¿Qué tan factible es que Rusia utilice armas nucleares?

Enrique Gomáriz Moraga
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¿Qué tan factible es que Rusia utilice armas nucleares?

Después de que en varias oportunidades Vladímir Putin haya mencionado directa o veladamente el uso de las armas nucleares para defender la seguridad de Rusia sin que se le haya tomado muy en serio, algunos observadores europeos han comenzado a considerar que habría que prestar más atención a dicha posibilidad. Pero esta reflexión proviene sobre todo de Europa, más que de Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden sigue repitiendo que la amenaza es únicamente un bluf de Putin al que no hay que dar mayor credibilidad.

Hay coincidencia acerca de que las probabilidades del uso del arma nuclear son inversamente proporcionales a la posibilidad de que conduzca a una destrucción mutua asegurada. Algo que sucedería si Rusia empezara un ataque nuclear a escala intercontinental. Por ello, esta situación es poco probable. Aumenta el riesgo, sí, como sucedió en los años ochenta del pasado siglo; se plantea una guerra nuclear limitada (a Europa en aquel entonces), pero parece poco probable que un intercambio nuclear sobre algún país europeo no acabe deslizándose rápidamente hacia un conflicto global. Sin embargo, esta situación cambia radicalmente si el escenario del conflicto se reduce a la guerra de Ucrania.

Hay dos razones que podrían favorecer el uso del arma nuclear por parte de Rusia en esta guerra. En primer lugar, porque no está claro que el uso táctico del arma nuclear sobre suelo ucraniano vaya a tener una respuesta también nuclear de parte de Occidente. Si Rusia decidiera destruir una pequeña ciudad ucraniana mediante un ataque nuclear limitado, no es evidente que Occidente respondiera de igual forma y empezara una escalada que podría conducir a una destrucción mutua global. El problema es que eso también lo sabe Putin.

En segundo lugar, todo indica que el Kremlin estaría dispuesto al uso táctico del arma nuclear en caso de que resulte muy evidente que Rusia pudiese perder la guerra en Ucrania. La derrota de Rusia es algo inaceptable para Putin porque significaría su muerte política. Por ello, es muy probable que optara por el uso del arma nuclear limitándose solo a Ucrania. Como afirma el periodista del periódico El País, Enric González, “es demasiado peligroso arrinconar a una potencia atómica y no dejarle otra opción que el botón rojo”.

Aludiendo a la posibilidad de que el apoyo militar occidental al Ejército ucraniano sea tan elevado que signifique una derrota rusa en la actual batalla en el Donbás, Putin ha mencionado que Rusia respondería “de forma contundente e inmediata”. Y existe el consenso de que estaba aludiendo de forma velada al uso táctico del arma atómica.

De esta forma, la única alternativa real al uso del arma nuclear consiste en que Rusia obtenga una victoria en el Donbás o, al menos, una victoria aparente, aunque en realidad signifique un final en tablas de la guerra. Lamentablemente, esa victoria parcial significará una división del territorio ucraniano, quedando el este del país en poder de estados prorrusos y el oeste, bajo la influencia de las potencias occidentales.

Desde esta perspectiva, el discurso de Washington de que la amenaza nuclear de Rusia es un bluf es irresponsable y parece impulsar el conocido juego estadounidense Chicken, en el cual dos autos se enfrentan en la carretera a alta velocidad para ver quién se aparta primero. Washington aumenta poderosamente la presión con el envío masivo de armas a Ucrania para ver si derrota a Rusia, convencido de que esta no se atreverá a usar armas nucleares tácticas, y Moscú amenaza con usarla en caso de que el envío de armas conduzca a su derrota en el Donbás. ¿Quién se apartará primero de la línea de choque?

En todo caso, el resto del mundo no puede quedarse impasible observando cuál es el resultado final de esta insana carrera. Entre otras razones, porque implicaría la devaluación del esfuerzo realizado hasta el momento por aquellas regiones que se han declarado libres de armas nucleares, como es el caso de América Latina mediante el Tratado de Tlatelolco. Es necesario aumentar el esfuerzo para lograr un alto el fuego cuanto antes. Las gestiones de Naciones Unidas para lograrlo deben tener el respaldo intenso de los países que rechacen la guerra.

Es difícil comprender que Washington no haya aceptado la solicitud de Kiev de neutralizar el espacio aéreo ucraniano por temor a una conflagración directa, y que ahora esté dispuesto a pertrechar hasta los dientes al Ejército ucraniano para posibilitar que derrote a Rusia en la batalla del Donbás. A Moscú le da igual si pierde el combate en el aire o en tierra, simplemente esa opción le resulta inaceptable. Y como Putin sabe que no está claro que Occidente vaya a responder a un uso táctico del arma nuclear en suelo ucraniano, parece que están dadas las condiciones para que eso pudiera suceder.

Desde luego, el uso del arma atómica no dejaría de tener inconvenientes para el Kremlin. En primer lugar, el uso táctico con “armas nucleares pequeñas” no tendría un efecto menor del que tuvieron las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, algo que no cubriría precisamente de gloria a Moscú. Y en relación con ello, porque conllevaría reconocer que tuvo que acudir al uso del arma nuclear porque su fuerza militar convencional es mucho menos poderosa de lo que presumía.

Ante este panorama, la única estrategia responsable de Occidente es la denominada de doble carril. Por un lado, el apoyo a Kiev para evitar que el fin de la guerra conlleve un aplastamiento de Ucrania, pero al mismo tiempo poner el esfuerzo en lograr un alto el fuego cuanto antes. De hecho, esta fue la opción de la UE durante el primer mes del conflicto, antes de que se sumara a la perspectiva de que es posible una derrota militar de Rusia. Sin embargo, dado que ese horizonte es inaceptable para Moscú, han comenzado a crecer las probabilidades de que lo impensable pudiera suceder en el escenario bélico de Ucrania.

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América Latina y la guerra en Ucrania: la segunda trampa de Tucídides

Fabián Bosoer
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América Latina y la guerra en Ucrania: la segunda trampa de Tucídides

La “trampa de Tucídides” es un término popularizado por el politólogo estadounidense Graham T. Allison para describir “los peligros concomitantes cuando una potencia en ascenso rivaliza con una potencia establecida”, incluyendo las condiciones potenciales de un conflicto bélico entre ellas. La narración de la Guerras del Peloponeso por el gran historiador de la Antigua Grecia se utiliza, en este caso, para describir el ascenso de China como el de una nueva Atenas del siglo XXI desafiando a la Esparta representada por los Estados Unidos. De los dieciséis casos estudiados por Allison, solo cuatro no terminaron en una guerra. Se trataría, según él, de comprender esos patrones de comportamiento para que la guerra no fuera el destino ineluctable de la competencia entre China y los Estados Unidos en su disputa por el liderazgo global.

Esa imagen de la historia comparada, recogida por la academia y el debate intelectual, fue tomada tal cual por los estrategas y los líderes políticos. El propio Xi Jinping sostuvo en Seattle, durante una gira a los EE.UU., en 2015, que “no hay en el mundo tal cosa como la llamada trampa de Tucídides (…)”, aunque continuó advirtiendo que “si los principales países cometen una y otra vez errores de cálculo estratégico, podrían crear tales trampas por sí mismos”.

La Historia de la Guerra del Peloponeso, de Tucídides, sigue ilustrando desde la antigüedad sobre el presente de las relaciones internacionales y recobra especial actualidad cuando una de las superpotencias desafía abiertamente la paz y la seguridad internacional, como lo está haciendo Rusia en Ucrania alegando motivaciones geopolíticas y etno-territoriales que llevan consigo ominosas implicancias. Pero Tucídides no solo es útil para explicar la relación entre las grandes potencias sino también entre estas y el resto de los estados. 

Es célebre, en tal sentido, el Diálogo de los Melios, un pasaje del Libro V de esa obra, en el que los atenienses ofrecen a los habitantes de la isla de Melos un ultimátum: rendirse y rendir tributo a Atenas o ser destruidos. Los melios resisten y terminan arrasados. La frase que define la relación -“los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben”- marcará un apotegma de la llamada “escuela realista” de las relaciones internacionales.

