Volver a Bretton Woods

Los acuerdos de Bretton Woods, que rigieron el funcionamiento del sistema financiero mundial durante más de tres décadas y sentaron las bases para el nacimiento y expansión de los bancos de desarrollo ocurrió en un momento crítico para la humanidad.

Era 1944 y el planeta estaba aún en plena Segunda Guerra Mundial, la cual derivó de los grandes temas que no se resolvieron durante la primera, y los coletazos de la Gran Depresión aún se hacían sentir casi tres lustros más tarde.

Además, comenzaban a configurarse los polos de poder y las dinámicas geopolíticas que determinarían el rumbo de la humanidad durante los siguientes 45 años. Se necesitaba un sistema que estuviera por encima de esas diferencias.

Por eso, representantes de 44 países se reunieron entre el primero y el 22 de julio de ese año en la localidad de Bretton Woods (New Hampshire, EEUU) con el propósito de sentar las bases de una cooperación internacional que garantizara el crecimiento y la cooperación entre las naciones participantes.

El sistema tuvo sus fallas y fue objeto de severas y muy fundamentadas críticas por parte de académicos y gobiernos. Sin embargo, más de 190 naciones siguen formando parte de las dos principales instituciones derivadas del acuerdo: el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

El mundo vive hoy un nuevo “momento Bretton Woods”. El desafío del cambio climático, la pandemia de Covid-19 y su severo impacto económico, y el reajuste del tablero político global que ya comenzó con la guerra en Ucrania nos ponen en un lugar parecido, pero con algunas ventajas.

La necesidad de redefinir las reglas del sistema financiero mundial para hacerlo más justo, sostenible y transparente, se manifestó con fuerza durante la crisis de 2008 y el posterior rescate de las instituciones afectadas. Y aunque a raíz de esa crisis hubo algunos avances en el marco regulatorio y en ciertas leyes, los desafíos que enfrentamos de cara al futuro requieren de mucho más.

De aquella conferencia surgió el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (que después pasó a formar parte del Banco Mundial). El objetivo de la institución, claramente establecido en el nombre, no dejaba lugar a dudas sobre su propósito.

El resto de la banca de desarrollo global tal como la conocemos tuvo su germen en ese cónclave y las instituciones que nacieron en él. Algunos bancos de desarrollo surgieron como satélites de esa influencia, y otros por la razón opuesta: para distanciarse de Estados Unidos.

Decía antes que, a pesar de la complicada situación que enfrentamos hoy, la coyuntura actual tiene algunas ventajas. Una de ellas es, precisamente una amplia red global de bancos de desarrollo conformada por más de 500 instituciones de todo tipo. Otra de las ventajas, es que prácticamente todas las naciones del mundo siguen integrando las instituciones que surgieron de Bretton Woods y participan de distintos organismos multilaterales.

Los bancos de desarrollo han pasado a ser, además de instituciones financieras, verdaderos repositorios de conocimiento y experiencias para hacer frente a los desafíos de desarrollo a toda escala. También se han alineado con otras prioridades mundiales: cambio climático, derechos humanos e igualdad de género, por poner algunos ejemplos.

Y conscientes de su capacidad, y sobre todo de su papel en el complejo panorama actual, han comenzado a dar respuesta coordinada a algunos de estos problemas. El evento Finance in Common, la primera cumbre mundial de bancos públicos de desarrollo que se llevó a cabo en París en 2020, es un ejemplo de ello.

En la circunstancia actual, al igual que hace 78 años, el mundo está en una encrucijada que requiere acciones coordinadas, instituciones ágiles y fuertes, mecanismos de cooperación que estén por encima de las ideologías y las coyunturas políticas. Mi llamado no es a revivir aquel sistema, sino a invocar el espíritu de aquella conferencia, en la que se intentaron forjar mecanismos de colaboración entre los países y de enfrentar de forma organizada los desafíos de la época.

Ese es el desafío. Y estoy convencido de que los bancos de desarrollo tienen un papel vital en financiar y proveer el conocimiento que necesitamos para salir de las crisis actuales. Es hora de volver a convocar el espíritu de Bretton Woods.

Un balance del Acuerdo de Paz de cara a la primera vuelta electoral en Colombia

El 29 de mayo será la primera vuelta de las elecciones presidenciales donde el tema de “la paz”, que ha ocupado la atención durante los últimos 24 años en el debate político electoral desde el gobierno de Andrés Pastrana, ya no es el protagonista. La campaña actual está centrada en temas como la corrupción, la reforma tributaria, la migración, la seguridad, el desempleo o la reforma del sistema de pensiones. A esto se suman los estragos ocasionados por la pandemia, el aumento de la inflación en marzo (8,53%) como consecuencia de la Guerra de Ucrania y los más de 21 millones de colombianos en situación de pobreza. Este escenario vaticina que el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de Paz de mediano plazo (2020-2022) será un desafío para el gobierno que asuma el 7 de agosto, independientemente de su ideología política.

Mayor protagonismo de la paz a pesar de la pandemia y la protesta social

Desde la llegada de la pandemia se ha ralentizado la implementación del Acuerdo de Paz porque el Gobierno Nacional y los gobiernos locales han dedicado mayor atención institucional y esfuerzo fiscal para atender las demandas sanitarias. A su vez, las medidas restrictivas, especialmente a la movilidad y distanciamiento social, han dificultado el avance de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET- y de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición -CEV-.

Durante la implementación de los acuerdos el país ha vivido, además, movilizaciones en contra de las políticas del gobierno de Iván Duque que han tenido como punto central las manifestaciones del denominado Paro Nacional. Si bien estas tuvieron como principal reclamo el retiro del proyecto de reforma tributaria, incluyeron igualmente reclamos como la gratuidad en la educación superior pública, la protección efectiva a los líderes y lideresas sociales, la implementación del acuerdo de paz o las reformas a la salud y al sistema pensional.

A su vez, la pandemia ha sido un contexto propicio para el fortalecimiento de grupos armados fuera de la ley debido a una menor presencia de la Fuerza Pública en los territorios para atender la pandemia y por la desmovilización de las FARC-EP. Esto permitió que las agrupaciones criminales aceleraran los procesos de apropiación de la tierra, producción de narcóticos, generación de renta ilícita, reclutamiento de menores e inseguridad de excombatientes, entre otros crímenes.

Los avances del Acuerdo de Paz

El Instituto Kroc es el responsable de monitorear y verificar en tiempo real las 578 disposiciones del Acuerdo mediante la Iniciativa Barómetro de la Matriz del Acuerdo de Paz (PAM), con base en el Plan Marco de Implementación -PMI- donde el Gobierno establece tres periodos para la medición: corto (2017-2019), mediano (2020-2022) y largo plazo (2023-2031).

