisión.

La vicepresidenta colombiana en África: un avance de la diplomacia del Sur

La vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, culminó su gira diplomática en Sudáfrica, Kenia y Etiopía, por la cual ha sido fuertemente criticada. Si este esfuerzo se consolida, sin embargo, podría convertirse en un golpe maestro de la diplomacia en el Sur Global, con implicaciones para la industria, el comercio, la cultura y el cambio climático en África y América Latina.

Pocos eventos recientes han recibido tanta crítica banal, predecible y farandulera como el periplo diplomático de la vicepresidenta a varios países africanos. Se ha hablado del costo del combustible, de la numerosa comitiva y de la percibida arrogancia de Francia, entre otras cosas. Esto no hace más que evidenciar los estándares dobles a los que sometemos, como sociedad, a la primera vicepresidenta negra del país.

No obstante, no se puede negar el impacto que estas críticas han tenido sobre la opinión pública. Una encuesta de Datexco indica que más de la mitad de los colombianos no está de acuerdo con el viaje – en comparación con 29% que sí lo está – y que más de siete de cada diez encuestados considera que la vicepresidenta debería dar explicaciones con respecto al viaje y sus costos.

Pese a tanta cortina de humo, sale a relucir una inquietud legítima: ¿Por qué deberíamos priorizar el acercamiento diplomático con los países africanos cuando somos económicamente más dependientes de las relaciones con Estados Unidos y la Unión Europea?

La vicepresidenta ha dado algunas explicaciones sobre la búsqueda de este fortalecimiento de las relaciones diplomáticas. “Por muchos años, Colombia ha estado de espaldas al continente africano. […] En lo económico, si uno a un continente que tiene 1.390 millones de habitantes lo desprecia diciendo que no hay qué hacer ahí, yo creo que es una visión muy sesgada”. También se refirió a la larga historia de los conflictos y los esfuerzos de construcción de paz en la región: “[África] es un continente de reconciliación y ahí, en ese punto, tiene mucho que ofrecerle a nuestro país”.

Este esfuerzo hace parte de las funciones delegadas por el presidente Gustavo Petro en el marco del fortalecimiento de las relaciones internacionales con los movimientos afrodescendientes. Hasta ahora, se ha anunciado la firma de numerosos acuerdos de entendimiento en materia de comercio, cultura, e incluso género, este último a través del programa “Ella exporta a África”, que busca impulsar las economías femeninas en el país. Aunque estos ya son avances significativos, de consolidarse esta estrategia podríamos estar presenciando una de las grandes maniobras diplomáticas del siglo desde el Sur Global.

Este acercamiento político, por un lado, podría ser la antesala a una dinámica de coordinación en espacios internacionales de negociación como el G77, una coalición de 134 países en desarrollo que ha sido fundamental para avanzar cualquier agenda política en las Naciones Unidas. América Latina y el Caribe además tienen mucho que aprender de la Unión Africana en materia de integración regional, considerando que esta última ha logrado presentar posiciones unificadas en estos espacios de manera consistente, contrario a las voces dispersas y divergentes que se escuchan desde este lado del Atlántico.

La emergencia de esta coalición birregional podría cimentar el liderazgo actual de Colombia y Brasil en la lucha global contra el cambio climático al movilizar a un bloque tan poderoso como la Unión Africana. Si bien los conflictos interregionales por la distribución del escaso financiamiento climático podrían generar rispideces, el alineamiento de las regiones podría servir para el incremento de las contribuciones por parte del Norte Global.

En este marco, debería priorizarse la exigencia de los recursos para la adaptación al cambio climático y el avance en la creación del Fondo de Pérdidas y Daños, acordado el año pasado en la cumbre de la COP en Egipto. Además, las regiones deben exigir compromisos globales para financiar la protección de las cuencas del Amazonas y del Congo- los dos sumideros de carbono más importantes del mundo- a través de instrumentos de cancelación de deuda, entre otros.

Este esfuerzo diplomático debe entenderse también desde la Política de Reindustrialización, que ha sido quizás el único programa del Gobierno Nacional que ha recibido cierto consenso entre los sectores del país. Esta busca ayudar al país a “transitar de una economía extractivista a una economía del conocimiento, productiva y sostenible”, a través del fortalecimiento del sistema empresarial y comercial, para priorizar sectores que fueron fuertes previo a la apertura neoliberal de los años 90, como la producción agroindustrial y farmacéutica.

Sin embargo, no se trata de una política estrictamente proteccionista. Todo lo contrario, esta depende del fortalecimiento de lazos comerciales con mercados donde estos productos puedan ser competitivos – no en Estados Unidos o Europa, sino en América Latina y en otras economías emergentes -. África sería un excelente candidato, teniendo en cuenta que la Zona de Libre Comercio Continental Africana es la más grande del mundo y que las ventas colombianas a países africanos se incrementaron un 158% en 2022 frente al año anterior.

La gira diplomática de la vicepresidenta promete. No obstante, sectores importantes del país no la estarán esperando de brazos abiertos y el racismo y la desinformación tienen mucho que ver con esto. También es cierto que ha faltado una estrategia integral para comunicar la importancia de esta visita diplomática desde la Vicepresidencia, en articulación con las demás dependencias del Gobierno Nacional. Y aunque parezca un detalle, esto no es poca cosa. Esta estrategia requiere un cambio radical de percepción para que podamos entendernos como un país que puede ir más allá de exportar materia prima y mano de obra barata al Norte Global. Debemos apropiarnos de esa energía creadora y aprender de otras regiones con retos similares.Mientras tanto, la senadora de oposición, María Fernanda Cabal, tuiteó un video de la Vicepresidenta bailando ritmos africanos durante la gira con el siguiente texto: “Esto es ‘vivir sabroso’”. Más allá de la ironía, esta declaración es curiosa: vivir sabroso claro que es sonreír, bailar y estar en contacto con las raíces, con la matriz. De hecho, la herida colonial puede empezar a sanar a partir de esta conversación. Qué hermoso ver a la representante de todos los colombianos reconstruyendo el cordón umbilical entre nuestros pueblos a través del arte, el amor por el territorio, el baile y la sonrisa.

Una gestión integrada de los recursos hídricos para un desarrollo sostenible

Coautora Alexander Esquivel López

Actualmente, se han alcanzado importantes avances en algunos aspectos de la sostenibilidad ambiental: la superficie total de áreas protegidas ha crecido, el consumo de sustancias que dañan la capa de ozono ha disminuido considerablemente y la región ha avanzado en el aumento de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento. En este contexto, la gestión integrada de los recursos hídricos es fundamental para un desarrollo sostenible. Sin embargo, en la actualidad nos enfrentamos a múltiples obstáculos: las crisis financiera, climática, energética y alimentaria pueden desviar a la región del cumplimiento de sus compromisos en materia de sostenibilidad ambiental.

Hasta fines de los años ochenta, el medio ambiente y su relación con el crecimiento económico y la justicia social no ocupaba un lugar destacado en las agendas nacionales ni internacionales. Esta situación empezó a cambiar con el surgimiento del concepto de desarrollo sostenible, que se consolidó en 1987 con la publicación de Nuestro futuro común, también conocido como informe Brundtland.

En el informe Brundtland se define el desarrollo sostenible como “aquel que busca satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”. Si extendemos el concepto, se puede entender como una sociedad sostenible aquella que con el paso de las generaciones no agota su base de recursos ni produce más contaminantes de los que pueda absorber la naturaleza.

Partiendo de esta concepción, hoy en día las sociedades necesitan un enfoque que les ayude a conocer mejor las complejas y dinámicas relaciones que existen entre el ser humano y la naturaleza, para administrar sus recursos de forma sustentable. Dicho lo anterior, se hace necesaria no solo la investigación en temas relacionados con la sostenibilidad, sino también innovar y encontrar soluciones que permitan a nuestra generación y a las venideras vivir en armonía con la naturaleza.

