Relativicemos el éxito de la “diplomacia de las vacunas” china

Detlef Nolte
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Relativicemos el éxito de la “diplomacia de las vacunas” china

La rivalidad entre Estados Unidos y China por la hegemonía global se agudizó mucho antes de la llegada del Covid-19. Pero la pandemia se ha convertido en una nueva arena política en la que se está llevando a cabo este conflicto. Desde América Latina, prevaleció por mucho tiempo la impresión de que la diplomacia china de las mascarillas, la disponibilidad de sus vacunas y la rápida recuperación de su economía en 2020 cambiarían el equilibrio de poder en detrimento de Estados Unidos.

Pocos analistas habrían contradicho la opinión de la Economist Intelligence Unit en abril de 2021 de que China había obtenido una clara ventaja en la diplomacia de las vacunas sobre Estados Unidos en América Latina. Hasta mediados de mayo 2021, China había exportado más de 250 millones de dosis (42% de su producción total), de las cuales cerca de 165 millones fueron a América Latina. El gobierno chino ha sido muy hábil en la comercialización de sus vacunas y en la escenificación pública de sus entregas. Y si bien sólo una pequeña parte fueron donadas, esto a menudo se desdibujó en la percepción del público.

China se ha beneficiado del vacío de liderazgo de Estados Unidos. Hasta junio de 2021 la potencia norteamericana no era un actor importante en la diplomacia de las vacunas. Sólo cuando la campaña nacional de vacunación estaba avanzada EE.UU. comenzó a exportar e incluso donar vacunas de su excedente acumulado.

Desde una perspectiva china, el campo de juego para la diplomacia de las vacunas en América Latina cambió significativamente en el segundo semestre de 2021 cuando Estados Unidos y Europa comenzaron a contar con más vacunas disponibles para el resto del mundo. Según el seguimiento del comercio de las vacunas de la OMC y del FMI, tomando como indicador el lugar de producción final (“llenar y terminar”) de la vacuna, la UE tenía una mayor participación (38.1%) en el comercio mundial de vacunas contra Covid-19 en 2021 que China (35.9%) y Estados Unidos (13%).  La UE exportó 62.6 % de su producción y Estados Unidos 51.2 % (con un fuerte aumento en diciembre). En contraste, China, debido a la demanda interna, exportó solamente el 31.5% de su producción. 

En el caso de América del Sur, sin embargo, China todavía es el principal proveedor, tanto en ventas como donaciones, pero la Unión Europea ha recuperado terreno. Dando una doble ponderación a las vacunas que requieren una dosis (J&J y CanSino), hasta fines de diciembre China había suministrado el 36.4% de las dosis de America del Sur, la UE el 29,8%, Estados Unidos 5.6% y Rusia el 4.4%.

Mirando hacia el futuro, la imagen se ve diferente nuevamente con las empresas europeas y norteamericanas dominando el mercado. Según el rastreador de vacunación de Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) con fecha del 31 de diciembre de 2021 se contabilizan 1.172 millones de dosis de AstraZeneca, J & J, Pfizer-BioNTech, Novavax, Vaxxinty y Moderna, 433 millones dosis de vacunas chinas (CanSino, Sinopharm, Sinovac) y 82 millones dosis de vacunas rusas (Sputnik) contratadas, tanto aseguradas como opcionales, por gobiernos latinoamericanos.  

Aunque a China le gusta presentarse como un gran benefactor, cabe señalar que la mayoría de las dosis de vacunas enviadas a América Latina se vendieron y no se regalaron. Estados Unidos supera claramente a China en las donaciones de vacunas. Según cálculos basados ​​en varias bases de datos (OPS, Departamento de Estado de Estados Unidos, Duke Global Health Innovation Center), para fines de 2021 Estados Unidos había enviado gratuitamente 53 millones de dosis a América Latina, los países de la UE 11.5 millones —España ha contribuido con nueve millones— y China sólo cinco millones.

¿Hasta qué punto China ha tenido éxito con su diplomacia de las vacunas?

Hay que distinguir, por un lado, en qué medida China ha evitado una pérdida de reputación y, por otro, ha ganado simpatía. Parece que China logró evitar una crisis de imagen al comienzo de la pandemia. China lanzó una política de información asertiva a través de sus embajadas en América Latina para repudiar las críticas a su gestión de la pandemia y construir una narrativa positiva.

Los datos del Barómetro de las Américas 2021 de LAPOP sugieren que China tuvo poco éxito en convertir la diplomacia de las mascarillas y la entrega de suministros médicos y vacunas en una ganancia de simpatía en América Latina.

En contraste, después de un declive dramático durante la presidencia de Trump, la confianza en el gobierno de EE.UU. se recuperó con Biden y casi volvió a los niveles de la era Obama. Mientras que en 2018/19 sólo el 39% de los latinoamericanos encuestados confiaba en el gobierno de EE. UU., la proporción aumentó al 57 % en 2021. En contraste, la confianza en el gobierno chino cayó del 47 % al 38 %. En la gran mayoría de los países latinoamericanos —con excepción de Haití y Perú—, hay mayor confianza en Estados Unidos que en el gobierno chino.

La pandemia fue una gran oportunidad para China de reducir la influencia de Taiwán en América Latina. Antes de que estallara la pandemia, nueve de los 15 Estados soberanos que mantenían relaciones diplomáticas plenas con Taiwán estaban en América Latina y el Caribe. Con la llegada de la pandemia el gobierno chino ha contado con equipos de protección médica y posteriormente vacunas para convencer a estos países. Pero Beijing no ha tenido mucho éxito en sus esfuerzos por debilitar a Taiwán en la región. Ningún país se ha alejado de Taiwán a cambio de mascarillas y vacunas chinas. En el caso de Paraguay, el único país sudamericano que aún mantiene relaciones oficiales con Taiwán, China no lo ha logrado. Tampoco en el caso de Honduras. Esto habría sido un gran éxito para China.

El único país que rompió las relaciones diplomáticas con Taiwán durante la pandemia fue Nicaragua que anunció su decisión recientemente. Aunque simbólicamente un avión chino con una donación de 200,000 dosis de la vacuna Sinopharm aterrizó en el aeropuerto de Managua el 27 de diciembre, la decisión de Nicaragua no fue provocada por la diplomacia de vacunas de China sino por el creciente aislamiento internacional del régimen de Ortega y la creciente presión y nuevas sanciones de EE.UU. Además, el número de dosis de vacuna donadas por China fue modesto en comparación con las donaciones de España (1,7 millones de dosis) y Francia (827.000 dosis) en 2021.

Sin duda China ganó terreno frente a Estados Unidos en América Latina hasta bien entrado el segundo año de la pandemia. Sin embargo, esto sólo ha tenido un impacto geopolítico limitado y no ha llevado a un aumento general de la simpatía hacia China en América Latina. Estados Unidos aún puede responder al desafío chino y ha recuperado terreno con la administración de Biden y su propia diplomacia de las vacunas.

