Una región, todas las voces

La creciente lucha contra la desinformación

Sin precedentes, así puede denominarse el crecimiento en la región de los “fact checkers”, también conocidos como “verificadores» que se dedican a detectar errores y noticias falsas en los medios de comunicación. De siete plataformas activas en el 2018 se pasó a 46 en abril del 2021, —localizadas en países como Argentina, Colombia, Chile y México— según un informe de la Universidad de Duke (2020). Estas iniciativas han surgido con el objetivo de mitigar los efectos nocivos de la desinformación que busca entre otras cosas manipular la opinión de las audiencias a favor de los intereses de actores privados y políticos.

Junto al covid-19 también se desató la infodemia, es decir, la incredulidad de las personas para afrontar la pandemia debido a la sobreabundancia de información sobre el tema, tanto inexacta como acertada. Esto provocó que los verificadores de la región, con el apoyo de Google, crearan el sitio web Chequeado Latam Coronavirus, a través del cual detectan y mitigan los bulos más virales y potencialmente peligrosos, logrando así reducir la difusión de rumores y contenidos falsos. 

Simultáneamente, en el 2021 el Knight Center for Journalism in the Americas de la Universidad de Austin Texas lanzó un curso online masivo y abierto que tenía como objetivo, en palabras de su instructora Cristina Tardáguila, “crear un ejército global de verificadores en América Latina y el Caribe”. 

¿Cuál es el origen de los “fact checkers”?

Estas iniciativas surgieron originalmente en Estados Unidos a mediados de los 90’ con el apoyo de CNN y el entusiasmo de largo aliento de periodistas como Brooks Jackson, quien diez años más tarde fundara FactCheck.org en la Universidad de Pensilvania. Sin embargo, estas iniciativas tomaron relevancia global en el 2009 cuando PolitiFact y su fundador Bill Adair ganaron el premio Pulitzer por la labor de verificar las elecciones presidenciales disputadas entre Obama y MacCain en 2008.   

En 2015 se creó la red internacional de verificadores, International Fact-Checking Network (IFCN), compuesta por 74 iniciativas alrededor del mundo. Su objetivo era crear un espacio colaborativo para promover la reunión de periodistas verificadores a nivel mundial y así mejorar las prácticas de esta emergente forma de hacer periodismo. 

Con el objetivo de mantener altos estándares en la verificación periodística, la IFCN orienta sus acciones bajo un estricto código de ética, el cual también debe ser seguido por las plataformas que quieran ser parte de la red. Su pilar es la transparencia y por ello la investigación y su metodología debe ser extremadamente cuidadosa. Además, la financiación y la administración de estas plataformas es abierta y sus verificaciones no se modifican de acuerdo a los intereses políticos o económicos de turno. 

¿Quienes son y cómo actúan los verificadores de la región?

Las plataformas de la región buscan verificar el discurso público de partidos políticos y líderes de opinión entre otros para que las audiencias puedan acceder a una opinión informada basada en datos para la toma de decisiones. Sin embargo, estas iniciativas no pueden analizar toda la información sospechosa sino únicamente aquella que se haya tornado altamente viral en internet, especialmente en redes sociales, o la que pone en riesgo la vida de alguna persona. Una vez realizada la verificación, las plataformas publican el contenido catalogándolo como verdadero, falso, engañoso o sostenible; dichas etiquetas varían de acuerdo al país. 

De acuerdo con la coordinadora de la iniciativa argentina Chequeado, Olvia Sohr, verificar información no es la única actividad que realizan estas organizaciones, algunas se dedica también a la educación, innovación y automatización. Además de Chequeado, una de las primeras de la región, existen otras iniciativas nacionales como Bolivia Verifica, Colombiacheck, Ecuador Chequea, Chequeado de Chile o El Sabueso de México.    

¿Cuáles son los retos para los verificadores de la región?

A pesar de su reciente creación, estas plataformas han logrado mejorar el debate público en Latinoamérica. Sin embargo, al ser un fenómeno que depende de internet sus retos de funcionamiento son innegables. En primer lugar, la financiación de estas iniciativas no es estable debido a su naturaleza y código ético, por lo que dependen de diferentes actores privados que en algún momento pueden verse afectados por sus publicaciones. Esto provoca inestabilidad para las organizaciones y sus empleados lo cual hace que sea difícil que se mantengan a largo plazo.  

Así mismo, internet es una plataforma horizontal de flujo de datos donde muchos actores privados pueden conocer sus herramientas y manipularlas de acuerdo a sus intereses. Las operaciones de influencia son un ejemplo de ello, ya que actores privados usan de manera desproporcionada cuentas en redes sociales para viralizar cierto tipo de contenido que, en la mayoría de los casos, es falso. Para ello, las plataformas, además de contar con periodistas capaces de analizar y discernir sobre la veracidad de la información, también tendrán que dominar temas de Big Data y algoritmos para afrontar estos nuevos modos de desinformación. 


Episodio relacionado de nuestro podcast:

¿Hablamos de los huérfanos de Covid-19?

Vivimos una tragedia colectiva que no se puede silenciar: en octubre Brasil alcanzó la marca de 600.000 muertos por Covid-19. Al menos 1/3 de ellos tenían entre 30 y 60 años, los muertos menores de 30 años representan alrededor del 1,7% del total. La mayoría eran hombres.

Hay una cifra desconocida y silenciada en esta tragedia: la que revela cuántos (y quiénes) son sus huérfanos. Estamos hablando de una generación que, en pocos días, ha perdido a su padre, a su madre (a veces a ambos) o a sus abuelos. Una generación que no ha sido capaz de despedirse, velar y enterrar a sus padres. Una generación que vivirá con un trauma individual y colectivo que, por el momento, somos incapaces de medir.

Una estimación -ya que no tenemos datos oficiales- es que hay alrededor de 113.000 menores que han perdido a su padre, a su madre o a ambos. Si incluimos a los abuelos como cuidadores, hay al menos 130.000 niños y adolescentes. La mayoría de los huérfanos han perdido a su padre, históricamente responsable del sustento económico de la familia. En otras palabras, también habrá que medir el impacto de este escenario en la profundización de las desigualdades y la pobreza.

La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de Covid, realizada por el Senado Federal, ha colaborado para que la muerte y el duelo de esta tragedia dejen de ser invisibles. Su trabajo será fundamental para la construcción de la memoria colectiva de nuestro trauma, para que los responsables de esta tragedia criminal sean castigados, para que sus actos no sean olvidados. También ha cumplido la importante función de dar voz a quienes sufrieron y sufren las secuelas de la enfermedad, de dar voz a sus huérfanos.

Es responsabilidad de la sociedad y del Estado acogerlos. Es urgente desarrollar programas y políticas públicas que garanticen a los menores oportunidades para (re)construir sus vidas y realizar sus sueños. Y es fundamental acoger a nuestros huérfanos en su duelo.

Aprender del pasado

Veamos un ejemplo reciente y muy brasileño: las víctimas de la epidemia del virus Zika. Niños con microcefalia. Mujeres, las «madres del Zika», que necesitaron renunciar a sus vidas para dedicarse al cuidado intensivo e integral de sus hijos.

