China se involucra con América Latina: ¿distorsionando el desarrollo y la democracia?

Robert Evan Ellis
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China se involucra con América Latina: ¿distorsionando el desarrollo y la democracia?

Las actividades comerciales, políticas, militares y culturales de la República Popular China (RPC) en América Latina durante las últimas dos décadas están fomentando indirectamente una región menos democrática y segura. Y es que el valor agregado de la extracción de los recursos de la región y el suministro de bienes y servicios a sus mercados se dirige cada vez más a empresas e inversores chinos, en lugar de a los pueblos latinoamericanos.

Los esfuerzos de China, generalmente encabezados por sus empresas estatales y apoyados por el Gobierno, buscan asegurar el acceso a recursos, alimentos, mercados y tecnologías estratégicas, con el fin de obtener el mayor valor agregado posible para las entidades de ese país. Así, sus avances particulares comprenden la “conectividad” de las economías latinoamericanas, incluidos los puertos, el transporte terrestre y marítimo, la generación y transmisión de electricidad, las telecomunicaciones, el comercio electrónico y las finanzas, entre otros.

Los esfuerzos de la potencia asiática están respaldados por su considerable poder blando que a menudo aprovecha, no solo la admiración por la cultura china o al país como modelo político y de desarrollo, sino también por la esperanza de un “beneficio” político, corporativo o personal, que no es necesariamente inconsistente con la desconfianza que algunos en la región tienen por las prácticas del Gobierno y sus empresas.

Dicho poder blando se ve reforzado por la diplomacia de pueblo a pueblo (paradiplomacia), incluidos los 44 Institutos Confucio que atraen a latinoamericanos interesados en China, así como las becas Hanban (institución pública que depende directamente del Ministerio de Educación de China) que permiten a los más capaces estudiar en el país asiático, lo cual los puede llevar a ocupar en el futuro posiciones comerciales y diplomáticas con respecto a China en sus propios Gobiernos, mientras que el pago de viajes a académicos, políticos, periodistas y funcionarios gubernamentales los ubica, en cierta medida, en una situación comprometida a la hora de criticar al país.

De esta manera, China y sus empresas, al perseguir sus propios intereses, se han convertido en “incubadoras” de regímenes autoritarios a medida que las élites populistas consolidan el poder, secuestran sus democracias y actúan contra el sector privado. El Gobierno chino vende, por ejemplo, a sus socios autoritarios los sistemas militares y electrónicos para ayudarlos a mantenerse en el poder controlando a sus poblaciones. Esto genera un beneficio mutuo, ya que estos Gobiernos suministran después productos básicos a China y contratan a sus empresas para proyectos en términos, a menudo, lucrativos.

Con respecto a la soberanía de Taiwán, China no solo fomenta el objetivo estratégico de aislar a la isla, sino que también influencia a los países para un “cambia de rumbo” a través de la firma de múltiples memorandos de entendimiento, normalmente no transparentes, que abren la economía, la infraestructura, el sistema educativo y otras áreas.

Las actividades militares y policiales del Gobierno, en y con líderes de la región, busca envalentonarlos, a la vez que les vende o dona transporte militar y aviones de combate, helicópteros, patrulleros, vehículos blindados, equipos de construcción, motocicletas y patrulleros policiales y vehículos de doble uso.

Además, China lleva regularmente a líderes militares latinoamericanos a China continental para darles cursos de capacitación y educación militar. A su vez, envía a miembros del Ejército Popular de Liberación (EPL) a que hagan cursos en América Latina; que realicen visitas institucionales periódicas, y la propia Marina china hace escalas en puertos de la región.

De hecho, se han realizado 20 despliegues militares y visitas de 200 altos funcionarios de defensa del EPL a la región en las últimas dos décadas. Además, se entiende que en el contexto de un conflicto con los Estados Unidos, dichos intercambios facilitan la capacidad del EPL para desplegarse en la región, incluso ante la falta de una base militar formal o un acuerdo de alianza.

En este contexto, la pandemia de la COVID-19 ha allanado el camino para una ampliación significativa de la presencia de China en América Latina. Aparte de la diplomacia de vacunas de China, las dificultades económicas y fiscales por la pandemia en América Latina han elevado la importancia de la República Popular China como comprador de minerales y productos alimenticios latinoamericanos. Así, las decisiones de prestar o invertir dinero en la región han fortalecido su posición en las negociaciones con los Gobiernos latinoamericanos.

*Texto originalmente publicado en la página web de la REDCAEM

Episodio relacionado de nuestro podcast:

La inclusión de las personas trans en la ley contra la violencia hacia las mujeres en Brasil

Vinicius Ferreira Baptista
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La inclusión de las personas trans en la ley contra la violencia hacia las mujeres en Brasil

A principios de abril de este año, la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia (STJ) de Brasil sostuvo por unanimidad que la Ley 11.340/2006 (Ley Maria da Penha – LMP) se extiende y aplica a los casos de violencia doméstica o familiar contra las mujeres transexuales.

El Tribunal entendió que las agresiones sufridas por la víctima (una mujer transexual), cometidas por su padre en su domicilio, alcanzaban lo dispuesto en el artículo 5 de la LMP, configurando una violencia basada en el género y no en el sexo biológico, y determinó la aplicación de las medidas de protección solicitadas al amparo de su artículo 22.

El recurso del Ministerio del Estado de São Paulo ante el STJ para el reconocimiento del derecho a la aplicación de la LMP para una mujer trans fue el tercer intento, ya que el juez de primer nivel y el Tribunal de Justicia de São Paulo (TJSP) negaron los pleitos, considerando que la LMP se refería sólo al sexo biológico. Tal declaración fue contraria a la recomendación 128 del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), que observa un protocolo para los juicios con perspectiva de género.

La tesis de este juicio consistía en cuestionar la aplicabilidad de la LMP a las mujeres transexuales. Aunque la LMP se refiere a la violencia de género, los tribunales de primera y segunda instancia aplicaron el concepto de violencia basada en el sexo biológico.

La controversia se resume en un extracto de la decisión del magistrado ponente en el STJ, el ministro Rogerio Schietti, que afirma: «Esta sentencia trata de la vulnerabilidad de una categoría de seres humanos [las personas transgénero], que no se puede resumir a la objetividad de una ciencia exacta. Las existencias y las relaciones humanas son complejas, y la ley no debe basarse en discursos superficiales, simplistas y reduccionistas, especialmente en estos tiempos de naturalización del discurso de odio contra las minorías».

Hay que considerar que la Acción Directa de Inconstitucionalidad por omisión nº 26 y el Requerimiento 4733 criminalizaron la homofobia y la transfobia en los moldes de la Ley 7716/89, equiparándola al delito de racismo.

Los Tribunales de 1ª y 2ª instancia provocan al TSJ

La cuestión de la violencia contra las mujeres trans y su reclamación de los recursos previstos en la LMP y en la Ley nº 13.104/2015 (Ley de Feminicidio) es objeto de disputa en los jueces de primera instancia y en las salas colegiadas de los Tribunales de Justicia de Brasil, que acaban llevando los casos al STJ para su discusión, como ocurrió en este caso.

En 2019, la Tercera Sala Penal del Tribunal de Justicia del Distrito Federal y Territorios resolvió que el concepto de feminicidio debe alcanzar a las mujeres transgénero en el caso de una tentativa de feminicidio basada en el odio a la condición transgénero, caracterizando el desprecio y la discriminación al género femenino de la víctima (que confiaba en un cambio de registro civil).

Una reciente sentencia del TSJ de 15 de diciembre de 2020, en el HC 541237/DF, determinó que es el Tribunal del Jurado el que debe determinar si aplica o no la calificación de feminicidio a la víctima transexual.

En este caso, la Defensoría Pública del Distrito Federal había presentado un recurso de habeas corpus para descartar la aplicación de la calificación de feminicidio, que fue negado por el STJ, por considerar que en la agresión a la víctima, el acusado caracterizó el desprecio por la condición de mujer al verbalizarle a la víctima que se «convirtiera en hombre».

