La opción «por» los pobres y la opción «de» los pobres

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Se cumplen 50 años de la publicación de la obra de un movimiento eclesial que consiguió gran predicamento social en toda América Latina. Un movimiento cuya represión por parte de la propia Iglesia Católica marcó decisivamente la historia religiosa, social y política de los países de la región al allanar el camino al evangelismo. El libro Teología de la Liberación. Perspectivas, del sacerdote, filósofo e historiador peruano Gustavo Gutiérrez, marcó una época y se convirtió en el texto de referencia para pensar al progresismo católico latinoamericano.

Apoyándose en la metodología de las ciencias sociales, el teólogo fue la voz de un sentir de denuncia y renovación muy difundido entre la curia hispanoamericana interpelada por la pobreza y la violencia. Un sentir que quedó evidenciado en la II Conferencia del Episcopado Latinoamericano (CELAM) celebrada en Medellín en 1968, y que fue una revisión crítica de la realidad de la Iglesia en el continente a luz del Concilio Vaticano II. Es en Medellín donde la Teología de la liberación (TL) se consolidó y la Iglesia latinoamericana tomó conciencia de que también tenía que aportar a la teología desde la experiencia cotidiana en las comunidades. Se irrumpió con propuestas para una nueva manera de ser iglesia en la que los pobres ya no eran vistos como los que “heredarán el reino de los cielos”, pues su muy terrenal miseria es causa de un “pecado estructural” convertido en Sistema que institucionaliza la injusticia.

La opción de Dios por los pobres no es solo una tesis para la salvación del alma en el más allá, sino que exige en el más acá la liberación de la opresión. El hecho de que todas estas tesis se apoyaran en el materialismo dialéctico y en la ciencia social más avanzada del momento hizo que se confundieran la metodología con el mensaje y lo coyuntural con lo permanente, haciendo saltar todas las alarmas anticomunistas.

La Curia Romana y los estamentos militares de Estados Unidos y de casi todos los países latinoamericanos se empeñaron en erradicar este fenómeno dejando un incontable número de mártires en nuestros países: Romero, Ellacuría, Gerardi, Espinal, Rosales, Mackinnon, Poblete, Hubert Guillard, y muchos otros que no podemos olvidar.

El cerco persecutorio institucional se cerró, el Vaticano intervino rápidamente la CELAM, nombrando como secretario a un joven y muy conservador obispo colombiano que se convirtió en el más acendrado inquisidor contra el progresismo. Se sentaron así las bases de un eficiente triángulo correccional: López Trujillo/Ratzinger/Wojtyla. El colombiano reprimiendo desde el terreno latinoamericano, el alemán desde la Congregación para la Doctrina de la Fe y el polaco desde la silla de Pedro.

La sistemática reacción de Roma frente a la TL, como un asunto de disciplina interna, significó un gran esfuerzo para depurar los círculos eclesiales, mientras afuera seguían creciendo los problemas de exclusión social que son la verdadera fuente del mal.

En el fragor de las luchas sociales de los 80, los religiosos resistentes tuvieron que hacer su labor pastoral bajo constante amenaza. Unos cuantos se radicalizaron y tomaron las armas, integrándose en diversos grupos insurgentes, y esto sirvió de excusa para intensificar su persecución.

Mientras la Teología de la liberación perdía toda legitimidad institucional y era tratada como la hija no deseada del Concilio Vaticano II, su hijo predilecto: el Ecumenismo, avanzaba con fuerza en la legitimación del evangelismo. La agenda de reunificación de la cristiandad hizo que los grupos evangélicos dejaran de ser calificados por Roma como “seguidores de la herejía protestante” para pasar a considerarlos “hermanos en la fe”. 

Este proceso legitimador se afianzó jurídicamente en la década de los noventa cuando las nuevas o reformadas Constituciones latinoamericanas blindaron la libertad de culto como un derecho fundamental garantizado por los jueces frente al Estado y los particulares. Una vez conseguida esta protección, la acción religiosa se politizaría rápidamente y las iglesias cristianas cambiarían de repente su postura. De considerar la política como una actividad corrupta pasaron a participar activamente en ella. Primero apoyando electoralmente a formaciones tradicionales y más adelante con movimientos y candidatos propios.

Así se convirtieron en el actor emergente de nuestras democracias. Los sectores populares que años antes habían comenzado a cobijar una esperanza organizativa y liberadora en las Comunidades Eclesiales de Base se vieron a la deriva. Y, mientras tanto, el evangelismo penetraba barriadas y pueblos con asistencialismo y apoyo espiritual; llevando un mensaje a los pobres y haciéndose fuertes allí donde nuestros Estados estaban ausentes.

Actualmente, cerca del 20% de los latinoamericanos pertenece a alguna iglesia evangélica y casi la mitad de esas personas nacieron católicas. El crecimiento exponencial del pentecostalismo demuestra que los pobres optaron por un tipo de relación más personal con Dios que diera libre juego a la dimensión mística y espiritista que habita en nuestros pueblos.

Con su enorme éxito, la llamada “Teología de la Prosperidad” de hoy pone en cuestión la opción por los pobres de la TL de ayer. Pues Dios no quiere a sus hijos pobres, aquí la pobreza es síntoma de un problema espiritual y no la consecuencia de una explotación estructural.

