¿Cuál será el papel de América Latina en el nuevo orden global?

La agenda global de los últimos años ha estado marcada por acontecimientos de gran magnitud que han copado la atención de los medios de comunicación, los ciudadanos y las élites. La crisis financiera del 2008, la pandemia del Covid-19 y en los últimos dos meses, la invasión rusa de Ucrania, han ocupado las agendas políticas y mediáticas. Esto ha mantenido a América Latina en un segundo plano y fuera de la órbita del debate global.

En este nuevo contexto mundial, reivindicar la relevancia de América Latina resulta complicado por al menos dos razones. En primer lugar, porque se está desarrollando una narrativa de bipolaridad, excesivamente simplista, que articula las relaciones internacionales en torno a dos grandes colosos: China y Estados Unidos. Y ante este escenario, actores como América Latina o la propia Unión Europea quedan relegados a ser actores periféricos y subordinados a las grandes potencias.

En segundo lugar, porque pese a que la región cuenta con déficits estructurales y agendas pendientes, el hecho de no generar desequilibrios de impacto global la posiciona en un espacio periférico.

Afortunadamente, existen iniciativas que siguen invitando a repensar el papel de América Latina en el orden mundial y subrayan la relevancia de la región. Tal es el caso del encuentro de centros de investigación y asociaciones de estudios dedicados al análisis sobre América Latina y el Caribe y las relaciones birregionales entre Europa y América Latina y el Caribe, celebrado en Berlín los días 28 y 29 de abril.  Este encuentro, organizado por la Fundación EU-LAC, el Instituto Iberoamericano de Berlín y el German Institute of Global and Area Studies (GIGA), supuso un interesante foro de discusión sobre el estado de la región y generó nuevas sinergias para repensar el papel de América Latina en el nuevo orden global.

El nuevo escenario es especialmente crítico porque muchos de los desafíos globales son consecuencia de coyunturas superpuestas. Cuando el mundo todavía no había logrado recuperarse plenamente de la crisis financiera de 2008, llegó la pandemia y recientemente la invasión rusa. Estos acontecimientos, a su vez, han generado distorsiones que han trascendido a esferas concretas y han impregnado multitud de dimensiones de la esfera pública. Así, consecuencias como la crisis económica, energética o migratoria cuentan con numerosas ramificaciones que implican la actuación de múltiples actores y desde diferentes ámbitos de actuación. Son fenómenos complejos que requieren, por tanto, actuaciones complejas. 

América Latina no puede quedarse al margen de la toma de decisiones ni convertirse en un mero actor pasivo. Por ello, hoy, más que nunca, es necesario que desde los gobiernos de la región se diseñe una agenda conjunta que rompa cualquier lógica bipolar y abra las puertas a la multilateralidad.

Y, en este sentido, la Unión Europea puede ser un gran aliado para América Latina porque, posiblemente, también está tratando de rediseñar su lugar en el nuevo orden mundial, apartándose de la alargada sombra de China y Estados Unidos.

Dentro de esta lógica, es necesario que América Latina se dote de medios para poder integrarse en la partida del orden mundial. En este sentido, una de las medidas más urgentes es que, dentro de la región, se retomen las cumbres de presidentes después de siete años de parón. Hoy más que nunca es necesario recuperar el diálogo, aunque no necesariamente se llegue a grandes consensos y es especialmente relevante que exista un foro de discusión independiente que no cuente con el tutelaje de terceros países u organismos.

En segundo lugar, es importante repensar la narrativa de los acuerdos de integración ya que las anteriores experiencias son fruto de un contexto pasado. Se deben impulsar nuevos proyectos que sean entendidos como instrumentos de carácter geopolítico con interdependencia económica, y no meros acuerdos comerciales. Por último, deben dedicarse esfuerzos para la ejecución de acciones coordinadas, al menos en las principales agendas, pese al mantenimiento de relaciones bilaterales entre Estados.

Una vez fortalecido el diálogo dentro de la región, América Latina podrá situarse en una posición más sólida dentro del orden internacional y encontrar aliados, como la Unión Europea, para afrontar los nuevos desafíos globales y minimizar, en la medida de lo posible, la preponderancia geoestratégica de Estados Unidos y China. 

La crisis de la globalización, el cambio climático, la transición energética o las crisis migratorias no pueden ser resueltas eficientemente pensando en una lógica bipolar ni bajo agudas rivalidades geoestratégicas. Esto podría conducir a más desequilibrios y a la persistencia en el tiempo de muchos de estos problemas.

Por ello, América Latina debe aprovechar las oportunidades que el nuevo contexto ofrece, y posicionarse como un actor clave en procesos tan relevantes como la política energética o el suministro de materias primas.

Se viven tiempos convulsos en los que las diferentes agendas necesitan de mayor cohesión económica, social y territorial. Incluso, por qué no, conviene renovar el contrato social. Pero esto ya no es viable pensando únicamente en una lógica estatal o bipolar. Frente a los nuevos desafíos, es necesario que todas las piezas encuentren su lugar en el tablero. Por ello son tan importantes las iniciativas como la impulsada la pasada semana por la Fundación EU-LAC. Esperemos que vengan muchas más.


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Sí, las mujeres migrantes abortan y sus derechos también importan

El 21 de febrero de 2022, luego de una larga espera, la Corte Constitucional de Colombia emitió un fallo tremendamente relevante en la lucha por la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), no solo para el contexto local colombiano, sino para la región. Así, mediante la sentencia C-055 de 2022, la Corte falló que no hay delito de aborto cuando la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) ocurre antes de la semana 24 de gestación. Aunque aún no se conoce el texto completo de la decisión judicial, sí es público el comunicado de prensa que expone los argumentos centrales que motivaron esta decisión.

¿Qué decidió la Corte Constitucional colombiana?

En este caso, la Corte estudió la demanda presentada por el movimiento Causa Justa por el Aborto, mediante la cual solicitaban la eliminación del delito de aborto del Código Penal, es decir, que dejara de ser un delito el que las mujeres (y personas gestantes) abortaran. Aunque este no fue exactamente el sentido del fallo, pues el delito no fue expulsado de la normativa penal, la Corte sí estableció que “(…) no se configura delito cuando la conducta [aborto] se practique antes de la semana 24 de gestación (…)”.

Es oportuno mencionar que este límite temporal no aplica cuando el aborto se practica bajo los 3 supuestos despenalizados por la Corte Constitucional desde 2006 (sentencia C-355 de 2006), esto es, cuando: (i) el embarazo representa un riesgo para la vida o salud de la mujer; (ii) existe grave malformación del feto o (iii) el embarazo es producto de violación. Finalmente, la Corte exhortó al Congreso y al Gobierno nacional “a formular e implementar una política pública integral en la materia”.

En su más reciente decisión (2022), la Corte dejó claro que el delito de aborto desconoce el derecho a la igualdad de las mujeres en situación de vulnerabilidad, entre ellas las mujeres migrantes en situación migratoria irregular. Es muy significativo que la Corte haya declarado la existencia de esta violación del derecho a la igualdad porque contribuye a la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Colombia, incluidas las migrantes, independientemente de su estatus migratorio.

Asimismo, es notable el hecho de haber nombrado explícitamente a las mujeres migrantes en la decisión. Esto es así no solo porque se les reconoce como titulares de derechos, sino también porque el contexto migratorio colombiano de los últimos años se sitúa como un factor determinante en la adopción de la decisión.

¿Cuáles son las particularidades de las mujeres migrantes?

