Sociedades cansadas y democracias fatigadas

Con mucha frecuencia, la política es analizada desde el estricto ámbito del poder. Ahí, las instituciones, como factores que regulan la interacción humana con la finalidad de evitar incertidumbre, desempeñan un papel muy relevante. Los análisis giran en torno a las elecciones y sus resultados a la hora de conformar los poderes del Estado y su habitual confrontación. Los partidos políticos centralizan la atención, así como los diferentes liderazgos. Las ideologías en cuanto a conjuntos de valores y de elementos comprensivos del mundo también son objeto de interés. En fin, las políticas públicas que atienden demandas, en mayor o menor medida presentes, constituyen un eje fundamental de estudio de la política. Con todo ello se construyen tipologías y se sabe del avance o del retroceso de acuerdo con determinados parámetros. Así hablamos de erosión o desgaste de la democracia e incluso avizoramos su quiebra.

Es tal la preocupación en estos aspectos que, sin embargo, en muchas ocasiones se tiende a dejar de lado el ámbito concreto que está integrado por personas donde tiene lugar el ejercicio del poder. La sobreexposición de visiones estrictamente centradas en lo político-institucional requiere, por consiguiente, abordar la realidad desde una perspectiva interdisciplinar. La demografía, por ejemplo, ayuda a explicar el cambio social señalando cómo están íntimamente conectadas las variaciones entre diferentes grupos de edad, en las tasas de fertilidad y lo que suponen los movimientos migratorios. Todos estos aspectos inciden hoy de forma substantiva en los procesos políticos.

De la misma manera, los cambios producidos en la sociedad, al amparo de la revolución tecnológica en la que nos hallamos insertos, han supuesto una profunda conmoción como jamás antes en la historia de la humanidad por la velocidad exponencial en que se han producido tanto en el tiempo como en el espacio. Además, estas transformaciones muestran un claro desbalance en su desarrollo hacia el sector empresarial privado.

Trabajos como La sociedad del miedo de Heinz Bude o La muchedumbre solitaria de David Riesman han ido completando las premoniciones de Zygmunt Bauman acerca de la sociedad líquida y sus efectos. Las ideas de que se pasa de la promesa de ascenso a la amenaza de exclusión, de que las emociones sustituyen a las razones y de que lo que mueve a seguir adelante ya no es el mensaje positivo sino el negativo, han ido ocupando el escenario. Un panorama, pues, en el que el miedo lleva a la impotencia, donde somos individuos solitarios estando en crisis la idea de “nosotros” por la multiplicación casi sin límite de las identidades en las que nos calzamos.

Byung-Chul Han ha teorizado también sobre este nuevo estado de cosas al referirse a la sociedad del cansancio. Usando la metáfora del enjambre, alude a la capacidad de autoexplotación que tiene el ser humano para con una existencia en la que las nuevas tecnologías multiplican las tareas haciendo del tiempo, como nunca, un bien escaso. Estar permanentemente conectados contribuye, asimismo, al agotamiento. Si a todo ello se añade que, al amparo de la proliferación de las políticas identitarias, también claramente azuzadas por la revolución digital, la política del resentimiento se enseñorea de la plaza pública, la perspectiva no puede ser menos halagüeña.

La sociedad del cansancio consolida el hartazgo respecto a fórmulas que, aunque en términos temporales no son tan viejas, parecieran arrastrar una longevidad insufrible. Si en los países latinoamericanos, las democracias actualmente implementadas gozan de menos de medio siglo de vigencia en promedio y su rendimiento ha sido razonablemente positivo, pareciera que la velocidad de los cambios sociales y culturales les hacen mostrarse como antiguallas insoportables.

La floración de identidades múltiples, potenciada por las redes sociales, se complementa con la disolución de vínculos tradicionales en un contexto en el que no se alcanzan las expectativas gestadas. No vivir mejor que los padres es una evidencia que agota las promesas del gran circo mediático en el que se ha convertido la política que entra en una fase de fatiga reflejada en el descontento con las instituciones y con la propia democracia, así como en la crisis de la representación política en la que los partidos aparecen como los principales responsables.

Del descontento y de la minusvaloración dan sobrada cuenta los análisis demoscópicos. Como muestra reciente, basta recordar, para los dos países que monopolizan estos días la atención mediática, que el 37% de los brasileños están en favor de un golpe de Estado que desaloje a Luiz Inácio Lula da Silva de la Presidencia y que solamente el 20% de los peruanos aprueban la gestión de Dina Boluarte, mientras que el 14% aprueban al Congreso de la república.

Por su parte, la función de intermediación, clave en la faceta representativa en la que se expresa la democracia realmente existente, se ve desarticulada. En sí misma toda intermediación hoy está absolutamente patas arriba; pero, además, los partidos han perdido toda capacidad de identificación por parte del electorado. Hoy es más fácil la identificación con individuos a quienes se adora (o se odia) que son los que vienen a definir la liza política. En este sentido, Gallup acaba de poner de manifiesto que el 41% de los jóvenes en Estados Unidos se identifican como independientes, mientras que en 1990 eran el 33%, por lo que se da un empate entre las afinidades demócrata y republicana.

Así las cosas, no resulta extraño el panorama que correlaciona el cansancio societal con la fatiga de la política. En medicina, la astenia es el estado que sigue a la fatiga cuando las cosas no van a mejor porque la ausencia de aire, la sensación de ahogo, invade a quien la padecía. La cuestión, por consiguiente, es si la democracia de los países de América Latina está al borde de caer en esa situación crónica que pone en riesgo el indudable avance que ha habido en la mayoría durante las últimas cuatro décadas.


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El bolsonarismo: ¿la antesala del terrorismo de ultraderecha en Brasil?

El pasado domingo 8 de enero una turba de ultraderecha, estimulada por discursos y omisiones del expresidente Jair Bolsonaro después de su derrota no reconocida, invadió y depredó las sedes de los tres poderes del Estado. Tras los ataques, la Policía Federal encontró en la casa del exministro de Justicia de Bolsonaro, Anderson Torres, el borrador de un decreto para establecer un “Estado de Defesa” en la sede del Tribunal Superior Electoral (TSE) y cambiar el resultado de las elecciones de 2022. Se trataría de una intervención inconstitucional para tomar el TSE, y sería un golpe de Estado, que tendría el objetivo de invalidar la legítima victoria de Luiz Inácio Lula da Silva.

El deseo de ruptura democrática es creciente desde hace años en Brasil. Estamos viviendo una clara escalada del fascismo, que ya no se avergüenza de mostrarse tal cual es ni tampoco intenta camuflarse en el conservadurismo, como sí ocurría hasta hace una década. Esta escalada sistemática de la violencia política nos ha llevado hasta acá.

Dado que buena parte de las personas que participaron en los ataques se sentían frustrados por el hecho de no haber podido contar con los militares para dar un golpe de Estado, creyeron, realmente, que habían tomado el poder. Pero parece ser que los hilos que movieron estos actos, en apariencia, espontáneos, tenían la intención de generar caos para que el presidente Lula ordenara una intervención militar, lo cual daría poder a los militares, a fin de que, finalmente, dieran el golpe. Sin embargo, el plan no funcionó, ya que Lula solo ordenó una intervención federal, lo que no confiere poder a los militares.

A pesar de ello, hemos sido testigos de un fenómeno de delirio colectivo y de profunda alienación, tal como ocurre en la extrema derecha en varios países, la cual se alimenta a base de teorías de la conspiración como las de la agrupación QAnon. No obstante, esto lleva a una total desconfianza en las instituciones y organizaciones internacionales, partidos, prensa y órganos del Estado.

El fascismo brasileño finalmente salió a la luz. Y ese fascismo está políticamente articulado con grupos de extrema derecha de las Américas y de Europa, como es el caso de Vox, de España; el trumpismo y el QAnon, de Estados Unidos, y sectores de la diáspora venezolana y cubana, especialmente de Miami.