El periodo de corto plazo, enfatizó sobre el cese al fuego definitivo, la dejación de armas, la preparación del diseño institucional de la paz, la creación de planes y programas, entre otros temas. Fue relativamente ágil, pero con bajos porcentajes en el desarrollo rural ya que la presión ejercida por la escalada de grupos ilegales marcaría un escenario complejo para el cumplimiento de los indicadores. Por otro lado, el periodo de mediano plazo coincidió con la llegada de la pandemia, el inicio de periodo de los gobiernos locales y cuando los planes de desarrollo estaban en su etapa de diseño.

En estos cinco años, el Gobierno de Duque se ha centrado particularmente en la reincorporación de excombatientes, mientras las cuestiones trascendentales como la reforma rural, las oportunidades de desarrollo en las comunidades vulnerables, la justicia transicional, la participación política y sustitución de cultivos ilícitos, se siguen posponiendo. En este marco, los aspectos más preocupantes son el aumento de la fuerza de los grupos al margen de la ley con su expansión en el control territorial y la violencia contra los excombatientes y líderes sociales que ha dejado 299 y 1270 muertos respectivamente.

Por otro lado, se destaca el abandono de las armas, la creación del partido Comunes y los escaños en el Congreso en representación de las víctimas. Según el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), tras la firma del Acuerdo de Paz ha habido una disminución del 95% de los indicadores de desaparición forzada, ejecuciones sumarias, falsos positivos, secuestro y tortura. Los12.350 desmovilizados que están cumpliendo con el proceso, son muestra de las bondades de resolver los conflictos por la vía del diálogo.

Sin embargo, es necesario un mayor esfuerzo para cumplir con las solicitudes de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, el cual además cuenta con un subregistro en la consolidación del universo total debido a deficiencias y de acceso a la información. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas -UBPD- reporta un dato provisional de 98.820 registros con corte a junio de 2021.

En conclusión, un paso relevante en materia de reconciliación es conocer la verdad de los hechos. Al 1 de abril de 2022, se han sometido según la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- un total de 13.381 personas, de las cuales 9.825 son de las FARC-EP, 3.393 miembros de la Fuerza Pública y 151 agentes del Estado. Además,12 manifestantes de la protesta social han sido incluidos en esta lista. Esta es una cifra significativa y cada vez más personas se comprometen para aportar al esclarecimiento de hechos victimizantes.

Simultáneamente con la JEP, el informe final que entregará en junio de este año la Comisión de la Verdad (CEV), como mecanismo extrajudicial y de solidaridad con las víctimas, permitirá cerrar un capítulo de los hechos atroces ocurridos en la historia y allanar el camino hacia la necesaria reconciliación.


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Guillermo Lasso, un año de incertidumbre política

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En mayo se cumplirá un año del gobierno de Guillermo Lasso en Ecuador y el primer escollo del Ejecutivo ha sido gobernar sin el respaldo de la Asamblea. Su agrupación política CREO, ha debido acomodarse ante una mayoría de congresistas que van del centro a la izquierda y con una presencia relevante del correísmo con 48 de los 137 legisladores. Mientras tanto, en las calles se vive un aumento desenfrenado del crimen y la violencia..

El principal problema del estancamiento que vive el país es que el partido oficialista, CREO, apostó por una estrategia que personaliza la política sin ubicar en su contexto la relación inevitable entre el Ejecutivo y el Legislativo. Antes de que se posesionen las autoridades de la Asamblea, el presidente ensayó un acuerdo político con sus dos rivales: el expresidente Rafael Correa y el líder histórico de la derecha del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot.

El rechazo en redes sociales, así como en diversos sectores, fue tan alarmante que Lasso reculó y más bien tendió puentes con el partido Pachakutik, los independientes y la Izquierda Democrática (ID) con la finalidad de asegurarse el control en la Asamblea mediante el nombramiento de las autoridades. Sin embargo, ninguna de las movidas en el tablero resultó eficiente. Un año después, el Gobierno no ha sabido establecer vínculos efectivos con la oposición ni con los aliados naturales de la derecha, y persiste la vieja práctica de mayorías móviles.

Sin mayores posibilidades de maniobra, el presidente envió a la Asamblea su megaley económica que incluía la reforma tributaria, la Ley de Inversiones y la reforma laboral. El proyecto fue rechazado porque la normativa ecuatoriana impide el tratamiento y aprobación de tres materias de manera simultánea cuando son urgentes.

El Gobierno replanteó su estrategia y envió un cuerpo a la vez sin contar ―en primera instancia― con los votos suficientes, es decir, 70. La Ley de Reforma Tributaria podía entrar en vigencia por el Ministerio de la Ley si no había acuerdo entre los diferentes bloques; sin embargo, con los votos del correísmo pasó. Esta misma maniobra no se repitió con la Ley de Inversiones, que fue rechazada, lo que prevé el fracaso de la reforma laboral. Frente a este traspié, el presidente fustigó contra asambleístas de Pachakutik y el líder de la ID, Xavier Hervas, a quienes acusó de intercambio de favores.

La complejidad para que el Gobierno saque adelante su Plan Nacional de Gobierno, debido al bloqueo de la Asamblea, se agudizó cuando su exministra de Gobierno, Alexandra Vela, dimitió del cargo por estar a favor de la Muerte Cruzada o el cese de funciones de la Asamblea por obstrucción al Ejecutivo. Frente a este escenario, Guillermo Lasso enfatizó en “gobernar sin la Asamblea a futuro”, como si eso fuera posible, y peor aún cuando descartó la Muerte Cruzada.

Ahora el Ejecutivo apuesta por una consulta popular de la cual nadie conoce su contenido, en un contexto donde ha bajado su aceptación y donde enfrenta un escenario de elucubraciones que reiteran la alianza con su rival Rafael Correa, debido al habeas corpus otorgado al exvicepresidente Jorge Glas, pese a que recaen sobre él dos sentencias por corrupción en el caso de Odebrecht. Pérdida para el Gobierno, triunfo para la Revolución Ciudadana.

Ante este panorama, el país vive, además de las manifestaciones, una ola de masacres en las cárceles, reiterados encautamientos de toneladas de droga y muertes violentas bajo la figura de sicariato en la costa, en los cantones de Durán, Guayaquil y Samborondón.

En lo que va del año ha habido más de 200 muertes violentas, y la inseguridad se ha convertido en la primera preocupación de la población. El clima se tensiona aún más por el asesinato de Don Naza, un militar que estaba dedicado al negocio de las pirámides financieras, donde además se investiga a otros elementos de las Fuerzas Armadas.