La incorporación de la situación de las mujeres más vulnerables en Colombia en el estudio y decisión de este caso, no solo de las nacionales, sino también de las extranjeras, reconoce y visibiliza una realidad que no puede esconderse bajo el tapete. Esto es, que las mujeres abortan, muy a pesar de las múltiples barreras que tienen que sortear, entre estas, la penalización, la cárcel y la estigmatización.

En el caso de las mujeres migrantes, estas no renuncian a la práctica del aborto por el hecho de ser extranjeras o, incluso, encontrarse en situación migratoria irregular en Colombia. A diferencia de las mujeres nacionales, las migrantes se enfrentan a temores disuasorios adicionales con los que tienen que lidiar. Se trata del riesgo, siempre latente, a ser sujetos de una sanción migratoria como la deportación o la expulsión, angustia propia de la experiencia migratoria, que es aún más profunda cuando las mujeres se encuentran en situación migratoria irregular.

Como lo manifestamos desde la Clínica Jurídica para Migrantes y el Centro de Estudios en Migración (CEM) de la Universidad de los Andes en el escrito de intervención ciudadana presentada ante la Corte Constitucional, “[lo] que puede iniciar como la solicitud de un servicio de salud, puede terminar alertando distintas autoridades, judiciales y administrativas, pudiendo dar inicio a procesos penales y administrativos en contra de las mujeres y niñas migrantes que acceden a la IVE”.

Tanto el proceso penal como el administrativo migratorio inciden negativamente en las vidas de las mujeres migrantes, quienes pueden terminar sancionadas debido al enorme estigma que pesa sobre el aborto. La concurrencia de la pobreza y el estatus migratorio irregular profundiza la situación de vulnerabilidad de las mujeres. Ellas se exponen a procedimientos de IVE clandestinos e inseguros, lo que pone en riesgo su vida, su salud y su integridad.

¿Por qué es importante este fallo para las mujeres migrantes?

Esta decisión es un acicate para todas las mujeres, entre ellas, las que han tenido que migrar, muchas veces en condiciones adversas y precarias, para sus vidas y sus recorridos migratorios. También, hay que decirlo, el que una decisión del máximo tribunal constitucional de Colombia nombre a estas mujeres y acoja e incorpore su situación, tantas veces marginal e invisible, es de un valor simbólico enorme.

Este efecto simbólico de nombrarlas les da voz a las mujeres migrantes y las reconoce como sujetos de derechos. Acoger y recoger la experiencia de las mujeres migrantes que acceden al aborto también aviva y estimula a quienes nos dedicamos a la defensa de los derechos de estas personas. Por ello, celebro esta decisión y confío en que será un instrumento útil para la defensa de los derechos de las mujeres migrantes y refugiadas, entre estos, el de acceder a un aborto seguro y legal en Colombia.


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Pedro Castillo, ante el despeñadero

Cuenta Juan Bromley en Las viejas calles de Lima que en 1601 una crecida del Rímac destruyó parcialmente el tajamar que protegía el convento de San Francisco. El cabildo dispuso entonces una reparación que impidiera la total destrucción del tajamar por la corriente, que “se acercaba y comía el sitio y orilla detrás del convento, donde hay una gran barranca y despeñadero”.

A escasos doscientos metros de allí se encuentra actualmente el Palacio de Gobierno del Perú, donde tiene su despacho el presidente. Igual de escasa es la distancia entre la situación actual de Pedro Castillo y la del convento en los albores del siglo XVII: el tajamar político que lo protege se encuentra en gran medida derruido, la corriente amenaza con comerse lo poco que queda de él, y a sus espaldas se abre un gran despeñadero.

La obra con que Castillo pretende restaurar su maltrecho zanjón no es menor: ni más ni menos que una nueva Constitución. Pero al margen de sus dimensiones, el proyecto presenta de momento todas las características de una chapuza. Precisamente el mismo año en que el cabildo limeño reparaba su tajamar aparecía por primera vez en castellano la palabra “chapucero”, tomada del francés “chapuisier”: oficial que hace las obras groseramente, según recoge el diccionario etimológico de Corominas.

Analicemos, pues, los planos que ha dispuesto el arquitecto Castillo para su construcción. Comencemos por la forma: en un texto de apenas una docena de páginas se detecta una treintena de errores: ortográficos, gramaticales, sintácticos, de tipeo y de formato.

Pasemos ahora al contenido. El documento cuenta con dos secciones: el proyecto de ley y la exposición de motivos.

El primero, pese a ser breve y mayormente técnico, incluye algunos detalles a los que vale la pena prestar atención. Afirma, por ejemplo, que la Asamblea Constituyente tendrá carácter popular y plurinacional. Hoy en día, Perú no es un Estado plurinacional. La Constitución vigente afirma que “el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación” (artículo 2, inciso 19). Pluralidad étnica, no nacional.

No se trata aquí de negar el carácter plurinacional del Estado peruano, sino de alertar sobre una contradicción flagrante. Mientras la casi totalidad del documento está dedicada a la participación del pueblo y la exaltación de la democracia (recordemos el carácter popular que asigna a la Asamblea Constituyente), establece, sin embargo, la naturaleza plurinacional del Estado peruano de un plumazo, sin consulta previa con ese pueblo. El debate sobre la esencia de la nación, que en otros países alcanza extensiones fenomenales, lo liquida Castillo en una línea.

A continuación indica el proyecto que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones regula la distribución de escaños de la Asamblea Constituyente, y que esta deberá estar compuesta en un 40% por representantes de organizaciones políticas, un 30% por candidatos independientes, un 26% por representantes de pueblos indígenas y un 4% por representantes de pueblos afroperuanos. ¿Qué distribución de escaños es, entonces, la que regula el Jurado Nacional de Elecciones, si el proyecto de ley ya lo ha hecho?

Pasemos a la exposición de motivos. ¿Qué se imagina el lector que encontrará ahí? ¿Quizá, como su nombre lo indica, las razones por las que se propone la redacción de una nueva Constitución? Pierda esperanzas, apreciado lector: hay ahí de todo, menos eso.

El primer epígrafe se ocupa del Poder Constituyente y la reforma total de la Constitución. Es decir, explica ―con pasmosa inopia― la capacidad del pueblo de erigirse en Poder Constituyente y la diferencia entre una reforma constitucional parcial y una total. No hay rastro alguno de argumentos que respalden la necesidad de esos cambios fundamentales, presentando los defectos e insuficiencias de la vigente Constitución.

El segundo epígrafe, “Sobre el derecho a la participación pública”, le saca punta a un lápiz que ya la tiene: ensalza la importancia de la participación ciudadana, como si el proceso constituyente fuera a marcar el final de un período autoritario en que la participación se encontraba cercenada o directamente prohibida. Recurre a autoridades académicas para dar empaque, incluso cierta solemnidad, a conceptos tan obvios como que la democracia favorece la participación pública. Cita incluso la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como pruebas aparentemente necesarias para validar una radical novedad: el derecho a la participación pública.

El siguiente epígrafe sigue rigurosamente la línea de los anteriores: explica lo innecesario y deja huérfano de motivos lo que requiere justificación. Está dedicado a los momentos constituyentes o, mejor dicho, a la teoría de los momentos constituyentes. Porque no hay ahí más que categorías académicas generales; ni un adarme de argumentación sobre por qué Perú se encontraría en un momento de esa clase.