La mayoría de estas víctimas viven en la región noreste del país, son pobres, madres desempleadas y abandonadas por sus parejas. Madres e hijos que cumplen una rutina diaria y agotadora de tratamientos indispensables para el desarrollo y el bienestar de los niños.

Los niños que nacieron víctimas de las secuelas del virus del Zika, en el peor brote que vivió Brasil entre 2015 y 2016, tuvieron inicialmente derecho a la Prestación Económica Continua (BPC). Recién en 2019 se sancionó una ley que aprobó el derecho a una pensión vitalicia de un salario mínimo mensual. Sin embargo, el acceso al tratamiento depende del lugar donde vivan, de las redes de políticas públicas y de los programas disponibles en las localidades, depende de que el cuidador principal se dedique por completo al cuidado y transporte de los niños.

En la práctica, muchas de estas mujeres y niños dependen de la caridad de quienes les rodean. No sólo para asegurar el tratamiento de sus hijos, sino también el sustento de la familia. La realidad de las víctimas del Zika es un ejemplo de olvido, invisibilización y negligencia que no se puede silenciar ni repetir.

Es una negligencia que trasciende el ámbito económico, de la garantía de un «ingreso para la supervivencia». Es una negligencia social, emocional, de responsabilidad colectiva.

Lecciones de la pandemia y el rescate de la política

Una lección importante de las epidemias es que sus impactos son siempre peores entre los más vulnerables. La proliferación incontrolada del mosquito Aedes aegypti y la rápida propagación de los virus del Zika, el dengue, el Chikungunya y la fiebre amarilla son viejos conocidos de la salud pública brasileña. Su proliferación es mayor en lugares con carencias en el acceso al agua potable y al alcantarillado. Por lo tanto, las zonas más pobres, con una población más vulnerable.

Las pandemias no son «igualitarias», y el coronavirus tampoco. También en este caso, los pobres y los negros fueron los más afectados, los niños especialmente. Al igual que las víctimas del Zika, las muertes por Covid-19 en Brasil tienen ingresos, clase y raza. Son precisamente estas personas las más afectadas por las comorbilidades identificadas como factor de riesgo. Y ahora sus hijos, miles, están abandonados a su suerte.

En la Cámara Federal y en el Senado se están tramitando diferentes proyectos de ley que pretenden garantizar los ingresos de los menores huérfanos de Covid-19. Propuestas preparadas a ciegas, ¡pues ni siquiera sabemos quiénes y cuántos son! ¿Cómo proponer acciones, prever el presupuesto para la distribución de beneficios y programas de fomento? Hay mucho que hacer y el tiempo es escaso. Pronto se cumplirán dos años de la pandemia: ¿reproducirá Brasil la negligencia?

Como muestra el informe sobre el Covid da la CPI, hay una diferencia fundamental entre el Zika y el Covid-19 que conviene recordar: este último tiene en su historia la marca indeleble de las acciones de un gobierno que colaboró deliberadamente con la diseminación del virus y el agravamiento de la pandemia, lo que profundiza el trauma y aumenta la responsabilidad colectiva.

¿Cuál es el compromiso de la sociedad con el futuro de toda una generación de huérfanos y víctimas de Covid?

El dolor, las secuelas y las consecuencias de la enfermedad en la historia vital de cada víctima deben entenderse como algo colectivo, nunca individualizado. Cada muerte debe ser recordada. Los huérfanos siempre serán los huérfanos de Covid. Una pandemia es un trauma colectivo, que debe ser elaborado por el colectivo. Desde el principio hablamos con ilusión y apuntamos con premura a la «nueva normalidad». ¿Cómo podemos volver a la normalidad ante semejante trauma?

Además de la implementación urgente de políticas públicas, es necesario que la sociedad brasileña haga el trabajo de duelo. Es necesario contar y relatar nuestras experiencias individuales con Covid-19, y elaborar colectivamente sus significados políticos y sociales, y las marcas de la pandemia en nuestra historia: construir la memoria del trauma. Sólo así es posible reelaborar y recrear: no se puede volver a la antigua normalidad, y una nueva en el futuro sólo será posible si nos comprometemos con ella. 

Este compromiso pasa por el rescate de la política, por entender que las políticas públicas, los discursos y las decisiones políticas importan. La construcción de la memoria o del olvido es una decisión política y colectiva, que quedará tatuada en el cuerpo social.

Que Brasil no olvide. Nuestras víctimas y huérfanos necesitarán algo más que el acceso a la ayuda pecuniaria para reconstruir sus vidas. En este momento, muchos niños brasileños están afligidos, aún más vulnerables, viviendo en la incertidumbre sobre su futuro como resultado de la pandemia. ¿Quién se ocupará de ellos? ¿Cómo van a llevar el luto? ¿Cuántos tendrán que pasar por procesos de adopción? ¿Cuántos no tendrán siquiera la posibilidad de ser adoptados? ¿Qué será de nuestro futuro como sociedad si se silencia su (nuestro) dolor?

Bolivia. Luis Arce: El evismo sin Evo

“Cuando me quedo solo en la noche y descanso es cuando me pongo a pensar en los temas y pienso qué decidir.  Así siempre ha sido. Yo decido” (Evo Morales en Mayorga 2019, 150).

A un año de la elección de Arce como presidente del Estado boliviano conviene preguntar si su forma de gobernar es parecida o no al de Evo Morales (2006-2019). A primera vista parece que si: Arce, al igual que Evo, tiene un discurso agresivo con los opositores a los que acusa de seres sin patria, de golpistas sin redención ni sanción, y de masacradores sueltos e impunes a los cuales solo cabe perseguir y encarcelar. En este sentido, su perfil de economista y profesor universitario, de hombre de fórmulas matemáticas, su imagen de ministro de economía de Evo, ha sido opacado por la aparición de esta versión evista de Arce.

Pero, mas allá de los discursos encendidos de Arce, de su reminiscencia insistente de los meses del gobierno “de facto” de Jeanine Áñez, realmente Arce no puede, por más que lo intente, ser la mejor versión del evismo. Postulo que ahí se puede encontrar la causa de los problemas y tribulaciones de un gobierno que, en menos de un año, ha retrocedido en varias iniciativas políticas, una de las más notables la Ley contra la legitimación de ganancias ilícitas.

Cuando gobernaba Morales, tenía bajo su mando no solo la primera magistratura del país, sino la jefatura del su partido, el MAS-IPSP, más la dirección de las nueve federaciones de cocaleros del Chapare. Es decir tenia (todo) el poder estatal, todo el poder partidario y el dominio sobre uno de los sindicatos mas relevantes del país. En cambio Luis Arce solo tiene parte del poder gubernamental, tiene muy poca influencia sobre el partido que sigue en manos de Morales y no tiene llegada con la bases campesinas, acostumbradas, o deslumbradas o convencidas por la figura de Evo.

En segundo lugar, como anota Fernando Mayorga (2019), un rasgo característico del estilo de gobierno de Morales era la concentración de las decisiones en su persona. Morales, si bien oía a sus bases, escuchaba a sus ministros y atendía los consejos de asesores, era quien finalmente tomaba la ultima decisión, muchas veces en franco desconocimiento de la opinión de su círculo más cercano.

