El matrimonio igualitario chileno debería ser un modelo para la región

El matrimonio igualitario en América Latina, que es reconocido en todo el ámbito nacional en tan solo siete países, surge legalmente desde el estigma hacia la homosexualidad. Si bien las leyes aprobadas en estos países reconocen el aspecto sexo-afectivo entre personas del mismo sexo, las excluyen de derechos que sí gozan los cónyuges heterosexuales, tales como del derecho a la adopción, a la pensión en caso de que una de las personas fallezca, a cobrar los seguros de vida, a heredar o a servicios de salud, entre otros derechos que el matrimonio heterosexual trae incluidos per se. Para alcanzar estos derechos, los matrimonios del mismo sexo deben apelar a tortuosos trámites que solo sirven para recordarles, partiendo de la racionalidad del Estado, su condición “anormal”. En este contexto, el matrimonio igualitario en Chile establece un modelo que debería ser recuperado por el resto de los países de la región.

La figura legal del matrimonio igualitario a escala nacional es reconocida en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay. El primer país en reconocerlo fue Argentina en 2010, donde fue aprobado por el Poder Legislativo, mientras que Uruguay, si bien lo aprobó en 2013 por mandato del Ejecutivo, fue el primer país en la región en aprobar la unión civil a través del Legislativo en 2008.

Al igual que Argentina, Colombia reconoció el matrimonio igualitario en 2016, y Costa Rica en 2020, sin tener una aprobación previa de la unión civil o estable, tal como sí sucedió en los otros países. Mientras tanto, al igual que Uruguay, Brasil, Chile y Ecuador tuvieron un primer reconocimiento de uniones civiles o estables y posteriormente reconocieron el matrimonio igualitario. Bolivia es la única nación, que desde 2017, se ha quedado tan solo con el reconocimiento de las uniones civiles.

Las figuras legales de unión civil o unión estable y matrimonio igualitario no solo poseen estatus legales diferentes en los diferentes países donde se ha aprobado, sino que pasan por el tamiz de la moral de la sociedad.

La unión civil, unión estable o sociedad civil de convivencia son contratos en los cuales dos personas mayores de edad y con plena capacidad jurídica, del mismo o diferente sexo, establecen un domicilio compartido para formar una vida común y apoyarse mutuamente sin que estos lleguen a casarse. Estas uniones, si bien aseguran de cierta manera la unión legal de hombres homosexuales y mujeres lesbianas en la práctica, la estructura gramatical de esta unión invisibiliza sus relaciones sexo-afectivas y la capacidad del Estado para reconocer estos afectos no heterosexuales que también dan origen a una familia.

Las uniones civiles, por lo tanto, resguardan, partiendo de la legalidad, las formas tradicionales de la familia monogámica y heterosexual. Así, se reconocen las uniones entre personas del mismo sexo que pueden o no tener un vínculo amoroso y no dan pauta a la crianza, y con ello el Estado no se expone ni trastoca las estructuras de certeza de la sociedad.

Por otro lado, la figura legal del matrimonio igualitario reconoce la unión conyugal de las personas del mismo sexo para formar una familia. Es decir, el matrimonio igualitario reconoce legalmente las relaciones sexo-afectivas entre sujetos del mismo sexo. Pero siguiendo esta misma lógica de controlar los pánicos morales y asegurar el marco legal heterosexual, el matrimonio igualitario ha sido reconocido, mas con acotaciones estrictas en comparación con los derechos que arropan al matrimonio heterosexual.

Por lo tanto, el Estado heterosexual patologiza sutilmente, partiendo de los marcos jurídicos, a todos los que no cumplen con la orientación sexual hegemónica e interviene en las concepciones del amor y el deseo.

El novedoso caso chileno

El matrimonio igualitario aprobado en el 2021 en Chile por el Legislativo marca un parteaguas en la manera como se ha venido reconociendo este derecho. El matrimonio entre individuos del mismo sexo en este país otorga a las parejas todos los deberes y derechos que actualmente tienen los matrimonios heterosexuales.

Además de poner al matrimonio igualitario en el mismo estatus legal y legítimo que el matrimonio heterosexual, reconoce las particularidades complejas que atraviesa el matrimonio igualitario, que no solo quedan supeditadas a la orientación sexual, sino a las identidades de género disidentes, aparte de trascender la racionalidad legal e instaurarse desde lo afectivo.

De esta forma, en materia de homoparentalidad se garantiza la no discriminación por orientación sexual e identidad de género. Además, para efectos de la custodia de hijos, filiación y adopción, esta se reconoce, estén o no, las parejas unidas en matrimonio y hubiesen tenido o no a sus hijos mediante fertilización asistida. Se reconoce también la maternidad de mujeres trans y la paternidad de hombres trans en los certificados de nacimiento de sus hijos. La legislación determina que el orden de los apellidos de las parejas del mismo sexo será definida por los progenitores.

Por otro lado, la ley regula los bienes de las parejas, garantiza pensiones para viudos, permisos laborales en caso de nacimiento de hijos y asignaciones familiares. A su vez, amplía el concepto de hermanos y hermanas, para, así, eliminar conceptos como hermanos maternos y paternos. La legislación también reconoce los matrimonios igualitarios contraídos en el extranjero.

Otro punto que favorece a las personas trans en Chile es que con la aprobación de esta ley quedan derogados los artículos de la Ley de Identidad de Género, que establecían que para poder cambiar el nombre y sexo de una persona que ya estaba casada, esta tenía la obligación de divorciarse.

En conclusión, el reconocimiento de derechos, en la mayor parte de los países de la región y el mundo, se estructura desde los marcos de comprensión heterosexuales, y cuando se incumple con la norma hay que realizar trámites costosos no sólo en cuanto a tiempo y dinero, sino en desgastes emocionales que reafirman el desacato moral, legal y religioso de homosexuales.

El número de países que reconoce a escala nacional la unión legal de personas del mismo sexo en la región es mínimo y aún con numerosas deficiencias que derivan de la manera como se constituyen las iniciativas de ley. Esto depende de la instancia en la cual se presente el reconocimiento de este derecho y que se encuentre garantizado por los marcos legales internacionales.

Por ello, el matrimonio igualitario en Chile establece un modelo que debería ser recuperado por el resto de los países de la región, dada la robustez y complejidad con la que se preparó la iniciativa de ley que fue aprobada en el Congreso, producto de los trabajos conjuntos con colectivos y organizaciones LGBT+.


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¿Cómo entender el descontento social?

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De manera relativamente imprevista se desató en los últimos años una intensa movilización social en gran parte del mundo. Nada nuevo, excepto las formas y contenidos de esta nueva protesta social. En ciudades y países alrededor del planeta, masivas movilizaciones salen a las calles enfurecidas, y violentas muchas veces. Pero lo llamativo de estas movilizaciones es que son resistentes, permanentes. Empiezan pero no dan señales de cuándo o cómo terminan. Ni siquiera sabemos si concluirán.

