El nuevo (des)orden mundial, según Putin

0

En su propósito de explicar la invasión de Rusia a Ucrania en el contexto de la reconfiguración del tablero geopolítico global, Vladímir Putin se muestra no solo como un “global player” (jugador protagónico de la política mundial), sino también como un “geopolitical reader” y “mapmaker”: nos cuenta una contranarrativa y nos dibuja un mapa alternativo del mundo hacia el que vamos. Y el papel que le asigna a su país en esa reconfiguración.

Lo hizo en el reciente Foro de San Petersburgo, la versión rusa del Foro de Davos, con un discurso que adopta e invierte el esquema binario de enfrentamiento entre un “nosotros” y un “ellos”, que divide al mundo entre Occidente y Oriente, asimilados a una lucha del “bien” contra el “mal”. A cuatro meses de iniciada la intervención militar rusa para anexar territorio ucraniano, lo reiteró en la cumbre de los BRICS en Moscú, el 22 de junio pasado, donde propuso la creación de una moneda para los intercambios internacionales alternativa al dólar.

Ante la asociación que integra con Brasil, India, China y Sudáfrica, Putin señaló que Rusia quiere elaborar con sus socios “mecanismos alternativos de transferencias internacionales” y una “divisa internacional de reserva” para reducir la dependencia con el dólar y el euro. Y fue más específico: “El sistema ruso de mensajería financiera está abierto a la conexión con los bancos de los países BRICS. El sistema ruso de pagos MIR está ampliando su presencia. Estamos explorando la posibilidad de crear una moneda de reserva internacional basada en la canasta de monedas de los BRICS”.

Putin denunció “la aplicación permanente de nuevas sanciones con motivos políticos” que contradicen “el buen sentido y la lógica económica elemental”. En este contexto, explicó que Rusia está “reorientando de forma activa sus flujos comerciales y sus contactos económicos exteriores hacia socios internacionales de confianza, sobre todo hacia los países BRICS”.

Se están llevando a cabo “negociaciones sobre la apertura de cadenas de comercios indios en Rusia y el aumento de la parte de los automóviles chinos (…) en el mercado ruso”, detalló. “Las entregas de petróleo ruso a China e India aumentan. La cooperación agrícola se desarrolla de forma dinámica”, así como la exportación de fertilizantes rusos hacia los países del grupo, según el mandatario.

Rusia reacciona en busca de recuperar su «destino manifiesto» como potencia global, respondiendo a la pretensión de “Occidente” ―EE. UU. y la UE― de seguir marcando el paso de la política mundial como si el mundo no hubiera cambiado en las últimas décadas. Y lo que cambió es ―en esta visión― la transición hacia una multipolaridad, entendida a la manera de los antiguos imperios en disputa: un mundo dividido en grandes bloques, con sus centros de gravitación, áreas circundantes y esferas de influencia, sus culturas y modos de organizar sus economías, sus instituciones y sus relaciones exteriores.

Lo dijo Putin, así de explícito, en el Foro de San Petersburgo: “Estados Unidos cree que es el centro del mundo, pero la era del mundo unipolar se acabó. Nada volverá a ser como antes en la política mundial”. “Es como si no se dieran cuenta ―continuó― de que en las últimas décadas se han formado en el planeta nuevos y poderosos centros de poder que cada vez se hacen sentir más fuerte». «Creen que la hegemonía mundial y económica de Occidente es eterna, pero no, nada lo es (…) Los colegas de Occidente tratan de contrarrestar el rumbo de la historia pensando en términos del siglo pasado». Y luego aseveró: “Parece que las élites gobernantes de algunos países occidentales viven en ese mundo ilusorio, no quieren notar cosas obvias, sino que se aferran obstinadamente a la sombra del pasado».

No se equivoca el presidente ruso cuando dice lo siguiente: «Estamos hablando de cambios verdaderamente revolucionarios, tectónicos en la geopolítica, la economía global, la esfera tecnológica, en todo el sistema de relaciones internacionales». Esto lo subraya recordando que «hace un año y medio, al hablar en el Foro de Davos, se volvió a insistir en que la era del orden mundial unipolar había terminado. (Esta era) ha terminado a pesar de todos los intentos de revivirla y mantenerla a toda costa».

Pero ocurre que el mundo que describe Putin no es el del siglo XX, sin embargo, se parece más al del siglo XIX que al del XXI: guerras interimperiales y “pax armadas” establecidas por los vencedores e impuestas a los pueblos sometidos. Como lo explica Claudio Ingerflom en su excelente libro El dominio del amo (Fondo de Cultura Económica, 2022), Ucrania sería solo una pieza del gran rompecabezas euroasiático sobre el que el líder ruso se propone imponer su hegemonía, la misión del Estado ruso en el mundo.

El mapa que dibuja Putin omite el legado del siglo XX, la existencia de un sistema internacional de instituciones y reglas que están por encima de los Estados e impone límites y responsabilidades a estos, cualquiera fuera su tamaño y poderío. El mismo que ha sancionado a Rusia ―votación de la Asamblea General de la ONU― por la invasión a Ucrania. Como en una película “en reversa”, no solo desconoce la naturaleza de Ucrania como país soberano, sino también todo el proceso que siguió a la desintegración de la Unión Soviética.

Y omite la realidad del siglo XXI: la multipolaridad también supone interconexión global entre los seres humanos, diversidad intercultural y conocimiento de realidades distantes que nos llegan en tiempo real y son difíciles de acallar, bloquear, tapar o negar, como en tiempos de los zares, emperadores y dictadores totalitarios. Los derechos humanos ―su reconocimiento y respeto, y también la condena a su desconocimiento y la sanción a sus transgresores― tienen alcance universal.

América Latina, que ha padecido durante el siglo XX ser escenario de disputa, solapada o abierta, entre las grandes potencias, sabe por experiencia propia cuánto afecta esta configuración geopolítica la estabilidad de las democracias. Por eso, nuestros países enfrentan, de distintos modos, un mismo dilema: cómo evitar un involucramiento impuesto por los “jugadores mayores”, sabiendo al mismo tiempo que no se puede permanecer al margen de un conflicto que tiene alcance global por sus múltiples impactos y consecuencias, directas e indirectas, sobre la vida de los pueblos a escala local, nacional y regional.


Episodio relacionado de nuestro podcast:

Los desafíos globales están cambiando los paradigmas de la ciencia

“No podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos”. Hace un siglo, Albert Einstein señalaba con estas palabras que la humanidad debía ser crítica con nuestra forma de pensar, que ya nos estaba creando problemas a nosotros mismos y a la propia vida en la Tierra.

Constantemente vemos y escuchamos noticias sobre los cambios ambientales que ocurren en nuestro entorno y en diferentes partes del mundo, por ejemplo, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación química, la degradación de la tierra, la pérdida de agua dulce, la acidificación de los océanos y el agotamiento del ozono.

Durante 2019, los huracanes causaron 465.000 desplazamientos en siete países del Caribe, según la Organización Mundial de la Salud y el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC, por sus siglas en inglés). Al mismo tiempo, las inundaciones y los deslizamientos de tierra desplazaron a 295.000 personas en Brasil.