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La migración, el tráfico de migrantes y la trata de personas

Verônica Maria Teresi
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La migración, el tráfico de migrantes y la trata de personas

El 3,5% de la población del planeta, unas 272 millones de personas son migrantes internacionales, según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de 2020. A nivel mundial, el número estimado de migrantes ha venido aumentando en las últimas cinco décadas. Este número es 119 millones mayor que el de 1990 y más del triple que el de 1970.

La perspectiva de que vivimos en un mundo conectado, con diversas asimetrías, trae a colación el debate sobre las migraciones internacionales y las formas de migración forzada y las vulnerabilidades resultantes como el tráfico y la trata de personas. En este sentido, la migración es un complejo desafío global.

Diferencias conceptuales

En un mundo de constantes movimientos humanos, la trata de personas y el tráfico de inmigrantes se han convertido en un problema a combatir. Hay diferencias conceptuales entre la migración, el tráfico de personas y la trata de seres humanos, y entenderlas es esencial para crear mecanismos específicos para combatirlos, prevenirlos y asistir a sus víctimas.

La migración es un fenómeno social que se produce con el desplazamiento de personas, de forma voluntaria y sin la intermediación de terceros, de un lugar a otro, ya sea dentro de los países o entre Estados con la intención de permanecer en ellos. La migración debe ser un fenómeno que debe ser respetado y garantizado, incluso con políticas internas de acogida y atención a los migrantes.

El tráfico de personas, por su parte, ocurre cuando una persona es transportada de forma consentida por terceros a otro país, por medios ilícitos y con la intención de obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico. La utilización del «servicio» de un tercero se debe a que las personas no pueden entrar en el país de destino por los medios normales, porque no es nacional o residente permanente y no cumple los requisitos necesarios para obtener el visado requerido. En el tráfico, existe el consentimiento dado por la víctima, que acuerda con el tercero su transporte al destino deseado.

Esta modalidad no contiene el elemento de coacción o engaño. Por lo tanto, se considera una forma de violación de las leyes de inmigración y presupone la participación voluntaria de los migrantes en redes de tráfico ilícito con la intención de entrar irregularmente en otro país.

Debido a su carácter irregular, no existen estadísticas mundiales fiables sobre el número de migrantes que son objeto de tráfico ilícito cada año, según la OIM. Por otro lado, los datos de la Policía Federal de Brasil indican que sólo en 2021, el tráfico de personas puede haber movido 8.000 millones de reales y la estimación media es que para llegar a Estados Unidos, cada migrante paga unos 112.000 reales a los coyotes o traficantes de personas.

La trata de personas, por su parte, supone el desplazamiento mediante engaño, coacción o aprovechamiento de su condición de vulnerabilidad social, con la intención de explotarlas en el destino final, obteniendo un beneficio económico. Esta explotación puede adoptar muchas formas, como la sexual, el trabajo forzado, el matrimonio forzado, la donación de órganos o la mendicidad. La trata transforma a la persona en un objeto de comercialización.

Separar el tráfico de personas de la migración

El fenómeno de la trata de personas afecta principalmente a mujeres y niñas, que constituyen el 65% de las víctimas, según el informe de estadísticas sobre tráfico sexual internacional de 2022. Este fenómeno se refiere fundamentalmente a una forma de explotación como consecuencia del sistema económico imperante en el mundo.

Esta percepción es fundamental, ya que a menudo se piensa en la trata de personas como resultado de su desplazamiento, ya sea interno o internacional. Lo que lleva a la trata de personas es su explotación, independientemente del propósito de explotación.

Cuando la comprensión del fenómeno de la trata se centra en la migración, existe un margen para aplicar medidas de control de la migración como justificación para combatir la trata de personas. La migración, en sí misma, no debe ser impedida, limitada o restringida. La migración es un derecho humano que debe ser cumplido por los países. Pero cuando se comprende que la trata de personas es un fenómeno de explotación, se crea la oportunidad de pensar en la víctima como el punto central de protección.

La claridad de este marco normativo facilita la observación, el análisis, el diseño y la ejecución de posibles políticas públicas que aborden el fenómeno desde un enfoque integral, en el que la transversalidad efectiva sólo se garantiza con el enfoque de derechos.

La migración como derecho

Las condiciones de vida en gran parte de los países de América Latina impiden la retención de la población que busca mejores condiciones de vida fuera de fronteras. Además, en el contexto de la pandemia, la pobreza, las desigualdades y la falta de empleo se han agudizado, mientras que 73 multimillonarios de la región han aumentado sus fortunas en 48.200 millones de dólares en el 2020, según un reciente informe de Oxfam.

La situación de desventaja de muchos migrantes hace que a menudo estos acepten puestos de trabajo en peores condiciones a las que habrían aceptado en sus países de origen. A pesar de estar en peores condiciones (muchas veces incluso en situaciones análogas a la esclavitud) o realizando labores menos complejas, la remuneración por este trabajo suele ser mejor que en sus países de origen, ya sea por el propio valor o por el mejor tipo de cambio. De esta manera, los inmigrantes pueden enviar dinero a sus familias, que a menudo sobreviven gracias a la ayuda.

Por otro lado, existen otras motivaciones simbólicas, que no pasan únicamente por las condiciones económicas. El sueño de trabajar en Europa o Estados Unidos es muy fuerte y ha sido idealizado. Migrar representa la búsqueda de condiciones para ser alguien diferente, con nuevos roles sociales.

Por lo tanto, es importante comprender el proceso migratorio para entender la transformación de la esfera económica, social, cultural y simbólica de los procesos migratorios.

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Retrocesos en la participación laboral de las mujeres en Chile

Camila Carrasco
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Retrocesos en la participación laboral de las mujeres en Chile

Coautor Renata López

Las mujeres hemos sufrido históricamente brechas en el mundo laboral, las cuales a pesar de los avances se han profundizado durante la pandemia. Por ello, uno de los grandes desafíos para la recuperación social y económica es atender los derechos laborales de las mujeres y que el Estado se haga cargo de garantizar que podamos generar nuestros propios ingresos, alcanzar la autonomía y contar con oportunidades de empleo con condiciones laborales seguras.

Las brechas que sufren muchas mujeres, en Chile y en el resto de América Latina, son desafíos que se deben asumir, no sólo en una esfera general, sino que deben atenderse también a nivel subnacional. Por ello, hace falta, no sólo detenerse en la realidad chilena en general, sino que se debe abordar el problema de manera descentralizada y con una perspectiva territorial.

En primer lugar, hay que señalar que la desigualdad en la participación laboral femenina es producto de la división sexual del trabajo. Tradicionalmente las mujeres han realizado el trabajo de reproducción y de cuidados (sin remuneración), de servicios y comercio, mientras que en áreas como la industria, agricultura y mercados financieros la fuerza de trabajo se compone, mayoritariamente, por hombres. En el 2010, en Chile los hombres alcanzaban una participación laboral promedio de 74,2%, mientras que las mujeres llegaban al 46,8%, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2021).

