Brasil: participación social en el «nivel superior”

João Roberto Lopes
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Brasil: participación social en el «nivel superior”

Coautores Ciro Torres, João A. Lins Sucupira, Luiz M. Behnken

La respuesta a la actual polarización de la sociedad brasileña es sólo una: más democracia. La democracia brasileña es quizás, desde el punto de vista institucional, una de las más permeables a la participación social. De manera formal y legal, nuestra Constitución prevé «la participación de la sociedad en los procesos de formulación, seguimiento, control y evaluación» de las políticas sociales. De hecho, prácticamente todas las políticas de nuestro sistema de protección social prevén la participación a través de consejos sectoriales (sanidad, medio ambiente, asistencia, educación, cultura, etc.) formados por representantes de los poderes públicos, el mundo empresarial y la sociedad civil.

Pese a las dificultades para garantizar una participación efectiva a través de dichos consejos, no se puede negar la importancia del control social para las políticas públicas del país. La calidad y la coherencia de políticas como el Sistema Único de Salud (SUS), el Sistema Único de Asistencia Social (SUAS) y el Sistema Nacional de Medio Ambiente (SISNAMA), por citar algunos ejemplos, deben mucho a la participación, ya sea en su formulación o en su gestión.

Toda esta participación, sin embargo, no llega al «nivel superior» del Estado brasileño, o mejor dicho, a los órganos que gestionan las finanzas públicas y las políticas económicas, como el Ministerio de Planificación y Finanzas, así como los bancos públicos. Apoyados en una razón técnica, supuestamente neutral, tales organismos se ponen a salvo del debate público, rigiéndose por un alto grado de homogeneidad de opiniones e intereses de unos pocos (rentistas), que defienden la «austeridad» y el «ajuste fiscal».

Desde la redemocratización del país, vivimos atrapados por un ajuste fiscal interminable, que, a pesar de enfrentar el desequilibrio de las cuentas públicas, sólo lo reproduce y profundiza, sometiendo al pueblo brasileño a un trabajo que ni Sísifo podría soportar. Esto se debe a que el ajuste siempre se ha centrado en los «gastos» sociales, en beneficio de la usura operada por los grandes acreedores de la deuda pública. No por casualidad, la aplicación de buenas políticas, construidas con trabajo y participación social, se topa casi siempre con la «restricción fiscal».

El momento político que vive Brasil, con la elección de un gobierno de coalición, bajo el liderazgo de un partido de centro-izquierda, representa una oportunidad de oro para abrir el debate sobre la agenda económica y fiscal. Esta sería, sin duda, una agenda que permitiría al Gobierno de Lula escapar de la polarización política, sometiendo la agenda económica al control democrático.

Con la desmoralización del «techo de gastos», ya se prevé que el tercer gobierno Lula necesitará instituir una nueva regla fiscal. El nuevo Gobierno se ha comprometido a debatir una reforma fiscal, al menos en lo que respecta al impuesto sobre la renta. Estas agendas deben estar abiertas al debate, a la participación de la sociedad.

El curso de la política económica y fiscal debe estar sujeto al escrutinio público. Algunos pueden objetar que se trata de asuntos muy técnicos y complejos, que difícilmente podrían ser objeto de un debate más amplio en la sociedad. Sin duda, todas las políticas públicas, no sólo las económicas, conllevan siempre un cierto grado de complejidad. Por lo tanto, el argumento del tecnicismo para impedir la participación en los asuntos económicos es falso y engañoso.

Se trata de discutir las orientaciones de las políticas fiscales y económicas del país con la debida transparencia de los datos presupuestarios y monetarios. La propia Ley de Responsabilidad Fiscal proporciona el «incentivo a la participación popular durante los procesos de elaboración y discusión de planes, ley de directrices presupuestarias y presupuestos».

Son bien conocidas las experiencias de «presupuesto participativo» desarrolladas por municipios gobernados por el Partido de los Trabajadores (PT). Estas experiencias representaron un ensayo importante para la implicación de la participación en las finanzas públicas, aunque normalmente limitadas a los municipios.

A nivel federal, es necesario avanzar en las directrices fiscales y económicas que guían la elaboración del propio presupuesto, de lo contrario se corre el riesgo de frustrar las expectativas de las organizaciones y movimientos sociales.

Basta recordar que en los gobiernos anteriores del PT hubo un proceso de gran participación a través de las llamadas conferencias nacionales, destinadas a influir en la formulación de las diferentes políticas sectoriales del gobierno. Este proceso se vio a menudo frustrado por la no aplicación de dichas políticas, debido precisamente a los «límites fiscales».

Lula ha dicho que pretende retomar la agenda de conferencias nacionales. Es hora de pensar en un proceso de este tipo para debatir la agenda fiscal y económica del país con representantes de la sociedad civil. Más allá del formato y la composición de tales conferencias, es importante señalar a la sociedad el fin del blindaje del debate fiscal y económico, monopolizado hoy por las oligarquías financieras hegemónicas y sus portavoces en el mundo académico y los medios de comunicación.

Tenemos que debatir si queremos seguir con una estructura fiscal profundamente regresiva, que penaliza a los más pobres en favor de los más ricos. Si el control fiscal seguirá restringiendo las políticas sociales y las inversiones, sin establecer límites a los gastos financieros. Si seguiremos teniendo los tipos de interés reales más altos del planeta. Si vamos a hacer uso del crédito público para favorecer la desconcentración y diversificación productiva, o continuar por la senda de la desindustrialización, manteniendo al país rehén de las commodities agroextractivistas.

Necesitamos más democracia, proyectar la participación social en el «nivel superior» del Estado. Tal vez sea ésta una de las principales tareas de los sectores progresistas brasileños. Sólo así recuperaremos, de manos de unos pocos, el debate y la definición de los rumbos y objetivos de la nación.

En otros tiempos, la Central Única dos Trabalhadores (CUT) ya había propuesto la participación de representantes de los trabajadores en el Consejo de Política Monetaria (COPOM). También hubo la experiencia de la «Plataforma BNDES», que reunió, de 2007 a 2011, a diferentes organizaciones y movimientos sociales con el objetivo de democratizar la política operativa del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Esta experiencia ayudó a este banco público a adoptar una política socioambiental y de transparencia, aunque frágil.

A quienes temen la «reacción del mercado» ante su propia desmitificación, nos gustaría recordarles que el «rey ya está desnudo» y que, si persistimos en no exponer su desnudez, su desvergüenza no encontrará límites, como demuestra el bolsonarismo. La mejor manera de hacer avanzar la democracia, exorcizando las prácticas autoritarias y neofascistas, será, precisamente, sometiendo las finanzas públicas y la economía al control social. ¡Esta es la hora!

Ciro Torres. Doctor en Ciencias Políticas por la UFF, profesor en la PUC-Rio.

João Antônio Lins Sucupira. Economista de la UNB, fundador del Foro del Presupuesto Popular de Río de Janeiro y profesor de la PUC-Río.

Luiz Mário Behnken. Economista licenciado en Economía por la UFRJ y fundador del Foro de Presupuesto Popular de Río de Janeiro.

La 4T: ¿hecho histórico o hito argumental?

Javier Rosiles
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La 4T: ¿hecho histórico o hito argumental?