Ser transexual en América Latina es una tortura

La falta de respeto por los pronombres, los nombres sociales y las identidades de género, la violencia física, emocional y sexual, así como los suicidios y asesinatos, forman parte de la violenta coyuntura de la realidad de las personas trans. Según el Dossier 2022 de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales de Brasil (ANTRA), tres de cada cuatro mujeres travestis y transexuales sufrieron algún tipo de violencia a lo largo de 2021.

ANTRA destaca que en 2021 se contabilizaron 140 asesinatos de personas trans, 135 de ellos de mujeres travestis y transexuales y cinco casos de hombres trans – señalando a Brasil como el país más letal. El informe Transrespect versus Transphobia Worldwide de la ONG Transgender Europe (TGEU) destaca que en Brasil se producen cuatro de cada diez asesinatos de personas trans en el mundo.

El informe La cartografía de los asesinatos de las personas trans y de género diverso del Observatorio de la Violencia contra las Personas Trans en América Latina y el Caribe (ALC), señala que en la región hubo 277 casos en 2020, con una concentración de víctimas de hasta 30 años y profesionales del sexo.

El Informe de Mapeo Legal 2019 de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales señala que ALC es un espacio de proximidades y contrastes en el derecho de las personas trans. El reconocimiento de género ha sido aprobado en once países de la región, sin embargo, el reconocimiento por autodeterminación sin prueba de intervenciones quirúrgicas, sólo se da en Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica y Ecuador. Uruguay es el único país en el que existe una legislación específica que garantiza los derechos de las personas transgénero.

Al mismo tiempo, existe la permanencia del tema de la prostitución y su criminalización directa asociada a las actividades de las profesionales del sexo (en las que las personas trans encuentran una fuente de ingresos, dada la exclusión en el sistema de empleo formal) como en Argentina, donde la prostitución organizada es ilegal, pero la «privada» no lo es, mientras no se realice en la vía pública. O la criminalización indirecta a través de multas, como en el caso de Uruguay, donde, aunque se reconoce legalmente el trabajo sexual, se acaba limitando los horarios, la vestimenta y los comportamientos «que no afectan a la sensibilidad de las familias». O la criminalización suspendida en casos como el de la República Dominicana, donde el Código Penal establece la prostitución como delito, pero el Tribunal Supremo del país ha decidido despenalizar la prostitución, manteniendo sólo el proxenetismo como delito. También la criminalización de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo (y con/entre personas transgénero) sigue ocurriendo en Belice o en caso de ofensa moral a las buenas costumbres en Chile, Colombia, Ecuador y Perú.

Hacia una agenda de derechos trans

La reivindicación de los derechos de las personas trans en Brasil y en ALC pasa por la afirmación de sujetos de derechos, movilizando y asociando la categoría «género» al sexo como interdependiente en la construcción social junto con la violencia y la desigualdad. Dicha medida, inclusive, tuvo ecos del movimiento posterior a la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, al decidir que las personas trans no pueden sufrir discriminación en el trabajo.

Refuerza un movimiento jurídico que busca la defensa de los derechos y la afirmación de la vida sin violencia. Las leyes no impiden, ni siquiera acaban con la violencia, pero son un paso en la exigencia de la acción del Estado en defensa de las personas trans. En consecuencia, fuerzan la confrontación con las leyes que criminalizan para que sean derogadas.

El sentido, por tanto, es reescribir la base normativa para que las personas trans puedan ejercer los mismos derechos y prerrogativas que quienes los ejercen mayoritariamente en la sociedad. El camino hacia la consolidación de una agenda es largo, pero no tiene vuelta atrás.

Profesor adjunto del Departamento de Administración Pública de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro (UFFRJ). Trabaja en los programas de posgrado en Desarrollo Territorial de la UFRRJ y en Ciencia Política de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro (Unirio).

Episodio relacionado de nuestro podcast:

La economía mundial: inestabilidad, inflación y política monetaria

Gregorio Vidal
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La economía mundial: inestabilidad, inflación y política monetaria

En menos de tres años la economía mundial ha cambiado notablemente. Al principio del cuarto trimestre de 2019 la debilidad del crecimiento era generalizada entre las economías avanzadas. Tras la crisis de 2008, la macroeconomía no llegó a alcanzar la estabilización y en Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y Japón los bancos centrales mantuvieron bajas tasas de interés de referencia, cercanas al cero, y en algún país  fueron incluso negativas. Además, se ejecutaron programas de inyección de recursos en los sistemas financieros, la compra de títulos de deuda, y la denominada flexibilización cuantitativa (QE, por sus siglas en inglés) de los bancos centrales tuvo una notable dimensión. Así, la flexibilización de la política monetaria incluyó la denominada QE.

Con la pandemia de la COVID-19 y ante la drástica caída de los mercados de valores y de títulos de deuda en las principales economías avanzadas, la QE se profundizó, a la vez que se mantuvieron bajas las tasas de interés. En las economías de mercados emergentes se ejecutaron versiones específicas de la QE y entre los principales bancos centrales se realizaron operaciones de canje de monedas, principalmente de dólares por las monedas de diversos países para mantener la estabilidad monetaria. 

La tesis defendida en los principales círculos académicos y en los organismos financieros internacionales de que la política monetaria es lo que permite llegar a la estabilidad y recuperar el crecimiento no solo se mantuvo, sino que se profundizó al extremo. El uso de la política fiscal fue puntual y principalmente de soporte o apoyo al consumo de grupos de la población o de segmentos empresariales para paliar la reducción de ingresos, y se mantuvo, así, la idea de considerar el equilibrio fiscal como variable clave.

En 2020 los mercados de valores se recuperaron y varios de los principales índices como el S&P 500, el Dow Jones 30 o el Nasdaq 100 llegaron a máximos históricos. También se recuperaron los mercados de deuda. A mediados de 2020 el FMI observó que la acción de los bancos centrales produjo resultados positivos, de forma tal que, en las economías con sectores financieros de importancia sistémica, los mercados de acciones se sobrepusieron.

En 2021 continuó el avance en los mercados de valores y hasta hace pocas semanas el Dow Jones, el Nasdaq y el S&P siguieron reportando máximos históricos. En el conjunto de la economía no existe una situación semejante. Para finales de 2021 aún no se llegaba a la recuperación continua de la economía mundial. Sin embargo, surgían nuevos problemas producto de la pandemia, como las dificultades en algunas cadenas de valor; el atraso en el transporte de mercancías, con saturación en rutas marítimas; las diferencias notables en la recuperación de algunas actividades económicas, e incluso la falta de algunos insumos importantes de ciertos productos.

En este contexto reaparecieron problemas inflacionarios y en un plazo relativamente corto los índices de precios al consumidor en las principales economías desarrolladas ascienden a cifras no vistas desde hace varios lustros.

En este marco, y para complejizar aún más la situación, se dio la invasión de Rusia en Ucrania, desatando una guerra con un alcance indefinido y con un impacto negativo inmediato en los precios de energéticos y algunos granos básicos. Los datos recientes sobre el conflicto bélico indican que puede prolongarse mientras que el Gobierno de Estados Unidos y el resto de los miembros de la OTAN buscan derrotar a Rusia a través de la ejecución de sanciones económicas y la dotación de armamento al Gobierno de Ucrania.

El petróleo, el gas, el maíz y el trigo han cotizado en los mercados de futuros con gran inestabilidad y una tendencia al alza, en tanto Rusia y Ucrania son productores de importancia global. La inflación, por tanto, se ha visto impulsada aún más con la guerra.

Sin embargo, la reacción de los organismos financieros internacionales, de varios de los más importantes bancos centrales y de ministerios de hacienda o finanzas de algunas economías avanzadas es totalmente convencional: más política monetaria. Se impone el recurso del alza permanente de la tasa de interés de referencia.

La Reserva Federal (FED) de EE. UU. empezó el 16 de marzo un ciclo de alza en las tasas de interés a corto plazo, con un aumento de 25 puntos base. Semanas después, el 4 de mayo y afirmando que es una medida para restaurar la estabilidad de precios, la FED incrementó medio punto a los tipos de interés y señaló que están sobre la mesa algunos incrementos semejantes en las próximas reuniones.