Más de 50 millones de personas, algo más que la población de Colombia, han sufrido inseguridad alimentaria e hídrica debido a los desastres relacionados con el clima como las inundaciones, sequías y tormentas, especialmente en África, Asia, América central y del sur. En este sentido, se estima que para el año 2050, unas 30 millones de personas emigrarán desde Centroamérica hasta Norteamérica por cuestiones alimentarias relacionadas con la crisis climática.

Como si fuera poco, las reducciones de gases de efecto invernadero (GEI) para limitar el calentamiento global a 1,5 °C están fuera de alcance, según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas.

Aparentemente, estos cambios están siendo causados por el modelo de desarrollo predominante del cual es parte la ciencia moderna, aunque, contrariamente para muchas personas, la ciencia moderna es la que ha dado lugar al actual modelo de desarrollo. Por lo tanto, nosotros, como habitantes de la Tierra, debemos esforzarnos por cambiar este imaginario sobre la ciencia y el desarrollo por una alternativa que tenga como objetivo el mantener la vida.

Es hora de que la ciencia evolucione

Los problemas ambientales actuales tienen múltiples escalas y dimensiones, y se producen simultáneamente, por lo que atender sus efectos se hace cada vez más complejo. La ciencia actual pretende desarrollar conocimientos y alta tecnología para “gestionar” mejor la Tierra y sus recursos. Sin embargo, probablemente valdría más la pena centrarnos en evaluar nuestro comportamiento para con los propios seres humanos y la Tierra.

En la actualidad, la ciencia tiende a desarrollarse aislada de la sociedad y, en algunos casos, los avances científicos responden únicamente a intereses privados. Al utilizar métodos de difícil comprensión y al dirigirse a comunidades limitadas y especializadas, la ciencia parece dar la espalda a las poblaciones y sus realidades, por lo que ya no se confía en ella para resolver los problemas del mundo real.

Por otra parte, también existe un creciente aislamiento de las disciplinas, y las relaciones entre el mundo académico, los Gobiernos y demás actores de la sociedad civil son frágiles y se están agotando.

El enfoque transdisciplinario, una idea en evolución

Una de las soluciones que se están debatiendo en el ámbito académico es la de construir el conocimiento científico con la participación de diferentes actores de la sociedad a través de un proceso de aprendizaje colaborativo.

La comunidad científica es frecuentemente vista como una élite que desarrolla y posee el conocimiento de manera exclusiva. Sin embargo, debido a las actuales brechas entre el conocimiento científico y las prácticas de la vida cotidiana, los líderes comunitarios abogan por abrir la ciencia a otras formas de conocimiento. También entre los investigadores y los expertos sobre cambio climático hay un creciente consenso sobre la importancia de los conocimientos y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas y las comunidades locales para hacer frente al cambio climático.

Esta sinergia choca, sin embargo, con el hecho de que no hay suficientes medios ni incentivos para que el mundo académico, los Gobiernos y la sociedad civil trabajen más estrechamente con las comunidades sobre el terreno. Además, esto debería ser un proceso de aprendizaje colaborativo sin fin, más que un simple paso para «incluir» otras formas de conocimiento. Por lo tanto, ¿cuál es la solución?

Abrir la ciencia a otras formas de conocimiento y potenciar la cooperación

No es fácil encontrar una única solución a todas las facetas de este asunto, pero a menudo los problemas complejos pueden necesitar un conjunto complejo de soluciones. En este contexto, ha surgido un concepto difuso: «transdisciplinariedad», que aún no está totalmente definido, sino en proceso de evolución. Sin embargo, varias de sus características pueden observarse en las prácticas cotidianas de las comunidades académicas y no académicas, al mismo tiempo que se refuerza su contenido.

Un ejemplo de los esfuerzos de la comunidad internacional alrededor de la «transdisciplinariedad» en la ciencia es el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI), que se ha comprometido a promover la cooperación regional para la investigación transdisciplinaria. Esta organización reúne a Estados e instituciones de las Américas para realizar investigaciones a escala regional, lo que es necesario y apropiado para los temas ambientales.

Otra iniciativa internacional más amplia que promueve la investigación transdisciplinaria en temas de cambio ambiental global es el Belmont Forum. Los proyectos que se llevan a cabo en el marco de esta iniciativa integran las ciencias sociales y naturales, así como las humanidades. Además, los proyectos deben ser codiseñados y coejecutados por diferentes partes interesadas (académicos, sector público y privado, intergubernamental, comunidades locales y pueblos indígenas, etc.) de forma colaborativa. Los proyectos se desarrollan en el marco de consorcios internacionales de al menos tres países y son financiados por socios nacionales e internacionales.

Todavía quedan retos por superar como los acuerdos institucionales nacionales e internacionales, los sistemas económicos y de financiación, que, entre otros, están diseñados para el modelo de desarrollo y ciencia existente. Como habitantes de la tierra en evolución que queremos permanecer en armonía con el planeta, es nuestra obligación unir esfuerzos para alcanzar un imaginario colectivo renovado en consonancia con los retos a los que nos enfrentamos.

¿Un pacto migratorio regional viable?

La recientemente celebrada Cumbre de las Américas en la ciudad de Los Ángeles generó ciertos logros, oportunidades y desafíos para impulsar los cinco temas básicos de la reunión centrados en el pacto migratorio regional, la salud y resiliencia, el empleo y la economía digital, el cambio climático y las energías limpias, y la gobernanza democrática.

Estos temas se asocian, a su vez, a tres dimensiones de la cumbre. En primer lugar, la dimensión geopolítica según las prioridades de fomentar la gobernabilidad y la democracia en los países de la región. Vinculado a este punto, encontramos el cuestionamiento implícito a los países considerados no democráticos por restricciones a la libertad de expresión de la prensa y a la libertad de expresión de las ideas, tal como es el caso de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

La segunda dimensión está relacionada con las diferentes propuestas de políticas planteadas en el contexto de la cumbre: un pacto migratorio regional; una iniciativa de empoderamiento a mujeres en una economía digital; la resiliencia de la economía y los ecosistemas de salud en el hemisferio; la evitación del abuso y el acoso en internet, el cambio climático y la creación de empleos con energías limpias, y la seguridad alimentaria.

La tercera dimensión es crítica y central pero compleja, ya que busca viabilizar las anteriores propuestas mediante una eficaz gestión, gobernanza y formulación de políticas que sean resilientes, inclusivas, sustentables y equitativas. Es decir, con Gobiernos y administraciones responsables para crear valor social y acuerdos básicos con la sociedad civil y el sector privado por medio de criterios de transparencia y rendición de cuentas.

En este contexto, una de las propuestas prioritarias fue la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección (la Casa Blanca, 10 de mayo de 2022). Esta iniciativa pretende movilizar a la región para transformar el enfoque de la gestión de las migraciones en las Américas, y se basa en cuatro puntos básicos.

El primer punto es la estabilidad y asistencia para las comunidades, que propone repensar la perspectiva del financiamiento multilateral a fin de fomentar el desarrollo y una mejor gestión de las economías. El reto es si los recursos asignados serán suficientes ante los problemas de los países de la región, que se han hecho más complejos en el marco de la pospandemia de la COVID-19, como es el caso del incremento de las desigualdades sociales que han aumentado la pobreza y que limitarán el crecimiento y, por tanto, influirá en el éxodo humanitario en los próximos años.