La primera hipótesis para entender esta rabia social es que se trata de un formato de movilización y protesta que es política en sí misma, pero no se dirige a la política. Es decir, no tiene ni pretende tener expectativas de que la política tradicional y representativa dé cuenta, administre, gestione o satisfaga esas demandas, ese descontento. No se les pide nada a los sistemas políticos institucionales, pues no se cree en ellos. Más aún: son parte del problema, no de la solución.

Ese es el motivo de la rabia, la violencia y la presunta anarquía. El descontento va dirigido al sistema, no a una de sus partes. Por lo tanto, no hay solución posible dentro del sistema. ¿Significa esto que es revolucionario? Sí y no. Sí, en cuanto se quiere ir al fondo del asunto, al cambio estructural en las formas políticas de gestionar la vida. No, porque no propone una acción revolucionaria, al menos en los términos clásicos, y, menos todavía, constituye un sujeto revolucionario.

Para vastos sectores sociales, constituidos por edades, géneros, etnias, clases, culturas, religiones, gustos, percepciones o autopercepciones sexuales, la relación política-sociedad, propia de la segunda modernidad, como se conoce al proceso en el que la individualización de la sociedad alcanza su máxima expresión, llegó a su fin. No los interpela. Mucho menos dialoga con sus imaginarios, experiencias y expectativas de vida, de formas posibles de vida.

La segunda tesis, a mi entender, es fundamental por fundacional. Ya las identidades sociales no parecen configurar las individualidades (objetividades más subjetividades). Son las individualidades (preferencias por formas de vida) las que dan formas a colectivos sociales por ese mismo basamento, inestables, inesperados e inciertos. Entre la primera y la segunda hipótesis está el hilo conductor para entender la cuestión social y, por ende, la política actual.

Pero, además, es necesario definir el combustible de este enojo, expresión del descontento, la esencia misma que hace incontenible la manifestación de la rabia. No hay movilización sin una última razón, una razón que contiene en sus diversas maneras de expresión al descontento de la época.

En este sentido, la tercera hipótesis es que la fuerza esencial que impulsa la expresión de la rabia contemporánea es una incontenible pulsión de libertad. No es la libertad filosófica del derecho natural; no es la libertad política del desarrollo histórico de la democracia. Es el resurgir violento de la necesidad de libertad propia para mostrar las formas de vida preferidas, innegociables, incontenibles. Es la libertad de necesitar y poder visibilizar sentidos metaforizados en formas y expresiones de vida a partir de las cuales podamos seguir hablando de lo que hace siglos hablamos: justicia, igualdad, derechos.

Emerge un gran descontento social. Es enojo, y por eso persiste y se violenta. Una de sus novedades es que no se dirige a la forma en que la política resolvía las protestas, es decir, a favor o en contra de quien gestionaba los conflictos. Parecería que este descontento está dirigido a cuestionar el porqué alguien/algo ―la política institucional― tiene que administrar y resolver los conflictos. Está dirigido a la legitimidad de la política institucional contemporánea para hablar en representación de los actores y las personas sociales. “No hablen más por nosotros. Siempre lo hacen mal”.

La sociología contemporánea tiene un campo nuevo, amplio, necesario para tratar de decodificar las formas nuevas de lo social. La política contemporánea tiene la obligación de mirar a la sociedad, sus nuevas expresiones, formas de organización y de acción colectiva, constitución de demandas, nuevas subjetividades, percepciones del deber ser de la vida humana en sociedad.

Decir que la política tiene que mirar a la sociedad y sus movimientos parece una obviedad. El tema es que mucha política se hace y desenvuelve en sí misma, sin mirar lo social o, peor aún, pensando que la sociedad y lo social siguen desenvolviéndose de manera inmutable.


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Venezuela y el nuevo escenario geopolítico

Desde la imposición de las primeras sanciones en 2017, la estructura dominante del régimen chavista en Venezuela supo leer el contexto internacional desfavorable y decidió utilizar los recursos que tenía a su favor: atrincherarse en el poder internamente, buscar la ayuda de aliados internacionales también comprometidos en derrocar el liderazgo de EE. UU. en el mundo y esperar mejores condiciones en el futuro.

En los últimos años, el régimen chavista ha avanzado en la consolidación del autoritarismo y hoy se encuentra fortalecido frente a una oposición dividida y agotada. Pero en términos económicos, las condiciones han mejorado, la liberalización desordenada e impulsada por el gobierno ha dado efectivamente algunos resultados, incluso con Venezuela en pésimo estado y niveles récord de pobreza y desigualdad. A finales de 2021, la economía volvió a crecer tras siete años de reducción del PIB en más de un 80%, y a principios de 2022, el país mostró signos de salir de la hiperinflación.

En el frente externo, desde 2021, Maduro se esfuerza por mejorar su imagen de dictador y tratar de recuperar el reconocimiento perdido desde las cuestionadas elecciones presidenciales de 2018. También en 2021, la toma de posesión de Biden como presidente de EE.UU llegó con nuevas prioridades en política exterior, como la salida de Afganistán, las consecuencias de la diplomacia de Trump, las tensiones políticas en distintas partes del mundo y la reformulación de la estrategia para contener el avance chino.

A nivel regional, el giro del péndulo ideológico en los gobiernos de la región en los últimos años ha ido acompañado de posturas de distanciamiento de Estados Unidos y sus políticas para el hemisferio, y de una mayor tolerancia al autoritarismo de la izquierda en Venezuela, Nicaragua y Cuba.

La invasión rusa como punto de inflexión

La invasión rusa de Ucrania exigió atención y prioridad en la agenda de EE.UU y Europa. En contra de muchos pronósticos, los aliados reaccionaron a la invasión rusa con la imposición de un régimen de sanciones, que incluye, entre otras medidas, el fin de las importaciones de petróleo y gas de Rusia.

Las medidas se producen en medio de una lenta recuperación del suministro de petróleo y gas, derivada del impacto económico de la pandemia. En este sentido, las sanciones han presionado aún más los precios internacionales de estos recursos, generando impactos económicos a escala global.

Para contener el impacto de las sanciones, el pasado mes de marzo EE.UU y otros países miembros de la Agencia Internacional de la Energía acordaron liberar parte de sus reservas estratégicas. Sin embargo, esta decisión no es una solución sostenible en el tiempo y corre el riesgo de no tener el impacto deseado en el precio del barril.

En este contexto, Venezuela reapareció en el tablero geopolítico como una opción para contribuir a la sustitución de parte de las exportaciones de petróleo de Rusia. La idea pone a Biden en una disyuntiva.

Desde el punto de vista estratégico, Putin es un adversario mucho más peligroso que Maduro. Según esta lógica, el levantamiento de las sanciones a Venezuela ayudaría a reducir la presión interna derivada, en parte, del aumento de los precios del combustible, y la presión externa de los aliados europeos preocupados por la seguridad del suministro de hidrocarburos. Sin embargo, el levantamiento de las sanciones resultó problemático para la administración demócrata ante la proximidad de las elecciones legislativas, especialmente en el estado indeciso de Florida.