Los métodos utilizados por estas agrupaciones para atraer seguidores tienen que ver con la radicalización y, a la vez, la alienación de los individuos. Primero, las personas son atraídas mediante noticias falsas, indignación selectiva, soluciones fáciles para problemas complejos y lecturas superficiales de la realidad. Luego se busca que ellos cambien su idea de lo que es la lógica de lo obvio y consolidado, para lo cual se apela a teorías de la conspiración, que solo ellos, los “iniciados” en los “grandes misterios”, están listos para identificar. 

De esta manera, las personas adquieren un sentido de pertenencia y particularidad que hace que se sientan incomprendidos por el resto de la sociedad, ahora que son los grandes conocedores de la “verdad”. Esto profundiza la intolerancia al conocimiento institucionalizado y a opiniones divergentes de su nueva realidad, ya que les recuerda sentimientos del pasado. Finalmente, se aíslan (y son aislados) de familiares y amigos, lo que profundiza la adhesión al extremismo.

El nivel de alienación de una gran cantidad de extremistas durante los ataques en Brasilia era tan alto que muchos estaban convencidos de que habían logrado dar un golpe de Estado. Así, se expusieron en las redes sociales y produjeron la mayor parte de las pruebas en su contra por los crímenes cometidos.

De hecho, tras el encarcelamiento de cientos de invasores en Brasilia, muchas personas, sin entender lo que realmente estaba pasando y la gravedad de los acontecimientos, exigían acceso a internet en la comisaría para seguir publicando contenido en las redes sociales.

Los campamentos golpistas que apoyaban a Bolsonaro y a una intervención militar en Brasil duraron varios meses, y los extremistas convivieron y establecieron nuevos vínculos personales ahí. Con el pasar de los días, muchos perdieron su trabajo, sus parejas, se alejaron de sus familias y amigos, y se radicalizaron aún más.

Después de la desilusión con el propio Bolsonaro y las Fuerzas Armadas, que, según ellos, no tuvieron el valor de “salvar a Brasil”, y estimulados por líderes en las sombras, los extremistas intentaron su propio (torpe) golpe, con la certeza de representar a la mayoría de los brasileños, lo cual se convirtió en una especie de ceremonia iniciática. Tras la frustración y el sentimiento de opresión por un sistema corrupto, muchas de estas personas deben haber reforzado los lazos de grupo.

El problema es que ahora, luego de haber cruzado la línea roja y de haber intentado dar un golpe en persona, muchos podrían sentir que ya no hay barreras. Sin embargo, esta sensación es un caldo de cultivo perfecto para el nacimiento de posibles grupos terroristas de extrema derecha, que podrían estar bien armados y que contarían con el apoyo de ciertas facciones de la policía, las Fuerzas Armadas y de una red política internacional.

En otras palabras, los ataques golpistas de Brasilia pueden haber sido el rito de iniciación de un posible naciente grupo terrorista de extrema derecha en Brasil. Por ello, la justicia brasileña debe estar alerta e identificar a las agrupaciones que se tienen que desarticular de inmediato para evitar su complicidad con un ya consolidado pseudopartido político muy competitivo electoralmente y con capacidad de hacer aflorar valores y prácticas fascistoides en la sociedad a través de su gigantesca máquina de propaganda.

El fascismo en Brasil es una fuerza que llegó para quedarse, que ya va más allá de Bolsonaro y que probablemente prescindirá de él, incluso, en lo electoral. Vencer a ese fascismo cultural será un trabajo de largo aliento, que trascenderá al actual gobierno Lula-Alckmin y no debe verse afectado por las disputas entre la izquierda y la derecha moderada.

Perú, el país de Nunca Jamás

Sesenta muertos en cuarenta y siete días. El Perú se redibuja nuevamente como una caricatura indeleble de nuestra incapacidad colectiva, temores e incompetencia para la búsqueda de un bien común perdurable. Como aquel país de la ficción infantil británica Peter Pan, el Perú es el reducto geográfico en el que comanches, piratas y adultos de perenne inmadurez conviven, sin rendición de cuentas o respeto de la ley. Como resultado, tenemos un popurrí de grupos de interés con el principal objetivo de forzar la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y la convocatoria a elecciones de manera inmediata.

Ahora, la pregunta vargasllosiana que parafraseo a continuación sin querer forzar el cliché es: ¿en qué momento se jodió el Perú esta vez?

Suponer que este vendaval de violencia y anarquía surge de forma espontánea el 7 de diciembre del 2022 es de supina ingenuidad para quien se diga peruano. Si buscamos un origen reciente, los peruanos comenzamos a fragilizar la enclenque tradición política que iniciamos el 2001 con el malbaratamiento de herramientas legales y constitucionales, pero de uso excepcional, como las mociones de censura, mociones de vacancia y cierres constitucionales del Congreso.

Desde el 2016 en adelante fuimos testigos de una guerra de desgaste entre todos los actores políticos: Fujimoristas, izquierdistas, seguidores de Martín Vizcarra, y derechistas en general, y por entre los palos, toda la delincuencia organizada del país: narcotraficantes, traficantes de tierras, caciques regionales vinculados a actividades ilegales como la minería y tala ilegales, y muchos más, que, a su vez, se enriquecen y adquieren poder en este desgobierno y caos. Donde la ley no impera, manda el poder de su dinero.

La clase política, si se le puede llamar así en el Perú, empleó mecanismos legales y constitucionales de forma irresponsable, como si se le entregaran armas a un niño del País de Nunca Jamás que no distingue de la severidad o uso como último recurso de cada una de ellas. Hoy la izquierda reclama indignada por la salida de Pedro Castillo de la presidencia, pero olvida que en marzo del 2018 fue la más entusiasta, junto con el fujimorismo, en propiciar la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y el ascenso de Martín Vizcarra. En buen cristiano, la vaca se olvida cuando fue ternera.

Como resultado, ante nuestros ojos pasaron disoluciones fácticas del Congreso y vacancias presidenciales que contribuyeron a que, desde entonces, hayamos tenido seis presidentes: en promedio, uno por año.

Tal fragmentación llevó a la incertidumbre y volatilidad de las elecciones del 2021 que, por lo impredecibles, llevaron a dos candidatos que, en conjunto, apenas acumulaban algo más del 30% de votos válidos en la primera vuelta. Jamás, desde el final de la dictadura de las Fuerzas Armadas en 1980, dos candidatos presidenciales pasaban al balotaje con menos del 50% obtenido entre ambas fuerzas políticas.

Las elecciones no estuvieron exentas de cuestionamientos, que hubieran venido de cualquiera de ambas partes en caso hubieran sido perdedoras. El cuestionamiento al sistema y reglas electorales es síntoma de la precariedad y debilitamiento institucional arrastradas desde que se rompieron algunas reglas no escritas que permitían cierto equilibrio de gobierno cada quinquenio desde el 2001 hasta el 2016.

La precariedad y la improvisación no pueden parir el orden y la predictibilidad, por lo que el ascenso al poder de Pedro Castillo vino bañado de gestos vacuos, sin la menor idea de cómo hacer gobierno y con centenares de favores que cumplir a varios de los grupos de interés que conviven en los márgenes de la legalidad en el Perú. Sujetos con procesos abiertos por terrorismo, vínculos con el narcotráfico, denuncias de violencia doméstica, charlatanes ejerciendo la medicina en la periferia peruana, entre otros, pasaron a ocupar los más altos cargos ejecutivos a nivel nacional. Los menos idóneos al frente de los destinos e ilusiones de una vida más próspera de millones de peruanos.