El segundo aspecto es la ampliación de las vías legales en materia de refugio y visas laborales. Así, se propone cambiar la forma en la que migran las personas, partiendo de programas prioritarios institucionalizados: empleos, protección y reunificación familiar. El desafío es si las diferentes alternativas para aumentar las propuestas de refugio planteadas serán suficientes ante el aumento de las solicitudes provenientes de América Latina y del resto del mundo.

El tercer punto es la gestión humana de la migración, para lo que se proponen las siguientes estrategias: a) control fronterizo humano; b) retorno de migrantes que no tengan necesidades de protección; c) facilitación de los retornos a los países de residencia más reciente o de origen; d) apoyo a los retornos voluntarios asistidos, y e) mayor intercambio de información y cooperación bilateral y regional en materia de contrabando de migrantes y la trata de personas.

La cuestión es si este nuevo enfoque de la gestión migratoria estadounidense y de los países de la región tendrá la capacidad institucional de reducir el papel central de los traficantes de personas y sus lógicas de corrupción, y si se fomentará una eficaz corresponsabilidad o responsabilidad compartida para gestionar las distintas estrategias propuestas.

Y el último punto es una respuesta coordinada ante emergencias, que promoverá una migración segura, ordenada y regular, así como la seguridad de los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo en la región, particularmente en situaciones de migración masiva y desplazamiento de refugiados. Esta estrategia refleja el marco institucional vigente. El problema es si la reciente ola migratoria que entre octubre de 2021 y abril de 2022 dejó más de un millón doscientos mil migrantes irregulares detenidos por el Gobierno estadounidense (USCBP, abril de 2022) no refleja una crisis humanitaria.

Otro problema estructural es si los países del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) y México tienen suficientes incentivos para reducir o controlar la migración irregular hacia Estados Unidos, tomando en cuenta que mantener o incrementar los flujos migratorios permite recibir importantes recursos por medio de las remesas desde este último.

Estas han sido las iniciativas planteadas a lo largo de la cumbre, pero una condición fundamental para concretarlas es impulsar una eficaz corresponsabilidad de los países con el Gobierno estadounidense y una eficaz gestión, gobernanza y políticas multinivel para el desarrollo. De lo contrario, dichas propuestas no serán viables.


Episodio relacionado de nuestro podcast:

¿Cómo posicionará Petro a Colombia en la región?

El domingo 19 de junio, los ojos del mundo vieron cómo en tan solo unas horas Gustavo Petro fue declarado ganador de las elecciones presidenciales en Colombia en un proceso rápido y limpio. Los colombianos dieron una lección al mundo de cómo se debe conducir y resolver de forma efectiva una votación. Ahora empieza una nueva etapa en la política del país andino donde la estigmatizada “izquierda”, que ya ha convocado a un acuerdo nacional, deberá gobernar bajo la mirada de propios y ajenos.

A partir de ahora, las propuestas de campaña deberán depender del diálogo político para poder convertirse en política pública, lo cual pondrá a prueba los temores de muchos de los colombianos que no votaron a Petro por su, por ejemplo, falta de interlocución y capacidad de gestión. Pero una de las áreas en las que el candidato y el propio programa de gobierno del Pacto Histórico no ahondó demasiado es el de las relaciones internacionales. ¿Qué podemos esperar del nuevo Gobierno?

El posicionamiento de Colombia en la esfera internacional es uno de los temas más delicados que deberá afrontar el próximo Gobierno y las especulaciones sobre sus inclinaciones en ese terreno vienen marcadas por la ya desgastada propaganda de la derecha, que historicamente ha apelado en cada elección a la venezolanización de Colombia. No obstante, tenemos algunas pautas.

Tanto en esta campaña como en la anterior, Petro ha tomado distancia del modelo de desarrollo venezolano y su premisa extractivista basada en la exportación de energía fósil sin diversificar su producción nacional. El futuro presidente también ha hablado de la deriva autoritaria del régimen de Nicolás Maduro, marcando, sin embargo, las diferencias con la primera época de Hugo Chávez.

En este sentido, parece probable que el futuro Gobierno aproveche el descrédito de los posicionamientos asumidos por el presidente Iván Duque y el Grupo de Lima para alejarse de las posiciones fracasadas que siguen reconociendo a Juan Guaidó como presidente legítimo y tildan a Maduro de usurpador. Por lo tanto, es de esperar que Petro opte por la tercera vía, que si bien reconoce al gobierno de Maduro, busca fomentar el diálogo para que Venezuela recupere su democracia y maltrecha economía.

La integración regional

En cuanto al diálogo interamericano, en su discurso tras la victoria, Petro afirmó que buscará incluir a todos los países de la región en el proceso de integración a escala hemisférica, posición similar a la asumida por México y Argentina en la IX Cumbre de las Américas. Así, se posicionará también entre los países que pretenden erigirse en interlocutores más amigables con los regímenes autoritarios de Venezuela y Cuba. En el caso de Nicaragua, habrá que ver cómo el nuevo Gobierno procesa los conflictos sobre la soberanía territorial entre ambos países.

Pero más allá de estos posibles cambios en el posicionamiento de Colombia a escala regional, no parece que esta apertura al diálogo con los Gobiernos autoritarios implique un sello de aprobación de sus regímenes políticos. Petro probablemente mantendrá su compromiso con la democracia liberal, representativa y el Estado de derecho, mucho más cercana a los Gobiernos de Gabriel Boric en Chile y de Alberto Fernández en Argentina.

Lo que sí ha sido un rasgo distintivo a lo largo de la campaña electoral ha sido el compromiso con el desarrollo sostenible. En el último superciclo de elecciones en la región vimos cómo los candidatos asumían la preocupación por los impactos ambientales, pero con la obvia intención de mitigar el daño de inversiones en procesos productivos que dejan huella de carbono o afectan los cauces de agua y el equilibrio ecológico. 

Petro está marcando una diferencia importante en esta área y, de hecho, podría ser considerado como el primer presidente ambientalista de América Latina. Por ello, el sistema multilateral tendrá un amigo en cuanto a la promoción de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible y los acuerdos de París. También es de esperar que próximamente el Acuerdo de Escazú sea apoyado desde la Casa de Nariño.

En lo que se refiere al entronque con el sistema multilateral, y más específicamente la ONU, el nuevo Gobierno probablemente tendrá una relación muy distinta con la Misión de Verificación de la paz en el país. El gobierno de Duque ha mantenido una relación tensa con la misión hasta el punto de que la ONU tuvo que ubicar al frente de esta al mexicano Carlos Ruiz Massieu, cercano al presidente saliente. Igualmente importante es la mención que ha hecho Petro de la necesidad de una instancia internacional para combatir la corrupción. Probablemente estaba pensando en la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (Cecig), auspiciada por la ONU y proscrita por los agentes de la corrupción enquistados en el poder político en el país centroamericano.

El último punto clave y uno de los más importantes en el ámbito de las relaciones internacionales colombianas es el vinculado a sus relaciones con Estados Unidos, ya que por décadas ha sido el más cercano aliado de la potencia en América Latina, tal como lo planteó el secretario de Estado, Antony Blinken, en su última visita al país. En este punto, lo más probable es un reacomodo que consista en bajarles el tono a los aspectos vinculados a la seguridad y el narcotráfico y, quizás, enfatizar el cambio climático, en el que puede haber un punto de encuentro entre ambos Gobiernos. De hecho, Petro ha hablado de la importancia global de mantener la selva amazónica como el gran sumidero del carbono, posición cercana también a la de Estados Unidos.