Observando las decisiones recientes, la administración Biden parece haber optado por reducir las expectativas de grandes cambios políticos en Venezuela y por lanzar la zanahoria. La propuesta, aún simbólica, de levantar las sanciones contra un sobrino de Nicolás Maduro y permitir a Chevron negociar los términos de posibles actividades futuras en Venezuela, busca persuadir al régimen de que es posible llegar a acuerdos con Maduro y sus colaboradores, siempre que haya concesiones que permitan una reinstitucionalización del país y una transición ordenada a la democracia.

A cambio, el levantamiento progresivo de las sanciones permitiría mejorar las condiciones económicas de una Venezuela en ruinas, principalmente a partir de la entrada de empresas operadoras extranjeras para propiciar una recuperación de la industria petrolera.

La iniciativa también busca revertir la influencia rusa en Venezuela, e incluso tendría el potencial de generar fricciones entre Maduro y Putin. Desde la entrada en vigor de las sanciones, Rusia ha empezado a competir con Venezuela por las cuotas del mercado chino, vendiendo petróleo con mayor descuento que el país sudamericano. Las medidas coercitivas también dificultan la capacidad del régimen chavista para mover los fondos depositados en los bancos rusos sancionados.

Preguntas en abierto a partir de la nueva aproximación

Aunque la política de máxima presión no ha sido suficiente para producir una transición política hacia la democracia en Venezuela, las sanciones siguen siendo una de las pocas cosas que animan al chavismo a hablar. Sin embargo, estas medidas parecen insuficientes para lograr un cambio en el comportamiento de un régimen que sigue avanzando en la profundización de su proyecto autoritario, incluso después de la inesperada recepción de funcionarios de la Casa Blanca en Caracas el pasado mes de marzo.

El chavismo tampoco oculta su desinterés por negociar con la oposición. Al conocer la posibilidad del levantamiento de las sanciones, se anunció la reanudación de las conversaciones para reactivar las negociaciones en México. De manera casi inmediata a los anuncios, el Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, reafirmó la exigencia de liberar a Alex Saab para conformar la delegación chavista.

Además, hace unos días, Maduro expresó su rechazo a retomar las negociaciones con Noruega como facilitador, en un claro gesto hacia Rusia, que se suma a la reciente designación del ex embajador de Venezuela en el país euroasiático como canciller.

En caso de que se reanuden, las conversaciones de México también parten con nuevas dificultades para trabajar en los puntos del memorándum definido el año pasado, como por ejemplo, el restablecimiento del estado de derecho, ya que el parlamento electo en 2020 ya renovó los magistrados del TSJ con gente de confianza de Maduro.

Otras acciones que van en contra del «espíritu de México» es un proyecto de ley que está discutiendo el Parlamento para controlar los fondos que reciben las ONGs del extranjero, con el claro objetivo de estrangularlas financieramente y cerrar aún más el espacio cívico en el país.

En el mediano plazo, la experiencia reciente de las elecciones de gobernadores genera serias dudas sobre la posibilidad de que en 2024 el chavismo permita las condiciones de integridad suficientes para realizar una elección presidencial competitiva que sea capaz de amenazar el control de Maduro sobre el poder ejecutivo y, con ello, la unidad de la constelación de actores clave a su alrededor.

Por último, es importante preguntarse por la sostenibilidad de la estrategia con visión a medio y largo plazo que se pretende con esta iniciativa de la administración Biden. La polarización política interna y el actual contexto económico en EE.UU abren la posibilidad de que un republicano llegue a la Casa Blanca en 2024, acompañado de nuevas directrices de política exterior para Venezuela.


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¿Un continente de insomnes, estresados y proclives a los vicios?

Uno de los supuestos consagrados tras la pandemia es que la misma dejó una marca en el estado anímico y los hábitos de salud de los habitantes del planeta incluidos los latinoamericanos. Junto con el ejército de infectólogos y autoridades sanitarias que poblaron los medios de comunicación también se movilizaron un sinnúmero de diagnósticos que alertaban sobre el impacto de la propagación del virus y las prácticas defensivas individuales o domésticas para el humor social y la salud pública. Allí, las encuestas de opinión cumplieron un papel esencial como termómetro capaz de traducir algunas de las principales predisposiciones y preocupaciones de las sociedades y que nos permiten entender lo que nos sucedió.

A nivel mundial hubo una mínima variación en conductas de riesgo como fumar o beber alcohol, los sentimientos de estrés mal llegaron a cambiar y la calidad del sueño se mantuvo casi intacta al comparar los dato de finales de 2018 con los datos de finales de 2020 o 2021, en pleno auge de la pandemia, según la serie de sondeos a nivel global de la red de consultoras WIN y Market Analysis.

Por ejemplo, más de uno de cada cuatro adultos del planeta fumaban mucho o con alguna regularidad en 2018 y 3 años después, en medio de los confinamientos, ese porcentaje en lugar de aumentar, cayó levemente. Lo mismo ocurrió con la ingesta de bebida alcohólica: disminuyó del 43% previo a la pandemia a poco menos de 38% durante los tiempos del Covid-19.

El estrés tampoco manifestó empeoramientos como esperado: año y medio antes de declarado el confinamiento rondaba el 30%, en el apogeo de las cuarentenas no alcanzó el 33%, una variación próxima al margen de error de las encuestas. Por último, la autopercepción de salud personal tampoco mutó: era del 76% a fines de la década pasada y entre el 77%-79% en 2020-2021.

¿Quiere decir que al final no hubo un costo de salud y anímico a pesar de la radical revolución de nuestras prácticas a lo largo de los dos años de pandemia?

Es obvio que sí existió y que persistirá ese peaje al humor social derivado de la emergencia sanitaria pero no para todos y sí concentrado en determinados grupos y fruto de la exposición a determinado tipo de vivencias durante la pandemia. Al examinar cómo variaron esos indicadores en regiones como América Latina, el promedio agregado de algunas de esas situaciones repite el cuadro global.

Fumar por ejemplo cayó de casi 30% en 2018 al 20% en 2021. Beber alcohol declinó del 45% en 2018 al 42% 3 años después. Dormir mal también siguió una dirección de caída, no de aumento. Por su parte, la sensación de vigor físico retrocedió sólo un poco y la de estrés aumentó con la pandemia aunque con sutileza.

La aparente inocuidad de la pandemia en el humor social y percepción de bienestar físico y mental latinoamericano esconde la ruina provocada por la manera como ciertos gobiernos gestionaran las respuestas a la crisis. Al desagregar esos números por país la tragedia de salud surge con nitidez. El empeoramiento en la calidad de la salud y condiciones de bienestar personal fueron mayores en los contextos donde los gobiernos siguieron dos tipos de padrones que desorganizaron más fuertemente la vida cotidiana de sus ciudadanos.

Un padrón está vinculado con la magnitud y persistencia del abordaje represivo a la ejecución normal de la vida diaria. Las sociedades que sufrieron medidas más restrictivas como el confinamiento sin contemplaciones, que fueron privadas de alternativas para canalizar la angustia y que vieron sus actividades educativas y sociales presenciales canceladas (mientras las propias autoridades no dudaban en violar las reglas) son las que registran abruptas variaciones en indicadores de calidad de vida y salud personal.

En Argentina, por ejemplo, país que lideró por meses el índice de rigurosidad de los confinamientos según el informe de la Oxford University durante buena parte del 2020, la sensación de salud personal cayó el doble de lo que lo hizo en el conjunto de los países latinoamericanos estudiados. Además hubo un fuerte aumento del consumo de bebidas alcohólicas y se duplicó la tasa de estrés, pasando del 22% en 2018 al 42% en 2021.

Imposibilitados de canalizar las angustias derivadas de la crisis viral, los argentinos literalmente implosionaron, refugiándose en la bebida y la exacerbación de los sentimientos de vulnerabilidad y ansiedad, descollando entre sus vecinos.

En oposición a esas máximas restricciones vividas por los argentinos, los ciudadanos brasileños y mexicanos tuvieron muchísima más autonomía de circulación, opciones sobre cómo proveerse, de qué manera estudiar y situaciones de sociabilidad.

Ello no representa un elogio a gobiernos que se mostraron incapaces cuando no abiertamente irresponsables en ofrecer protección sanitaria a sus compatriotas. De hecho, las abiertas contradicciones y contrasentidos de la gestión de la pandemia por parte de Jair Bolsonaro de Brasil eximieron a sus ciudadanos de prácticas represivas como en Argentina, Chile o Perú, pero los expusieron a riesgos de comportamientos privados imprudentes que extendieron la inseguridad entre la mayoría de sus habitantes.

En este marco, los brasileños son de los pocos que vieron disminuir el número de personas sedentarias entre 2018 y 2021 así como la sensación de estrés, aunque sí aumentaron sus dificultades para dormir con la mayor oscilación negativa en la región.

El otro padrón adverso se genera de los vaivenes de las decisiones con aperturas, cierres, nuevas aperturas y nuevos cierres que desorientaron a la población y exacerban su sensación de falta de rumbo, inseguridad y vulnerabilidad. El índice de rigurosidad gubernamental de Oxford University revela que a lo largo del bienio 2020-2021 Chile y Perú fueron los países con idas y vueltas más marcantes en materia de restricciones.

Como resultado, los chilenos llegan al presente con los peores números en materia de deterioro de su percepción de vigor y vitalidad física. También descuellan los índices de burnout que subió 17 puntos porcentuales en 3 años. Los peruanos, a su vez, fueron más afectados en el sueño que en su consumo de bebida o tabaco, adaptándose a la oscilante y confusa gestión de la pandemia con sus cuarentenas y liberalizaciones por medio una vigilia más sacrificada.

Insomnes, estresados y con algunos vicios empeorados, los latinoamericanos vamos de a poco dejando la pandemia en el pasado, pero la manera sinuosa sino abiertamente perversa e incompetente con que los gobiernos de turno la manejaron no nos dejarán tranquilos tan pronto.

El tímido avance de los derechos de las mujeres ecuatorianas

El 28 de abril de 2021 ―con siete votos a favor y dos en contra― la Corte Constitucional de Ecuador despenalizó el aborto por violación después de haber acogido la acción de inconstitucionalidad del artículo 150 del Código Integral Penal. Sin duda, esta decisión representa avances importantes tanto en materia de derechos humanos en general como, específicamente, en la de los derechos de las mujeres. Sin embargo, en la mencionada ley hubo veto presidencial.

El veto del presidente desembocó en la modificación de 61 de los 63 artículos del proyecto que habían sido aprobados originalmente por los asambleístas. Si bien en un principio la ley había establecido un plazo de 18 semanas para la interrupción voluntaria del embarazo de niñas, adolescentes, indígenas y mujeres del área rural que hayan sido violadas, la modificación después del veto redujo el plazo a 12 semanas.

Asimismo, la ley definitiva establece que, para que las mujeres puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, deben cumplir algunos requisitos, por ejemplo, una denuncia previa por parte de la víctima o de cualquier persona que haya conocido el caso, o la firma de una declaración juramentada por parte de la víctima.

El proceso ha tensado la relación entre las partes, y los resultados finales quedaron lejos de las expectativas que se habían generado entre las organizaciones feministas. Y es que, a pesar de la evidencia y las numerosas experiencias internacionales, uno de los miedos que se habían insertado en la sociedad era el de un incremento exponencial del número de abortos.

Esta afirmación no corresponde a la realidad, sino que, al contrario, gracias a la nueva ley, ahora podrán evitarse muchos abortos en la clandestinidad y sus consecuentes complicaciones médicas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay evidencia científica de que la prohibición del aborto incrementa el riesgo de esas prácticas clandestinas, las cuales generalmente tienen como resultado la muerte de la madre. Según esta organización y Amnistía Internacional, los abortos inseguros causan 39.000 muertes al año, son la tercera causa más habitual de muerte materna del mundo y producen 5 millones de discapacidades, en gran medida evitables. En América Latina, esta situación es especialmente dramática en países como Honduras, El Salvador y Nicaragua que mantienen leyes que prohíben el aborto en prácticamente todas las circunstancias.

Sin embargo, cabe destacar que la Corte Constitucional ecuatoriana ha avanzado en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las víctimas de violencia sexual, un paso, sin duda, esencial en materia de derechos humanos. 

Un repaso histórico de los derechos de la mujer en Ecuador

Históricamente, las mujeres han enfrentado obstáculos e impedimentos para ejercer sus derechos. Si bien a lo largo de los años se ha avanzado lentamente, todavía persisten múltiples desafíos. En este sentido, hay que tener en cuenta que las relaciones de género expresan relaciones de poder y, por tanto, cada vez que se intenta modificar ese orden ocurren conflictos en el interior de la sociedad.

Ha habido atrocidades que son parte de nuestra historia. Durante siglos las mujeres no éramos concebidas como ciudadanas, y hasta inicios del siglo XX carecíamos del derecho al voto. Pero, a pesar de todo, con el tiempo se han alcanzado muchos derechos.

Ecuador fue uno de los primeros países en reconocer el derecho al sufragio para las mujeres, gracias a Matilde Hidalgo, quien, luego de varios esfuerzos, logró en 1929 que finalmente se aprobara el sufragio femenino. En 1981, Ecuador ratificó la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), lo cual determinó que no se consideraran discriminatorias ciertas medidas especiales de carácter temporal, encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre hombres y mujeres.