En México y Brasil, considerando la notable vulnerabilidad de sus mercados financieros y la dificultad para mantener los capitales en el país que detentan títulos de deuda del Gobierno federal y de las empresas, ambos bancos centrales vienen realizando desde hace meses algunas alzas mayores en su tasa de referencia.

En México, en noviembre de 2021 se fijó la tasa en 5% y para marzo de 2022 se había incrementado en 150 puntos base a 6,5%. En Brasil, se aumentó en 150 puntos base en diciembre de 2021. En marzo se hizo otro aumento y en el momento del que llevó a cabo la FED, el Banco Central de Brasil incrementó su tasa de interés en un punto porcentual hasta llegar a 12,75%.

Los aumentos en la tasa de interés se siguen sumando con el argumento de combatir la inflación, pero no se observan resultados positivos y, por el contrario, hay una disminución en las expectativas de crecimiento. El alza en la tasa de interés inhibe la actividad económica, lo que es una pésima noticia cuando la inversión tiene un comportamiento tan débil, en particular en países como México y Brasil.

¿Todo el Gobierno al empresariado?

Fabián Echegaray
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¿Todo el Gobierno al empresariado?

Sea por legado de la filosofía clásica griega o por influencias del pensamiento católico agustiniano que separaba la esfera privada comercial (orientada por el lucro) de las decisiones colectivas en pos del bien común, muchos de nosotros nos acostumbramos a disociar el poder político y las definiciones públicas de las influencias de mercado. Esa separación pudo tener sentido en la época de los grandes imperios, construcción del Estado nacional y procesos independentistas contestadores del colonialismo propios del siglo XX, cuando las autoridades contaban con recursos, capacidades y legitimidad para surgir como la fuente casi exclusiva del bienestar nacional. Pero hoy en día, cuando corporaciones como Apple, Microsoft o Amazon tienen cada una un valor de mercado superior al PBI brasileño, ruso, canadiense o español —todos, países del selecto y enriquecido G20—, se hace difícil defender aquella división, así como exceptuar a la vanguardia empresarial de un papel más determinante que la producción de bienes.

La creciente atribución de capacidades y responsabilidades a las grandes empresas por el destino de las sociedades donde actúan y sus derivaciones ambientales, climáticas, éticas y sociales se inscribe en un proceso de paulatino reconocimiento del poder y competencias de las corporaciones. Esas potencialidades no solo reflejan una situación de paridad o hasta superioridad con las instituciones políticas convencionales para generar y distribuir impactos donde actúan. También retratan la percepción de inhabilidad o desinterés del poder público tradicional (Gobierno, instituciones del Estado, partidos o Parlamento) para gestionar problemas para los cuales los agentes del mercado (al igual que otros, como la sociedad civil organizada) se proyectan como mucho más capacitados para dar respuestas satisfactorias.

Esto explica la creciente expectativa de la ciudadanía por un comportamiento empresarial social y ambientalmente responsable. Un estudio de la consultora Market Analysis, junto con la red mundial de encuestadoras independientes WIN, que entrevistó a más de 33.230 personas en 39 países, revela que siete de cada diez adultos del mundo consideran extremadamente o muy importante estar conscientes e informados sobre las acciones de gobernanza socioambiental que ejecutan las grandes compañías.

En los principales países de América Latina como Brasil, México y Argentina, esa proporción llega al 80% o más. Aunque en una proporción algo menor, chilenos y colombianos también superan el promedio global en jerarquizar el conocimiento sobre la actuación corporativa en materia de sostenibilidad. Pero la importancia de la concientización va más allá de especulaciones en abstracto: poco más de 6 de cada 10 adultos en todo el mundo admiten que el comportamiento socioambiental corporativo molda sus preferencias de compra o adhesión a marcas.

Votar con el bolsillo eligiendo los ofertantes de productos y servicios (empresas) con mejores credenciales éticas y sustentables se conoce como “consumo político” y podría ser una fuerza transformadora capaz de extender la acción ciudadana más allá de las esferas formales de las urnas, la militancia partidaria o la protesta callejera. Ello ocurriría porque el poder y la capacidad de influencia social y ambiental de las corporaciones exige influenciarlas allí donde —de hecho— es posible moldar su comportamiento: su salud financiera, su participación de mercado, su reputación entre los consumidores y otros stakeholders.

El favorecimiento de firmas con gobernanza ciudadana que respetan el medio ambiente en vez de envenenarlo, o que amplían los derechos de sus funcionarios y comparten los beneficios económicos entre proveedores, sobre los que ignoran buenas prácticas socioambientales, contribuye a construir una sociedad más humana, abierta e inclusiva.

¿Por qué —entonces— no se materializa esa nueva forma de activismo y construcción de una agenda progresista impulsando un nuevo orden social que extienda la buena gobernanza de forma más masiva? El estudio Market Analysis/WIN también revela las sospechas que rodean a los agentes con poder, políticos y empresariales, en la región, estimulando la parálisis donde podría haber oportunidades de movilización progresista.

En los 39 países sondados tan solo una de cada cinco personas cree que la mayoría de las compañías operan seriamente con responsabilidad social y sostenibilidad. Otro 40% cree —al contrario— que, en su mayoría, las empresas buscan aparentar gobernanza; en definitiva, puro marketing. En América Latina, sacando al Brasil que, además de tener una estructura empresarial más compleja, tiene una tradición de debates e instituciones fuertes y visibles dedicadas a la propagación y reconocimiento de la llamada ciudadanía corporativa y los principios ESG (de gobernanza socioambiental), tan solo el 10% confía en los compromisos sustentables del mundo empresarial (la mitad del promedio mundial).

El actual escenario que combina fuertes expectativas de compromiso corporativo con el bien común por parte de los ciudadanos, sumado a su disposición para premiar o castigar firmas en función de su desempeño socioambiental y la baja credibilidad en el comportamiento altruista y prosocial de las empresas, representa un verdadero desafío. Por un lado, esa combinación redefine y consolida quienes son los nuevos jugadores de peso frente a los desafíos que nuestros países enfrentan, materializando un corrimiento de las expectativas de que los problemas importantes sean dirigidos hacia las empresas en lugar de concentrar toda la fe en las instituciones tradicionales de la política y del Estado. Por otro lado, esa situación genera un caudal de presión y demanda cuya canalización se frustra ante la incredulidad sobre las verdaderas intenciones corporativas. La posibilidad de que la actuación empresarial sea vista como oportunista antes que genuina, además de las frustraciones con el sistema político formal—, pueden abrir la puerta para expresiones radicalizadas o antisistema. La descreencia en la posibilidad de concretizar avances progresistas también por las vías de mercado ante Estados fallidos o Gobiernos paralizados como los que caracterizan nuestra región, junto con los comportamientos corporativos que alimentan o justifican dicha percepción, podrían frustrar la propuesta de un modelo duradero de desarrollo responsable.

Medio siglo de relaciones entre Argentina y China

Sergio M. Cesarín
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Medio siglo de relaciones entre Argentina y China

El 19 de febrero de 2022, Argentina y China conmemoraron 50 años de relaciones diplomáticas que han transitado por diferentes etapas que han acompañado el acelerado ascenso de la potencia asiática a escala global. Actualmente, las asimetrías requieren ajustar estrategias para maximizar beneficios derivados de una creciente interdependencia de Argentina de la que ―muy probablemente― sea a mediados de siglo la primera economía del mundo.

Ya a fines de la década de los setenta, Argentina intentaba aprovechar la potencial demanda agroalimentaria de una economía en los albores de profundas reformas. La década de los ochenta estuvo signada por la primacía de factores externos e internos, en la que la restauración democrática argentina impulsó las relaciones con China. Partiendo de similares cosmovisiones como “economías en desarrollo y no alineadas”, ambas partes avanzaron en la firma de acuerdos, propios de una agenda cooperativa.