La incompetencia y dolo de varios de estos funcionarios condujeron a la implosión de entidades públicas que, tras décadas de clientelismo y uso politizado, habían pasado a ser brazos ejecutivos de política y gestión. El Perú pasó a ser administrado por individuos que escondían fajos de dólares en un baño de Palacio de Gobierno, o que malversaba dineros públicos para, insólitamente, pagar deudas en el sistema financiero. El Perú visto como botín de poca monta para quienes lo habían tomado por la fuerza de la ignorancia, la inmadurez y la fragmentación de sus gentes.

Como corolario de dicho desastre, las denuncias contra el presidente Pedro Castillo se hicieron tantas y tan veraces, que su vacancia parecía un hecho. Se hicieron sendas e improductivas mociones de vacancia desde el 2016 en adelante, pero quizá la más contundente y necesaria era la que se cocinaba a inicios de diciembre del 2022.

Preso de la desesperación y angustia, asesorado apenas por el díscolo ex primer ministro Aníbal Torres y por su advenediza jefa de gabinete, Betssy Chávez, Pedro Castillo llamó al golpe de Estado más absurdo que se hubiera visto en la Historia del Perú y, seguramente, en la Historia Universal. Totalmente desprovisto del poder de las Fuerzas Armadas, cualquier intento de interrupción democrática es inviable. Sin embargo, Pedro Castillo asumió tal decisión, con pleno conocimiento de lo que hacía y el objetivo: evitarse la prisión y gobernar de facto.

Afortunadamente para el país, la incompetencia evidente de Pedro Castillo para gobernar se hizo plena también en el kafkiano golpe de Estado que intentó perpetrar. De inmediato, el Congreso, incompetente también para cuajar una moción de vacancia sólida durante meses, pudo finalmente hacer sesión y, con abstenciones de sus propios partidarios como Guido Bellido, aprobaron vacar al presidente. En apenas tres horas, el Perú pasó de ser víctima del primer golpe de Estado del siglo XXI a enmarrocar al delincuente expresidente y conducirlo a la sede policial más cercana.

¿Es Dina Boluarte presidenta constitucional? Sí, lo es. Pedro Castillo fue vacado por atentar contra la Constitución que juró defender. Si hay un golpista, es Pedro Castillo, no Dina Boluarte. Sin embargo, no pasaron ni 24 horas para que todos aquellos grupos de interés que perdieron el favor obtenido durante el corrupto régimen de Castillo, saliera a las calles para azuzar y provocar a miles de peruanos con el propósito de liberar a Castillo, forzar la renuncia de Boluarte y convocar a una Asamblea Constituyente que sigue sin generar consenso.

Ahora, la gestión de Boluarte desde su origen hizo agua: no cuenta con lealtades en el Congreso, ni partido político. Ha armado gobierno con lo que ha podido, y en esa improvisación no sorprende que la brutalidad y manejo poco eficaz de acciones de Inteligencia hayan llevado a tan torpe contención de estos grupos de interés. Los sesenta fallecidos son una tragedia, porque, a fin de cuentas, quienes mueren no son los azuzadores de un lado o los generales del otro: son los pobres que, como carne de cañón, van a contener las marchas o se lanzan contra un pelotón policial. Por supuesto, que lo acontecido requiere que se investigue a profundidad y que se sancione a quienes hayan sido responsables de esas muertes. En esa línea, es también fundamental que se esclarezca el origen de estas acciones, tanto de los azuzadores y agitadores, como de quienes cumplen órdenes ejecutivas.

Esto nos debe conducir no a una, sino a varias reflexiones.

En un país como el Perú, donde existen leyes, normas y documentos hasta la saciedad, el problema no está en cambiar el texto, sino en hacerlo cumplir. El problema del Perú no pasa por el pensamiento mágico de escribir otra Constitución. La Carta Magna actual protege y promueve, entre otras cosas, el derecho a la sanidad y educación públicas y de calidad. Si no se hace cumplir, no es falta del texto, sino de la incompetencia e inmadurez de la clase dirigente nacional que no sabe hacer frente a esa exigencia y con el refuerzo de criminales y grupos al margen de la legalidad que medran de esta anarquía sin contrato social.

Al Perú le urge reconstruir un contrato social de respeto a la vida, a la integridad física y mental de las personas, al trabajo digno, al acceso a la salud y educación de calidad, a una jubilación decente, al orden, a la seguridad y a la propiedad privada y a la oportunidad de buscar un mejor futuro para ellos y sus familias. Sin estas condiciones, sin esa predictibilidad para planificar una vida mejor, el Perú es inviable.

En esa línea, desde fuera, es lamentable que los medios de comunicación compren solo una versión de los hechos, cuando lo que se vive en el país es resultado incendiario de sectores organizados que solo buscan recuperar cuotas de poder. La complejidad del contexto no da lugar a visiones dicotómicas, de blanco y negro, buenos y malos. Sin embargo, la prensa internacional parece haberse comido tal cuento.

Sí, en el Perú existen demandas postergadas de urgencia, pero estas no surgen el 7 de diciembre de 2022, y es de candidez enorme suponer que estas van a ser atendidas después de toda esta tragedia. Esas voces, reales y legítimas, serán ahogadas por el reclamo interesado que se reduce a la salida de Boluarte y cambiar la Constitución. Es más trágico aún que así se vea y se deje pasar, con indiferencia.

El que anticipe con bola de cristal qué puede ocurrir a continuación no merece la menor atención, puesto que en el Perú tal ejercicio es mera gitanería. Tras el paro nacional del 19 de enero en adelante, es tan posible que Boluarte renuncie como que la violencia continúe. En el interín, los inmaduros de siempre, los comanches y los piratas, siguen haciendo del Perú, ese país donde no gobierna nadie, ese lugar del Nunca Jamás.


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Consulta popular en Ecuador: ¿se cierra el ciclo de la antipolítica?

El próximo febrero, Ecuador ensayará un nuevo ejercicio de reforma política para modificar los equilibrios entre democracia participativa y democracia representativa que están establecidos en la Constitución de 2008. Ahí se indicó una quinta función del Estado, la de transparencia y control social, mediante la cual se sustituye a la legislatura en cuanto a la función de designación de titulares de los órganos de control. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que asumió estas funciones, se mostró ineficiente y vulnerable a todo tipo de presión. La consulta popular convocada por el Gobierno para este 5 de febrero apunta a la modificación de esta situación. Sin embargo, el camino adoptado parecería no ser el más idóneo. 

La Constitución del 2008 establece tres modalidades de cambio político constitucional: la reforma, que es tratada por la Asamblea y que requiere, para su aprobación, las dos terceras partes de los que la integran; la enmienda, que es tratada mediante plebiscito o consulta popular; y la Asamblea Constituyente. Las dos primeras no pueden cambiar la estructura del Estado ni afectar derechos, mientras que la tercera sí puede introducir modificaciones de esta profundidad.

Una reforma de fondo tendría que ver con la instalación de una Asamblea Constituyente, pero el régimen descarta esa posibilidad y opta por un camino que combina las modalidades de la reforma y la enmienda constitucional. Las preguntas se agrupan en tres grandes ejes temáticos: seguridad, institucionalidad y ambiente. Las primeras dos están dirigidas hacia el fortalecimiento del Estado en la lucha contra el crimen organizado a través de la introducción de la extradición en casos de delitos transnacionales y el fortalecimiento de la Fiscalía. Para ello, fomenta su autonomía respecto del Consejo de la Judicatura.

Las preguntas tres y cuatro apuntan hacia la reducción del tamaño de la Asamblea y a la exigencia de mayores requisitos para la inscripción de movimientos locales, con el fin de disminuir la fragmentación política y el localismo. Las preguntas cinco y seis están dirigidas hacia la modificación de los procesos selectivos en la integración del CPCCS, así como también de los órganos de control (Contraloría, Procuraduría, Defensoría Pública, Consejo Electoral, Consejo de la Judicatura, Superintendencias y otros). Finalmente, las preguntas siete y ocho se orientan hacia el mejoramiento de la gobernanza ambiental mediante el control de las fuentes hídricas y la compensación para los que protegen los bienes ambientales.  