Ante este contexto, la sociedad civil toma fuerza, en el sentido de que la aceptación y la credibilidad de las Funciones del Estado están en los peores niveles desde la transición a la democracia en 1979. Las insinuaciones de que “se vayan todos” son recurrentes y las propuestas para mejorar la gobernabilidad están a la orden del día.

En esa línea, varios colectivos están impulsando una consulta popular ciudadana para preguntar a la población si está de acuerdo con quitar las atribuciones de designar autoridades al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, reformar el Capítulo V del Código de la Democracia, referente al sistema de partidos, usar el excedente del petróleo para la salud y la seguridad social, y la evaluación de los operadores de justicia. Hay varias propuestas que serán presentadas a la Corte Constitucional.    

Entre las complejidades e incertidumbres, el mayor logro del Gobierno ha sido la vacunación, lo que convierte a esta administración en una de las pocas que ha cumplido con su oferta de campaña de manera rápida, eficiente y con reconocimiento internacional. Esto dinamizó la economía y restauró un importante margen de confianza en el futuro, pese a que la situación económica sigue siendo dramática, puesto que siete de cada diez ecuatorianos no tienen empleo.

Otro aspecto positivo es el retorno a clases en todos los niveles educativos y la voluntad de implementar una política pública para combatir la desnutrición crónica infantil. No se puede perder de vista que el Gobierno no ha enfrentado casos de corrupción y eso es un mérito entre tanta impunidad. A ello, se suma la gestión en la búsqueda de inversiones extranjeras.

La expansión de los medios de pago digitales se consolida en América Latina

Las nuevas tecnologías están cada vez más impregnadas en la sociedad. El uso de herramientas innovadoras influye, mueve y transforma la economía mundial. El mercado del comercio electrónico en América Latina, por ejemplo, avanza a un fuerte ritmo de crecimiento anual. Entre 2017 y 2021, ha habido una expansión anual del 22% en los mercados de la región. ¿Y el futuro? Se prevé que el comercio electrónico aumente, con una tasa media anual del 19% para 2025. Esto se debe en parte a la amplia gama de métodos de pago como las tarjetas de crédito y débito, carteras digitales, BNPL (Buy Now Pay Later) y transferencias en tiempo real, entre otros.    

Los hábitos de los consumidores en cuanto al uso de la tecnología se reflejan en la forma en que realizan sus pagos. Según The Global Payments Report 2022, el comercio electrónico en los mercados latinoamericanos tendrá un crecimiento anual de dos dígitos para 2025, incluyendo los mayores de la región, es decir, Brasil (18%) y México (17%).

Sin embargo, las tarjetas de crédito siguen siendo el principal método de pago en el comercio electrónico de la región. En 2021 representaron casi el 40% del valor de las transacciones y destacaron como la mayor presencia del sector en todos los mercados latinoamericanos. En Brasil se registró la mayor adherencia, con un 44,7% de uso. Las tarjetas de débito representaron otro 18,2% del valor de las transacciones en la región durante el año.

Perú y Chile, donde se observa el aumento de su población bancarizada, deberían contribuir a las tasas de uso de tarjetas previstas para 2025. Pero incluso con una reducción del 3% en su cuota, las tarjetas de crédito deberían seguir siendo el líder de los pagos de comercio electrónico en la región, excepto en México debido a que la creciente popularidad de las carteras digitales tomará la delantera en 2024 como principal método de pago en el comercio electrónico por cuota en el valor de las transacciones.

La adopción de los monederos digitales no es casual ya que estos permiten a los consumidores almacenar de forma segura sus credenciales de pago y transferencia para las compras en prácticamente todos los canales en los que se realiza el comercio, ya sea en línea, en apps o en tiendas físicas. Y, en el caso de México, esta tendencia es un reflejo de la adhesión de la población al medio de pago, que en 2021 representó el 27% de las transacciones. Y en los próximos tres años debería alcanzar cerca del 36% de participación. Colombia y Perú también están abiertos al uso de carteras digitales, con una tendencia creciente para 2025.  En el contexto regional, la participación de este medio de pago será del 25% en los próximos tres años.

También se han visto transformaciones significativas en las transferencias bancarias que representaron casi la décima parte del gasto regional en comercio electrónico en 2021, con una proyección similar para 2025. Sin embargo, su uso adopta trayectorias variadas. Se estima una caída en Perú, del 8,8% en 2021 al 3,8% en 2025, y en Colombia del 16,5% a menos del 10% en los mismos períodos. En Brasil, con la introducción del pago instantáneo de Pix, se prevé que las transferencias en tiempo real pasen del 10,9% a casi el 18% en 2025.

Los pagos en tiempo real contribuyen a reforzar el comercio electrónico en la región. Argentina y Colombia, que ya contaban con soluciones establecidas, presentaron evoluciones en sus productos. Chile se situó a la cabeza, con un aumento del 140% en el volumen de transacciones (casi dos millones al día), y México y Brasil crecieron sensiblemente. De hecho, en Brasil se está exigiendo a todas las entidades, incluidas las fintech, que participen en Pix si tienen más de 500.000 cuentas de clientes activas para promover su difusión. América Latina está siguiendo la tendencia mundial de apoyar los pagos de las empresas, corporaciones y agencias gubernamentales a través de esquemas en tiempo real.

Dentro de esta amplia oferta de servicios y productos digitales, el BNPL -pagos que permiten a los consumidores abonar bienes y servicios, ya sea a través de una única factura o en cuotas finitas- está empezando a ganar adeptos en el comercio electrónico. El valor de las transacciones sigue siendo bajo -por debajo del 1%-, pero el ritmo de crecimiento será uno de los más rápidos del mundo. 

Este movimiento del comercio electrónico, asociado al cambio de los hábitos de consumo, tendrá sin duda repercusiones en la economía, desde la global hasta la local. Cada país percibirá los efectos de esta transformación en función de su perfil cultural, la cartera de productos tecnológicos disponibles en el mercado y, por supuesto, las orientaciones económicas actuales. Más allá de las especificidades de cada nación, lo cierto es que estamos abriendo el camino a nuevos tiempos en los que la innovación y la tecnología impregnan diferentes aspectos de la vida social y económica de toda la sociedad.

Con esta revolución tecnológica en el sistema financiero que repercute en el comercio electrónico, ¿podemos decir que el dinero en efectivo va a desaparecer? La sociedad evoluciona, se renueva y tiene un increíble poder de transformación. Se prevé que las operaciones de pago realizadas con dinero en efectivo se reduzcan a la mitad para 2025, frente al 3,8% del gasto en comercio electrónico en la región en 2021. Otoño, sí. Extinción, no. Necesitamos el papel moneda para completar esta mezcla de medios de pago contemporáneos, que siempre se renovará.