Durante la última década las mujeres aumentaron progresivamente su participación en el trabajo remunerado. Entre noviembre de 2019 y diciembre de 2020 la participación laboral femenina alcanzó su valor máximo de 53,3%. Pero este incremento se vio afectado por la crisis sanitaria y económica producida por el Covid-19, de tal manera que para el trimestre abril-junio de 2020 la participación de las mujeres se redujo al 41,2%, mientras que los hombres llegaron al 62,7%. Si bien entre noviembre y diciembre de 2020, avanzada la pandemia, la participación femenina aumentó al 45,3%, queda claro que hubo un retroceso comparado con el escenario previo a la crisis sanitaria.

Casi la tercera parte de las mujeres mencionaron como razón principal para no participar en el mercado laboral la situación familiar permanente, es decir, la necesidad del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados (INE, 2021). El impacto económico y laboral sobre las mujeres es importante debido a que muchos hogares son encabezados por mujeres, por lo que rápidamente se agotan los ahorros y crece el endeudamiento de estas familias, según concluye el Banco Central de Chile (2021).

Pero más allá de la pandemia, uno de los grandes retos en la desigual participación laboral entre hombres y mujeres es la conciliación de la vida laboral y familiar. Por lo tanto, las políticas de reactivación laboral, con foco en las mujeres, deben ir de la mano con la institucionalización de un sistema de cuidados que permita poner término a las brechas que provienen de cuestiones estructurales. Por ejemplo, las labores de cuidado han sido históricamente una responsabilidad exclusiva de las mujeres, lo que se traduce en jornadas laborales extremas en el caso de las mujeres que además tienen trabajos remunerados.

Sin embargo, la realidad de las mujeres es heterogénea. Las brechas de género varían en la medida que otros factores profundizan dicha desigualdad. En el caso de La Araucanía, —la región más pobre de Chile y donde se vive hace años un profundo conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche— existe una crisis multidimensional con un 17,4% de pobreza y un 5,9% de pobreza extrema que la ubica entre las regiones más desfavorecidas a nivel nacional.

La encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN, 2020) indica que en esta región un 61,5% de las mujeres se encontraban inactivas laboralmente y un 32% de ellas señalaron que la razón principal para no estar buscando trabajo son los quehaceres del hogar y el cuidado de terceros. Un informe realizado por el Observatorio Laboral de La Araucanía (2021) indica que la participación laboral femenina previa a la pandemia llegaba a un 48% y que, debido a la situación sanitaria, en los últimos trimestres de 2020 esta se redujo al 36%. Además, desde que comenzó la crisis, en la región se han perdido 42.000 puestos de trabajo para las mujeres y sólo se han recuperado 19.000.

En Chile existen políticas de inserción laboral para mujeres a cargo del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género como, por ejemplo, los programas “Mujeres jefas de Hogar en La Araucanía”, “4 a 7” o “Mujer Emprende y Buenas Prácticas Laborales”. A pesar de que estas políticas pueden contribuir a asumir los desafíos de reactivación económica y laboral, ciertamente no son suficientes. Ante el nuevo contexto de pandemia se requiere, además, rediseñar las políticas, revisar sus instrumentos y distribución de recursos con perspectiva regional, como también, es importante que desde el Estado se reconozcan las labores de cuidado y del trabajo doméstico. Se necesitan además tomar decisiones que contemplen las diferencias regionales y que atiendan sus desigualdades específicas.

La situación laboral de las mujeres tuvo un gran retroceso por la pandemia y el impacto fue mayor para las mujeres con dificultades estructurales que no pueden alcanzar la autonomía económica y un desarrollo laboral pleno. Por ello, el avance hacia una corresponsabilidad efectiva, el fin de los estereotipos de género y la seguridad laboral y protección social de quienes realizan labores de cuidados son un paso urgente.

Renata López Martínez es pasante del Centro de Políticas Públicas, Universidad Católica de Temuco. Estudiante de Trabajo Social, Universidad Católica de Temuco.

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La migración venezolana en busca de “una visa para un sueño”

Laura Cristina Dib
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La migración venezolana en busca de “una visa para un sueño”

Cada vez más migrantes venezolanos se encuentran en la necesidad de conseguir, como entona la canción de Juan Luis Guerra, “una visa para un sueño, una visa para no volver…con mil papeles de solvencia, que no les dan pa’ ser sinceros”. Con el flujo ininterrumpido de personas que huyen de Venezuela, más países de las Américas han impuesto medidas que dificultan el tránsito y llegada de migrantes y refugiadas a sus territorios.

Los países se debaten entre los imperativos morales que motivan sus obligaciones internacionales frente a los migrantes y refugiadas y la necesidad de controlar sus fronteras, y la discrecionalidad con la que cuentan para definir sus políticas migratorias. Se trata de un falso dilema, pues hay suficientes evidencias que demuestran que la imposición de nuevos requisitos más difíciles de cumplir no desincentiva la migración. Estos no evitan que las personas que huyen por sus vidas y la de sus familias crucen fronteras internacionales.

A mayor vulnerabilidad, más requisitos

En diciembre, mientras se celebraban las fiestas de fin de año, México anunciaba que se impondría el requisito de visa a nacionales venezolanos “que pretendan ingresar al país como visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas”. El gobierno mexicano ha señalado que ha identificado un aumento en la cantidad de personas de esta nacionalidad que ingresan con una finalidad distinta a la permitida bajo la estancia de visitante, así como un incremento de su tránsito irregular hacia un tercer país. Con México, ya son 99 los países que exigen visa a los venezolanos.

Este anuncio causa revuelo, pero no sorpresa. Como parte de una tendencia regional hacia el endurecimiento de las políticas migratorias, México se suma a la larga lista de países que han impuesto la visa como requisito previo al ingreso a su territorio desde la masificación de la migración proveniente de Venezuela a partir del año 2015.

En 2017 Panamá encabezó la imposición de visas a venezolanos, en 2018 Chile creó la “visa de responsabilidad democrática” y en 2019 se sumaron Perú, Trinidad y Tobago y Ecuador, según una investigación de los expertos Andrew Selee y Jessica Bolter publicada por el Migration Policy Institute,

En contraste, Colombia, siendo el país que recibe —con diferencia— la mayor cantidad de personas que huyen de Venezuela, ha mantenido una política de fronteras considerablemente más abiertas que sus homólogos.

Acuerdos incumplidos: la larga espera por una respuesta regional

En el 2018 los Estados miembros de la ONU adoptaron el Pacto Global para la Migración Segura, Ordenada y Regular en la Asamblea General. El Pacto, aunque es un acuerdo no vinculante, constituye un hito al ser un esfuerzo mundial por definir objetivos frente a la protección de los derechos humanos de las personas migrantes.

Sin embargo, el Pacto reitera la soberanía y discrecionalidad que tienen los Estados para definir sus políticas migratorias, al tiempo que establece compromisos políticos bastante vagos, como advierten los expertos Guild, Basaran y Allinson. De hecho, a menudo el lenguaje del Pacto es tomado por los gobiernos para referirse a políticas de visa que en esencia son restrictivas, como orientadas a garantizar una “migración ordenada, segura y regular”, convirtiéndolo así en un eufemismo.