Más tarde, los noventa proveyeron un marco particularmente apto para el despliegue de una agenda bilateral más intensa, favorecida por la globalización con sus secuelas sobre liberalización económica (Consenso de Washington), las expectativas de China por ingresar a la Organización Mundial del Comercio (OMC), el atractivo que suscitó el proyecto del Mercado Común del Sur (Mercosur) y la estabilización económica argentina.

Durante esta etapa, el dinámico crecimiento de China amplificó opciones para dilatar las corrientes de comercio bajo un patrón de complementariedad, canalizar préstamos por parte de instituciones financieras chinas destinados a programas sociales y atraer capitales de inversión de ese país (inversión extranjera, IE), particularmente interesados en los sectores minero, agroalimentario y energético. Firmas estatales chinas (SOE), impulsadas por la estrategia gubernamental sobre internacionalización (go out), exploraron oportunidades en Argentina.

Amparados por una activa diplomacia comercial presidencial, los respectivos sectores empresariales (públicos y privados) asumieron un mayor protagonismo, y asuntos como migraciones, doble imposición, protección de inversiones (BTI), cooperación aduanera y la apertura de un centro de promoción comercial argentino en Shanghái impulsaron una densa agenda bilateral.

Las primeras décadas del siglo XXI indican senderos económicos divergentes que, sin embargo, no obstaculizaron la continuidad y ampliación de vínculos entre ambos países. China mantuvo altas tasas de crecimiento, y desplegó en América Latina y el Caribe una activa estrategia de penetración comercial y cultural.

Como contrapartida, la Argentina se sumergió en una fase económica crítica, la cual fue  ―parcialmente― superada a partir de 2004. En esta etapa, China desempeñaría un papel central en la tracción de exportaciones argentinas de agroalimentos, favoreciendo, así, la obtención de rentas por parte de una alicaída economía nacional gracias al boom de precios internacionales de materias primas.

La visita a la Argentina en 2004 del entonces presidente Hu Jintao confirmó el interés inversor de su país a escala local en sectores estratégicos como ferrocarriles, telecomunicaciones, carreteras, puertos, minería e hidrocarburos. Los acuerdos entonces firmados confirman la importancia que cobraba para la Argentina una relación con China, asumida en palabras pronunciadas por Néstor Kirchner como un “contrapeso” geopolítico frente a la propuesta de Estados Unidos de crear un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y un “factor de industrialización”.

La sintonía político-ideológica entre Gobiernos de “izquierda” de la región, es decir, Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia y Venezuela, posibilitó a China una inserción menos interferida por un Estados Unidos que intentaba “contener” su creciente influencia. Por otra parte, la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en 2010 retroalimentó las pretensiones argentinas (y latinoamericanas) de profundizar los vínculos con China.

Durante la última década y hasta la actualidad, las relaciones se han consolidado. En 2014, los presidentes Cristina Fernández de Kirchner y Xi Jinping firmaron la Declaración Conjunta para el Establecimiento de la Asociación Estratégica Integral. Otros convenios sobre cooperación económica, comercial, financiera, nuclear y cultural, que incluyeron el otorgamiento por parte de China de un préstamo por 4.714 millones de dólares para financiar las represas Kirchner y Cepernic (provincia de Santa Cruz) y el préstamo para la renovación total de las vías del Ferrocarril Belgrano Cargas convalidaron el ingreso argentino ―de hecho― al proyecto de la Franja y la Ruta (BRI).

A partir de entonces, las inversiones chinas han fluido en sectores como infraestructura, telecomunicaciones, extracción de petróleo, energías convencionales y no convencionales. El financiamiento de bancos estatales chinos ha sostenido y sostiene proyectos de desarrollo en municipios bajo el auspicio de iniciativas sobre “hermanamiento de ciudades y provincias” que acercan lejanas geografías y mixturan diferentes identidades (posteriormente, y también como resultado de los acuerdos gubernamentales de 2014).

Pero si lo fáctico es relevante, lo simbólico ocupa un lugar destacado. En cinco décadas la construcción de imágenes sobre China a escala local ha evolucionado. La inmigración consolidó el establecimiento de una “comunidad china de ultramar” con activa presencia social, cuya diferenciada identidad cultural genera interés.

La promoción cultural mediante la creación de Institutos Confucio (en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de La Plata) alimenta la curiosidad por conocer mejor la cultura china; la apertura de colegios bilingües (chino-español), la difusión de estudios sobre literatura argentina en China, del tango como expresión popular, y la apertura de centros de estudio sobre China en universidades y think tanks económicos argentinos han servido para reafirmar la esperada continuidad de una estratégica relación con un actor extrarregional de creciente influencia mundial.

La reciente visita del presidente Alberto Fernández durante febrero de 2022 reafirmó el interés de Argentina por contar con China como un aliado estratégico, sociopolítico, mercado para la exportación de productos agroindustriales y energía, fuente de inversiones (IE), proveedor crediticio y centro de innovación para la captación y transferencia de nuevas tecnologías; por ejemplo, en el sector nuclear, mediante la construcción de una nueva planta financiada por bancos chinos que transformaría a la Argentina en un leading case al contar con un reactor experimental Hualong One.

Complementan este cuadro, el formal ingreso de Argentina al proyecto chino sobre conectividad global de la Franja y la Ruta en sus distintos componentes (terrestre, infraestructura ferroviaria, marítimo-portuaria, digital-telecomunicaciones 5G) mediante un financiamiento esperado por un valor de 23.000 millones de dólares, la búsqueda de alianzas en ciencia y tecnología centradas en el sector espacial y la ampliación del Acuerdo de Swaps hasta los 21.700 millones de dólares.

La participación conjunta en el G-20 también ofrece otro plano de interacción bilateral y multilateral en el que ambas partes comparten intereses sobre estabilidad global, desarrollo económico y reducción de las asimetrías norte-sur.

Sobre las proyecciones de estas relaciones, las brechas y asimetrías de poder entre China y naciones en desarrollo como Argentina, sumidas en periódicas crisis en un mundo convulsionado, requerirá gestionar una agenda común con mayores dosis de pericia diplomática con el objeto de maximizar beneficios derivados de una creciente interdependencia de China.

De esta forma, durante las próximas décadas, China puede ejercer un papel central para Argentina, traccionando intercambios comerciales, radicando inversiones y aportando al desarrollo local mediante aportes financieros para proyectos de infraestructura crítica.

*Texto publicado originalmente en la página web de la REDCAEM

Testigos que son rehenes

Manuel Alcántara
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Testigos que son rehenes

Pareciera que la guerra en el este de Europa, salvo en lo relacionado con el impacto de la crisis económica aneja y las expectativas de un “nuevo orden” mundial, es un asunto ajeno para América Latina. Sin embargo, ciertos rasgos en la configuración del régimen político del país agresor no resultan extraños a la región. En efecto, la deriva autoritaria de lo que en sus inicios configuró una democracia iliberal con un presidente elegido por el voto popular y una separación de poderes torcida se empareja con una pauta tristemente conocida.

Vitaly Mansky es un cineasta ruso, aunque nacido en Leópolis (Ucrania) en 1963, cuya obra “Los testigos de Putin” estrenada en 2018 es un documental excepcional para conocer a Vladímir Putin en su primer año de gobierno durante 2000. Rodado bajo la premisa de lo que debería ser un ejercicio laudatorio del proceso de transición de Yeltsin a Putin, hoy es un testimonio excepcional de cómo un aparente momento virginal está ya pertrechado de la semilla de la disrupción. Cuenta con imágenes de ambos políticos que muestran sus vidas cotidianas y da pie a espontáneas confesiones memorables que anticipan un futuro proceloso.

Sorprende un joven Putin, aparente firme converso en los valores de la democracia, que se debate entre la estimación del amor a la patria, que debe estar por encima de cualquier interés individual, a la que hay que servir sin tregua, y su conciencia de que la presidencia es algo temporal, preludio inequívoco de una etapa ulterior en que se vuelve a ser un ciudadano ordinario. Si Putin bromea con Mansky, a quien tacha de irónico, este no deja de traslucir una tenue desconfianza en el presidente, cuya ambición comienza a hacerse patente.