“Operación especial en Ucrania” desinformación y censura en América Latina

Los canales de YouTube y los perfiles de Facebook de los medios de comunicación financiados por Rusia como SputnikNews y Russia Today (RT) han sido bloqueados en Europa y Estados Unidos por diseminar información considerada falsa sobre la actual guerra contra Ucrania. Esto también ha sucedido en Latinoamérica con todos los canales Sputnik Mundo y RT en Español, incluido Ahí les va, el más popular en la región, liderado por la periodista/youtuber, Inna Afinogenova. Las razones que han aducido estas plataformas para cerrar las cuentas fue el incremento de contenido manipulado como montajes, imágenes y videos falsos que favorecen a Rusia y difaman a Ucrania y a sus aliados. 

Ya desde épocas de la Guerra Fría, Rusia ha sido acusada en repetidas ocasiones de ejecutar operaciones de información con el objetivo de manipular a la opinión pública. Con la revolución de la información, la naturaleza y difusión del poder de los Estados ha cambiado, convirtiendo al ciberespacio en un nuevo dominio operacional no convencional para las guerras, pues su accesibilidad facilita la existencia de una multiplicidad de actores y acciones.

En este nuevo terreno de combate, es usual encontrar interferencias electorales, desinformación y noticias falsas, ciberataques, ataques con drones e influencia financiera como modalidades de ataque, todas ellas acuñadas bajo el nombre de amenaza o guerra híbrida, de la información o doctrina Gerasimov

Respecto a la modalidad de desinformación y noticias falsas, las narrativas existentes en la región hispanohablante tienen su principal origen en las traducciones de contenidos originales en ucraniano, ruso e inglés. El fact-checker español Newtral y el latinoamericano AFP Factual han verificado hasta el momento en conjunto más de 80 bulos —contenido falso diseminado de forma coordinada y masiva con el objetivo de convertirlo en verdad— en redes sociales como Twitter, Facebook, YouTube y TikTok sobre el conflicto.

Dichas verificaciones van desde retransmisiones falsas de CNN en vivo hasta fotografías de protestas descontextualizadas o inexistentes que buscan particularmente desacreditar las acciones políticas y militares ucranianas.   

Las redes sociales y los medios rusos en español

La cuenta de TikTok del medio de comunicación Sputnik Mundo tiene alrededor de 62.6 k de seguidores. Desde el inicio de “la operación especial de Rusia en Ucrania”, la cuenta fue bloqueada durante seis días y le fueron eliminados 24 videos por incumplir las normas de la comunidad, de acuerdo con el presentador del medio.

Una de las causas fue la publicación de un video el 27 de febrero que sugería que el presidente ucraniano Volodímir Zelenski había escapado de la capital Kiev a Lviv. Esto fue originalmente mencionado por el presidente de la Duma Estatal rusa (Cámara Baja de la Asamblea), Vyacheslav Volodin, y difundido por otros medios de comunicación respaldados por el Estado ruso como Tass (Russian News Agency). Sin embargo, dicho contenido era falso y Sputnik jamás rectificó esta información, según una investigación del centro de pensamiento Institute for Strategic Dialogue (ISD)

De acuerdo con la organización estadounidense DFRLab, en la red social Twitter, además de las cuentas oficiales de RT en Español y Sputnik Mundo, las cuentas de las embajadas rusas en Argentina, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, México, Panamá, Perú, Venezuela y Uruguay han sido las que más han compartido publicaciones creadas originalmente por estos medios. Este tipo de contenido tiende a justificar la operación en Ucrania y afirman la necesidad de desnazificar y desmilitarizar a este país para proteger al pueblo ruso, así como para desenmascarar las verdaderas intenciones de la OTAN y los Estados Unidos.  

A diferencia de lo sucedido en la cuenta de Twitter en inglés, en donde se dio una tendencia regional con el numeral #IStandWithPutin o #IStandWithRussia al inicio de la guerra (dicha tendencia estuvo encabezada por cuentas automatizadas o bots), en los países hispanohablantes no se ha identificado ninguna que haya sido similar. En Twitter en español, los hashtags #YoEstoyConPutin o similares son, en su mayoría, trinos empleados en el año 2015 para apoyar a Rusia y sus acciones militares en la guerra en Siria, y muy pocos relacionados con el actual conflicto bélico. Además, cuentas que produjeron este contenido parecen ser reales y afirman localizarse en países como Venezuela, Nicaragua y, en menor medida, Bolivia. 

La red social Telegram, por otro lado, ha sido un gran aliado para la reproducción de los medios rusos en la región, ya que es de las pocas plataformas que no los ha censurado.

¿Censura selectiva?

La censura que han recibido estos medios está siendo muy cuestionada, pues las agencias de comunicación rusas no son las únicas que han diseminado contenido desinformativo en la región y que no lo han rectificado. El canal mexicano Televisa, por ejemplo, publicó ―de manera descuidada― imágenes y videos de ataques militares afirmando que correspondían a la guerra en Ucrania, cuando, en realidad, eran del conflicto árabe-israelí. Esto fue denunciado por Roberto de la Madrid a quien, sin embargo, le fue cerrado el canal de YouTube por unos días debido a la denuncia.

Esto pone sobre la mesa que estas plataformas globales se están convirtiendo en jueces de la verdad. En algunos casos aciertan, y en otros no, puesto que sus criterios y algoritmos son selectivos, ya que en última instancia buscan más la monetización que la verdad.


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Revocación de mandato de AMLO: dato duro vence narrativa (y “otros datos”)

El dato más importante que arrojó el ejercicio de revocación de mandato fueron los quince millones de votos que recibió el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a favor de su continuidad. Dado que el ejercicio fue promovido por y desde el gobierno, la cifra puede ser interpretada como el voto duro de AMLO o, si se prefiere, una medida de la capacidad del oficialismo de movilizar a sus votantes. ¿Quince millones son pocos o muchos?, se preguntará usted. Según se vea. Algunos pensamos que no son tantos, ya que equivalen al 16 por ciento del electorado. Una cifra nada despreciable ni mucho menos, pero que pone en duda la supuesta enorme popularidad del presidente. Este dato hace pensar que quizá estamos aquí frente a un fenómeno bien conocido en México: la discrepancia entre popularidad y apoyo electoral al presidente. La lección de la consulta sería pues que si bien AMLO y su partido parecen imbatibles en medios de comunicación y redes sociales, electoralmente es perfectamente posible vencerles.