Morales encaraba los conflictos, los hacia durar, los alargaba, los ninguneaba, los despreciaba y solo cuando tenía a las protestas en las puertas de Palacio de gobierno, reculaba, retrocedía en su decisión y accedía a las demandas. Era entonces que, frente a sus opositores (agotados por el cansancio de la larga lucha), anunciaba que retrocedía en su decisión bajo el discurso que había escuchado al pueblo, del cual, en una onda populista se sentía intérprete.  

Se puede hacer referencia a la movilización de los médicos en contra la Ley del nuevo código penal que duró casi tres meses (2017-2018) e implicó la presencia permanente de los galenos en las calles y la participación decisiva de otros sectores. Solo cuando Evo vio que la negativa del gobierno era insostenible, procedió a la anulación de la mencionada Ley.

En cambio, Arce, ante el primer viento en contra, ante la primera amenaza de movilización, retrocede, se asusta, busca establecer o reestablecer la paz.  En octubre de este año, el conflicto que despertó La ley de legitimación de ganancias ilícitas solo duró una semana: ante el solo anuncio que actores estratégicos como los mineros cooperativistas y los gremialistas ingresaban a las movilizaciones, el gobierno paralizó en seco el tratamiento de la Ley en la Asamblea legislativa.

Morales hace política en todo momento, en sus horas libres, cuando hace deporte o juega al fútbol contra adversarios que, curiosamente, siempre pierden; tiene una larga experiencia en los conflictos, en las luchas callejeras y de caminos y, a pesar que exhibe una envidiable vitrina con títulos de Doctor honoris causa, solo ha logrado el bachillerato. En cambio, Arce no tuvo una carrera política sino académica, no sale de alguna cantera sindical, ni siquiera de las altas dirigencias masistas, gusta de dar clases y es un burócrata eficiente y de carrera.  Si a Evo le faltan aulas, a Arce le faltan calles. 

Con todo, esta es una explicación parcial. El contexto político y social también juega y mucho. Morales gobernó un país donde la oposición era un mero globo de ensayo de las elites económicas asustadas ante la irrupción de un partido populista. La misma, ya sea por la aprobación de la nueva Constitución en 2009 o de su fracaso en el referendo revocatorio de 2018, había sufrido una derrota moral de la cual le costaba salir. Además, tenia una sociedad satisfecha con los efectos de la bonanza de la economía y la movilidad social asociada a la misma.

En cambio, el contexto político del gobierno de Luis Arce es completamente distinto. Tiene tras de si una grave derrota política con la salida de Morales del poder en noviembre de 2019. Si bien en la narrativa del MAS (del cual Arce se ha convertido en un entusiasta emisor) hubo un golpe de Estado urdido por una elite oligárquica que manipuló masas incautas, en realidad, detrás del retroceso en las decisiones de Arce esta el temor que, así como pasó en 2019, el conflicto desencadene uno mayor que, nuevamente, ponga en jaque al gobierno.

En suma, existen tres elementos que problematizan la gestión de Luis Arce. En primer lugar, Arce no puede concentrar las decisiones, de hecho solo tiene dominio pleno sobre el área económica.  En segundo lugar, carece de la experiencia política como para poder administrar una iniciativa política polémica y llevarla a cabo y, en tercer lugar, no parece que tenga mayor llegada en los movimientos sociales afines al MAS.

El presidente Arce necesita urgentemente dar identidad y proyecto político a su gobierno, puede ser el líder que encare, por ejemplo, una profunda reforma a la justicia boliviana, hasta ahora ahogada en corrupción, ineficiencia y sumisión al poder gubernamental. Para ello es necesario el apoyo de varios actores hasta ahora no tomados en cuenta. Todo político busca dejar un testimonio de su paso por el poder,  continuar bajo los parámetros del evismo, no parece ser suficiente.

Foto de Brasil de Fato

¿Una nueva agenda de seguridad América Latina-Estados Unidos?

Seis meses después de haber dado a conocer su propuesta de política antidrogas, el gobierno de Estados Unidos ha planteado el 8 de octubre pasado su interés por promover una nueva agenda de cooperación con México en materia de seguridad y prevención. El marco de la agenda es el Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Publica y Comunidades Seguras, cómo se ha denominado al acuerdo, y que sustituirá a la Iniciativa Mérida. Ambos gobiernos reconocen la importancia de atender la violencia, desarticular las organizaciones criminales transnacionales y enfocarse en la prevención, a fin de crear las condiciones para una cultura de paz, atendiendo las causas fundamentales del crimen.

La viabilidad de la implementación de la agenda dependerá de que la diplomacia se logre traducir en una eficaz gestión de la propuesta de Plan de Acción, a concretarse en diciembre, donde se especificará lo que se realizará durante los próximos tres años. Sin embargo, el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos no se limita a la relación con México, implica también una agenda compleja con países como Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, productores de coca y de amapola. La política de control de drogas desde esos países hacia México y Estados Unidos no ha reducido el problema, por el contrario, es más complejo desde el punto de vista de producción, distribución,  financiero y corrupción.

En la coyuntura actual, los gobiernos de México y Estados Unidos tienen objetivos diferentes. México tiene como prioridad el combate al crimen organizado con el uso de inteligencia y la aplicación de la ley y la reducción del tráfico de armas desde el territorio de Estados Unidos, ya que el 70% de las armas decomisadas provienen del país vecino.

Si bien el gobierno estadounidense comparte este enfoque, sus prioridades son otras. Por un lado, busca reducir el tráfico de migrantes irregulares que en su mayoría atraviesan México en su recorrido desde de Centroamérica y recientemente los migrantes haitianos que provienen desde Brasil. Y por otro lado, busca frenar el flujo de fentanilo, un opioide sintético similar a la morfina pero entre 50 y 100 veces más potente que está sustituyendo de forma acelerada el consumo de heroína en el país.

La relevancia del problema migratorio para Estados Unidos ha quedado plasmada con la participación del Secretario de Estado, Anthony J. Blinken, en la Reunión Ministerial Regional sobre Migración de este 20 de octubre en Bogotá. Entre las propuestas acordadas se pueden mencionar las siguientes: reforzar la aplicación de la ley en las fronteras mediante control de visados; protección de los migrantes más vulnerables como las víctimas de la trata y el contrabando de personas; mejorar la gestión de los refugiados y migrantes venezolanos en Colombia y haitianos en el marco regional, y finalmente promover proyectos de infraestructuras resistentes al clima que crean empleos en las comunidades expulsoras de migrantes. El problema del tráfico de drogas no fue una prioridad en la agenda del secretario Blinken en el marco del encuentro regional.

El gobierno estadounidense pretende cambiar el enfoque de su política antidroga, ahora el énfasis está puesto en la salud pública. El problema es que históricamente la prioridad en la agenda estadounidense se ha enfocado en la intercepción de drogas, no en la reducción del consumo. Políticamente las acciones policiacas son más visibles y tienen más impacto que las preventivas. No obstante, el consumo de drogas en la sociedad estadounidense, destacando el fentanilo en sus distintos derivados, sigue en aumento.

Finalmente, más allá de la relación con México, el gobierno estadounidense tiene otras prioridades relacionadas a la coyuntura interna como avanzar en la vacunación, la reactivación económica mediante la aprobación del programa de infraestructura, avanzar hacia una agenda verde, la negociación comercial y de seguridad con China y la reforma migratoria. Por lo tanto, el combate a las drogas, más allá del control migratorio fronterizo, no parece que sea una prioridad para el gobierno estadounidense, por la complejidad multidimensional del tráfico y consumo de drogas.