La Cuarta Transformación (4T), propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se acerca a un punto culminante. En 2024 se determinará si el proyecto tendrá continuidad o será parado en seco por la oposición. En ese contexto, conviene preguntarse si lo que se destaca de la 4T es su historia o su argumento.

Las palabras “historia” y “argumento” no significan lo mismo. En el libro publicado en noviembre de 2022, Cómo piensan los escritores, Richard Cohen cita al escritor E. M. Forster, quien en sus clases de literatura estableció una célebre distinción entre ambas palabras: “Una historia es: ‘El rey murió y luego murió la reina’. Un argumento es: ‘El rey murió y luego la reina murió de pena”.

Desde una perspectiva literaria, hay una diferencia sustancial: la historia es una mera descripción, un nivel inferior frente al argumento. Este último tiene como atributos la explicación, la causalidad, la justificación.

Existe una paradoja: el presidente de México que más se ha empeñado en comunicar no parece haber dado todavía el salto de la historia al argumento. En sus conferencias matutinas, conocidas como “las mañaneras”, ejerce más el oficio de historiador, que tanto le apasiona, que el de novelista, el cual les imprime profundidad y contenido a sus dichos. Hay una marcada distancia entre la superficialidad y la complejidad.

Es verdad que la superficialidad ayuda a que la mayor parte del público entienda mejor lo que se relata, pero abusar de la sencillez va en detrimento de la exigencia porque necesariamente la primera va acompañada de la ausencia de detalles y matices.

En los menos de dos años que le quedan para abandonar el poder, la tarea del gobierno federal encabezado por López Obrador tendrá que evidenciar que se vive una Cuarta Transformación o que, por lo menos, se están sentando las bases de esta. Resultados concretos más que aspiraciones.

El presidente mexicano acumula ya más de mil conferencias matutinas en las que informa sobre el estado que guarda el país. En la primera que realizó hace ya cuatro años, el 3 de diciembre de 2018, las calificó de “ejercicio de comunicación inédito”.

A partir de entonces, y hasta finales del año pasado, la numeralia era la siguiente: 1.004 conferencias de prensa matutinas ordinarias, de las cuales, 897 se hicieron en el Palacio Nacional y el resto en el interior del país. Habría que agregar las conferencias extraordinarias y las presididas por los secretarios de Gobernación de turno, para sumar un total de 1.026.

Todos los días, de lunes a viernes, del 3 de diciembre de 2018 al 23 de diciembre de 2022 las conferencias se han hecho sin falta. En esos cuatro años, no se ofrecieron solo en 43 días, por motivos diversos, como las festividades de Navidad y Año Nuevo, viajes del presidente a Estados Unidos o la presentación de informes de gobierno.

En diferentes sectores se han cuestionado los mensajes del presidente que han sido emitidos durante dichos ejercicios mediáticos hasta el punto de que algunos medios han afirmado que se pueden contar hasta 94.000 falsedades durante esas más de mil conferencias. Se trata de una cifra muy superior a la del expresidente Donald Trump, a quien se le atribuyen 30.573 mentiras o datos falsos en cuatro años de gobierno.

También pueden señalarse declaraciones desafortunadas. La más reciente, cuando el presidente López Obrador dijo que ayudar a los pobres es parte de su estrategia política: “Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así con sectores de clase media ni con los de arriba, ni con los medios ni con la intelectualidad. No es un asunto personal, es un asunto de estrategia política”.

Lo cierto es que se ha privilegiado la historia y, con ello, el discurso más propio para el acceso que para el ejercicio del poder. Preocupa que, imbuidos en la aridez y fricciones propias de la liza electoral, que prácticamente ya está en marcha rumbo a los comicios presidenciales de 2024, se posponga los argumentos que demuestren la implementación de una transformación de tal talante que sea comparable con la independencia, la reforma y la Revolución mexicana. La 4T solamente como un hecho histórico, no como un hito argumental.

Una historia es: “El presidente ganó la elección en 2018 y luego se habló de una transformación”. Un argumento es: “El presidente ganó la elección en 2018 y luego se habló de una transformación a partir de los cambios sustanciales que trastocaron al régimen político”. La historia está por contarse; los argumentos están a la espera de ser esgrimidos.

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Posbolsonarismo: ¿el tiro por la culata?

Fabián Echegaray
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Posbolsonarismo: ¿el tiro por la culata?

¿Puede haber sido la agresión terrorista de las hordas bolsonaristas contra los pilares del sistema institucional brasileño un regalo inesperado que favorezca la consolidación de la democracia en ese país?

Autoconvocados por las redes sociales, inspirados por cuatro años de prédica antipolítica, y antidemocrática del expresidente Bolsonaro durante su mandato y fogoneados por bloggers e influenciadores digitales cultivando fake news contra jueces, líderes progresistas y el pluralismo político, entre cuatro y seis mil radicalizados se alzaron con palos, piedras y machetes (y seguramente alguna arma escondida) para invadir y destruir la infraestructura del Congreso, el Poder Judicial y una parte del Ejecutivo en Brasilia. 

Este episodio- punto culminante de una serie de manifestaciones crecientemente violentas y anticívicas de los partidarios del ex mandatario- ocurrió el domingo 8 de enero de 2023, una semana después de la asunción de Lula como presidente. Por lo tanto, no tuvo la intención de impedir la transferencia del mando sino que básicamente fue un acto tan puramente expresivo como caótico de repudio contra los poderes y protagonistas institucionales de la democracia brasileña.

Patrocinado por aliados militares y policiales, cómplices del sector agrobusiness, maderero y de la minería ilegal, más algunos otros dirigentes empresariales y sectas evangélicas radicalizadas asociadas al candidato perdedor en las elecciones de 2022, el movimiento subversivo fue creado- inicialmente- con el fin de mantener a Bolsonaro en el centro de la escena pública. 

De esa manera, los extremistas pensaban perpetuar el monopolio representacional de la derecha y extrema derecha, concentrando en el expresidente la oposición al nuevo gobierno del PT. Así, se consolidaría el desequilibrio provocado, casi una década atrás, cuando el PSDB (antigua base de líderes nacionales como el expresidente Fernando Henrique Cardoso y los gobernadores José Serra, Gerardo Alckmin, Franco Montoro y Mario Covas) que nucleaba la representación del centro y centro-derecha, y contrapesaba al PT en la competición electoral ordenando y organizando el sistema político brasileño por 30 años, abdicó de sus capacidades gerenciales y ambiciones políticas. 

Bajo el control de figuras menores, el PSDB dejó de ser una fuerza anclada en propuestas programáticas para asentarse exclusivamente en una denuncia moralista hueca e hipócrita, donde los adversarios de centro-izquierda e izquierda fueron denunciados como profanadores de lo sagrado. Esto pavimentó el terreno para la ascensión del fundamentalismo bolsonarista.