Empecemos diciendo que esta revocación, oficialmente denominada como Proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024, fue una gran pantomima. La historia se remonta a agosto de 2021 cuando se aprobó la Ley Federal de Revocación de Mandato. Esta ley fue pensada para darle a la ciudadanía una herramienta para inconformarse con el ejecutivo y, en última instancia, removerlo del cargo de forma pacífica y legal. Pero ya se sabe que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, y lo que se pensó como una herramienta de democracia directa para empoderar a la ciudadanía fue capturada por el gobierno para movilizar a sus bases. En efecto, y contra toda lógica, la revocación de mandato del presidente fue promovida desde un inicio por el mismo gobierno de AMLO. El mundo al revés.

Es claro entonces que este ejercicio no califica realmente como una consulta de revocación, puesto que no responde a una genuina demanda ciudadana. Se trató más bien de un ejercicio de movilización gobiernista como los que vemos en países semi-autoritarios. Dicho lo anterior, sin embargo, desde el análisis político el ejercicio fue de gran valor pues permitió observar con nitidez el verdadero músculo electoral del presidente. Digo músculo electoral y no popularidad porque si algo quedó patente en la jornada del 10 de abril es que la una y la otra cosa no son iguales. La diferencia es clave puesto que una de las estrategias que AMLO utiliza para dividir y paralizar a la oposición es señalar que tiene niveles récord de popularidad.

Y aquí ojo: esta afirmación se ha demostrado claramente como un mito. En efecto, a estas alturas de sus sexenios, los presidentes Salinas, Zedillo, Fox y Calderón tenían similares niveles de aprobación rondando el sesenta por ciento (la abrupta caída en popularidad de Peña Nieto es la excepción, no la regla). A pesar de ello, los voceros del oficialismo repiten todos los días que este presidente es el más popular en la historia de México. El mismo AMLO incluso gusta de compartir encuestas en sus conferencias matutinas que lo ubican como uno de los líderes mundiales con niveles más altos de aprobación. No es ningún accidente, por el contrario se trata de una deliberada estrategia para crear una narrativa favorable a su gobierno.

El otro aspecto clave que la consulta demostró, fue constatar que AMLO sigue siendo un político muy capaz de torcer la ley para salirse con la suya. Ejemplos sobran. Empecemos por decir que el Instituto Nacional Electoral (INE) detectó que una de cada cuatro firmas de petición para llevar a cabo la consulta eran falsas. Sigamos por el hecho de que el presidente le recortó al INE el presupuesto para llevar a cabo la consulta bajo el argumento de la austeridad. Y terminemos por decir que ni él ni su partido respetaron la veda electoral (la ley establece que los partidos no podrán inmiscuirse en la campaña de revocación).

Repito: nada de esto es accidental. El politólogo Alberto Simpser en su libro “Why Governments and Parties Manipulate Elections: Theory, Practice, and Implications”, señala que los actores políticos en el poder pueden violan las reglas de forma abierta y sin tapujos para mandar un poderoso mensaje: tengo el poder y la audacia de brincarme la ley, y háganle como quieran. De acuerdo a Simpser, “la manipulación electoral puede potencialmente producir mucho más que simplemente ganar la elección en cuestión. Específicamente, la manipulación excesiva y descarada tiene una serie de efectos previstos que incluyen, entre otros: desalentar a los partidarios de la oposición de acudir a votar o protestar; […] disuadir a las élites políticas de oponerse al partido gobernante o incluso de entrar en la contienda política.”

Todo lo anterior arroja datos clave. Primeramente, que el voto duro de AMLO es hasta cierto punto relativamente pequeño, nada despreciable claro está pero tampoco imbatible. Segundo, es muy probable que estemos asistiendo a un caso de magnificación deliberada de la imagen de AMLO como un presidente popular en base a dos estrategias. La primera sería la construcción de una narrativa en torno a su persona como un presidente excepcionalmente popular —hemos visto ya que los datos señalan que se trata de un mito. Segundo, su forma de actuar como un político muy dispuesto a saltarse las reglas del juego electoral a la vista de todos, lo que le daría una ventaja psicológica.

Narrativa y psicología son importantísimas en las refriegas políticas, nadie lo niega. Pero los números mandan. Y lo que nos dicen es que a este presidente se le puede vencer electoralmente. ¿Es AMLO pues una especie de Mago de Oz de la política mexicana?


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Siempre hemos sido racistas en Brasil

Recientemente, el debate sobre el racismo en Brasil se retomó en la prensa, con textos publicados en algunos de los principales periódicos del país, como Folha de S. Paulo. El 24 de enero fue asesinado el refugiado congoleño Moïse Kabagambe, víctima de una agresión tras exigir el pago de dos días de trabajo en un quiosco de Barra da Tijuca, uno de los barrios turísticos de la ciudad de Río de Janeiro. A pesar de ello, es sorprendente que todavía se dude del principio racista en la fundación del proyecto de nación brasileño.

El racismo como elemento estructural

Desde la llegada de los primeros inmigrantes, existe una relación entre política migratoria, etnicidad y racismo, como señalan Carlos Vainer, Giralda Seyferth y Jeffrey Lesser, tres de los principales estudiosos del tema. Ya en el Imperio, una decisión gubernamental hablaba de la concepción de la colonia alemana de São Leopoldo por las ventajas de «emplear blancos libres e industriosos, tanto en las artes como en la agricultura».

La República retoma el objetivo de una política de colonización a la manera de las primeras experiencias de institución de colonias, y dio pasos significativos en el sentido de que la apertura de Brasil a la inmigración debía conciliarse con una política eugenista. Es en este periodo cuando se dictan decretos, a través del Servicio de Introducción y Localización de Inmigrantes, para regular quiénes eran los inmigrantes deseados, es decir, europeos blancos y considerados «civilizados».

La relación entre la eugenesia, la política de blanqueamiento y la inmigración durante la República también se convirtió en una cuestión sobre cómo pensar y construir un proyecto de nación para Brasil, y qué tipo de personas formarían parte de esta nación. Según Carlos Vainer, el Estado brasileño se asignó la tarea de constituir un pueblo y una nacionalidad con el objetivo de responder a tres órdenes de cuestiones: «1- la necesidad económica, de brazos entrenados y disciplinados; 2- la necesidad eugenésica, de aumentar las dosis de sangre blanca; 3- la necesidad nacional, de construir un pueblo nacionalmente unificado e integrado sobre estándares culturales homogéneos».

Con el objetivo de homogeneizar el tejido social brasileño, para crear un ambiente de cohesión de la nacionalidad, aunque sea a partir de un delirio imaginario, se intensificaron las acciones estatales que se venían realizando desde la década de 1920, y que se intensificaron durante el gobierno de Getúlio Vargas. Además de esto, hubo preocupación por la llamada amenaza amarilla, en referencia a los inmigrantes asiáticos.

Entre el atraso mestizo y la fantasía del progreso europeizado

Durante la campaña de nacionalización del Estado Novo (1937-1945), el europeo blanco seguía figurando como el inmigrante deseado. Sin embargo, el llamado «enquistamiento», es decir, el cierre comunitario de los inmigrantes europeos, especialmente los alemanes, era un factor a combatir, según Giralda Seyferth. Por lo tanto, de alguna manera, todas las comunidades de inmigrantes, incluso las de origen europeo, sufrieron la presión y lidiaron con el endurecimiento de las políticas asimilacionistas practicadas por el Estado brasileño.

En este sentido, el Estado brasileño pasó a actuar a través de decretos y leyes en el proceso de selección de los inmigrantes deseados y en la interferencia con las costumbres de las colonias o comunidades existentes, como forma de impedir la formación de espacios segregados, y poniendo en práctica una política de asimilación forzada. 

Sin embargo, hay que señalar que, aunque la visión del inmigrante estaba marcada por la tensión y el racismo, el inmigrante siempre gozó de un mejor estatus que el nativo o el mestizo brasileño que lleva las marcas de las etnias no deseadas: el indígena y, sobre todo, el negro. El inmigrante supera ampliamente al nacional desde el punto de vista racial y económico (eugenesia y productividad), señala Carlos Vainer.

El caso de la inmigración japonesa es ilustrativo de esta tensión y alternancia de construcción de significados en torno a un grupo étnico, a veces caracterizada por un profundo racismo, que llegó a asemejarse al africano, a veces por el deseo y la admiración por sus cualidades de buen trabajador: «los japoneses fueron vistos, simultáneamente, como el mejor trabajador y el más inasimilable de todos los extranjeros -el más extranjero de los extranjeros», según Vainer.

Sin embargo, para Jeffrey Lesser, el caso japonés sería ilustrativo del choque entre «la razón racial/nacional y la razón económica». Los japoneses en Brasil, al igual que en otros países del hemisferio, eran vistos como una «minoría modelo».

El final del siglo XIX y el principio del XX estuvieron bajo la influencia de las teorías eugenésicas y naturalistas de mejora racial, la búsqueda del «blanqueamiento» de la población mestiza brasileña y la adopción de modelos urbanos y nuevos parámetros económicos.

Tanto Vainer como Seyferth destacan la permanencia de la concepción eugenista en el contexto posterior a 1945 para el proyecto de nación y la construcción de significados en torno a la identidad nacional. Podemos señalar, de forma sintética, que dos sesgos fueron constantes en este proyecto: el económico, que tiene como telón de fondo el deseo de transformar el país en una nación desarrollada; y, implicado a este deseo, el segundo sesgo, la noción de etnicidad, con el proyecto eugenista, de blanquear el componente étnico local.

En el plano histórico concreto, esta ecuación socio-cultural-étnica se tradujo en la institución de un proyecto modernizador que, teóricamente, dejaría atrás las huellas de una estructura rural inadecuada a las aspiraciones industriales de la nueva élite nacional. En su génesis, nuestra élite está fundada por la «cultura señorial», el mantenimiento del privilegio, el consumo de lujo utilizado como demarcador de las fronteras sociales y de clase, y una polarización entre los intereses políticos regionales.

Las políticas de modernización consistieron en el fin de la mano de obra esclava y una apertura para atraer y recibir inmigrantes europeos destinados a ejercer el trabajo asalariado y apoyar el proceso de mecanización de las plantaciones. Así, el objetivo era promover el desarrollo económico y la «reformulación» étnica nacional. 

Este movimiento se ratificó y recibió nuevos injertos imaginarios con el tiempo. El perfil actual de la migración en Brasil revela un cambio de panorama en los nuevos flujos de extranjeros que llegan al país, con un aumento de la inmigración latinoamericana y africana, con una importante presencia de asiáticos, especialmente los chinos.

Este nuevo escenario renueva las preguntas sobre la migración en el país e impone nuevas miradas, sin embargo, mantiene la etnicidad como una cuestión latente, ya que actualmente recibimos un contingente de personas cuya visibilidad e interés deben ser constantemente negociados. En este sentido, recordamos que la lucha por la etnicidad revela un pasado racista en profunda sintonía con el discurso eugenésico eurocéntrico y que nos ciega ante una multiplicidad de minorías activas y creativas en el territorio local, tanto en el pasado como en el presente.

En América Latina la trata de personas implica sobre todo la explotación de las mujeres

En 2018, casi ocho de cada diez víctimas detectadas de trata en Centroamérica y el Caribe eran niñas y mujeres, mientras que en Sudamérica, siete de cada diez víctimas eran mujeres, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. La trata de personas, más allá de cualquier tipo penal definido por cada Estado, se refiere a una forma de explotación de personas, independiente del propósito exploratorio, sea este sexual, laboral, mendicidad, extracción de órganos, casamiento forzado o maternidad subrogada, entre otros. Se trata de una realidad dramática en nuestra región que afecta sobre todo a las mujeres migrantes.

El desplazamiento territorial es una alternativa para mejorar las condiciones de vida de las personas y sus familias, y particularmente la de las mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Los principales factores que llevan a estas personas a salir de sus países, son las dificultades económicas y la exclusión social, los problemas familiares y la desigualdad de género.

Ante este fenómeno, las redes de trata de mujeres en América Latina se aprovechan de su vulnerabilidad para engañarlas y explotarlas inclusive durante largos períodos de tiempo. Las redes emplean herramientas virtuales para atraer a sus víctimas y generalmente no usan coerción física para captarlas y llevarlas al exterior. Sin embargo, al llegar a su destino final, a muchas se les incautan sus documentos y son retenidas hasta que paguen sus deudas.

A pesar de ello, muchas mujeres no tienen la percepción de que estén siendo explotadas, y mucho menos traficadas. Parece que solo la prostitución forzada (a través de la coacción y la amenaza) está asociada con la trata de personas. Además, la trata resultante del engaño sobre las condiciones en el ejercicio de la prostitución no es entendida como trata por ellas mismas, lo que constituye un importante desafío a la hora de ofrecer respuestas ante la vulneración de sus derechos.

Sin embargo, cuando las mujeres sí son consientes de su situación de explotación, las redes actúan a través de amenazas personales y a sus familiares, obligándolas a permanecer recluidas.

Pese a la prevalencia de hombres como reclutadores de las víctimas de trata, existe también una gran cantidad de reclutadoras que logran convencer a las mujeres de las ventajas de estar insertadas en redes sexuales, a través de sus experiencias “exitosas” con la prostitución en el exterior.

Si bien la mayoría de las mujeres son reclutadas en su lugar de origen, también hay muchas que migran de forma autónoma, y ya en el lugar de destino, acaban pasando por situaciones de vulnerabilidad y son captadas por redes de explotación. Sin embargo, estos casos generalmente no encajan en el “perfil” oficial de víctima de trata.