Colombia es un país con mucha influencia en la región, de manera que el surgimiento de este nuevo interlocutor en las cumbres y foros regionales irá poco a poco fortaleciendo ciertos reposicionamientos en el ámbito internacional. A partir de agosto presenciaremos cuán eficaz puede llegar a ser este giro.


Episodio relacionado de nuestro podcast:

¿Qué pasará con los niños migrantes abandonados?

Fernando es un niño migrante abandonado en Colombia. Tiene cinco años y desde hace dos años está bajo el cuidado del Estado colombiano. En ese tiempo, no se ha podido encontrar a su familia, y no se sabe si esta tiene la posibilidad y voluntad para acogerlo nuevamente. La entidad responsable del cuidado de niños, niñas y adolescentes estima que, en Colombia, 1.200 niños migrantes se encuentran en esta misma situación. Y como Fernando, hay niños abandonados en la frontera entre Estados Unidos y México, en Europa y en muchos otros países más.

¿Cuál es la respuesta más adecuada a la situación de Fernando y a la de otros miles de niños y adolescentes migrantes que son abandonados por sus padres o cuidadores en los Estados de tránsito y de destino de su recorrido migratorio?

Esta es una situación que requiere una solución urgente, ya que una respuesta excesivamente lenta, parcial o equivocada impactará aún más en la vida de miles de niños abandonados.

Son muchas las dificultades que hay que sortear ¿Cómo remediar la falta de documentación de estos niños? ¿Cómo buscar a sus padres o familiares, sobre todo en contextos de mucha vulnerabilidad, como son las condiciones en que migran y viven estos menores de edad y sus familias? ¿Cómo contribuir a su proyecto de vida y a su derecho a tener una familia, sin menoscabar su voz?

En lo que va del 2022, algunos países han avanzado respuestas posibles para encontrar soluciones estables y duraderas para los niños y adolescentes migrantes abandonados en sus territorios. España ha dado pasos importantes hacia la supresión de los obstáculos que todavía existían para el acceso expedito a un estatus migratorio regular por parte de niños abandonados bajo el cuidado de los servicios de protección de menores, y de los jóvenes de entre 18 y 23 años, para que no llegaran a la mayoría de edad en situación migratoria irregular.

Por su lado, desde mayo de 2022, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ha modificado los requisitos de acceso al estatus de Joven Inmigrante Especial. Este estatus ahora puede ser obtenido, entre otros, por los menores de 21 años migrantes que hayan sido abandonados, cuando un tribunal estatal de menores haya determinado que el regreso a su país no es una solución acorde con sus intereses. Aunque esta modificación no resuelve muchas de las dificultades a las que se enfrentan estos niños y niñas cuando ingresan al sistema de cuidado nacional, sí es un paso adelante hacia una residencia permanente.

¿Cuál ha sido la respuesta de Colombia?

Hace pocas semanas la Corte Constitucional colombiana ha resuelto un caso muy similar al de Fernando. Aunque el texto completo de la sentencia todavía no es público, lo cual hace que sea difícil pronunciarse sobre los méritos de la decisión, es cierto que, para bien o para mal, esta crea un camino posible allí donde la actual normativa no daba una respuesta adecuada y dejaba maniatadas a las autoridades responsables del cuidado de los niños y niñas migrantes abandonados.

En el caso de un menor de edad abandonado, sea extranjero o nacional, es claro que el primer paso es la búsqueda de sus padres, familia extensa o adulto que pueda hacerse cargo de su cuidado. El objetivo de esa búsqueda es lograr su reintegro en el medio familiar, que es la solución más deseable, siempre y cuando la familia pueda hacerse cargo del menor de edad, garantizar sus derechos y se encuentre en un país hacia el cual el niño pueda ser regresado.

Ahora bien, en el caso de Colombia y de los niños de nacionalidad venezolana, en particular, la búsqueda de la familia es una tarea especialmente compleja para las autoridades debido a la falta de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia desde febrero de 2019. Esta situación impide que la autoridad colombiana encargada del cuidado de estos menores de edad pueda comunicarse y apoyarse en su homólogo en Venezuela con el fin de encontrar a los padres y a la familia del niño. Aunque se ha intentado encontrar caminos alternativos, estos mecanismos no han dado los resultados esperados y su alcance es todavía limitado.

Así que, ante la imposibilidad del retorno a su familia, un niño migrante abandonado está condenado a vivir bajo el cuidado del Estado colombiano hasta alcanzar la mayoría de edad. Esto es así porque la adopción, que es el otro camino posible para estos menores de edad, no era una posibilidad, ya que los niños extranjeros no pueden ser dados en adopción por las autoridades colombianas.

Es aquí donde la sentencia de la Corte Constitucional colombiana de mayo de 2022 puede hacer la diferencia. En esta decisión, la corte ordena al Ministerio de Relaciones Exteriores otorgar la nacionalidad colombiana a un menor de edad de cinco años de nacionalidad venezolana, el cual se encuentra desde hace más de dos años bajo el cuidado del Estado colombiano, sin que se haya podido ubicar a su familia.

Las autoridades, además, deberán evaluar la medida de la adopción como última alternativa en su caso, una solución que ahora sería viable tratándose de un niño colombiano. Por orden de la misma corte, esta decisión cobijará a todos los niños que sean migrantes de origen venezolano, en situación migratoria irregular y abandono que lleven como mínimo un año en Colombia, hasta que no haya una ley o regulación de la materia o se mantenga el “bloque institucional”, en palabras de la corte.

Pocos días antes de que se conociera la decisión de la Corte Constitucional, el Gobierno nacional radicó un proyecto de ley que busca otorgar la nacionalidad colombiana a todo menor de edad migrante que se encuentra bajo el cuidado del Estado y respecto al cual no sea posible el reintegro familiar. Aunque mucho puede ocurrir hasta la eventual aprobación de este proyecto ―que se presenta a un Congreso de la república recientemente renovado y en vísperas de un cambio de gobierno― es probable que las tres ramas del poder estén involucradas para dar una respuesta a los niños, niñas y adolescentes migrantes abandonados en Colombia.

Es muy temprano para afirmar si las respuestas del Estado son las más adecuadas. Pero, lo que muestran estas actuaciones recientes es que, ante la situación de los niños y niñas migrantes abandonados, no puede haber silencio. Ni en Colombia ni en ningún otro país.


Episodio relacionado de nuestro podcast:

Antifeminismos y populismos de derecha en América Latina

En los últimos años, América Latina ha sido testigo de importantes avances en materia de políticas de igualdad y de reconocimiento de la diversidad sexual, tal y como se evidencia en la aprobación de leyes contra el feminicidio, la despenalización de la interrupción del embarazo y el reconocimiento del matrimonio igualitario. La presencia de un potente movimiento feminista y LGTBIQ+, que ha hecho sentir su voz en las calles de Argentina, Chile, Colombia, México y Perú, ha transformado la agenda política y ha contribuido a acelerar el cambio cultural del conjunto de la región. Sin embargo, toda acción genera su reacción, y frente a iniciativas como la red #NiUnaMenos o la popularización de los pañuelos verdes, han surgido otros colectivos y contramovimientos que se caracterizan por su radical oposición al movimiento feminista.