Esta referencia será recogida y utilizada en la Argentina de los años ’90 para explicar desde el llamado “realismo periférico” la reorientación de la política exterior y el alineamiento con los EE.UU. durante el gobierno de Carlos Menem. La Argentina abandonó su posición tradicional de no alineamiento y no intervención, acompañó a Washington en la primera guerra del Golfo (1990), fue beneficiada por créditos y financiamientos que abultarían luego su deuda externa y fue incorporada como “aliado extra-OTAN”. También sufrió los dos atentados terroristas más graves provenientes del fundamentalismo islámico en América latina: la voladura de la embajada de Israel (1992) y de la sede de la mutual israelita, la AMIA (1994). La enseñanza que se recogía era que congraciarse con la potencia hegemónica traería mayores beneficios que seguir padeciendo el aislamiento desde una posición distante, reticente o confrontativa.

Hoy, el Diálogo de los Melios de Tucídides se utiliza para ejemplificar el drama de Ucrania, enfrentada a la invasión rusa, en un contexto global marcado por las tensiones entre Moscú y Occidente, definidas como una nueva Guerra Fría, con una China que observa expectante dichas tensiones. América latina, que ha padecido durante el siglo veinte la condición de ser escenario de disputa, solapada o abierta, entre las grandes potencias, sabe lo que esto significa. Se nutrió de la inmigración y la cultura europea y sus sociedades son el resultado del mestizaje producido por las corrientes migratorias provenientes de la prosperidad, pero también expulsadas por las guerras, las persecuciones y las crisis económicas del mundo desarrollado.

Pero América latina, cabe también clarificarlo, no atiende en un sólo teléfono: se muestra como una región fragmentada y heterogénea; es más un conglomerado dispar de actores con sus propias posiciones que un actor con posiciones comunes en el escenario internacional.

Y así se ha visto en las posturas ante la invasión a Ucrania. En la votación de la Asamblea de las Naciones Unidas para exigir a Rusia el cese de las hostilidades en Ucrania realizada el 24 de marzo -al cumplirse el primer mes de la invasión-, el resultado adverso a Moscú fue contundente: 140 países votaron afirmativamente sobre 196. Los del G7 lideraron esta posición, que acompañó la totalidad de Europa y 29 de los 34 países América Latina. Se abstuvieron 38, lo rechazaron 5 sólo y se ausentaron de la votación 13.

En la siguiente votación de la Asamblea General, del 4 de abril, que trató y aprobó la separación de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU los votos de condena bajaron de 140 a 97, las abstenciones crecieron de 38 a 51 y los votos negativos de 5 a 24. Como apunta Rosendo Fraga, el vuelco fue encabezado por las potencias regionales del mundo en desarrollo: Brasil y México en América Latina, Nigeria y Egipto en África, y Arabia Saudita e Indonesia en Asia. Estos países abandonaron el rechazo a Rusia y pasaron a la abstención, arrastrando votos de sus respectivas áreas de influencia. China, que se había abstenido en las votaciones anteriores, pasó al rechazo de la moción sancionatoria, mientras que India, Sudáfrica y Pakistán siguieron eludiendo la condena a Rusia.

En la Organización Mundial del Turismo (OMT), parte de la constelación de Naciones Unidas, cuya Asamblea General decidió por 40 votos a favor, 11 en contra y 40 abstenciones, sobre 160 miembros, suspender a la Federación Rusa. Entre los países latinoamericanos primó la abstención. Solo seis gobiernos condenaron la agresión rusa (Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Uruguay), mientras Nicaragua votó en contra y Cuba no emitió su voto.

En el ámbito hemisférico, el 21 de abril se votó en la OEA la suspensión de Rusia como país observador permanente del organismo. La resolución contó con 25 votos a favor, 8 abstenciones, un ausente y ningún voto en contra. Es decir, un rechazo mayoritario hacia Moscú acompañando la postura de Estados Unidos y Canadá. Pero entre las ocho abstenciones se ubicaron las tres economías más grandes de América latina: Brasil, México y Argentina. A diferencia de lo sucedido en otras regiones del mundo, donde las potencias regionales arrastraron los votos de su entorno, esto no se dio en el caso de esta región, donde prevalece el abstencionismo, como bien lo señala también en su análisis el experto Carlos Malamud.

En la encrucijada actual, cada país latinoamericano se debate nuevamente en un dilema de difícil resolución, acaso una segunda “trampa de Tucídides”: cómo evitar un involucramiento impuesto por los “jugadores mayores”, sabiendo al mismo tiempo que no puede permanecer al margen de un conflicto que tiene múltiples impactos directos e indirectos y consecuencias locales, nacionales y regionales sobre la vida de los pueblos. Nuevamente, la historia –y la guerra- echan luces destellantes y sombras espectrales sobre el presente, colocando a la humanidad al borde del precipicio. Y faltan líderes que sepan cómo afrontarlo y detener la marcha demencial hacia el vacío, sin arrojar más leña al fuego.

*La versión original de esta nota se publicó en el Diario Clarín de Buenos Aires.

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El impacto del cambio climático en la inflación global

Leonardo Stanley
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El impacto del cambio climático en la inflación global

El último informe del FMI destaca los efectos recesivos por la invasión de Ucrania sobre la economía mundial, así como una serie de shocks de oferta que vienen a marcar una nueva era inflacionaria global. Si la inflación que desató la pandemia de la COVID-19 fue considerada transitoria, la presión inflacionaria que se detecta ahora evidencia un carácter estructural. La economía mundial entra en una nueva etapa, una de mayor inflación.

Para ciertos especialistas esto representa un déjà vu de la crisis petrolera de los setenta que transformó la economía y las finanzas internacionales. La crisis marcó el ocaso del keynesianismo de posguerra, y el monetarismo surgió como visión dominante. Para esa misma época también crecía el interés por las cuestiones ecológicas, el medio ambiente, y se empezó a pensar en el desarrollo sustentable. Poco tiempo después, la comunidad científica comenzaba a alertar sobre el problema del calentamiento global.

Repensar el dilema inflacionario ante el desafío del cambio climático

En los países de ingresos bajos y medios, los shocks externos adquieren una relevancia destacada, así como una frecuencia más pronunciada. En este contexto, los países exportadores de commodities (petróleo, minería, agricultura) se benefician ante un aumento en el precio, aunque se ven expuestos a una mayor inflación. Se trata de países con economías escasamente diversificadas y con una fuerte desigualdad social, por lo que la inflación termina afectando a la mayoría, dado su patrón de consumo.

Por otro lado, los fenómenos climáticos resultan extremos e irrumpen con cada vez más fuerza, lo cual plantea grandes desafíos en lo económico. Así, las autoridades monetarias deberían monitorear riesgos, ya que una transición sin rumbo puede conllevar el problema de los activos varados. Pero tampoco deberían descuidarse los efectos que tal transición genera sobre el fenómeno inflacionario.

Los desequilibrios macroeconómicos por los eventos extremos ameritan cuantiosas inversiones en adaptación, lo cual induce el rebrote inflacionario.

Con las inversiones cayendo, observamos que el proceso de transición ha disparado un aumento significativo en el precio de los minerales como el cobre, níquel, grafito, litio o cobalto. Un automóvil eléctrico consume seis veces más minerales que uno de combustión interna y los minerales explican un 20% del costo de los equipos eólicos. Todo ello ha venido induciendo pronunciados aumentos en el precio de estos minerales en los últimos dos años. El precio del litio se incrementó en 1000%, 300% el níquel y 200% el cobre.

Estos nuevos equipos energéticos no llegan a generar más del 3% del total de la energía producida, mientras que los automóviles eléctricos no representan más del 1% del parque mundial. Si bien la transición puede ser una bendición, debido a los mayores ingresos, fácilmente puede devenir en una maldición con fuertes consecuencias inflacionarias. 

La producción limpia conlleva, además, mayores costos, los cuales no deben ser vistos como un lujo de países desarrollados. De hecho, la implementación de la tasa al carbono en las fronteras por parte de la UE nos exige considerar lo ambiental al planificar el desarrollo, ya que implica inversiones que también generarán más inflación.

A fin de avanzar con las energías limpias y dejar atrás la adicción a los fósiles, surgen diversas opciones de política: precio al carbono, regulación, subsidios. Cualquiera sea la alternativa, todas implican un mayor costo que afecta a empresas y consumidores.