Sin embargo, con Bolsonaro fuera del país en un auto-exilio encubierto y con la sorprendente autonomía demostrada en su invasión y depredación de los símbolos de la democracia republicana el domingo pasado, este movimiento de radicalizados acabó protagonizando el acta fundacional de un bolsonarismo sin Bolsonaro. Brasil es un país acostumbrado a negociar entre pocas élites sus cambios sistémicos e institucionales más substantivos, desde su independencia de Portugal hasta el fin de la esclavitud, pasando por la transición de la monarquía a la república, e inclusive durante las diferentes metamorfosis entre democracia tutelada y dictadura. Sin embargo, este movimiento sólo pudo generar- aún entre las dirigencias más hacia la derecha- un sentimiento, cuanto menos de incomodidad sino abiertamente reactivo al ver una multitud histérica transbordar sus supuestos líderes y comandantes.

La anomia destructiva y el fanatismo apocalíptico escenificados por los atacantes, junto con sus coreografías circenses de rituales militares, surtos histéricos y gritos de guerra, no sólo recuerdan a los trumpistas que invadieron el congreso norteamericano dos años atrás, como también a la violenta rebelión de las huestes kirchneristas y de izquierda radicalizadas que atacaron el Congreso argentino en 2017 con más de 14 toneladas de piedras y cascotes en el momento que se legislaba una reforma previsional. 

Recuerdan aún más los deliciosos relatos de Vargas Llosa en su libro La Guerra del Fin del Mundo sobre la locura monarquista romántica y ultramontana de los seguidores del padre Antonio Conselheiro en Canudos en reacción al surgimiento de la república. Relatos plagados de delirios dogmáticos, creencias en supercherías medievales y abrazados a un pensamiento tan mágico como violento. Sin duda, Canudos constituyó un episodio tan alucinado y retratador del célebre realismo mágico literario como un fenómeno trágico del Brasil nordestino durante finales del siglo XIX.

La erección del posbolsonarismo, consagrado por los recientes ataques y que generó algunas celebraciones intoxicadas en las redes sociales, debe cumplir muy pocas de sus esperanzas. Probablemente se asemeje más a un lapsus catártico y caótico que a un factor de presión con peso propio y larga vida. Todas las evidencias sobre la mayoría de sus participantes advierten de que se trata de un fenómeno casi psiquiátrico: son los desgarrados de la muchedumbre solitaria de la cual ya nos hablaba David Riesman en el siglo pasado. Individuos buscando un sentido y misión comunitaria a cualquier costo, abrazados a una identidad maximalista, fanática, llena de certidumbres, acrítica, cero reflexiva y sin fisuras o ambigüedades. En definitiva, el mismo caldo de cultivo que alimentó el fascismo y el nazismo.

A pesar del tácito apoyo pasivo despertado entre algunas fuerzas policiales, el posbolsonarismo violento y anárquico deberá acelerar el desencanto de la clase media conservadora con la extrema derecha, facilitarle al nuevo gobierno la limpieza de la colonización de entidades estatales implementada por Bolsonaro. También debe galvanizar la clase política y principalmente el poder legislativo en torno a la democracia y el proyecto de reconstrucción liderado por Lula y Alckmin, y liquidar las fuentes de financiación del golpismo y otras expresiones antisistema.

El parto del bolsonarismo sin Bolsonaro, arropado en sus atuendos verde-amarillos y la camiseta de la selección nacional, puede haber sido -paradójicamente- un regalo para la consolidación de la democracia brasileña.

Uruguay, en el agitado contexto regional: ¿un ejemplo por seguir o una excepción a la regla?

Fabián Bosoer
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Uruguay, en el agitado contexto regional: ¿un ejemplo por seguir o una excepción a la regla?

Extraña y sorprende la democracia uruguaya. Una democracia en la que los presidentes empiezan y terminan su mandato en tiempo y forma, no pueden (ni buscan) ser reelegidos sin mediar otro período, le entregan los atributos del mando a su sucesor de otro partido y siguen compartiendo con total naturalidad ceremonias y eventos públicos en su país y también en el exterior, donde incluso asisten juntos a la asunción de otros presidentes.

Que esto extrañe y sorprenda habla bien de los uruguayos y no tan bien de nosotros, un “nosotros” que se extiende en las democracias de la región, donde la estima y la confianza de (y entre) los políticos está por el suelo, sobre entramados sociales y políticos fuertemente desgarrados por la polarización y el descontento.

A la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva, el 1.° de enero en Brasilia, asistieron trece presidentes y jefes de Gobierno de todo el mundo. Pero Uruguay dio la nota: estuvo representado por el presidente Luis Lacalle Pou, quien estuvo acompañado por los expresidentes Julio María Sanguinetti y José “Pepe” Mujica. La imagen del flamante presidente brasileño rodeado de los tres mandatarios uruguayos fue elocuente. Una foto similar, por caso, del actual presidente argentino Alberto Fernández y su antecesor Mauricio Macri viajando juntos a ese acto hubiera resultado algo descabellado, inimaginable. Ni que hablar del resto de las representaciones de países limítrofes (Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela) en las que gobernantes y opositores se consideran mutuamente como enemigos acérrimos.

Y no es que para los demás Gobiernos no fuera trascendental el regreso de Lula al Gobierno por tercera vez. De hecho, el flamante presidente brasileño irá a Buenos Aires en su primer viaje al exterior, para asistir a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) el 23 y 24 de enero, y se anticipa la firma de importantes acuerdos para revitalizar el alicaído Mercosur y los vínculos bilaterales, que están reducidos al mínimo durante la gestión Bolsonaro.

Pero, para Uruguay, los asuntos que marcan la política exterior no tienen nada que ver con afinidades político-partidarias u orientaciones ideológicas de los Gobiernos: al representar al país en un gran acontecimiento internacional, se expresan conjuntamente las voces de sus líderes. Este gesto, lejos de una imagen meramente protocolar o formal, adquiere un gran carácter simbólico y una elocuente demostración de continuidad institucional y republicana, que refuerza su significación regional luego de los sucesos del pasado domingo 8 de enero en Brasilia, porque toda la dirigencia política, con algún grado de responsabilidad, de todos los países latinoamericanos, debería poner sus barbas en remojo frente al intento de golpe de Estado en Brasil. Las campanas suenan por todos ellos, por todos nosotros.

Uruguay parece ser una excepción en el panorama global y regional: encabeza los rankings de democracia en América Latina y el mundo. En el índice anual 2022 que publica The Economist ocupa el decimotercer puesto a escala global y también se erige como la nación líder en democracia en América Latina. Este informe analiza la situación de 167 países y evalúa medidas como proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del Gobierno, participación política, cultura política, democrática y libertades civiles.

En 2022, Uruguay aumentó su puntuación de 8,61 a 8,85 de 10 y quedó primero en el ranking de América Latina, y por encima de Costa Rica y Chile. Con esta evaluación, el país charrúa es calificado de “democracia plena”, situación que vive solo el 6,4% de la población mundial, según The Economist.

El reporte coincide con otras estimaciones que vienen señalando el retroceso de la democracia, puesto que en 2020 la puntuación general era de 5,37 de 10 y en 2021 cayó a 5,28. En América Latina la caída fue más fuerte, pues tuvo un descenso de 0,26 puntos con respecto al 0,22 de América del Norte y el 0,16 de Asia y Australia.

En ese panorama se distingue un pequeño país que muestra su fortaleza ante el más grande, y un ejemplo para una región afectada por la vacancia de liderazgos y estadistas, en la que la convivencia entre los grupos de oficialismo y oposición se ha roto o ha dejado de ser un valor. A su vez, nos señala la importancia de los acuerdos fundamentales para mover un país (y una región) en una u otra dirección, más allá de la orientación de sus Gobiernos.