Lo hemos visto en Brasil en 2017, cuando la reconocida filósofa posestructuralista judeo-estadounidense, Judith Butler, fue recibida en el centro cultural Sesc Pompéia de São Paulo al grito de “quememos a la bruja”, y su compañera Wendy Brown fue agredida por grupos de manifestantes, mientras las organizaciones fundamentalistas cristianas recogían 370.000 firmas en protesta a su visita. En Lima, a través de la campaña #ConMisHijosNoTeMetas que tenía por objetivo oponerse a la incorporación de la perspectiva de género en el currículo nacional. En Colombia, donde la supuesta “ideología de género” acabó galvanizando el debate del referéndum sobre los acuerdos de paz. Y en Argentina, con el surgimiento de los pañuelos celestes en oposición al movimiento por la despenalización del aborto.

Por lo tanto, si queremos conocer cómo el feminismo está cambiando la política y la sociedad latinoamericana, tenemos que analizar también cómo lo hace su contraparte, el antifeminismo, en una coyuntura política global marcada por el auge de los populismos de derecha radical como Donald Trump o Jair Bolsonaro.

La raíz religiosa

El populismo de derecha no es un movimiento meramente “conservador”, sino reactivo y reaccionario, en tanto surge por oposición a las demandas de los movimientos sociales, y su objetivo es movilizar la sociedad para lograr un cambio social en la dirección opuesta a la propugnada por las organizaciones progresistas. De hecho, las afinidades electivas entre el antifeminismo y los populismos de derecha no son casuales, tal y como evidencia el uso del antifeminismo como parte de la retórica electoral del fujimorismo, del uribismo y del bolsonarismo.

En América Latina, el antifeminismo surge de la alianza entre el neoconservadurismo católico, apoyado por su contraparte hispana, y las organizaciones integristas evangélicas que han recibido el apoyo de la nueva derecha cristiana estadounidense. Es un error pensar que el antifeminismo constituye una mera continuación de los estereotipos y discursos machistas y misóginos presentes en la región, aunque saque partido de ellos. Se trata de un movimiento nuevo de carácter mixto con participación de hombres y mujeres, y conectado internacionalmente.

Uno de los principales caballos de batalla del antifeminismo en América Latina ha sido su oposición a la denominada “ideología de género”. Este concepto fue acuñado por la ortodoxia vaticana para oponerse al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, en especial tras la Conferencia Internacional sobre población y desarrollo de El Cairo (1994) tras el giro conservador impuesto por el papado de Juan Pablo II.

No obstante, no fue sino hasta el bienio 2007-2008 cuando se traslada de las encíclicas a la calle, a partir de las protestas organizadas por la derecha católica contra la educación sexual y el matrimonio igualitario en Croacia y Austria, seguidas por las movilizaciones de 2012 en Francia y de 2013 en Italia contra la aprobación del matrimonio igualitario y la adopción por parejas del mismo sexo.

En América Latina, el término “ideología de género” ha sido importado desde Europa a través de las redes de organizaciones integristas cristianas, en especial, a través de la plataforma CitizenGo surgida en España en 2013 y actualmente próxima al partido de derecha populista Vox. De hecho, ha sido el capítulo latinoamericano de esta organización el que ha impulsado la campaña #ConMisHijosNoTeMetas y la ha extendido a diferentes países de América Latina.

Los nuevos populismos de derecha

Sin embargo, sería erróneo pensar que el antifeminismo se reduce a una mera defensa de los valores religiosos tradicionales frente a la ampliación de los derechos civiles, sexuales y reproductivos. El antifeminismo se ha convertido en una de las señas de identidad de las nuevas derechas populistas latinoamericanas, como se evidenció en los pasados comicios de Chile.

Igual que ha sucedido en Estados Unidos, el uso de la retórica antifeminista por parte de las formaciones populistas de derecha ha servido para desviar el debate acerca de la extrema desigualdad que afecta a la región. Para estas formaciones, el problema de América Latina no son las élites económicas que dilapidan los recursos naturales, sino la existencia de una supuesta “élite cultural” que englobaría el movimiento feminista, el movimiento LGTBIQ+ y, en algunos casos, el movimiento ecologista, y que tendría como objetivo imponer una agenda globalista contraria a los intereses populares.

De este modo, mediante la acentuación de discursos antirracionalistas y antiintelectualistas, así como a través de la difusión de posverdades, por ejemplo, la supuesta homosexualización de la infancia, las formaciones de derecha radical se han orientado a avivar los pánicos morales de ciertos sectores populares en los que los valores tradicionales se encuentran todavía arraigados.

Frente a esta situación, oponer feminismo a antifeminismo supone reforzar el marco de la batalla cultural propuesto por el populismo de derecha. De la misma manera, que oponer las políticas de identidad a políticas de redistribución tan solo puede servir para fracturar el campo progresista. En este sentido, la construcción de una respuesta a los desafíos que presenta la asociación entre antifeminismo y derecha populista debe depender de ahondar la alianza entre feminismo y lucha contra la desigualdad, tal y como viene propugnando gran parte del movimiento feminista indígena y afrodescendiente.

El feminismo también debe ser percibido como un motor de cambio material y de mejora de las condiciones de bienestar del conjunto de la población de América Latina.


Episodio relacionado de nuestro podcast:

El triunfo de Petro, entre la ruptura y el realismo

En los últimos veinte años, con excepción del segundo período de Juan Manuel Santos, los colombianos eligieron presidentes afiliados al uribismo. Santos, que se describe a sí mismo como un seguidor de la Tercera Vía, de Giddens y Blair, interrumpió esa continuidad y de ahí resultó la culminación del proceso de paz con las FARC. No obstante, en muchos otros aspectos, como su política económica y sus alianzas con partidos fuertemente clientelistas, sus políticas fueron una continuación de las de la derecha uribista. La elección de Gustavo Petro, como nuevo presidente de Colombia, sí encarna, en cambio, un giro sustancial.

Se trata de un giro en varios sentidos. En primer lugar, frente al núcleo del proyecto uribista: su anticomunismo. El uribismo convenció a muchos ciudadanos de que las guerrillas eran la causa de todos los males del país y que, si no hubiera sido por el deus ex machina de la llegada providencial de Álvaro Uribe, el país hubiese caído en sus manos. La difuminación del límite entre la izquierda legal e ilegal fue una de las consecuencias de esta eficaz narrativa. Todo proyecto asociado a la izquierda, y toda forma de protesta, fueron interpretados como una continuación de la actuación guerrillera. El triunfo del Pacto Histórico, la alianza de fuerzas en torno a Gustavo Petro, marca por eso una ruptura frente a ese esquema de interpretación de la realidad, pues ahora será la izquierda legal, encabezada por un exguerrillero, la que gobierne.

La retórica del “castrochavismo” se agotó y la derecha colombiana, cuya única singularidad es la oferta de protección frente al multifacético fantasma del comunismo, no tiene mucho más que ofrecer. Por eso, Petro refresca el escenario ideológico con su discurso ambientalista, favorable a la paz, la solidaridad y a la inclusión de minorías. Si los cambios políticos no se agotan en los cambios de gobierno, sino en los cambios ideológicos que animan las instituciones políticas y sociales, y estructuran los juicios de millones de ciudadanos, el 19 de junio los colombianos presenciamos un momento significativo. Se tratará de la institucionalización de una nueva narrativa.  