En 1997 se promulgó la primera ley de cuotas para garantizar el derecho al trabajo y a la no discriminación en el ámbito laboral. En 2008 la Constitución instituyó normas trascendentales al determinar la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación de la función pública, en las instancias de dirección y decisión, y en los partidos y movimientos políticos. En 2013 la Asamblea Nacional tuvo por primera vez en la historia un alto grado de equidad de género con un 38% de mujeres.

En 2018, la aprobación de la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres (Loipevcm) constituyó un hito fundamental, ya que se reconoció a la violencia política como uno de los tipos de violencia contra la mujer. Posteriormente, en 2020 se aprobaron las Reformas al Código de la Democracia que determinó por primera vez las sanciones por violencia política de género y la obligación a las organizaciones políticas a inscribir integrantes en sus listas para elecciones pluripersonales y unipersonales mediante criterios de paridad e inclusión.

Ecuador está mejorando en la protección de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes. Pero, aunque la normativa está evolucionando y se está adaptando a las necesidades por tener una sociedad más equitativa, aún existe el desafío de que la aplicación de la normativa sea efectiva y que realmente beneficie a la igualdad de género.

Y es que si un país no defiende los derechos humanos de sus mujeres ―y de su población en general― no podrá desarrollar su democracia ni generar las relaciones de equidad, transparencia y confianza sobre las que se construyen los buenos Gobiernos. Por lo tanto, la lucha por los derechos de las mujeres debe seguir fortaleciéndose para que sea posible construir una mejor sociedad.


América Latina no es un cuento de hadas

América Latina no es un cuento de hadas, pero Vladimir Propp y su Morfología del Cuento pueden servirnos para entender por qué se va imponiendo entre informadores, expertos y analistas cierto tipo de relato plano para explicar lo que pasa en la región. Se trata de una narrativa circular que recurre a tópicos juntados por líneas de trazo muy grueso que impiden ver la diversidad y complejidad de las causas de los problemas regionales y que, sobre todo, descartan toda aquella información que contradice las personalísimas preferencias de los autores, camufladas en una especie de sentido del “deber ser”. Tal es así que incluso aquellos que se reclaman objetivos desde el “periodismo de datos” no dejan de caer en la tentación de omitir información que les genera disonancia cognitiva o simplemente usan el encuadre adecuado para que sus “números” se ajusten a su visión del mundo.

Sin llegar a las 31 funciones que Propp encontró en las narraciones rusas, en muchos de los relatos informativos o de opinión sobre Latinoamérica identifico al menos tres elementos que explico a continuación y que pueden ir juntos o separados: utopía, caudillo y/o decepción.

Ser territorio de utopías parece lo propio desde que fuimos el Nuevo Mundo que inspiró al mismo Tomás Moro. En el siglo XX la utopía tomó forma de Revolución, siendo Cuba -una isla al igual que la de Moro- la prueba de que otro mundo era posible y que solo hacían falta Fideles y Ches para lograrlo. Chiapas fue el canto del cisne de las utopías revolucionarias latinoamericanas, un rico proceso que tuvo como epílogo la kafkiana transformación del Subcomandante Marcos en Durito. Los “giros a la izquierda” son las utopías del siglo XXI. Por ello, en cada nueva elección buscan al candidato de izquierda que liderará el proceso que solucione las profundas injusticias nacionales esperando, además, que el mismo -que se asume será exitoso- se extienda a toda la región, marcando la vía para superar el neoliberalismo global.

Para algunos no basta con que líderes y organizaciones participen en las elecciones buscando poner en marcha transformaciones que reduzcan la pobreza o rompan estructuras de desigualdad: siempre buscarán indicios que muestren que “esta vez sí será la solución definitiva”. El problema no es que un ideal marque el sentido del cambio, sino que muchas veces estos anhelos responden antes a sueños de ciertas élites que a demandas sociales.

El caudillo es el facilitador de la utopía y porta los deseos del pueblo, encarnando la mística, la épica y la lírica de una masa plebeya más próxima a los personajes de Galeano que a auténticos ciudadanos. Para ello, informadores, expertos y analistas otorgan al caudillo -las tenga o no- virtudes y dones naturales o sobrenaturales que le facultan para transformar el rumbo y el destino de todos, que van desde la capacidad intelectual al heroísmo y que, como contrapartida, lo hacen digno de devoción. Sin embargo, estos relatos siempre olvidan que el caudillo está limitado por instituciones y que las sociedades son plurales, por eso, cuando un país “gira a la izquierda” las personas de derecha no se diluyen por arte de magia, sino que más bien resisten.

La cobertura de las últimas elecciones colombianas son un buen ejemplo de estas construcciones. El relato hegemónico estaba centrado en mostrar que Petro haría posible, finalmente, la utopía del giro a la izquierda en el país, obviando tanto el estancamiento de su candidatura en las encuestas como los gritos de una sociedad polarizada y tan desencantada que había llegado al colmo de votar en contra del proceso de paz.

Como los problemas de la región son tan grandes y complejos, y las expectativas de solución inmediata son tan elevadas, el ciclo se cierra casi siempre con la decepción: ni los caudillos tienen superpoderes ni la utopía triunfa sobre la tozuda realidad. Pasó con Castillo en Perú y sus leyes conservadoras y moralistas, como si alguna vez hubiese ocultado su visión del mundo; está pasando con Boric en Chile, a quien le falta el apoyo de un parlamento más bien conservador o a AMLO en México con la 4T, que no ha sido capaz de cambiar las condiciones de explotación laboral o aumentar significativamente el pago de impuesto de los más ricos, de los más bajos, en uno de los países más desiguales del planeta.

Cuando llegan las críticas falta la autocrítica, los analistas deberían ser conscientes de su responsabilidad en la generación de decepciones por inflar las expectativas sobre la magnitud y la velocidad de los procesos de cambio; porque al fin y al cabo, las hadas no existen.


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La invisibilidad de las madres de hijos desaparecidos en México

Las imágenes de una madre semidesnuda en la explanada del zócalo de la Ciudad de México, cargando una lona escrita en la que reclama justicia por la desaparición y muerte de un hijo, hace que el Día de la Madre, anclado en la tradición mexicana y que se celebra cada 10 de mayo, adquiera una dimensión que refleja el dolor que sufren miles de familias que buscan infructuosamente a su desaparecido o desaparecidos entre los más de 90.000 casos que se han acumulado desde 2006, según lo que recientemente informó el subsecretario Alejandro Encinas.

La convocatoria de los grupos de madres con hijos e hijas desaparecidos, para hacer de esta fecha un día por la dignidad y contra la incapacidad de los tres niveles de gobierno para atender el problema, llenó las principales plazas y avenidas del país. Desde Chiapas hasta Baja California, muchas ciudades fueron escenario de protesta de decenas de miles de ciudadanos que no aceptan la realidad que han sufrido sus hijos, y, menos todavía, dejar de exigir justicia a los gobernantes.

Recientemente falleció Rosario Ibarra de Piedra, quizá la figura más conocida de este reclamo que empezó en los años setenta con la Guerra Sucia, cuando cientos de jóvenes que luchaban con armas en mano por un México más democrático, fueron detenidos, y muchos de ellos desaparecidos para siempre.