En otros términos, la manera en que vamos a encarar el viaje es tan importante como saber hacia dónde nos proponemos viajar como país. Y Uruguay ofrece su ventaja comparativa en esa materia que merece ser vista como un ejemplo por seguir antes que como una excepción a la regla en el actual contexto regional, que se presenta como un verdadero campo minado.
*La versión original de este texto fue publicada originalmente en Clarín, de Argentina

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¿Hay salida a la crisis política en el Perú?

Carlos Ugo Santander
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¿Hay salida a la crisis política en el Perú?

Cuando la vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte, asumió la Presidencia para sustituir a Pedro Castillo, se esperaba que vinieran meses de tranquilidad e incluso el Congreso aprobó una ley que reducía su mandato mediante el adelanto de elecciones para abril de 2024. Sin embargo, a los pocos días, en casi todo el país hubo movilizaciones que inundaron las calles para protestar por las medidas que fueron consideradas como insuficientes.

De momento, las protestas han acarreado al menos 46 ciudadanos muertos en manos de las fuerzas del orden, cuando, no obstante, ejercían su derecho a manifestarse y a exigir el cierre del Congreso de la república, la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la renuncia de Boluarte. Hasta el día de hoy, la violencia no ha contribuido, en absoluto, a apaciguar el ambiente político.

Por otro lado, los grupos de extrema derecha que dominan el Congreso de la república y que se han autodeclarado “victoriosos” por la salida de Pedro Castillo procuran allanar el camino —a cualquier costo— para garantizar su victoria en la próxima contienda electoral que ha sido convocada para abril de 2024.

La indignación, sin embargo, se amplifica, debido a que grupos de congresistas comenzaron a buscar la forma de legalizar su reelección. Si bien es cierto que esta propuesta no deja de ser válida en un ambiente de normalidad, en la actualidad, alterar las reglas del juego electoral para beneficio propio es una provocación.

Estos grupos, además, han presentado un proyecto de ley que pretende disminuir y sustituir el mandato de las actuales autoridades electorales. Aunque en la última contienda electoral, estas actuaron de forma imparcial y transparente, dichos congresistas dicen que favorecieron la elección de Castillo.

A su vez, estos grupos de ultraderecha pretenden inhabilitar a potenciales candidatos para la siguiente elección, pero partiendo de la modalidad de denuncias constitucionales, como es el caso de los expresidentes Martín Vizcarra y Francisco Sagasti. Dichas denuncias fueron presentadas y, posteriormente, pueden ser aprobadas por estos grupos.

Si el Congreso consideraba que tenía el control de la agenda política para abril de 2024, los movimientos sociales, básicamente regionales (más organizados en el sur del país), quieren cambiar una posición de retroceso por el vacío de poder que dejó Castillo y la derrota política del partido Perú Libre, principal organización que sustentaba al expresidente.

Para contener a estos movimientos y como consecuencia de la violencia, los sectores de derecha aspiran a imponer una agenda que ignora las legítimas aspiraciones de quienes se manifiestan en las calles (mientras tanto, los movimientos vienen tomando musculatura y pueden hacer caer a la propia presidenta Boluarte).

La intolerancia y el racismo contra las regiones de quienes dominan el Congreso los ha llevado a acusar a los manifestantes de “terroristas”. De esta manera, justifican abiertamente, y sin ningún pudor, la eliminación física de las víctimas y sobredimensionan selectivamente la radicalidad de algunos de los manifestantes para, así, enfrentarlos a todos con mayor violencia.

Por su parte, la presidenta, que integraba el grupo de Pedro Castillo y de Vladimir Cerrón (jefe de Perú Libre), tenía la opción de convertir su posición de debilidad (sin apoyo en el Congreso) en una de fortaleza. Podría haberle impuesto condiciones al Congreso cuando asumió o podría haber fomentado una agenda amplia sobre el debate de llamar —o no— a una Asamblea Constituyente que pudiera decidirse en abril de 2024. No obstante, optó por un camino diferente.

La presidenta prefirió asegurar su permanencia en el poder, pero sin capacidad ni influencia, y asumió el discurso y las acciones de los grupos de extrema derecha. Hoy Boluarte asume el pasivo de los trágicos episodios en los que en un primer caso murieron 28 personas en diferentes regiones del país, luego otras 17 en la ciudad de Juliaca y una en Cusco. A pesar de la desmedida violencia, esta no ha contribuido a apaciguar la indignación de los ciudadanos.

La actitud antidemocrática e intransigente de los sectores de la derecha no contempla ni siquiera el debate sobre la necesidad de elaborar —o no— una nueva Constitución, y mucho menos permitir que los peruanos decidan la continuidad —o no— de esta en un referéndum. Estos se resisten a cambios sustanciales en el propio diseño institucional que da inestabilidad y conflicto, y continúan imponiendo criterios de legalidad sobre los de legitimidad, dado que esta no refleja los resultados de un pacto social. Recordemos que la Constitución de 1993, además de impuesta, fue aprobada por medio de un referéndum marcado por el fraude.

Independientemente de la evaluación del gobierno de Castillo y de la cuestionable tentativa de ruptura del orden constitucional, su prisión preventiva podría ser levantada como forma de amnistía, ya que la tentativa no tuvo consecuencias objetivas, y su libertad no implicaría riesgos a la sociedad, lo que permitiría, a su vez, su asilo en México. Esta salida contribuiría a atenuar las tensiones por la frustración de sus electores que fueron testigos de las permanentes acciones de inviabilizar su gobierno.

El camino de retorno a la normalidad está lleno de dificultades. De hecho, para el primer ministro Alberto Otárola, quien recientemente recibió la confianza del Congreso, era más importante proteger a la capital de lo que era el contagio de las protestas (para ello, relegó las demandas regionales) que fomentar la unidad y el diálogo, que era lo que se esperaba. Partiendo de su sintonía con el Congreso, Otárola se ha convertido en el primer ministro con mayor aprobación entre los parlamentarios, a pesar de ser el responsable político de las masacres en el país.

La violación de los derechos humanos que ha padecido el país durante los últimos días debería invitar a todos los actores políticos a una mayor ponderación. Discutir un nuevo pacto político y social es, sin duda, el camino para fortalecer a la sociedad peruana y su democracia. Evitarlo, hará que el Perú sea un país invisible.

La mentira organizada y las claves del golpismo bolsonarista

Federico Finchelstein
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La mentira organizada y las claves del golpismo bolsonarista

Tal como pasó con el fallido golpismo trumpista del 6 de enero de 2021, en Brasil las mentiras manufacturadas desde arriba fueron increíblemente tomadas como ciertas, y motivaron acciones desde abajo. Para líderes como Jair Bolsonaro o Donald Trump, la política forma parte de aquello que la filósofa Hannah Arendt llamó la “mentira organizada”. En este contexto, los políticos utilizan “la falsedad deliberada como arma contra la verdad”. En este mundo revisionista las visiones más irracionales, mesiánicas y paranoicas son falsamente presentadas como historia y presente, y motivan a las acciones más extremistas como el fallido y patético golpe de Estado del 8 de enero de 2023. 