La consulta parecería advertir que el problema central de la institucionalidad radica en los déficits de capacidad selectiva del sistema político. En la actualidad, los actores políticos no son funcionales al incremento del poder decisional para reducir las asimetrías sociales, generar bienestar y crecimiento de la economía. Las decisiones que adopta la Asamblea responden a intereses particulares de grupos de poder y, en muchos casos, a estructuras mafiosas o delincuenciales. El diseño institucional genera fragmentación y no es proclive a la producción consensual de la política.

El mismo problema, pero en otro grado institucional, se presenta al tener que definir las lógicas del control político. El diseño garantista pone énfasis en el derecho de acceso al proceso decisional, genera la impresión de que el sistema está abierto a fortalecer la democracia participativa y a recibir la participación de ciudadanos interesados en integrar los órganos de control, pero, al hacerlo, termina descuidando la responsabilidad en cuanto a la toma de decisiones, el ciudadano que los integra es responsable solo frente a sí mismo y no frente a la sociedad o a las instituciones que la conforman.

La escasa legitimidad de origen de funcionarios de estas instancias los vuelve sujetos influenciables por poderes de hecho que no derivan de la representación política, lo que termina por bloquear el funcionamiento institucional o, en su defecto, por judicializar a la política, al usar indiscriminadamente los recursos garantistas de protección de derechos. La línea antirrepresentación presente en la Constitución de Montecristi aquí revela la gravedad de sus efectos.

Si bien se reconoce la pertinencia de los temas y de las preguntas, los cambios y modificaciones planteados por la consulta no son claros y contundentes, ello se aprecia tanto en la tímida reforma al sistema de organizaciones políticas como en la ambigua y poco decidida traslación hacia la legislatura de las competencias del CPCCS; se mantiene la dicotomía entre partidos nacionales y movimientos locales, la reforma apunta más a lo cuantitativo que a lo cualitativo; no es suficiente reducir el tamaño de la legislatura o exigir umbrales de afiliación a los movimientos. Se trataría en todo caso de eliminar dicha dicotomía y fortalecer a los partidos como monopolios de la representación, incentivar su presencia en los ámbitos locales para reducir el localismo y el clientelismo, pero la consulta no define con claridad estos aspectos sustantivos y cruciales en la operación selectiva del sistema político.

Lo recomendable sería repotenciar la legitimidad de origen en los procesos de nominación de autoridades de control, en los cuales la legislatura pueda recobrar protagonismo, y trabajar en la reconfiguración de la representación, cerrando, sin embargo, el ciclo de la antipolítica que caracterizó al diseño institucional de Montecristi.

Todo ello supondría determinar con más claridad el papel de la sociedad civil (Academia y colegios profesionales), que podría fungir como instancia o filtro de mediación técnica y profesional, para que, conjuntamente con mecanismos de impugnación ciudadana abierta, se mejoren las capacidades selectivas del sistema. No obstante, estas líneas de reforma no aparecen adecuadamente formuladas en la consulta.

Es probable que la reforma institucional deba esperar mejores condiciones, con el objeto de posibilitar un examen más concienzudo de todo el entramado institucional, pero ello requeriría de una Asamblea Constituyente, que, en las condiciones actuales, parecería inviable.


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Los jueces también hacen política

El 21 de diciembre de 2022, el académico de la UNAM, Guillermo Sheridan, demostró que la actual ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de México, Yasmín Esquivel, había plagiado totalmente una tesis de licenciatura con la que obtuvo el título de abogada en 1987. En los días que siguieron, Esquivel lo negó de manera sistemática, pero en el repositorio digital de la UNAM, que contiene todas las tesis, se podía corroborar el plagio. 

Finalmente, el 11 de enero la universidad confirmó que la ministra obtuvo su grado de forma fraudulenta y en colusión con su asesora de tesis. Sin embargo, la misma universidad señaló que la Secretaría de Educación Pública, autoridad del Estado encargada de reconocer los grados académicos, es el organismo que puede retirar el título.

En casi todo el mundo el poder judicial es monopólico disciplinar; solo los que tienen un título en derecho pueden acceder a la carrera judicial. Un título académico demuestra una formación y habilita a una persona para ejercer una profesión, pero, si se obtiene de manera fraudulenta, toda esa carrera habrá sido una simulación. 

Por ello, este no es un caso más de plagio académico. Se trata de una magistrada de la corte suprema, uno de los cargos más importantes del Estado, y su legitimidad se basa tanto en el proceso formal para designarla como en su carrera y reputación.

Esquivel, sin embargo, es esposa de José María Riobóo, uno de los principales contratistas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y muy cercano desde que gobernó la Ciudad de México. Esta condición, y no tanto su carrera, le permitió a Esquivel el que el Ejecutivo la propusiera para ocupar el cargo de ministra de la SCJN. Así, su caso pone bajo la lupa la legitimidad de los jueces, el peso de sus decisiones, el importante papel político de las instituciones judiciales como garantes del Estado de derecho, pero también los peligros de la politización de la justicia.

Los jueces no son la boca de la ley

Los jueces hacen política, pues sus acciones y decisiones influyen decisivamente en el sistema político. La sentencia de Montesquieu, “los jueces son la boca por donde habla la ley, seres inanimados que no pueden moderar ni su fuerza ni su rigor”, es una visión equívoca, y desafortunadamente muy difundida.

Las leyes nacen en los Parlamentos y, por lo tanto, son un producto político con objetivos y fines. Para que las leyes funcionen y para que su aplicación sea justa, tienen que construirse buscando el bien general, y, aun así, pueden ser manipuladas. De ahí que el papel de los jueces sea fundamental. ¿Cuándo contribuye la actuación de los jueces al mejoramiento de la democracia? La respuesta es: cuando legítimamente hacen valer el Estado de derecho.

En diciembre de 2022 un tribunal penal de Argentina condenó a Cristina Fernández, vicepresidenta y líder del grupo actual en el poder, a seis años de prisión por corrupción durante sus dos gobiernos. Durante el proceso y, a pesar de las pruebas en su contra, Fernández nunca dejó de considerarse víctima de una “mafia judicial”.

En Brasil, la operación Lava Jato llevó en 2014 al descubrimiento de una red de lavado de dinero que comprendió a más de cuarenta políticos y a funcionarios de Petrobras, la mayor empresa petrolera de ese país. Como consecuencia de la mala aplicación de las leyes y de las presiones indebidas hacia los jueces, pero también de la corrupción de algunos de ellos, el caso se politizó hasta el punto de encarcelar al ahora y otra vez presidente Luis Ignácio Lula da Silva. En 2019 la sentencia fue revocada y el caso Lava Jato quedó en entredicho.

Partiendo de las investigaciones a Odebrecht, empresa constructora brasileña que sobornaba para ganar contratos de obra pública, se juzgó y encarceló a políticos y a funcionarios de varios niveles de, entre otros países, Brasil, Argentina, Colombia, Perú y Venezuela.

Pero las situaciones varían de país en país. En casos como Perú, donde entre las personas investigadas están los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pablo Kuczynski, la justicia ha sido contundente y ha enjuiciado a políticos de todas las orientaciones políticas. Mientras tanto, en México, Emilio Lozoya, funcionario de alto nivel muy cercano al expresidente Enrique Peña Nieto y con numerosas acusaciones y evidencia de actos ilícitos, goza de libertad condicional.