El cineasta, que reside en Riga desde 2014, en un momento de su vida toma conciencia de que su privilegiada posición inicial como testigo camarógrafo de los movimientos más privados del presidente le convierte en rehén de un régimen en el que pasará de ser un opositor a un exiliado. La avidez galopante por el poder en un entorno en el que los mecanismos institucionales de control son débiles, el escenario de inseguridad en las calles, debido al conflicto checheno que precipita la demanda popular en pro de un redentor y un pasado configurador de una identidad nacional casi quebrada, establecen el entramado sobre el que hoy se yergue parte del drama que vive Europa oriental.

Lo ocurrido en Rusia desde el comienzo del presente siglo tiene su correlato en el ámbito de algunos países de América Latina en donde confluyen aspectos de entre los recién citados. La combinación de la ambición personal, el manoseo de las instituciones para satisfacerla, un apoyo social que al principio fue relevante por parte de poblaciones que se encuentran afectadas por un trauma ―como pudiera ser la inseguridad ominosa, la corrupción o el deterioro económico― o incluso alienadas por la ausencia de reconocimiento de ciertos grupos constituyen un escenario de sobra conocido. A ello se suma el denominador común que hace de la alternancia una práctica en desuso.

Aquí el apoyo inicial en elecciones presidenciales de carácter plebiscitario sostenidas, según señalan los sondeos en la opinión pública de poblaciones que dan testimonio silente, es algo que, como en el caso ruso, se trastoca invariablemente en una situación en la que la gente termina siendo rehén, maniatada, por la ejecutoria del autócrata de turno. Auspiciado por su carácter mesiánico de una ambición ilimitada, se encuentra asimismo acompañado por un medio ambiente fiel, a la vez que interesado, que lo arropa.

Las Fuerzas Armadas y los aparatos de seguridad, la débil administración del Estado cooptada ―en la que se incluye el Poder Judicial―, un sector del empresariado y una hábil política de comunicación en clave publicitaria forman los instrumentos básicos del dominio. El resultado de todo ello es la perpetuación en el poder a cualquier precio.

Nicolás Maduro, siguiendo los pasos de su predecesor, Hugo Chávez, y Daniel Ortega son claros ejemplos de lo señalado. La evidencia estriba en la forma en que permanecen en el poder cercenando a la oposición y haciendo de las elecciones un juego truculento. Así, la población venezolana y nicaragüense ha pasado de ser espectadora a estar secuestrada en un marco de personalización del poder y de persecución de todo aquel que no apoya al líder bonapartista. Pero los riesgos de que se produzca algo similar en otros países de la región están presentes.

Si Vladímir Putin no ponía en duda hace 22 años ―en el documental de Vitaly Mansky― que dejar la presidencia era su destino natural por encontrarse bajo la regla de oro de la democracia del usufructo temporal y limitado del poder, ¿qué garantía existe hoy de que Nayib Bukele en El Salvador o Andrés Manuel López Obrador en México dejen el poder cuando culminen sus mandatos en 2024?

Los pasos dados por ambos para someter a instituciones que efectúan acciones independientes de control, o para cambiar las reglas del juego, representan un jalón en la conversión de las ciudadanías respectivas de testigos a rehenes. Si Bukele ha torcido el brazo al Poder Judicial destituyendo a jueces y a fiscales, y nombrando a una Corte Suprema a su medida, López Obrador sorprende con una iniciativa de reforma electoral en la que propone minar la independencia y desbaratar al Instituto Nacional Electoral, cuya ejecutoria en los últimos años era modélica, para contribuir a que sea cierto su vaticinio de “seguir ganando los juegos por paliza” incrementando el número de rehenes a su antojo.

¿Qué tan factible es que Rusia utilice armas nucleares?

Enrique Gomáriz Moraga
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¿Qué tan factible es que Rusia utilice armas nucleares?

Después de que en varias oportunidades Vladímir Putin haya mencionado directa o veladamente el uso de las armas nucleares para defender la seguridad de Rusia sin que se le haya tomado muy en serio, algunos observadores europeos han comenzado a considerar que habría que prestar más atención a dicha posibilidad. Pero esta reflexión proviene sobre todo de Europa, más que de Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden sigue repitiendo que la amenaza es únicamente un bluf de Putin al que no hay que dar mayor credibilidad.

Hay coincidencia acerca de que las probabilidades del uso del arma nuclear son inversamente proporcionales a la posibilidad de que conduzca a una destrucción mutua asegurada. Algo que sucedería si Rusia empezara un ataque nuclear a escala intercontinental. Por ello, esta situación es poco probable. Aumenta el riesgo, sí, como sucedió en los años ochenta del pasado siglo; se plantea una guerra nuclear limitada (a Europa en aquel entonces), pero parece poco probable que un intercambio nuclear sobre algún país europeo no acabe deslizándose rápidamente hacia un conflicto global. Sin embargo, esta situación cambia radicalmente si el escenario del conflicto se reduce a la guerra de Ucrania.

Hay dos razones que podrían favorecer el uso del arma nuclear por parte de Rusia en esta guerra. En primer lugar, porque no está claro que el uso táctico del arma nuclear sobre suelo ucraniano vaya a tener una respuesta también nuclear de parte de Occidente. Si Rusia decidiera destruir una pequeña ciudad ucraniana mediante un ataque nuclear limitado, no es evidente que Occidente respondiera de igual forma y empezara una escalada que podría conducir a una destrucción mutua global. El problema es que eso también lo sabe Putin.

En segundo lugar, todo indica que el Kremlin estaría dispuesto al uso táctico del arma nuclear en caso de que resulte muy evidente que Rusia pudiese perder la guerra en Ucrania. La derrota de Rusia es algo inaceptable para Putin porque significaría su muerte política. Por ello, es muy probable que optara por el uso del arma nuclear limitándose solo a Ucrania. Como afirma el periodista del periódico El País, Enric González, “es demasiado peligroso arrinconar a una potencia atómica y no dejarle otra opción que el botón rojo”.

Aludiendo a la posibilidad de que el apoyo militar occidental al Ejército ucraniano sea tan elevado que signifique una derrota rusa en la actual batalla en el Donbás, Putin ha mencionado que Rusia respondería “de forma contundente e inmediata”. Y existe el consenso de que estaba aludiendo de forma velada al uso táctico del arma atómica.

De esta forma, la única alternativa real al uso del arma nuclear consiste en que Rusia obtenga una victoria en el Donbás o, al menos, una victoria aparente, aunque en realidad signifique un final en tablas de la guerra. Lamentablemente, esa victoria parcial significará una división del territorio ucraniano, quedando el este del país en poder de estados prorrusos y el oeste, bajo la influencia de las potencias occidentales.

Desde esta perspectiva, el discurso de Washington de que la amenaza nuclear de Rusia es un bluf es irresponsable y parece impulsar el conocido juego estadounidense Chicken, en el cual dos autos se enfrentan en la carretera a alta velocidad para ver quién se aparta primero. Washington aumenta poderosamente la presión con el envío masivo de armas a Ucrania para ver si derrota a Rusia, convencido de que esta no se atreverá a usar armas nucleares tácticas, y Moscú amenaza con usarla en caso de que el envío de armas conduzca a su derrota en el Donbás. ¿Quién se apartará primero de la línea de choque?

En todo caso, el resto del mundo no puede quedarse impasible observando cuál es el resultado final de esta insana carrera. Entre otras razones, porque implicaría la devaluación del esfuerzo realizado hasta el momento por aquellas regiones que se han declarado libres de armas nucleares, como es el caso de América Latina mediante el Tratado de Tlatelolco. Es necesario aumentar el esfuerzo para lograr un alto el fuego cuanto antes. Las gestiones de Naciones Unidas para lograrlo deben tener el respaldo intenso de los países que rechacen la guerra.