Jesús Piedra, su hijo, nunca apareció, así como tampoco sus restos, los cuales, probablemente, reposan en una de las fosas clandestinas que pueblan el paisaje nacional o en las aguas de uno de nuestros mares. Pero Rosario nunca abandonó la búsqueda de su hijo, incluso, su liderazgo por el reclamo de los desaparecidos fue tal que llegó a ser candidata presidencial en 1982 y 1988 por el Partido Revolucionario de los Trabajadores, y hasta fue postulada en cuatro ocasiones para recibir el Premio Nobel de la Paz.

Rosario Ibarra de Piedra buscó siempre poner en el centro de la agenda pública el tema de los desaparecidos durante la llamada Guerra Sucia. Incluso, llegó a ser senadora de la República y, luego, al recibir en 1989 la medalla Belisario Domínguez, su hija transmitió un mensaje en el que este reconocimiento tan simbólico quedaba en resguardo del presidente Andrés Manuel López Obrador, como un gesto de su lucha irrenunciable.

En la actualidad poco se habla de aquellos desaparecidos. Y es que además de que algunos de aquellos luchadores son parte de los Gobiernos, entre ellos, la misma hija de Rosario Ibarra, existe una nueva generación de desaparecidos producto no de la lucha contra el neoliberalismo, como acostumbra a pontificar el presidente López Obrador, sino por el papel cada vez más protagónico del crimen organizado, que ha logrado someter a Gobiernos y servicios de seguridad.

Ahí están, como resultado, las imágenes de esta semana de sometimiento y persecución vergonzosa de militares por parte de grupos criminales mientras se multiplica el número de desapariciones y homicidios dolosos por todos los rincones del país.

Mientras tanto, el presidente ha decidido no dar la cara ante las madres de hijos e hijas desaparecidos, siguiendo la táctica “a quienes no veo ni oigo”, que aplicó en su momento Carlos Salinas contra sus adversarios políticos, especialmente a los del PRD.

¿Será que el presidente se ha creado una realidad paralela? Salinas y otros presidentes también lo hicieron y, como ese tipo de representación tiene sus fijaciones, códigos, interlocutores y verdades, todo lo que se sale de ese marco es ignorado o se lo reduce a un mensaje rutinario, como el que emitió AMLO este 10 de mayo. Ahí felicitó a las madres y a “…quienes están sufriendo por sus hijos, por sus desaparecidos”, para luego, inmediatamente, volver a la rutina de sus conferencias mañaneras, insumo paradójico del periodismo oficialista.

Es esa propaganda política la que termina por compensar el imaginario obradorista y se convierte en un insumo de la falta del sentido crítico, la sumisión, el fanatismo e insolidaridad contra todos aquellos que, tal como las madres de hijos desaparecidos, tocan fibras sensibles que afectan a su gobierno.

Estemos claros en que los buenos Gobiernos hacen lo que manda la ley y saben que su aplicación está sujeta a la rendición de cuentas; para ello, no necesitan incentivos políticos. Pero en los casos en los que impera la idea de que “no me vengan con que ‘la ley es la ley” y esta se refrenda en apoyos sociales y políticos, tal como hoy lo perfilan las encuestas de intención de voto, ¿qué obligaría a cambiar el rumbo del Gobierno, incluyendo la falta de atención a las víctimas? Nada.

Hay antecedentes de Gobiernos que se han visto obligados a cambiar sus agendas ante la realidad. Ahí está el movimiento del 68, que devino en la liberalización del régimen político; el fraude de 1988, que aceleró las reformas institucionales de tipo electoral, lo que llevó a la creación del IFE, o el movimiento zapatista, que devino en el reconocimiento de derechos a los pueblos originarios.

Sin embargo, los movimientos como el de las madres con hijos desaparecidos que ponen en aprietos a Gobiernos que están bajo el acecho y control del crimen organizado no han logrado la implementación de nuevas políticas públicas y presupuestos. Estos movimientos no son atendidos por un Estado democrático que debería evitar imágenes como la de esa mujer, que, en un acto de desesperación, se quitó la ropa en la principal plaza del país para visibilizar su drama, el drama de las madres de hijos e hijas desaparecidos.


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Ecuador y la nueva Ley sobre el uso legítimo de la fuerza

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El 7 de junio, la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó, con mayoría absoluta, la ley para el uso legítimo de la fuerza. La postura de varios analistas es que «no cambia nada» o hasta «mejoran las cosas» en cuanto al uso progresivo de la fuerza y el respeto a los derechos humanos, en relación a la normativa vigente. Más allá de ese debate, considero que el verdadero fin de la ley, no es cambiar la norma, sino enviar un mensaje.

El mensaje dirigido a la policía y militares es que la ley los protege. Esto ocurre después de que han pedido insistentemente poder hacer mayor uso de la fuerza como lo exhibieron de manera cruenta en octubre de 2019, sobre todo en la ciudad de Quito. Se dice que con esta ley, ahora sí, se respetarán sus derechos. Ya no estarán «de manos atadas» frente a la delincuencia.

Para la ciudadanía el mensaje es que ahora sí se ocuparán efectivamente de la inseguridad. El actual gobierno ecuatoriano trabaja con una estrategia comunicativa que sostiene que los actuales problemas de seguridad del país se deben a los supuestos lazos entre el “correísmo” y las mafias del narcotráfico. Sin embargo, según el Observatorio de Homicidios del Instituto Igarapé, en el periodo 2008-2017, es decir, durante el gobierno de Rafael Correa, el país registró avances históricos en materia de seguridad, posicionándose como uno de los destinos más seguros de América Latina.

Al contrario de esta tendencia, en los últimos seis años, la tasa de homicidios se duplicó, sumando casi 400 muertos en las cárceles del país. Como resultado, la perversidad de la violencia que experimenta el país llegó a niveles inimaginables, al grado que la población tiene miedo a salir de sus casas. En este contexto, en el que los robos violentos se han generalizado, la administración de Guillermo Lasso busca posicionar la idea de que ahora sí habrá “mano dura” con «los delincuentes».

Diversos analistas, contra toda evidencia, argumentan que la actual situación de inseguridad se debe a las políticas implementadas durante el denominado gobierno de la Revolución Ciudadana. Desde esta narrativa, la ley simboliza un «virar página» para que por fin Ecuador pueda recuperarse de los supuestos males del “correísmo” que desataron la inseguridad que se vive en el país.

En este contexto, el apoyo mayoritario a la ley sobre el uso legítimo de la fuerza por parte del bloque legislativo de la Unión por la Esperanza (UNES) conformado por la Revolución Ciudadana, termina pareciendo un “mea culpa”. Tras la aprobación de la ley, y frente a cuestionamientos sobre el apoyo que le dieron, voceros de la UNES indicaron que no quieren «dar excusas» al presidente Lasso para no afrontar de forma efectiva la inseguridad. Sin embargo, lo que ha pasado es que no han tenido la capacidad política de efectivamente contrarrestar el entramado que se ha creado en contra del “correísmo”.