En el caso del valor de los permisos de emisión de la UE, mientras la tonelada de carbono promediaba los 21 euros en febrero de 2021, al año siguiente se acercaba a los 100 euros. Pero más allá de las variaciones, el sendero se explica por las decisiones adoptadas tanto en los últimos años como por la invasión de Ucrania.

La imposición de un impuesto al carbono (la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles) no solo implica mayor presión inflacionaria, sino mayor tensión social, dado el traslado (total o parcial) del incremento a los consumidores. Aunque su introducción induce una menor contaminación, el impuesto resulta regresivo, ya que son los sectores sociales más empobrecidos los que destinan una mayor proporción de sus ingresos a la compra de combustibles o al transporte público.

Pese a esto, parecería que los mercados de futuro adoptaron la transición como irreversible. El financiamiento a las empresas petroleras se ha vuelto más caro, sea por el temor a los activos varados o por la irrupción de normativas más estrictas. Todo ello ha inducido una menor tasa de inversión, que en la coyuntura fortalece el precio de los combustibles y genera mayor presión inflacionaria. Ello debería acelerar la transición. Sin embargo, no puede soslayarse que dicho proceso requiere tiempo, puesto que las inversiones son costosas. De una u otra forma, la transición produce efectos inflacionarios. 

Esto plantea que la respuesta de política monetaria tradicional de endurecer las condiciones crediticias no es la mejor opción. Dicha respuesta resulta más acertada en países donde el sector financiero es escasamente relevante. Pero si en estos la demanda agregada resulta insensible frente a cambios en la tasa de interés, otra es la reacción frente al tipo de cambio.

Un aumento en el precio de los commodities induce a la apreciación de la moneda nacional, fenómeno que puede verse amplificado por la entrada de capitales financieros ante una suba en la tasa de interés local (carry trade). Aunque ello beneficia al consumo y, eventualmente, a los sectores más desposeídos, la bonanza tiene efectos destructivos sobre el aparato productivo, más aún en economías abiertas a los flujos de capital. Ello explica el porqué de las respuestas heterodoxas implementadas por diferentes Gobiernos de la región en los años 2000, tanto como el cambio de opinión del Fondo respecto a los controles de capital, recientemente ratificado.

Más allá de la coyuntura, signada por la invasión rusa, la transición energética caracteriza al fenómeno inflacionario actual como duradero, por lo que la región debería avanzar con la transición. Ello obliga a la clase política a pensar alternativas y avanzar con propuestas novedosas. Por ejemplo, podría introducirse un impuesto a la renta extraordinaria que grave las ganancias de las empresas mineras, pues estas seguirán en alza durante la transición. También se podría avanzar con alguna variante del esquema de control de capital instrumentado en el pasado por Chile, pero ahora penalizando a los fondos que llegan para financiar a las industrias contaminantes.

Al evaluar el problema debemos dejar los dogmas atrás y actuar de forma pragmática. Debemos ir hacia un nuevo esquema de producción y consumo, donde la transición lleve hacia un proceso secuencial. Y los Gobiernos deberían intervenir para mitigar las consecuencias macroeconómicas (estabilidad de precios, competitividad del tipo de cambio, política social y transición justa), así como para impedir la generación de burbujas financieras (inversión en activos que pueden resultar varados).

Similitudes y diferencias entre los procesos constituyentes de Brasil y Chile

Rodolfo de Camargo Lima
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Similitudes y diferencias entre los procesos constituyentes de Brasil y Chile

Coautor Danilo Buscatto Medeiros

Más de 30 años separan a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) brasileña de la Convención Constitucional chilena. Hay similitudes y diferencias entre los dos procesos, pero ambos están rodeados de expectativas contradictorias y diferencias sustanciales.

La convocatoria de la asamblea constituyente en Brasil se produjo tras el movimiento a favor de las elecciones presidenciales directas en el momento de transición de un régimen autoritario a uno democrático. El proceso en Chile -una democracia consolidada- se inició con las movilizaciones estudiantiles contra el aumento del precio del billete de metro en Santiago. 

En ambos casos, sin embargo, las amplias movilizaciones se beneficiaron de las reacciones del gobierno. Del lado brasileño, la derrota de las «Elecciones Directas» llevó a una parte de los partidos políticos y movimientos sociales a invertir en la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) de la Asamblea Constituyente. Del lado chileno, las represiones policiales contra los estudiantes aumentan la intensidad y el volumen del descontento hasta alcanzar a todo el país el 18 de octubre de 2019 (18-O).

Otra distinción importante radica en los liderazgos políticos y las relaciones institucionales de los actores que preceden a la instalación de las circunscripciones. En Brasil, y a raíz del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), un movimiento partidista de oposición al régimen militar, los actores políticos que participaron en las «Diretas» (y más tarde en la ANC) oscilaban ideológicamente entre el centro-derecha y la izquierda. 

En el caso chileno, sin embargo, las movilizaciones no están estrictamente vinculadas a los partidos, e incluso se fomentan a raíz de la desconfianza en la política tradicional. Entre los llamados independientes, actores no afiliados que constituyen una parte importante de la Convención, se observa un posicionamiento ideológico entre la llamada nueva izquierda y la izquierda radical.

En ambos países, las élites políticas fueron capaces de construir amplios pactos político-partidistas en un momento de gran movilización social combinado con el contraste y el debilitamiento de los gobiernos de derecha. En el caso brasileño, la Alianza Democrática reunió a fuerzas políticas de todo el espectro ideológico en oposición a la candidatura que representaba la continuidad. Tras la muerte del recién elegido presidente, Tancredo Neves, su vicepresidente, José Sarney, cumplió la promesa del partido de poner en marcha una asamblea constituyente. La convocatoria de la ANC fue el sustituto funcional de la ruptura que no se había producido con el régimen anterior y supuso una demanda de una parte de la sociedad civil organizada.

En el estallido chileno, las élites políticas tradicionales utilizaron la superación de la Constitución heredada de Pinochet como reacción y salida para reducir las tensiones sociales en el país. En el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, firmado por las principales direcciones de los partidos políticos, se estableció un plebiscito para consultar tanto por una nueva constitución como por el modelo de representantes exclusivos o mixtos. También se condicionó la aprobación de la nueva carta magna a un plebiscito obligatorio.

Aquí hay una distinción importante. La constituyente brasileña nace de una enmienda a la Constitución -cuyos trámites fueron tímidamente escuchados por expertos y representantes de clase- y adoptó un modelo congresual en el que quienes redactaron la nueva carta también eran legisladores ordinarios. En Chile, la convocatoria de un plebiscito nacional es una reacción de los partidos políticos para zanjar las protestas sociales. La sociedad chilena aprobó entonces la constituyente con una amplia mayoría y definió el modelo de una Convención Constitucional con representantes exclusivos. 

En otras palabras, los distintos incentivos de las relaciones entre los actores políticos y sociales dan lugar a diferentes resultados de los procesos constituyentes: uno controlado por los actores político-institucionales y otro impulsado por los liderazgos y organizaciones sociales. 

En cuanto a las conexiones con el público, el ANC es conocido por la intensa participación de los movimientos sociales y también de las organizaciones y movimientos patronales en algunas de sus sesiones. El bipartidismo forzado legó al MDB el papel de oposición al régimen militar, cuya legitimidad y conexiones sociales beneficiaron el estrechamiento y los puentes entre el partido-movimiento y la sociedad.

En Chile, la mayoría de sus representantes independientes, procedentes de movimientos sociales y territorios, desconfían de los partidos tradicionales. Estos actores han incluido proporcionalidades sociales en la Convención, como la paridad de género, la plurinacionalidad y la equidad territorial.

El proceso de elaboración de la constitución en ambos casos es similar y ascendente, es decir, las comisiones temáticas elaboran proyectos de ley que luego se presentan al pleno. El Reglamento Interno en la ANC instaló ocho comisiones (más una poderosa comisión de sistematización), mientras que el Reglamento General chileno llega a siete comisiones temáticas. En Brasil, el primer regimiento exigía una mayoría absoluta de votos para las deliberaciones en las comisiones y en el pleno. En Chile, es una mayoría simple para las comisiones y dos tercios en el pleno. 