En segundo lugar, los presidentes colombianos de las últimas dos décadas no solo han gobernado con el apoyo de coaliciones partidistas, sino también con el apoyo del “establecimiento”. Un establecimiento constituido por dirigentes de los partidos tradicionales que, como César Gaviria, ajustan bruscamente su discurso, siempre y cuando esto les reporte cuotas burocráticas. Constituido por poderosas familias, como los Char en la costa Caribe, que ejercen control político y, a veces, económico, sobre regiones enteras. Un establecimiento constituido por grandes grupos económicos, como el de Sarmiento Angulo, que son propietarios de los grandes medios de comunicación y, también, por unas Fuerzas Armadas premiadas, tras medio siglo de conflicto armado, con una tajada amplia del presupuesto nacional y una mirada esquiva o condescendiente frente a sus abusos y sus altos niveles de corrupción.

El triunfo del Pacto Histórico se logró, justamente, en contravía de la dirigencia de los partidos que apoyaron a Duque, Santos y a Uribe; de medios de comunicación cuya hostilidad generalizada hacia el candidato Petro se evidenció de manera grotesca durante toda la campaña; de los clanes regionales que, en esta ocasión, no lograron volcar masivamente sus votantes en la dirección deseada y de unas Fuerzas Armadas que, encabezadas por el comandante del Ejército nacional, general Eduardo Zapateiro, atacaron a Petro durante la campaña a pesar de la prohibición legal de participar en política. La victoria del Pacto es una victoria electoral, pero es, sobre todo, una victoria contra el conjunto del ‘establecimiento’.

En tercer lugar, el triunfo del Pacto Histórico suspende la naturalización de un modelo de desarrollo basado en la exportación de carbón y petróleo, y en los beneficios, tributarios y no tributarios, concedidos a los grandes grupos empresariales. Tal como lo ha señalado el profesor de Harvard, James Robinson, Colombia es un “mar de monopolios y carteles donde las conexiones políticas y las barreras de entrada son el camino para hacer grandes fortunas”. Exportar materias primas y proteger a los más ricos con el supuesto de que hacerlo es la única garantía para obtener mayores niveles de empleo y crecimiento ha sido la fórmula mágica que ha empleado una larga serie de presidentes colombianos.

El triunfo de Petro no es, tal como la mentalidad dicotómica de la derecha lo sugiere, la llegada del comunismo, sino la desnaturalización de un tipo de modelo de desarrollo capitalista. Petro, que proviene de una guerrilla, el M-19, alejada de ortodoxias marxistas y con un discurso primordialmente nacionalista, lo dejó claro en sus palabras tras el triunfo: “Vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia”. No se trata, así, de introducir una ruptura en el modo de producción, tal como lo auguran quienes ven a Petro, contra toda evidencia, como un neobolchevique. Se trata de repensar el modelo económico mediante coordenadas que implican un nuevo esquema de tributación, una economía no extractivista, la revisión de los tratados de libre comercio, el acceso a créditos para ciudadanos de bajos recursos, la inclusión de elementos, a escala local, de economía solidaria, y la búsqueda de desarrollo sostenible.

Que este giro haya sido posible se debe, sobre todo, a que Petro moderó su discurso frente a campañas pasadas e incluyó a figuras que, en otro momento, hubieran sido radicalmente disonantes. Desde el pastor cristiano Alfredo Saade hasta economistas de claras tendencias liberales como Alejandro Gaviria o Rudolf Hommes, ministro de Hacienda, de César Gaviria, y encargado directo de montar todo el programa, claramente neoliberal, de “apertura económica” a inicios de los años noventa.

La victoria se debe, también, a que Petro estableció alianzas con bases y sectores marginalizados de los partidos tradicionales, como el representado por Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, y con políticos disidentes, hábiles en el manejo de las redes clientelistas y en las intrigas de la política menuda, como Roy Barreras. Petro mismo intentó, de hecho, establecer una alianza con César Gaviria, director del Partido Liberal, que no se consumó pero que mostró su disposición a hacerle concesiones al establecimiento.

El reto de Petro, ahora, es articular esos elementos de moderación y craso realismo ―sin los cuales posiblemente no hubiera ganado las elecciones― con la voluntad de cambio que representa su elección y con el anhelo de la mayoría de los colombianos de cerrar un ciclo histórico. Como muchas veces sucede en la política, la cuestión es conseguir un balance entre la fidelidad a una causa y la atención a las consecuencias efectivas de la acción en un contexto lleno de constreñimientos. Ese equilibrio puede no llegar, pero sea cual sea el éxito de Petro, es innegable que los colombianos nos hallamos ante un momento histórico.


Episodio relacionado de nuestro podcast:

¿Hay salida a la crisis en Ecuador?

La pesadilla que desvelaba al presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, se materializó pocos días después de las evaluaciones del primer año de su administración. El riesgo de un nuevo estallido popular, similar al de octubre de 2019, parecía bajo porque el gobierno pensaba que el alza del precio de los combustibles había pasado desapercibido durante los años de pandemia. Pero el miércoles (22 de junio) Leonidas Iza Salazar, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), repetía serenamente tras recitar el padre nuestro al pie de los predios de la Universidad Central en Quito que “vinimos por 10 puntos [de la plataforma del paro] y nos iremos con los 10 puntos”. De esta manera, la movilización popular se ha ido convirtiendo lentamente en una auténtica rebelión popular.

Inicialmente, la respuesta a la convocatoria del paro de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) del 13 de junio, a las que adhirieron otras organizaciones indígenas y rurales como la Organización de los Indígenas Evangélicos en Ecuador (FEINE) y la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras del Ecuador (Fenocin), lucía débil.

Esto debido a que no hubo un acuerdo previo para convocar un paro conjunto ya que las organizaciones del Frente Popular, con fuerte arraigo estudiantil y en el gremio de los maestros, habían convocado una movilización separada para el 16 de junio. Mientras que el Frente Unitario de Trabajadores, por su parte, el principal agrupamiento de los debilitados sindicatos obreros había convocado una movilización nacional para el 22 de junio.

Ante esta descoordinación, el gobierno creyó que podía dar un golpe de muerte a la movilización y la madrugada del 14 de junio la policía apresó en la provincia de Cotopaxi, al sur de Quito, al dirigente indígena Leonidas Iza Salazar. Ningún gobierno había intentado una acción similar desde el nacimiento de la CONAIE en 1986. Sólo Rafael Correa apresó en cuatro oportunidades al dirigente indígena de la organización regional serrana ECUARUNARI, pero nunca al presidente de la CONAIE. Y nadie lo había hecho en medio de un paro nacional.

Desde entonces, la participación popular y la distribución geográfica de la movilización no ha dejado de crecer con masas cada vez más enardecidas. Un día antes del arresto del líder Leonidas Iza se habían reportado cortes de rutas en seis provincias. Sin embargo, al día siguiente los cortes se extendieron a 12 provincias. A la medianoche del mismo 14 de junio Iza fue liberado, sin embargo, al día siguiente los cortes de ruta se extendieron a 15 provincias. Y ya para el lunes 20 se reportaban 93 cierres de vías en 22 provincias.