La chapucería del proyecto alcanza aquí uno de sus puntos álgidos: se cita una pieza académica que describe el momento constituyente como una circunstancia de consenso. ¡Consenso! Interesante concepto para referirse a una iniciativa que apenas consiguió recoger 50.000 firmas durante una campaña que ha recorrido todo el país, encabezada por Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, partido con el que Castillo llegó a la Presidencia.

Se trata de una iniciativa que es prioritaria para apenas el 8% de los peruanos y que cuenta con el rechazo del 60% de ellos, según una encuesta de Ipsos, precisamente porque consideran que no es el momento adecuado y que un proceso de tal calibre requiere una discusión más extensa y que, además, encuentra la oposición de gran parte del arco parlamentario.

“Legislación comparada” se titula el siguiente epígrafe. Mediante semejante encabezado se esperaría una opera magna que signe el destino del pensamiento jurídico latinoamericano. La realidad, no obstante, es un poco menos generosa: tres líneas. No exagero. Tres líneas, con sus correspondientes errores de redacción, seguidas de un famélico gráfico con sus correspondientes fallos de formato.

Continúa la exposición de motivos con las posiciones de los partidos políticos. Si no se toma uno el tiempo de leer la letra pequeña, puede llegar a pensar que se trata de una eficaz estrategia para dar cuenta del consenso nacional en torno a la necesidad de un cambio constitucional. Pero quiso el redactor del documento comenzar la sección recogiendo un comunicado de Alianza para el Progreso: el partido aceptaría una reforma de la Constitución “siempre que se haga respetando las leyes y con un amplio consenso social y político, y a través del Congreso”. Reiteremos: siempre que se haga con un amplio consenso social y político. Es realmente asombroso: el presidente ofrece en la exposición de motivos los argumentos en contra de su propio proyecto.

El siguiente epígrafe, “Objeto y fin de la propuesta”, establece el procedimiento para la reforma constitucional, el correspondiente referéndum, la elección de asambleístas, los plazos de elaboración del texto constitucional… Los motivos para la reforma continúan, de momento, brillando por su ausencia.

Decidido a sostener ese brillo hasta la última página, el presidente reservó para el final una escena verdaderamente memorable. “Análisis costo beneficio”. Repase el lector estas tres palabras todas las veces que le resulte necesario hasta convencerse de que no lo engañan sus ojos. Análisis costo beneficio. Si los rivales de Castillo en la campaña electoral de 2021 expresaron su temor a que el maestro llevara a Perú hacia el comunismo, pueden quedarse tranquilos: el presidente ha abrazado el capitalismo y el pensamiento empresarial hasta tal extremo que evalúa la conveniencia de una reforma constitucional mediante el vocabulario propio de Goldman Sachs.

Pero no todo acaba en el título: el contenido del epígrafe merece similar atención. El gran beneficio de renovar los cimientos políticos del país sería ―siempre según el documento― que la ciudadanía podrá participar en el proceso, eligiendo a sus representantes y llevando, así, a la democracia hasta niveles jamás imaginados. El costo, por su parte… ¡Ay, el costo! ¿Dónde se lo habrá dejado el redactor? Vaya despiste… En fin, habrá que concluir que se trata, como corresponde al neófito neoliberal Castillo, de una operación propia de un halcón de Wall Street: todo beneficio, cero costo.

Acabemos ya: los últimos tres párrafos se ocupan del análisis del impacto de la vigencia de la norma en la legislación nacional. A estas alturas ya se imagina el lector lo que se oculta detrás de tan grandilocuente título. Y no se equivoca: más de lo mismo. Es decir, más vacío. Que se propone reformar la Constitución, que se fomenta la participación ciudadana y que corresponde al presidente convocar el referéndum de marras.

El convento de San Francisco de Lima es Patrimonio de la Humanidad. Gracias a la idoneidad de la obra proyectada en 1601, que lo puso a salvo de las destructoras corrientes, sigue en pie para nuestro disfrute cuatro siglos más tarde, los mismos que llevaría engullido por el despeñadero si los ingenieros limeños hubieran pergeñado una chapucería como la de Pedro Castillo.

Chile: la Convención, el plebiscito y la aversión a la pérdida

Muchos pensaban que el contundente resultado de aprobación (78,27%) en el plebiscito de octubre de 2020 aseguraba el éxito del plebiscito de salida. Otros más críticos creyeron que, debido a la mala elaboración de todo el proceso, se terminaría construyendo una Constitución tipo “árbol de Navidad”, llena de derechos y gestos para todas las sensibilidades presentes en el ambiente, que harían casi imposible rechazarla. También algunos señalaron que sería muy difícil que alguien se atreviera a elaborar y desplegar la bandera intelectual del rechazo.

Sin embargo, los resultados de las diferentes encuestas de las últimas semanas muestran un aumento considerable del rechazo, incluso superando a la aprobación en algunas, a lo que se suman las manifestaciones de desencanto y preocupación en medios de comunicación y redes sociales. Por lo tanto, los auspiciosos pronósticos iniciales se deben poner, al menos, en entredicho.

Ante las percepciones que deambulan, y aplicando la clásica teoría prospectiva de Kahneman y Tversky, que explica cómo las personas toman decisiones entre alternativas que comprenden riesgos, me atrevo a sugerir que, en lo que respecta al debate de la Convención Constitucional (CC), se ha instalado en la opinión pública una aversión a la derrota.

La teoría propone que las personas bajo riesgo tienden a decidir tomando en cuenta opciones que den mayor certeza (“efecto certidumbre”) ante las potenciales ganancias. En la toma de decisiones, la aversión a las pérdidas es más fuerte que las eventuales ganancias. A juicio de Kahneman y Tversky, solo cuando observamos que todas nuestras opciones son malas estamos dispuestos a asumir posibles riesgos para lograr ciertos beneficios. Claro está que la definición de las ganancias o pérdidas está determinada por un punto de referencia que corresponde al lugar donde se encuentra, en este caso, el elector al votar.

De ahí que el contundente 78% a favor de la aprobación en 2020 puede ser entendido como una decisión en el marco de que todas las opciones eran malas. Seguir con la misma Constitución era continuar con el país en crisis. No olvidemos la caótica situación en que se encontraba Chile cuando se realizó el plebiscito.

Si bien la opción de la aprobación podía ser considerada riesgosa, en ese momento se levantaba como una salida prometedora. Un optimismo similar se pudo observar en el éxito de la popular “lista del pueblo” y los independientes en la elección de los constituyentes. Esto se explicaría por el incumplimiento de las expectativas por parte de la elite gobernante tradicional, lo cual dio paso a la ira y la frustración, y a perseguir alternativas políticas arriesgadas y rupturistas.

Pero ahora el escenario es distinto. Existen dos opciones: una que establece certezas (la Constitución de 2005) y otra que promete mejoras, pero también riesgos (la propuesta que está redactando la CC). El factor del contexto desempeña un papel clave en la toma de decisiones al transformar el punto de referencia y que se denomina “efecto marco”.

Lo que hemos visto hasta ahora, desde la instalación de la CC hasta sus resultados en las comisiones y en el pleno, ha significado para muchos una gran sensación de pérdida. La primera fue que las actuaciones de la CC, individuales o colectivas, no contribuyeron a responder a una de sus principales expectativas: disminuir el ambiente polarizado que se había instalado en el país.

La arriesgada apuesta de muchos era sanear al país luego del plebiscito de 2020, pero a la luz de los hechos no surtió efecto. Una serie de eventos desafortunados alimentaron esa percepción. De ahí en adelante hay varias declaraciones y acciones de muchos de sus miembros que operaron en dirección contraria a la apuesta que hizo el país. Sin embargo, este desencanto no necesariamente determinará una posición respecto al voto, puede ser un condimento, pero no necesariamente la justificación última.