El gran reto de la nueva política del Entendimiento Bicentenario es su viabilidad en un marco en el cual los países latinoamericanos tienen prioridades diferentes. Una de ellas promover políticas antidrogas basadas en los derechos humanos, desarrollo económico, inversión en infraestructura, sostenibilidad ambiental y una eficaz gobernanza de los conflictos en las comunidades productoras de opio y coca.

Por ello, es probable que en el corto y mediano plazo no se reduzca el tráfico de drogas hacia Estados Unidos proveniente de países latinoamericanos, ni el consumo de drogas de los estadounidenses, así como tampoco se podrá controlar el ingreso de armas hacia México ni el crimen organizado.


Episodio relacionado de nuestro podcast

¿Y si creamos nuestro propio New York Times?

El 28 de septiembre el New York Times sacó su último texto original en español. El cierre de la sección de opinión en español, un proyecto que formó parte de un proceso iniciado en 2016, fue rechazado por un grupo de 100 latinoamericanos o especialistas en la región entre reconocidos periodistas, cinco ex presidentes y referentes del mundo de la cultura, que instaron al editor del periódico más influyente del mundo, a través de una carta, a no cerrarla. Esta decisión no solo entierra un espacio periodístico que ha sido esencial para fortalecer la comprensión de la audiencia global sobre nuestra región, sino que evidencia su irrelevancia en el debate global. Sin embargo, lo más triste de todo esto es que nos recuerda la profunda subordinación de la región a la hora de informar sobre sí misma.

Digo esto no tanto por el rol específico del medio estadounidense como porque el cierre de su sección en español forma parte de un fenómeno mucho más profundo. De hecho, el principal representante entre los medios que se dedican a explicar América Latina, es El País. La principal cabecera española es quien mejor y más profundamente cubre la realidad de nuestra región. Y por ello, muchos latinoamericanos desayunamos los domingos leyendo un diario de España para entender qué pasa en nuestra región.

Para convertirse en el principal referente en cubrir América Latina, en los últimos años El País ha abierto redacciones en Ciudad de México y Sao Paulo para cubrir sus secciones de América, México y Brasil. Pero estos no son los únicos casos, la gran mayoría de los medios globales occidentales tienen versiones, secciones y espacios dedicados a cubrir la realidad latinoamericana.

BBC Américas, formada por BBC News Mundo y BBC News Brasil, cuenta con unos 80 periodistas entre su redacción de Londres, Miami y Sao Paulo para cubrir América Latina e Iberia. Le Monde Diplomatique ha sido una referencia para los lectores latinoamericanos de izquierda durante décadas, así como el Nuevo Heraldo de Miami se ha posicionado entre los de derecha.

Este fenómeno, además, no se reduce a la prensa, sino que afecta a todos los medios informativos. En televisión, CNN en Español se posicionó fuertemente a partir de la expansión de la televisión por cable en la región y ha sido desde entonces el principal canal de televisión especializado en cubrir América Latina. De esta manera, gran parte de la audiencia interesada en informarse sobre el acontecer latinoamericano termina recurriendo a medios extrarregionales.

¿Y qué tiene América Latina para decir? Poco y nada.

Las dificultades históricas de la región para avanzar en su integración se reflejan también en el mundo periodístico, donde no han existido grandes proyectos que informen sobre ella de manera crítica. Esto muchas veces se atribuye a una debilidad identitaria que impide que se consolide una latinoamericaneidad lo suficientemente fuerte como para permitir el éxito de proyectos periodísticos regionales. De hecho, las métricas de algunos medios globales que cubren la región evidencian que los principales intereses siguen siendo nacionales: mexicanos, brasileños, argentinos, colombianos, terminan consumiendo contenido sobre sus propios países sin una mirada supranacional.

Pero estas dificultades no han detenido el surgimiento de diferentes proyectos periodísticos que han intentado posicionarse a nivel regional. El que tuvo más resonancia de los últimos años es el canal de televisión Telesur, fundado en el año 2005 por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información de Venezuela. Sin embargo, este ambicioso proyecto rápidamente se fue perfilando como un medio propagandístico del gobierno venezolano y demás gobiernos latinoamericanos con sesgo populista de izquierda.

En América Latina han existido y existen muchos otros medios, pequeños o grandes, más o menos ideologizados, tanto de izquierda como de derecha, que intentan posicionarse más allá de sus fronteras nacionales. Pero lo cierto es que hasta el momento no hay medios latinoamericanos de referencia especializados en cubrir la región de forma global.

Más allá de los proyectos frustrados debido a una excesiva ideologización o la ausencia de nuevos proyectos debido a esa supuesta débil identidad latinoamericana, lo cierto es que la apuesta de los medios globales por cubrir la región evidencia que existe un mercado de consumidores de contenido sobre América Latina lo suficientemente interesante como para correr el riesgo.

Por ello, creo que mucho más importante que rogar al New York Times que no nos dé la espalda es juntar fuerzas para intentar crear nuestro propio New York Times. Y Latinoamérica21 va a ser parte de este proceso.

Hay un Brasil del que no todos los investigadores pueden o quieren escapar

En los últimos años, una serie de artículos de prensa han explorado una expresión recurrente en tiempos de crisis socioeconómica en Brasil: la «fuga de cerebros». En términos generales, expresa la no inserción de los jóvenes investigadores en el mercado laboral que, sin alternativa, optan por emigrar a Europa, Norteamérica o Asia.

Ante un país que patina en una interminable crisis económica generada por la élite agro-minera, por el intempestivo humor del mercado financiero y por las medidas de austeridad de los gobernantes, esta parece ser la solución inmediata que encuentra parte de la población universitaria. Sobre todo frente a un gobierno federal supuestamente nacionalista, pero que, hay que reconocerlo, muestra ignorancia y aversión al papel de las universidades y de la ciencia nacional para el desarrollo de Brasil.

Este mes, la revista Piauí publicó un informe sobre la «diáspora» de cerebros, en el que señalaba que un elevado número de investigadores de universidades públicas nacionales consolidadas emigraban por falta de perspectiva. En un momento dado, el artículo afirma que estamos cerca de «un éxodo de nuestros mejores científicos», especialmente a Europa. En la misma línea, encontramos artículos publicados por la BBC y G1.

Al seguir este trágico debate sobre el desmonte acelerado de nuestra investigación y la emigración de nuestros investigadores, la pregunta que queda es: ¿quiénes son esos «cerebros» que se van? O más bien, ¿quién puede irse?

El origen de la «fuga”

Recientemente el gobierno promovió el recorte de R$ 600 millones del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FNDCT), vinculado al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovaciones (MCTI), cuyo ministro responsable dice haber sido sorprendido o despertado por «sorpresa», mientras probablemente dormía en una espléndida cuna con almohadas de la NASA.  El recorte corresponde al 92% del presupuesto para la ciencia y la investigación nacionales.

Hay que señalar que, por muy brutales que sean los recortes, no son nuevos. Este mismo ministerio perdió el 52% de su presupuesto entre 2013 y 2020. El Ministerio de Educación (MEC), por su parte, ha sufrido un recorte del 50% en el mismo periodo.