Los impactos del cambio climático

En este contexto, es importante considerar que, debido al cambio climático, las tormentas tropicales y los fenómenos atmosféricos son cada vez más frecuentes en la región, por lo cual, la gestión integrada de los recursos hídricos cobra cada vez mayor importancia. Y es que el recurso hídrico es un elemento primordial para satisfacer el bienestar y el desarrollo social, económico y ambiental.

Al ser el agua un recurso finito, vulnerable y esencial para mantener la vida, los ecosistemas y el desarrollo económico, es indispensable una adecuada gestión pública y política de los recursos hídricos. Esto es necesario para propiciar la compatibilidad entre la satisfacción de los usos económicos y sociales con las funciones ambientales, a fin de alcanzar un uso sustentable.

Históricamente, el agua ha sido, por lo general, considerada por las sociedades como un recurso infinito. Sin embargo, en los últimos años, las deficiencias en la disponibilidad hídrica de algunas regiones, la degradación de la calidad de cuerpos de agua y la inequidad en el acceso al agua potable y al saneamiento han llevado a un incipiente reconocimiento de la necesidad de una mejor conservación y planificación de los recursos hídricos.

Actualmente, existen un sinnúmero de iniciativas en la región que están enfocadas en aumentar la conciencia sobre la crisis mundial del agua y decidir sobre acciones concertadas que movilicen a todos los sectores, personas, organismos y países, con el objetivo de impulsar esfuerzos políticos que se centren en resolver esta problemática.

Un ejemplo es el Grupo Regional de Expertos en Recursos Hídricos en América Latina y el Caribe que tiene como objetivo sumar esfuerzos para la ejecución de iniciativas como el intercambio de información relevante en temas hídricos, de publicaciones y estudios en desarrollo, así como explorar oportunidades de colaboración para apoyar a los países de la región. Todas estas actividades están encaminadas a la aceleración del cumplimiento del Objetivo Desarrollo Sostenible (ODS) 6.

Otra iniciativa destacable es el Congreso de Investigación e Innovación en Sostenibilidad (SRI), que se realizará en junio en Panamá, donde se discutirán proyectos de investigación y estrategias de cogestión para obtener los impactos pertinentes en la conservación de los recursos hídricos. Uno de los objetivo es realzar los proyectos de investigación y estrategias de cogestión que se desarrollan en el Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas (CIHH) de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), donde se aspira a conseguir los efectos necesarios en la conservación de los recursos hídricos en el país.

Allí se debatirán los ejes del Plan de Acción para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos como la institucionalidad y gobernabilidad del agua o la vulnerabilidad y adaptación al cambio climático. Esto permitirá a Panamá hacer una gestión moderna de los recursos hídricos y con ello, conseguir el manejo de estos de manera sostenible mediante la articulación de las necesidades de reformas políticas, legales y de financiamiento, el desarrollo de modelos institucionales y las herramientas de gestión.

Estas son solamente algunas de las iniciativas que demuestran que la región lleva un camino andado. Ya hay avances en la materia, y actualmente se está trabajando en este tipo de políticas en la mayoría de los países.

 Alexander Esquivel López es Doctor en Ciencia y Tecnología de las Radiaciones, Minerales y Materiales, Investigador del CIHH-UTP, miembro de la Asociación Panameña de la Ciencia del Suelo y Afines y del ISTRA.

La cooperación entre América Latina y África desde los pueblos de la diáspora

El 10 de mayo, Francia Márquez, primera vicepresidenta afrodescendiente de Colombia, inició una gira de ocho días a tres países: Sudáfrica, Kenia y Etiopía. Se trata de la mayor visita de alto nivel de Colombia a África en casi tres décadas y busca fortalecer las relaciones con los países del continente en el marco de la Estrategia África 2022-2026. La visita ha sido halagada por el potencial del continente africano, pero también criticada por la oposición. Más allá de ello, la visita de Márquez a África es una oportunidad para reflexionar sobre las relaciones entre América Latina y África. 

Cuba fue el primer país en establecer relaciones diplomáticas con el continente en 1962. Más tarde se sumaron Brasil y Venezuela, y más recientemente México, Argentina, Colombia y Ecuador. Desde 2006, con la organización de la Primera Cumbre América del Sur- África (ASA) en 2006, en Abuja (Nigeria), se han dado pasos significativos en el fortalecimiento de los vínculos entre estos dos actores a nivel político, comercial y tecnológico. Pero más allá de esto existe una conexión con África a partir del intercambio y el conocimiento de los pueblos. 