¿Tendrá esta ley algún efecto sobre los índices de inseguridad? Según datos de instituciones como la CEPAL, no. Lo que sí podría tener un efecto en la violencia sería la reducción de los índices de pobreza en la que está sumida la población y la desesperanza en gran parte de la juventud ecuatoriana. Actualmente, tenemos un sistema educativo desmantelado, la educación técnica y tecnológica destruida, jóvenes que entran a las universidades a cuenta gotas y un pueblo que pasa hambre. Son las consecuencia de las políticas neoliberales de los gobiernos de Moreno y Lasso, sumadas a un complejo contexto mundial marcado por la pandemia, la crisis económica y la guerra.

Además, de acuerdo con entidades como el Foro de Profesionales Latinoamericanos de Seguridad, los países que han aplicado mano dura han fracasado en reducir el delito. Lo que sí disminuirá los índices de inseguridad y violencia es incrementar el presupuesto público bien invertido en un sistema de rehabilitación social.

A contramano de un enfoque social y de derechos humanos, imperativo en situaciones como las que experimenta el país, me temo que esta ley envalentonará a las fuerzas «del orden» y se incrementarán las violaciones a los derechos humanos de personas definidas como «delincuentes» o «narcos», e incluso de todos aquellos que se involucren en la protesta social o se opongan a las políticas del gobierno.

Ecuador ya experimentó duros momentos de violaciones y abusos por parte de la policía con casos como la desaparición de los hermanos Restrepo, desaparecidos durante el gobierno de León Febres Cordero. Frente a los actuales índices de inseguridad del país, muchos piensan que «los derechos humanos son para humanos derechos», una postura aberrante, pero que se percibe cada vez más y que llega al extremo de generar alegría en algunos ciudadanos por cada nueva masacre en las cárceles.

En este contexto, cabe alertar que el presidente Lasso recientemente firmó un convenio de cooperación con Israel en materia de seguridad y en el marco de la Cumbre de las Américas le propuso al presidente de los EE. UU. la implementación de un “Plan Ecuador” al estilo del “Plan Colombia” que por dos décadas ha contribuido al desangre de ese país, so pretexto de la lucha contra las drogas.

En Ecuador ya se cometen atropellos a los derechos humanos por parte de las “fuerzas del orden”. ¿Qué nos espera ahora con esta señal inequívoca de que se recrudecerá el “orden estatal”?

Mercosur: es momento de consolidar la integración

A pesar de los vaivenes políticos, las tormentas económicas, la pandemia de la COVID-19 y otros desafíos, los latinoamericanos tenemos vocación integradora. Tenemos la intención, el espíritu, los mecanismos, las instituciones, tenemos, incluso, resultados importantes y muy admirables en algunas áreas. Lo único que nos falta es concretar efectivamente la integración.

Según un informe elaborado por el BID, el INTAL y Latinobarómetro, más del 70% de las personas en América Latina ven con buenos ojos la integración económica y están conscientes de sus beneficios. El porcentaje es incluso más alto entre la gente joven. También es alentador que más de la mitad de los habitantes de la región, el 53%, la consideren positiva y necesaria de acuerdo con el estudio La opinión de los latinoamericanos sobre democracia, instituciones e integración regional realizado por las mismas organizaciones.

De los mecanismos de integración que tenemos en la región, el más efectivo, y con mayor número de habitantes, es el Mercosur, que cuenta con una población de cerca de 300 millones de personas y más de 1.200 millones de dólares de PIB (2020), considerando solo sus cuatro miembros activos (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). El bloque tiene, además, un Parlamento que representa a la ciudadanía de los Estados miembros, y permite la libre circulación de personas entre países, aunque con algunas diferencias en los detalles específicos.

Con todo este equipaje a su favor, el Mercosur ha servido en sus más de 30 años de historia como el mejor escenario posible para la cooperación y acercamiento entre países, y está, a mi juicio, en capacidad de dar el paso hacia la siguiente etapa: la integración plena y efectiva. Y para lograrlo, apelo a lo que fue, sin duda, una inspiración para el Tratado de Asunción de 1991: la Unión Europea. Pero no como un manual de instrucciones, o un dibujo que hay que calcar, sino como un mapa de las posibilidades y oportunidades que se presentarán en el futuro.

Los éxitos que ha logrado hasta ahora Europa en su proceso pueden atribuirse a que los países fundadores trabajaron en establecer tres asuntos fundamentales: qué cosas debía hacer cada uno, qué cosas podían conseguir juntos y, finalmente, qué cosas tenían necesariamente que hacer juntos. En la primera categoría, cada Estado miembro legisla y regula temas como la salud pública, el deporte, la industria, el turismo, la educación, la protección civil y la cultura, a veces con apoyo de la UE.

Entre las cosas obtenidas en el marco de la UE se cuentan logros como la moneda común, la unión aduanera, la homologación de certificaciones académicas y el apoyo a los miembros menos desarrollados del bloque. Las actividades que requieren un gran desarrollo tecnológico, una masiva inversión de capital, o con impactos más allá de cada país, como el programa espacial, la política humanitaria y la protección del ambiente, se inscriben en aquello que necesariamente se debe hacer en conjunto.

No pretendo, en absoluto, hacer una simplificación excesiva del tema, ya que, de hecho, los desafíos no son menores. A pesar de sus muchos logros, el Mercosur no tiene aún un ordenamiento jurídico conjunto. También hay diferencias entre sus miembros en cuanto al indispensable requisito de la supranacionalidad, es decir, el concepto de que para avanzar de forma efectiva hacia un modelo como el europeo se debe aceptar que, en muchos asuntos, los intereses comunes tendrán más peso que los intereses nacionales particulares.

Advierto que la supranacionalidad no se trata necesariamente de diferencias de criterio, sino de que, en algunos casos, las propias Constituciones de estos países no la aceptan como concepto. De manera que hay un camino por recorrer, pero también hay una bastante exitosa historia detrás del Mercosur, una serie de logros innegables y, sobre todo, una sólida vocación integradora entre la ciudadanía.

Hasta ahora hemos transitado coyunturas de mayor acercamiento en temas de integración económica y comercial, intercaladas con períodos de menor interés en la búsqueda de objetivos comunes. No obstante, lejos de frustrarnos, debemos perseverar y buscar aquellos espacios de integración donde prevalezca el interés común ―que no siempre es necesariamente lo comercial― para seguir concretando hitos de integración que beneficien globalmente a nuestros ciudadanos.

Lo que se requiere es continuar el esfuerzo y fomentar la voluntad política para que Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, así como todos los países que se sumen en el futuro, hagan evolucionar al Mercosur de la cooperación bienintencionada a la integración efectiva.


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Los científicos pueden ayudar a reconstruir la confianza en… ¡la ciencia!