A nivel regional, ha habido esfuerzos como el Proceso de Quito o incluso acuerdos del Grupo de Lima, pero los mismos han sido incumplidos, dando lugar a una respuesta desarticulada e incoherente de los países receptores frente a la migración masiva proveniente de Venezuela.

La desigualdad detrás del sistema de visas

No es un secreto que existe una suerte de jerarquía global de libertad en el sistema de visas. Las personas provenientes de países pobres, que atraviesan dictaduras y que viven conflictos armados, enfrentan enormes barreras de movilidad.

En el otro extremo, por ejemplo, los ciudadanos de los Estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, a menudo se encuentran exentos de las típicas restricciones de visa que se imponen al resto de los mortales. Esto fomenta las marcadas desigualdades entre ciudadanos del Norte y del Sur Global.

Adicionalmente y sobre todo en aquellos lugares en donde la geografía lo permite, la imposición de requisitos más difíciles de ingreso regular no tiene el efecto disuasorio anhelado por los gobiernos. Lejos de detener la migración, estas políticas contribuyen a que sea más difícil identificar y contabilizar a quienes ingresan, aumenta los riesgos a los que se enfrentan las personas más vulnerables en los pasos irregulares y promueve todo tipo de economías delictivas relacionadas con la migración, como el tráfico y la trata de personas.

Tras la implementación del requisito de visa a venezolanos en Chile, Ecuador y Perú, la migración regular disminuyó y se creó una falsa percepción de mayor control de las fronteras, según lo demuestra el estudio de Andrew Selee y Jessica Bolter publicado por el Migration Policy Institute. Pero, por el contrario, y como era de esperarse, lo que ocurrió fue un aumento notable de cruces por pasos no autorizados, así como un auge en las redes de traficantes de migrantes y grupos criminales que controlan esas peligrosas rutas.

Una realidad que trasciende a los venezolanos

Por supuesto, este no es un fenómeno que viven exclusivamente los venezolanos. Esta dura realidad también la enfrentan personas de otras nacionalidades de Sur y Centroamérica, asiáticas y africanas. La situación de las personas provenientes de Venezuela, por su magnitud, solo ha puesto en evidencia la ineficacia de las políticas de visa para frenar la migración forzada. Las visas son costosas, requieren documentación oficial y a menudo implican requisitos prácticamente imposibles de cumplir para los migrantes.

Las personas cuya vida depende de la decisión de huir de su país van a seguir cruzando las fronteras en búsqueda de oportunidades. Por su parte, las políticas restrictivas de regularización migratoria sólo aumentan las barreras que estas personas deben enfrentar para poder hacer ejercer sus derechos en los países de destino e integrarse a las sociedades de acogida.

Incertidumbre a días de las elecciones en Costa Rica

Federico Ruiz
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Incertidumbre a días de las elecciones en Costa Rica

Faltan sólo tres semanas para la elección presidencial del domingo 6 de febrero en Costa Rica y muy pocas cosas se saben con certeza. Probablemente la más evidente es que ninguno de los candidatos que disputarán la contienda obtendrá el 40% de votos requeridos por la Constitución Política para ser elegido presidente.

Si sucede lo esperable, las dos personas que obtengan mayor número de votos deberán enfrentarse el primer domingo de abril en una segunda ronda electoral, donde bastará la mayoría simple de los sufragios para ganar los comicios y ser declarado Presidente de la República.

Las últimas encuestas reflejan una lucha por los dos primeros lugares entre cuatro candidatos: José María Figueres del Partido Liberación Nacional (socialdemócrata), Lineth Saborío del Partido Unidad Social Cristiana (socialcristiana), Fabricio Alvarado del Partido Nueva República (conservador protestante) y José María Villalta del Partido Frente Amplio (socialista).

Otra “certeza” a la fecha es el pobre desempeño electoral del partido actualmente en el poder, Partido Acción Ciudadana (PAC), cuyo candidato Welmer Ramos no parece convencer ni siquiera a su propia base ante una Administración muy desprestigiada. Según la medición de diciembre del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, Ramos aparece con una intención de voto del 0.5%.

Si el partido que gobierna Costa Rica desde hace ocho años no logra un repunte sorpresivo en estos pocos días que le quedan —algo altamente improbable— el país será gobernado por una nueva fuerza política. Y cabe la posibilidad de que el PAC ni siquiera logre ingresar al parlamento, compuesto por tan sólo 57 diputados.

Por otra parte, la campaña no ha captado verdaderamente la atención del electorado. Mucho se debe a la pandemia, aunque también al hecho de que ninguno de los partidos tiene los suficientes recursos económicos para invertir en la campaña. Los grandes mítines son cosa del pasado. Ahora, prácticamente la totalidad de los recursos se utilizan en spots publicitarios televisivos (muy onerosos) y en las redes sociales.

Sin embargo, se espera que cuando se inicie la temporada de debates en los grandes medios de comunicación se despertará el interés de la ciudadanía que aún no sabe a quién dar el voto. Según el CIEP, los indecisos son poco más del 40% de las y los electores, quienes, por tanto, tienen en sus manos la determinación de quiénes serán los que pasen a la segunda ronda en abril.

Hay que tener en cuenta que en los debates no participarán los veinticinco candidatos que participan de la contienda. La mayoría de los medios de comunicación invitarán probablemente a los seis o siete candidatos que estén encabezando las encuestas. La excepción a esto fue la serie de debates organizados por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), máxima autoridad electoral en el país, donde participaron todos los aspirantes a la presidencia.

El TSE dividió a los candidatos en cuatro grupos (según el orden en que aparecerán en la boleta de elección) y, durante cuatro noches, grupos de 6 o 7 candidatos expusieron sus propuestas. El intercambio fue más bien escaso por el propio formato implementado por el TSE.

Si bien se cree que esos debates tuvieron poco seguimiento por la mayoría de la ciudadanía, algunas de las intervenciones han trascendido, principalmente en redes sociales, con un gran impacto en el ánimo del electorado. Particularmente se ha señalado el golpe a la candidatura de Lineth Saborío, la candidata de uno de los partidos con mayor apoyo, quien ha sido presentada como una aspirante sin ideas concretas. Con frases ambiguas se ha visto en problemas cuando justamente, al contestar una consulta por su falta de propuestas, respondió de forma ininteligible.

Por otra parte, el votante conservador, liberal o de derecha, tiene el inconveniente de una sobreoferta de candidatos, lo cual diluye el peso de los votos. Además, algunos de estos candidatos han decidido atacarse entre sí para robarse votos en su intención personal por entrar en los codiciados dos primeros lugares.