Violencia de género y relaciones desiguales como trasfondo

Cuando hablamos de la trata de mujeres es importante comprender que la precarización de las relaciones lleva a contextos de vulnerabilidad. Las relaciones desiguales en las que viven las mujeres no les permiten gozar de sus plenos derechos, facilitan que sean tratadas como objetos y las colocan en condiciones de sumisión y opresión, como sujetos sin capacidades y saberes.

Y es que la pobreza afecta más a las mujeres que a los hombres y la pandemia ha profundizado este escenario, haciendo que 118 millones de latinoamericanas vivan actualmente en situación de pobreza, de acuerdo con la CEPAL. Además, las mujeres tienen una carga desproporcionada de cuidados dentro de sus familias. Esto reduce sus posibilidades de acceso a empleo formal y digno, así como a recursos económicos para su subsistencia y la de sus familias.

Además, la desigualdad se refleja en la dispar participación laboral entre hombres y mujeres en el mundo, según datos recientes de la Organización del Trabajo (OIT). Mientras que el 76,1% de los hombres está en el mercado, sólo el 45,6% de las mujeres tiene un trabajo. Y las mujeres y niñas tienen más probabilidades de tener trabajos precarios. Esto evidencia que la desigualdad económica también se basa en la desigualdad de género.

La relación de subordinación y dominación entre hombres y mujeres influencia en como las personas pueden desarrollar sus habilidades personales, profesionales y sociales, pero también nos ayuda a percibir como estos papeles contribuyen en la violencia de género y consecuentemente, en algunos casos, en la trata de mujeres. Por lo tanto, la violencia contra las mujeres dialoga con desigualdades de clase, raza y sexualidad, de forma interseccional, es decir, se trata de desigualdades que se combinan y refuerzan entre sí.

Por esta razón, comprender la trata de mujeres como una expresión de la violencia de género es fundamental para la construcción de políticas públicas en los Estados de origen, y de destino. Tales políticas deben ser capaces de promover derechos y disminuir las desigualdades de género entre mujeres y hombres.


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Uruguay busca un TLC con China ante un Mercosur empantanado

Durante la pandemia de la COVID-19, el vínculo entre Uruguay y China se profundizó con el acceso pleno a las vacunas Sinovac que llegaron para atender las demandas sanitarias del país sudamericano. Sin embargo, lo que ha llamado la atención política nacional y regional fue el anuncio del presidente uruguayo de que se iniciaría un estudio de factibilidad para suscribir un tratado de libre comercio (TLC) entre ambos países.

Naturalmente dicho estudio no garantiza la apertura de las negociaciones, pero sí es considerado el primer paso hacia un TLC. La decisión de Uruguay y el movimiento que dio China es una señal más de una relación que crece y que genera enormes expectativas en los actores nacionales.

Este es el último paso después de la consolidación de la relación entre Uruguay y China con la suscripción de la declaración de la Asociación Estratégica durante la visita del presidente Tabaré Vázquez a China en 2016. En ese viaje se abrió por primera vez la posibilidad de avanzar en la firma de un TLC bilateral, lo que el expresidente uruguayo dijo que ocurriría en 2018.

Finalmente, el acuerdo no se alcanzó, sobre todo por la falta de liderazgo en la política interna, donde algunos actores nacionales bloquearon la posibilidad de avanzar en la negociación.

La oposición de los socios del Mercosur

Las ambiciones de Uruguay, no obstante, se enfrentan a otro gran desafío y es que hasta el momento generan polémica en la región por los diferentes puntos de vista de los miembros del Mercosur.

Uruguay argumenta que puede avanzar en la firma de acuerdos bilaterales por entender que la Decisión 32/00 del Consejo del Mercado Común no se encuentra en vigor. Pero esta posición no es compartida por Argentina, que antepone el Tratado de Asunción, una visión acompañada, con menor énfasis, por Paraguay.

En el caso de Brasil, se debe recordar que, simultáneamente a la propuesta de flexibilización liderada por Uruguay, su interés estaba fundamentalmente centrado en la baja del arancel externo común del esquema de integración. Brasil, en especial con el apoyo del ministro de Economía, Paulo Guedes, y del presidente Jair Bolsonaro, acompañó a Uruguay en su propuesta y nunca marcó una posición firme ―contraria― a que Uruguay cierre un acuerdo con China, aunque tampoco la apoyó expresamente.

No obstante, con el cambio de canciller, Itamaraty volvió a cumplir un papel más preponderante, lo que derivó en señales ya no tan claras desde el principal socio del Mercosur.

Partiendo de este ámbito y asumiendo un cambio de contexto ―especialmente en Brasil por el escenario electoral―, los representantes uruguayos deberían volver a las negociaciones, buscando, por ejemplo, la regionalización de las relaciones del bloque con China, lo que podría articularse lanzando un diálogo Mercosur-China en el próximo semestre, cuando Uruguay tendrá a su cargo la presidencia del Mercosur.

Esa señal sería de central importancia para que China decida seguir adelante con las negociaciones bilaterales. Y es que la decisión de Uruguay es legítima si se tiene en cuenta que todas las partes avanzan en decisiones que van en contra del Tratado de Asunción, actuación que ocurre regularmente desde el año 1999.

Por otro lado, mientras que Uruguay estableció relaciones diplomáticas con China en 1988, unos cuantos años después que Argentina y Brasil, Paraguay es uno de los 14 Estados del mundo que aún mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán. Este es otro escollo más para la normal conexión del Mercosur con la potencia asiática.

Pero si Uruguay desea avanzar en ese sentido, además de lidiar con sus vecinos, deberá acelerar la negociación de otros acuerdos propuestos por China en áreas como la economía digital y verde, inversiones, cooperación dentro de lo que es la Franja y la Ruta. Estas serían señales de importancia para China, ya que acompañan la estrategia de alcanzar una Asociación Estratégica Integral, en la que la firma del TLC es un elemento de suma importancia, pero no el único.

El camino del TLC-Uruguay

Desde 1988, la relación de Uruguay con China se ha profundizado, ya no solo en lo que se refiere al crecimiento exponencial en el comercio de bienes, transformando a China desde hace tiempo en el primer socio comercial de Uruguay, sino también en cooperación y en intercambios políticos. Las inversiones, sin embargo, han aumentado pero a menor ritmo si se le compara con otros países sudamericanos.

Desde inicios del siglo XXI, China comenzó a dar pasos significativos para transformarse en un actor global, ingresando a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001, lo que en pocos años lo catapultó como el principal exportador mundial superando a Alemania. China también comenzó a ganar terreno en los organismos internacionales de posguerra, estrategia que simultáneamente complementó con la implementación de nuevas instituciones y proyectos estratégicos.