El sistema judicial es un poder de control de otros poderes. Por ello, en América Latina los políticos, particularmente los presidentes, han tratado de someterlo. La designación de los más altos cargos judiciales en casi todos los países de la región es un proceso político en el que muchas veces cuenta poco la carrera judicial y el prestigio.

El reconocimiento del papel político de los tribunales y las cortes supremas se debe a los procesos de democratización que llevó a la creación de nuevas Constituciones o a profundas reformas constitucionales para afirmar derechos políticos, sociales, económicos y culturales. No es que antes fueran pasivas y ahora sean activas, sino que la democratización amplió su papel como protectora de tales derechos. Sin embargo, cabe destacar que también favoreció la judicialización de la política, ya que la resolución de asuntos, que antes se decidían en la arena política, ahora se resuelven por la vía judicial.

El Judicial es un poder que no obtiene su legitimidad de las urnas, la ciudadanía acepta las decisiones judiciales porque confía en que los jueces cumplen los requisitos que marca la ley y que su formación y desempeño aseguran que tales decisiones se apegan a los principios de derecho y están orientadas hacia la búsqueda de la justicia.

En casi cualquier país, si se descubre que un médico hizo trampa para obtener su grado, inmediatamente se le retira de su función, independientemente de su historial. ¿Por qué no puede suceder lo mismo con un abogado?

La ministra Esquivel obtuvo su título, consciente de que estaba cometiendo un fraude. Ahora, al permanecer en el cargo, pone en riesgo la legitimidad de la SCJN y de todo el andamiaje del sistema judicial mexicano. Cualquier decisión de la corte sobre casos similares a los mencionados anteriormente, que comprenda temas socialmente delicados y políticamente relevantes, estará cubierta por un velo de sospecha antes de siquiera conocerse el veredicto. La SCJN ya no tendrá el prestigio que debería tener, pues sin legitimidad, la legalidad de las decisiones judiciales estará en tela de juicio.

Brasil debe buscar soluciones pactadas para evitar las desgracias del pasado

El nuevo gobierno de Lula -su tercero y el quinto del Partido de los Trabajadores- ha comenzado su luna de miel con los votantes anunciando la reactivación de políticas de Estado que habían sido descuidadas o saboteadas por el gobierno anterior. Además, ya se ha empezado a poner en orden el presupuesto público, tras la orgía de beneficios otorgados por Bolsonaro para intentar ganar las elecciones. Esto debería garantizar a Lula un inicio de gobierno sin grandes sobresaltos por falta de recursos. Pero a pesar de las promesas de Lula de no aumentar los gastos de personal ni perder de vista el enfoque programático, la gran cantidad de ministerios repartida entre su amplia base de apoyo parlamentario, ahora transformada en «frente amplio», huele al pasado.

El área estratégica de Ciencia y Tecnología, por ejemplo, se encomendó a una dirigente del Partido Comunista de Brasil (PCdoB) que no tiene antecedentes en la materia. Lo mismo puede decirse de las áreas de Comunicaciones y Turismo, que fueron asignadas al partido Unión Brasil; de las áreas de Minas y Energía y de Pesca, a cargo del Partido Social Democrático (PSD); Ciudades, para el Movimiento Democrático Brasileño (MDB) y las áreas de Desarrollo Agrario y Gestión a miembros del Partido de los Trabajadores (PT). En todos estos casos, los elegidos parecen carecer de la experiencia necesaria para afrontar con eficacia, desde el inicio, las respectivas exigencias de sus carteras en un Gobierno que habla de «urgencias» y de no tener «espacio para equivocarse».

Esta práctica no es exclusiva del PT. Es un problema estructural de la democracia brasileña, responsable, en gran parte, de su mal funcionamiento, ya que empodera facciones políticas, disfrazadas de partidos, sin compromiso con el bien público. El problema es que la Realpolitik brasileña insiste en despreciar los efectos de tal pragmatismo sobre la propia legitimidad del sistema, atribuyendo los agudos síntomas de su degeneración únicamente a las locuras bolsonaristas y a su prodigiosa máquina de desinformación.

A la ciega autoconfianza del pragmatismo brasileño y su arte de acomodar intereses se suma el ensimismamiento de la izquierda en su eterno juego de instrumentalización de la «lucha democrática». Esta sensación de infalibilidad parece impedirnos tomar plena conciencia de los errores cometidos desde la redemocratización del país. Esto se aprecia en la despreocupación de Lula por el control del gasto público, sin tener en cuenta que el Estado brasileño es un Estado caro -prisionero de oligarquías derrochadoras- que ofrece servicios de baja calidad -como la educación básica, la salud y la seguridad- en medio de una corrupción institucionalizada.

De hecho, gran parte de la calidad de vida de los asalariados depende del acceso a servicios públicos de calidad y no tanto al mercado de consumo, tan destacado en los trece años de gobiernos del PT.

Por otro lado, no es de extrañar que en sus discursos de asunción del mando, Lula no haya tocado el tema de la corrupción y que haya nombrado para la cartera de Integración Nacional a un político condenado por el Supremo Tribunal de Justicia a seis años de prisión por malversación de fondos, según alerta la ONG Transparencia Internacional. El presidente tampoco habló de la eficacia de la máquina gubernamental y de la seguridad pública, como si fueran cuestiones resueltas que no afectan a los más pobres.

Tras el reciente intento de golpe bolsonarista, puede ser que estos temas sean aún menos discutidos por los expertos y los medios de comunicación, a fin de evitar críticas al gobierno tras los fuertes ataques a la democracia y sus instituciones. Sin embargo, estos temas estarán inexorablemente presentes en la vida cotidiana de la población y ningún gobierno tendrá éxito si no los enfrenta, lo cual implica confrontar a los sectores parasitarios que dominan la máquina pública.

Además de los problemas estructurales de Brasil, el nuevo gobierno deberá afrontar el estancamiento económico empeorado por la crisis económica global. Y aquí entramos en la cuestión más delicada para la supervivencia de nuestra democracia: ¿hasta cuándo podremos refinanciar nuestra deuda social mediante deuda pública, sin tomar medidas eficaces para la sostenibilidad del desarrollo económico y social?

A juzgar por los discursos de Lula y del vicepresidente Geraldo Alckmin, este problema ha dejado de ser un tema anacrónico para las élites brasileñas. Sin embargo, la eficacia de su confrontación se ve obstaculizada por la cuestión objetiva del presupuesto público y la planificación, y por la forma en que el sistema político los implementa.

Retomar la senda del desarrollo nos plantea el doble desafío de la presión distributiva y del crecimiento del Estado, frente a múltiples intereses particularistas (corporativos) a nivel de empresas y segmentos estatales. La presión presupuestaria de este tipo de acuerdos se registra en el «techo de gasto» instituido en el gobierno de Michel Temer, tanto porque excluyó de él los costos de la deuda pública, como porque subestimó las necesidades sociales presentes en una democracia.

La solución de este impasse requiere mucho más que lo que parece capaz de ofrecer la concertación democrática en torno al nuevo gobierno. Tanto en lo que se refiere a la elaboración de soluciones efectivas, reuniendo a pensadores y fuerzas políticas de diversas orientaciones, como en la urgencia de enfrentar y resolver la crisis de legitimidad, que pasa por la transformación de las facciones en verdaderos partidos. Estas metas no pueden ser alcanzadas por la política de conciliación tal como se ha establecido históricamente en el país.

En esta etapa de la vida política nacional, la incapacidad del nuevo gobierno para generar y hacer viables estas soluciones pactadas podría ser la sentencia de muerte de la Nueva República. En todos los casos anteriores, una vez que el poder político había agotado su margen de maniobra, el cambio contó con la participación directa de los militares, bien para redefinir los términos del régimen liberal, bien para suprimirlo. Esforcémonos, pues, por producir una solución pactada capaz de evitar las desgracias del pasado.

En este año electoral, ¿se consolidará el ciclo progresista?

