¿Qué frente democrático para Brasil?

Hamilton Garcia de Lima
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¿Qué frente democrático para Brasil?

El tema de los frentes políticos ha vuelto a estar en el centro de la discusión en Brasil y ha sido abordado desde diversos puntos de vista desde que la democracia comenzó a ser amenazada por el presidente Jair Bolsonaro. Sin embargo, el problema se remonta al inicio del actual periodo democrático, en particular al proceso constituyente en los años ochenta.

Uno de los enfoques aborda el problema desde la perspectiva de los liderazgos. El politólogo Sérgio Abranches, por ejemplo, piensa que existen liderazgos “que se consideran democráticos”, pero que, en el fondo, son intolerantes frente a grupos ideológicos distintos. Desde este punto de vista los frentes políticos deberían formarse sobre la base de “programas mínimos”, dejando de lado diferencias sobre cuestiones específicas e ideológicas en favor de la “contradicción principal”, que sería la disyuntiva “neofascismo versus democracia republicana”.

Otro enfoque es la invocación a la amenaza “protofascista” como un proceso de deterioro interno de la propia democracia brasileña como lo plantea el ensayista Luiz Sérgio Henriques. El remedio que presenta este autor es el del centro político como espacio “para mover a todas las fuerzas políticas y a la propia sociedad. “La piedra en el camino de esta alternativa”, como afirma el propio Henriques, es la “incertidumbre sobre el principal partido de la izquierda (Partido de los Trabajadores), su línea básica y la orientación de sus simpatizantes, que no han sido formados en la política de frentes”. Sin embargo, en su perspectiva pareciera que al PT le bastara solo con saludar simbólicamente al centro, eligiendo un vicepresidente conservador, «para calmar a los mercados».

Los problemas y desafíos de estos enfoques son reales y deben ser resueltos. No obstante, el centro político está lejos de poder ofrecer alguna alternativa en el actual contexto brasileño, perdido como está en su ortodoxia programática y en su catatonia política.

La dificultad de crear frentes democráticos programáticos

El problema de fondo se remonta al inicio del actual periodo democrático, más concretamente a la forma en que el centro político resurgió y se reinventó en los siguientes Gobiernos. Los primeros signos preocupantes aparecieron ya en el proceso constituyente (1986-1988), cuando, junto a la intensa movilización social por la nueva Constitución, surgió de las urnas una representación política despojada de los mejores cuadros políticos e intelectuales que habían impulsado esa movilización.

Las crisis que siguieron, incluida el proceso de impeachment del presidente Fernando Collor de Mellor (1992) ―cuyos crímenes quedaron impunes―, agravaron la situación e hicieron proféticas las palabras que Ulysses Guimarães, líder del MDB ―la oposición tolerada por el régimen militar― y de la resistencia contra la dictadura, dijo en 1989: «Si crees que el actual Congreso es malo, espera al siguiente».

Desde entonces, el centro de gravedad de la nueva política brasileña se ha alejado del eje del MDB hacia los partidos que se presentaban como dispuestos a realizar reformas estructurales en el país: PSDB y PT.

El punto de inflexión fue el gobierno de Itamar Franco (1992-1994), que consiguió reconstruir un frente democrático y poner fin a la importante crisis económica agravada durante el gobierno de Collor, del cual era vicepresidente. El frente político de Franco, que abarcaba desde la derecha liberal hasta la izquierda moderada (excomunistas), aunque se centraba en la urgencia de detener la hiperinflación y mantener el carácter republicano del sistema, no logró atraer al grueso de la izquierda, cuyo partido más importante, el PT, expulsó de sus filas a quienes apoyaron la nueva coalición de gobierno.

El ensayo de revitalizar la joven democracia se desvaneció en los años siguientes, a pesar del éxito del Plan Real (1994), que consiguió controlar la hiperinflación. Incluso durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) ―que había sido ministro de Economía en el gobierno de Franco― las reformas se limitaron a la liberalización, pero sin abordar el reto del desarrollo nacional en la periferia del capitalismo y, sobre todo, sin enfrentar las prácticas neopatrimoniales y antirrepublicanas de los aliados conservadores.

Los dos mandatos de Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016) ―este último también interrumpido por un impeachment―, con sus reformas asistenciales no hicieron más que agravar el problema, tal como se comprobó en los escándalos de corrupción conocidos como Mensalão y Petrolão.

En lugar de formar frentes programáticos a favor de reformas económico-sociales que afrontaran los problemas económicos y sociales más urgentes, tanto el PSDB como el PT optaron por Gobiernos apoyados, principalmente, por fuerzas políticas anacrónicas, lo que acabó impidiendo la vía de reformas que podrían haber desbloqueado el desarrollo y evitado la crisis actual.

No basta con derrotar a Bolsonaro en las urnas

La crisis que hoy consume a la democracia brasileña no se limita ni se agota en Bolsonaro, que parece más bien una marca de las limitaciones y dificultades de nuestra democracia. Basada en la dependencia interpersonal, manifiesta en la «venta de votos» y en la fragilidad financiera, impidiendo la movilidad social, la democracia se fragiliza, enredada en problemas estructurales que se expresan en la precarización del trabajo y el desmantelamiento de las cadenas productivas mediante la desmovilización de los trabajadores y el cierre de empresas.

Ninguna democracia puede sostenerse sobre esas bases. Basta ver el escenario político que hoy amenaza a las democracias occidentales víctimas de la desindustrialización, escenario agravado por la escalada inflacionaria de la pandemia de la COVID-19 y la guerra de Ucrania.

En Brasil, donde el tejido social es estructuralmente frágil, el resultado no podía ser mejor, tal como vemos con Bolsonaro y sus reiteradas amenazas de golpe de Estado. Sin embargo, es ingenuo suponer que este delicado cuadro se revertirá simplemente derrotando al actual mandatario en 2022 y volviendo a poner en el poder a la dirigencia responsable del fallido «egoísmo partidario» que llevó a Brasil al punto en que está ahora.

Fortalecer la frágil democracia brasileña exige volver a un tipo de frente democrático como el del gobierno de Franco, basado en un programa consensuado ―en lugar de una mera defensa abstracta de los principios democráticos―, única forma de superar la polarización populista, poner fin a la crisis socioeconómica y restaurar la confianza popular en el pacto constitucional de 1988.

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Actores criminales y migración 

Sebastián Cutrona
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Actores criminales y migración 

Coautor Jonathan D. Rosen

Cada año, decenas de miles de migrantes llegan a la frontera de Estados Unidos y México después de viajar cerca de 4000 kilómetros desde diferentes países de América Central. Entre 1990 y 2010, casi que se triplicó el número de inmigrantes centroamericanos en Estados Unidos y creció a un ritmo mayor que cualquier otra subregión de América Latina. Hoy los tribunales de Estados Unidos tienen cerca de 1.4 millones de casos en el sistema, entre los cuales predominan ciudadanos de los tres principales países de origen cuyo destino final es Estados Unidos: México, El Salvador y Guatemala.

El creciente número de “caravanas” migrantes hacia Estados Unidos ilustra la gran variedad de desafíos que enfrentan muchos países latinoamericanos, entre los cuales sobresalen la pobreza, las pandillas, el tráfico de drogas, la corrupción y los desastres ambientales como sequías, inundaciones y huracanes. Pero el peligro continúa incluso luego de que abandonan sus respectivos territorios. Solo en el año 2020 hubo al menos 157 muertes de migrantes en Centroamérica y la frontera que comparten Estados Unidos y México.

En este contexto, ¿qué factores afectan la decisión de miles de personas de países como México, El Salvador y Guatemala a emprender la difícil travesía hacia Estados Unidos? ¿Por qué la inmigración indocumentada continúa creciendo a pesar de sus riesgos? 

México, El Salvador y Guatemala

En nuestro artículo de investigación publicado por el International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice utilizamos datos del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (Lapop, por sus siglas en inglés) de la Universidad Vanderbilt para conocer los “factores de expulsión” más relevantes en México, Guatemala y El Salvador, los tres principales países de origen de la migración Latinoamericana hacia Estados Unidos.

La investigación revela que el perfil de las personas que buscan vivir o trabajar en otro país es consistente con los patrones generales de la migración económica a escala internacional: hombres jóvenes que tienen lazos preexistentes con inmigrantes residentes en el país de destino que consideran que los niveles salariales de su grupo familiar han empeorado.

Sin embargo, en países con altos índices de violencia criminal, los factores de expulsión económicos no explican por sí mismos el movimiento migratorio. En México, Guatemala y El Salvador, territorios con fuerte presencia de pandillas, crimen organizado y violencia, ser víctima de un delito aumenta considerablemente las probabilidades de migración. 

Las percepciones de inseguridad, especialmente en los dos países centroamericanos, también afectan la decisión de vivir en Estados Unidos. En otras palabras, tanto la victimización como el miedo al delito desempeñan un papel preponderante en el cálculo de las personas que van a emigrar en países que cuentan con organizaciones criminales como las maras o los carteles de drogas.   

Implicancias de la migración en Estados Unidos

Por otro lado, en Estados Unidos, donde los debates sobre la residencia de indocumentados ha vuelto a ganar fuerza, la política migratoria sigue siendo inapropiada para disuadir a los habitantes de países latinoamericanos con altos índices de violencia a que se decidan a emprender el viaje para buscar nuevas oportunidades. 

Iniciativas concretas como la apertura de nuevos centros de detención, la separación de niños indocumentados de sus respectivas familias, la militarización de las fronteras y los continuos intentos de poner fin a la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) pueden incluso exacerbar los problemas de seguridad existentes en América Latina y favorecer la demanda de los ciudadanos de la región para escapar de la violencia.

Considerando la naturaleza de la política migratoria estadounidense, las implicancias de nuestra investigación no son irrelevantes. Por un lado, la centralidad de la victimización y el miedo asociado al crimen sugiere que los flujos migratorios probablemente continúen a menos que la seguridad humana se convierta en una prioridad en países plagados de pandillas, crimen organizado y violencia. 

Si bien el abordaje de las dificultades económicas en las comunidades de origen resulta imperativo, la inseguridad parece tener un efecto independiente en el cálculo de emigración de los habitantes de México, El Salvador y Guatemala. 

Por otro lado, aunque resulte desalentador para las autoridades estadounidenses, la migración puede avanzar incluso si finalmente se abordan las condiciones subyacentes que favorecen el crimen o las dificultades económicas de la región. Esto, debido a que tener un amigo o familiar en Estados Unidos incrementa las probabilidades de vivir o trabajar en el extranjero. Por ello, la migración puede volverse autosuficiente, independientemente de la actuación de organizaciones criminales como las maras Salvatrucha y Barrio 18 o los carteles mexicanos como el de Sinaloa o el de Jalisco Nueva Generación.

Jonathan D. Rosen es profesor asistente del Departamento de Estudios de Seguridad de la New Jersey City University (Estados Unidos). Doctor en Estudios Internacionales, por la Universidad de Miami, y magíster en Ciencia Política, por la Universidad de Columbia. Especializado en temas del crimen organizado, pandillas, violencia y seguridad.

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Costa Rica: Chaves forma su gobierno mediante métodos privados

Enrique Gomáriz Moraga
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Costa Rica: Chaves forma su gobierno mediante métodos privados

El presidente electo en Costa Rica, Rodrigo Chaves, ha sorprendido a muchos con el fuerte cambio de talante que ha mostrado inmediatamente después de su victoria electoral. De un discurso rupturista y antisistema a otro conciliador y unitario, como el pronunciado para recibir al día siguiente al candidato derrotado, José María Figueres. Sin embargo, ese cambio de actitud no le ha impedido mostrar su visión heterodoxa respecto de la formación del gobierno y el funcionamiento de la gestión de la administración pública. Reproduciendo el modo de selección de personal de las entidades privadas y los organismos internacionales, Chaves busca conformar un gobierno más allá del sistema de partidos y sin priorizar el programa de gobierno con el que acudió a las elecciones.

La cuestión de fondo es que los planteamientos del presidente electo, hechos desde una perspectiva tecnocrática, aunque estén propuestos con toda buena voluntad, entrañan serios riesgos para el desempeño de la democracia. No se trata sólo de cambios puntuales en la normativa o la institucionalidad vigentes, sino respecto de los fundamentos conceptuales en que se basa el sistema democrático. Puede que tales planteamientos tengan que ver con una cuestión de conocimiento ya que Chaves sabe mucho más de economía que de sociología política, y no hablo de la ciencia política institucionalista, sino del enfoque que también contempla la relación entre gobernantes y gobernados, así como de la cultura cívica y política de la ciudadanía.

Al llevar este asunto a la coyuntura actual, cobra particular relevancia la cuestión de la función de los partidos en la formación del gobierno. Como se sabe, los partidos han sufrido mayor deterior en el marco de la función de intermediación comunicativa, sobre todo desde el surgimiento de las redes sociales. Pero también se ha relativizado su papel como actores políticos. De hecho, ya no están solos como agentes importantes del sistema político.

Sin embargo, la desvalorización es menor respecto de una función clásica de los partidos, que es suministrar cuadros directivos y técnicos a la administración gubernamental. Sobre todo, se les ha criticado que, al perder relevancia en otros campos, se han convertido en máquinas electorales y de provisión de personal gubernamental. En todo caso, esa función de los partidos políticos se refiere a un elemento clave en el funcionamiento del sistema democrático: el mantenimiento orgánico del llamado compromiso programático que debe existir en la médula del sistema político.

En Costa Rica, como en otros países de la región de régimen presidencialista, la legislación electoral exige a los partidos que acuden a las elecciones la presentación de un programa de gobierno. Ello no sólo refiere a la definición de su perfil programático, sino que luego constituye la base sobre la que se configurará el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno entrante. Así, el programa de gobierno del candidato elegido se proyecta como matriz fundamental de la acción de gobierno tras las elecciones. En pocas palabras, se establece de este modo un proceso normativo e institucional que busca garantizar a la ciudadanía que las promesas electorales no se las lleve el viento.

El presidente está en su derecho en afirmar que para elegir sus ministros no les preguntará a qué partido han votado. Pero sí debería hacerles una pregunta sencilla: ¿conoce usted el programa de gobierno con el que me presenté a las elecciones? Porque eso constituye la base sobre la que el gobierno de Chaves debe actuar en las diversas áreas del desempeño gubernamental. En caso contrario, el presidente electo estaría engañando a las personas que lo eligieron y al conjunto del país. De igual forma, cuando el presidente electo asegura que constituirá su gobierno libre de ataduras y compromisos adquiridos, está diciendo una media verdad. Tiene un compromiso inapelable con su programa de gobierno y con la promesa de llevarlo a la práctica.

En ese contexto, la función de los partidos es múltiple. Ante todo, significa la encarnación en personas y mecanismos orgánicos del programa de gobierno presentado. Es la garantía de que la propuesta electoral no es incorpórea ni unipersonal. Por un lado, presupone que el programa de gobierno no sea producto de ocurrencias unilaterales, sino que sea el resultado de un proceso colectivo encarnado en estructuras orgánicas.

Además, el partido encarna una determinada propuesta ideológica que debe ofrecer a los electores la referencia general de cuál será la orientación del gobierno. En el caso del programa de Chaves se indica que se inscribe en “la socialdemocracia moderna”. Y no importa si es difícil precisar qué significa esa adscripción, lo importante es que muestra unas señas de identidad que la ciudadanía puede reconocer. La explicitación del perfil partidario otorga algo fundamental para el funcionamiento de la democracia: facilita la posibilidad de elegir.

El candidato Chaves insistió en su campaña que los partidos tradicionales se habían convertido en tramas políticas y familiares, faltos de democracia interna y proclives a la corrupción. Y no le faltaba razón. Pero un partido sin esas lacras, compuesto por personas que comparten un conjunto de ideas políticas y programáticas, representa el espacio ideal para suministrar de jerarquías y cuadros la administración pública.

Escoger altos cargos desde el propio partido político que ha ganado las elecciones supone aprovechar un espacio de confianza y seguridad acerca del cumplimiento del programa de gobierno. Desde luego, ello no debe ser obstáculo para elegir a otras personas que no son del partido, si se demuestra que tienen mayor competencia. Pero la fórmula de buscar la excelencia fuera de la comunidad de ideas partidaria y al margen del compromiso programático, usando métodos de selección de personal de las entidades privadas, aunque parezca una buena solución tecnocrática (que podría ser imitada en el resto de la región), puede generar inestabilidad y disrupciones innecesarias, como sucede en los países donde los partidos son efímeros.

El saneamiento de los partidos es necesario. Pero ello debe conducir a una reforma del sistema de partidos y no a su eliminación. No sólo porque los partidos son actores políticos fundamentales según la Constitución, sino porque, aunque ya no estén solos, representan la garantía de derechos fundamentales como el de asociación que en el fondo suponen la protección de la democracia pluralista.

De esta forma, lejos de tener a gala la falta de solidez partidaria, el presidente electo debería plantear al país una propuesta para sanear los partidos políticos y reconfigurar el sistema de partidos y representaciones políticas. Los partidos no son solo la encarnación orgánica y humana del compromiso programático, sino que representan la posibilidad de que una propuesta de gobierno se proyecte en el tiempo.

El presidente electo debería ser consciente de que tiene por delante un conjunto de reformas y acciones de orden sociopolítico, entre las que se encuentra robustecer un sistema de partidos que fortalezca la democracia pluralista costarricense. Mas bien, debería aprovechar la oportunidad para consolidar el Partido Progreso Social Democrático como robusta organización política, que permita el mantenimiento de sus propuestas de gobierno, más allá de los próximos cuatro años, que, como debería saber, van a pasar volando.

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El liderazgo efímero

Manuel Alcántara
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El liderazgo efímero

El ritmo con el que la actividad política suele devorar a quienes se dedican a ella es un asunto sobre el que se tienen menos datos de los que se debería. Si bien la atención tiende a centrarse en quienes ocupan los cargos de mayor prominencia, el hecho de que miles de personas dedicadas a la política sean objeto de poca atención contribuye a no tener una sólida idea de la duración de una carrera política ni de sus características. 

Pocas veces, sin embargo, el acontecer permite reflexionar sobre el asunto para articular una pequeña agenda de investigación. Lo sucedido en España en los últimos dos años y medio en el seno del liderazgo de tres formaciones estatales que ocupan la derecha, el centro y la izquierda del espectro político genera cierto interés al respecto y puede servir de guía orientadora para entender la política actual en América Latina, donde no es difícil encontrar casos similares.

Se trata de tres hombres nacidos en un lapso de tres años en Madrid, Barcelona y Palencia, con estudios universitarios de derecho y de ciencia política. Dos de ellos llegaron a la política profesional con la misma edad de 26 años, y el tercero con 36 años, aunque su activismo político en el ámbito de la comunicación y de la consultoría se empezó a desarrollar una década antes. 

Mientras que dos de ellos comenzaron su andadura en el marco autonómico, el otro lo hizo en el europeo; coincidieron en las Cortes, alcanzaron el liderazgo de sus respectivas formaciones a una edad también muy similar y, a su vez, dejaron la política entre noviembre de 2019 y abril de 2022, pero ninguno llegó a alcanzar los 43 años. 

En su vida personal, fueron padres, uno de tres hijos y dos de dos hijos. La salida de la política, para quienes no tenían un trabajo fijo previo, les ha permitido desplegar su capital político acumulado para volver a desempeñarse profesionalmente en el terreno de la comunicación y de la investigación o para trabajar menos de dos años en un bufete de abogados con magros resultados profesionales.

Pablo Iglesias Turrión (Madrid, 1978), fundador y líder de Podemos, es abogado y politólogo, y tiene un doctorado. Fue profesor contratado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid entre 2003 y 2014, y se dedicó al mismo tiempo a labores de comunicación (TV y prensa) y de asesoría. Fue eurodiputado durante un año a partir de 2014 cuando entró formalmente en la arena política, y diputado en el Parlamento español entre 2015 y 2021. Dejó la política en mayo de este último año tras obtener unos resultados electorales insatisfactorios en las elecciones autonómicas de Madrid a las que se había presentado dimitiendo de una de las vicepresidencias del Gobierno de España. 

Albert Rivera (Barcelona, 1979), fundador y líder de Ciudadanos, es abogado y trabajó en una institución financiera (La Caixa) entre 2002 y 2006. Fue diputado en el Parlamento de Cataluña entre 2006 y 2015 y en las Cortes entre 2015 y 2019. Dejó la política en noviembre de ese año tras el fracaso electoral de su partido. 

Pablo Casado (Palencia, 1981) es abogado y fue diputado en la Asamblea de Madrid entre 2007 y 2009. Ejerció un cargo de confianza entre 2009 y 2011 y fue diputado en las Cortes desde 2011 hasta 2022. Fue líder nacional del Partido Popular durante 32 meses y dejó la política en abril de 2022 como consecuencia de una crisis interna en su partido.

Tres personajes que, tras una carrera política de quince años de promedio dejaron de tener la notable influencia que gozaron en una etapa de la política española que se gestó en la crisis financiera de 2007. La profesionalización política de los tres fue consecuencia directa de la crisis, y sus carreras culminaron con la turbulencia acarreada por la pandemia de la COVID-19. Países latinoamericanos también pueden mostrar escenarios no muy diferentes.

Así, es posible que Chile se encuentre hoy en una andadura similar como consecuencia de la renovación política que ha habido en el país tras las últimas elecciones a finales de 2021 con las que, en cierta medida, se terminaba un proceso que había empezado diez años antes. El cambio se ha producido en distintos ámbitos ideológicos del espectro político, pero si se observa el terreno gubernamental, Camila Vallejo, la actual ministra secretaria general de Gobierno y quien está a punto de cumplir 34 años, ofrece pistas interesantes. 

En unas declaraciones recientes que hizo al periódico La Tercera con respecto al grupo generacional en el que se encuentra, la política señalaba lo siguiente: “Una de las cosas más importantes que tenemos, como experiencia política, es que nosotros nos formamos en la lucha callejera estudiantil”. 

En una dimensión ideológica opuesta, en la vecina Argentina, Javier Milei, economista provocador, comunicador y analista, alza su voz mesiánica desde el Congreso nacional al que fue electo como diputado en 2021 y prepara su individual asalto a la Casa Rosada para 2023. Apenas tiene más bagaje que su febril credo libertario, la confrontación con la casta en el poder y la búsqueda de una sintonía electoral en un país fuertemente golpeado por su mala situación económica y su desesperante clima de desigualdad social.

Liderazgos al albur de la coyuntura, de la fortuna y de la época líquida en que se insertan.

Una amenaza se cierne sobre las elecciones presidenciales de Brasil

João Roberto Lopes
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Una amenaza se cierne sobre las elecciones presidenciales de Brasil

La polarización electoral en Brasil, que ya se preveía desde la anulación de las condenas del ex presidente Lula, no sólo se confirma, sino que proyecta una elección presidencial plebiscitaria, ya en primera vuelta. No sólo la supuesta «tercera vía» se convierte en humo, sino que la polarización política tiende a profundizarse, como nunca antes en la historia de este país. Si uno lamenta lo mucho que la polarización rebaja el debate político-programático, no puede perder de vista lo inevitable que es, en la coyuntura actual.

En este escenario, una probable segunda vuelta entre Lula y Bolsonaro difícilmente se desarrollará dentro de la normalidad democrática. Ya sabemos qué esperar de Bolsonaro. Además del «todo vale» de su campaña de 2018, ahora tiene el control de la maquinaria civil y militar. No por casualidad, Bolsonaro viene oscilando positivamente en las encuestas, aún sin amenazar la ventaja de Lula en la carrera electoral. Pero hay que recordar que la campaña electoral aún no ha empezado de verdad – oficialmente, sólo en agosto.

En la mente de Bolsonaro, llegar a una segunda vuelta con Lula es la oportunidad de conflagrar el país. Si llega a perder en la votación, es muy probable que opte por crear un ambiente de desestabilización política y evitar de alguna manera que su oponente asuma el cargo. Aunque hay un desfase entre la voluntad y la capacidad golpista de Bolsonaro, no hay que subestimar su atractivo popular, ni sus vínculos con el ultraconservadurismo internacional y la oligarquía financiera nacional y extranjera.

Todos aquellos que, independientemente de su afiliación partidista, consideran inaceptable e impensable la continuidad de Bolsonaro, deben tener en cuenta el enorme riesgo de llevar la elección a una segunda vuelta. Una victoria de Lula, ya en la primera vuelta, representaría un rotundo rechazo al gobierno, reduciendo las posibilidades de reacción de Bolsonaro y sus partidarios. Ciertamente, no es una tarea fácil. Ha habido segundas vueltas en las últimas cinco elecciones presidenciales.

No se trata de un argumento retórico con la intención de chantajear la conciencia de los votantes, porque ya nos hemos posicionado, en otra ocasión, de forma crítica a la candidatura Lula-Alckmin. Este es, por desgracia, un escenario muy probable, por todo lo que hemos presenciado desde el Golpe de Estado de 2016, coronado por el actual gobierno neofascista.

Tampoco se trata de cuestionar las opciones electorales legítimas en candidaturas que, como la de Lula, se presentan como oposición, como en los casos del PDT, UP, PCB y PSTU. En un entorno de «normalidad» democrática, las dos rondas de votaciones pretenden precisamente favorecer, en el caso de las posiciones mayoritarias, la disputa entre varios proyectos políticos, en la primera ronda; y la formación de una mayoría sólida, en la segunda, cuando los proyectos opuestos se disputan los votos. Sin embargo, la inevitable polarización convertirá la primera vuelta en un plebiscito, en el que se pondrá a prueba la aprobación o desaprobación del gobierno de Bolsonaro.

La candidatura de Lula es, de hecho, la única capaz de hacer frente electoralmente a la de Bolsonaro. Si Bolsonaro tiene su 20% de votantes fieles, Lula tiene su base histórica del 30%. Más que componer un frente partidario de izquierda o democrático en torno a la candidatura de Lula, la importancia de una victoria en la primera vuelta exige una campaña que movilice las calles y, principalmente, a la juventud. El reciente llamamiento hecho por los artistas para que la población joven, entre 16 y 18 años, cuyo voto es opcional, saque la tarjeta electoral es un ejemplo concreto de lo que se puede hacer en términos de movilización. La preferencia por Lula entre los jóvenes, entre 16 y 24 años, supera el 50%.

Campaña de movimiento

Es necesaria una movilización que haga resonar, desde los cuatro rincones del país, un no rotundo a todo lo que encarna Bolsonaro, como «capataz» de las oligarquías financieras. Como responsable directo de los miles de muertes evitables en la pandemia; de volver a poner a Brasil en el mapa del hambre; del desmantelamiento de la educación pública y de la investigación; del desprecio a la cultura; de la institucionalización de la mentira, vía fake news y del ocultamiento de una corrupción descarada que dice estar en contra de la «vieja política»; por la exaltación de los milicianos, la tortura y los torturadores; por la difusión de la intolerancia religiosa, la LGTBfobia y el racismo; por el aumento de las tarifas de los combustibles, los alimentos y los servicios públicos; y por el incremento del desempleo y la precariedad laboral.

Esta será una campaña que, efectivamente, tendrá que ganar las calles y no abandonarlas. En 2018, el sector progresista se echó a la calle en la segunda vuelta, en lo que se conoció como el movimiento de los «volteadores de votos». Dicho movimiento consiguió, de hecho, hacer crecer la candidatura de Haddad en la recta final. La gente salió a la calle dispuesta a escuchar a la población sobre sus preferencias y motivaciones, buscando exponer las diferencias entre las candidaturas.

Pues bien, ahora necesitamos algo parecido, ¡ya! Pero, no nos equivoquemos, la movilización no sólo se producirá por la negación, por el anti-Bolsonaro. También depende de un horizonte, de una agenda que aglutine y articule las insatisfacciones contra el ultraliberalismo del actual gobierno.