La movilización urbana ha ido aumentando conforme ha ido creciendo la movilización rural. Cuando el martes 22 los indígenas entraron a Quito desde el sur y el norte de la ciudad, el paro ya había adquirido las proporciones de una auténtica rebelión popular y no parecía detenerse.

¿Cómo explicar la ceguera gubernamental y la potencia de la rebelión popular?

El trasfondo es, sin duda, la desesperación de las mayorías empobrecidas del país. Este gobierno, constituido por empresarios y por élites blanco-mestizas alojadas en barrios exclusivos y que socializa básicamente entre grupos privilegiados, no ha reaccionado ante la frustración popular tras dos años de la catástrofe económica y social provocada por la pandemia.

El alza del precio de los combustibles es para los sectores populares un factor tangible y de exclusiva responsabilidad gubernamental que afecta directamente a la inflación, generando graves consecuencias en los ingresos de la gente.

De hecho, el levantamiento indígena y popular de Octubre de 2019, que es el antecedente directo de este nuevo paro, se debió precisamente a la brutal alza del precio del diésel (también llamado gasoil) que pasó en poco tiempo de costar un dólar por galón a 2,30 dólares. El diésel en Ecuador se usa para el transporte público y el transporte pesado de mercaderías.

Pero los economistas ortodoxos y los funcionarios del gobierno, centrados y cegados por el impacto fiscal del costo del combustible, olvidan su efecto sobre la inflación, sobre el encarecimiento de la producción nacional, sobre la pérdida de competitividad de las exportaciones de un país dolarizado y sobre el aumento de las importaciones que se vuelven más baratas.

Por ello, la primera demanda y sin duda la más importante de esta rebelión popular es justamente aquella que el gobierno se niega a considerar: la reducción del precio de los combustibles. No su congelamiento, que el gobierno ya hizo (aunque deslizando un alza mayor) ante otro levantamiento en octubre de 2021, sino la reducción de su precio.

Pero como en octubre de 2019, cuando el gobierno clamaba que el país colapsaría si renunciaba a los 1.500 millones de dólares de esos ingresos (en un país con un presupuesto del Estado de 30 mil millones), ahora se alega un desastre aún mayor si se dejan de ganar entre 500 y 600 millones, con un petróleo que el país exporta a 100 dólares por barril. La ortodoxia económica fiscalista carece de explicaciones racionales.

En conclusión, de las diez demandas del paro, la rebaja del precio de los combustibles es la única que podría calmar los ánimos de un pueblo empobrecido e indignado con un gobierno indolente. Pero lamentablemente, solo una rebelión popular de magnitudes colosales como la que actualmente mantiene acorralado al gobierno puede hacer que este abra los ojos a la crisis social.

Cumbres Borrascosas

Coautores Max Povse y Fernando Pedrosa

La diplomacia presidencial en América Latina tiene siempre un condimento extra. Sin importar si son cumbres iberoamericanas, americanas o sudamericanas, las distintas personalidades y orientaciones de sus líderes generan impacto y debates que, si bien difícilmente producirán cambios profundos, muestran una fotografía de la coyuntura de la región y, al mismo tiempo, moldean agendas futuras de debate político.

La Cumbre de las Américas realizada en Los Ángeles, durante la segunda semana de junio, no fue una excepción. La mecha se encendió cuando el presidente norteamericano, Joe Biden, anunció, a última hora y tras semanas de incertidumbre, que los presidentes de Cuba, Nicaragua y Venezuela no serían invitados al cónclave. Esta decisión marcó el evento que, seguramente, quedará en la historia de las cumbres por las ausencias y los debates que trajeron aparejados.

Cada cual atiende su juego

La cumbre finalmente se convirtió en un espacio que privilegió las demandas internas –nacionales– de los diferentes mandatarios. Así como el presidente mexicano López Obrador buscó consolidar su propio capital político, la dureza del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, frente a las dictaduras también puede entenderse con vistas a seguir fortaleciendo su imagen de líder internacional, luego de reunirse con los presidentes de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) en Estados Unidos y viajar a Japón y Corea del sur. Y por supuesto, el horizonte son las elecciones al Senado de noviembre donde se escogerán 34 de los 100 escaños.

Sin embargo, gran parte del problema de fondo surge porque Estados Unidos también mostró que su falta de política hacia la región tiene consecuencias. En la cumbre de 2015, Obama blanqueó a Cuba y la invitó a participar del evento. En la Cumbre de 2018, Trump ni siquiera se dignó a concurrir, y en esta, nuevamente, aparecieron las restricciones a las dictaduras. Esto, no hace más que remarcar la ausencia de una política coherente y sostenida en el tiempo de la potencia del norte hacia la región.

Por eso, de nada sirve buscar escenificaciones puntuales como la que ofrece una cumbre presidencial sin mayores preocupaciones por los efectos prácticos. Lo cierto es que la cuestión del respeto a la democracia no aparece como una preocupación permanente en la agenda de los países americanos en general y de los Estados Unidos en particular. Y esto no solo se hace imponiendo castigos o haciendo la vista gorda, según la ocasión, sino con políticas continuas, antes y después de las cumbres.

También ha quedado claro que la desdemocratización que vive la región no solo no es una preocupación para muchos gobiernos americanos, sino que una parte importante de las organizaciones de la sociedad civil se han manifestado –algunas de forma más clara que otras– por la defensa de las tres dictaduras en cuestión.

Existe la percepción de que Estados Unidos ya no es un factor predominante de liderazgo o de que su voz como promotor de la democracia ha quedado muy devaluada. Su ruptura con los países centroamericanos, que eran sus históricos aliados, es una señal de ello. Lo mismo cuenta la arriesgada apuesta por Xiomara Castro en Honduras, como una forma de balancear el poder regional. La ausencia de Castro (Xiomara), y su alineamiento detrás de las dictaduras de la región, resultó el primer traspié de esa política meramente reactiva.

Lo que sí evidenció la cumbre es la existencia de un espacio vacante del liderazgo democrático. Estados Unidos dejó un vacío relegando a Latinoamérica en la lista de preocupaciones. Hoy ese vacío lo están tratando de llenar otras potencias como China y Rusia. Esto ha fortalecido el poder y la autoestima de los sectores autoritarios al mismo tiempo que produjo una desarticulación en los democráticos.

Pero más allá de las sensaciones negativas, un aspecto positivo que ha dejado la cumbre es que el debate sobre la democracia ha ocupado el primer plano. También ha quedado claro quiénes han defendido el papel de los dictadores como gobernantes legítimos lo cual ha dejado en evidencia el tajante avance autoritario en la región.

Ahora, lo que importa es cómo continúa esta historia. De lo que se trata es de sostener un esfuerzo por blindar y proteger a las democracias que están en crisis y apoyar permanentemente a los sectores genuinamente democráticos que sobreviven, a veces, bajo muy duras condiciones.


Episodio relacionado de nuestro podcast:

Max Povse es politólogo, profesor e investigador integrante del Grupo de Estudios sobre Asia y América Latina de la Universidad de Buenos Aires.

Fernando Pedrosa es profesor y coordinador del Grupo de Estudios de Asia y América Latina de la Universidad de Buenos Aires. Doctor en procesos políticos contemporáneos. 