Los ataques contra el pasado institucional y las continuas mentiras sobre ellos constituyen el modelo de un futuro antidemocrático, pero también una guía de terrorismo para el presente. Estas mentiras no son directrices concretas, sino mandatos y premisas ideológicas que fomentan la acción antidemocrática.

La violenta ocupación de los edificios de los tres poderes del Estado, en Brasil, el pasado 8 de enero, nos deja al menos cinco primeras lecciones históricas para entender la morfología de la mentira armada que motivó las acciones golpistas.

Empecemos por una primera lección: la del vocabulario apropiado para entender lo que pasó. Usemos las palabras correctas: intento de golpe de Estado, atentado contra la democracia, terrorismo, grupos fascistas, objetivo fascista de destruir la democracia. Ante estos acontecimientos, es necesario hacer pagar, con toda la fuerza de la ley, a sus responsables prácticos e ideológicos.

Palabras y conceptos erróneos: protestas, manifestantes y la idea de dos campos extremistas en lucha. Esta última versión de la idea de pensar siempre que todo asunto político tiene dos posturas legítimas lleva a restar gravedad a los acontecimientos. En concreto, Brasil vivió un ataque contra la democracia por parte de sectores bolsonaristas que no reconocen su funcionamiento. Por lo tanto, en Brasil se sigue dando, por un lado, un conflicto entre sectores carentes de legitimidad, debido a sus posturas antidemocráticas y, por el otro, un arco político democrático (de izquierda, centro y derecha) que incluye, y que en cierta medida lidera, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Por otra parte, para entender lo que pasó no debemos olvidar una clave central de la historia del fascismo: su represión legal se vuelve necesaria cuando intenta destruir la democracia. Esta es la segunda lección. Sus actos criminales de terrorismo contra instituciones democráticas deben ser detenidos con plena fuerza legal antes de que sea demasiado tarde. Esto es lo que debería haber sucedido desde el momento en el que estos sectores extremistas, la vanguardia fascista del populismo bolsonarista, se amontonaron en Brasilia para reclamar algo constitucionalmente irreclamable: desconocer los resultados de las elecciones y reponer por aclamación dictatorial al presidente saliente.

Otra lección clave de la historia del fascismo y también del golpe trumpista del 6 de enero es que la responsabilidad de los líderes no puede ser ignorada o minimizada. La responsabilidad ideológica de Bolsonaro es clara, así como también lo fue la de Donald Trump, o la de Benito Mussolini por haber sido el instigador ideológico del asesinato del principal líder de la oposición en 1924. El diputado socialista Giacomo Matteotti fue asesinado luego de haber denunciado la ilegalidad y la violencia fascista por una banda de esbirros que tenía probados vínculos con el gobierno de Mussolini.

El dictador reconoció su “responsabilidad política, moral e histórica”, pero siguió gobernando como si nada hubiera pasado. A pesar de una minicrisis y un amplio rechazo que, eventualmente se vieron como pasajeros, el hecho de que Mussolini no pagara precio alguno por sus acciones allanó el camino del fascismo hacia una dictadura hecha y derecha. O por decirlo de otro modo, el totalitarismo fascista se afianzó completamente cuando sus crímenes no tuvieron consecuencias.

Una cuarta lección se relaciona con la deformación del pasado y el presente. Al igual que Mussolini, Bolsonaro, cuyas mentiras sobre la epidemia y las vacunas contra la COVID-19 ayudó a normalizar, e incluso a impulsar la muerte y la enfermedad en su país, ha hecho de la propaganda y el mito la forma predominante de política.  

Y, actualmente, el mismo mecanismo está siendo utilizado para deformar la realidad de los últimos acontecimientos. Ya se habla de “infiltrados” o de responsabilidades similares de la izquierda, y estas mentiras descaradas son articuladas por Steve Bannon en Estados Unidos y por otros líderes populistas de ultraderecha como el argentino Javier Milei. Milei no ha denunciado el golpe de Estado como tal y se basa en una declaración del Foro Madrid que, de forma amorfa, “condena de la manera más categórica la violencia ejercida por quienes asaltaron el Palacio de Planalto”, pero sobre todo denuncia a los que denunciaron la violencia, enfatizando, a su vez, la “doble moral” de la izquierda y el progresismo.

Esta entidad es una iniciativa de la fundación Disenso, presidida por el líder posfascista Santiago Abascal, de Vox, y cuya “Carta de Madrid” fue firmada en 2020 por Milei, Eduardo Bolsonaro, Giorgia Meloni (primera ministra de Italia) y el fallido candidato a la Presidencia de Chile y admirador del dictador Augusto Pinochet, José Antonio Kast.

Es notable cómo estos personajes insisten en sus fantasías y mentiras. Al igual que sus ídolos Trump y Bolsonaro, estos políticos populistas de extrema derecha mienten constantemente sobre democracias y dictaduras, y representan de diferentes formas algunos peligros para la democracia.

Una última y quinta lección es cómo este tipo de mentiras generan eventos cuya proyección es global. De la misma manera que la dictadura de Mussolini en la década de 1920 influenció el camino de Hitler en la década siguiente, el golpismo trumpista marcó al bolsonarismo. De hecho, al día siguiente de la toma del Capitolio, Bolsonaro amenazó con que Brasil iba “a tener un problema peor” si no cambiaba sus sistemas electorales, es decir, si perdía las elecciones.

Ahora, tras negar toda participación en la toma de los tres poderes, Bolsonaro posteó en su cuenta de Facebook un texto que decía que Lula no fue electo por el pueblo sino por los tribunales de justicia. Si Bolsonaro no es responsabilizado por su continua instigación al crimen contra la democracia, se verán nuevamente otras acciones similares.Esta forma de operar la mentira para reemplazar la realidad motivó a los trumpistas a la toma del Congreso y sigue motivando las fantasías conspirativas del extremismo norteamericano. La similitud entre ambas acciones y facciones es producto de influencias ideológicas mutuas. En ambos casos, el fascismo está a la vuelta de la esquina.

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Los principales desafíos para México en este 2023

Ernesto Hernández Norzagaray
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Los principales desafíos para México en este 2023

Este no será un año fácil para México, tomando en cuenta la compleja situación internacional y la dinámica política para que el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador alcance un consenso a fin de elegir al candidato a sucederlo. El mundo está inquieto con la ola de malas noticias que van desde la guerra en Ucrania hasta el aumento inflacionario global; desde la crisis energética hasta la descomposición de los sistemas de seguridad mundial; desde la confrontación comercial entre el mundo occidental y China hasta las presiones en la cadena de suministros; desde el deterioro de la democracia hasta el surgimiento del populismo; y desde la protesta social hasta el debilitamiento de los sistemas electorales. No son pocos los desafíos para México, y a esto se suma un invierno duro y mortal.

En este marco, y por si fuera poco, los líderes políticos, que se deben sentar a conversar y acordar estrategias de estabilización, deben enfrentar las dinámicas internas en una sociedad llamada a votar en las “elecciones concurrentes más grandes y complejas” de la historia nacional que se celebrarán en el verano de 2024. Estos serán sus principales desafíos.

La pandemia. Aunque los efectos de la sexta ola no se han convertido en un problema grave de salud pública y la reedición de ciertas medidas de control social, como el confinamiento o la sana distancia no se han planteado, la pandemia de la COVID-19 está presente como una amenaza mundial por el comportamiento del virus entre la población china. Es cuestión de tiempo para saber cuál será su impacto en México. Mientras eso sucede, las estadísticas nacionales muestran un alza de contagios en las últimas semanas y, tal como ocurrió en años pasados, las fiestas de fin de año han fomentando la multiplicación de casos.

La inflación. El proceso inflacionario se encuentra en marcha en el mundo, y en México rondó el 8% en 2022. Sin embargo, eso no es lo que reflejan los precios del mercado al menudeo, incluso de los productos que provienen del campo o de los mares mexicanos. A pesar de esto, el presidente López Obrador ha pretendido exorcizar el incremento, señalando “que no habrá cuesta de enero”, como si el comportamiento de la economía local se decidiera en el Palacio Nacional y no fuera parte de la dinámica internacional.

La violencia del crimen organizado. Aun cuando la seguridad pública se halla en manos de militares, las cifras siguen siendo muy altas. En el periodo de entre 2018 y septiembre de 2022 hubo 112.250 homicidios, nos dicen, y en esta ecuación, los fallecidos en 2022 representan una reducción del 10,3% respecto de 2021. Pero hay un dato alarmante: el número de personas desaparecidas y no localizadas en este periodo supera los 30.000. Solo en 2022 se calcula que fueron casi 11.000 y, si lo cruzamos con el bajo número de personas localizadas, podríamos colegir que la mayoría de ellos están enterrados en fosas clandestinas.  

La crisis energética. El aumento de los precios de los combustibles es, sin duda, un elemento inflacionario de primer orden. El problema es que los precios de los combustibles son internacionales, salvo cuando se les subsidia, lo que significa una reasignación del gasto público. O sea, algún sector económico o social pierde con el paso de dinero de una canasta a otra. Esta variable estará presente en 2023, tomando en cuenta las elecciones presidenciales de 2024 que vienen, por razones políticas, acompañadas de una relativa normalización de la economía. No obstante, el presupuesto de la federación comprende, para 2023, un aumento en el precio de las gasolinas y sus derivados.

La selección del candidato presidencial oficialista. La sucesión presidencial con su parafernalia de campañas anticipadas estará presente a lo largo de este año. 2022 cerró con una fuerte campaña de desprestigio contra el Instituto Nacional Electoral, una serie de reformas anticonstitucionales para restarle competencias, estructura y presupuesto, y con los aspirantes oficialistas saltándose las reglas del juego. La construcción democrática de cuatro décadas está en entredicho.

Las elecciones locales de 2022 en el Estado de México y Coahuila serán un laboratorio de lo que habrá de suceder en 2024. Existe el antecedente de las elecciones de 2021 cuando el crimen organizado intervino apoyando y quitando candidatos en varios estados. Esto repercutió en la representación política favorable al partido Morena en 22 de los 32 estados de la federación, mientras la oposición dividida no termina de presentarse como alternativa confiable de gobierno.

Los proyectos insignia del Gobierno obradorista. El llamado gobierno de la Cuarta Transformación tiene tres grandes proyectos que han sido motivo de controversias constitucionales y mediáticas por el impacto económico y ambiental: el Aeropuerto Santa Lucía de la Ciudad de México, la refinería Dos Bocas en Tabasco y el Tren Maya en la región sureste.

Después de haberse interrumpido la construcción del aeropuerto que estaba en proceso en Texcoco, lo cual representó y representa pérdidas multimillonarias para las finanzas públicas, fue inaugurado el verano pasado el aeropuerto que fue impulsado por el presidente. Esta obra, sin embargo, está prácticamente en desuso y el mandatario López Obrador busca, a última hora, proyectarla con el aterrizaje de los aviones que traigan a Joe Biden y a Justin Tradeau cuando lleguen a la Cumbre de América del Norte.

Del mismo modo se encuentra la refinería que va contra la lógica del futuro del mercado mundial de energía que apuesta por energías limpias. Si bien fue inaugurada, hasta finales de 2022 no había producido un litro de gasolina, aunque, antes de cerrar el año el presidente anunció que en 2023 estaría produciendo 170.000 barriles diarios y que, de esa forma, el país avanzaría en la llamada soberanía energética.

A su vez, están las obras de construcción de las vías férreas en la selva del sureste mexicano, que han sido motivo de cuestionamiento de grupos ecologistas por los daños que causan al hábitat de especies diversas. De hecho, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se ha pronunciado en contra de la obra y amenaza con combatirla.

Finalmente, la polarización política hace más difícil la construcción de acuerdos para mantener políticas públicas a largo plazo, lo que significa un ingrediente de inestabilidad permanente en un escenario complicado para la gobernabilidad.

Messi, la (des)territorialización del festejo y las redes sociales

Jacques Ramírez
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Messi, la (des)territorialización del festejo y las redes sociales

Después del cuarto penal, ejecutado por Montiel en la final del mundial masculino de fútbol– catalogado por muchos como la mejor final de la historia de los mundiales- vimos a Lionel Messi arrodillarse en la mitad del campo y festejar con varios de sus compañeros.

De Messi se ha escrito y dicho todo, o casi todo. También se han realizado una infinidad de reportajes, documentales y series que cuentan los detalles de su vida dentro y fuera de la cancha. Uno de los temas más recurrentes cuando se cuenta su historia es el diagnóstico médico de deficiencia de la hormona de crecimiento detectado a los ocho años. La imposibilidad de cubrir dicho tratamiento fue el motivo central que le llevó a migrar junto con su padre a Barcelona. Un año después, miles de argentinos también migrarían como efecto de la crisis económica y política que vivía el país.

Desde los 13 años reside en España, país que también le otorgó la nacionalidad, pero siempre se negó a jugar para dicha selección. Debutó como futbolista profesional a los 17 años, después de hacer su formación en la Academia Juvenil del Barcelona y desde entonces ha ganado, al menos una vez, todos los torneos que ha disputado. Esto le ha colocado en la cima de los mejores jugadores del mundo junto a Maradona y Pelé.

Si bien históricamente ganar el campeonato del mundo ha provocado emotivos festejos, las imágenes que empezaron a circular desde Buenos Aires al arribo de la selección impresionaron por su magnitud y emotividad. En varios medios se habló de 5 millones de personas de todas las clases sociales que salieron a festejar a la capital, sin sumar a las multitudes que tomaron las calles en el resto de las provincias. La llegada de Messi, la copa y la “Scaloneta” fue una fiesta, un carnaval masivo y popular, con feriado oficial incluido. Pero también hubo una sobredosis de nacionalismo banal o patriotismo sin la presencia de ningún político. Fue una suerte de despolitización del triunfo por pedido de los propios jugadores que no se tomaron ni una foto con Mauricio Macri (que estuvo en Qatar) ni con Alberto Fernández (que esperaba en la Casa Rosada).