En caso de que se apruebe por mayoría simple en el pleno, se devuelve a las comisiones para que realicen ajustes con la posibilidad de someterlo a votación en el pleno por una vez más. Este aspecto fue diferente en la asamblea brasileña, donde correspondió a la comisión de sistematización reunir los anteproyectos de las ocho comisiones y preparar uno solo para ser votado en el pleno, sin posibilidad de volver a las comisiones. Sabemos, sin embargo, que el proceso fue más truncado debido a la revuelta contra el Reglamento Interno que dio lugar a los cambios de las normas y también a la formación del llamado «Centrão».

La constituyente chilena se enfrenta actualmente a retos similares a los de la etapa final de la experiencia brasileña. Además de la dificultad de aprobar la avalancha de normas, en Chile también ha aumentado significativamente el rechazo, es decir, ha crecido la impopularidad y la desaprobación popular de la Convención, según recientes encuestas de opinión pública. 

En Brasil, a pesar del apodo de «Constitución Ciudadana», el texto final también recibió críticas y acusaciones de ser progresista o demasiado detallista – cabe recordar que la bancada del Partido de los Trabajadores se negó a firmar su versión final. Además, las negociaciones no lograron promover el consenso en algunos temas cruciales. Habiendo elegido el presidencialismo como sistema de gobierno, a pesar de no ser la preferencia original de la mayoría de los electores, se definió que un futuro plebiscito podría revisar esta decisión. 

En el caso chileno se produjeron disputas similares y los independientes y parte de la izquierda partidaria, no entusiasmados con el presidencialismo, intentaron reformarlo mediante propuestas parlamentarias y semipresidencialistas, pero fracasaron. Una vez perdida esta guerra, ganaron otras batallas: aprobaron la supresión del Senado y propusieron una nueva Cámara Territorial, cuyo diseño sigue abierto.

Uno de los subproductos políticos más importantes e infravalorados del proceso constituyente brasileño es la formación del llamado Centrão, una unión interpartidista de parlamentarios descontentos con la dirección de la ANC. El surgimiento de este grupo de sesgo conservador -aunque ideológicamente heterogéneo- no tuvo que ver con la imposición de un texto supuestamente de izquierdas, sino con la dificultad de alterar el anteproyecto que saldría de la Comisión de Sistematización, así como con el descontento ante la probabilidad de parlamentarismo y la reducción del mandato del entonces presidente Sarney. 

Como resultado de la sublevación del centro-derecha, las reglas del juego se alteraron tras casi un año de trabajo, lo que implicó la dificultad de formar mayorías en temas divisivos. Las negociaciones a las puertas del pleno marcaron el tono de sus votaciones, lo que explica en parte el descontento de varios grupos con el resultado final. 

La Convención chilena no tendrá una, sino tres comisiones de sistematización: Armonización, Normas Transitorias y Preámbulo. La lección brasileña es útil para el país, dado que éste es un momento especialmente crítico y tenso del proceso. La convocatoria de un plebiscito para la aprobación de la Carta Magna chilena está prevista para el 4 de septiembre. En caso de una victoria del rechazo en el plebiscito saliente, la experiencia de Chile podría convertirse en un caso clave y raro en la historia de las ratificaciones constitucionales en América Latina y en el mundo.

Danilo Buscatto Medeiros es investigador postdoctoral en el Centro Brasileño de Análisis y Planificación (CEBRAP) y colaborador del Centro de Estudios de Opinión Pública (CESOP) de la Universidad Estatal de Campinas (UNICAMP). Profesor visitante en la Escuela de Economía de la Fundación Getúlio Vargas (EESP-FGV). Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Virginia.

¿Cuál será el papel de América Latina en el nuevo orden global?

Melany Barragán
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¿Cuál será el papel de América Latina en el nuevo orden global?

La agenda global de los últimos años ha estado marcada por acontecimientos de gran magnitud que han copado la atención de los medios de comunicación, los ciudadanos y las élites. La crisis financiera del 2008, la pandemia del Covid-19 y en los últimos dos meses, la invasión rusa de Ucrania, han ocupado las agendas políticas y mediáticas. Esto ha mantenido a América Latina en un segundo plano y fuera de la órbita del debate global.

En este nuevo contexto mundial, reivindicar la relevancia de América Latina resulta complicado por al menos dos razones. En primer lugar, porque se está desarrollando una narrativa de bipolaridad, excesivamente simplista, que articula las relaciones internacionales en torno a dos grandes colosos: China y Estados Unidos. Y ante este escenario, actores como América Latina o la propia Unión Europea quedan relegados a ser actores periféricos y subordinados a las grandes potencias.

En segundo lugar, porque pese a que la región cuenta con déficits estructurales y agendas pendientes, el hecho de no generar desequilibrios de impacto global la posiciona en un espacio periférico.

Afortunadamente, existen iniciativas que siguen invitando a repensar el papel de América Latina en el orden mundial y subrayan la relevancia de la región. Tal es el caso del encuentro de centros de investigación y asociaciones de estudios dedicados al análisis sobre América Latina y el Caribe y las relaciones birregionales entre Europa y América Latina y el Caribe, celebrado en Berlín los días 28 y 29 de abril.  Este encuentro, organizado por la Fundación EU-LAC, el Instituto Iberoamericano de Berlín y el German Institute of Global and Area Studies (GIGA), supuso un interesante foro de discusión sobre el estado de la región y generó nuevas sinergias para repensar el papel de América Latina en el nuevo orden global.

El nuevo escenario es especialmente crítico porque muchos de los desafíos globales son consecuencia de coyunturas superpuestas. Cuando el mundo todavía no había logrado recuperarse plenamente de la crisis financiera de 2008, llegó la pandemia y recientemente la invasión rusa. Estos acontecimientos, a su vez, han generado distorsiones que han trascendido a esferas concretas y han impregnado multitud de dimensiones de la esfera pública. Así, consecuencias como la crisis económica, energética o migratoria cuentan con numerosas ramificaciones que implican la actuación de múltiples actores y desde diferentes ámbitos de actuación. Son fenómenos complejos que requieren, por tanto, actuaciones complejas. 

América Latina no puede quedarse al margen de la toma de decisiones ni convertirse en un mero actor pasivo. Por ello, hoy, más que nunca, es necesario que desde los gobiernos de la región se diseñe una agenda conjunta que rompa cualquier lógica bipolar y abra las puertas a la multilateralidad.

Y, en este sentido, la Unión Europea puede ser un gran aliado para América Latina porque, posiblemente, también está tratando de rediseñar su lugar en el nuevo orden mundial, apartándose de la alargada sombra de China y Estados Unidos.

Dentro de esta lógica, es necesario que América Latina se dote de medios para poder integrarse en la partida del orden mundial. En este sentido, una de las medidas más urgentes es que, dentro de la región, se retomen las cumbres de presidentes después de siete años de parón. Hoy más que nunca es necesario recuperar el diálogo, aunque no necesariamente se llegue a grandes consensos y es especialmente relevante que exista un foro de discusión independiente que no cuente con el tutelaje de terceros países u organismos.

En segundo lugar, es importante repensar la narrativa de los acuerdos de integración ya que las anteriores experiencias son fruto de un contexto pasado. Se deben impulsar nuevos proyectos que sean entendidos como instrumentos de carácter geopolítico con interdependencia económica, y no meros acuerdos comerciales. Por último, deben dedicarse esfuerzos para la ejecución de acciones coordinadas, al menos en las principales agendas, pese al mantenimiento de relaciones bilaterales entre Estados.

Una vez fortalecido el diálogo dentro de la región, América Latina podrá situarse en una posición más sólida dentro del orden internacional y encontrar aliados, como la Unión Europea, para afrontar los nuevos desafíos globales y minimizar, en la medida de lo posible, la preponderancia geoestratégica de Estados Unidos y China. 

La crisis de la globalización, el cambio climático, la transición energética o las crisis migratorias no pueden ser resueltas eficientemente pensando en una lógica bipolar ni bajo agudas rivalidades geoestratégicas. Esto podría conducir a más desequilibrios y a la persistencia en el tiempo de muchos de estos problemas.

Por ello, América Latina debe aprovechar las oportunidades que el nuevo contexto ofrece, y posicionarse como un actor clave en procesos tan relevantes como la política energética o el suministro de materias primas.