En los noventa, el pueblo Tuninambá de Olivença, en el sur de Bahía, Brasil, presentó un reclamo por reconocimiento étnico que fue conferido oficialmente recién en 2001. Sin embargo, el proceso de demarcación de su territorio nunca se concretó. Simultáneamente, un grupo de científicos y ONG comenzaba a presionar al Gobierno para ampliar las áreas protegidas en esa misma región debido a la deforestación. En 2007, los conservacionistas consiguieron implantar un Refugio de Vida Silvestre sobre parte de las tierras indígenas que, sin la aprobación del Ministerio de Justicia, carecía de seguridad jurídica. Y así, las tierras de los tuninambás, aledaño a la reserva biológica, se convirtieron en refugio, especialmente para el tamarino león de cabeza dorada​, una especie de primate, mientras las prácticas ancestrales del cultivo a través de la tala y la quema comenzaron a ser multadas por las autoridades. Mientras que esto pasaba, a escasos kilómetros de la reserva, grandes empresas seguían abriendo enormes cráteres en la selva para la extracción de arena.

La mayoría de los datos utilizados para apoyar decisiones como la de crear un Refugio de Vida Silvestre proceden del uso de imágenes satelitales y de los Sistemas de Información Geográfica (SIG). Estas nuevas tecnologías han proporcionado imágenes detalladas de los cambios en el uso del suelo, lo que ha permitido a la humanidad ser más consciente de los procesos de deforestación.

En la Amazonía, mientras la emergencia climática exige aumentar los esfuerzos de conservación, la selva está siendo devastada. La red Xingu+ demostró un aumento de la deforestación del 1.857% entre 2020 y 2021 en la tierra indígena Ituna-Itatá en el estado de Pará, en el norte del país.

En esta línea, la iniciativa Mapbiomas, un conjunto de institutos científicos, empresas tecnológicas y organizaciones de la sociedad civil que analiza los datos sobre la cobertura del suelo en Brasil, muestra que la Amazonía perdió casi 200.000 kilómetros cuadrados de bosque en los últimos 34 años, una superficie superior a la de Uruguay.

Es evidente que el grado y ritmo de destrucción de ecosistemas como la Amazonía se está acelerando a pesar de los innumerables avisos de la comunidad académica sobre los efectos catastróficos de la deforestación para la economía, los medios de vida y el clima. El problema es que estos datos se han utilizado para recomendar y aplicar políticas de forma injusta, como demuestra claramente el caso de las tierras de los tupinambás.

Pero este no es un caso aislado. En el municipio colombiano de Guasca, a unos 60 km de Bogotá, la toma de decisiones sobre políticas de conservación, influenciadas por fundaciones privadas, ONG y científicos con base en datos ecológicos, se ha traducido en enjuiciamientos y castigos económicos a campesinos por desarrollar actividades de agricultura y ganadería tradicionales.

La distancia entre las máquinas y los humanos

La increíble distancia entre las máquinas que sobrevuelan a cientos de miles de kilómetros para hacer fotografías y el territorio que habitan las personas genera una enorme desconexión, que se materializa en ocasiones en políticas deshumanizadas. Esto ha creado una enorme desconfianza en amplios sectores de la sociedad hacia la ciencia.

A esto hay que sumarle que, en esta era de la «posverdad», la interpretación científica de la realidad está siendo tan cuestionada que se ponen en duda hechos obvios como la deforestación a gran velocidad que se está produciendo en todas las selvas brasileñas.

Desde la academia, la tendencia es señalar a aquellos que buscan activamente deslegitimar la ciencia a través de la difusión de noticias falsas, la creación de teorías conspirativas, la desinformación y la información engañosa. ¿Pero sería correcto señalar a quienes están del «otro lado» de las barricadas de la verdad como únicos responsables del lío en el que nos hemos metido?

Una parte menos visible del problema es que quienes cuestionan la ciencia basan sus reclamos en un defecto bastante real de la propia producción de conocimiento. Y es que los científicos tienden a considerarse dueños de la única verdad, presentada recurrentemente al público como una “caja negra” inviolable.

En la conservación de la biodiversidad, las decisiones sobre dónde y cómo instalar áreas protegidas se basan normalmente en datos ecológicos científicos, que, aunque son rigurosos, no representan toda la realidad. Esas decisiones suelen dejar de lado las perspectivas de quienes viven en las áreas que deben ser protegidas, incluyendo las poblaciones indígenas que durante siglos vivieron en estos ecosistemas y que no tienen acceso a las vías institucionales, a diferencia de las agencias ambientales, para garantizar sus propios derechos.

Esta arrogancia causa muchas veces problemas reales para las comunidades que habitan los territorios. Por ello, las políticas y acciones medioambientales basadas únicamente en recomendaciones científicas generan muchas veces rechazo y sensación de exclusión entre los afectados. Este escenario repetido, a su vez, fortalece el cuestionamiento de las instituciones científicas, y de esta manera la comunidad científica en su totalidad también termina siendo afectada.

La necesidad de una “nueva ciencia transdisciplinar”

Entonces, ¿cómo podemos los científicos ayudar a recuperar la confianza en la ciencia? ¿Cómo podemos utilizar la enorme cantidad de datos que nos ofrece la tecnología para intentar frenar la pérdida de biodiversidad y el cambio climático, pero también para mejorar la vida de las personas? ¿Cómo puede contribuir la ciencia a construir un mundo más justo desde el punto de vista social y ecológico?

Para encontrar una salida al problema de la posverdad, la ciencia debe empezar por cuestionarse a sí misma. Y si bien el rigor del análisis científico y el afán de objetividad son cruciales para avanzar hacia un futuro más sostenible, gritar y vociferar que los científicos tienen la única verdad o seguir insistiendo en que la ciencia es la única fuente legítima para la toma de decisiones medioambientales no nos ayudará.

Los retos a los que nos enfrentamos en la actualidad en materia medioambiental están llenos de riesgos e incertidumbres que deben ser abordados desde diferentes perspectivas que compongan un panorama más amplio y dejen espacio al diálogo. Es necesaria una transición hacia una ciencia más abierta que aprenda a relacionarse con otros tipos de conocimientos como la práctica de la elaboración de políticas y los conocimientos indígenas.

Esta nueva perspectiva de cómo hacer ciencia, denominada «ciencia transdisciplinar», es un proceso de producción y circulación de conocimiento que a su vez reúne diversas visiones del mundo y tiene como objetivo llegar a soluciones dialogadas a problemas reales de diferentes escalas. La difusión de este tipo de ciencia puede ayudarnos a recuperar la legitimidad y la confianza en los esfuerzos científicos, pero no a través de compromisos tecnocráticos sino democráticos.

Los científicos tenemos que aprender a trabajar con la diferencia y reconocer nuestro lugar como intermediarios de la diplomacia y el pensamiento crítico sobre problemas complejos para construir soluciones junto a la gente y para la gente.


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