Ha comenzado el 2023 y en este año electoral la región muestra síntomas de tensión. El Perú no ha logrado salir de la complicada crisis institucional desde diciembre del año pasado; Brasil vivió la toma de la sede de los poderes por parte de los partidistas del expresidente Jair Bolsonaro; la economía argentina es víctima de la hiperinflación y el fantasma del autoritarismo recorre la región.

Actualmente, el mapa ideológico se encuentra dividido entre once países gobernados por la izquierda; cuatro, por la derecha, y tres, por el centro. Con estas cifras, hay elementos para argumentar que la región ha vivido un giro hacia la izquierda. No obstante, no sabemos si será fugaz o si se afianzará y durará al menos una década como en la primera ola (2003-2015).

Este año pertenece a lo que el politólogo Daniel Zovatto ha llamado el superciclo electoral, ya que nueve países irán a las urnas. Algunos como Ecuador celebrarán comicios locales, Colombia votará gubernaturas y alcaldías, Chile prevé un nuevo calendario para impulsar otro plebiscito constitucional en diciembre, y México tendrá elecciones en dos entidades del país. Sin embargo, 2023 alberga tres elecciones generales: las de Paraguay en abril; Guatemala, en junio, y Argentina, en noviembre.

Hemos visto en procesos anteriores que candidatos radicales como el chileno José Antonio Kast, o Keiko Fujimori en el Perú, fueron derrotados en las urnas. Sin embargo, la región ha sido testigo del nacimiento de candidaturas antisistema, y la población se ha visto seducida por estas, tal como ocurre en El Salvador, de Nayib Bukele; el Brasil, de Jair Bolsonaro, y los Estados Unidos, de Donald Trump.

Los comicios de Guatemala y Paraguay son significativos para la izquierda latinoamericana si se toma en cuenta que estos países han sido gobernados, generalmente, por la derecha. Las fuerzas progresistas de Paraguay, como el Frente Guasú y el Partido Democrático Progresista, intentarán derrotar al oficialista Partido Colorado, que busca retener el poder y que el país rote hacia la izquierda. Si esta nación cambia la derecha por la izquierda, prácticamente todo el Cono Sur estaría bajo el mando de Gobiernos progresistas.

No obstante, se debe tener en cuenta que si la Presidencia es de izquierda habrá que analizar la conformación del Poder Legislativo. Este es un hecho que cada vez cobra más relevancia, debido a que los candidatos de la izquierda encabezan los Gobiernos, pero los Congresos están dominados por la derecha, un aspecto decisivo al implementar el plan de gobierno.

El siguiente país donde la derecha tiene gran presencia es Guatemala. Este es un caso curioso, ya que desde principios del siglo XXI no ha girado hacia la izquierda, sino que ha tenido presidentes de derecha en mayor o menor medida. El progresismo guatemalteco se aglutina, hasta el momento, en el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, que buscará establecer un Gobierno de izquierda. A diferencia de 2019, cuando su protagonismo era mínimo y terminó en un cuarto lugar, ahora las cosas podrían cambiar y hacer que la nación gire a la izquierda por primera vez en este siglo.

Por último, las elecciones generales en Argentina serán la antesala del péndulo político, dado que se definirá si el peronismo retiene el poder o si la derecha lo sacará de la Casa Rosada. El gobierno de Alberto Fernández no ha logrado detener el aumento de la inflación que ha deteriorado la economía familiar. Si bien el triunfo de Argentina en el Mundial representó una bocanada de aire fresco para el país, las disputas para eliminar las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) han generado incertidumbre. El desdoblamiento del calendario electoral en catorce provincias y la declaración de Cristina Fernández de que no se presentará como candidata del Frente de Todos han modificado el panorama rumbo a las elecciones.

Argentina podría ser el primer país en el que la izquierda deje el poder en el marco de esta nueva ola de izquierda. Por ello, esta elección será decisiva para el progresismo y la derecha regional. Además, será la antesala del 2024, cuando ocho países vayan a las urnas para elegir a un nuevo presidente. De estos, seis son gobernados actualmente por la izquierda; uno, por el centro, y solo uno, por la derecha. A su vez, Estados Unidos tendrá elecciones presidenciales en 2024, lo cual ejerce un gran impacto político en nuestra región.

Finalmente, en Haití se ha instalado el Alto Comité para la Transición, el cual se encargará de organizar elecciones en 2023, con el objetivo de renovar los poderes. El 9 de enero los últimos diez senadores electos terminaron su encargo; por lo tanto, ya no hay funcionarios electos, y todos han sido nombrados por la emergencia que vive el país desde 2016 cuando se realizaron los últimos comicios, y luego por el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021.

Ante este contexto, ¿se terminará de consolidar este nuevo progresismo latinoamericano o la derecha comenzará a ganar terreno nuevamente?

Perú da un giro, esta vez a la derecha

Mientras en la mitad del país siguen las manifestaciones, protestas y marchas, cuyo objetivo es la renuncia de la presidenta y el cierre del Congreso, la respuesta gubernamental comprende los llamados a la calma que ha hecho la mandataria Dina Boluarte y una dura represión por parte de la policía y el Ejército. Esto ha llevado a que, hasta ahora, haya alrededor de cincuenta muertos y centenares de heridos, además de la declaración del estado de emergencia. Así, el gobierno de Boluarte se ha ido alineando al perfil de sus socios del sector de la derecha del espectro político.

En busca de una definición

Hace un mes, luego de que Boluarte asumiera la Presidencia como consecuencia del autogolpe fracasado de Pedro Castillo, el rumbo político del país era más bien indefinido. A mediados de enero la definición se ha ido aclarando luego de haberse hecho un cambio de primer ministro, quien fue reemplazado después de haber pasado apenas once días en el cargo, la multiplicación de protestas y la violenta represión que llevó a tres ministros a renunciar como señal de discrepancia.

Boluarte está apoyada por los grupos de derecha que representan algo más de un tercio de los escaños del Congreso y que han recibido reconocimiento mediante la designación de algunos ministros y altos cargos en el Ejecutivo. La presidenta dirige frecuentes discursos en los que pide perdón por los baleados a manos de las fuerzas del orden y ha hecho suya la propuesta de adelantar las elecciones. Sin embargo, aún se halla pendiente de establecer la fecha de las próximas elecciones generales que se harán en 2023 o en 2024, en lugar de en 2026, dadas las exigencias de los manifestantes.

Algunos de los nombramientos que ha hecho Boluarte indican hacia dónde se inclina su gestión. El ministro de Educación, Óscar Becerra, quien tiene una formación multidisciplinaria, fue señalado por una investigación parlamentaria como partícipe en la adquisición de computadoras a precio sobrevalorado durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011), asunto que no desembocó en un procesamiento judicial. Su participación en las redes sociales lo muestra afín a las ideas de quienes cuestionan la evaluación que hace la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) de la calidad de las universidades, y que, en nombre de la autonomía universitaria, defienden la proliferación de universidades privadas con fines de lucro. Ha mostrado su inclinación política en una presentación ante una comisión del Congreso, en la que afirmó: “Tenemos que detectar a través de los servicios de Inteligencia a los elementos que pretenden socavar las bases democráticas de nuestra sociedad (…) lamento reconocer que están infiltrados en el magisterio y en el Ministerio de Educación, no podemos permitirlo”.

El ministro del Interior, Vicente Romero, es el tercero en esa cartera en lo que va de mes y medio del gobierno de Boluarte. Es un general de la Policía Nacional que ha mantenido cercanía con cuatro presidentes de la república. Un video, sin embargo, que circula en redes sociales lo muestra entregando calendarios de propaganda de Alberto Fujimori durante su periodo presidencial. En lo que lleva de gestión y dada la actuación de las fuerzas del orden, ha habido 18 civiles muertos que participaban en protestas en la localidad de Juliaca.

Debido a los disturbios (salpicados de desmanes, tal como suele ocurrir en estas expresiones desbordadas), se ha comparado la respuesta gubernamental con el caso de Brasil. En las manifestaciones bolsonaristas que invadieron el Congreso y las sedes judiciales hubo 1.500 detenidos, pero ni un solo muerto.

En el caso de Perú, el primer ministro Alberto Otárola declaró lo siguiente en el Congreso: “Actuaremos con firmeza ante las acechanzas de los extremismos fundamentalistas y mesiánicos y de cualquier forma de totalitarismo impulsado por infiltrados violentistas de toda laya”. 

La asimilación de la protesta en con el terrorismo es una repetida tesis conservadora cuyo fundamento ha sido anunciado por el vocero del sector derechista en el Congreso. El almirante en situación de retiro, Jorge Montoya, recitó lo siguiente en Twitter: “Si no se restablece el principio de autoridad, todo está perdido. Las fuerzas del orden deben estar autorizadas a disparar. Es sumamente peligroso continuar así”.

¿Cuánto puede durar la presidencia de Boluarte?

Boluarte, que se ha definido como “una mujer provinciana de izquierda”, confiesa que no entiende las protestas que se han extendido en el país durante las últimas semanas. Al parecer, al asumir el cargo (para lo cual, dos días antes fue exonerada en el Congreso de una acusación que podría haberle impedido continuar como vicepresidenta) no tenía un rumbo claro. Designó a un primer ministro notoriamente incompetente y a un gabinete formado por técnicos. Las protestas que ocurrieron unos días después (y probablemente alguna suerte de cercanía y de acuerdo con sectores de derecha del Congreso) la llevaron a cambiar el derrotero y a designar a representantes de la “mano dura” en altos cargos.

Entretanto, su desaprobación en la Presidencia creció tres puntos porcentuales en enero hasta llegar al 71%, según la encuestadora IPSOS, que detalla que el rechazo es mayor en el interior del país (79%) que en Lima (57%). La desaprobación del primer ministro Otárola es menor, pero también mayoritaria (61%), y la del Congreso ha aumentado hasta el 80%. Asimismo, una abrumadora mayoría favorece el adelanto electoral.

Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, el 58% de los peruanos considera que los organismos de seguridad cometieron excesos al reprimir las protestas, pero la mitad de ellos dijo que se sentían identificados con estas. Y el apoyo a la demanda por una nueva Constitución ha pasado del 47% en mayo al 69% en enero.

No está claro cómo se podrá superar una situación que parece entrampada y se adereza con voces que llaman a una guerra civil. El 10 de enero el Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales sostuvo que las muertes ocurridas son “producto de la protesta popular y el accionar del gobierno” y reiteró su posición “para que el adelanto de las elecciones generales con el recorte presidencial y del Congreso se realice de inmediato”, como una solución efectiva a la crisis política. Además, solicitó la “sanción a quienes han cometido hechos vandálicos contra la infraestructura pública y privada”.

Ciertamente, la renuncia de una aturdida Dina Boluarte no comporta una solución a los problemas de fondo del país. Sin embargo, sería una válvula de escape a la presión de una marea social desatada a partir del golpe de Estado de Pedro Castillo, su vacancia y detención, pero que tiene hondas raíces en la desatención secular, teñida de discriminación y desprecio que sufren vastos sectores del Perú.

La disyuntiva de Lula da Silva

Existe bastante coincidencia entre los analistas brasileños acerca de que el asalto a los edificios de los poderes públicos del pasado 8 de enero tiene el efecto inmediato de abrir una ventana de oportunidad a favor de acción de gobierno del presidente electo Lula da Silva. Donde hay menos consenso es respecto de la dimensión y el plazo de esa ventana.

El amplio rechazo de la asonada se ha mostrado a nivel institucional y en las calles de las principales ciudades, donde se ha exigido mano dura contra los violentos asaltantes. Pero otros datos son menos coincidentes.  La votación de condena del senado ha salido adelante sin contar con el voto favorable de los senadores bolsonaristas. Asimismo, en varios estados también ha habido manifestaciones de seguidores de Bolsonaro a favor de la puesta en libertad de los detenidos en los hechos reprobados por las autoridades de los tres poderes.

En cuanto a la duración de ese lapso de oportunidad, todo indica que es bastante incierto. Mucho depende del manejo posterior que haga Lula de la crisis y de las reverberaciones que esta tenga en otros campos, como, por ejemplo, entre los actores económicos. La demanda de estabilidad política de estos sectores pesará sobre el equipo económico del nuevo Ministro de Hacienda, Fernando Haddad, que enfrenta el reto de recuperar el equilibrio macroeconómico del país.

Existe asimismo una demanda de los sectores radicales de la izquierda, que también habitan al interior del PT, que plantean aprovechar la intentona golpista para dar un salto adelante en un programa de confrontación de clases. Con frecuencia, esta perspectiva se alimenta del desconocimiento -o la subvaloración- de la división sociocultural del Brasil, que se sustituye por la idea de que el bolsonarismo es un movimiento radical protofacista. Desde luego que entre los seguidores de Bolsonaro existe un sector radical que desconocen las reglas del juego democrático, pero creer que el 49% que votó a Bolsonaro esta en esa disposición es simplificar el análisis. Y en sentido opuesto, creer que Lula lidera ya un amplio campo político (de izquierda, centro y derecha), que abarca más de la mitad de la población que le apoyó en las elecciones es caer en un espejismo. Significa considerar que el rechazo masivo de la asonada constituye una ventana de oportunidad de larga duración para Lula. Un espejismo similar al sucedido en Chile con la elección de Boric, cuyo equipo creyó poseer una amplia base de apoyo y hoy no se explica la caída en picado de su apoyo popular (por debajo del 30% del electorado).

Sin embargo, es poco probable que Lula se deje caer en la tentación de esa fuga hacia adelante. Si el nuevo mandatario evita esa perspectiva radical, la disyuntiva que enfrenta refiere a dos perspectivas posibles: gobernar sabiendo que Brasil se encuentra radicalmente dividido y tratar de reunificarlo, como prometió la noche de los resultados electorales, o bien gobernar a pesar de la división existente, tratando de disimularla o esquivarla.  Ambas opciones tienen sus propios fundamentos.

Gobernar tratando de surfear la polarización puede partir de la simple espera, muy frecuente tras las crisis, de que el tiempo apacigüe los ánimos, lo que haría depender su éxito del desarrollo de un buen gobierno general del nuevo presidente. Pero existe otro argumento más rotundo: considerar que la reunificación del país es imposible. Esa es la orientación de varios analistas académicos. Un artículo de Andrés Malamud, de la Universidad de Lisboa, tomando como referencia la tesis de Timothy Power, profesor de Oxford, de que en las sociedades polarizadas no puede haber presidentes muy populares, sostiene que a lo único que se puede aspirar en estas sociedades es a que “el odio de la mitad de la población se exprese en las urnas y, pacíficamente en las calles, pero no en los palacios de Gobierno” (El País, España, 10/1/23). En pocas palabras, aceptar que la polarización es inevitable, intentando que no se salga de los límites pacíficos.

Puede que esta previsión, no muy edificante, sea la más realista, pero significa asumir que la promesa de Lula de reunificar el país es solo una quimera, porque, independientemente de su voluntad, es inalcanzable. Pero aceptar ese planteamiento de que la división de la sociedad es insuperable, significa aceptar que es imposible impulsar una interlocución sobre diferentes visiones de mundo que permita alcanzar nuevos consensos socioculturales, o, al menos, mayorías muy extendidas al respecto. Algo que implicaría negar la posibilidad de una deliberación ciudadana, fruto de un proceso comunicativo (como plantea el sociólogo alemán Jurgen Habermas).