Se viven tiempos convulsos en los que las diferentes agendas necesitan de mayor cohesión económica, social y territorial. Incluso, por qué no, conviene renovar el contrato social. Pero esto ya no es viable pensando únicamente en una lógica estatal o bipolar. Frente a los nuevos desafíos, es necesario que todas las piezas encuentren su lugar en el tablero. Por ello son tan importantes las iniciativas como la impulsada la pasada semana por la Fundación EU-LAC. Esperemos que vengan muchas más.

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Sí, las mujeres migrantes abortan y sus derechos también importan

Carolina Moreno
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Sí, las mujeres migrantes abortan y sus derechos también importan

El 21 de febrero de 2022, luego de una larga espera, la Corte Constitucional de Colombia emitió un fallo tremendamente relevante en la lucha por la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), no solo para el contexto local colombiano, sino para la región. Así, mediante la sentencia C-055 de 2022, la Corte falló que no hay delito de aborto cuando la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) ocurre antes de la semana 24 de gestación. Aunque aún no se conoce el texto completo de la decisión judicial, sí es público el comunicado de prensa que expone los argumentos centrales que motivaron esta decisión.

¿Qué decidió la Corte Constitucional colombiana?

En este caso, la Corte estudió la demanda presentada por el movimiento Causa Justa por el Aborto, mediante la cual solicitaban la eliminación del delito de aborto del Código Penal, es decir, que dejara de ser un delito el que las mujeres (y personas gestantes) abortaran. Aunque este no fue exactamente el sentido del fallo, pues el delito no fue expulsado de la normativa penal, la Corte sí estableció que “(…) no se configura delito cuando la conducta [aborto] se practique antes de la semana 24 de gestación (…)”.

Es oportuno mencionar que este límite temporal no aplica cuando el aborto se practica bajo los 3 supuestos despenalizados por la Corte Constitucional desde 2006 (sentencia C-355 de 2006), esto es, cuando: (i) el embarazo representa un riesgo para la vida o salud de la mujer; (ii) existe grave malformación del feto o (iii) el embarazo es producto de violación. Finalmente, la Corte exhortó al Congreso y al Gobierno nacional “a formular e implementar una política pública integral en la materia”.

En su más reciente decisión (2022), la Corte dejó claro que el delito de aborto desconoce el derecho a la igualdad de las mujeres en situación de vulnerabilidad, entre ellas las mujeres migrantes en situación migratoria irregular. Es muy significativo que la Corte haya declarado la existencia de esta violación del derecho a la igualdad porque contribuye a la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Colombia, incluidas las migrantes, independientemente de su estatus migratorio.

Asimismo, es notable el hecho de haber nombrado explícitamente a las mujeres migrantes en la decisión. Esto es así no solo porque se les reconoce como titulares de derechos, sino también porque el contexto migratorio colombiano de los últimos años se sitúa como un factor determinante en la adopción de la decisión.

¿Cuáles son las particularidades de las mujeres migrantes?

La incorporación de la situación de las mujeres más vulnerables en Colombia en el estudio y decisión de este caso, no solo de las nacionales, sino también de las extranjeras, reconoce y visibiliza una realidad que no puede esconderse bajo el tapete. Esto es, que las mujeres abortan, muy a pesar de las múltiples barreras que tienen que sortear, entre estas, la penalización, la cárcel y la estigmatización.

En el caso de las mujeres migrantes, estas no renuncian a la práctica del aborto por el hecho de ser extranjeras o, incluso, encontrarse en situación migratoria irregular en Colombia. A diferencia de las mujeres nacionales, las migrantes se enfrentan a temores disuasorios adicionales con los que tienen que lidiar. Se trata del riesgo, siempre latente, a ser sujetos de una sanción migratoria como la deportación o la expulsión, angustia propia de la experiencia migratoria, que es aún más profunda cuando las mujeres se encuentran en situación migratoria irregular.

Como lo manifestamos desde la Clínica Jurídica para Migrantes y el Centro de Estudios en Migración (CEM) de la Universidad de los Andes en el escrito de intervención ciudadana presentada ante la Corte Constitucional, “[lo] que puede iniciar como la solicitud de un servicio de salud, puede terminar alertando distintas autoridades, judiciales y administrativas, pudiendo dar inicio a procesos penales y administrativos en contra de las mujeres y niñas migrantes que acceden a la IVE”.

Tanto el proceso penal como el administrativo migratorio inciden negativamente en las vidas de las mujeres migrantes, quienes pueden terminar sancionadas debido al enorme estigma que pesa sobre el aborto. La concurrencia de la pobreza y el estatus migratorio irregular profundiza la situación de vulnerabilidad de las mujeres. Ellas se exponen a procedimientos de IVE clandestinos e inseguros, lo que pone en riesgo su vida, su salud y su integridad.

¿Por qué es importante este fallo para las mujeres migrantes?

Esta decisión es un acicate para todas las mujeres, entre ellas, las que han tenido que migrar, muchas veces en condiciones adversas y precarias, para sus vidas y sus recorridos migratorios. También, hay que decirlo, el que una decisión del máximo tribunal constitucional de Colombia nombre a estas mujeres y acoja e incorpore su situación, tantas veces marginal e invisible, es de un valor simbólico enorme.

Este efecto simbólico de nombrarlas les da voz a las mujeres migrantes y las reconoce como sujetos de derechos. Acoger y recoger la experiencia de las mujeres migrantes que acceden al aborto también aviva y estimula a quienes nos dedicamos a la defensa de los derechos de estas personas. Por ello, celebro esta decisión y confío en que será un instrumento útil para la defensa de los derechos de las mujeres migrantes y refugiadas, entre estos, el de acceder a un aborto seguro y legal en Colombia.

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Pedro Castillo, ante el despeñadero

Ariel Sribman Mittelman
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Pedro Castillo, ante el despeñadero

Cuenta Juan Bromley en Las viejas calles de Lima que en 1601 una crecida del Rímac destruyó parcialmente el tajamar que protegía el convento de San Francisco. El cabildo dispuso entonces una reparación que impidiera la total destrucción del tajamar por la corriente, que “se acercaba y comía el sitio y orilla detrás del convento, donde hay una gran barranca y despeñadero”.

A escasos doscientos metros de allí se encuentra actualmente el Palacio de Gobierno del Perú, donde tiene su despacho el presidente. Igual de escasa es la distancia entre la situación actual de Pedro Castillo y la del convento en los albores del siglo XVII: el tajamar político que lo protege se encuentra en gran medida derruido, la corriente amenaza con comerse lo poco que queda de él, y a sus espaldas se abre un gran despeñadero.

La obra con que Castillo pretende restaurar su maltrecho zanjón no es menor: ni más ni menos que una nueva Constitución. Pero al margen de sus dimensiones, el proyecto presenta de momento todas las características de una chapuza. Precisamente el mismo año en que el cabildo limeño reparaba su tajamar aparecía por primera vez en castellano la palabra “chapucero”, tomada del francés “chapuisier”: oficial que hace las obras groseramente, según recoge el diccionario etimológico de Corominas.

Analicemos, pues, los planos que ha dispuesto el arquitecto Castillo para su construcción. Comencemos por la forma: en un texto de apenas una docena de páginas se detecta una treintena de errores: ortográficos, gramaticales, sintácticos, de tipeo y de formato.

Pasemos ahora al contenido. El documento cuenta con dos secciones: el proyecto de ley y la exposición de motivos.

El primero, pese a ser breve y mayormente técnico, incluye algunos detalles a los que vale la pena prestar atención. Afirma, por ejemplo, que la Asamblea Constituyente tendrá carácter popular y plurinacional. Hoy en día, Perú no es un Estado plurinacional. La Constitución vigente afirma que “el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación” (artículo 2, inciso 19). Pluralidad étnica, no nacional.

No se trata aquí de negar el carácter plurinacional del Estado peruano, sino de alertar sobre una contradicción flagrante. Mientras la casi totalidad del documento está dedicada a la participación del pueblo y la exaltación de la democracia (recordemos el carácter popular que asigna a la Asamblea Constituyente), establece, sin embargo, la naturaleza plurinacional del Estado peruano de un plumazo, sin consulta previa con ese pueblo. El debate sobre la esencia de la nación, que en otros países alcanza extensiones fenomenales, lo liquida Castillo en una línea.