Por ejemplo, el candidato Rodrigo Chaves del Partido Progreso Social Democrático le recordó a su contrincante Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista en el debate del TSE, que fue suspendido por la Contraloría General de la República para ocupar cargos públicos por cuatro años por las acciones de Feinzaig como Viceministro de Transportes durante el Gobierno de Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002).

Por su parte, Chaves ha sido atacado por la fuerte sanción que le fue impuesta por el Banco Mundial cuando, siendo alto funcionario de ese organismo internacional, se le denunció por acoso sexual por parte de dos de sus subalternas.

Debe tenerse en cuenta que el electorado costarricense es muy volátil y que situaciones coyunturales y sobrevinientes pueden alterar la preferencia electoral en muy poco tiempo. Así sucedió hace cuatro años cuando dos candidatos que contaban con apenas el 5% del apoyo electoral dieron un salto para entrar a la segunda ronda, producto de una resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Dicho esto, y, a la espera del desarrollo de la campaña en las últimas tres semanas, todo parece indicar que José María Figueres del histórico PLN pasará a la segunda ronda. Si se da una caída abrupta de la candidata Saborío del PUSC (como se especula esté sucediendo), es probable que el contrincante de Figueres sea el conservador Fabricio Alvarado. Pero claro, en tres semanas, todo puede cambiar.

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El Brasil emergente

Carlos A. Gadea
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El Brasil emergente

Hay un Brasil que se está extinguiendo a medida que emerge uno nuevo, pero esta transición no se intuye simplemente observando la esfera política. Desde la transición democrática veníamos acostumbrados a detectar en los vaivenes de la vida política e institucional las energías sociales y culturales subyacentes, las ideas que estaban en disputa, los valores y la ética que se ponía a prueba en los nuevos tiempos de los años 1980 y 1990. La vida cultural y social se incorporaba como accesorio a la comprensión de la esfera de la política definiendo elecciones como la de escuchar Caetano Veloso o Chico Buarque. Nada escapaba a la política; ni la elección de la pasta de dientes.

Pero la esfera de la política no necesariamente se encuentra en correspondencia con los aspectos sociales y la vida cultural de un país. Esta puede llegar a desvincularse, paradójicamente, de aquello que se crea y transforma en la cotidianidad de las personas, en sus gustos, valores e intereses, de las maneras de encarar sus desafíos, de consumir, de amar y de ser reconocido por cercanos y ajenos.

El mundo del trabajo, la religiosidad o la estética han desarrollado cambios significativos en los últimos 30 años, mientras la esfera de la política parece aún reproducirse en disputas ideologícas entre izquierda y derecha que poco abarcan lo social. Los últimos 20 años de progresismo político en torno a gobiernos de centro-izquierda, materializados en un ciclo de ambigüedades sociales y económicas, desembocaron en un aparente callejón sin salida donde la esfera de la política balbucea por falta de aire.

Parece que se ha agotado su oxígeno y aquello que mantenía su energía eventualmente creadora desembocó en la antítesis de la política, en su negación como juego de la disputa de los libres intereses de ciudadanos en una sociedad democrática. Materializada en batallas identitarias y de los ‘lenguajes apropiados’, de políticas de ‘auxilios económicos’ para los más pobres y de acusaciones personales, la negatividad de la política domina a fuerza de superficialidad y falta de creatividad y debate sobre proyectos e ideas políticas. El a priori de todo argumento es el fin de la política como ejercicio, y de la esfera de la política como lugar de creación y transformación de la vida de las personas.

El Brasil que está dejando de existir progresivamente es aquel en el que se creía que las personas vivían en torno a continuas demandas, a conflictos y la comprensión de que en todo vinculo social siempre, en todo momento, está en juego una lógica de poder. Va quedando de lado aquella sociedad crispada a fuerza de la proliferación de situaciones en las que se creía que no habría más cabida a nociones como diálogo, consenso, ‘mulato’, transición, mezcla, hibridización o encuentro.

El Brasil de la imposición de las perspectivas, donde se determinaba —como si estuviese prefijdo— aquello que podía ser dicho desaparece. Hay cierto hastío por el Brasil polarizado donde se lo discute todo y donde se toma posición por todo como si ello implicase ejercer ciudadanía. Hastío por el populismo hard.   

Mientras este Brasil se diluye, gran parte de la población ve emerger valores, gustos y estilos de vida que que influyen el mundo del trabajo y la autopercepción de las persona. Músicas, estéticas, la propia esfera de la cultura, indican cómo este Brasil emergente está asociado a los llamados ‘batalladores’ brasileños, millones de personas que vienen construyendo subjetividades y deseos.

Se trata de quienes ya pasaron por las llamadas ‘políticas compensatorias’, a las que, paradójicamente, intentan no depender. Estos incorporaron cierta ética de la ‘autoconstrucción’ que no necesariamente es el producto de haber visto videos en redes sociales de ‘autoayuda ni por haber internalizado alguna lógica neoliberal para bien del capital, como creen algunos intelectuales.   

Tal vez pueda entenderse esta corriente como producto, directo e indirecto, de las iglesias evangélicas y sus múltiples facetas. No hay que olvidar que si en el Brasil del 2010 había poco más de un 15% de evangélicos (pentecostales, neopentecostales, etc.), en el del 2020 son un 31%, más de 65 millones de brasileños. Según estimaciones, en 15 años los evangélicos serán mayoría entre la población brasileña.

Pero más allá de este dato, el Brasil emergente no se reduce al Brasil evangélico. Está constituido por personas que incorporaron la ‘cultura de la iniciativa’ y que una parte de su identidad está integrada al ‘ecosistema del emprendedor individual o colectivo’, una característica comprobada en su enorme resiliencia y su capacidad para construir redes de relaciones y de solidaridad, intercambios de bienes y servicios.

En este ambiente, estos ‘batalladores’ se han construido en torno a un discurso en el que no admiten la tutela ni la intromisión, más que nada por una absoluta desconfianza de aquello que no provenga de su propio esfuerzo y accionar. El Estado es una figura distante y próxima a la vez que ejerce un papel poco relevante en el desarrollo de sus vidas personales.

El Brasil emergente no está contemplado en la disfuncional esfera de la política actual. Mucho ha cambiado social y culturalmente en el país en estos últimos 20 años. Ni alienado ni intelectualizado, el Brasil emergente sabe lo que no quiere: que se repitan tragedias. La pregunta que queda es: ¿para las elecciones de octubre de 2022 la esfera de la política mirará hacia las millones de personas de este Brasil emergente?

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¿Cómo resolver la crisis humanitaria en Chile?

Raoní Beltrão do Vale
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¿Cómo resolver la crisis humanitaria en Chile?

Cada día unos 500 refugiados y migrantes, incluyendo niñas y niños, cruzan a pie el riesgoso altiplano de la Cordillera de los Andes para ingresar a Chile, según la ONU. Muchos son víctimas de redes de tráfico de personas y abusos de transportistas irregulares lo que ha dejado, hasta ahora, un saldo de 21 muertos, incluyendo a un bebé de nueve meses.