Existen diferentes percepciones con respecto al plebiscito de salida que incidirían al votar. Se debe tener en consideración que cada individuo o grupo sentó un conjunto de expectativas en el trabajo de la CC. Además, vale la pena subrayar que los atajos cognitivos son importantes en esta teoría, los votantes nunca manejarán todo el articulado en todo su detalle y adoptarán una posición con base en los temas que les interesan.

Existen al menos tres posturas que pueden llevar a tomar la posición de rechazar el borrador de la Constitución y claramente puede existir una combinación de estas categorías. Primero, estarán los que observen de manera holística el borrador de la Constitución y que planteen que en este no se construyó “la casa de todos”. Este conjunto de individuos optará por mantener lo existente, aunque no le guste plenamente.

En segundo lugar, están los que vieron el proceso constituyente como una forma de poner sus temas de interés y utilizaron con entusiasmo los mecanismos de participación abiertos por la CC. No obstante, sus objetivos tal vez fueron desechados o, peor aún, la propia propuesta constitucional podría significarles más bien una amenaza. A modo de ejemplo, se pueden sentir identificados los padres de colegios subvencionados, los que defienden la propiedad individual de los ahorros previsionales, los grupos de defensa de las tradiciones rurales, los grupos que defienden la autonomía del banco central, los académicos, etc.

En definitiva, las expectativas creadas en el proceso de participación podrían terminar en la percepción de una fuerte pérdida. Pensémoslo de esta forma: ¿cuántas de las 77 iniciativas populares que alcanzaron las 15.000 firmas para ingresar a la CC, sin contar las que no pudieron acceder (2.496 publicadas), serán acogidas por el nuevo texto?

Tercero, podríamos identificar los temerosos y escépticos ante el ánimo y fuerzas que imperan dentro de la CC. Para estos, la acción más conveniente será el rechazo porque las mejoras que promete la CC no son comparables con las pérdidas. Aquí podemos mencionar a los diferentes grupos religiosos y su rechazo al aborto en defensa de sus creencias, los defensores de la idea de nación y su rechazo a la plurinacionalidad, los abogados y sus reticencias al nuevo sistema de justicia, etc.

Así pues, la decisión de las personas estará muy relacionada con su punto de referencia, y claramente el efecto marco será determinante en la definición de pérdida o ganancia. Será importante, también, la situación económica que se vislumbre y la debilidad o fortaleza del Gobierno. En otras palabras, ¿los beneficios que prometerá la nueva Constitución serán capaces de compensar la incertidumbre que abre y la percepción de pérdida?

A esto se debe agregar la posición más reformista de algunos sobre el hecho de que no será la Constitución de Pinochet (1980) la que regirá en caso de que triunfe el rechazo, sino la de Ricardo Lagos (2005), y para ello ya se están barajando posibles planes B (“efecto certidumbre”).


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Voto en el exterior: el ámbito para la innovación electoral

Los flujos migratorios son cada vez más grandes y frecuentes. En Suramérica, los países cuyos ciudadanos han migrado en mayor cantidad son Perú, Colombia y, en los últimos años, Venezuela. Guatemala, Honduras, El Salvador y México son los países de América del Norte y Centroamérica con más población migrante. En la mayoría de los casos estas personas salen en busca de mejores condiciones de vida y, al hacerlo, pierden sus derechos políticos en sus países de origen. Ante esta realidad, diferentes Estados han desarrollado iniciativas legislativas para atender este problema.

Si bien las autoridades electorales del hemisferio se han ido profesionalizando a partir de la recuperación democrática de los años ochenta con la denominada tercera ola democratizadora, no fue sino hasta el comienzo de la primera década del siglo XXI cuando la Comisión Global para la Seguridad, las Elecciones y la Democracia estableció la noción de integridad electoral. Este concepto comprende la necesidad de fortalecer el Estado de derecho, los derechos humanos y la justicia electoral, de crear normas que faciliten la competencia multipartidaria y la alternancia, y de que se establezcan instancias efectivas de control del financiamiento político.

Por otro lado, un punto crucial que se vincula al voto en el exterior es que se fomente desde los Gobiernos iniciativas de carácter inclusivo que eliminen las barreras jurídicas y políticas, visibles e invisibles, que dificulten la participación política. Y es que un Estado democrático debe ampliar derechos, no reducirlos ni eliminarlos.

Un Estado democrático no puede caer en una acción de doble exclusión donde, por un lado, se expulsa a los ciudadanos por falta de oportunidades y, por el otro, se les quita su condición de ciudadano al negarles sus derechos políticos del ejercicio al voto por migrar.

El voto en el exterior de los emigrantes es actualmente una norma de ámbito internacional y está permitido en 121 países. En América Latina, 16 países permiten esta práctica. Colombia, pionero en el voto en el exterior, amplió sus políticas electorales a partir de 1961 y desde 1991 también cuenta con una circunscripción electoral internacional. Chile, por otro lado, fue la última nación latinoamericana en adoptarlo en noviembre de 2017.

Los demás países que han implementado el voto en el exterior son México (2005), Costa Rica (2014), El Salvador (2013), Guatemala (2017), Honduras (2001), Panamá (2006), Argentina (1991), Bolivia (2006), Brasil (1965), Ecuador (2002), Paraguay (2012), Perú (1979), Nicaragua (1995), República Dominicana (1997) y Venezuela (1993), que, sin embargo, no ha actualizado el padrón electoral de los venezolanos en el extranjero en años. Uruguay y Cuba hasta ahora no han permitido constitucionalmente el voto de sus ciudadanos en el exterior.

Comentario al margen: ¿cómo imaginar las elecciones libres que algún día llegarán a Cuba, Venezuela y Nicaragua, sin una respuesta efectiva de la autoridad electoral a la realidad signada por los millones de electorales que debieron huir de esos países por causas sociales y políticas?  

Para la emisión del voto desde el extranjero se han implementado dos modalidades: presencial y remota; cada una con sus propios desafíos y riesgos. La modalidad presencial exige una comparecencia personal del votante en un espacio o sitio específico habilitado por la autoridad electoral para la emisión del sufragio. Aunque en la modalidad presencial el voto puede realizarse de forma manual o electrónica, el votante debe trasladarse a los lugares dispuestos por la autoridad electoral. De no poder hacerlo, el elector pierde su oportunidad de participar en los comicios. 

La segunda modalidad es el voto remoto o a distancia, que supone la emisión del sufragio a través de Internet o de manera postal. En el caso del voto por Internet, la accesibilidad y eficacia estaría “fuera de discusión” al ofrecer “mayores ventajas tanto para el elector como para la autoridad”, además de reducir sustancialmente los costos de distribución de material electoral y logística.

En 2017, Estonia registró un aumento sin precedentes en los niveles de participación de sus ciudadanos en el extranjero gracias a la inclusión del voto por Internet. Ese año, un 44 % del electorado votó en línea desde 145 países. Al concluir los comicios, las autoridades electorales determinaron que la participación general creció en un 40 % con respecto a las elecciones de 2015 gracias a la adopción del voto por Internet, lo que puso a la pequeña nación del Báltico como pionera en la automatización electoral.

Tanto México (2021) como Panamá (2019) cuentan en la actualidad con un sistema mixto de votación en el extranjero, conjugando las posibilidades de emitir el voto de manera presencial, postal o completamente a través de Internet. Esta última opción permitió que el voto panameño en el exterior se incrementara en un 52 % en las elecciones de 2019. Mientras tanto, en las últimas elecciones, las mexicanas y los mexicanos pudieron votar incluso por las gobernaciones de Baja California Sur, Guerrero, Querétaro y otros siete estados. Y en la Ciudad de México eligieron al diputado migrante.

En definitiva, el voto electrónico por Internet aplicado en este ámbito cumple una función reparadora de derechos y ofrece soluciones accesibles y económicas para garantizar y respetar el acceso a los derechos políticos, electorales y civiles de la población migrante.


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Oro blanco: la emergencia geopolítica del litio

“Llegué al salar de Uyuni, al sur de Bolivia, tras una parada de dos días en Potosí, la mítica capital de la fiebre conquistadora de la plata, a cuatro mil metros sobre el nivel del mar”. Así comienza el capítulo dedicado al litio de Oro, petróleo y aguacates, el libro con el que el periodista británico Andy Robinson pretende continuar Las venas abiertas de América Latina. Cincuenta años después de la primera edición del mítico texto de Eduardo Galeano, Robinson trata de demostrar que una docena de materias primas pueden explicar la mayor parte de las crisis, injerencias e inestabilidad que desde entonces han afectado a esta parte del mundo. El litio, en ese contexto, hace las veces de recién llegado.

Pero ¿qué es y por qué está adquiriendo tanta notoriedad?

Se trata de un metal que suele encontrarse vinculado a la sal. Procesado, tiene un enorme potencial para el aprovechamiento de las energías renovables. Sirve, más que para producir, para almacenar energía en baterías de gran capacidad y larga duración. Esas pilas son capaces de acumular energía eólica y solar, además de proporcionarle vida (y autonomía) a toda clase de aparatos electrónicos y vehículos eléctricos. Sus usos potenciales van desde lo civil hasta lo militar. Además, en tiempos de cambio climático, se trata de una alternativa real (y barata) a las energías fósiles que (como el petróleo) estaríamos abandonando.

El mercado global que regula su precio, primer detalle estratégico por subrayar, funciona en yuanes. El año pasado, su producción global creció un 21%. Simultáneamente, su cotización se ha revalorizado un 254% en los últimos cinco años y ha llegado a frisar, en marzo de 2022, los 80.000 dólares por tonelada. El petróleo, que cotiza en dólares, se revalorizó ―durante ese mismo periodo― menos de la mitad (un 108%). Hoy por hoy, una tonelada de salmuera de litio sin procesar cuesta unas 20 veces menos que el carbonato de litio ya refinado y unas 200 veces menos que el litio metálico, que es lo que se utiliza en las baterías. Último y definitivo dato: para 2040, según la Agencia Internacional de Energía (IEA), la demanda global de litio se multiplicará por 42.

¿Se comprende ahora por qué, el metal en cuestión, llama cada vez más la atención?

Una de las claves geopolíticas consiste en saber dónde están sus yacimientos. La respuesta no es necesariamente sencilla, pues la distribución del litio, tal como sucede con otras materias primas, no es uniforme. Además, antes de mencionar lugares concretos, lo primero que se debe saber es que las reservas, de nuevo como las de cualquier otro recurso natural, deben pasar por un costoso y garantista proceso de certificación técnica internacional que les permita acceder al estatus de “probadas”. En el caso del litio, como su comercialización a gran escala es reciente, todavía faltan muchas reservas por descubrir y por “probar”.

Bolivia es, hasta ahora, el país donde oficialmente hay más litio. China, país de referencia tecnológica, el que tiene una demanda más elevada y también, el que concentra más empresas productoras. Aquí en América Latina existen reservas considerables, especialmente en el punto de convergencia entre Chile, Argentina y Bolivia, aunque se sabe que también hay litio en países como Perú y Brasil. Y en México donde, si los recientes descubrimientos en la norteña Sonora acaban confirmándose, podríamos estar hablando casi de tantas reservas como en Bolivia, a menos de 300 km de Estados Unidos.

Dicho panorama, a reserva de que posteriormente vayan siendo descubiertos nuevos yacimientos en otras partes del mundo, pone a nuestra región en una posición estratégica privilegiada. Por enésima vez en la historia, América Latina parece estar bien ubicada ante un ciclo económico ascendente, vinculado a una commodity global (existen los precedentes históricos del azúcar, la plata, el café, el cacao, el oro, el guano, el caucho, etc.). Problema principal: en todos los casos citados, la dependencia política y tecnológica ha solido propiciar, simultáneamente, la exportación de materia prima y la importación de bienes manufacturados. Ese esquema reproduce el rentismo económico, la desigualdad social y la dependencia exterior.

Ahora mismo, a pesar de los avances, todavía estamos hablando de un metal que, aunque parece tener un futuro promisorio, aún no está siendo producido ni comercializado a pleno rendimiento. Elon Musk, el hombre más rico del mundo y dueño de Tesla, declaró recientemente que su empresa podría comenzar a minar y a refinar litio a gran escala. Existen precedentes: entre 1927 y 1945, el pionero automovilístico Henry Ford hizo un intento (fallido) de producir caucho, en plena Amazonia, para los neumáticos de sus automóviles.

En América Latina, por ahora, prima la diversidad de enfoques y de prácticas. Por una parte, está Bolivia donde, durante la presidencia de Evo Morales (2006-2019) se exploraron y se certificaron recursos, se reguló la explotación del litio, se creó uno de los primeros monopolios públicos del mundo y se llegó a un acuerdo con una empresa alemana para comenzar a extraer y a procesar. México, donde acaba de ser aprobada una ley que define al litio como recurso estratégico, parece compartir perspectiva. Pero ese no es el caso de todos: muchos Gobiernos ya han otorgado concesiones a consorcios privados, nacionales y extranjeros de países como China, Australia, Canadá, Japón, Estados Unidos, Corea del Sur, etc.

En el terreno práctico, la comercialización es el área donde ahora mismo hay más obstáculos: básicamente, se trata de discretas presiones del lobby de los hidrocarburos y de sutiles escaramuzas político-mercantiles orientadas hacia la toma de posiciones. Las críticas que se le han hecho a Bolivia deben ser contextualizadas en un marco como el descrito: han ido desde la “falta de experiencia” hasta una supuesta insuficiencia de las inversiones, pasando por objeciones ambientales, cuestionamientos relacionados con transporte y menciones a la debilidad estructural de la demanda internacional. En ese contexto, también debieran ser contempladas abruptas rupturas como la sucedida durante el “interinato” de Jeanine Áñez.

Pero ¿cómo dar un golpe de timón? La actual coyuntura internacional, con el cambio climático y la guerra de Ucrania como trasfondo, parece propicia: los hidrocarburos se evaporan. En ese contexto, Bolivia está promoviendo, a través de la concertación multilateral, iniciativas estratégicas más seguras. Recientemente La Paz, apoyada por la Cepal, promovió un foro virtual de alto nivel que funcionó como antesala de un congreso presencial, mucho más amplio y participativo, que debiera celebrarse antes de que acabe el año. En el aire, una idea: que se cree, como con el petróleo, un cártel de países productores de litio. ¿Se llegará a eso?

¿Qué frente democrático para Brasil?

El tema de los frentes políticos ha vuelto a estar en el centro de la discusión en Brasil y ha sido abordado desde diversos puntos de vista desde que la democracia comenzó a ser amenazada por el presidente Jair Bolsonaro. Sin embargo, el problema se remonta al inicio del actual periodo democrático, en particular al proceso constituyente en los años ochenta.

Uno de los enfoques aborda el problema desde la perspectiva de los liderazgos. El politólogo Sérgio Abranches, por ejemplo, piensa que existen liderazgos “que se consideran democráticos”, pero que, en el fondo, son intolerantes frente a grupos ideológicos distintos. Desde este punto de vista los frentes políticos deberían formarse sobre la base de “programas mínimos”, dejando de lado diferencias sobre cuestiones específicas e ideológicas en favor de la “contradicción principal”, que sería la disyuntiva “neofascismo versus democracia republicana”.

Otro enfoque es la invocación a la amenaza “protofascista” como un proceso de deterioro interno de la propia democracia brasileña como lo plantea el ensayista Luiz Sérgio Henriques. El remedio que presenta este autor es el del centro político como espacio “para mover a todas las fuerzas políticas y a la propia sociedad. “La piedra en el camino de esta alternativa”, como afirma el propio Henriques, es la “incertidumbre sobre el principal partido de la izquierda (Partido de los Trabajadores), su línea básica y la orientación de sus simpatizantes, que no han sido formados en la política de frentes”. Sin embargo, en su perspectiva pareciera que al PT le bastara solo con saludar simbólicamente al centro, eligiendo un vicepresidente conservador, «para calmar a los mercados».

Los problemas y desafíos de estos enfoques son reales y deben ser resueltos. No obstante, el centro político está lejos de poder ofrecer alguna alternativa en el actual contexto brasileño, perdido como está en su ortodoxia programática y en su catatonia política.

La dificultad de crear frentes democráticos programáticos

El problema de fondo se remonta al inicio del actual periodo democrático, más concretamente a la forma en que el centro político resurgió y se reinventó en los siguientes Gobiernos. Los primeros signos preocupantes aparecieron ya en el proceso constituyente (1986-1988), cuando, junto a la intensa movilización social por la nueva Constitución, surgió de las urnas una representación política despojada de los mejores cuadros políticos e intelectuales que habían impulsado esa movilización.

Las crisis que siguieron, incluida el proceso de impeachment del presidente Fernando Collor de Mellor (1992) ―cuyos crímenes quedaron impunes―, agravaron la situación e hicieron proféticas las palabras que Ulysses Guimarães, líder del MDB ―la oposición tolerada por el régimen militar― y de la resistencia contra la dictadura, dijo en 1989: «Si crees que el actual Congreso es malo, espera al siguiente».

Desde entonces, el centro de gravedad de la nueva política brasileña se ha alejado del eje del MDB hacia los partidos que se presentaban como dispuestos a realizar reformas estructurales en el país: PSDB y PT.

El punto de inflexión fue el gobierno de Itamar Franco (1992-1994), que consiguió reconstruir un frente democrático y poner fin a la importante crisis económica agravada durante el gobierno de Collor, del cual era vicepresidente. El frente político de Franco, que abarcaba desde la derecha liberal hasta la izquierda moderada (excomunistas), aunque se centraba en la urgencia de detener la hiperinflación y mantener el carácter republicano del sistema, no logró atraer al grueso de la izquierda, cuyo partido más importante, el PT, expulsó de sus filas a quienes apoyaron la nueva coalición de gobierno.

El ensayo de revitalizar la joven democracia se desvaneció en los años siguientes, a pesar del éxito del Plan Real (1994), que consiguió controlar la hiperinflación. Incluso durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) ―que había sido ministro de Economía en el gobierno de Franco― las reformas se limitaron a la liberalización, pero sin abordar el reto del desarrollo nacional en la periferia del capitalismo y, sobre todo, sin enfrentar las prácticas neopatrimoniales y antirrepublicanas de los aliados conservadores.

Los dos mandatos de Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016) ―este último también interrumpido por un impeachment―, con sus reformas asistenciales no hicieron más que agravar el problema, tal como se comprobó en los escándalos de corrupción conocidos como Mensalão y Petrolão.

En lugar de formar frentes programáticos a favor de reformas económico-sociales que afrontaran los problemas económicos y sociales más urgentes, tanto el PSDB como el PT optaron por Gobiernos apoyados, principalmente, por fuerzas políticas anacrónicas, lo que acabó impidiendo la vía de reformas que podrían haber desbloqueado el desarrollo y evitado la crisis actual.

No basta con derrotar a Bolsonaro en las urnas

La crisis que hoy consume a la democracia brasileña no se limita ni se agota en Bolsonaro, que parece más bien una marca de las limitaciones y dificultades de nuestra democracia. Basada en la dependencia interpersonal, manifiesta en la «venta de votos» y en la fragilidad financiera, impidiendo la movilidad social, la democracia se fragiliza, enredada en problemas estructurales que se expresan en la precarización del trabajo y el desmantelamiento de las cadenas productivas mediante la desmovilización de los trabajadores y el cierre de empresas.

Ninguna democracia puede sostenerse sobre esas bases. Basta ver el escenario político que hoy amenaza a las democracias occidentales víctimas de la desindustrialización, escenario agravado por la escalada inflacionaria de la pandemia de la COVID-19 y la guerra de Ucrania.

En Brasil, donde el tejido social es estructuralmente frágil, el resultado no podía ser mejor, tal como vemos con Bolsonaro y sus reiteradas amenazas de golpe de Estado. Sin embargo, es ingenuo suponer que este delicado cuadro se revertirá simplemente derrotando al actual mandatario en 2022 y volviendo a poner en el poder a la dirigencia responsable del fallido «egoísmo partidario» que llevó a Brasil al punto en que está ahora.

Fortalecer la frágil democracia brasileña exige volver a un tipo de frente democrático como el del gobierno de Franco, basado en un programa consensuado ―en lugar de una mera defensa abstracta de los principios democráticos―, única forma de superar la polarización populista, poner fin a la crisis socioeconómica y restaurar la confianza popular en el pacto constitucional de 1988.


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Actores criminales y migración 

Coautor Jonathan D. Rosen

Cada año, decenas de miles de migrantes llegan a la frontera de Estados Unidos y México después de viajar cerca de 4000 kilómetros desde diferentes países de América Central. Entre 1990 y 2010, casi que se triplicó el número de inmigrantes centroamericanos en Estados Unidos y creció a un ritmo mayor que cualquier otra subregión de América Latina. Hoy los tribunales de Estados Unidos tienen cerca de 1.4 millones de casos en el sistema, entre los cuales predominan ciudadanos de los tres principales países de origen cuyo destino final es Estados Unidos: México, El Salvador y Guatemala.

El creciente número de “caravanas” migrantes hacia Estados Unidos ilustra la gran variedad de desafíos que enfrentan muchos países latinoamericanos, entre los cuales sobresalen la pobreza, las pandillas, el tráfico de drogas, la corrupción y los desastres ambientales como sequías, inundaciones y huracanes. Pero el peligro continúa incluso luego de que abandonan sus respectivos territorios. Solo en el año 2020 hubo al menos 157 muertes de migrantes en Centroamérica y la frontera que comparten Estados Unidos y México.

En este contexto, ¿qué factores afectan la decisión de miles de personas de países como México, El Salvador y Guatemala a emprender la difícil travesía hacia Estados Unidos? ¿Por qué la inmigración indocumentada continúa creciendo a pesar de sus riesgos? 