En el caso de Brasil ese dilema tiene un marcado componente de carácter religioso. Una antigua colaboradora de Lula, Marina Silva, hoy ministra de medio ambiente, ahora evangélica, sostiene que es necesario tener una actitud de dialogo con el evangelismo “que pronto será casi la mitad de la población brasilera”. Y existe coincidencia en Brasil acerca de que el bolsonarismo es claramente mayoritario en el ámbito evangélico. ¿Será imposible realizar una interlocución con esa visión de mundo, claramente distinta a la que tiene el Partido del Trabajo? Ojalá Lula no abandone el reto de lograr la reunificación de Brasil impulsando la deliberación ciudadana, apoyada en la ejecución de un buen gobierno. Mantener esa promesa no solo aumentaría el anhelo de un Brasil menos violento, sino que aportaría alguna esperanza de concebir un horizonte regional menos amenazante. Es necesario tener en mente el aviso peruano de lo que significa tratar de impulsar un proyecto radical en una sociedad políticamente dividida. Tal vez sea más útil que estar predispuesto a usar la socorrida noción de fascismo para analizar todo escenario conflictivo, sobre todo haciendo comparaciones simplistas con los fenómenos liderados por Hitler o Mussolini en la primera mitad del siglo pasado.  

Puerto Rico busca superar su condición territorial-colonial

En 1898, en el contexto de la guerra Hispano-Estadounidense, Puerto Rico pasó de ser colonia de España a convertirse en uno de los 16 territorios de Estados Unidos. De estos, solo cinco están habitados: Guam, islas Marianas del Norte, islas Vírgenes Americanas, Samoa Americana y Puerto Rico, que es el único con la estructura política requerida constitucionalmente para intentar trascender su situación territorial.

El pasado 15 de diciembre la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó con 233 votos a favor (217 demócratas y 16 republicanos) y 191 en contra (todos republicanos) el Puerto Rico Status Act. HR 8393. Este se trata de una ley presentada por los congresistas puertorriqueños y demócratas, Nydia Velázquez, de Nueva York, y Darren Soto, de Florida, y también por medio de la comisionada del Gobierno de Puerto Rico en Washington, Jennifer González Colón. Esta última está aliada al Partido Nuevo Progresista, que gobierna en Puerto Rico, y al Partido Republicano, de Estados Unidos. La ley está avalada, asimismo, por otros 59 congresistas.  

Este instrumento ordena la celebración de un plebiscito en Puerto Rico para sus 3.2 millones de habitantes (ciudadanos americanos), avalado por primera vez en la historia de manera explícita y directamente por parte del Congreso (antes hubo consultas consecuentes, pero sin ese aval), para dirimir y diligenciar su estatus definitivo en su relación con Estados Unidos.

Las opciones de la consulta excluye el estatuto territorial-colonial vigente, denominado Estado Libre Asociado (ELA), que fue establecido en 1952 y declarado en bancarrota fiscal desde 2017. En términos macroeconómicos, Puerto Rico, partiendo del régimen del ELA, tiene un ingreso per cápita de alrededor de 32.000 dólares anuales, que es menos de la mitad del promedio de los 50 estados (estos también tienen sectores privados más fuertes y competitivos), pero con costos de vida y cargas contributivas, los cuales, en muchos casos, son comparables o mayores a estos.  

Los territorios: modelos de inferioridad económica y ciudadana

El constitucionalismo estadounidense establece dos categorías principales de organización política: los estados, en los que sus ciudadanos disfrutan de plenitud de derechos, otorgamientos socioeconómicos y privilegios, y los territorios, en los que no existe tal beneficio.

La Constitución estadounidense de 1789, muy avanzada para la época, pero que existía en medio de tiempos de expansiones geográficas y esclavitud, establece en el artículo IV, de la tercera sección (cláusula territorial) que “el Congreso podrá disponer de, y promulgar todas las reglas y reglamentos en relación con el territorio y otras propiedades pertenecientes a Estados Unidos». 

Esa estipulación es de carácter plenipotenciario y sienta las bases para que la propia Constitución discrimine de manera selectiva contra los ciudadanos americanos residentes en los territorios, que, por ejemplo, no pueden votar en las elecciones de los Estados Unidos, pero que son reclutados, incluso de forma obligatoria si fuese necesario, lo que ha ocurrido en el pasado para que sirvan a las Fuerzas Armadas. Paradójicamente, los ciudadanos de los territorios adquieren derechos plenos si se reubican en los 50 estados. 

El Proyecto

El Proyecto HR 8393 es el primer paso para que Puerto Rico supere su condición territorial-colonial. Este dispone que la consulta plebiscitaria incluirá tres opciones no territoriales, tomando en cuenta que cualquiera de ellas es más digna y eficaz que el estatuto actual: A) La independencia o separación total. B) La libre asociación, una variante de la independencia, que mantendría la ciudadanía americana durante 25 años para quienes nazcan en ese período, y las transferencias metropolitanas de recursos económicos. C) La estadidad, que significa la integración plena, con ciudadanía estadounidense permanente y una incorporación mayor que la actual de la economía puertorriqueña a la de Estados Unidos. 

Puerto Rico recibe hoy aproximadamente 22 mil millones de dólares anuales en transferencias gubernamentales, una cifra sustancial pero muy inferior a la de alrededor de 40 mil millones que perciben estados que albergan a un número de habitantes comparable a Puerto Rico, como es el caso de Connecticut o Arkansas. La estadidad ha ganado los tres plebiscitos más recientes en 2012, 2017 y 2020.

Derivaciones

Aun cuando el Proyecto 8393 no fue discutido en el Senado, y técnicamente quedó sin vigencia inmediata al terminar el periodo congresional en diciembre de 2022, sus proponentes, que cuentan con el respaldo de la administración Biden, lo impulsarán otra vez. Aunque el proceso político será difícil y puede inducir a ajustes, tiene posibilidades de éxito en una Cámara que ahora lideran los republicanos pero por una mayoría menor al margen de aprobación anterior. Y, si en esta ocasión, llega con tiempo suficiente al Senado, ese cuerpo está bajo el control demócrata.

En este momento el mayor respaldo para el proyecto proviene del Partido Demócrata, entre otras razones porque dentro del Partido Republicano existen voces que argumentan que Puerto Rico sería un Estado demócrata. Es una idea apócrifa, pues a lo largo de la Historia, Puerto Rico ha elegido candidatos de ambos partidos. Además, la conducta electoral siempre varía.

Más allá de esa falsa teoría, el debate bipartidista en Estados Unidos sobre los temas de inmigración y multiculturalismo repercute en Puerto Rico. Por ejemplo, en el plano interno, entre los opositores a la estadidad sobresale el movimiento independentista puertorriqueño, minoritario pero influyente, cuyo perfil ideológico nacionalista lo equipara, entre otras corrientes políticas, al separatismo catalán en cuanto a sus alegatos de asimilación cultural de una nación “oprimida, por parte de una fuerza extranjera, invasora, centralista e imperial».

Esos argumentos, con resonancia en la xenófoba ultraderecha trumpista y sus periferias, son errados histórica, antropológica y jurídicamente. Estados Unidos es un país muy marcado desde el punto de vista multicultural y cuenta con más de 60 millones de hispanohablantes, que están aumentando. En ese país, la Constitución, tal como se reconoce en el Proyecto 8393, no establece un único idioma oficial, por lo que deja esa potestad a cada estado. Por tanto, Puerto Rico mantendría el español y el inglés.Ocurra lo que ocurra dentro de poco tiempo en las situaciones y en los juegos de poder del Congreso, la aprobación del HR 8393 es un suceso histórico y un detonante, nuevo y positivo, del acontecer político puertorriqueño.


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