La nueva Ley de Migración chilena diferencia el refugio de la migración, separando a personas extranjeras cuya residencia en Chile se justifique por razones humanitarias. Desde 2018, a raíz de la crisis humanitaria de Venezuela, la ONU insta a los países latinoamericanos a brindar protección internacional a las personas oriundas de este país, resaltando que se trata de un acto humanitario y no político. Sin embargo, la mayor crisis de refugio del continente es tratada como una crisis de migración irregular.

En el caso de Chile, la frontera con Perú y Bolivia está cerrada desde el inicio de la pandemia. Por si fuera poco, la mayoría de las solicitudes de visa es rechazada y el derecho al refugio se encuentra suspendido en la práctica. Tras la suspensión del derecho al refugio por oficio del Ministerio del Interior, la Contraloría General de la República emitió un dictamen reconociendo la improcedencia del oficio y la necesidad de garantizar el derecho a solicitar refugio, de acuerdo con la ley nacional y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. No obstante, Chile ha otorgado 20 estatus de refugio a venezolanos, sólo tres a niñas y niños.

La migración también impacta a las comunidades de acogida, desde las comunas fronterizas como Colchane, hasta la Región Metropolitana de Santiago, que recibe miles de personas todos los días. Los desafíos que implica este proceso requieren respuestas adecuadas a nivel económico, político y social, pero la escasez de estas acciones ha generado crecientes formas de discriminación y manifestaciones xenófobas como las registradas en Iquique en septiembre de 2021. Al respecto, la Cruz Roja ha hecho un llamado reiterado a la adopción del principio de No Hacer Daño a las personas, incluyendo a la población chilena.

La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) fue constituida por la ONU, junto a gobiernos y organizaciones de asistencia con el objetivo de ofrecer una respuesta a la migración venezolana. Según esta Plataforma, hay más de medio millón de personas que necesitan ayuda humanitaria en Chile y 73% de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela se encuentran en situación irregular.

Sin la posibilidad de acceder al refugio o a alternativas de regularización migratoria, esta población es víctima de todo tipo explotación y violencia: muchos no logran ni siquiera alquilar una vivienda y enfrentan diversos problemas a la hora de acceder a servicios como salud o educación.

Los desafíos del futuro gobierno de Boric

En relación a la migración venezolana, es importante entender que la situación no va a mejorar mientras no cambien las condiciones que llevaron a más de seis millones de personas a abandonar su país. Al ritmo actual, hasta el cambio de mando del 11 de marzo, más de 30 mil personas refugiadas y migrantes arriesgarán sus vidas entrando por pasos no habilitados. La crisis humanitaria es uno de los principales desafíos del futuro gobierno del presidente electo Gabriel Boric, todavía sin una solución a la vista.

No obstante, la crisis humanitaria es un problema más burocrático que práctico. Las personas se ven en situación de calle y sin medios, principalmente por su estatus migratorio irregular y una insuficiente ayuda humanitaria. Por otro lado, según el Banco Central, la migración genera efectos positivos y está asociada al aumento del PIB per cápita, con una población en promedio más calificada, joven y trabajadora respecto a la población nacional.

La nueva administración debe comprender que los ingresos irregulares no cesarán hasta que se restablezca la recepción de solicitudes refugio y el otorgamiento de visas. Además, los conflictos se resuelven coordinando la ayuda humanitaria con los municipios y organizaciones. En ámbito internacional, los países reunidos en el Proceso de Quito tienen la oportunidad de negociar cuotas de refugio y el reasentamiento de personas refugiadas. Todos los actores deben asumir que la ayuda humanitaria no puede ser politizada. A un problema regional, es necesario ofrecer una respuesta regional.

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Partidos políticos: ¿instituciones o máquinas?

Manuel Alcántara
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Partidos políticos: ¿instituciones o máquinas?

Es una evidencia indudable que la democracia representativa funciona con partidos políticos. Su presencia a lo largo de dos siglos no hace sino reforzar esa realidad que, no obstante, de vez en cuando se cuestiona. Entonces se habla de crisis. Aunque la teoría sobre su naturaleza y funciones está mayoritariamente basada en los casos europeos y norteamericano la presencia de los partidos en América Latina es tan señera como la de aquellos.

En su devenir, los partidos tuvieron su razón de ser como conductos a través de los que efectuar la dimensión electoral de la política y, paralelamente, fungieron como depositarios de determinadas cosmovisiones que representaban las ideologías y su afán a la hora de proyectarlas canalizando demandas sociales. Pero, por encima de todo, debieron discernir si eran instituciones, es decir prácticas rutinizadas de comportamientos con arreglo a algún tipo de regla, o máquinas, esto es, puros y meros intermediarios sin añadir valor agregado al proceso político.

Lo que ha cambiado son las formas de hacer política al unísono con las transformaciones habidas en la sociedad desde inicios de siglo por el impulso de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. Si el relato siempre fue fundamental en toda forma de acción colectiva, la política nunca se desentendió del mismo, de manera que ha estado presente en la configuración de procesos relevantes que dieron paso a la creación de las naciones o de los estados, así como a otros que tuvieron como hilo conductor grandes revoluciones.

En estos tres ámbitos los partidos fueron indudables canales movilizadores. A las funciones clásicas de representación y de participación se unieron las de agregación y de articulación de intereses a las que acompañó dos fundamentales en tanto que generadores de nuevas identidades políticas y como ejecutores de la acción de gobierno. En su interacción terminaron segregando al electorado que se alineó siguiendo sus postulados engendrándose una relación de cierta fidelidad y, sobre todo, de gestión de la responsabilidad por cuanto que el electorado premiaba y castigaba las políticas ejecutadas por aquellos.

Pero los cambios recientes que facilitan la expresividad inmediata de la gente han hecho que el votante mediano tiende hoy, con mucha mayor facilidad, a emitir su voto por razones emocionales o muy personales en las que su adscripción a diferentes burbujas configuradas por las redes sociales puede ser determinante y no desde la fría racionalidad, la pertenencia o la identidad ya que esta se ha diluido enormemente y, además, resulta cada vez más inestable

Los partidos siempre estuvieron al albur de, al menos, dos circunstancias: los cambios que se daban en la sociedad y las transformaciones en las reglas del juego político que se registraban por uno u otro motivo. Cada época y cada país, en la lógica de su propio proceso, decantaron diferentes escenarios. En América Latina, con las dificultades que siempre existen a la hora de la homogeneización de un grupo de países muy dispares, los partidos son hoy elementos clave de las democracias fatigadas de la región y, en este sentido, acompañan al presidencialismo realmente existente donde las pulsiones para alcanzar el poder les hace gozar de una instrumentalización vacía.

No se trata tanto de los vacíos de la memoria cuanto del vaciamiento de sus funciones clásicas y su mantenimiento forzado, bien porque gracias a los ordenamientos legales siguen conservando el monopolio de la representación vinculada a ellos, así como en lo atinente a la organización de las elecciones (para tramitar, por ejemplo, los gastos electorales), como porque existe cierta dependencia estructurada en quehaceres del pasado.