Es difícil comprender que Washington no haya aceptado la solicitud de Kiev de neutralizar el espacio aéreo ucraniano por temor a una conflagración directa, y que ahora esté dispuesto a pertrechar hasta los dientes al Ejército ucraniano para posibilitar que derrote a Rusia en la batalla del Donbás. A Moscú le da igual si pierde el combate en el aire o en tierra, simplemente esa opción le resulta inaceptable. Y como Putin sabe que no está claro que Occidente vaya a responder a un uso táctico del arma nuclear en suelo ucraniano, parece que están dadas las condiciones para que eso pudiera suceder.

Desde luego, el uso del arma atómica no dejaría de tener inconvenientes para el Kremlin. En primer lugar, el uso táctico con “armas nucleares pequeñas” no tendría un efecto menor del que tuvieron las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, algo que no cubriría precisamente de gloria a Moscú. Y en relación con ello, porque conllevaría reconocer que tuvo que acudir al uso del arma nuclear porque su fuerza militar convencional es mucho menos poderosa de lo que presumía.

Ante este panorama, la única estrategia responsable de Occidente es la denominada de doble carril. Por un lado, el apoyo a Kiev para evitar que el fin de la guerra conlleve un aplastamiento de Ucrania, pero al mismo tiempo poner el esfuerzo en lograr un alto el fuego cuanto antes. De hecho, esta fue la opción de la UE durante el primer mes del conflicto, antes de que se sumara a la perspectiva de que es posible una derrota militar de Rusia. Sin embargo, dado que ese horizonte es inaceptable para Moscú, han comenzado a crecer las probabilidades de que lo impensable pudiera suceder en el escenario bélico de Ucrania.

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América Latina y la guerra en Ucrania: la segunda trampa de Tucídides

Fabián Bosoer
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América Latina y la guerra en Ucrania: la segunda trampa de Tucídides

La “trampa de Tucídides” es un término popularizado por el politólogo estadounidense Graham T. Allison para describir “los peligros concomitantes cuando una potencia en ascenso rivaliza con una potencia establecida”, incluyendo las condiciones potenciales de un conflicto bélico entre ellas. La narración de la Guerras del Peloponeso por el gran historiador de la Antigua Grecia se utiliza, en este caso, para describir el ascenso de China como el de una nueva Atenas del siglo XXI desafiando a la Esparta representada por los Estados Unidos. De los dieciséis casos estudiados por Allison, solo cuatro no terminaron en una guerra. Se trataría, según él, de comprender esos patrones de comportamiento para que la guerra no fuera el destino ineluctable de la competencia entre China y los Estados Unidos en su disputa por el liderazgo global.

Esa imagen de la historia comparada, recogida por la academia y el debate intelectual, fue tomada tal cual por los estrategas y los líderes políticos. El propio Xi Jinping sostuvo en Seattle, durante una gira a los EE.UU., en 2015, que “no hay en el mundo tal cosa como la llamada trampa de Tucídides (…)”, aunque continuó advirtiendo que “si los principales países cometen una y otra vez errores de cálculo estratégico, podrían crear tales trampas por sí mismos”.

La Historia de la Guerra del Peloponeso, de Tucídides, sigue ilustrando desde la antigüedad sobre el presente de las relaciones internacionales y recobra especial actualidad cuando una de las superpotencias desafía abiertamente la paz y la seguridad internacional, como lo está haciendo Rusia en Ucrania alegando motivaciones geopolíticas y etno-territoriales que llevan consigo ominosas implicancias. Pero Tucídides no solo es útil para explicar la relación entre las grandes potencias sino también entre estas y el resto de los estados. 

Es célebre, en tal sentido, el Diálogo de los Melios, un pasaje del Libro V de esa obra, en el que los atenienses ofrecen a los habitantes de la isla de Melos un ultimátum: rendirse y rendir tributo a Atenas o ser destruidos. Los melios resisten y terminan arrasados. La frase que define la relación -“los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben”- marcará un apotegma de la llamada “escuela realista” de las relaciones internacionales.

Esta referencia será recogida y utilizada en la Argentina de los años ’90 para explicar desde el llamado “realismo periférico” la reorientación de la política exterior y el alineamiento con los EE.UU. durante el gobierno de Carlos Menem. La Argentina abandonó su posición tradicional de no alineamiento y no intervención, acompañó a Washington en la primera guerra del Golfo (1990), fue beneficiada por créditos y financiamientos que abultarían luego su deuda externa y fue incorporada como “aliado extra-OTAN”. También sufrió los dos atentados terroristas más graves provenientes del fundamentalismo islámico en América latina: la voladura de la embajada de Israel (1992) y de la sede de la mutual israelita, la AMIA (1994). La enseñanza que se recogía era que congraciarse con la potencia hegemónica traería mayores beneficios que seguir padeciendo el aislamiento desde una posición distante, reticente o confrontativa.

Hoy, el Diálogo de los Melios de Tucídides se utiliza para ejemplificar el drama de Ucrania, enfrentada a la invasión rusa, en un contexto global marcado por las tensiones entre Moscú y Occidente, definidas como una nueva Guerra Fría, con una China que observa expectante dichas tensiones. América latina, que ha padecido durante el siglo veinte la condición de ser escenario de disputa, solapada o abierta, entre las grandes potencias, sabe lo que esto significa. Se nutrió de la inmigración y la cultura europea y sus sociedades son el resultado del mestizaje producido por las corrientes migratorias provenientes de la prosperidad, pero también expulsadas por las guerras, las persecuciones y las crisis económicas del mundo desarrollado.

Pero América latina, cabe también clarificarlo, no atiende en un sólo teléfono: se muestra como una región fragmentada y heterogénea; es más un conglomerado dispar de actores con sus propias posiciones que un actor con posiciones comunes en el escenario internacional.

Y así se ha visto en las posturas ante la invasión a Ucrania. En la votación de la Asamblea de las Naciones Unidas para exigir a Rusia el cese de las hostilidades en Ucrania realizada el 24 de marzo -al cumplirse el primer mes de la invasión-, el resultado adverso a Moscú fue contundente: 140 países votaron afirmativamente sobre 196. Los del G7 lideraron esta posición, que acompañó la totalidad de Europa y 29 de los 34 países América Latina. Se abstuvieron 38, lo rechazaron 5 sólo y se ausentaron de la votación 13.

En la siguiente votación de la Asamblea General, del 4 de abril, que trató y aprobó la separación de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU los votos de condena bajaron de 140 a 97, las abstenciones crecieron de 38 a 51 y los votos negativos de 5 a 24. Como apunta Rosendo Fraga, el vuelco fue encabezado por las potencias regionales del mundo en desarrollo: Brasil y México en América Latina, Nigeria y Egipto en África, y Arabia Saudita e Indonesia en Asia. Estos países abandonaron el rechazo a Rusia y pasaron a la abstención, arrastrando votos de sus respectivas áreas de influencia. China, que se había abstenido en las votaciones anteriores, pasó al rechazo de la moción sancionatoria, mientras que India, Sudáfrica y Pakistán siguieron eludiendo la condena a Rusia.

En la Organización Mundial del Turismo (OMT), parte de la constelación de Naciones Unidas, cuya Asamblea General decidió por 40 votos a favor, 11 en contra y 40 abstenciones, sobre 160 miembros, suspender a la Federación Rusa. Entre los países latinoamericanos primó la abstención. Solo seis gobiernos condenaron la agresión rusa (Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Uruguay), mientras Nicaragua votó en contra y Cuba no emitió su voto.

En el ámbito hemisférico, el 21 de abril se votó en la OEA la suspensión de Rusia como país observador permanente del organismo. La resolución contó con 25 votos a favor, 8 abstenciones, un ausente y ningún voto en contra. Es decir, un rechazo mayoritario hacia Moscú acompañando la postura de Estados Unidos y Canadá. Pero entre las ocho abstenciones se ubicaron las tres economías más grandes de América latina: Brasil, México y Argentina. A diferencia de lo sucedido en otras regiones del mundo, donde las potencias regionales arrastraron los votos de su entorno, esto no se dio en el caso de esta región, donde prevalece el abstencionismo, como bien lo señala también en su análisis el experto Carlos Malamud.