A continuación indica el proyecto que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones regula la distribución de escaños de la Asamblea Constituyente, y que esta deberá estar compuesta en un 40% por representantes de organizaciones políticas, un 30% por candidatos independientes, un 26% por representantes de pueblos indígenas y un 4% por representantes de pueblos afroperuanos. ¿Qué distribución de escaños es, entonces, la que regula el Jurado Nacional de Elecciones, si el proyecto de ley ya lo ha hecho?

Pasemos a la exposición de motivos. ¿Qué se imagina el lector que encontrará ahí? ¿Quizá, como su nombre lo indica, las razones por las que se propone la redacción de una nueva Constitución? Pierda esperanzas, apreciado lector: hay ahí de todo, menos eso.

El primer epígrafe se ocupa del Poder Constituyente y la reforma total de la Constitución. Es decir, explica ―con pasmosa inopia― la capacidad del pueblo de erigirse en Poder Constituyente y la diferencia entre una reforma constitucional parcial y una total. No hay rastro alguno de argumentos que respalden la necesidad de esos cambios fundamentales, presentando los defectos e insuficiencias de la vigente Constitución.

El segundo epígrafe, “Sobre el derecho a la participación pública”, le saca punta a un lápiz que ya la tiene: ensalza la importancia de la participación ciudadana, como si el proceso constituyente fuera a marcar el final de un período autoritario en que la participación se encontraba cercenada o directamente prohibida. Recurre a autoridades académicas para dar empaque, incluso cierta solemnidad, a conceptos tan obvios como que la democracia favorece la participación pública. Cita incluso la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como pruebas aparentemente necesarias para validar una radical novedad: el derecho a la participación pública.

El siguiente epígrafe sigue rigurosamente la línea de los anteriores: explica lo innecesario y deja huérfano de motivos lo que requiere justificación. Está dedicado a los momentos constituyentes o, mejor dicho, a la teoría de los momentos constituyentes. Porque no hay ahí más que categorías académicas generales; ni un adarme de argumentación sobre por qué Perú se encontraría en un momento de esa clase.

La chapucería del proyecto alcanza aquí uno de sus puntos álgidos: se cita una pieza académica que describe el momento constituyente como una circunstancia de consenso. ¡Consenso! Interesante concepto para referirse a una iniciativa que apenas consiguió recoger 50.000 firmas durante una campaña que ha recorrido todo el país, encabezada por Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, partido con el que Castillo llegó a la Presidencia.

Se trata de una iniciativa que es prioritaria para apenas el 8% de los peruanos y que cuenta con el rechazo del 60% de ellos, según una encuesta de Ipsos, precisamente porque consideran que no es el momento adecuado y que un proceso de tal calibre requiere una discusión más extensa y que, además, encuentra la oposición de gran parte del arco parlamentario.

“Legislación comparada” se titula el siguiente epígrafe. Mediante semejante encabezado se esperaría una opera magna que signe el destino del pensamiento jurídico latinoamericano. La realidad, no obstante, es un poco menos generosa: tres líneas. No exagero. Tres líneas, con sus correspondientes errores de redacción, seguidas de un famélico gráfico con sus correspondientes fallos de formato.

Continúa la exposición de motivos con las posiciones de los partidos políticos. Si no se toma uno el tiempo de leer la letra pequeña, puede llegar a pensar que se trata de una eficaz estrategia para dar cuenta del consenso nacional en torno a la necesidad de un cambio constitucional. Pero quiso el redactor del documento comenzar la sección recogiendo un comunicado de Alianza para el Progreso: el partido aceptaría una reforma de la Constitución “siempre que se haga respetando las leyes y con un amplio consenso social y político, y a través del Congreso”. Reiteremos: siempre que se haga con un amplio consenso social y político. Es realmente asombroso: el presidente ofrece en la exposición de motivos los argumentos en contra de su propio proyecto.

El siguiente epígrafe, “Objeto y fin de la propuesta”, establece el procedimiento para la reforma constitucional, el correspondiente referéndum, la elección de asambleístas, los plazos de elaboración del texto constitucional… Los motivos para la reforma continúan, de momento, brillando por su ausencia.

Decidido a sostener ese brillo hasta la última página, el presidente reservó para el final una escena verdaderamente memorable. “Análisis costo beneficio”. Repase el lector estas tres palabras todas las veces que le resulte necesario hasta convencerse de que no lo engañan sus ojos. Análisis costo beneficio. Si los rivales de Castillo en la campaña electoral de 2021 expresaron su temor a que el maestro llevara a Perú hacia el comunismo, pueden quedarse tranquilos: el presidente ha abrazado el capitalismo y el pensamiento empresarial hasta tal extremo que evalúa la conveniencia de una reforma constitucional mediante el vocabulario propio de Goldman Sachs.

Pero no todo acaba en el título: el contenido del epígrafe merece similar atención. El gran beneficio de renovar los cimientos políticos del país sería ―siempre según el documento― que la ciudadanía podrá participar en el proceso, eligiendo a sus representantes y llevando, así, a la democracia hasta niveles jamás imaginados. El costo, por su parte… ¡Ay, el costo! ¿Dónde se lo habrá dejado el redactor? Vaya despiste… En fin, habrá que concluir que se trata, como corresponde al neófito neoliberal Castillo, de una operación propia de un halcón de Wall Street: todo beneficio, cero costo.

Acabemos ya: los últimos tres párrafos se ocupan del análisis del impacto de la vigencia de la norma en la legislación nacional. A estas alturas ya se imagina el lector lo que se oculta detrás de tan grandilocuente título. Y no se equivoca: más de lo mismo. Es decir, más vacío. Que se propone reformar la Constitución, que se fomenta la participación ciudadana y que corresponde al presidente convocar el referéndum de marras.

El convento de San Francisco de Lima es Patrimonio de la Humanidad. Gracias a la idoneidad de la obra proyectada en 1601, que lo puso a salvo de las destructoras corrientes, sigue en pie para nuestro disfrute cuatro siglos más tarde, los mismos que llevaría engullido por el despeñadero si los ingenieros limeños hubieran pergeñado una chapucería como la de Pedro Castillo.

Chile: la Convención, el plebiscito y la aversión a la pérdida

Juan Carlos Arellano
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Chile: la Convención, el plebiscito y la aversión a la pérdida

Muchos pensaban que el contundente resultado de aprobación (78,27%) en el plebiscito de octubre de 2020 aseguraba el éxito del plebiscito de salida. Otros más críticos creyeron que, debido a la mala elaboración de todo el proceso, se terminaría construyendo una Constitución tipo “árbol de Navidad”, llena de derechos y gestos para todas las sensibilidades presentes en el ambiente, que harían casi imposible rechazarla. También algunos señalaron que sería muy difícil que alguien se atreviera a elaborar y desplegar la bandera intelectual del rechazo.

Sin embargo, los resultados de las diferentes encuestas de las últimas semanas muestran un aumento considerable del rechazo, incluso superando a la aprobación en algunas, a lo que se suman las manifestaciones de desencanto y preocupación en medios de comunicación y redes sociales. Por lo tanto, los auspiciosos pronósticos iniciales se deben poner, al menos, en entredicho.

Ante las percepciones que deambulan, y aplicando la clásica teoría prospectiva de Kahneman y Tversky, que explica cómo las personas toman decisiones entre alternativas que comprenden riesgos, me atrevo a sugerir que, en lo que respecta al debate de la Convención Constitucional (CC), se ha instalado en la opinión pública una aversión a la derrota.

La teoría propone que las personas bajo riesgo tienden a decidir tomando en cuenta opciones que den mayor certeza (“efecto certidumbre”) ante las potenciales ganancias. En la toma de decisiones, la aversión a las pérdidas es más fuerte que las eventuales ganancias. A juicio de Kahneman y Tversky, solo cuando observamos que todas nuestras opciones son malas estamos dispuestos a asumir posibles riesgos para lograr ciertos beneficios. Claro está que la definición de las ganancias o pérdidas está determinada por un punto de referencia que corresponde al lugar donde se encuentra, en este caso, el elector al votar.