En un marco institucional como es el presidencialista donde la elección recae en una sola persona, lo que ahora sucede es que las campañas electorales propician la creación de amplias coaliciones en las que se diluye el componente partidista como se ha visto recientemente en Chile y se avizora en Colombia. Otro elemento que se registra es la floración inusitada de un elevado número de candidaturas que, como ocurre en Costa Rica para las elecciones del primer domingo de febrero, llega al paroxismo con un número que asciende a 25.

Además, también se registra el hecho de que desde el poder se construye el partido. Como resultado, los partidos concitan escenarios en los que la prominencia de una persona, que a veces no está identificada con ninguno desde el inicio, se reconoce con un proyecto con características pluridimensionales, perfiles programáticos difusos y una base social de apoyo muy heterogénea.

El caso más clamoroso de las capturas partidistas “desde arriba” es el del presidente Jair Bolsonaro que acaba de afiliarse al Partido Liberal (PL), una fuerza de derecha exponente de la llamada “vieja política”, con el cual deberá convivir el último año de su mandato para intentar la reelección en octubre próximo. Lo irónico es que en algunos estados el PL es aliado del Partido de los Trabajadores. Bolsonaro que estaba sin afiliación desde que rompió en 2019 con el Partido Social Liberal, por el cual fue electo en 2018, estuvo afiliado a cinco partidos y no logró en 2020 reunir las firmas suficientes para fundar Alianza por Brasil, como lo intentó junto con sus hijos.

La consecuencia es un panorama de partidos que hace tiempo dejaron de ser instituciones para configurarse como máquinas que operan en contextos donde la polarización es el principal motor. No se trata de una dibujada en torno al clásico eje ideológico que históricamente definió la política entre los polos de la derecha y de la izquierda. Ahora, como refiere Mariano Torcal, la polarización tiene un componente afectivo que es consecuencia de los sentimientos encontrados, odios, amores y fobias generadas en torno a las identidades colectivas que forman parte del acervo personal de la gente y que no hace sino potenciarse en el seno de la sociedad digital.

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Petróleo offshore en la costa bonaerenses: explorando el relato

Leonardo Stanley
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Petróleo offshore en la costa bonaerenses: explorando el relato

A principios de julio del 2021 el Ministerio de Medio Ambiente argentino convocó a una audiencia pública que evidenció un mayoritario rechazo a la extracción de hidrocarburos offshore. El mismo ministro, Juan Cabandie, que convocó y respaldó la iniciativa más tarde autorizó a la empresa energética Equinor a realizar las tareas de evaluación ambiental. Y, a fines de diciembre el gobierno otorgó la Declaración de Impacto Ambiental para el proyecto de adquisición sísmica en las áreas de exploración offshore CAN 100, CAN 108 y CAN 114, ubicadas en la Cuenca Argentina Norte, presentado por Equinor en sociedad con YPF y SHELL.

El discurso oficial trata de destacar los efectos benéficos que generará este tipo de actividad, particularmente en términos de nuevos puestos de trabajo directos e indirectos. Algunos sectores empresariales también se han entusiasmado con las nuevas oportunidades de negocios, mientras que el gobierno provincial piensa en los ingresos fiscales.

Diversos actores, sin embargo, destacan los riesgos ambientales que conlleva este tipo de exploración. Un grupo de investigadores del Centro de Tecnologías Ambientales y Energía de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro, demostró que existe un 99% de riesgo de derrames en las costas bonaerenses si avanza la exploración sísmica en busca de reservas de crudo y gas.

Por otro lado, las emisiones sonoras que producen los análisis sísmicos al momento de la prospección dañan gravemente al ecosistema marino, tal como lo ha denunciando Greenpeace Argentina.

Además de todos los problemas generados por la exploración, el problema centra es el calentamiento global. Los combustibles fósiles liberan dióxido de carbono a la atmósfera agravando el problema y la comunidad científica ha demostrado lo cercano que nos hallamos de atravesar determinados “puntos críticos”, lo cual desencadenaría terribles efectos sobre la vida en la tierra.

A diferencia del riesgo que entraña un problema ambiental arquetípico, el cambio climático combina incertidumbre y fragilidad. El primero implica asumir un determinado riesgo, el cual puede ser cuantificado. Pero el segundo nos adentra en lo desconocido, ello impide su cuantificación.

La (i)lógica del offshore

Independientemente de lo ambiental y climático, el gobierno debería considerar el riesgo de transición o riesgo financiero. Este se asocia con una pérdida no anticipada o prematura en el valor de los activos que utiliza el sector (incluida la infraestructura), esto es el problema de los activos varados. Dicha pérdida por revalorización obedece a distintos factores, sean climáticos, ambientales, aunque también obedecer a un cambio de opinión entre los inversores. Presionado por los activistas, pero también por los accionistas, los mercados ya están comenzando a descontar lo inevitable del cambio: el ocaso del petróleo tiene un horizonte cercano.

Cuanto más pronto las potencias actúen para mitigar el problema ambiental, mayor será la probabilidad de que en América Latina nos quedemos con “activos varados”. Si se cumplieran los objetivos planteados en Paris, para 2035 se proyectan unos US$ 304 mil millones en activos varados, con la industria petrolera reportando unos US$180 mil millones. Y allí se cuentan los activos actualmente operando, los cuales lograrían amortizar parte de los costos de capital originalmente hundidos.

Según un informe del Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID), para 2035 la producción en la región debería ubicarse por debajo de los 4 millones de barriles diarios, un valor de producción 60% menor que antes de la pandemia. Obviamente, ello tendrá fuertes repercusiones fiscales y afectará la balanza comercial de los países exportadores.

Si la resolución de tal disyuntiva fuese local habría inconvenientes, aunque podrían resolverse. El problema es que el problema resulta global, ya que las decisiones de algunos para mitigar el riesgo fiscal podrían incrementar el riesgo financiero de otros. Esto es lo que deberían ver aquellos que se aferran a la explotación petrolera en América Latina y concretamente el desarrollo offshore en el mar argentino. Las inversiones que se realicen en el país pueden quedar obsoletas por una decisión adoptada en otras latitudes como la imposición de una tasa al carbono sobre las importaciones.

Estos aspectos siguen sin ser considerados por muchos economistas del desarrollo que ven en las explotaciones offshore una vía para reducir la necesidad de divisas que requiere el país. Otros hablan de “soberanía energética”, destacando la mayor autonomía que permite el citado proyecto. Sin embargo, ambos argumentos resultan equivocados.

Por el lado de los ingresos, esta interpretación no tiene en cuenta la probabilidad de una caída abrupta en la demanda fruto de políticas públicas, el cambio tecnológico o nuevas normativas ambientales, todo lo cual nos lleva al problema de activos varados. Tal aproximación al problema resulta comparable con la de quienes defienden la teoría de las ventajas comparativas desde una visión estática. Si se quiere prever esta posible transición hay que tener en cuenta el carácter dinámico del problema y que la explotación petrolera puede terminar demandando más divisas que las que promete generar.