En 2001 se creó la Organización de Cooperación de Shanghái; en 2013, China lanzó el megaproyecto de la Franja y la Ruta; en 2014 lideró el lanzamiento del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS; en 2016 hizo lo propio con el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, y en 2020 logró suscribir el RCEP, acuerdo comercial de mayor impacto económico y comercial a escala global.

Para China, la firma de un acuerdo comercial es un eslabón más de una cadena mucho más amplia de acuerdos y de señales que derivan en ir subiendo la categoría de importancia que el Partido Comunista chino les otorga a determinados países.

Por lo tanto, para llegar a una Asociación Estratégica Integral se deben cumplir ―especialmente en el caso de economías pequeñas― una serie de acciones a largo plazo.

En ese sentido, Uruguay ha suscrito un número relevante de acuerdos de cooperación en diversas áreas, pero también ingresó a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, al Nuevo Banco de Desarrollo y al Banco Asiático en Inversión en Infraestructura, lo que son señales claras de la relevancia otorgada a su principal socio comercial.

Está claro que la apuesta de Uruguay es muy ambiciosa, mas aún es posible si se ajusta parcialmente la estrategia en curso, puesto que el camino de Uruguay hacia el TLC con China ya se inició y no debería tener punto de retorno.

* Este texto fue publicado originalmente en la web de REDCAEM

El incierto papel de Centroamérica en la agenda de EE. UU.

La migración de Centroamérica hacia Estados Unidos ha aumentado y, según un informe que el Comité Internacional de la Cruz Roja publicó en el mes de marzo, es probable que en 2022 crezca más y se agraven los problemas de seguridad para las personas que intentan cruzar la frontera entre la potencia norteamericana y México. La inmigración se ha vuelto un tema clave para Estados Unidos, y varias encuestas la ubican entre los principales problemas de los estadounidenses.

En las elecciones de 2020 hubo razones para el optimismo en Centroamérica. Ese año, Joe Biden prometió ―en la campaña presidencial― 4.000 millones de dólares para atender las causas de la emigración en México y los países del Triángulo Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala). Las causas son múltiples, pero, en su mayoría, tienen que ver con el desarrollo económico y social de los países centroamericanos. Las visitas del secretario de Estado, Antony Blinken, y la vicepresidenta, Kamala Harris, a Costa Rica y Guatemala, respectivamente, en junio del año pasado, se podían interpretar como una señal de interés de la administración Biden por cumplir esa meta. También es una buena señal la asistencia de Kamala Harris al traspaso presidencial en Honduras el  27 de enero.

Previamente, ningún Gobierno estadounidense había manifestado tanta atención a los problemas de desarrollo económico y social de la región. No obstante, también había razones para el escepticismo. Como bien señaló un panel de expertos del Diálogo Interamericano, encabezado por la expresidenta Laura Chinchilla, la propuesta del gobierno de Biden tenía varias limitaciones. Entre estas se encontraba la falta de enfoque regional que, como ha demostrado la historia, es fundamental para entender y afrontar los problemas de Centroamérica.

Es cierto que a través de alianzas público-privadas fomentadas por Estados Unidos se está trabajando para atraer inversión a los países más afectados. Varias empresas norteamericanas han manifestado interés, algo facilitado por un contexto de nearshoring. Es una oportunidad, pero seguramente requiere apalancamiento del sector público a través de políticas sociales en áreas clave como la educación y la salud. De cualquier forma, los efectos se verán a largo plazo.

Sin embargo, según una nota publicada por la revista Time el pasado mes de enero, para mediados de 2021 solamente se habían invertido unos 250 millones de dólares de la ayuda prometida. No queda claro cómo ni en qué. Tal como han señalado los expertos del Diálogo Interamericano, 4.000 millones de dólares es poco, en realidad, para las dimensiones de los problemas de la región. No obstante, parecía un buen comienzo. A pesar de esto, parece muy improbable el cumplimiento de esa meta al finalizar los cuatro años de la administración Biden-Harris, sobre todo si los demócratas pierden el control del Ejecutivo en noviembre de 2024.

El contexto internacional es uno de los factores que llevan al escepticismo. Si bien parte de la estrategia en política exterior desde el comienzo del Gobierno de Biden ha estado enfocada en recuperar alianzas que se debilitaron durante el gobierno de Donald Trump (2017-2020) con democracias occidentales, mucha de la atención se ha dirigido al sudeste asiático, particularmente hacia el ascenso de China como prioridad de política exterior.

Pero sus supuestos han debido cambiar rápidamente. Han surgido temas imprevistos, como el debilitamiento de su imagen por la caótica salida de sus Fuerzas Armadas

de Afganistán. Además, evidentemente, la invasión rusa a Ucrania es una afrenta a su estatus de potencia hegemónica. 

En el plano interior, la atención de las y los votantes está puesta en la inflación (en medio de elecciones de mitad de periodo en noviembre). La estructura de un sistema político bicameral, con comicios presidenciales cada cuatro años, elecciones en otros niveles a mitad de periodo y sistema bipartidista, plantea desde ya negociaciones muy complicadas para un partido de gobierno frágil en el Congreso. Entonces, una agenda para Centroamérica a largo plazo encontrará dificultades con un Ejecutivo estadounidense que tiene metas a corto plazo e intereses globales. Sin embargo, un segundo gobierno demócrata sería, sin dudas, ventajoso.

Esa lógica se mezcla con los problemas políticos centroamericanos. El Gobierno estadounidense ha manifestado que quiere evitar que la ayuda financiera caiga en saco roto, debido a la profunda corrupción, ampliamente conocida. A esto, se suma el autoritarismo que afecta principalmente a Nicaragua y, en menor medida, a El Salvador, y que amenaza a los otros sistemas políticos.

Si bien Nicaragua no entraría en las ayudas prometidas, complica las cosas. Los Gobiernos en Nicaragua y El Salvador han respondido con medidas represivas hacia organizaciones de la sociedad civil que deberían canalizar parte de la cooperación económica de los actores de la comunidad internacional, como Estados Unidos, a proyectos de desarrollo social. Esperemos que otros Gobiernos en la región no sigan el ejemplo.

Lamentablemente, los millones de personas que necesitan que estas promesas de desarrollo económico y social se cumplan están en medio del juego político. Por lo tanto, miles seguirán intentando migrar hacia Estados Unidos a pesar de que tengan que arriesgar sus vidas.

De momento, hay poca información sobre las políticas que se están implementando en esta área. Solo esperemos que se mantenga el interés a pesar de los factores debilitantes, tanto coyunturales como estructurales, en la política interior de Estados Unidos y los países centroamericanos, así como también en la política internacional.


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