La movilización de los argentinos fue una de las más masivas de la historia. Sin embargo, por primera vez se observó que los festejos traspasaron las fronteras patrias (obviamente sin contar con los migrantes argentinos) y se desterritorializó hacia diferentes regiones: no solo en Latinoamérica (donde muchas personas siempre se identifican con los equipos que representan a eso que denominamos Patria Grande), sino también en Europa y Asia. Sobresalieron los festejos en Bangladesh, cuyos habitantes también se identifican con la selección argentina desde la época de Maradona, que, en el mundial de 1986, venció a la selección de Inglaterra que en el pasado les había conquistado.

Al inicio de este siglo algunos autores como Sergio Villena señalaban que los procesos de globalización promueven una reconfiguración de las relaciones entre identidades y territorialidades que se manifiestan en la conformación de nuevas identidades sub, trans y supraestatales. El Barcelona de Messi es un ejemplo de lo que plantea el autor al ser un club manejado como una empresa transnacional que usa la imagen de los deportistas de élite para impulsar sus ventas.

Todo esto ha hecho del fútbol un espectáculo y una mercancía transnacional y global que ha permitido que una buena parte del planeta consuma el producto llamado Messi, más aún en el contexto en los mundiales de selecciones.

Las finales de la copa del mundo constituyen uno de los eventos deportivos más vistos a nivel mundial. Pero a diferencia del pasado donde la TV, cada vez más en su modalidad ‘pague por ver’, y concretamente los periodistas deportivos eran los encargados de relatar el fútbol (teniendo en muchos casos narraciones nacionales), ahora no solo se verbaliza, sino que se viraliza el fútbol gracias al papel de las redes sociales. Esto provocó que la final entre Argentina y Francia alcanzara récord de búsquedas en Google.

La centralidad del 10 no solo fue clave para obtener el campeonato del mundo al convertir 7 goles y hacer tres pases gol, sino para que se produzca una suerte de argentinización a nivel global o para ser más específicos una ‘Messificación’. No se puede entender este proceso sin el auge de las redes sociales, que han acompañado al astro a lo largo de su carrera. En efecto, el mismo año que Messi debutó (en el 2004), Mark Zuckerberg lanzó Facebook y de ahí en adelante han surgido otras redes como YouTube, Twitter, Instagram y Tiktok.

A través de las redes hemos podido ver sus 793 goles y sus 41 títulos. Leo solo en Instagram tiene 410 millones de seguidores y la publicación de sus fotos después de ganar la copa batió el record de más ‘me gusta’ de la historia de esta red social, llegando a más de 73 millones. Messi está además en el top 5 con más seguidores y registra unos ingresos medios por post de 1,17 millones de dólares.

Un dato no menor es que Messi, fuera de las canchas, ha sido un chico (no un pibe) políticamente correcto. A diferencia de Maradona, Messi proyecta la imagen de una persona sencilla a la que todos empujamos para que levante la copa del mundo con Argentina antes de terminar su carrera.

Tan políticamente correcto ha sido Messi a lo largo de su carrera que “ha evitado minuciosamente cualquier tipo de afirmación política”. Esto también ha servido para su aceptación como mercancía transnacional global. La única frase contraria a lo señalado es la que formuló recientemente al finalizar el partido contra Países Bajos en cuartos de final: “Qué mirá’ bobo. Andá pa’ allá”.

Sin embargo, hay que decirlo claro: muchas de las críticas venían de su propio país más que del exterior. Como señala Pablo Alabarces, a Messi lo indultaron recién en el 2021, pero antes lo acusaban de ser pecho frío y de jugar sólo por dinero, reprochándole todas y cada una de las derrotas de la selección.

Pero como esto es solo fútbol, y Lio logró en los últimos dos años tres copas con la selección Argentina, para todas y todos aquellos que amamos el buen fútbol y que nos identificamos con Argentina, o con Messi o con la Scaloneta, el 18 de diciembre celebramos, aquí, allá o acullá…

Episodio relacionado de nuestro podcast:

Brasilia, un calco de Washington

Carlos Ugo Santander
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Brasilia, un calco de Washington

La invasión y destrucción de las sedes institucionales de los tres poderes del Estado brasileño, que residen en la capital Brasilia, es la reproducción de lo sucedido en Washington dos años atrás. Se trata de una estrategia común entre sectores de extrema derecha de diferentes partes del mundo que busca, por cualquier medio, deslegitimar la democracia, sus instituciones, y desestabilizar Gobiernos electos democráticamente.

Hacia el mediodía del domingo, cuando la capital aún no había retornado a la rutina tras las vacaciones, una turba de manifestantes pro-Bolsonaro ingresaron a las instalaciones públicas. Al igual que lo sucedido en Washington, los violentos manifestantes de ultraderecha tuvieron tiempo suficiente para destruir los símbolos de la democracia brasileña antes de que fueran desalojados por la policía.

La complacencia de las fuerzas policiales de la capital frente al ensañamiento de una multitud vandalizando el patrimonio público evidencia una cadena de decisiones displicentes que exponen no solo la incompetencia del alto comando de la policía, sino también su connivencia, la misma que linda con la prevaricación y complicidad, mientras que, por el lado de los manifestantes, su encuadramiento queda claramente sujeto a la ley de antiterrorismo en Brasil.

Por otro lado, quizás el mayor peligro para la democracia y el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva se encuentre en la relación de sometimiento de las Fuerzas Armadas a la figura de Jair Bolsonaro, un fisiologismo inédito en el que se dieron privilegios y en el que miles de cargos de la Administración pública fueron entregados a los militares; incluso, hubo algunos que ganaron sueldos estratosféricos.

Así, de los gestos de amenaza en círculos privados, como la de no prestar continencia al jefe de Estado, también se puede creer que dentro de las Fuerzas Armadas se puedan esconder y activar elementos que podrían actuar deliberadamente y de forma paralela al Estado de derecho. Esto, con el objetivo de fomentar enfrentamientos no convencionales, a fin de herir políticamente al gobierno de Lula.

A esta peligrosa articulación se suman las milicias paramilitares que vienen actuando desde hace una década en algunas ciudades de Brasil y que se han desarrollado incluso bajo el reconocimiento público de Jair Bolsonaro. Esta actitud del expresidente, quien ahora está en Miami, permitió armar a sectores de extrema derecha bajo la fiscalización deficiente de las Fuerzas Armadas y que bien podrían actuar en cuanto a un aumento de la violencia.

La responsabilidad política del expresidente Bolsonaro tiene que ver con el no reconocimiento de su derrota en las elecciones del 30 de octubre de 2022. Desde entonces y hasta la toma de mando de Lula da Silva, Bolsonaro entró literalmente en un estado catatónico, sin capacidad de reacción ni de digerir la derrota —que no contemplaba—; en los dos únicos eventos públicos de los que participó lloró impotentemente ante la desbandada de sus antiguos aliados.

La ola de frustración de sus seguidores tras la derrota fue proporcional a la violencia que, por medio de la intimidación y persecución, incluyendo varios asesinatos por motivos políticos, se asentaron cotidianamente en los simpatizantes y militantes de Lula da Silva durante la campaña electoral. Los espacios públicos ocupados por bolsonaristas crearon un ambiente artificial de victoria frente al silencio de un elector contrario que evitaba manifestarse públicamente para enfrentar cualquier represalia.