Este desmantelamiento no sólo compromete la formación de las nuevas generaciones de investigadores, sino también la continuidad de los que estaban en proceso de consolidación. Años de financiación en becas de investigación, instalaciones físicas, recursos humanos, equipos y bibliotecas para formar a profesionales tan caros y necesarios para el país y que, al final, se entregan en bandeja de plata a nuestros «socios comerciales».

La expansión de la educación universitaria

Entre 2003 y 2014, Brasil experimentó un proceso amplio y sin precedentes de reestructuración y expansión de su educación superior. Se crearon 18 nuevas universidades federales y 173 campus universitarios en los grandes centros urbanos y, sobre todo, en el interior del país. Además, se crearon 360 institutos federales.

A pesar de las numerosas críticas que puede recibir esta política universitaria, popularizó el acceso de las clases sociales menos pudientes a la educación superior. Conjuntamente con las universidades estatales existentes, se produjo una descentralización y popularización del acceso a la universidad, mediante la ampliación de unidades y plazas, pero también de programas de permanencia de estudiantes e investigadores.

En este breve periodo de tiempo, hemos pasado de 505.000 a casi un millón de estudiantes. Los jóvenes de las periferias urbanas o de fuera de los grandes centros, los indígenas, los quilombolas y, más recientemente, los refugiados, comenzaron a producir ciencia y a ocupar cátedras universitarias.

Poco a poco, el perfil del universitario brasileño fue cambiando. Para estos jóvenes, sus familias y sus comunidades, era la posibilidad de ascender socialmente a través de la educación y, tal vez, de dar autonomía política y científica a sus regiones. Por desgracia, sin haber tenido tiempo suficiente para madurar, ahora vemos los frutos de este programa bajo graves riesgos. Las universidades públicas y los institutos federales con su personal docente y sus alumnos abandonados a su suerte.

Una «fuga» selectiva

Esta expansión, sin embargo, no se contempla en la supuesta «diáspora». Lamentablemente, la mayoría de las instituciones mencionadas en los artículos no revelan la actual geografía universitaria brasileña. Es mucho más grande. Hay otro universo académico que siempre ha vivido este drama de la escasez de recursos. O bien porque son instituciones estatales que no tienen políticas universitarias en sus estados; o bien porque son instituciones federales jóvenes que no se han consolidado. Su existencia está sumida en la escasez.

Estas universidades no están en las grandes capitales. Se encuentran en lo que los medios de comunicación y muchos doctores adoran clasificar como el «Brasil profundo». Un lugar ficticio, casi inmutable y alejado de un mundo globalizado. El remanso al que suelen acudir muchos investigadores de los grandes centros para investigar. Se trata del «sertão» de Minas Gerais, la frontera con Venezuela o la región semiárida del noreste.

Tenemos que ser conscientes de que muchos de los estudiantes situados en estas universidades y que aspiraban a seguir una carrera de investigación en sus áreas de formación, no podrán escapar.

Sí, la llamada «fuga de cerebros» es cruel porque también es selectiva. Requiere una serie de capitales y redes de apoyo. Lo que generalmente no revelan los artículos es que, para emigrar, el investigador necesita dominar otro idioma, tener un visado, contar con redes universitarias y, sobre todo, tener unos recursos económicos mínimos y, en muchos casos, el apoyo de la familia para iniciar este incierto viaje. Se olvidan de subrayar que migrar es un acto colectivo. En definitiva, pocos son los «cerebros» dotados de esos capitales, que logran escapar o incluso promover el autoexilio en el hemisferio norte.

En las universidades brasileñas, no sólo tenemos estudiantes que viven este drama. También tenemos profesores/investigadores sin protagonismo mediático. Sin embargo, aun así, siguen haciendo ciencia y resistiendo el desmantelamiento. No sólo este en concreto, sino el continuo desmantelamiento que viven sus centros, en esta república agropredadora.

Investigan con escasos o nulos recursos, realizan trabajos de extensión, desafían acciones xenófobas en zonas de frontera, denuncian la disputa del agua de las poblaciones tradicionales con las empresas mineras, trabajan junto a los quilombolas en la demarcación de tierras o en el acceso a la vacuna contra el COVID-19. Lejos de idealizar a este grupo invisible, han desarrollado técnicas y formas de investigación con pocos recursos y siguen trabajando.

Por esta razón, me inclino a decir que no hay éxodo o diáspora de investigadores brasileños. Esto parece un discurso de clase, de una supuesta élite intelectual que se arroga el lugar del discurso de toda una comunidad universitaria que ha crecido significativamente, pero que desconoce por completo. Lo que hay es un acentuado desmantelamiento de la educación y la ciencia brasileñas. En algunos lugares, ha llegado con más fuerza. Para otros, siempre ha estado ahí.

La academia brasileña necesita superar este discurso de clase y de representación de un grupo mucho mayor del que quiere ver. Hay muchos más desmontes y dramas. Hay muchos otros jóvenes universitarios que perdimos y que ni siquiera fueron contados, porque no pudieron escapar. Y también hay investigadores que siguen atrincherados y alejados del ficticio debate nacional. Tal vez, ninguno de ellos sea contabilizado, porque no son percibidos como «los mejores cerebros del país».

¿La electricidad es un tema de Seguridad Nacional para México?

El 1º de octubre se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados de México la iniciativa de Decreto impulsada por el presidente López Obrador que busca modificar tres artículos de la constitución relacionados con la gestión del sector eléctrico. Hace tiempo que desde el oficialismo se había anunciado la intención de llevar adelante una contrarreforma constitucional para responder a la que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, aprobó en 2013 y que llevó a la privatización del sector.

La iniciativa remitida a la Cámara de Diputados es audaz, agresiva y polémica, y el debate ha estallado con fuerza en los medios de comunicación y las redes sociales.

El ejecutivo ha señalado que la reforma es necesaria por cuestiones de “seguridad nacional” y considera que la reforma del 2013 afecta los intereses nacionales y beneficiaba únicamente los intereses de empresas privadas, especialmente extranjeras, a costa del pueblo y de sus intereses. El gobierno reclama así que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) vuelva a ser un organismo del estado y que sea el actor más relevante en la producción y gestión de este sector en el país.

El sector empresarial y la oposición política consideran que la reforma es una expropiación en toda regla y que la credibilidad y confiabilidad de México en el extranjero están en riesgo. La cancelación de los contratos existentes pondría en riesgo varios tratados internacionales, lo cual llevaría a las empresas afectadas a recurrir a los tribunales internacionales.

La oposición considera también que la CFE no tiene capacidad para dotar del servicio al país, teniendo en cuenta que la propuesta de reforma señala que deberá proveer “por lo menos” el 54% de la electricidad del país. Además, en el caso de aprobarse, la reforma no permitiría cumplir los compromisos adquiridos por México con la sostenibilidad del planeta al privilegiarse la producción de energía en centrales eléctricas contaminantes.

La Secretaria de Energía, Rocío Nahle, afirmó en una entrevista al diario El País: “no nos va a venir nadie de fuera a decir si la reforma energética está bien o mal”. La funcionaria, quien se considera “nacionalista” y afirma que antes de pensar en una ideología, piensa en su país dijo: “La seguridad energética es vinculante con la seguridad nacional, nosotros somos Gobierno y el Gobierno está para satisfacer las necesidades de suministro básico de todos los mexicanos”.

Por otra parte, Manuel Barlett, el actual Director General de la CFE y quien fuera secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid (1982-1988) y de Educación de Carlos Salinas de Gortari (1988-1992) repitió en diferentes ocasiones, en un debate organizada por el periodista Jenaro Villamil en Canal 14, que la reforma que se estaba impulsando para acabar con el neoliberalismo era una cuestión de “seguridad nacional”.

¿Podrán aprobar las reformas?

La dificultad que enfrenta la administración mexicana para aprobar esta y las otras dos reformas constitucionales que pretende impulsar —una sobre temas electorales y otra relacionada con la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional—, es que ni siquiera con sus aliados cuenta con suficientes votos en el legislativo para aprobarlas (le hacen faltan otros 57 diputados y 10 senadores).

La oportunidad que se le presenta al oficialismo es que enfrenta a un PRI dividido que necesita agarrar aire para detener su caída electoral y volver a protagonizar el debate político. El partido de oposición tiene integrados en sus grupos parlamentarios a 71 diputados y 13 senadores entre los cuales el oficialismo podría encontrar el apoyo que le permita alcanzar la mayoría requerida.

Otro reto que deberá superar el oficialismo es que uno de sus socios, el Partido Verde Ecologista, que aporta 43 diputados y 6 senadores, no puede permitirse el lujo de aprobar una reforma que pueda ser considerada contraria a las energías limpias y el medioambiente.

Por ello, el líder de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, el poblano Ignacio Mier, ha señalado que su agrupación está abierta a llegar a negociaciones que no afecten el espíritu reformador. Y en la misma línea, el líder de los morenistas en el Senado, Ricardo Monreal, ha asumido el reto de alcanzar una negociación, tanto con sus aliados como con integrantes de la oposición.

AMLO recurre nuevamente a las Fuerzas Armadas

Más allá del éxito o no del gobierno en esta iniciativa, lo grave es que la administración del presidente López Obrador está apelando nuevamente, —esta vez con la excusa de la eficiencia y de la seguridad nacional— a las Fuerzas Armadas para enfrentar los problemas de gobernabilidad.

La seguridad nacional está relacionada con lo excepcional y las políticas públicas con lo cotidiano y lo que se debe racionalizar. La gobernabilidad de una nación no puede encontrarse en la excepcionalidad de forma permanente. El “nacionalismo” es una forma de ver el mundo, aunque la secretaria de energía de México lo quiera disociar de una ideología; y en ese contexto la “seguridad nacional” es una justificante constante.

Gobernar un país recurriendo a la seguridad nacional en todo momento debilita la administración pública y distrae al gobierno de atender sus asuntos cotidianos con normalidad. El concepto de “seguridad nacional” le es útil a muchos políticos para eludir sus responsabilidades, mientras que para quienes tienen una cultura política autoritaria la “militarización” se asume como algo razonable.

Las ideas de seguridad nacional y gobernabilidad se confunden con demasiada frecuencia sin que haya una reflexión profunda sobre sus implicaciones. Si finalmente se aprueba la reforma del sector energético mexicano bajo la excusa de que se trata de un tema seguridad nacional, ¿veremos también a los militares construyendo centrales eléctricas y distribuyendo la energía?


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La democracia no está produciendo demócratas

El 2018 fue un año preocupante para la democracia en América Latina. La encuesta del Latinobarómetro reveló que el 71% de los latinoamericanos estaba insatisfecho con la forma en que funcionaba su democracia. Pero afortunadamente el análisis para 2020 muestra signos débiles pero positivos de resiliencia en las democracias latinoamericanas marcados por la disposición para hacer valer la voz a través de la protesta o las urnas.

Para el Latinobarómetro, los gobernantes se colocarían a sí mismos al borde del abismo si no saben interpretar, producto de desigualdades previas que fueron exacerbadas por la pandemia, las demandas ciudadanas que se expresan a través de las movilizaciones, la participación electoral y la percepción de insatisfacción.

Y aunque no podemos negar que aquellas demandas son signos de salud democrática, creo que es importante ponernos en guardia frente al optimismo que de ellas deriva. Para ello, quiero señalar que algunos de los resultados, sumados a ciertas tendencias políticas actuales, podrían dibujar un panorama menos optimista.

A diferencia de otras mediciones como la de The Economist o Freedom House, el Latinobarómero no realiza una clasificación de los regímenes democráticos, de ahí que el indicador de “apoyo a la democracia” sea revelador porque se presenta como una fotografía panorámica de Latinoamérica.

Una década atrás este indicador se encontraba en 63%, desde entonces había venido descendiendo, pero para 2020 esa caída se detuvo y actualmente el 48% de los encuestados considera que “la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno.”

La democracia y los demócratas

Aunque preferiríamos un número más alto, es bueno que el apoyo al autoritarismo se mantenga bajo con un 13%. Pero el número que nos debe preocupar es el de los indiferentes al gobierno: 27% entre los latinoamericanos (en 2010 era de 16%). Si lo cruzamos con los datos del “perfil de los demócratas”, éste revela que entre la población joven (de 16 a 25 años) el apoyo a la democracia sólo se encuentra en el 50%. Esto nos demuestra que la “vida democrática no está produciendo demócratas”.

¿Hacia cuál de los indicadores se deslizarán el 27% de los indiferentes o el 50% de los jóvenes que no tiene apego por los valores democráticos: hacia el autoritarismo o hacia el apoyo democrático?

La encuesta nos revela que los ciudadanos quieren votar a sus gobernantes, cierto; pero frente al uso del poder electoral ciudadano, los gobiernos tienen que crear artificialmente un impacto que les garantice continuidad.

En algunos casos, ese impacto se consigue a través de narrativas que presentan al líder del ejecutivo como el único capaz de solucionar las demandas ciudadanas y a sus adversarios como enemigos. Las narrativas que hecha mano de ese discurso sólo buscan la aceptación acrítica de su mensaje, no el diálogo plural que requiere la democracia.

En este contexto, si el indiferente (27%) se une al insatisfecho (23%), ¿cómo seremos capaces de evitar la formación de “autocracias electorales” donde no importa quién gobierna y por cuánto tiempo mientras prometa solucionar los problemas? ¿Qué podemos hacer con los indiferentes para que no caigan en el canto de sirena del autoritarismo?

Un primer indicio de la dificultad de enfrentar este problema es que el 51% de los latinoamericanos toleraría un gobierno no democrático pero que resuelva los problemas. Y aunque no los hayan resuelto, la permisividad de los ciudadanos a las transgresiones democráticas fortalece el autoritarismo.

Un autoritarismo militar es igual de peligroso que uno no militar, pero aún así se presenta una alta tolerancia al segundo, ¿por qué será que los procedimientos democráticos han generado esa tolerancia? ¿La incertidumbre propia de la democracia es intolerable para algunos? ¿Está en los gobiernos la pieza que inclina la balanza hacia la democracia?

El papel de los gobernantes

Si el cierre del decenio que comenzó en 2010 se caracterizó por las protestas masivas en países como Ecuador, Colombia o Chile, la década que está en curso debería ser recordada como aquella en que los gobiernos decidieron combatir con éxito la persistente desigualdad.