¿Qué deben aprender Petro y Márquez de Venezuela?

“Colombia cayó en lo mismo”, “Colombia se va a venezolanizar”, teme un sector de venezolanos tras ver los resultados de la elección en el país vecino. Ese miedo tiene un trasfondo real: la elección de un presidente de izquierda en Venezuela llevó al país al autoritarismo, la fragilidad estatal, la corrupción, la pobreza, la desigualdad, el aislamiento internacional, una migración y un desplazamiento masivo de más de 6 millones de personas. Hoy Venezuela tiene una investigación abierta en la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad. Al recibir el 20% de la población migrante y refugiada, Colombia, mucho más que cualquier otro país de la región, ha sido testigo de la crisis multinivel que aún atraviesa su país vecino.

Adicionalmente, Colombia abrió las puertas a dirigentes políticos venezolanos que se vieron forzados a huir de su país para evitar ser perseguidos de manera injusta; algunos han estrechado lazos con la derecha colombiana y, probablemente harán de Venezuela un tema de política interna, tal como ocurre en España. Esta es una realidad que el nuevo mandatario colombiano no podrá obviar. Con la toma de posesión en puertas, ¿qué debería aprender el nuevo presidente de Venezuela? Una respuesta sucinta: distanciarse y diferenciarse del chavismo. Veamos.

¿Una izquierda moderna?

A diferencia de Hugo Chávez ―quien apeló al apoyo de actores a lo largo de todo el espectro político en 1998 para obtener una victoria―, Gustavo Petro sí asumió una identidad de izquierda progresista, y asumiendo los riesgos que eso implicaba en un país de trayectoria conservadora. El Pacto Histórico promete justicia social, lucha contra el cambio climático, un alto a la exploración petrolera y un giro hacia la industria y la agricultura nacional. Además, destaca la importancia del desarrollo de las regiones, la inclusión de la población indígena, afrocolombiana, mujeres, jóvenes y campesinos.

Chávez y Nicolás Maduro hicieron promesas de esa índole, utilizando un lenguaje similar, pero no cumplieron con ellas. Si Petro, por lo tanto, quiere abrirle un camino a una izquierda moderna y democrática, junto, por ejemplo, al presidente de Chile, Gabriel Boric, debe ejecutar sus promesas, valorando, así, la relevancia de las coaliciones políticas y sin banalizar la lógica de los mercados o responsabilidad fiscal. Al parecer, el presidente electo lo sabe. En su discurso, el 19 de junio habló de “desarrollar el capitalismo en Colombia” y de producir para redistribuir “sobre la base del conocimiento que es como se produce en el siglo XXI”.

Redistribución e inclusión

Según cifras de la Cepal, Colombia es el país en el que más crecerían los niveles de pobreza durante este año: de 36,3% en 2021 a 38% o 39,2% en 2022. Por otro lado, Oxfam señala que Colombia se ubica entre los cinco países más desiguales del mundo en términos de concentración de tierra; el 81% de la tierra privada se concentra en manos de un 1%. Solo el 40% cuenta con un empleo formal, lo cual representa una de las tasas más bajas en la región.

El Pacto Histórico busca transformar la realidad de “los nadie”, los sectores de la población históricamente excluidos. Francia Márquez, una lideresa ambientalista del suroccidente del país, quien será la vicepresidenta ―la primera mujer en la historia colombiana en ocupar ese cargo―, tiene la misión de garantizar el cumplimiento de tales promesas. Lo esencial será rodearse de asesores y expertos que les permitan diseñar programas sostenibles en el tiempo que empoderen a los grupos vulnerables y les faciliten la movilidad social, algo que no ocurrió en la Venezuela chavista.

En el caso de Venezuela, los programas sociales, financiados por los ingresos provenientes del boom petrolero, no estimularon una redistribución ni inclusión real. Por el contrario, sirvieron como base para el clientelismo político, y con el tiempo, además, se convirtieron en un mecanismo de control social. El chavismo, a su vez, bajo los mandatos de Hugo Chávez, buscó beneficiar a sus bases con programas y reconocimiento discursivo, mientras de manera constante agredió y excluyó a la población opositora.

El chavismo que hoy gobierna bajo el mandato de Nicolás Maduro ha reprimido aún más a la oposición y a la población en general, y ha aceptado la economía ilícita ante la incapacidad de generar los cuantiosos ingresos petroleros del pasado, lo que ha implicado, además, la destrucción del medio ambiente, y un impacto enorme y directo en la población indígena.

Para cumplir con la oferta de una Colombia de “paz y amor”, Petro y Márquez deberían desmarcarse claramente de proyectos autoritarios de izquierda en la región como el venezolano y, además, atender las necesidades de otro grupo vulnerable: la población venezolana que hoy vive en su territorio.

Respeto a las instituciones y a los adversarios

La paz como eje del gobierno es la promesa de Petro. A diferencia de Chávez, el presidente colombiano electo parece entender que la “polarización perniciosa” y la aniquilación del adversario son contradictorias a la democracia. Después de conocer los resultados, sus asesores y él mismo dieron la bienvenida a los 10 millones de votantes de Rodolfo Hernández a su gobierno; invitan al diálogo y aseguran que no utilizarán el poder para perseguir o destruir al oponente.

En 1998, Chávez ganó ofreciendo “freír en aceite las cabezas de los adecos” y cumplió: hoy en día aún hay más de 200 presos políticos en Venezuela, los partidos de oposición están judicializados, un buen número de dirigentes políticos de trayectoria y periodistas están en el exilio; incluso la misma disidencia chavista ha sido perseguida.

Petro y Márquez hablan, más bien, de construir consensos y proponen un gran acuerdo nacional a partir de la participación y el reconocimiento de las regiones. Si el Pacto Histórico cumple esta oferta política, respeta la independencia de poderes y canaliza sus programas de manera institucional, beneficiaría a la sociedad colombiana y agregaría valor a la izquierda democrática, lo que la separaría de las izquierdas autoritarias, así como de la derecha colombiana que en el pasado también intentó erosionar la democracia mientras ejercía el poder.

Para ello, el nuevo par que liderará el Gobierno deberá hacer un ejercicio consciente de institucionalizar los procesos y mitigar el personalismo desde el Ejecutivo, los viejos obstáculos para la democracia en la región. Diferenciarse de Chávez y Maduro, pero también de Uribe, Bolsonaro y Bukele reivindicaría la democracia en Colombia y en toda América Latina.

Tal como dice Francia Márquez, el triunfo de su plataforma es un mandato histórico para transformar a Colombia. Su mera presencia en el futuro gobierno ya marca un antes y un después. Pero eso no basta. La experiencia propia de Colombia y la del país vecino le enseña a todo ese país que las transformaciones en beneficio de la sociedad no ocurren si se excluye, persigue o silencia desde el poder.

Si la paz y la democracia no representan un proyecto colectivo en su diseño y ejecución, está destinado a fracasar. Por tanto, el Pacto Histórico tendrá que demostrar una férrea voluntad política de cumplir con las normas y prácticas democráticas, respetando los tiempos que estas requieren, para así brindarle a Colombia lo que el chavismo no ha hecho en Venezuela.


Episodio relacionado de nuestro podcast: