Chile: la Convención, el plebiscito y la aversión a la pérdida

Muchos pensaban que el contundente resultado de aprobación (78,27%) en el plebiscito de octubre de 2020 aseguraba el éxito del plebiscito de salida. Otros más críticos creyeron que, debido a la mala elaboración de todo el proceso, se terminaría construyendo una Constitución tipo “árbol de Navidad”, llena de derechos y gestos para todas las sensibilidades presentes en el ambiente, que harían casi imposible rechazarla. También algunos señalaron que sería muy difícil que alguien se atreviera a elaborar y desplegar la bandera intelectual del rechazo.

Sin embargo, los resultados de las diferentes encuestas de las últimas semanas muestran un aumento considerable del rechazo, incluso superando a la aprobación en algunas, a lo que se suman las manifestaciones de desencanto y preocupación en medios de comunicación y redes sociales. Por lo tanto, los auspiciosos pronósticos iniciales se deben poner, al menos, en entredicho.

Ante las percepciones que deambulan, y aplicando la clásica teoría prospectiva de Kahneman y Tversky, que explica cómo las personas toman decisiones entre alternativas que comprenden riesgos, me atrevo a sugerir que, en lo que respecta al debate de la Convención Constitucional (CC), se ha instalado en la opinión pública una aversión a la derrota.

La teoría propone que las personas bajo riesgo tienden a decidir tomando en cuenta opciones que den mayor certeza (“efecto certidumbre”) ante las potenciales ganancias. En la toma de decisiones, la aversión a las pérdidas es más fuerte que las eventuales ganancias. A juicio de Kahneman y Tversky, solo cuando observamos que todas nuestras opciones son malas estamos dispuestos a asumir posibles riesgos para lograr ciertos beneficios. Claro está que la definición de las ganancias o pérdidas está determinada por un punto de referencia que corresponde al lugar donde se encuentra, en este caso, el elector al votar.

De ahí que el contundente 78% a favor de la aprobación en 2020 puede ser entendido como una decisión en el marco de que todas las opciones eran malas. Seguir con la misma Constitución era continuar con el país en crisis. No olvidemos la caótica situación en que se encontraba Chile cuando se realizó el plebiscito.

Si bien la opción de la aprobación podía ser considerada riesgosa, en ese momento se levantaba como una salida prometedora. Un optimismo similar se pudo observar en el éxito de la popular “lista del pueblo” y los independientes en la elección de los constituyentes. Esto se explicaría por el incumplimiento de las expectativas por parte de la elite gobernante tradicional, lo cual dio paso a la ira y la frustración, y a perseguir alternativas políticas arriesgadas y rupturistas.

Pero ahora el escenario es distinto. Existen dos opciones: una que establece certezas (la Constitución de 2005) y otra que promete mejoras, pero también riesgos (la propuesta que está redactando la CC). El factor del contexto desempeña un papel clave en la toma de decisiones al transformar el punto de referencia y que se denomina “efecto marco”.

Lo que hemos visto hasta ahora, desde la instalación de la CC hasta sus resultados en las comisiones y en el pleno, ha significado para muchos una gran sensación de pérdida. La primera fue que las actuaciones de la CC, individuales o colectivas, no contribuyeron a responder a una de sus principales expectativas: disminuir el ambiente polarizado que se había instalado en el país.

La arriesgada apuesta de muchos era sanear al país luego del plebiscito de 2020, pero a la luz de los hechos no surtió efecto. Una serie de eventos desafortunados alimentaron esa percepción. De ahí en adelante hay varias declaraciones y acciones de muchos de sus miembros que operaron en dirección contraria a la apuesta que hizo el país. Sin embargo, este desencanto no necesariamente determinará una posición respecto al voto, puede ser un condimento, pero no necesariamente la justificación última.

Existen diferentes percepciones con respecto al plebiscito de salida que incidirían al votar. Se debe tener en consideración que cada individuo o grupo sentó un conjunto de expectativas en el trabajo de la CC. Además, vale la pena subrayar que los atajos cognitivos son importantes en esta teoría, los votantes nunca manejarán todo el articulado en todo su detalle y adoptarán una posición con base en los temas que les interesan.

Existen al menos tres posturas que pueden llevar a tomar la posición de rechazar el borrador de la Constitución y claramente puede existir una combinación de estas categorías. Primero, estarán los que observen de manera holística el borrador de la Constitución y que planteen que en este no se construyó “la casa de todos”. Este conjunto de individuos optará por mantener lo existente, aunque no le guste plenamente.

En segundo lugar, están los que vieron el proceso constituyente como una forma de poner sus temas de interés y utilizaron con entusiasmo los mecanismos de participación abiertos por la CC. No obstante, sus objetivos tal vez fueron desechados o, peor aún, la propia propuesta constitucional podría significarles más bien una amenaza. A modo de ejemplo, se pueden sentir identificados los padres de colegios subvencionados, los que defienden la propiedad individual de los ahorros previsionales, los grupos de defensa de las tradiciones rurales, los grupos que defienden la autonomía del banco central, los académicos, etc.

En definitiva, las expectativas creadas en el proceso de participación podrían terminar en la percepción de una fuerte pérdida. Pensémoslo de esta forma: ¿cuántas de las 77 iniciativas populares que alcanzaron las 15.000 firmas para ingresar a la CC, sin contar las que no pudieron acceder (2.496 publicadas), serán acogidas por el nuevo texto?

Tercero, podríamos identificar los temerosos y escépticos ante el ánimo y fuerzas que imperan dentro de la CC. Para estos, la acción más conveniente será el rechazo porque las mejoras que promete la CC no son comparables con las pérdidas. Aquí podemos mencionar a los diferentes grupos religiosos y su rechazo al aborto en defensa de sus creencias, los defensores de la idea de nación y su rechazo a la plurinacionalidad, los abogados y sus reticencias al nuevo sistema de justicia, etc.

Así pues, la decisión de las personas estará muy relacionada con su punto de referencia, y claramente el efecto marco será determinante en la definición de pérdida o ganancia. Será importante, también, la situación económica que se vislumbre y la debilidad o fortaleza del Gobierno. En otras palabras, ¿los beneficios que prometerá la nueva Constitución serán capaces de compensar la incertidumbre que abre y la percepción de pérdida?

A esto se debe agregar la posición más reformista de algunos sobre el hecho de que no será la Constitución de Pinochet (1980) la que regirá en caso de que triunfe el rechazo, sino la de Ricardo Lagos (2005), y para ello ya se están barajando posibles planes B (“efecto certidumbre”).


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Voto en el exterior: el ámbito para la innovación electoral

Los flujos migratorios son cada vez más grandes y frecuentes. En Suramérica, los países cuyos ciudadanos han migrado en mayor cantidad son Perú, Colombia y, en los últimos años, Venezuela. Guatemala, Honduras, El Salvador y México son los países de América del Norte y Centroamérica con más población migrante. En la mayoría de los casos estas personas salen en busca de mejores condiciones de vida y, al hacerlo, pierden sus derechos políticos en sus países de origen. Ante esta realidad, diferentes Estados han desarrollado iniciativas legislativas para atender este problema.

Si bien las autoridades electorales del hemisferio se han ido profesionalizando a partir de la recuperación democrática de los años ochenta con la denominada tercera ola democratizadora, no fue sino hasta el comienzo de la primera década del siglo XXI cuando la Comisión Global para la Seguridad, las Elecciones y la Democracia estableció la noción de integridad electoral. Este concepto comprende la necesidad de fortalecer el Estado de derecho, los derechos humanos y la justicia electoral, de crear normas que faciliten la competencia multipartidaria y la alternancia, y de que se establezcan instancias efectivas de control del financiamiento político.

Por otro lado, un punto crucial que se vincula al voto en el exterior es que se fomente desde los Gobiernos iniciativas de carácter inclusivo que eliminen las barreras jurídicas y políticas, visibles e invisibles, que dificulten la participación política. Y es que un Estado democrático debe ampliar derechos, no reducirlos ni eliminarlos.

Un Estado democrático no puede caer en una acción de doble exclusión donde, por un lado, se expulsa a los ciudadanos por falta de oportunidades y, por el otro, se les quita su condición de ciudadano al negarles sus derechos políticos del ejercicio al voto por migrar.

El voto en el exterior de los emigrantes es actualmente una norma de ámbito internacional y está permitido en 121 países. En América Latina, 16 países permiten esta práctica. Colombia, pionero en el voto en el exterior, amplió sus políticas electorales a partir de 1961 y desde 1991 también cuenta con una circunscripción electoral internacional. Chile, por otro lado, fue la última nación latinoamericana en adoptarlo en noviembre de 2017.

Los demás países que han implementado el voto en el exterior son México (2005), Costa Rica (2014), El Salvador (2013), Guatemala (2017), Honduras (2001), Panamá (2006), Argentina (1991), Bolivia (2006), Brasil (1965), Ecuador (2002), Paraguay (2012), Perú (1979), Nicaragua (1995), República Dominicana (1997) y Venezuela (1993), que, sin embargo, no ha actualizado el padrón electoral de los venezolanos en el extranjero en años. Uruguay y Cuba hasta ahora no han permitido constitucionalmente el voto de sus ciudadanos en el exterior.

Comentario al margen: ¿cómo imaginar las elecciones libres que algún día llegarán a Cuba, Venezuela y Nicaragua, sin una respuesta efectiva de la autoridad electoral a la realidad signada por los millones de electorales que debieron huir de esos países por causas sociales y políticas?  

Para la emisión del voto desde el extranjero se han implementado dos modalidades: presencial y remota; cada una con sus propios desafíos y riesgos. La modalidad presencial exige una comparecencia personal del votante en un espacio o sitio específico habilitado por la autoridad electoral para la emisión del sufragio. Aunque en la modalidad presencial el voto puede realizarse de forma manual o electrónica, el votante debe trasladarse a los lugares dispuestos por la autoridad electoral. De no poder hacerlo, el elector pierde su oportunidad de participar en los comicios. 

La segunda modalidad es el voto remoto o a distancia, que supone la emisión del sufragio a través de Internet o de manera postal. En el caso del voto por Internet, la accesibilidad y eficacia estaría “fuera de discusión” al ofrecer “mayores ventajas tanto para el elector como para la autoridad”, además de reducir sustancialmente los costos de distribución de material electoral y logística.

En 2017, Estonia registró un aumento sin precedentes en los niveles de participación de sus ciudadanos en el extranjero gracias a la inclusión del voto por Internet. Ese año, un 44 % del electorado votó en línea desde 145 países. Al concluir los comicios, las autoridades electorales determinaron que la participación general creció en un 40 % con respecto a las elecciones de 2015 gracias a la adopción del voto por Internet, lo que puso a la pequeña nación del Báltico como pionera en la automatización electoral.

Tanto México (2021) como Panamá (2019) cuentan en la actualidad con un sistema mixto de votación en el extranjero, conjugando las posibilidades de emitir el voto de manera presencial, postal o completamente a través de Internet. Esta última opción permitió que el voto panameño en el exterior se incrementara en un 52 % en las elecciones de 2019. Mientras tanto, en las últimas elecciones, las mexicanas y los mexicanos pudieron votar incluso por las gobernaciones de Baja California Sur, Guerrero, Querétaro y otros siete estados. Y en la Ciudad de México eligieron al diputado migrante.

En definitiva, el voto electrónico por Internet aplicado en este ámbito cumple una función reparadora de derechos y ofrece soluciones accesibles y económicas para garantizar y respetar el acceso a los derechos políticos, electorales y civiles de la población migrante.


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Oro blanco: la emergencia geopolítica del litio

“Llegué al salar de Uyuni, al sur de Bolivia, tras una parada de dos días en Potosí, la mítica capital de la fiebre conquistadora de la plata, a cuatro mil metros sobre el nivel del mar”. Así comienza el capítulo dedicado al litio de Oro, petróleo y aguacates, el libro con el que el periodista británico Andy Robinson pretende continuar Las venas abiertas de América Latina. Cincuenta años después de la primera edición del mítico texto de Eduardo Galeano, Robinson trata de demostrar que una docena de materias primas pueden explicar la mayor parte de las crisis, injerencias e inestabilidad que desde entonces han afectado a esta parte del mundo. El litio, en ese contexto, hace las veces de recién llegado.

Pero ¿qué es y por qué está adquiriendo tanta notoriedad?

Se trata de un metal que suele encontrarse vinculado a la sal. Procesado, tiene un enorme potencial para el aprovechamiento de las energías renovables. Sirve, más que para producir, para almacenar energía en baterías de gran capacidad y larga duración. Esas pilas son capaces de acumular energía eólica y solar, además de proporcionarle vida (y autonomía) a toda clase de aparatos electrónicos y vehículos eléctricos. Sus usos potenciales van desde lo civil hasta lo militar. Además, en tiempos de cambio climático, se trata de una alternativa real (y barata) a las energías fósiles que (como el petróleo) estaríamos abandonando.

El mercado global que regula su precio, primer detalle estratégico por subrayar, funciona en yuanes. El año pasado, su producción global creció un 21%. Simultáneamente, su cotización se ha revalorizado un 254% en los últimos cinco años y ha llegado a frisar, en marzo de 2022, los 80.000 dólares por tonelada. El petróleo, que cotiza en dólares, se revalorizó ―durante ese mismo periodo― menos de la mitad (un 108%). Hoy por hoy, una tonelada de salmuera de litio sin procesar cuesta unas 20 veces menos que el carbonato de litio ya refinado y unas 200 veces menos que el litio metálico, que es lo que se utiliza en las baterías. Último y definitivo dato: para 2040, según la Agencia Internacional de Energía (IEA), la demanda global de litio se multiplicará por 42.

¿Se comprende ahora por qué, el metal en cuestión, llama cada vez más la atención?

Una de las claves geopolíticas consiste en saber dónde están sus yacimientos. La respuesta no es necesariamente sencilla, pues la distribución del litio, tal como sucede con otras materias primas, no es uniforme. Además, antes de mencionar lugares concretos, lo primero que se debe saber es que las reservas, de nuevo como las de cualquier otro recurso natural, deben pasar por un costoso y garantista proceso de certificación técnica internacional que les permita acceder al estatus de “probadas”. En el caso del litio, como su comercialización a gran escala es reciente, todavía faltan muchas reservas por descubrir y por “probar”.

Bolivia es, hasta ahora, el país donde oficialmente hay más litio. China, país de referencia tecnológica, el que tiene una demanda más elevada y también, el que concentra más empresas productoras. Aquí en América Latina existen reservas considerables, especialmente en el punto de convergencia entre Chile, Argentina y Bolivia, aunque se sabe que también hay litio en países como Perú y Brasil. Y en México donde, si los recientes descubrimientos en la norteña Sonora acaban confirmándose, podríamos estar hablando casi de tantas reservas como en Bolivia, a menos de 300 km de Estados Unidos.

Dicho panorama, a reserva de que posteriormente vayan siendo descubiertos nuevos yacimientos en otras partes del mundo, pone a nuestra región en una posición estratégica privilegiada. Por enésima vez en la historia, América Latina parece estar bien ubicada ante un ciclo económico ascendente, vinculado a una commodity global (existen los precedentes históricos del azúcar, la plata, el café, el cacao, el oro, el guano, el caucho, etc.). Problema principal: en todos los casos citados, la dependencia política y tecnológica ha solido propiciar, simultáneamente, la exportación de materia prima y la importación de bienes manufacturados. Ese esquema reproduce el rentismo económico, la desigualdad social y la dependencia exterior.

Ahora mismo, a pesar de los avances, todavía estamos hablando de un metal que, aunque parece tener un futuro promisorio, aún no está siendo producido ni comercializado a pleno rendimiento. Elon Musk, el hombre más rico del mundo y dueño de Tesla, declaró recientemente que su empresa podría comenzar a minar y a refinar litio a gran escala. Existen precedentes: entre 1927 y 1945, el pionero automovilístico Henry Ford hizo un intento (fallido) de producir caucho, en plena Amazonia, para los neumáticos de sus automóviles.

En América Latina, por ahora, prima la diversidad de enfoques y de prácticas. Por una parte, está Bolivia donde, durante la presidencia de Evo Morales (2006-2019) se exploraron y se certificaron recursos, se reguló la explotación del litio, se creó uno de los primeros monopolios públicos del mundo y se llegó a un acuerdo con una empresa alemana para comenzar a extraer y a procesar. México, donde acaba de ser aprobada una ley que define al litio como recurso estratégico, parece compartir perspectiva. Pero ese no es el caso de todos: muchos Gobiernos ya han otorgado concesiones a consorcios privados, nacionales y extranjeros de países como China, Australia, Canadá, Japón, Estados Unidos, Corea del Sur, etc.

En el terreno práctico, la comercialización es el área donde ahora mismo hay más obstáculos: básicamente, se trata de discretas presiones del lobby de los hidrocarburos y de sutiles escaramuzas político-mercantiles orientadas hacia la toma de posiciones. Las críticas que se le han hecho a Bolivia deben ser contextualizadas en un marco como el descrito: han ido desde la “falta de experiencia” hasta una supuesta insuficiencia de las inversiones, pasando por objeciones ambientales, cuestionamientos relacionados con transporte y menciones a la debilidad estructural de la demanda internacional. En ese contexto, también debieran ser contempladas abruptas rupturas como la sucedida durante el “interinato” de Jeanine Áñez.

Pero ¿cómo dar un golpe de timón? La actual coyuntura internacional, con el cambio climático y la guerra de Ucrania como trasfondo, parece propicia: los hidrocarburos se evaporan. En ese contexto, Bolivia está promoviendo, a través de la concertación multilateral, iniciativas estratégicas más seguras. Recientemente La Paz, apoyada por la Cepal, promovió un foro virtual de alto nivel que funcionó como antesala de un congreso presencial, mucho más amplio y participativo, que debiera celebrarse antes de que acabe el año. En el aire, una idea: que se cree, como con el petróleo, un cártel de países productores de litio. ¿Se llegará a eso?

¿Qué frente democrático para Brasil?

El tema de los frentes políticos ha vuelto a estar en el centro de la discusión en Brasil y ha sido abordado desde diversos puntos de vista desde que la democracia comenzó a ser amenazada por el presidente Jair Bolsonaro. Sin embargo, el problema se remonta al inicio del actual periodo democrático, en particular al proceso constituyente en los años ochenta.

Uno de los enfoques aborda el problema desde la perspectiva de los liderazgos. El politólogo Sérgio Abranches, por ejemplo, piensa que existen liderazgos “que se consideran democráticos”, pero que, en el fondo, son intolerantes frente a grupos ideológicos distintos. Desde este punto de vista los frentes políticos deberían formarse sobre la base de “programas mínimos”, dejando de lado diferencias sobre cuestiones específicas e ideológicas en favor de la “contradicción principal”, que sería la disyuntiva “neofascismo versus democracia republicana”.

Otro enfoque es la invocación a la amenaza “protofascista” como un proceso de deterioro interno de la propia democracia brasileña como lo plantea el ensayista Luiz Sérgio Henriques. El remedio que presenta este autor es el del centro político como espacio “para mover a todas las fuerzas políticas y a la propia sociedad. “La piedra en el camino de esta alternativa”, como afirma el propio Henriques, es la “incertidumbre sobre el principal partido de la izquierda (Partido de los Trabajadores), su línea básica y la orientación de sus simpatizantes, que no han sido formados en la política de frentes”. Sin embargo, en su perspectiva pareciera que al PT le bastara solo con saludar simbólicamente al centro, eligiendo un vicepresidente conservador, «para calmar a los mercados».

Los problemas y desafíos de estos enfoques son reales y deben ser resueltos. No obstante, el centro político está lejos de poder ofrecer alguna alternativa en el actual contexto brasileño, perdido como está en su ortodoxia programática y en su catatonia política.

La dificultad de crear frentes democráticos programáticos

El problema de fondo se remonta al inicio del actual periodo democrático, más concretamente a la forma en que el centro político resurgió y se reinventó en los siguientes Gobiernos. Los primeros signos preocupantes aparecieron ya en el proceso constituyente (1986-1988), cuando, junto a la intensa movilización social por la nueva Constitución, surgió de las urnas una representación política despojada de los mejores cuadros políticos e intelectuales que habían impulsado esa movilización.

Las crisis que siguieron, incluida el proceso de impeachment del presidente Fernando Collor de Mellor (1992) ―cuyos crímenes quedaron impunes―, agravaron la situación e hicieron proféticas las palabras que Ulysses Guimarães, líder del MDB ―la oposición tolerada por el régimen militar― y de la resistencia contra la dictadura, dijo en 1989: «Si crees que el actual Congreso es malo, espera al siguiente».

Desde entonces, el centro de gravedad de la nueva política brasileña se ha alejado del eje del MDB hacia los partidos que se presentaban como dispuestos a realizar reformas estructurales en el país: PSDB y PT.

El punto de inflexión fue el gobierno de Itamar Franco (1992-1994), que consiguió reconstruir un frente democrático y poner fin a la importante crisis económica agravada durante el gobierno de Collor, del cual era vicepresidente. El frente político de Franco, que abarcaba desde la derecha liberal hasta la izquierda moderada (excomunistas), aunque se centraba en la urgencia de detener la hiperinflación y mantener el carácter republicano del sistema, no logró atraer al grueso de la izquierda, cuyo partido más importante, el PT, expulsó de sus filas a quienes apoyaron la nueva coalición de gobierno.

El ensayo de revitalizar la joven democracia se desvaneció en los años siguientes, a pesar del éxito del Plan Real (1994), que consiguió controlar la hiperinflación. Incluso durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) ―que había sido ministro de Economía en el gobierno de Franco― las reformas se limitaron a la liberalización, pero sin abordar el reto del desarrollo nacional en la periferia del capitalismo y, sobre todo, sin enfrentar las prácticas neopatrimoniales y antirrepublicanas de los aliados conservadores.

Los dos mandatos de Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016) ―este último también interrumpido por un impeachment―, con sus reformas asistenciales no hicieron más que agravar el problema, tal como se comprobó en los escándalos de corrupción conocidos como Mensalão y Petrolão.

En lugar de formar frentes programáticos a favor de reformas económico-sociales que afrontaran los problemas económicos y sociales más urgentes, tanto el PSDB como el PT optaron por Gobiernos apoyados, principalmente, por fuerzas políticas anacrónicas, lo que acabó impidiendo la vía de reformas que podrían haber desbloqueado el desarrollo y evitado la crisis actual.

No basta con derrotar a Bolsonaro en las urnas

La crisis que hoy consume a la democracia brasileña no se limita ni se agota en Bolsonaro, que parece más bien una marca de las limitaciones y dificultades de nuestra democracia. Basada en la dependencia interpersonal, manifiesta en la «venta de votos» y en la fragilidad financiera, impidiendo la movilidad social, la democracia se fragiliza, enredada en problemas estructurales que se expresan en la precarización del trabajo y el desmantelamiento de las cadenas productivas mediante la desmovilización de los trabajadores y el cierre de empresas.

Ninguna democracia puede sostenerse sobre esas bases. Basta ver el escenario político que hoy amenaza a las democracias occidentales víctimas de la desindustrialización, escenario agravado por la escalada inflacionaria de la pandemia de la COVID-19 y la guerra de Ucrania.

En Brasil, donde el tejido social es estructuralmente frágil, el resultado no podía ser mejor, tal como vemos con Bolsonaro y sus reiteradas amenazas de golpe de Estado. Sin embargo, es ingenuo suponer que este delicado cuadro se revertirá simplemente derrotando al actual mandatario en 2022 y volviendo a poner en el poder a la dirigencia responsable del fallido «egoísmo partidario» que llevó a Brasil al punto en que está ahora.

Fortalecer la frágil democracia brasileña exige volver a un tipo de frente democrático como el del gobierno de Franco, basado en un programa consensuado ―en lugar de una mera defensa abstracta de los principios democráticos―, única forma de superar la polarización populista, poner fin a la crisis socioeconómica y restaurar la confianza popular en el pacto constitucional de 1988.


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Actores criminales y migración 

Coautor Jonathan D. Rosen

Cada año, decenas de miles de migrantes llegan a la frontera de Estados Unidos y México después de viajar cerca de 4000 kilómetros desde diferentes países de América Central. Entre 1990 y 2010, casi que se triplicó el número de inmigrantes centroamericanos en Estados Unidos y creció a un ritmo mayor que cualquier otra subregión de América Latina. Hoy los tribunales de Estados Unidos tienen cerca de 1.4 millones de casos en el sistema, entre los cuales predominan ciudadanos de los tres principales países de origen cuyo destino final es Estados Unidos: México, El Salvador y Guatemala.

El creciente número de “caravanas” migrantes hacia Estados Unidos ilustra la gran variedad de desafíos que enfrentan muchos países latinoamericanos, entre los cuales sobresalen la pobreza, las pandillas, el tráfico de drogas, la corrupción y los desastres ambientales como sequías, inundaciones y huracanes. Pero el peligro continúa incluso luego de que abandonan sus respectivos territorios. Solo en el año 2020 hubo al menos 157 muertes de migrantes en Centroamérica y la frontera que comparten Estados Unidos y México.

En este contexto, ¿qué factores afectan la decisión de miles de personas de países como México, El Salvador y Guatemala a emprender la difícil travesía hacia Estados Unidos? ¿Por qué la inmigración indocumentada continúa creciendo a pesar de sus riesgos? 

México, El Salvador y Guatemala

En nuestro artículo de investigación publicado por el International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice utilizamos datos del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (Lapop, por sus siglas en inglés) de la Universidad Vanderbilt para conocer los “factores de expulsión” más relevantes en México, Guatemala y El Salvador, los tres principales países de origen de la migración Latinoamericana hacia Estados Unidos.

La investigación revela que el perfil de las personas que buscan vivir o trabajar en otro país es consistente con los patrones generales de la migración económica a escala internacional: hombres jóvenes que tienen lazos preexistentes con inmigrantes residentes en el país de destino que consideran que los niveles salariales de su grupo familiar han empeorado.

Sin embargo, en países con altos índices de violencia criminal, los factores de expulsión económicos no explican por sí mismos el movimiento migratorio. En México, Guatemala y El Salvador, territorios con fuerte presencia de pandillas, crimen organizado y violencia, ser víctima de un delito aumenta considerablemente las probabilidades de migración. 

Las percepciones de inseguridad, especialmente en los dos países centroamericanos, también afectan la decisión de vivir en Estados Unidos. En otras palabras, tanto la victimización como el miedo al delito desempeñan un papel preponderante en el cálculo de las personas que van a emigrar en países que cuentan con organizaciones criminales como las maras o los carteles de drogas.   

Implicancias de la migración en Estados Unidos

Por otro lado, en Estados Unidos, donde los debates sobre la residencia de indocumentados ha vuelto a ganar fuerza, la política migratoria sigue siendo inapropiada para disuadir a los habitantes de países latinoamericanos con altos índices de violencia a que se decidan a emprender el viaje para buscar nuevas oportunidades. 

Iniciativas concretas como la apertura de nuevos centros de detención, la separación de niños indocumentados de sus respectivas familias, la militarización de las fronteras y los continuos intentos de poner fin a la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) pueden incluso exacerbar los problemas de seguridad existentes en América Latina y favorecer la demanda de los ciudadanos de la región para escapar de la violencia.

Considerando la naturaleza de la política migratoria estadounidense, las implicancias de nuestra investigación no son irrelevantes. Por un lado, la centralidad de la victimización y el miedo asociado al crimen sugiere que los flujos migratorios probablemente continúen a menos que la seguridad humana se convierta en una prioridad en países plagados de pandillas, crimen organizado y violencia. 

Si bien el abordaje de las dificultades económicas en las comunidades de origen resulta imperativo, la inseguridad parece tener un efecto independiente en el cálculo de emigración de los habitantes de México, El Salvador y Guatemala. 

Por otro lado, aunque resulte desalentador para las autoridades estadounidenses, la migración puede avanzar incluso si finalmente se abordan las condiciones subyacentes que favorecen el crimen o las dificultades económicas de la región. Esto, debido a que tener un amigo o familiar en Estados Unidos incrementa las probabilidades de vivir o trabajar en el extranjero. Por ello, la migración puede volverse autosuficiente, independientemente de la actuación de organizaciones criminales como las maras Salvatrucha y Barrio 18 o los carteles mexicanos como el de Sinaloa o el de Jalisco Nueva Generación.

Jonathan D. Rosen es profesor asistente del Departamento de Estudios de Seguridad de la New Jersey City University (Estados Unidos). Doctor en Estudios Internacionales, por la Universidad de Miami, y magíster en Ciencia Política, por la Universidad de Columbia. Especializado en temas del crimen organizado, pandillas, violencia y seguridad.


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Costa Rica: Chaves forma su gobierno mediante métodos privados

El presidente electo en Costa Rica, Rodrigo Chaves, ha sorprendido a muchos con el fuerte cambio de talante que ha mostrado inmediatamente después de su victoria electoral. De un discurso rupturista y antisistema a otro conciliador y unitario, como el pronunciado para recibir al día siguiente al candidato derrotado, José María Figueres. Sin embargo, ese cambio de actitud no le ha impedido mostrar su visión heterodoxa respecto de la formación del gobierno y el funcionamiento de la gestión de la administración pública. Reproduciendo el modo de selección de personal de las entidades privadas y los organismos internacionales, Chaves busca conformar un gobierno más allá del sistema de partidos y sin priorizar el programa de gobierno con el que acudió a las elecciones.

La cuestión de fondo es que los planteamientos del presidente electo, hechos desde una perspectiva tecnocrática, aunque estén propuestos con toda buena voluntad, entrañan serios riesgos para el desempeño de la democracia. No se trata sólo de cambios puntuales en la normativa o la institucionalidad vigentes, sino respecto de los fundamentos conceptuales en que se basa el sistema democrático. Puede que tales planteamientos tengan que ver con una cuestión de conocimiento ya que Chaves sabe mucho más de economía que de sociología política, y no hablo de la ciencia política institucionalista, sino del enfoque que también contempla la relación entre gobernantes y gobernados, así como de la cultura cívica y política de la ciudadanía.

Al llevar este asunto a la coyuntura actual, cobra particular relevancia la cuestión de la función de los partidos en la formación del gobierno. Como se sabe, los partidos han sufrido mayor deterior en el marco de la función de intermediación comunicativa, sobre todo desde el surgimiento de las redes sociales. Pero también se ha relativizado su papel como actores políticos. De hecho, ya no están solos como agentes importantes del sistema político.

Sin embargo, la desvalorización es menor respecto de una función clásica de los partidos, que es suministrar cuadros directivos y técnicos a la administración gubernamental. Sobre todo, se les ha criticado que, al perder relevancia en otros campos, se han convertido en máquinas electorales y de provisión de personal gubernamental. En todo caso, esa función de los partidos políticos se refiere a un elemento clave en el funcionamiento del sistema democrático: el mantenimiento orgánico del llamado compromiso programático que debe existir en la médula del sistema político.

En Costa Rica, como en otros países de la región de régimen presidencialista, la legislación electoral exige a los partidos que acuden a las elecciones la presentación de un programa de gobierno. Ello no sólo refiere a la definición de su perfil programático, sino que luego constituye la base sobre la que se configurará el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno entrante. Así, el programa de gobierno del candidato elegido se proyecta como matriz fundamental de la acción de gobierno tras las elecciones. En pocas palabras, se establece de este modo un proceso normativo e institucional que busca garantizar a la ciudadanía que las promesas electorales no se las lleve el viento.

El presidente está en su derecho en afirmar que para elegir sus ministros no les preguntará a qué partido han votado. Pero sí debería hacerles una pregunta sencilla: ¿conoce usted el programa de gobierno con el que me presenté a las elecciones? Porque eso constituye la base sobre la que el gobierno de Chaves debe actuar en las diversas áreas del desempeño gubernamental. En caso contrario, el presidente electo estaría engañando a las personas que lo eligieron y al conjunto del país. De igual forma, cuando el presidente electo asegura que constituirá su gobierno libre de ataduras y compromisos adquiridos, está diciendo una media verdad. Tiene un compromiso inapelable con su programa de gobierno y con la promesa de llevarlo a la práctica.

En ese contexto, la función de los partidos es múltiple. Ante todo, significa la encarnación en personas y mecanismos orgánicos del programa de gobierno presentado. Es la garantía de que la propuesta electoral no es incorpórea ni unipersonal. Por un lado, presupone que el programa de gobierno no sea producto de ocurrencias unilaterales, sino que sea el resultado de un proceso colectivo encarnado en estructuras orgánicas.

Además, el partido encarna una determinada propuesta ideológica que debe ofrecer a los electores la referencia general de cuál será la orientación del gobierno. En el caso del programa de Chaves se indica que se inscribe en “la socialdemocracia moderna”. Y no importa si es difícil precisar qué significa esa adscripción, lo importante es que muestra unas señas de identidad que la ciudadanía puede reconocer. La explicitación del perfil partidario otorga algo fundamental para el funcionamiento de la democracia: facilita la posibilidad de elegir.

El candidato Chaves insistió en su campaña que los partidos tradicionales se habían convertido en tramas políticas y familiares, faltos de democracia interna y proclives a la corrupción. Y no le faltaba razón. Pero un partido sin esas lacras, compuesto por personas que comparten un conjunto de ideas políticas y programáticas, representa el espacio ideal para suministrar de jerarquías y cuadros la administración pública.

Escoger altos cargos desde el propio partido político que ha ganado las elecciones supone aprovechar un espacio de confianza y seguridad acerca del cumplimiento del programa de gobierno. Desde luego, ello no debe ser obstáculo para elegir a otras personas que no son del partido, si se demuestra que tienen mayor competencia. Pero la fórmula de buscar la excelencia fuera de la comunidad de ideas partidaria y al margen del compromiso programático, usando métodos de selección de personal de las entidades privadas, aunque parezca una buena solución tecnocrática (que podría ser imitada en el resto de la región), puede generar inestabilidad y disrupciones innecesarias, como sucede en los países donde los partidos son efímeros.

El saneamiento de los partidos es necesario. Pero ello debe conducir a una reforma del sistema de partidos y no a su eliminación. No sólo porque los partidos son actores políticos fundamentales según la Constitución, sino porque, aunque ya no estén solos, representan la garantía de derechos fundamentales como el de asociación que en el fondo suponen la protección de la democracia pluralista.

De esta forma, lejos de tener a gala la falta de solidez partidaria, el presidente electo debería plantear al país una propuesta para sanear los partidos políticos y reconfigurar el sistema de partidos y representaciones políticas. Los partidos no son solo la encarnación orgánica y humana del compromiso programático, sino que representan la posibilidad de que una propuesta de gobierno se proyecte en el tiempo.

El presidente electo debería ser consciente de que tiene por delante un conjunto de reformas y acciones de orden sociopolítico, entre las que se encuentra robustecer un sistema de partidos que fortalezca la democracia pluralista costarricense. Mas bien, debería aprovechar la oportunidad para consolidar el Partido Progreso Social Democrático como robusta organización política, que permita el mantenimiento de sus propuestas de gobierno, más allá de los próximos cuatro años, que, como debería saber, van a pasar volando.


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El liderazgo efímero

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El ritmo con el que la actividad política suele devorar a quienes se dedican a ella es un asunto sobre el que se tienen menos datos de los que se debería. Si bien la atención tiende a centrarse en quienes ocupan los cargos de mayor prominencia, el hecho de que miles de personas dedicadas a la política sean objeto de poca atención contribuye a no tener una sólida idea de la duración de una carrera política ni de sus características. 

Pocas veces, sin embargo, el acontecer permite reflexionar sobre el asunto para articular una pequeña agenda de investigación. Lo sucedido en España en los últimos dos años y medio en el seno del liderazgo de tres formaciones estatales que ocupan la derecha, el centro y la izquierda del espectro político genera cierto interés al respecto y puede servir de guía orientadora para entender la política actual en América Latina, donde no es difícil encontrar casos similares.

Se trata de tres hombres nacidos en un lapso de tres años en Madrid, Barcelona y Palencia, con estudios universitarios de derecho y de ciencia política. Dos de ellos llegaron a la política profesional con la misma edad de 26 años, y el tercero con 36 años, aunque su activismo político en el ámbito de la comunicación y de la consultoría se empezó a desarrollar una década antes. 

Mientras que dos de ellos comenzaron su andadura en el marco autonómico, el otro lo hizo en el europeo; coincidieron en las Cortes, alcanzaron el liderazgo de sus respectivas formaciones a una edad también muy similar y, a su vez, dejaron la política entre noviembre de 2019 y abril de 2022, pero ninguno llegó a alcanzar los 43 años. 

En su vida personal, fueron padres, uno de tres hijos y dos de dos hijos. La salida de la política, para quienes no tenían un trabajo fijo previo, les ha permitido desplegar su capital político acumulado para volver a desempeñarse profesionalmente en el terreno de la comunicación y de la investigación o para trabajar menos de dos años en un bufete de abogados con magros resultados profesionales.

Pablo Iglesias Turrión (Madrid, 1978), fundador y líder de Podemos, es abogado y politólogo, y tiene un doctorado. Fue profesor contratado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid entre 2003 y 2014, y se dedicó al mismo tiempo a labores de comunicación (TV y prensa) y de asesoría. Fue eurodiputado durante un año a partir de 2014 cuando entró formalmente en la arena política, y diputado en el Parlamento español entre 2015 y 2021. Dejó la política en mayo de este último año tras obtener unos resultados electorales insatisfactorios en las elecciones autonómicas de Madrid a las que se había presentado dimitiendo de una de las vicepresidencias del Gobierno de España. 

Albert Rivera (Barcelona, 1979), fundador y líder de Ciudadanos, es abogado y trabajó en una institución financiera (La Caixa) entre 2002 y 2006. Fue diputado en el Parlamento de Cataluña entre 2006 y 2015 y en las Cortes entre 2015 y 2019. Dejó la política en noviembre de ese año tras el fracaso electoral de su partido. 

Pablo Casado (Palencia, 1981) es abogado y fue diputado en la Asamblea de Madrid entre 2007 y 2009. Ejerció un cargo de confianza entre 2009 y 2011 y fue diputado en las Cortes desde 2011 hasta 2022. Fue líder nacional del Partido Popular durante 32 meses y dejó la política en abril de 2022 como consecuencia de una crisis interna en su partido.

Tres personajes que, tras una carrera política de quince años de promedio dejaron de tener la notable influencia que gozaron en una etapa de la política española que se gestó en la crisis financiera de 2007. La profesionalización política de los tres fue consecuencia directa de la crisis, y sus carreras culminaron con la turbulencia acarreada por la pandemia de la COVID-19. Países latinoamericanos también pueden mostrar escenarios no muy diferentes.

Así, es posible que Chile se encuentre hoy en una andadura similar como consecuencia de la renovación política que ha habido en el país tras las últimas elecciones a finales de 2021 con las que, en cierta medida, se terminaba un proceso que había empezado diez años antes. El cambio se ha producido en distintos ámbitos ideológicos del espectro político, pero si se observa el terreno gubernamental, Camila Vallejo, la actual ministra secretaria general de Gobierno y quien está a punto de cumplir 34 años, ofrece pistas interesantes. 

En unas declaraciones recientes que hizo al periódico La Tercera con respecto al grupo generacional en el que se encuentra, la política señalaba lo siguiente: “Una de las cosas más importantes que tenemos, como experiencia política, es que nosotros nos formamos en la lucha callejera estudiantil”. 

En una dimensión ideológica opuesta, en la vecina Argentina, Javier Milei, economista provocador, comunicador y analista, alza su voz mesiánica desde el Congreso nacional al que fue electo como diputado en 2021 y prepara su individual asalto a la Casa Rosada para 2023. Apenas tiene más bagaje que su febril credo libertario, la confrontación con la casta en el poder y la búsqueda de una sintonía electoral en un país fuertemente golpeado por su mala situación económica y su desesperante clima de desigualdad social.

Liderazgos al albur de la coyuntura, de la fortuna y de la época líquida en que se insertan.

Una amenaza se cierne sobre las elecciones presidenciales de Brasil

La polarización electoral en Brasil, que ya se preveía desde la anulación de las condenas del ex presidente Lula, no sólo se confirma, sino que proyecta una elección presidencial plebiscitaria, ya en primera vuelta. No sólo la supuesta «tercera vía» se convierte en humo, sino que la polarización política tiende a profundizarse, como nunca antes en la historia de este país. Si uno lamenta lo mucho que la polarización rebaja el debate político-programático, no puede perder de vista lo inevitable que es, en la coyuntura actual.

En este escenario, una probable segunda vuelta entre Lula y Bolsonaro difícilmente se desarrollará dentro de la normalidad democrática. Ya sabemos qué esperar de Bolsonaro. Además del «todo vale» de su campaña de 2018, ahora tiene el control de la maquinaria civil y militar. No por casualidad, Bolsonaro viene oscilando positivamente en las encuestas, aún sin amenazar la ventaja de Lula en la carrera electoral. Pero hay que recordar que la campaña electoral aún no ha empezado de verdad – oficialmente, sólo en agosto.

En la mente de Bolsonaro, llegar a una segunda vuelta con Lula es la oportunidad de conflagrar el país. Si llega a perder en la votación, es muy probable que opte por crear un ambiente de desestabilización política y evitar de alguna manera que su oponente asuma el cargo. Aunque hay un desfase entre la voluntad y la capacidad golpista de Bolsonaro, no hay que subestimar su atractivo popular, ni sus vínculos con el ultraconservadurismo internacional y la oligarquía financiera nacional y extranjera.

Todos aquellos que, independientemente de su afiliación partidista, consideran inaceptable e impensable la continuidad de Bolsonaro, deben tener en cuenta el enorme riesgo de llevar la elección a una segunda vuelta. Una victoria de Lula, ya en la primera vuelta, representaría un rotundo rechazo al gobierno, reduciendo las posibilidades de reacción de Bolsonaro y sus partidarios. Ciertamente, no es una tarea fácil. Ha habido segundas vueltas en las últimas cinco elecciones presidenciales.

No se trata de un argumento retórico con la intención de chantajear la conciencia de los votantes, porque ya nos hemos posicionado, en otra ocasión, de forma crítica a la candidatura Lula-Alckmin. Este es, por desgracia, un escenario muy probable, por todo lo que hemos presenciado desde el Golpe de Estado de 2016, coronado por el actual gobierno neofascista.

Tampoco se trata de cuestionar las opciones electorales legítimas en candidaturas que, como la de Lula, se presentan como oposición, como en los casos del PDT, UP, PCB y PSTU. En un entorno de «normalidad» democrática, las dos rondas de votaciones pretenden precisamente favorecer, en el caso de las posiciones mayoritarias, la disputa entre varios proyectos políticos, en la primera ronda; y la formación de una mayoría sólida, en la segunda, cuando los proyectos opuestos se disputan los votos. Sin embargo, la inevitable polarización convertirá la primera vuelta en un plebiscito, en el que se pondrá a prueba la aprobación o desaprobación del gobierno de Bolsonaro.

La candidatura de Lula es, de hecho, la única capaz de hacer frente electoralmente a la de Bolsonaro. Si Bolsonaro tiene su 20% de votantes fieles, Lula tiene su base histórica del 30%. Más que componer un frente partidario de izquierda o democrático en torno a la candidatura de Lula, la importancia de una victoria en la primera vuelta exige una campaña que movilice las calles y, principalmente, a la juventud. El reciente llamamiento hecho por los artistas para que la población joven, entre 16 y 18 años, cuyo voto es opcional, saque la tarjeta electoral es un ejemplo concreto de lo que se puede hacer en términos de movilización. La preferencia por Lula entre los jóvenes, entre 16 y 24 años, supera el 50%.

Campaña de movimiento

Es necesaria una movilización que haga resonar, desde los cuatro rincones del país, un no rotundo a todo lo que encarna Bolsonaro, como «capataz» de las oligarquías financieras. Como responsable directo de los miles de muertes evitables en la pandemia; de volver a poner a Brasil en el mapa del hambre; del desmantelamiento de la educación pública y de la investigación; del desprecio a la cultura; de la institucionalización de la mentira, vía fake news y del ocultamiento de una corrupción descarada que dice estar en contra de la «vieja política»; por la exaltación de los milicianos, la tortura y los torturadores; por la difusión de la intolerancia religiosa, la LGTBfobia y el racismo; por el aumento de las tarifas de los combustibles, los alimentos y los servicios públicos; y por el incremento del desempleo y la precariedad laboral.

Esta será una campaña que, efectivamente, tendrá que ganar las calles y no abandonarlas. En 2018, el sector progresista se echó a la calle en la segunda vuelta, en lo que se conoció como el movimiento de los «volteadores de votos». Dicho movimiento consiguió, de hecho, hacer crecer la candidatura de Haddad en la recta final. La gente salió a la calle dispuesta a escuchar a la población sobre sus preferencias y motivaciones, buscando exponer las diferencias entre las candidaturas.

Pues bien, ahora necesitamos algo parecido, ¡ya! Pero, no nos equivoquemos, la movilización no sólo se producirá por la negación, por el anti-Bolsonaro. También depende de un horizonte, de una agenda que aglutine y articule las insatisfacciones contra el ultraliberalismo del actual gobierno.

Una agenda que incluye, por ejemplo, la revisión de las privatizaciones, el techo de gastos, la reforma laboral, la autonomía del banco central; y a favor de la reforma agraria, los derechos de los pueblos indígenas, el fortalecimiento del SUS, la reducción de los precios de los combustibles, la tributación de la riqueza, la democratización del dinero a través de los bancos populares y las monedas sociales.

No se trata de esperar al calor de los acontecimientos de una segunda vuelta. Nos toca volcar este calor a nuestro favor, cerrando filas contra el bolsonarismo. Y si Lula no gana en la primera vuelta, permanezcamos, entonces, movilizados en las calles, incluso para defender, si es necesario, la legalidad de la elección, la condición más básica de una democracia.

Esta no será una campaña electoral más. Estamos viviendo un momento singular y decisivo en nuestra débil trayectoria democrática y todos somos responsables de su curso. Es más que una elección. Se trata de la posibilidad de seguir luchando para mejorar la vida de la mayoría de la población, sometida diariamente a la violencia y a los altos precios.

A pesar de la importancia de Lula y del PT para la democracia brasileña, la tarea inmediata es mayor y se impone a cualquier proyecto político-partidista. Se trata de enfrentarnos a nuestro pasado reciente y estar preparados para evitar que el tumor fascista se extienda como una metástasis en la vida nacional.

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Abriendo la matrioska de la desigualdad de género

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Pocas agendas de un modelo progresista generan tantas ramificaciones, mutaciones y contradicciones como las que apuntan a alcanzar la igualdad social y económica entre los sexos. Si bien algunas iniciativas se asientan en decisiones relativamente simples y directas, como establecer cupos femeninos en liderazgos corporativos y candidaturas políticas o castigos a las organizaciones que violen la isonomía salarial entre sexos por cargos con igual responsabilidad y desempeño, estos casos tienen un impacto social limitado (aunque sumamente inspiracional), ya que afectan a una minoría del universo femenino. Cabe inclusive preguntarse si esos avances de nicho no alimentan ―perversamente― una percepción de mejora generalizada, capaz de anestesiar la ambición por logros en campos más significativos de la batalla igualitaria. 

Un estudio de la consultora Market Analysis, junto con la red mundial de encuestadoras WIN, revela que para poco más del 45% de las 33 230 personas que fueron entrevistadas en 39 países, las mujeres tienen aún menos oportunidades que los hombres en su carrera y trabajo. Entre los latinoamericanos, esa percepción es más acentuada aún, llegando al 53%, solo que, si concentramos la atención en lo que piensan las mujeres del mayor mercado laboral de la región, es decir, Brasil, esa percepción de desigualdad asciende hasta el fenomenal 75%.

Algo parecido ocurre cuando nos enfocamos en los resultados de las luchas igualitarias. Con relación hasta qué punto la equidad de género se ha materializado en su sociedad, un 18% de los adultos de la encuesta mundial declaran que sí ocurrió definitivamente. Sin embargo, en Argentina, Brasil, México, Perú, Colombia y Chile, esos porcentajes mal llegan a la mitad: 9%. Si ponemos la lupa solo en lo que piensan las mujeres, ni siquiera llegamos al 8%. ¿Podemos imaginar progresos concretos y de amplia escala, rumbo hacia la igualdad de las mayorías femeninas, cuando es tan difundida la sensación de desventaja?

Tal como decíamos, avances institucionales como los cupos o sanciones por tratamiento desigual entre géneros son buenos porque establecen un principio o regla de juego capaz de ordenar e inspirar otras esferas, pero nos hacen correr el riesgo de no ver las camadas internas de condicionamientos a gran escala de la población femenina que ―como matrioskas― esconden la verdadera substancia de origen de las inequidades.

Uno de los cuellos de botella de las luchas igualitarias que interpela normas sociales adversas a la equidad (y que ―por lo tanto― alberga una camada aún más nuclear de problemas) está relacionado con la distribución de responsabilidades entre madres y padres cuando un nuevo ser llega al hogar. Ni todas las mujeres con hijos están en el mercado de trabajo, y ―en América Latina― menos de la mitad de las que están son protegidas por las leyes laborales del empleo formal.

Estas consideraciones sobre obstáculos para la igualación entre géneros fueron potencializadas por la pandemia de la COVID-19 que no solo marginó a las mujeres del mundo del trabajo en una proporción infinitamente mayor que los hombres, sino que también las obligó a siquiera estar disponibles para el ámbito profesional al recaer sobre ellas las responsabilidades no remuneradas de cuidado, mantenimiento del hogar, gestión de las tareas, y del espacio doméstico en residencias que ―súbitamente― se convirtieron en centros multitareas: escuelas, oficinas, restaurantes, gimnasios, salón de juegos y esparcimiento, lounges de sociabilidad.

Uno de los abordajes más objetivos y también más ignorados para concretizar esa valorización ocurre a través de la implementación y ampliación efectiva de las licencias de maternidad y paternidad, la promoción y naturalización de la paternidad activa o responsable y una redefinición de los patrones sobre cómo deberían comportarse individuos y organizaciones frente a las futuras madres.

Estudios recientes confirman la manutención de la llamada penalidad materna: casi la mitad de las brasileñas que se adhirieron a la licencia por maternidad caen en el desempleo a los 24 meses de su parto. Lejos de los parámetros europeos, enmarcados en el modelo de estado de bienestar y estimulados por poblaciones declinantes y presión del sistema de seguro social, los países de América Latina adoptan licencias maternas cortas, en su mayoría de 12 a 14 semanas.

Brasil, Chile y Colombia lideran la situación con cerca de 18 semanas. Alternativas promotoras de la igualdad de género, como la licencia paterna, no están en el radar de la población general y esas licencias paternas se caracterizan por su brevedad (apenas 5 días). Más aún, estimulados a pensar en un formato de responsabilidades compartidas donde los padres puedan asumir un tiempo mayor con sus hijos o ampliar ese beneficio de más tiempo exclusivamente a las madres, los datos del estudio Market Analysis revelan una nítida brecha de intenciones, en la que los papás apoyan fuertemente el favorecimiento de licencias para las madres, de modo que aumenten su dedicación, pero ellos mismos se oponen a involucrarse mediante el apoyo a una licencia paterna más ambiciosa.

El mismo estudio muestra que no se trata tan solo de oportunismo: existe una autopercepción de impotencia paterna en la creación de los hijos mucho más acentuada entre los papás que las mamás, así como también subsiste una lectura tradicionalista del lugar de la mujer con hijos alrededor de la vida familiar y maternal antes que profesional, visión que ―cabe decir― es mucho más endosada por los hombres que las mujeres.

Esos contextos actitudinales son un verdadero desafío para cerrar las brechas de género, acentuadas por la llegada de la maternidad. Es allí donde pueden hacer la diferencia la acción conjunta de organizaciones no gubernamentales, las instituciones políticas y estatales (legislando o supervisando el cumplimiento de las licencias) y las empresas (facilitando y ampliando licencias de maternidad y paternidad) mediante la pavimentación del camino hacia la igualación de oportunidades y resultados.

Como en un ensamble de matrioskas, al final de las capas más superficiales del igualitarismo de género, relativas a equiparaciones reguladas sobre salarios, oportunidades formales y selección de liderazgos, encontramos la estatuilla de cuánto la maternidad es un capital o un obstáculo para una sociedad que busca igualar los sexos.

En la medida en que la mujer es forzada a vivir la maternidad en términos que la condicionan como una penalidad a su vida profesional, el resto del edificio de la equidad de género se construye sobre pilares flojos. La última pieza de la matrioska, rumbo a cristalizar una mayor igualdad, exige un consenso no solo entre los actores organizados de la sociedad, sino también un esfuerzo para aproximar visiones de mundo, aún tensas entre los hombres y mujeres de nuestra región.


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La crisis de Ucrania como oportunidad para al diálogo interamericano

La invasión rusa de Ucrania ha generado un reacomodo de las relaciones internacionales y un agravamiento de las animosidades preexistentes entre los grandes bloques del Norte. El Sur global, en cambio, ha permanecido relativamente distante de la creciente polarización, y en esa línea se ha posicionado, en general, América Latina. Sin embargo y a pesar de las distancias, las reverberaciones de la crisis son tan masivas que es imposible no hacerse la pregunta respecto al impacto que tendrá la crisis en la región.

Una de las preguntas más relevantes es aquella que indaga sobre el modo en el que el “retorno de la geopolítica” y el “fin de la globalización” podrían impactar en las relaciones interamericanas. Más específicamente, si  la actual afectación de las  cadenas de suministros compuestas de nodos de producción y distribución desperdigadas por el mundo, llevará a un reacomodo del dialogo interamericano.

Esta pregunta no es nueva. Ya con la pandemia había resurgido la idea de que la autosuficiencia podría no ser tan descabellada dadas las dificultades para conseguir insumos sanitarios. Y hoy, esa preocupación reaparece bajo la fórmula de la desconfianza en las cadenas de suministros cuyos nodos de producción y distribución se ubican en “países enemigos”.

El resurgimiento de los “espacios regionales”

Es a raíz de esta problemática que en el escenario internacional se ha visto reflotar la importancia de los “espacios regionales” basados en una mancomunidad de ideas, postulados políticos y hasta cierto punto rasgos culturales comunes. Todo ello como condición para una mayor y mejor integración económica. Una manifestación de esta inquietud salió a relucir en la reciente visita de Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, a Argentina, donde ambos mandatarios se pronunciaron en favor de una reconstrucción del espacio regional latinoamericano, aludiendo a sus diferencias políticas específicas, pero sobre todo enfatizando los puntos comunes.

Lastimosamente, en el caso latinoamericano ese “espacio regional” se encuentra muy deteriorado, y se requerirá un gran esfuerzo para reconstruir la narrativa de la integración. Más aún si a dichos propósitos se le agrega la ambición de reavivar el diálogo interamericano, tomando en consideración que está en plena marcha el proceso de convocatoria a la IX Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Los Ángeles, EE. UU. en junio 2022.  

La Cumbre ya tiene una agenda bien definida, propicia para repensar las relaciones con el Norte, pues se convoca para “construir un futuro sostenible, resiliente y equitativo”. La cuestión es que el contexto político en el que se produzca el encuentro se dé un cambio de tono. Para ello, nos parece, hay algunos deberes a ser cumplidos por  parte y parte.

En el caso de la administración Biden ha llegado el momento de reinterpretar el significado de aquel   “estar de vuelta” después del caos trumpiano que proclamó la administración al asumir las riendas del gobierno. Hasta ahora, ese retorno ha estado dirigido fundamentalmente a reparar las relaciones con los socios del eje atlántico norte y el pacífico. Basado en una noción del orden internacional liberal tradicional, que otorga primacía a los países desarrollados. Su visión de cómo articular el Sur, y sobre todo el eje hemisférico occidental, no ha tenido las mismas luces.

La idea sería que esta visión de la administración Biden cambie e incluya una mirada distinta al Sur. Una en la que el espacio hemisférico occidental se fortalezca y reconsidere el tema de la integración, dada la crisis en la cadena de suministros y el retorno de la geopolítica. Un cambio que implique un enfoque diferente en las relaciones interamericanas con una aproximación más empática con respecto a las prioridades de los países de la región.

Historicamente, los temas de la agenda interamericana se basan en un listado pergeñado por el Norte, en base al análisis que sus órganos de gobierno hacen de la realidad latinoamericana. Sin embargo, esta nueva visión debería integrar los intereses de los gobiernos y organizaciones de la sociedad civil latinoamericana, mediante una nueva forma de escucha activa.

De parte de América Latina y el Caribe, evidentemente no se puede esperar una voz unívoca, pues al diálogo interamericano concurre una gran diversidad de países, incluyendo a los caribeños de habla inglesa, holandesa y francesa. Sin embargo, hay dos puntos que convendría resaltar. Uno es que se ponga en perspectiva la gran influencia de China, resguardando las relaciones con la potencia asiático, de manera que se valore en su justa medida las relaciones comerciales y las inversiones, pero, por otro lado, la región debería pronunciarse con claridad y en bloque en referencia a los principios democráticos, los derechos humanos y el respeto a las libertades.

Sobre este último punto convendría cambiar la manera en que la región se aproxima a la idea del orden internacional liberal, viéndolo menos como una suerte de pseudónimo de la globalización neoliberal y más como el tipo de orden multilateral que mejores condiciones ofrece para resguardar la democracia, siendo éste, un activo más deseable que las alternativas ofrecidas por la realpolitik de las potencias con rasgos autoritarios.

Por mucho tiempo, en el diálogo interamericano se ha dado como una suerte de “autoexclusión” de los propios países de la región. Como si los voceros del orden liberal internacional fuese solamente las democracias liberales del Norte, cuando, comparativamente hablando, y a partir de la tercera ola de democratización de fines del siglo pasado, la región tiene, de hecho, buenas credenciales para abogar por unas relaciones internacionales basadas en dichos principios y desde la perspectiva del Sur global.


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