Una agenda que incluye, por ejemplo, la revisión de las privatizaciones, el techo de gastos, la reforma laboral, la autonomía del banco central; y a favor de la reforma agraria, los derechos de los pueblos indígenas, el fortalecimiento del SUS, la reducción de los precios de los combustibles, la tributación de la riqueza, la democratización del dinero a través de los bancos populares y las monedas sociales.

No se trata de esperar al calor de los acontecimientos de una segunda vuelta. Nos toca volcar este calor a nuestro favor, cerrando filas contra el bolsonarismo. Y si Lula no gana en la primera vuelta, permanezcamos, entonces, movilizados en las calles, incluso para defender, si es necesario, la legalidad de la elección, la condición más básica de una democracia.

Esta no será una campaña electoral más. Estamos viviendo un momento singular y decisivo en nuestra débil trayectoria democrática y todos somos responsables de su curso. Es más que una elección. Se trata de la posibilidad de seguir luchando para mejorar la vida de la mayoría de la población, sometida diariamente a la violencia y a los altos precios.

A pesar de la importancia de Lula y del PT para la democracia brasileña, la tarea inmediata es mayor y se impone a cualquier proyecto político-partidista. Se trata de enfrentarnos a nuestro pasado reciente y estar preparados para evitar que el tumor fascista se extienda como una metástasis en la vida nacional.

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Abriendo la matrioska de la desigualdad de género

Fabián Echegaray
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Abriendo la matrioska de la desigualdad de género

Pocas agendas de un modelo progresista generan tantas ramificaciones, mutaciones y contradicciones como las que apuntan a alcanzar la igualdad social y económica entre los sexos. Si bien algunas iniciativas se asientan en decisiones relativamente simples y directas, como establecer cupos femeninos en liderazgos corporativos y candidaturas políticas o castigos a las organizaciones que violen la isonomía salarial entre sexos por cargos con igual responsabilidad y desempeño, estos casos tienen un impacto social limitado (aunque sumamente inspiracional), ya que afectan a una minoría del universo femenino. Cabe inclusive preguntarse si esos avances de nicho no alimentan ―perversamente― una percepción de mejora generalizada, capaz de anestesiar la ambición por logros en campos más significativos de la batalla igualitaria. 

Un estudio de la consultora Market Analysis, junto con la red mundial de encuestadoras WIN, revela que para poco más del 45% de las 33 230 personas que fueron entrevistadas en 39 países, las mujeres tienen aún menos oportunidades que los hombres en su carrera y trabajo. Entre los latinoamericanos, esa percepción es más acentuada aún, llegando al 53%, solo que, si concentramos la atención en lo que piensan las mujeres del mayor mercado laboral de la región, es decir, Brasil, esa percepción de desigualdad asciende hasta el fenomenal 75%.

Algo parecido ocurre cuando nos enfocamos en los resultados de las luchas igualitarias. Con relación hasta qué punto la equidad de género se ha materializado en su sociedad, un 18% de los adultos de la encuesta mundial declaran que sí ocurrió definitivamente. Sin embargo, en Argentina, Brasil, México, Perú, Colombia y Chile, esos porcentajes mal llegan a la mitad: 9%. Si ponemos la lupa solo en lo que piensan las mujeres, ni siquiera llegamos al 8%. ¿Podemos imaginar progresos concretos y de amplia escala, rumbo hacia la igualdad de las mayorías femeninas, cuando es tan difundida la sensación de desventaja?

Tal como decíamos, avances institucionales como los cupos o sanciones por tratamiento desigual entre géneros son buenos porque establecen un principio o regla de juego capaz de ordenar e inspirar otras esferas, pero nos hacen correr el riesgo de no ver las camadas internas de condicionamientos a gran escala de la población femenina que ―como matrioskas― esconden la verdadera substancia de origen de las inequidades.

Uno de los cuellos de botella de las luchas igualitarias que interpela normas sociales adversas a la equidad (y que ―por lo tanto― alberga una camada aún más nuclear de problemas) está relacionado con la distribución de responsabilidades entre madres y padres cuando un nuevo ser llega al hogar. Ni todas las mujeres con hijos están en el mercado de trabajo, y ―en América Latina― menos de la mitad de las que están son protegidas por las leyes laborales del empleo formal.

Estas consideraciones sobre obstáculos para la igualación entre géneros fueron potencializadas por la pandemia de la COVID-19 que no solo marginó a las mujeres del mundo del trabajo en una proporción infinitamente mayor que los hombres, sino que también las obligó a siquiera estar disponibles para el ámbito profesional al recaer sobre ellas las responsabilidades no remuneradas de cuidado, mantenimiento del hogar, gestión de las tareas, y del espacio doméstico en residencias que ―súbitamente― se convirtieron en centros multitareas: escuelas, oficinas, restaurantes, gimnasios, salón de juegos y esparcimiento, lounges de sociabilidad.

Uno de los abordajes más objetivos y también más ignorados para concretizar esa valorización ocurre a través de la implementación y ampliación efectiva de las licencias de maternidad y paternidad, la promoción y naturalización de la paternidad activa o responsable y una redefinición de los patrones sobre cómo deberían comportarse individuos y organizaciones frente a las futuras madres.

Estudios recientes confirman la manutención de la llamada penalidad materna: casi la mitad de las brasileñas que se adhirieron a la licencia por maternidad caen en el desempleo a los 24 meses de su parto. Lejos de los parámetros europeos, enmarcados en el modelo de estado de bienestar y estimulados por poblaciones declinantes y presión del sistema de seguro social, los países de América Latina adoptan licencias maternas cortas, en su mayoría de 12 a 14 semanas.

Brasil, Chile y Colombia lideran la situación con cerca de 18 semanas. Alternativas promotoras de la igualdad de género, como la licencia paterna, no están en el radar de la población general y esas licencias paternas se caracterizan por su brevedad (apenas 5 días). Más aún, estimulados a pensar en un formato de responsabilidades compartidas donde los padres puedan asumir un tiempo mayor con sus hijos o ampliar ese beneficio de más tiempo exclusivamente a las madres, los datos del estudio Market Analysis revelan una nítida brecha de intenciones, en la que los papás apoyan fuertemente el favorecimiento de licencias para las madres, de modo que aumenten su dedicación, pero ellos mismos se oponen a involucrarse mediante el apoyo a una licencia paterna más ambiciosa.

El mismo estudio muestra que no se trata tan solo de oportunismo: existe una autopercepción de impotencia paterna en la creación de los hijos mucho más acentuada entre los papás que las mamás, así como también subsiste una lectura tradicionalista del lugar de la mujer con hijos alrededor de la vida familiar y maternal antes que profesional, visión que ―cabe decir― es mucho más endosada por los hombres que las mujeres.

Esos contextos actitudinales son un verdadero desafío para cerrar las brechas de género, acentuadas por la llegada de la maternidad. Es allí donde pueden hacer la diferencia la acción conjunta de organizaciones no gubernamentales, las instituciones políticas y estatales (legislando o supervisando el cumplimiento de las licencias) y las empresas (facilitando y ampliando licencias de maternidad y paternidad) mediante la pavimentación del camino hacia la igualación de oportunidades y resultados.