De ahí que el contundente 78% a favor de la aprobación en 2020 puede ser entendido como una decisión en el marco de que todas las opciones eran malas. Seguir con la misma Constitución era continuar con el país en crisis. No olvidemos la caótica situación en que se encontraba Chile cuando se realizó el plebiscito.

Si bien la opción de la aprobación podía ser considerada riesgosa, en ese momento se levantaba como una salida prometedora. Un optimismo similar se pudo observar en el éxito de la popular “lista del pueblo” y los independientes en la elección de los constituyentes. Esto se explicaría por el incumplimiento de las expectativas por parte de la elite gobernante tradicional, lo cual dio paso a la ira y la frustración, y a perseguir alternativas políticas arriesgadas y rupturistas.

Pero ahora el escenario es distinto. Existen dos opciones: una que establece certezas (la Constitución de 2005) y otra que promete mejoras, pero también riesgos (la propuesta que está redactando la CC). El factor del contexto desempeña un papel clave en la toma de decisiones al transformar el punto de referencia y que se denomina “efecto marco”.

Lo que hemos visto hasta ahora, desde la instalación de la CC hasta sus resultados en las comisiones y en el pleno, ha significado para muchos una gran sensación de pérdida. La primera fue que las actuaciones de la CC, individuales o colectivas, no contribuyeron a responder a una de sus principales expectativas: disminuir el ambiente polarizado que se había instalado en el país.

La arriesgada apuesta de muchos era sanear al país luego del plebiscito de 2020, pero a la luz de los hechos no surtió efecto. Una serie de eventos desafortunados alimentaron esa percepción. De ahí en adelante hay varias declaraciones y acciones de muchos de sus miembros que operaron en dirección contraria a la apuesta que hizo el país. Sin embargo, este desencanto no necesariamente determinará una posición respecto al voto, puede ser un condimento, pero no necesariamente la justificación última.

Existen diferentes percepciones con respecto al plebiscito de salida que incidirían al votar. Se debe tener en consideración que cada individuo o grupo sentó un conjunto de expectativas en el trabajo de la CC. Además, vale la pena subrayar que los atajos cognitivos son importantes en esta teoría, los votantes nunca manejarán todo el articulado en todo su detalle y adoptarán una posición con base en los temas que les interesan.

Existen al menos tres posturas que pueden llevar a tomar la posición de rechazar el borrador de la Constitución y claramente puede existir una combinación de estas categorías. Primero, estarán los que observen de manera holística el borrador de la Constitución y que planteen que en este no se construyó “la casa de todos”. Este conjunto de individuos optará por mantener lo existente, aunque no le guste plenamente.

En segundo lugar, están los que vieron el proceso constituyente como una forma de poner sus temas de interés y utilizaron con entusiasmo los mecanismos de participación abiertos por la CC. No obstante, sus objetivos tal vez fueron desechados o, peor aún, la propia propuesta constitucional podría significarles más bien una amenaza. A modo de ejemplo, se pueden sentir identificados los padres de colegios subvencionados, los que defienden la propiedad individual de los ahorros previsionales, los grupos de defensa de las tradiciones rurales, los grupos que defienden la autonomía del banco central, los académicos, etc.

En definitiva, las expectativas creadas en el proceso de participación podrían terminar en la percepción de una fuerte pérdida. Pensémoslo de esta forma: ¿cuántas de las 77 iniciativas populares que alcanzaron las 15.000 firmas para ingresar a la CC, sin contar las que no pudieron acceder (2.496 publicadas), serán acogidas por el nuevo texto?

Tercero, podríamos identificar los temerosos y escépticos ante el ánimo y fuerzas que imperan dentro de la CC. Para estos, la acción más conveniente será el rechazo porque las mejoras que promete la CC no son comparables con las pérdidas. Aquí podemos mencionar a los diferentes grupos religiosos y su rechazo al aborto en defensa de sus creencias, los defensores de la idea de nación y su rechazo a la plurinacionalidad, los abogados y sus reticencias al nuevo sistema de justicia, etc.

Así pues, la decisión de las personas estará muy relacionada con su punto de referencia, y claramente el efecto marco será determinante en la definición de pérdida o ganancia. Será importante, también, la situación económica que se vislumbre y la debilidad o fortaleza del Gobierno. En otras palabras, ¿los beneficios que prometerá la nueva Constitución serán capaces de compensar la incertidumbre que abre y la percepción de pérdida?

A esto se debe agregar la posición más reformista de algunos sobre el hecho de que no será la Constitución de Pinochet (1980) la que regirá en caso de que triunfe el rechazo, sino la de Ricardo Lagos (2005), y para ello ya se están barajando posibles planes B (“efecto certidumbre”).

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Voto en el exterior: el ámbito para la innovación electoral

Leandro Querido
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Voto en el exterior: el ámbito para la innovación electoral

Los flujos migratorios son cada vez más grandes y frecuentes. En Suramérica, los países cuyos ciudadanos han migrado en mayor cantidad son Perú, Colombia y, en los últimos años, Venezuela. Guatemala, Honduras, El Salvador y México son los países de América del Norte y Centroamérica con más población migrante. En la mayoría de los casos estas personas salen en busca de mejores condiciones de vida y, al hacerlo, pierden sus derechos políticos en sus países de origen. Ante esta realidad, diferentes Estados han desarrollado iniciativas legislativas para atender este problema.

Si bien las autoridades electorales del hemisferio se han ido profesionalizando a partir de la recuperación democrática de los años ochenta con la denominada tercera ola democratizadora, no fue sino hasta el comienzo de la primera década del siglo XXI cuando la Comisión Global para la Seguridad, las Elecciones y la Democracia estableció la noción de integridad electoral. Este concepto comprende la necesidad de fortalecer el Estado de derecho, los derechos humanos y la justicia electoral, de crear normas que faciliten la competencia multipartidaria y la alternancia, y de que se establezcan instancias efectivas de control del financiamiento político.

Por otro lado, un punto crucial que se vincula al voto en el exterior es que se fomente desde los Gobiernos iniciativas de carácter inclusivo que eliminen las barreras jurídicas y políticas, visibles e invisibles, que dificulten la participación política. Y es que un Estado democrático debe ampliar derechos, no reducirlos ni eliminarlos.

Un Estado democrático no puede caer en una acción de doble exclusión donde, por un lado, se expulsa a los ciudadanos por falta de oportunidades y, por el otro, se les quita su condición de ciudadano al negarles sus derechos políticos del ejercicio al voto por migrar.

El voto en el exterior de los emigrantes es actualmente una norma de ámbito internacional y está permitido en 121 países. En América Latina, 16 países permiten esta práctica. Colombia, pionero en el voto en el exterior, amplió sus políticas electorales a partir de 1961 y desde 1991 también cuenta con una circunscripción electoral internacional. Chile, por otro lado, fue la última nación latinoamericana en adoptarlo en noviembre de 2017.

Los demás países que han implementado el voto en el exterior son México (2005), Costa Rica (2014), El Salvador (2013), Guatemala (2017), Honduras (2001), Panamá (2006), Argentina (1991), Bolivia (2006), Brasil (1965), Ecuador (2002), Paraguay (2012), Perú (1979), Nicaragua (1995), República Dominicana (1997) y Venezuela (1993), que, sin embargo, no ha actualizado el padrón electoral de los venezolanos en el extranjero en años. Uruguay y Cuba hasta ahora no han permitido constitucionalmente el voto de sus ciudadanos en el exterior.

Comentario al margen: ¿cómo imaginar las elecciones libres que algún día llegarán a Cuba, Venezuela y Nicaragua, sin una respuesta efectiva de la autoridad electoral a la realidad signada por los millones de electorales que debieron huir de esos países por causas sociales y políticas?  

Para la emisión del voto desde el extranjero se han implementado dos modalidades: presencial y remota; cada una con sus propios desafíos y riesgos. La modalidad presencial exige una comparecencia personal del votante en un espacio o sitio específico habilitado por la autoridad electoral para la emisión del sufragio. Aunque en la modalidad presencial el voto puede realizarse de forma manual o electrónica, el votante debe trasladarse a los lugares dispuestos por la autoridad electoral. De no poder hacerlo, el elector pierde su oportunidad de participar en los comicios. 