En la encrucijada actual, cada país latinoamericano se debate nuevamente en un dilema de difícil resolución, acaso una segunda “trampa de Tucídides”: cómo evitar un involucramiento impuesto por los “jugadores mayores”, sabiendo al mismo tiempo que no puede permanecer al margen de un conflicto que tiene múltiples impactos directos e indirectos y consecuencias locales, nacionales y regionales sobre la vida de los pueblos. Nuevamente, la historia –y la guerra- echan luces destellantes y sombras espectrales sobre el presente, colocando a la humanidad al borde del precipicio. Y faltan líderes que sepan cómo afrontarlo y detener la marcha demencial hacia el vacío, sin arrojar más leña al fuego.

*La versión original de esta nota se publicó en el Diario Clarín de Buenos Aires.

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El impacto del cambio climático en la inflación global

Leonardo Stanley
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El impacto del cambio climático en la inflación global

El último informe del FMI destaca los efectos recesivos por la invasión de Ucrania sobre la economía mundial, así como una serie de shocks de oferta que vienen a marcar una nueva era inflacionaria global. Si la inflación que desató la pandemia de la COVID-19 fue considerada transitoria, la presión inflacionaria que se detecta ahora evidencia un carácter estructural. La economía mundial entra en una nueva etapa, una de mayor inflación.

Para ciertos especialistas esto representa un déjà vu de la crisis petrolera de los setenta que transformó la economía y las finanzas internacionales. La crisis marcó el ocaso del keynesianismo de posguerra, y el monetarismo surgió como visión dominante. Para esa misma época también crecía el interés por las cuestiones ecológicas, el medio ambiente, y se empezó a pensar en el desarrollo sustentable. Poco tiempo después, la comunidad científica comenzaba a alertar sobre el problema del calentamiento global.

Repensar el dilema inflacionario ante el desafío del cambio climático

En los países de ingresos bajos y medios, los shocks externos adquieren una relevancia destacada, así como una frecuencia más pronunciada. En este contexto, los países exportadores de commodities (petróleo, minería, agricultura) se benefician ante un aumento en el precio, aunque se ven expuestos a una mayor inflación. Se trata de países con economías escasamente diversificadas y con una fuerte desigualdad social, por lo que la inflación termina afectando a la mayoría, dado su patrón de consumo.

Por otro lado, los fenómenos climáticos resultan extremos e irrumpen con cada vez más fuerza, lo cual plantea grandes desafíos en lo económico. Así, las autoridades monetarias deberían monitorear riesgos, ya que una transición sin rumbo puede conllevar el problema de los activos varados. Pero tampoco deberían descuidarse los efectos que tal transición genera sobre el fenómeno inflacionario.

Los desequilibrios macroeconómicos por los eventos extremos ameritan cuantiosas inversiones en adaptación, lo cual induce el rebrote inflacionario.

Con las inversiones cayendo, observamos que el proceso de transición ha disparado un aumento significativo en el precio de los minerales como el cobre, níquel, grafito, litio o cobalto. Un automóvil eléctrico consume seis veces más minerales que uno de combustión interna y los minerales explican un 20% del costo de los equipos eólicos. Todo ello ha venido induciendo pronunciados aumentos en el precio de estos minerales en los últimos dos años. El precio del litio se incrementó en 1000%, 300% el níquel y 200% el cobre.

Estos nuevos equipos energéticos no llegan a generar más del 3% del total de la energía producida, mientras que los automóviles eléctricos no representan más del 1% del parque mundial. Si bien la transición puede ser una bendición, debido a los mayores ingresos, fácilmente puede devenir en una maldición con fuertes consecuencias inflacionarias. 

La producción limpia conlleva, además, mayores costos, los cuales no deben ser vistos como un lujo de países desarrollados. De hecho, la implementación de la tasa al carbono en las fronteras por parte de la UE nos exige considerar lo ambiental al planificar el desarrollo, ya que implica inversiones que también generarán más inflación.

A fin de avanzar con las energías limpias y dejar atrás la adicción a los fósiles, surgen diversas opciones de política: precio al carbono, regulación, subsidios. Cualquiera sea la alternativa, todas implican un mayor costo que afecta a empresas y consumidores.

En el caso del valor de los permisos de emisión de la UE, mientras la tonelada de carbono promediaba los 21 euros en febrero de 2021, al año siguiente se acercaba a los 100 euros. Pero más allá de las variaciones, el sendero se explica por las decisiones adoptadas tanto en los últimos años como por la invasión de Ucrania.

La imposición de un impuesto al carbono (la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles) no solo implica mayor presión inflacionaria, sino mayor tensión social, dado el traslado (total o parcial) del incremento a los consumidores. Aunque su introducción induce una menor contaminación, el impuesto resulta regresivo, ya que son los sectores sociales más empobrecidos los que destinan una mayor proporción de sus ingresos a la compra de combustibles o al transporte público.

Pese a esto, parecería que los mercados de futuro adoptaron la transición como irreversible. El financiamiento a las empresas petroleras se ha vuelto más caro, sea por el temor a los activos varados o por la irrupción de normativas más estrictas. Todo ello ha inducido una menor tasa de inversión, que en la coyuntura fortalece el precio de los combustibles y genera mayor presión inflacionaria. Ello debería acelerar la transición. Sin embargo, no puede soslayarse que dicho proceso requiere tiempo, puesto que las inversiones son costosas. De una u otra forma, la transición produce efectos inflacionarios. 

Esto plantea que la respuesta de política monetaria tradicional de endurecer las condiciones crediticias no es la mejor opción. Dicha respuesta resulta más acertada en países donde el sector financiero es escasamente relevante. Pero si en estos la demanda agregada resulta insensible frente a cambios en la tasa de interés, otra es la reacción frente al tipo de cambio.

Un aumento en el precio de los commodities induce a la apreciación de la moneda nacional, fenómeno que puede verse amplificado por la entrada de capitales financieros ante una suba en la tasa de interés local (carry trade). Aunque ello beneficia al consumo y, eventualmente, a los sectores más desposeídos, la bonanza tiene efectos destructivos sobre el aparato productivo, más aún en economías abiertas a los flujos de capital. Ello explica el porqué de las respuestas heterodoxas implementadas por diferentes Gobiernos de la región en los años 2000, tanto como el cambio de opinión del Fondo respecto a los controles de capital, recientemente ratificado.

Más allá de la coyuntura, signada por la invasión rusa, la transición energética caracteriza al fenómeno inflacionario actual como duradero, por lo que la región debería avanzar con la transición. Ello obliga a la clase política a pensar alternativas y avanzar con propuestas novedosas. Por ejemplo, podría introducirse un impuesto a la renta extraordinaria que grave las ganancias de las empresas mineras, pues estas seguirán en alza durante la transición. También se podría avanzar con alguna variante del esquema de control de capital instrumentado en el pasado por Chile, pero ahora penalizando a los fondos que llegan para financiar a las industrias contaminantes.

Al evaluar el problema debemos dejar los dogmas atrás y actuar de forma pragmática. Debemos ir hacia un nuevo esquema de producción y consumo, donde la transición lleve hacia un proceso secuencial. Y los Gobiernos deberían intervenir para mitigar las consecuencias macroeconómicas (estabilidad de precios, competitividad del tipo de cambio, política social y transición justa), así como para impedir la generación de burbujas financieras (inversión en activos que pueden resultar varados).

Similitudes y diferencias entre los procesos constituyentes de Brasil y Chile

Rodolfo de Camargo Lima
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Similitudes y diferencias entre los procesos constituyentes de Brasil y Chile

Coautor Danilo Buscatto Medeiros

Más de 30 años separan a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) brasileña de la Convención Constitucional chilena. Hay similitudes y diferencias entre los dos procesos, pero ambos están rodeados de expectativas contradictorias y diferencias sustanciales.