Como en un ensamble de matrioskas, al final de las capas más superficiales del igualitarismo de género, relativas a equiparaciones reguladas sobre salarios, oportunidades formales y selección de liderazgos, encontramos la estatuilla de cuánto la maternidad es un capital o un obstáculo para una sociedad que busca igualar los sexos.

En la medida en que la mujer es forzada a vivir la maternidad en términos que la condicionan como una penalidad a su vida profesional, el resto del edificio de la equidad de género se construye sobre pilares flojos. La última pieza de la matrioska, rumbo a cristalizar una mayor igualdad, exige un consenso no solo entre los actores organizados de la sociedad, sino también un esfuerzo para aproximar visiones de mundo, aún tensas entre los hombres y mujeres de nuestra región.

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La crisis de Ucrania como oportunidad para al diálogo interamericano

Esteban Caballero
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La crisis de Ucrania como oportunidad para al diálogo interamericano

La invasión rusa de Ucrania ha generado un reacomodo de las relaciones internacionales y un agravamiento de las animosidades preexistentes entre los grandes bloques del Norte. El Sur global, en cambio, ha permanecido relativamente distante de la creciente polarización, y en esa línea se ha posicionado, en general, América Latina. Sin embargo y a pesar de las distancias, las reverberaciones de la crisis son tan masivas que es imposible no hacerse la pregunta respecto al impacto que tendrá la crisis en la región.

Una de las preguntas más relevantes es aquella que indaga sobre el modo en el que el “retorno de la geopolítica” y el “fin de la globalización” podrían impactar en las relaciones interamericanas. Más específicamente, si  la actual afectación de las  cadenas de suministros compuestas de nodos de producción y distribución desperdigadas por el mundo, llevará a un reacomodo del dialogo interamericano.

Esta pregunta no es nueva. Ya con la pandemia había resurgido la idea de que la autosuficiencia podría no ser tan descabellada dadas las dificultades para conseguir insumos sanitarios. Y hoy, esa preocupación reaparece bajo la fórmula de la desconfianza en las cadenas de suministros cuyos nodos de producción y distribución se ubican en “países enemigos”.

El resurgimiento de los “espacios regionales”

Es a raíz de esta problemática que en el escenario internacional se ha visto reflotar la importancia de los “espacios regionales” basados en una mancomunidad de ideas, postulados políticos y hasta cierto punto rasgos culturales comunes. Todo ello como condición para una mayor y mejor integración económica. Una manifestación de esta inquietud salió a relucir en la reciente visita de Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, a Argentina, donde ambos mandatarios se pronunciaron en favor de una reconstrucción del espacio regional latinoamericano, aludiendo a sus diferencias políticas específicas, pero sobre todo enfatizando los puntos comunes.

Lastimosamente, en el caso latinoamericano ese “espacio regional” se encuentra muy deteriorado, y se requerirá un gran esfuerzo para reconstruir la narrativa de la integración. Más aún si a dichos propósitos se le agrega la ambición de reavivar el diálogo interamericano, tomando en consideración que está en plena marcha el proceso de convocatoria a la IX Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Los Ángeles, EE. UU. en junio 2022.  

La Cumbre ya tiene una agenda bien definida, propicia para repensar las relaciones con el Norte, pues se convoca para “construir un futuro sostenible, resiliente y equitativo”. La cuestión es que el contexto político en el que se produzca el encuentro se dé un cambio de tono. Para ello, nos parece, hay algunos deberes a ser cumplidos por  parte y parte.

En el caso de la administración Biden ha llegado el momento de reinterpretar el significado de aquel   “estar de vuelta” después del caos trumpiano que proclamó la administración al asumir las riendas del gobierno. Hasta ahora, ese retorno ha estado dirigido fundamentalmente a reparar las relaciones con los socios del eje atlántico norte y el pacífico. Basado en una noción del orden internacional liberal tradicional, que otorga primacía a los países desarrollados. Su visión de cómo articular el Sur, y sobre todo el eje hemisférico occidental, no ha tenido las mismas luces.

La idea sería que esta visión de la administración Biden cambie e incluya una mirada distinta al Sur. Una en la que el espacio hemisférico occidental se fortalezca y reconsidere el tema de la integración, dada la crisis en la cadena de suministros y el retorno de la geopolítica. Un cambio que implique un enfoque diferente en las relaciones interamericanas con una aproximación más empática con respecto a las prioridades de los países de la región.

Historicamente, los temas de la agenda interamericana se basan en un listado pergeñado por el Norte, en base al análisis que sus órganos de gobierno hacen de la realidad latinoamericana. Sin embargo, esta nueva visión debería integrar los intereses de los gobiernos y organizaciones de la sociedad civil latinoamericana, mediante una nueva forma de escucha activa.

De parte de América Latina y el Caribe, evidentemente no se puede esperar una voz unívoca, pues al diálogo interamericano concurre una gran diversidad de países, incluyendo a los caribeños de habla inglesa, holandesa y francesa. Sin embargo, hay dos puntos que convendría resaltar. Uno es que se ponga en perspectiva la gran influencia de China, resguardando las relaciones con la potencia asiático, de manera que se valore en su justa medida las relaciones comerciales y las inversiones, pero, por otro lado, la región debería pronunciarse con claridad y en bloque en referencia a los principios democráticos, los derechos humanos y el respeto a las libertades.

Sobre este último punto convendría cambiar la manera en que la región se aproxima a la idea del orden internacional liberal, viéndolo menos como una suerte de pseudónimo de la globalización neoliberal y más como el tipo de orden multilateral que mejores condiciones ofrece para resguardar la democracia, siendo éste, un activo más deseable que las alternativas ofrecidas por la realpolitik de las potencias con rasgos autoritarios.

Por mucho tiempo, en el diálogo interamericano se ha dado como una suerte de “autoexclusión” de los propios países de la región. Como si los voceros del orden liberal internacional fuese solamente las democracias liberales del Norte, cuando, comparativamente hablando, y a partir de la tercera ola de democratización de fines del siglo pasado, la región tiene, de hecho, buenas credenciales para abogar por unas relaciones internacionales basadas en dichos principios y desde la perspectiva del Sur global.

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Volver a Bretton Woods

Juan E. Notaro
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Volver a Bretton Woods

Los acuerdos de Bretton Woods, que rigieron el funcionamiento del sistema financiero mundial durante más de tres décadas y sentaron las bases para el nacimiento y expansión de los bancos de desarrollo ocurrió en un momento crítico para la humanidad.

Era 1944 y el planeta estaba aún en plena Segunda Guerra Mundial, la cual derivó de los grandes temas que no se resolvieron durante la primera, y los coletazos de la Gran Depresión aún se hacían sentir casi tres lustros más tarde.

Además, comenzaban a configurarse los polos de poder y las dinámicas geopolíticas que determinarían el rumbo de la humanidad durante los siguientes 45 años. Se necesitaba un sistema que estuviera por encima de esas diferencias.