Sin embargo, la credibilidad en aquellos está en su “piso mínimo” y si le sumamos escándalos como el de los Papeles de Pandora, los gobiernos tendrán muy complicado llevar a buen puerto sus promesas. Para el Latinobarómetro, el desafío de los gobiernos en la década en curso será terminar sus mandatos en tiempo.

Los cambios presidenciales en países como México, Ecuador o Perú son evidencia de este reto, pero en este contexto, desde la perspectiva del que gobierna, el desafío no es terminar en tiempo sino la permanencia más allá de su tiempo.

Para hacer frente a la inminente desconfianza de sus gobernados, el reto de los gobernantes es encontrar formas de aferrarse al poder: desde las más descaradas como ocurre en Nicaragua hasta las más sutiles como el debilitamiento de las instituciones o una retórica de polarización practicada desde el gobierno en turno.

Las rutas que los gobiernos están tomando para hacerle frente a las crisis deben ser analizadas desde su cuestionamiento como estrategias que refuerzan los valores y los organismos democráticos. Por ejemplo, cómo interpretar que un presidente se tome una foto rodeado de militares luego de amenazar al poder judicial o que, ignorando la Constitución de su país, decida dar responsabilidades civiles a las fuerzas armadas.

Para el Latinobarómetro, el camino hacia la consolidación democrática pasa por la respuesta de los gobernantes a las demandas sociales, pero: ¿cómo saber si esa respuesta es democrática?, ¿cómo evitar que la polarización del discurso oficial, reflejada en las actitudes de la gente, siga siendo el signo distintivo de la democracia actual?

El reto frente a nosotros

Considero que las preguntas planteadas sólo se resolverán si somos capaces de tender un puente entre la teoría y la práctica democrática. Y ello implica proporcionar a las personas una idea y práctica de la democracia cercana a sus problemas y experiencias para garantizar su comprensión y apoyo.

La labor del Latinobarómetro nos permite conocer esas experiencias y problemas, pero también nos muestra lo que nos falta por hacer y entender. En ese sentido, el reto de cara a la década en curso es aprender de las diferentes formas de vivir la democracia y devolver a las personas una idea de la misma que estén dispuestos a defender y valorar. De otra manera, sólo seremos testigos de su debilitamiento, pero no de su consolidación.


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El (des)Tapón del Darién: la “otra migración”

Colombia es hoy muy relevante desde el punto de vista migratorio en la región, debido principalmente a dos tipos de flujos que tienen lugar en su territorio: el venezolano y el menos conocido “extracontinental”. A pesar de que ambas migraciones confluyen en el mismo territorio, bien sea de tránsito o destino, lo cierto es que la postura de las autoridades colombianas frente a una y otra migración, así como las medidas adoptadas, son diametralmente distintas.

Dos migraciones en Colombia

Colombia es el país que más migrantes venezolanos recibe, entre otras razones, porque ambos países comparten una frontera terrestre, extensa y porosa, de más de 2.219 km. De acuerdo a Migración Colombia, a enero del 2021 había en el país alrededor de un millón ochocientos mil venezolanos.

Pero, por otro lado, Colombia es país de tránsito de la “otra migración”, la conocida como “extracontinental”, integrada por personas procedentes de países del Caribe, —principalmente Haití y Cuba— de África y Asia. Con el objetivo de cruzar a Panamá en su camino a Norteamérica, los migrantes deben cruzar el Tapón del Darién, el área selvática y pantanosa ubicada en el límite de América Central y América del Sur que ha funcionado históricamente como una barrera natural entre ambos subcontinentes.

Esta zona, aislada e inhóspita, es además extremadamente peligrosa debido a la presencia del narcotráfico y otras organizaciones criminales. Sin embargo, unas 650 personas cruzan diariamente por esta zona, según el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa.

La “otra migración”

A pesar de que la migración de personas a través del Tapón del Darién no es de reciente ocurrencia, sí es novedosa. En 2015, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) señalaba que “en la primera década del siglo XXI, la migración extracontinental contemporánea desde África y Asia hacia Latinoamérica era un fenómeno significativo”. Por su parte, según Migration Policy Institute, los más de 5.000 haitianos que fueron expulsadas recientemente a su llegada a Estados Unidos llevaban un trayecto de una década, y muchos habían atravesado el selvático Darién.

Según publicó la Liga Contra el Silencio, a partir de datos de Migración Colombia, a inicios de septiembre de 2021 la composición de esta “otra migración” es 74,6% haitiana, 7.01% cubana, 1.5% de Senegal, Ghana, Angola y Guinea y un 16.8% restante de otras nacionalidades. La ruta migratoria, no sólo es difícil por las condiciones adversas de los lugares que transitan, como el inhóspito Darién, y la precariedad en que tienen que hacerlo, sino también por cuestiones raciales y del idioma.

Esta migración es novedosa, a pesar de que sucede hace décadas, porque se le ha prestado poca atención y no se ha tomado ninguna medida para atender este fenómeno, más allá de la concertación con Panamá y otros países de la región para autorizarles el tránsito. Sin embargo, la marginalidad y el casi total desconocimiento de este fenómeno migratorio de larga data ha quedado al descubierto con la Pandemia del Covid-19.

Los cierres de frontera, y el de la colombo-panameña, en particular, han generado represamientos prolongados de estas personas. La situación que ha enfrentado el municipio colombiano de Necoclí, en donde han quedado “varadas” miles de personas, ilustra la falta de respuesta institucional bajo la lógica de una “vocación de tránsito” en la que Colombia supuestamente no incide, según afirma constantemente Espinosa.

Según el director de Migración Colombia ésta es “una migración que pasa por Colombia, no se origina en Colombia, ni tiene destino Colombia”. Esto pareciera indicar que Colombia es sólo un paso más en el recorrido de estas personas y que, en consecuencia, sólo se debe asegurar que los migrantes puedan continuar su tránsito hacia Panamá, pues su interés no es permanecer.

La migración venezolana

A diferencia de esta migración, la venezolana es notoria, no sólo en términos cuantitativos, sino por la atención que ha recibido por parte de las autoridades. Las decisiones que se han adoptado en los años recientes han estado orientadas a responder a la llegada de los nacionales venezolanos. Migración frente a la cual hoy, a partir de la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPMV), las autoridades reconocen que tiene vocación de permanencia, a pesar de que por muchos años se insistió tercamente en que esta migración era temporal.

En todo caso, aunque no se consintiera en la permanencia de la migración desde Venezuela, lo cierto es que el Estado colombiano ha adoptado medidas orientadas a responder a esta población, con lo cual, la transitoriedad o temporalidad de la migración de ninguna manera indica inacción institucional. Esto denota que las narrativas oficiales —y la voluntad política— son tremendamente relevantes al momento de definir las políticas. Haber pasado de una postura institucional de la transitoriedad hacia la vocación de permanencia explica hoy la adopción del ETPMV que permitirá a miles de venezolanos regularizar su situación.

Los efectos de la distinción

Esto no quiere decir que la “otra migración” tenga que recibir el mismo tratamiento. Lo importante es llamar la atención sobre cómo el discurso de las autoridades, que se va consolidando alrededor de uno y otro flujo migratorio, es útil para excusar o justificar la acción o la omisión de las instituciones en la materia.