Y desde el lado de la “geopolítica”, quienes gobiernan deben visualizar la transición como una alternativa de transformación, un momento que permite diversificar la economía y pensar cuales son las actividades que reportan ventajas dinámicas y permiten afianzar un modelo sostenible.

El mundo esta mutando de un modelo energético basado en moléculas a otro basado en electrones, donde los ganadores del mañana serán aquellos que hoy inviertan en las nuevas tecnologías. La “carrera por la energía del futuro” ya comenzó. Tanto en EEUU, como en Europa o Asia, el Estado ha venido adoptando un rol determinante: nadie quiere quedarse fuera.

Por lo tanto, nadie racionalmente hundiría un dólar más en esta industria. Ello nos obliga a repensar el interés del inversor desde una perspectiva de economía política donde los intereses están detrás de las decisiones de los agentes, los mercados distan de ser perfectos y los políticos permeables al lobby petrolero.

Pero en América Latina, salvo excepciones, se mira al pasado. Seguir apostando a desarrollar cadenas de valor en industrias que están destinadas a desaparecer es parte de esa apuesta. Geopolíticamente es una mirada miope.

Binomio Lula-Alckmin: ¿dónde está el error?

João Roberto Lopes
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Binomio Lula-Alckmin: ¿dónde está el error?

Se ha especulado mucho, dentro de la izquierda, sobre el significado y las implicaciones de una eventual alianza Lula-Alckmin en las elecciones de 2022, dos políticos antagónicos en el pasado. Para no cansar al lector, seré directo. La oligarquía financiera, artífice y beneficiaria del Golpe de 2016, que dicta la agenda económica del gobierno de Bolsonaro, sólo se embarcará en otra «Carta al pueblo brasileño» si se asegura, con ello, de anular cualquier rasgo progresista que represente el lulopetismo. Algo que, a pesar de toda la conciliación y moderación de Lula, no está ni estará garantizado, al menos mientras Lula esté en la escena política.

La agenda iniciada con el «Puente al Futuro» de Michel Temer y profundizada durante el gobierno de Bolsonaro no tiene espacio para cualquier concesión a los derechos consagrados en la Carta Magna de 1988, ni para una diplomacia mínimamente soberana. Se equivocan quienes, amablemente, ven en la papeleta Lula-Alckmin la vuelta a los preceptos y rumbos democráticos ensayados por la «Nueva República», que habrían sido desvirtuados por Bolsonaro y por el Centrão. Asimismo, se equivocan igualmente quienes ven desesperadamente en esta pizarra una alternativa para frenar el neofascismo de Bolsonaro, visto como la tarea política más importante de la izquierda en este momento.

La izquierda «poliana» y la «desesperada» parece desconocer la profundidad de la ruptura operada con el Golpe de 2016. Aunque ya se presentaba como una tendencia antes, Brasil se convierte entonces definitivamente en una «plataforma internacional de valorización financiera». El ritmo y el volumen de la especulación financiera mundial, en lugar de contenerse con la crisis de 2008, crecen enormemente, generando un exceso de capital en busca de nuevas fuentes de valorización, algo que se agrava en el contexto de la pandemia.

Aquí entran en juego las privatizaciones operadas por el ministro de Economía Paulo Guedes, centradas en Petrobras, Eletrobras y Correos, así como en las empresas estatales y municipales de saneamiento; la descapitalización del BNDES para que el Gobierno genere caja para cumplir con los compromisos financieros; la autonomía del Banco Central; y la tasa de interés real más alta del mundo. Asistimos así a la consolidación de la hegemonía del capital financiero, en la que se vinculan bancos y fondos de inversión nacionales y extranjeros, especialmente norteamericanos.

La amenaza a la democracia que quita el sueño a la izquierda no viene principalmente de Bolsonaro, ni del Centrão, siempre dispuesto a aprobar agendas promercado, incluso de los gobiernos del PSDB y del PT. Bolsonaro no es más que el síntoma, muy enfermo, sin duda, pero sin embargo un síntoma, de la hegemonía financiera, cuyas exigencias de rentabilidad permanente son irreconciliables con los derechos sociales y la democracia.

La enfermedad está en el dominio de una casta financiera, que está tan concentrada que puede ser nombrada. No es casualidad que estas instituciones hayan conseguido aumentar sus beneficios en medio de la pandemia. Son, hoy, los controladores del mercado de capitales, a través de ANBIMA; del Banco Central, a través de su presidente egresado del Santander; del superministro de economía, fundador de BTG Pactual; y, sin olvidar, de su pupilo, que hoy preside el BNDES.

Sin duda, en un eventual gobierno Lula-Alckmin, este arreglo político a favor de la oligarquía financiera podría mantenerse, o incluso perfeccionarse. Sin embargo, aun así, el liderazgo popular de Lula, sumado a los riesgos de una geopolítica de integración latinoamericana y de acercamiento a China, son elementos suficientes para que la oligarquía no se embarque en la candidatura de Lula.

«Bloquear a Bolsonaro» no es suficiente

Por lo tanto, el escenario electoral que se acerca es de enorme polarización. Bolsonaro ha alcanzado, al parecer, el piso de popularidad que, a pesar de muchos pesares, se mantiene en torno al 20%. Además del control de la máquina pública, incluida la Policía Federal, Bolsonaro comenzará a pagar el subsidio Auxílio Brasil, con mayores montos y llegando a más beneficiarios que la difunta política del Bolsa Família.

Si Bolsonaro logra recuperar la popularidad en los primeros meses de 2022, su candidatura será la opción preferida de la oligarquía financiera, que lo llevaría a la segunda vuelta. Las posibilidades de Lula-Alckmin aumentarían si la candidatura de Bolsonaro no despega. En este caso, el apoyo reticente de la oligarquía estaría destinado a neutralizar, de una manera u otra, cualquier sesgo progresista en un futuro gobierno de Lula.

En este caso, el apoyo de la oligarquía estaría destinado a neutralizar, de un modo u otro, cualquier sesgo progresista en un futuro gobierno de Lula. La mayor tarea de la izquierda, al parecer, no se limita a impedir a Bolsonaro, sino a sus jefes. Pues, ya sea con Bolsonaro o con Lula-Alckmin, ellos mandarán.

Si hay algo razonable en lo anterior, el cálculo político recomendaría una alianza de Lula para la izquierda. Una alianza que exponga al debate público la necesidad de enfrentar la dominación financiera, como condición para reorientar el ahorro público a favor del desarrollo sobre bases distributivas.

Esto tendría un papel movilizador, ampliando la base de apoyo popular y la fuerza electoral de Lula, generando músculo político para una agenda capaz de revertir las políticas ultraneoliberales del periodo post-golpe, empezando por la derogación de la ley de techo de gasto. Más que «parar a Bolsonaro», se trata de combatir las raíces del bolsonarismo, enraizadas en la barbarie generada por la lógica depredadora y autocrática del capital financiero.

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