Por eso, representantes de 44 países se reunieron entre el primero y el 22 de julio de ese año en la localidad de Bretton Woods (New Hampshire, EEUU) con el propósito de sentar las bases de una cooperación internacional que garantizara el crecimiento y la cooperación entre las naciones participantes.

El sistema tuvo sus fallas y fue objeto de severas y muy fundamentadas críticas por parte de académicos y gobiernos. Sin embargo, más de 190 naciones siguen formando parte de las dos principales instituciones derivadas del acuerdo: el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

El mundo vive hoy un nuevo “momento Bretton Woods”. El desafío del cambio climático, la pandemia de Covid-19 y su severo impacto económico, y el reajuste del tablero político global que ya comenzó con la guerra en Ucrania nos ponen en un lugar parecido, pero con algunas ventajas.

La necesidad de redefinir las reglas del sistema financiero mundial para hacerlo más justo, sostenible y transparente, se manifestó con fuerza durante la crisis de 2008 y el posterior rescate de las instituciones afectadas. Y aunque a raíz de esa crisis hubo algunos avances en el marco regulatorio y en ciertas leyes, los desafíos que enfrentamos de cara al futuro requieren de mucho más.

De aquella conferencia surgió el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (que después pasó a formar parte del Banco Mundial). El objetivo de la institución, claramente establecido en el nombre, no dejaba lugar a dudas sobre su propósito.

El resto de la banca de desarrollo global tal como la conocemos tuvo su germen en ese cónclave y las instituciones que nacieron en él. Algunos bancos de desarrollo surgieron como satélites de esa influencia, y otros por la razón opuesta: para distanciarse de Estados Unidos.

Decía antes que, a pesar de la complicada situación que enfrentamos hoy, la coyuntura actual tiene algunas ventajas. Una de ellas es, precisamente una amplia red global de bancos de desarrollo conformada por más de 500 instituciones de todo tipo. Otra de las ventajas, es que prácticamente todas las naciones del mundo siguen integrando las instituciones que surgieron de Bretton Woods y participan de distintos organismos multilaterales.

Los bancos de desarrollo han pasado a ser, además de instituciones financieras, verdaderos repositorios de conocimiento y experiencias para hacer frente a los desafíos de desarrollo a toda escala. También se han alineado con otras prioridades mundiales: cambio climático, derechos humanos e igualdad de género, por poner algunos ejemplos.

Y conscientes de su capacidad, y sobre todo de su papel en el complejo panorama actual, han comenzado a dar respuesta coordinada a algunos de estos problemas. El evento Finance in Common, la primera cumbre mundial de bancos públicos de desarrollo que se llevó a cabo en París en 2020, es un ejemplo de ello.

En la circunstancia actual, al igual que hace 78 años, el mundo está en una encrucijada que requiere acciones coordinadas, instituciones ágiles y fuertes, mecanismos de cooperación que estén por encima de las ideologías y las coyunturas políticas. Mi llamado no es a revivir aquel sistema, sino a invocar el espíritu de aquella conferencia, en la que se intentaron forjar mecanismos de colaboración entre los países y de enfrentar de forma organizada los desafíos de la época.

Ese es el desafío. Y estoy convencido de que los bancos de desarrollo tienen un papel vital en financiar y proveer el conocimiento que necesitamos para salir de las crisis actuales. Es hora de volver a convocar el espíritu de Bretton Woods.

Un balance del Acuerdo de Paz de cara a la primera vuelta electoral en Colombia

Porfirio Cardona-Restrepo
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Un balance del Acuerdo de Paz de cara a la primera vuelta electoral en Colombia

El 29 de mayo será la primera vuelta de las elecciones presidenciales donde el tema de “la paz”, que ha ocupado la atención durante los últimos 24 años en el debate político electoral desde el gobierno de Andrés Pastrana, ya no es el protagonista. La campaña actual está centrada en temas como la corrupción, la reforma tributaria, la migración, la seguridad, el desempleo o la reforma del sistema de pensiones. A esto se suman los estragos ocasionados por la pandemia, el aumento de la inflación en marzo (8,53%) como consecuencia de la Guerra de Ucrania y los más de 21 millones de colombianos en situación de pobreza. Este escenario vaticina que el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de Paz de mediano plazo (2020-2022) será un desafío para el gobierno que asuma el 7 de agosto, independientemente de su ideología política.

Mayor protagonismo de la paz a pesar de la pandemia y la protesta social

Desde la llegada de la pandemia se ha ralentizado la implementación del Acuerdo de Paz porque el Gobierno Nacional y los gobiernos locales han dedicado mayor atención institucional y esfuerzo fiscal para atender las demandas sanitarias. A su vez, las medidas restrictivas, especialmente a la movilidad y distanciamiento social, han dificultado el avance de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET- y de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición -CEV-.

Durante la implementación de los acuerdos el país ha vivido, además, movilizaciones en contra de las políticas del gobierno de Iván Duque que han tenido como punto central las manifestaciones del denominado Paro Nacional. Si bien estas tuvieron como principal reclamo el retiro del proyecto de reforma tributaria, incluyeron igualmente reclamos como la gratuidad en la educación superior pública, la protección efectiva a los líderes y lideresas sociales, la implementación del acuerdo de paz o las reformas a la salud y al sistema pensional.

A su vez, la pandemia ha sido un contexto propicio para el fortalecimiento de grupos armados fuera de la ley debido a una menor presencia de la Fuerza Pública en los territorios para atender la pandemia y por la desmovilización de las FARC-EP. Esto permitió que las agrupaciones criminales aceleraran los procesos de apropiación de la tierra, producción de narcóticos, generación de renta ilícita, reclutamiento de menores e inseguridad de excombatientes, entre otros crímenes.

Los avances del Acuerdo de Paz

El Instituto Kroc es el responsable de monitorear y verificar en tiempo real las 578 disposiciones del Acuerdo mediante la Iniciativa Barómetro de la Matriz del Acuerdo de Paz (PAM), con base en el Plan Marco de Implementación -PMI- donde el Gobierno establece tres periodos para la medición: corto (2017-2019), mediano (2020-2022) y largo plazo (2023-2031).

El periodo de corto plazo, enfatizó sobre el cese al fuego definitivo, la dejación de armas, la preparación del diseño institucional de la paz, la creación de planes y programas, entre otros temas. Fue relativamente ágil, pero con bajos porcentajes en el desarrollo rural ya que la presión ejercida por la escalada de grupos ilegales marcaría un escenario complejo para el cumplimiento de los indicadores. Por otro lado, el periodo de mediano plazo coincidió con la llegada de la pandemia, el inicio de periodo de los gobiernos locales y cuando los planes de desarrollo estaban en su etapa de diseño.

En estos cinco años, el Gobierno de Duque se ha centrado particularmente en la reincorporación de excombatientes, mientras las cuestiones trascendentales como la reforma rural, las oportunidades de desarrollo en las comunidades vulnerables, la justicia transicional, la participación política y sustitución de cultivos ilícitos, se siguen posponiendo. En este marco, los aspectos más preocupantes son el aumento de la fuerza de los grupos al margen de la ley con su expansión en el control territorial y la violencia contra los excombatientes y líderes sociales que ha dejado 299 y 1270 muertos respectivamente.