México, El Salvador y Guatemala

En nuestro artículo de investigación publicado por el International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice utilizamos datos del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (Lapop, por sus siglas en inglés) de la Universidad Vanderbilt para conocer los “factores de expulsión” más relevantes en México, Guatemala y El Salvador, los tres principales países de origen de la migración Latinoamericana hacia Estados Unidos.

La investigación revela que el perfil de las personas que buscan vivir o trabajar en otro país es consistente con los patrones generales de la migración económica a escala internacional: hombres jóvenes que tienen lazos preexistentes con inmigrantes residentes en el país de destino que consideran que los niveles salariales de su grupo familiar han empeorado.

Sin embargo, en países con altos índices de violencia criminal, los factores de expulsión económicos no explican por sí mismos el movimiento migratorio. En México, Guatemala y El Salvador, territorios con fuerte presencia de pandillas, crimen organizado y violencia, ser víctima de un delito aumenta considerablemente las probabilidades de migración. 

Las percepciones de inseguridad, especialmente en los dos países centroamericanos, también afectan la decisión de vivir en Estados Unidos. En otras palabras, tanto la victimización como el miedo al delito desempeñan un papel preponderante en el cálculo de las personas que van a emigrar en países que cuentan con organizaciones criminales como las maras o los carteles de drogas.   

Implicancias de la migración en Estados Unidos

Por otro lado, en Estados Unidos, donde los debates sobre la residencia de indocumentados ha vuelto a ganar fuerza, la política migratoria sigue siendo inapropiada para disuadir a los habitantes de países latinoamericanos con altos índices de violencia a que se decidan a emprender el viaje para buscar nuevas oportunidades. 

Iniciativas concretas como la apertura de nuevos centros de detención, la separación de niños indocumentados de sus respectivas familias, la militarización de las fronteras y los continuos intentos de poner fin a la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) pueden incluso exacerbar los problemas de seguridad existentes en América Latina y favorecer la demanda de los ciudadanos de la región para escapar de la violencia.

Considerando la naturaleza de la política migratoria estadounidense, las implicancias de nuestra investigación no son irrelevantes. Por un lado, la centralidad de la victimización y el miedo asociado al crimen sugiere que los flujos migratorios probablemente continúen a menos que la seguridad humana se convierta en una prioridad en países plagados de pandillas, crimen organizado y violencia. 

Si bien el abordaje de las dificultades económicas en las comunidades de origen resulta imperativo, la inseguridad parece tener un efecto independiente en el cálculo de emigración de los habitantes de México, El Salvador y Guatemala. 

Por otro lado, aunque resulte desalentador para las autoridades estadounidenses, la migración puede avanzar incluso si finalmente se abordan las condiciones subyacentes que favorecen el crimen o las dificultades económicas de la región. Esto, debido a que tener un amigo o familiar en Estados Unidos incrementa las probabilidades de vivir o trabajar en el extranjero. Por ello, la migración puede volverse autosuficiente, independientemente de la actuación de organizaciones criminales como las maras Salvatrucha y Barrio 18 o los carteles mexicanos como el de Sinaloa o el de Jalisco Nueva Generación.

Jonathan D. Rosen es profesor asistente del Departamento de Estudios de Seguridad de la New Jersey City University (Estados Unidos). Doctor en Estudios Internacionales, por la Universidad de Miami, y magíster en Ciencia Política, por la Universidad de Columbia. Especializado en temas del crimen organizado, pandillas, violencia y seguridad.


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Costa Rica: Chaves forma su gobierno mediante métodos privados

El presidente electo en Costa Rica, Rodrigo Chaves, ha sorprendido a muchos con el fuerte cambio de talante que ha mostrado inmediatamente después de su victoria electoral. De un discurso rupturista y antisistema a otro conciliador y unitario, como el pronunciado para recibir al día siguiente al candidato derrotado, José María Figueres. Sin embargo, ese cambio de actitud no le ha impedido mostrar su visión heterodoxa respecto de la formación del gobierno y el funcionamiento de la gestión de la administración pública. Reproduciendo el modo de selección de personal de las entidades privadas y los organismos internacionales, Chaves busca conformar un gobierno más allá del sistema de partidos y sin priorizar el programa de gobierno con el que acudió a las elecciones.

La cuestión de fondo es que los planteamientos del presidente electo, hechos desde una perspectiva tecnocrática, aunque estén propuestos con toda buena voluntad, entrañan serios riesgos para el desempeño de la democracia. No se trata sólo de cambios puntuales en la normativa o la institucionalidad vigentes, sino respecto de los fundamentos conceptuales en que se basa el sistema democrático. Puede que tales planteamientos tengan que ver con una cuestión de conocimiento ya que Chaves sabe mucho más de economía que de sociología política, y no hablo de la ciencia política institucionalista, sino del enfoque que también contempla la relación entre gobernantes y gobernados, así como de la cultura cívica y política de la ciudadanía.

Al llevar este asunto a la coyuntura actual, cobra particular relevancia la cuestión de la función de los partidos en la formación del gobierno. Como se sabe, los partidos han sufrido mayor deterior en el marco de la función de intermediación comunicativa, sobre todo desde el surgimiento de las redes sociales. Pero también se ha relativizado su papel como actores políticos. De hecho, ya no están solos como agentes importantes del sistema político.

Sin embargo, la desvalorización es menor respecto de una función clásica de los partidos, que es suministrar cuadros directivos y técnicos a la administración gubernamental. Sobre todo, se les ha criticado que, al perder relevancia en otros campos, se han convertido en máquinas electorales y de provisión de personal gubernamental. En todo caso, esa función de los partidos políticos se refiere a un elemento clave en el funcionamiento del sistema democrático: el mantenimiento orgánico del llamado compromiso programático que debe existir en la médula del sistema político.

En Costa Rica, como en otros países de la región de régimen presidencialista, la legislación electoral exige a los partidos que acuden a las elecciones la presentación de un programa de gobierno. Ello no sólo refiere a la definición de su perfil programático, sino que luego constituye la base sobre la que se configurará el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno entrante. Así, el programa de gobierno del candidato elegido se proyecta como matriz fundamental de la acción de gobierno tras las elecciones. En pocas palabras, se establece de este modo un proceso normativo e institucional que busca garantizar a la ciudadanía que las promesas electorales no se las lleve el viento.

El presidente está en su derecho en afirmar que para elegir sus ministros no les preguntará a qué partido han votado. Pero sí debería hacerles una pregunta sencilla: ¿conoce usted el programa de gobierno con el que me presenté a las elecciones? Porque eso constituye la base sobre la que el gobierno de Chaves debe actuar en las diversas áreas del desempeño gubernamental. En caso contrario, el presidente electo estaría engañando a las personas que lo eligieron y al conjunto del país. De igual forma, cuando el presidente electo asegura que constituirá su gobierno libre de ataduras y compromisos adquiridos, está diciendo una media verdad. Tiene un compromiso inapelable con su programa de gobierno y con la promesa de llevarlo a la práctica.

En ese contexto, la función de los partidos es múltiple. Ante todo, significa la encarnación en personas y mecanismos orgánicos del programa de gobierno presentado. Es la garantía de que la propuesta electoral no es incorpórea ni unipersonal. Por un lado, presupone que el programa de gobierno no sea producto de ocurrencias unilaterales, sino que sea el resultado de un proceso colectivo encarnado en estructuras orgánicas.