La convocatoria de la asamblea constituyente en Brasil se produjo tras el movimiento a favor de las elecciones presidenciales directas en el momento de transición de un régimen autoritario a uno democrático. El proceso en Chile -una democracia consolidada- se inició con las movilizaciones estudiantiles contra el aumento del precio del billete de metro en Santiago. 

En ambos casos, sin embargo, las amplias movilizaciones se beneficiaron de las reacciones del gobierno. Del lado brasileño, la derrota de las «Elecciones Directas» llevó a una parte de los partidos políticos y movimientos sociales a invertir en la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) de la Asamblea Constituyente. Del lado chileno, las represiones policiales contra los estudiantes aumentan la intensidad y el volumen del descontento hasta alcanzar a todo el país el 18 de octubre de 2019 (18-O).

Otra distinción importante radica en los liderazgos políticos y las relaciones institucionales de los actores que preceden a la instalación de las circunscripciones. En Brasil, y a raíz del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), un movimiento partidista de oposición al régimen militar, los actores políticos que participaron en las «Diretas» (y más tarde en la ANC) oscilaban ideológicamente entre el centro-derecha y la izquierda. 

En el caso chileno, sin embargo, las movilizaciones no están estrictamente vinculadas a los partidos, e incluso se fomentan a raíz de la desconfianza en la política tradicional. Entre los llamados independientes, actores no afiliados que constituyen una parte importante de la Convención, se observa un posicionamiento ideológico entre la llamada nueva izquierda y la izquierda radical.

En ambos países, las élites políticas fueron capaces de construir amplios pactos político-partidistas en un momento de gran movilización social combinado con el contraste y el debilitamiento de los gobiernos de derecha. En el caso brasileño, la Alianza Democrática reunió a fuerzas políticas de todo el espectro ideológico en oposición a la candidatura que representaba la continuidad. Tras la muerte del recién elegido presidente, Tancredo Neves, su vicepresidente, José Sarney, cumplió la promesa del partido de poner en marcha una asamblea constituyente. La convocatoria de la ANC fue el sustituto funcional de la ruptura que no se había producido con el régimen anterior y supuso una demanda de una parte de la sociedad civil organizada.

En el estallido chileno, las élites políticas tradicionales utilizaron la superación de la Constitución heredada de Pinochet como reacción y salida para reducir las tensiones sociales en el país. En el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, firmado por las principales direcciones de los partidos políticos, se estableció un plebiscito para consultar tanto por una nueva constitución como por el modelo de representantes exclusivos o mixtos. También se condicionó la aprobación de la nueva carta magna a un plebiscito obligatorio.

Aquí hay una distinción importante. La constituyente brasileña nace de una enmienda a la Constitución -cuyos trámites fueron tímidamente escuchados por expertos y representantes de clase- y adoptó un modelo congresual en el que quienes redactaron la nueva carta también eran legisladores ordinarios. En Chile, la convocatoria de un plebiscito nacional es una reacción de los partidos políticos para zanjar las protestas sociales. La sociedad chilena aprobó entonces la constituyente con una amplia mayoría y definió el modelo de una Convención Constitucional con representantes exclusivos. 

En otras palabras, los distintos incentivos de las relaciones entre los actores políticos y sociales dan lugar a diferentes resultados de los procesos constituyentes: uno controlado por los actores político-institucionales y otro impulsado por los liderazgos y organizaciones sociales. 

En cuanto a las conexiones con el público, el ANC es conocido por la intensa participación de los movimientos sociales y también de las organizaciones y movimientos patronales en algunas de sus sesiones. El bipartidismo forzado legó al MDB el papel de oposición al régimen militar, cuya legitimidad y conexiones sociales beneficiaron el estrechamiento y los puentes entre el partido-movimiento y la sociedad.

En Chile, la mayoría de sus representantes independientes, procedentes de movimientos sociales y territorios, desconfían de los partidos tradicionales. Estos actores han incluido proporcionalidades sociales en la Convención, como la paridad de género, la plurinacionalidad y la equidad territorial.

El proceso de elaboración de la constitución en ambos casos es similar y ascendente, es decir, las comisiones temáticas elaboran proyectos de ley que luego se presentan al pleno. El Reglamento Interno en la ANC instaló ocho comisiones (más una poderosa comisión de sistematización), mientras que el Reglamento General chileno llega a siete comisiones temáticas. En Brasil, el primer regimiento exigía una mayoría absoluta de votos para las deliberaciones en las comisiones y en el pleno. En Chile, es una mayoría simple para las comisiones y dos tercios en el pleno. 

En caso de que se apruebe por mayoría simple en el pleno, se devuelve a las comisiones para que realicen ajustes con la posibilidad de someterlo a votación en el pleno por una vez más. Este aspecto fue diferente en la asamblea brasileña, donde correspondió a la comisión de sistematización reunir los anteproyectos de las ocho comisiones y preparar uno solo para ser votado en el pleno, sin posibilidad de volver a las comisiones. Sabemos, sin embargo, que el proceso fue más truncado debido a la revuelta contra el Reglamento Interno que dio lugar a los cambios de las normas y también a la formación del llamado «Centrão».

La constituyente chilena se enfrenta actualmente a retos similares a los de la etapa final de la experiencia brasileña. Además de la dificultad de aprobar la avalancha de normas, en Chile también ha aumentado significativamente el rechazo, es decir, ha crecido la impopularidad y la desaprobación popular de la Convención, según recientes encuestas de opinión pública. 

En Brasil, a pesar del apodo de «Constitución Ciudadana», el texto final también recibió críticas y acusaciones de ser progresista o demasiado detallista – cabe recordar que la bancada del Partido de los Trabajadores se negó a firmar su versión final. Además, las negociaciones no lograron promover el consenso en algunos temas cruciales. Habiendo elegido el presidencialismo como sistema de gobierno, a pesar de no ser la preferencia original de la mayoría de los electores, se definió que un futuro plebiscito podría revisar esta decisión. 

En el caso chileno se produjeron disputas similares y los independientes y parte de la izquierda partidaria, no entusiasmados con el presidencialismo, intentaron reformarlo mediante propuestas parlamentarias y semipresidencialistas, pero fracasaron. Una vez perdida esta guerra, ganaron otras batallas: aprobaron la supresión del Senado y propusieron una nueva Cámara Territorial, cuyo diseño sigue abierto.

Uno de los subproductos políticos más importantes e infravalorados del proceso constituyente brasileño es la formación del llamado Centrão, una unión interpartidista de parlamentarios descontentos con la dirección de la ANC. El surgimiento de este grupo de sesgo conservador -aunque ideológicamente heterogéneo- no tuvo que ver con la imposición de un texto supuestamente de izquierdas, sino con la dificultad de alterar el anteproyecto que saldría de la Comisión de Sistematización, así como con el descontento ante la probabilidad de parlamentarismo y la reducción del mandato del entonces presidente Sarney. 

Como resultado de la sublevación del centro-derecha, las reglas del juego se alteraron tras casi un año de trabajo, lo que implicó la dificultad de formar mayorías en temas divisivos. Las negociaciones a las puertas del pleno marcaron el tono de sus votaciones, lo que explica en parte el descontento de varios grupos con el resultado final. 

La Convención chilena no tendrá una, sino tres comisiones de sistematización: Armonización, Normas Transitorias y Preámbulo. La lección brasileña es útil para el país, dado que éste es un momento especialmente crítico y tenso del proceso. La convocatoria de un plebiscito para la aprobación de la Carta Magna chilena está prevista para el 4 de septiembre. En caso de una victoria del rechazo en el plebiscito saliente, la experiencia de Chile podría convertirse en un caso clave y raro en la historia de las ratificaciones constitucionales en América Latina y en el mundo.

Danilo Buscatto Medeiros es investigador postdoctoral en el Centro Brasileño de Análisis y Planificación (CEBRAP) y colaborador del Centro de Estudios de Opinión Pública (CESOP) de la Universidad Estatal de Campinas (UNICAMP). Profesor visitante en la Escuela de Economía de la Fundación Getúlio Vargas (EESP-FGV). Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Virginia.

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