Por otro lado, se destaca el abandono de las armas, la creación del partido Comunes y los escaños en el Congreso en representación de las víctimas. Según el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), tras la firma del Acuerdo de Paz ha habido una disminución del 95% de los indicadores de desaparición forzada, ejecuciones sumarias, falsos positivos, secuestro y tortura. Los12.350 desmovilizados que están cumpliendo con el proceso, son muestra de las bondades de resolver los conflictos por la vía del diálogo.

Sin embargo, es necesario un mayor esfuerzo para cumplir con las solicitudes de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, el cual además cuenta con un subregistro en la consolidación del universo total debido a deficiencias y de acceso a la información. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas -UBPD- reporta un dato provisional de 98.820 registros con corte a junio de 2021.

En conclusión, un paso relevante en materia de reconciliación es conocer la verdad de los hechos. Al 1 de abril de 2022, se han sometido según la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- un total de 13.381 personas, de las cuales 9.825 son de las FARC-EP, 3.393 miembros de la Fuerza Pública y 151 agentes del Estado. Además,12 manifestantes de la protesta social han sido incluidos en esta lista. Esta es una cifra significativa y cada vez más personas se comprometen para aportar al esclarecimiento de hechos victimizantes.

Simultáneamente con la JEP, el informe final que entregará en junio de este año la Comisión de la Verdad (CEV), como mecanismo extrajudicial y de solidaridad con las víctimas, permitirá cerrar un capítulo de los hechos atroces ocurridos en la historia y allanar el camino hacia la necesaria reconciliación.

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Guillermo Lasso, un año de incertidumbre política

César Ulloa
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Guillermo Lasso, un año de incertidumbre política

En mayo se cumplirá un año del gobierno de Guillermo Lasso en Ecuador y el primer escollo del Ejecutivo ha sido gobernar sin el respaldo de la Asamblea. Su agrupación política CREO, ha debido acomodarse ante una mayoría de congresistas que van del centro a la izquierda y con una presencia relevante del correísmo con 48 de los 137 legisladores. Mientras tanto, en las calles se vive un aumento desenfrenado del crimen y la violencia..

El principal problema del estancamiento que vive el país es que el partido oficialista, CREO, apostó por una estrategia que personaliza la política sin ubicar en su contexto la relación inevitable entre el Ejecutivo y el Legislativo. Antes de que se posesionen las autoridades de la Asamblea, el presidente ensayó un acuerdo político con sus dos rivales: el expresidente Rafael Correa y el líder histórico de la derecha del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot.

El rechazo en redes sociales, así como en diversos sectores, fue tan alarmante que Lasso reculó y más bien tendió puentes con el partido Pachakutik, los independientes y la Izquierda Democrática (ID) con la finalidad de asegurarse el control en la Asamblea mediante el nombramiento de las autoridades. Sin embargo, ninguna de las movidas en el tablero resultó eficiente. Un año después, el Gobierno no ha sabido establecer vínculos efectivos con la oposición ni con los aliados naturales de la derecha, y persiste la vieja práctica de mayorías móviles.

Sin mayores posibilidades de maniobra, el presidente envió a la Asamblea su megaley económica que incluía la reforma tributaria, la Ley de Inversiones y la reforma laboral. El proyecto fue rechazado porque la normativa ecuatoriana impide el tratamiento y aprobación de tres materias de manera simultánea cuando son urgentes.

El Gobierno replanteó su estrategia y envió un cuerpo a la vez sin contar ―en primera instancia― con los votos suficientes, es decir, 70. La Ley de Reforma Tributaria podía entrar en vigencia por el Ministerio de la Ley si no había acuerdo entre los diferentes bloques; sin embargo, con los votos del correísmo pasó. Esta misma maniobra no se repitió con la Ley de Inversiones, que fue rechazada, lo que prevé el fracaso de la reforma laboral. Frente a este traspié, el presidente fustigó contra asambleístas de Pachakutik y el líder de la ID, Xavier Hervas, a quienes acusó de intercambio de favores.

La complejidad para que el Gobierno saque adelante su Plan Nacional de Gobierno, debido al bloqueo de la Asamblea, se agudizó cuando su exministra de Gobierno, Alexandra Vela, dimitió del cargo por estar a favor de la Muerte Cruzada o el cese de funciones de la Asamblea por obstrucción al Ejecutivo. Frente a este escenario, Guillermo Lasso enfatizó en “gobernar sin la Asamblea a futuro”, como si eso fuera posible, y peor aún cuando descartó la Muerte Cruzada.

Ahora el Ejecutivo apuesta por una consulta popular de la cual nadie conoce su contenido, en un contexto donde ha bajado su aceptación y donde enfrenta un escenario de elucubraciones que reiteran la alianza con su rival Rafael Correa, debido al habeas corpus otorgado al exvicepresidente Jorge Glas, pese a que recaen sobre él dos sentencias por corrupción en el caso de Odebrecht. Pérdida para el Gobierno, triunfo para la Revolución Ciudadana.

Ante este panorama, el país vive, además de las manifestaciones, una ola de masacres en las cárceles, reiterados encautamientos de toneladas de droga y muertes violentas bajo la figura de sicariato en la costa, en los cantones de Durán, Guayaquil y Samborondón.

En lo que va del año ha habido más de 200 muertes violentas, y la inseguridad se ha convertido en la primera preocupación de la población. El clima se tensiona aún más por el asesinato de Don Naza, un militar que estaba dedicado al negocio de las pirámides financieras, donde además se investiga a otros elementos de las Fuerzas Armadas.

Ante este contexto, la sociedad civil toma fuerza, en el sentido de que la aceptación y la credibilidad de las Funciones del Estado están en los peores niveles desde la transición a la democracia en 1979. Las insinuaciones de que “se vayan todos” son recurrentes y las propuestas para mejorar la gobernabilidad están a la orden del día.

En esa línea, varios colectivos están impulsando una consulta popular ciudadana para preguntar a la población si está de acuerdo con quitar las atribuciones de designar autoridades al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, reformar el Capítulo V del Código de la Democracia, referente al sistema de partidos, usar el excedente del petróleo para la salud y la seguridad social, y la evaluación de los operadores de justicia. Hay varias propuestas que serán presentadas a la Corte Constitucional.    

Entre las complejidades e incertidumbres, el mayor logro del Gobierno ha sido la vacunación, lo que convierte a esta administración en una de las pocas que ha cumplido con su oferta de campaña de manera rápida, eficiente y con reconocimiento internacional. Esto dinamizó la economía y restauró un importante margen de confianza en el futuro, pese a que la situación económica sigue siendo dramática, puesto que siete de cada diez ecuatorianos no tienen empleo.

Otro aspecto positivo es el retorno a clases en todos los niveles educativos y la voluntad de implementar una política pública para combatir la desnutrición crónica infantil. No se puede perder de vista que el Gobierno no ha enfrentado casos de corrupción y eso es un mérito entre tanta impunidad. A ello, se suma la gestión en la búsqueda de inversiones extranjeras.

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