Además, el partido encarna una determinada propuesta ideológica que debe ofrecer a los electores la referencia general de cuál será la orientación del gobierno. En el caso del programa de Chaves se indica que se inscribe en “la socialdemocracia moderna”. Y no importa si es difícil precisar qué significa esa adscripción, lo importante es que muestra unas señas de identidad que la ciudadanía puede reconocer. La explicitación del perfil partidario otorga algo fundamental para el funcionamiento de la democracia: facilita la posibilidad de elegir.

El candidato Chaves insistió en su campaña que los partidos tradicionales se habían convertido en tramas políticas y familiares, faltos de democracia interna y proclives a la corrupción. Y no le faltaba razón. Pero un partido sin esas lacras, compuesto por personas que comparten un conjunto de ideas políticas y programáticas, representa el espacio ideal para suministrar de jerarquías y cuadros la administración pública.

Escoger altos cargos desde el propio partido político que ha ganado las elecciones supone aprovechar un espacio de confianza y seguridad acerca del cumplimiento del programa de gobierno. Desde luego, ello no debe ser obstáculo para elegir a otras personas que no son del partido, si se demuestra que tienen mayor competencia. Pero la fórmula de buscar la excelencia fuera de la comunidad de ideas partidaria y al margen del compromiso programático, usando métodos de selección de personal de las entidades privadas, aunque parezca una buena solución tecnocrática (que podría ser imitada en el resto de la región), puede generar inestabilidad y disrupciones innecesarias, como sucede en los países donde los partidos son efímeros.

El saneamiento de los partidos es necesario. Pero ello debe conducir a una reforma del sistema de partidos y no a su eliminación. No sólo porque los partidos son actores políticos fundamentales según la Constitución, sino porque, aunque ya no estén solos, representan la garantía de derechos fundamentales como el de asociación que en el fondo suponen la protección de la democracia pluralista.

De esta forma, lejos de tener a gala la falta de solidez partidaria, el presidente electo debería plantear al país una propuesta para sanear los partidos políticos y reconfigurar el sistema de partidos y representaciones políticas. Los partidos no son solo la encarnación orgánica y humana del compromiso programático, sino que representan la posibilidad de que una propuesta de gobierno se proyecte en el tiempo.

El presidente electo debería ser consciente de que tiene por delante un conjunto de reformas y acciones de orden sociopolítico, entre las que se encuentra robustecer un sistema de partidos que fortalezca la democracia pluralista costarricense. Mas bien, debería aprovechar la oportunidad para consolidar el Partido Progreso Social Democrático como robusta organización política, que permita el mantenimiento de sus propuestas de gobierno, más allá de los próximos cuatro años, que, como debería saber, van a pasar volando.


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El liderazgo efímero

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El ritmo con el que la actividad política suele devorar a quienes se dedican a ella es un asunto sobre el que se tienen menos datos de los que se debería. Si bien la atención tiende a centrarse en quienes ocupan los cargos de mayor prominencia, el hecho de que miles de personas dedicadas a la política sean objeto de poca atención contribuye a no tener una sólida idea de la duración de una carrera política ni de sus características. 

Pocas veces, sin embargo, el acontecer permite reflexionar sobre el asunto para articular una pequeña agenda de investigación. Lo sucedido en España en los últimos dos años y medio en el seno del liderazgo de tres formaciones estatales que ocupan la derecha, el centro y la izquierda del espectro político genera cierto interés al respecto y puede servir de guía orientadora para entender la política actual en América Latina, donde no es difícil encontrar casos similares.

Se trata de tres hombres nacidos en un lapso de tres años en Madrid, Barcelona y Palencia, con estudios universitarios de derecho y de ciencia política. Dos de ellos llegaron a la política profesional con la misma edad de 26 años, y el tercero con 36 años, aunque su activismo político en el ámbito de la comunicación y de la consultoría se empezó a desarrollar una década antes. 

Mientras que dos de ellos comenzaron su andadura en el marco autonómico, el otro lo hizo en el europeo; coincidieron en las Cortes, alcanzaron el liderazgo de sus respectivas formaciones a una edad también muy similar y, a su vez, dejaron la política entre noviembre de 2019 y abril de 2022, pero ninguno llegó a alcanzar los 43 años. 

En su vida personal, fueron padres, uno de tres hijos y dos de dos hijos. La salida de la política, para quienes no tenían un trabajo fijo previo, les ha permitido desplegar su capital político acumulado para volver a desempeñarse profesionalmente en el terreno de la comunicación y de la investigación o para trabajar menos de dos años en un bufete de abogados con magros resultados profesionales.

Pablo Iglesias Turrión (Madrid, 1978), fundador y líder de Podemos, es abogado y politólogo, y tiene un doctorado. Fue profesor contratado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid entre 2003 y 2014, y se dedicó al mismo tiempo a labores de comunicación (TV y prensa) y de asesoría. Fue eurodiputado durante un año a partir de 2014 cuando entró formalmente en la arena política, y diputado en el Parlamento español entre 2015 y 2021. Dejó la política en mayo de este último año tras obtener unos resultados electorales insatisfactorios en las elecciones autonómicas de Madrid a las que se había presentado dimitiendo de una de las vicepresidencias del Gobierno de España. 

Albert Rivera (Barcelona, 1979), fundador y líder de Ciudadanos, es abogado y trabajó en una institución financiera (La Caixa) entre 2002 y 2006. Fue diputado en el Parlamento de Cataluña entre 2006 y 2015 y en las Cortes entre 2015 y 2019. Dejó la política en noviembre de ese año tras el fracaso electoral de su partido. 

Pablo Casado (Palencia, 1981) es abogado y fue diputado en la Asamblea de Madrid entre 2007 y 2009. Ejerció un cargo de confianza entre 2009 y 2011 y fue diputado en las Cortes desde 2011 hasta 2022. Fue líder nacional del Partido Popular durante 32 meses y dejó la política en abril de 2022 como consecuencia de una crisis interna en su partido.

Tres personajes que, tras una carrera política de quince años de promedio dejaron de tener la notable influencia que gozaron en una etapa de la política española que se gestó en la crisis financiera de 2007. La profesionalización política de los tres fue consecuencia directa de la crisis, y sus carreras culminaron con la turbulencia acarreada por la pandemia de la COVID-19. Países latinoamericanos también pueden mostrar escenarios no muy diferentes.

Así, es posible que Chile se encuentre hoy en una andadura similar como consecuencia de la renovación política que ha habido en el país tras las últimas elecciones a finales de 2021 con las que, en cierta medida, se terminaba un proceso que había empezado diez años antes. El cambio se ha producido en distintos ámbitos ideológicos del espectro político, pero si se observa el terreno gubernamental, Camila Vallejo, la actual ministra secretaria general de Gobierno y quien está a punto de cumplir 34 años, ofrece pistas interesantes. 

En unas declaraciones recientes que hizo al periódico La Tercera con respecto al grupo generacional en el que se encuentra, la política señalaba lo siguiente: “Una de las cosas más importantes que tenemos, como experiencia política, es que nosotros nos formamos en la lucha callejera estudiantil”. 

En una dimensión ideológica opuesta, en la vecina Argentina, Javier Milei, economista provocador, comunicador y analista, alza su voz mesiánica desde el Congreso nacional al que fue electo como diputado en 2021 y prepara su individual asalto a la Casa Rosada para 2023. Apenas tiene más bagaje que su febril credo libertario, la confrontación con la casta en el poder y la búsqueda de una sintonía electoral en un país fuertemente golpeado por su mala situación económica y su desesperante clima de desigualdad social.

Liderazgos al albur de la coyuntura, de la fortuna y de la época líquida en que se insertan.