La segunda modalidad es el voto remoto o a distancia, que supone la emisión del sufragio a través de Internet o de manera postal. En el caso del voto por Internet, la accesibilidad y eficacia estaría “fuera de discusión” al ofrecer “mayores ventajas tanto para el elector como para la autoridad”, además de reducir sustancialmente los costos de distribución de material electoral y logística.

En 2017, Estonia registró un aumento sin precedentes en los niveles de participación de sus ciudadanos en el extranjero gracias a la inclusión del voto por Internet. Ese año, un 44 % del electorado votó en línea desde 145 países. Al concluir los comicios, las autoridades electorales determinaron que la participación general creció en un 40 % con respecto a las elecciones de 2015 gracias a la adopción del voto por Internet, lo que puso a la pequeña nación del Báltico como pionera en la automatización electoral.

Tanto México (2021) como Panamá (2019) cuentan en la actualidad con un sistema mixto de votación en el extranjero, conjugando las posibilidades de emitir el voto de manera presencial, postal o completamente a través de Internet. Esta última opción permitió que el voto panameño en el exterior se incrementara en un 52 % en las elecciones de 2019. Mientras tanto, en las últimas elecciones, las mexicanas y los mexicanos pudieron votar incluso por las gobernaciones de Baja California Sur, Guerrero, Querétaro y otros siete estados. Y en la Ciudad de México eligieron al diputado migrante.

En definitiva, el voto electrónico por Internet aplicado en este ámbito cumple una función reparadora de derechos y ofrece soluciones accesibles y económicas para garantizar y respetar el acceso a los derechos políticos, electorales y civiles de la población migrante.

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Oro blanco: la emergencia geopolítica del litio

Juan Agulló
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Oro blanco: la emergencia geopolítica del litio

“Llegué al salar de Uyuni, al sur de Bolivia, tras una parada de dos días en Potosí, la mítica capital de la fiebre conquistadora de la plata, a cuatro mil metros sobre el nivel del mar”. Así comienza el capítulo dedicado al litio de Oro, petróleo y aguacates, el libro con el que el periodista británico Andy Robinson pretende continuar Las venas abiertas de América Latina. Cincuenta años después de la primera edición del mítico texto de Eduardo Galeano, Robinson trata de demostrar que una docena de materias primas pueden explicar la mayor parte de las crisis, injerencias e inestabilidad que desde entonces han afectado a esta parte del mundo. El litio, en ese contexto, hace las veces de recién llegado.

Pero ¿qué es y por qué está adquiriendo tanta notoriedad?

Se trata de un metal que suele encontrarse vinculado a la sal. Procesado, tiene un enorme potencial para el aprovechamiento de las energías renovables. Sirve, más que para producir, para almacenar energía en baterías de gran capacidad y larga duración. Esas pilas son capaces de acumular energía eólica y solar, además de proporcionarle vida (y autonomía) a toda clase de aparatos electrónicos y vehículos eléctricos. Sus usos potenciales van desde lo civil hasta lo militar. Además, en tiempos de cambio climático, se trata de una alternativa real (y barata) a las energías fósiles que (como el petróleo) estaríamos abandonando.

El mercado global que regula su precio, primer detalle estratégico por subrayar, funciona en yuanes. El año pasado, su producción global creció un 21%. Simultáneamente, su cotización se ha revalorizado un 254% en los últimos cinco años y ha llegado a frisar, en marzo de 2022, los 80.000 dólares por tonelada. El petróleo, que cotiza en dólares, se revalorizó ―durante ese mismo periodo― menos de la mitad (un 108%). Hoy por hoy, una tonelada de salmuera de litio sin procesar cuesta unas 20 veces menos que el carbonato de litio ya refinado y unas 200 veces menos que el litio metálico, que es lo que se utiliza en las baterías. Último y definitivo dato: para 2040, según la Agencia Internacional de Energía (IEA), la demanda global de litio se multiplicará por 42.

¿Se comprende ahora por qué, el metal en cuestión, llama cada vez más la atención?

Una de las claves geopolíticas consiste en saber dónde están sus yacimientos. La respuesta no es necesariamente sencilla, pues la distribución del litio, tal como sucede con otras materias primas, no es uniforme. Además, antes de mencionar lugares concretos, lo primero que se debe saber es que las reservas, de nuevo como las de cualquier otro recurso natural, deben pasar por un costoso y garantista proceso de certificación técnica internacional que les permita acceder al estatus de “probadas”. En el caso del litio, como su comercialización a gran escala es reciente, todavía faltan muchas reservas por descubrir y por “probar”.

Bolivia es, hasta ahora, el país donde oficialmente hay más litio. China, país de referencia tecnológica, el que tiene una demanda más elevada y también, el que concentra más empresas productoras. Aquí en América Latina existen reservas considerables, especialmente en el punto de convergencia entre Chile, Argentina y Bolivia, aunque se sabe que también hay litio en países como Perú y Brasil. Y en México donde, si los recientes descubrimientos en la norteña Sonora acaban confirmándose, podríamos estar hablando casi de tantas reservas como en Bolivia, a menos de 300 km de Estados Unidos.

Dicho panorama, a reserva de que posteriormente vayan siendo descubiertos nuevos yacimientos en otras partes del mundo, pone a nuestra región en una posición estratégica privilegiada. Por enésima vez en la historia, América Latina parece estar bien ubicada ante un ciclo económico ascendente, vinculado a una commodity global (existen los precedentes históricos del azúcar, la plata, el café, el cacao, el oro, el guano, el caucho, etc.). Problema principal: en todos los casos citados, la dependencia política y tecnológica ha solido propiciar, simultáneamente, la exportación de materia prima y la importación de bienes manufacturados. Ese esquema reproduce el rentismo económico, la desigualdad social y la dependencia exterior.

Ahora mismo, a pesar de los avances, todavía estamos hablando de un metal que, aunque parece tener un futuro promisorio, aún no está siendo producido ni comercializado a pleno rendimiento. Elon Musk, el hombre más rico del mundo y dueño de Tesla, declaró recientemente que su empresa podría comenzar a minar y a refinar litio a gran escala. Existen precedentes: entre 1927 y 1945, el pionero automovilístico Henry Ford hizo un intento (fallido) de producir caucho, en plena Amazonia, para los neumáticos de sus automóviles.

En América Latina, por ahora, prima la diversidad de enfoques y de prácticas. Por una parte, está Bolivia donde, durante la presidencia de Evo Morales (2006-2019) se exploraron y se certificaron recursos, se reguló la explotación del litio, se creó uno de los primeros monopolios públicos del mundo y se llegó a un acuerdo con una empresa alemana para comenzar a extraer y a procesar. México, donde acaba de ser aprobada una ley que define al litio como recurso estratégico, parece compartir perspectiva. Pero ese no es el caso de todos: muchos Gobiernos ya han otorgado concesiones a consorcios privados, nacionales y extranjeros de países como China, Australia, Canadá, Japón, Estados Unidos, Corea del Sur, etc.

En el terreno práctico, la comercialización es el área donde ahora mismo hay más obstáculos: básicamente, se trata de discretas presiones del lobby de los hidrocarburos y de sutiles escaramuzas político-mercantiles orientadas hacia la toma de posiciones. Las críticas que se le han hecho a Bolivia deben ser contextualizadas en un marco como el descrito: han ido desde la “falta de experiencia” hasta una supuesta insuficiencia de las inversiones, pasando por objeciones ambientales, cuestionamientos relacionados con transporte y menciones a la debilidad estructural de la demanda internacional. En ese contexto, también debieran ser contempladas abruptas rupturas como la sucedida durante el “interinato” de Jeanine Áñez.

Pero ¿cómo dar un golpe de timón? La actual coyuntura internacional, con el cambio climático y la guerra de Ucrania como trasfondo, parece propicia: los hidrocarburos se evaporan. En ese contexto, Bolivia está promoviendo, a través de la concertación multilateral, iniciativas estratégicas más seguras. Recientemente La Paz, apoyada por la Cepal, promovió un foro virtual de alto nivel que funcionó como antesala de un congreso presencial, mucho más amplio y participativo, que debiera celebrarse antes de que acabe el año. En el aire, una idea: que se cree, como con el petróleo, un cártel de países productores de litio. ¿Se llegará a eso?

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