Tras la derrota y la interpretación del silencio de Bolsonaro como una señal a actuar, millares de bolsonaristas ocuparon los frentes de los cuarteles militares en algunas ciudades de Brasil para exigir un golpe de Estado. Desde rezos bajo lluvias torrenciales hasta marchas en zigzag, los fanáticos, embriagados de un pseudopatriotismo y estimulados por el himno nacional, exigían derrocar al Gobierno. Brasil fue testigo de las imágenes más surrealistas y absurdas de la historia de la república y quizás de América Latina.

Durante esas semanas y antes de que Lula asumiera la Presidencia, en los campamentos bolsonaristas montados frente a los cuarteles comenzaban a tejerse planes violentos como el impedimento de la toma de mando del presidente el 1 de enero. En ese marco, Bolsonaro abandonó el país dos días antes de la asunción, y al no entregar la faja presidencial, avaló, en cierta medida, las estrategias de los acampados.

Ante el abandono de poder por parte de Bolsonaro, el presidente del Tribunal Electoral y ministro de la más alta Corte de Justicia (STF), Alexandre de Moraes, uno de los protagonistas en defender la transparencia de la contienda electoral, buscaron acusar criminalmente a los patrocinadores de la organización de actos que conspiraban contra la democracia. Algunos pocos bolsonaristas fueron presos y otros multados. Sin embargo, no fue suficiente.

La asunción de mando de Lula da Silva, en un ambiente de normalidad con relevante simbolismo, dio la sensación de un ambiente político apaciguado, y no se esperaba un episodio semejante al sucedido en el Capitolio de los Estados Unidos luego de la derrota de Donald Trump. Por ello, la depredación y la tentativa de destrucción de las sedes de los tres poderes por bolsonaristas han impactado no solo a los brasileños, sino también a gran parte de la comunidad internacional.

Frente a este escenario desolador, no alcanza con la intervención del Gobierno federal en el ámbito de la seguridad pública de Brasilia o con apartar del poder al gobernador del Distrito Federal para afirmar la democracia. De hecho, este puede ser apenas un episodio de un conjunto de eventos que pueden seguir presentes. Por ello, es necesario aplicar la ley y evitar la impunidad para pacificar finalmente el país.

Brasil continúa dividido

Enrique Gomáriz Moraga
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Brasil continúa dividido

Tras su apretada victoria electoral, la más ajustada de la historia de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, consciente de ese empate, declaró que su principal tarea consistiría en reunificar el país. Un indicador de esa perspectiva iba a ser la forma en que tuviera lugar su toma de posesión el primero de enero de 2023. Han pasado días desde ese hecho y el balance no resulta muy satisfactorio.

Un primer signo negativo ha consistido en la confirmación de que el presidente entrante no recibiría la banda presidencial del mandatario saliente. Cuarenta y ocho horas antes, el todavía presidente Jair Bolsonaro abordaba un avión de la Fuerza Aérea con dirección a Florida, para tomar un descanso de varias semanas. En Brasil, así como en la mayoría de los países de la región, la recepción de la banda de manos del presidente anterior es un signo de la transición pacífica de poderes.

De hecho, así ha sido desde la recuperación de la democracia en el gigante sudamericano. Únicamente fue el último presidente militar, João Figueiredo, quien no quiso cumplir con ese protocolo al ser derrotado por una candidatura civil en 1985 (frente a José Sarney, quien sustituyó al presidente electo, Tancredo Neves, fallecido antes de su toma de posesión).

Después de su llegada a Florida, Bolsonaro se alojó en la casa que alquila en Orlando y no quiso emitir declaración alguna sobre la toma de posesión. El sábado 31 de diciembre salió a caminar en la mañana, encontrándose con grupos de seguidores, y llegó a almorzar en un local de pollo frito de la cadena KFC. Su círculo próximo se encargó de difundir esas actividades por las redes sociales. No se sabe con precisión cuánto tiempo estará aún el presidente saliente en suelo estadounidense ni cuál será su agenda hasta que el último día de enero concluya el traspaso de poderes en Brasilia.

Mientras tanto, el presidente electo Lula da Silva enfrentaba una agitada agenda en su toma de posesión. Contrariamente a lo pronosticado por el bolsonarismo radical, dispuesto a evitar el acto por la fuerza, Lula ascendió por la rampa del Palacio de Planalto para ajustarse la banda presidencial. Existía cierta expectativa entre invitados y observadores respecto del tono y el contenido de su discurso de toma de posesión. Y Lula no defraudó a los suyos: arremetió contra Jair Bolsonaro y su obra de gobierno, tildando su mandato presidencial de tiempo de “barbarie”, destrucción y lapidación de los fondos públicos. Tampoco escatimó con la velada amenaza de llevar a Bolsonaro a los tribunales por su actuación durante la pandemia de la COVID-19.

Independientemente del fondo de sus afirmaciones, lo cierto es que, tal como han subrayado diferentes observadores, no es precisamente un discurso que pueda servir para tender puentes con el bolsonarismo, un movimiento político y cultural que incluye a millones de personas. Tampoco lo es para negociar con la mayoría del Congreso, porque predomina el partido del presidente saliente.

Han surgido especulaciones para explicar el tono y los contenidos del duro discurso de Lula. Podría interpretarse que era inevitable hacerlo, como peaje ante sus partidarios y electores, para moderar luego su lenguaje. También puede entenderse que el objetivo fuera que el comando político de Lula tenga la certeza de que Bolsonaro tendrá que enfrentar cargos ante la justicia, que podrían convertirlo en un cadáver político.

Pero existe el temor de que el sector duro del PT haya elegido la vía de la confrontación para derrotar al bolsonarismo. Sea como fuere, todo indica que las semanas que restan hasta concluir enero pondrán en evidencia si la división radical que hoy muestra la sociedad brasileña tiende a disminuir o a aumentar.

Por otra parte, existen algunos hechos que alimentan la crítica de la oposición. Pese a las afirmaciones del nuevo ministro de Hacienda, Fernando Haddad (excandidato presidencial del PT en 2018), de que el Gobierno se ajustará a la responsabilidad fiscal, lo cierto es que Lula ha evitado aclarar de dónde obtendrá los recursos para un programa que se considera expansionista. Y pasar de un Ejecutivo con 26 ministerios a otro con 37 no parece un signo muy claro de contención.

Lula justifica esta ampliación como necesaria a fin de procurar la participación de los grupos de la amplia alianza que permitió la victoria electoral, pero el mercado ya ha emitido un primer desacuerdo mediante una caída del 3% en la Bolsa.

Nadie duda de que Brasil tenía una situación radicalmente distinta cuando el presidente electo formó su primer gobierno el primero de enero de 2003, pues en aquel entonces comenzaba el boom económico latinoamericano. Ahora, sin embargo, las previsiones indican un estancamiento e incluso una recesión en la economía global. Por otra parte, en aquel momento, Lula logró un corrimiento del electorado hacia sus posiciones progresistas (ganó con el 62%), mientras que en esta oportunidad la división política se mantuvo.

Pero precisamente porque el mandato que se inicia se avizora cuesta arriba, la reducción de esa división del país resulta crucial. Los primeros signos visibles de esta andadura muestran que, desafortunadamente, esa meta prometida por Lula es poco menos que inalcanzable.

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