Sin embargo, el carácter de transitoriedad deja completamente invisible la complejidad y heterogeidad de los flujos migratorios, así como las particularidades de los proyectos de vida de las personas migrantes. Se trata de trayectos que duran meses, incluso años, en los cuales las personas se exponen a escenarios de explotación, riesgo y violencia, los cuales agravan su situación.

Estas personas no son sólo “migrantes” que viajan con el deseo de arribar a Estados Unidos. Son seres humanos titulares de derechos, por el hecho de ser personas. Como Estado colombiano, y como sociedad, debemos detenernos a pensar cuáles son las necesidades de estas personas en su paso, efímero o no, por Colombia.

En su trasegar, esta población requiere atención en salud, alojamiento, acceso a alimentos y medios de vida, protección y seguridad, servicio de intérprete, acceso a justicia, mecanismos de regularización, así como protección internacional, si es el caso. Estas personas necesitan suplir sus necesidades básicas y desarrollar un proyecto de vida en condiciones dignas, sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de niños y niñas, quienes incluso han nacido a lo largo de estas rutas y cuyo interés superior debe ser garantizado.

Finalmente, los gobiernos locales, precarios y con capacidad limitada, se ven desbordados por la situación. Para estas autoridades, que lidian en el día a día con este fenómeno, la expresión “vocación de transitoriedad” poco o nada resuelve y más bien amplía la brecha que puede existir ente los territorios y el Gobierno Nacional.


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Ciencia política, ¿predicar en el desierto?

Hay una notable convergencia entre especialistas en torno a la idea de que la ciencia política es una disciplina cuya expansión, como hoy la conocemos, se vincula al siglo XX, quedando íntimamente relacionada con la evolución de la democracia y del capitalismo. Por la primera se expandieron los temas de estudio y se estableció un clima de libertad para la discusión y el análisis; mientras que el segundo incorporó principios de mercado a la lógica electoral y potenció la sociedad de masas, con la consiguiente ampliación del demos que también afectó a los estudios universitarios especializados.

La apertura de escuelas y de programas académicos y de investigación, así como la expansión de la demanda desde el estudiantado fueron una consecuencia de ello. Como señaló Sartori, si la práctica de la política era un arte, su conocimiento requería de mecanismos propios de la ciencia los cuales, según Bobbio, giraban en torno a tres requisitos fundamentales: el principio de verificación como criterio de validez, la explicación como propósito y la no valoración como presupuesto ético.

La ciencia política contó con una importante reflexión desde la academia, por parte de individuos que contribuyeron con su estudio e investigación a su desarrollo. Gracias a su magisterio, los gigantes sobre cuyos hombros se establecieron las principales teorías contribuyeron a la consolidación de una disciplina que se ubicó en el nicho de las ciencias sociales acompañando a la historia, la economía y la sociología fundamentalmente.

Preguntado un grupo de veinte colegas –de muy variopinta procedencia nacional y cuya edad promedia los 65 años– por quiénes serían, en su opinión, las personas nacidas en el siglo XX sobre las que se ancló la disciplina, el resultado obtenido es bien significativo: dentro de una gran dispersión, entre las respuestas hay una coincidencia en subrayar el liderazgo intelectual de Robert Dahl, Maurice Duverger, Juan Linz y Giovanni Sartori. Cuatro autores para quienes la democracia tenía un carácter central como lógica de funcionamiento o conjunto de reglas que establecen quién está autorizado a tomar las decisiones y con qué procedimientos.

Concebida la política como un conjunto de reglas para confrontar, modelar y hacer benéfico el poder, la democracia tendría para ellos un carácter de demiurgo al albur de las instituciones del estado de derecho. El carácter representativo de la misma, consecuencia inequívoca de las nuevas sociedades de masas, se veía canalizado por procesos electorales, una acción colectiva con partidos políticos y unas instancias de poder en las que la opción por el presidencialismo o por el parlamentarismo no era indiferente. La democracia no sería tanto un ideal como un marco de lo posible, en estados con una vocación social que propendrían cada vez más al intervencionismo y sujetos a procesos de deterioro y de caída y de vuelta a empezar.

En julio pasado, Fukuyama y López-Calva subrayaron en qué medida los sistemas de gobernanza se articulan sobre la base de tres factores clave, como son la capacidad estatal, el capital social y el liderazgo político. La aplicación de estos en el análisis del momento actual por el que pasan los países latinoamericanos no deja de constituir una excelente guía para su comprensión que empata con el legado del canon configurado por los maestros arriba citados. Así, el estado, la sociedad y ciertos individuos dotados de vocación y de ambición configuran el triángulo en el que se hace realidad el ejercicio de una actividad humana que, a pesar de los cambios habidos a lo largo del tiempo, no ha dejado de tener relevancia.

Cuando se aplican a los países latinoamericanos, los tres vértices mantienen constantes que el paso del tiempo pareciera no dejar atrás. En una gran mayoría los estados continúan manteniendo una precariedad preocupante con tres facetas que sobresalen: su enorme debilidad fiscal, la incapacidad de someter la violencia rampante y la lentitud a la hora de poner en marcha políticas públicas en el ámbito sobre todo de la educación y de la sanidad, pero también de la vivienda. Paralelamente, persiste una longeva incapacidad para establecer procesos de integración, o al menos de cooperación, regional que permitan confrontar de manera proactiva los avatares de la globalización.

Respecto a las sociedades, proyectan niveles muy elevados de segregación por razones de profunda desigualdad económica, pero también identitaria. El machismo rampante y lo postergación de las comunidades indígenas constituyen factores que incrementan la discriminación con el consiguiente aumento de pautas de comportamiento en las que prevalece la desconfianza. A ello se suma el galopante proceso de individualismo exacerbado que dificulta la acción colectiva medianamente organizada para la consecución de objetivos que, por otra parte, no terminan de estar claramente definidos.

En cuanto al liderazgo, de la mano del presidencialismo como incentivo institucional, la política se articula sobre individuos megalómanos y narcisistas que despliegan un talante autoritario, arrasando con los otros mecanismos de control existente. Así, son elementos constantes la obsesión por el poder y por mantenerse irrestrictamente en él, la ausencia total de empatía frente al otro y la creencia absoluta de que no hay alternativas a las decisiones tomadas a través de mecanismos institucionales que se van cambiando caprichosamente.

La ciencia política tiene identificados perfectamente estos factores y el rosario de consecuencias que conllevan. Además, la evidencia empírica acumulada es muy sólida y los trabajos llenan los anaqueles al tiempo que circulan por la red. Sin embargo, pareciera que el velo de la ignorancia todo lo cubre, hasta el punto de que uno se pregunta ¿para qué sirve la disciplina?

Obviamente no se trata de hacer un llamamiento al grito de “¡politólogos(as) al poder!”. Todo lo contrario: la experiencia indica que la academia no brinda per se políticos excepcionales. De lo que se trata, jugando con los términos que Albert Hirschman hizo célebres, es de usar la voz con lealtad al bien común para ofrecer salidas al atolladero en que estamos. Pero que esa voz no sea una prédica en el desierto excede las competencias de la ciencia política.