Por una diplomacia entre los pueblos africanos y los pueblos latinoamericanos

El África negra o subsahariana es la que mayor conexión posee con los pueblos de América Latina. Una macro región con diferentes matices y una conexión estrecha con América Latina, de la que emergieron grandes civilizaciones como la yoruba, la bantú, la dahomeyana, sudanesa y congolesa. Justamente en el África Subsahariana es donde se da el primer lazo que une a África con América a través de la esclavitud que se desarrolló entre el siglo XVI y XIX. 

Por ello, la cooperación entre África y América del Sur debería estar mediada por los intereses de la ideología panafricana, es decir la unidad de los pueblos. Esto, en clave de la sociología de la revolución descolonial, se denomina “La diplomacia de los pueblos”, según lo advirtió Franz Fanon en su célebre obra “Los Condenados de la Tierra”.

La diplomacia de los pueblos es la contradicción natural al modelo estándar de diplomacia entre los Estados. Para el experto en política exterior sobre África, el afrovenezolano Jesús Chucho García: “África, por tener una cantidad enorme de recursos minerales estratégicos, se ha convertido en el continente apetecido de las potencias mundiales, no sólo occidentales sino también de los países emergentes económicamente como los llamados BRICS (Brasil, Rusia, India, China, y Sudáfrica) que vienen aplicando una Diploextracción minera”. Es decir, que los Estados y sus gobiernos tienen centrados sus intereses en lo que el continente les puede brindar. 

El África contemporánea, aunque trata de recomponerse de las secuelas del colonialismo, aún vive procesos de recolonización y son pocos los países africanos que asumen un concepto de soberanía y solidaridad con los pueblos oprimidos del mundo. Por ello, es necesario que la cooperación entre África y América Latina plantee un contexto geopolítico e ideológico distinto, que acerque a los pueblos a sus necesidades, sus solidaridades, sus luchas y proyectos emancipatorios conjuntos. 

Si bien la historia y las raíces culturales son los principales lazos de unión entre América Latina y África, también lo es su diáspora. Los descendientes de los 15 millones de esclavizados que sobrevivieron en América hoy constituyen la diáspora africana de las Américas, que suma aproximadamente 200 millones de personas y que junto con toda la población africana y su diáspora en el resto del mundo supone más de 1500 millones de personas. 

Debido a la importancia de la diáspora, la Unión Africana considera que los afrodescendientes somos la Sexta Región de África, sumada a las otras cinco (África del Norte, África del Sur, África Central, África del Oeste y África del Este).  

El objetivo de la diplomacia de los pueblos y el poder 

Si bien es cierto que la geo afrodescendencia experimenta serios problemas de desigualdad, pobreza, violación a los derechos humanos y exclusión generalizada como una consecuencia de la esclavización, el colonialismo y el racismo estructural, no es menos cierto que la afrodescendencia y la africanía han hecho importantes contribuciones al desarrollo de la humanidad. La cooperación África-América debe hacer un esfuerzo por evidenciar esto. La pobreza no debe ser el único referente colonial de la afrodescendencia. Es importante dejar claro que nuestra civilización ha hecho importantes contribuciones al mundo, desde la ciencia, la tecnología, las artes, la economía, la historia, etc. Resaltar esto es central porque nos lleva a tener un marco teórico lo suficientemente amplio para la justicia reparadora y para realizar aportes sustantivos al desarrollo. 

En la cooperación entre América Latina y África debe proponerse la discusión del poder afrodescendiente y africano. Esto implica analizar cuál es nuestra estrategia de incidencia y participación política para la transformación de la democracia de Occidente. Esto debe conducirnos al poder real de la sociedad, un modelo de poder que nos permita transformar sus gobiernos, sus estructuras económicas y sus ideales sociales, hegemónicos y raciales que nos oprimen, con el objetivo de construir un mundo social más justo y sin racismo.