La práctica religiosa de estos pobres no tiene el horizonte puesto en la liberación social, sino en la prosperidad individual, algo perfectamente compatible con el neoliberalismo. Algunos templos y pastores exhiben su ostentación y opulencia y las iglesias cuentan con gran libertad para movilizar recursos. Presenciamos la construcción de un nuevo corporativismo religioso transnacional con propiedad de conglomerados mediáticos y un poder político incuestionable. Nada más lejano al evangelio liberador de los comprometidos teólogos latinoamericanos de los 70s y 80s. 

Durante los pontificados de Juan Paulo II y Benedicto XVI se impugnó este movimiento, renegando de una gran oportunidad de contacto más espiritual de la Iglesia con la realidad social. Muchos pobres corrieron en desbandada hacia las iglesias pentecostales. Pero como las causas que le dieron origen no fueron eliminadas, la Teología de la Liberación tampoco pudo ser eliminada. Su trabajo intelectual y sus estrategias de actuación son la base sobre la que se apoyan hoy otras teologías críticas como las que responden al grito de las mujeres y al grito de la tierra.

Hoy, el primer papa latinoamericano, quien fuera testigo directo de esa labor pastoral, trae un cambio de actitud a Roma. Francisco llegó pidiendo una “Iglesia pobre entre los pobres”, reconociendo el valor de las luchas, desbloqueando causas de beatificación como la de Monseñor Romero, y mostrando su apoyo al ala carismática del catolicismo. Sin embargo, los pobres ya han tomado su opción, han cambiado la liberación del Sistema por la prosperidad en el Sistema. Que Dios se apiade de los pobres.

La entrada oficial de Sergio Moro en la política

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Coautor Paulo Loiola

El evento de afiliación partidaria de Sergio Moro, ex juez de la Operación Lava Jato y ex ministro de Justicia de Jair Bolsonaro (sin partido), al partido político PODEMOS el 10 de noviembre en Brasilia, confirma las recurrentes especulaciones sobre sus ambiciones electorales. En su discurso de cincuenta minutos durante la afiliación, el tono de campaña fue evidente.

Hasta ahora, Moro es el candidato del partido para ocupar la famosa «tercera vía» en la disputa por el sillón presidencial en 2022. Algunos creen que la supuesta candidatura presidencial de Moro puede ser una «fórmula de ensayo» para que PODEMOS aumente su poder de negociación en la disputa. Y que el exjuez se postularía para un escaño en el Senado en el estado de Paraná.

Sergio Moro y las encuestas

Si será candidato presidencial o no, sólo el tiempo lo dirá. Los datos recientes de las encuestas realizadas por QUAEST/GENIAL revelan que Moro ocupa el tercer lugar en el escenario estimulado por el instituto, con un 8%. Un porcentaje muy modesto comparado con el actual 48% del expresidente Lula (PT) y el 21% de Jair Bolsonaro. Sin embargo, no es despreciable si se compara con el modesto 6% de Ciro Gomes (PDT), por ejemplo, que viene de una carrera presidencial en la que obtuvo el 12% de los votos, y que ya cuenta con un equipo de campaña dirigido por una estrella del marketing.

Sin duda, la filiación de Moro enciende una señal de alerta en las precampañas de los distintos candidatos de la «tercera vía» y, quizás más interesante, en el núcleo de Jair Bolsonaro. La participación de su ex ministro de Justicia en la misma contienda electoral obligará a Bolsonaro a batirse en duelo con la figura que contribuyó a la conquista de un nicho específico de su electorado en 2018, los partidarios de la Operación Lava Jato. Es cierto que ambos apuntan a un votante con un perfil ideológico a la derecha, por lo que la búsqueda de la conquista de este electorado, ya sea en la agenda de costumbres o en la agenda económica, obligará a ambos a atacarse mutuamente.

Además de disputar el público, también disputarán las bases partidarias. REPUBLICANOS, partido que ha sido parte de la base de Bolsonaro desde el inicio de su mandato también está en diálogo con Moro, el mismo efecto seguramente ocurrirá con los financiadores y con sus simpatizantes en general.

Al asumir la misión como precandidato, Moro realiza ataques al gobierno federal y pasa a buscar la atención del público. El movimiento actual apunta a influir en el debate sobre el Auxílio Brasil, un programa de ayuda social que sustituirá al Bolsa Família. El exjuez se ubica en la oposición al gobierno federal, compartiendo el espacio que hasta ahora ocupaban Lula y Ciro Gomes. Este último es uno de los grandes perdedores de la entrada de Moro en el juego, ya que potencialmente hace más difícil llegar a los votantes de centroderecha.

¿Qué dicen las redes sociales sobre la posible tercera vía?

Los datos de redes sociales de la consultora de Social Listening «The Strategy» -recogidos del 6 al 12 de noviembre- revelan que la afiliación de Sergio Moro a PODEMOS generó 18.600 posts, con un alcance de 10,8 millones de personas y 973.400 interacciones en las redes. Un número muy alto.

Sin embargo, si tenemos en cuenta la segmentación por redes sociales, observamos que el 91% del «ruido» se concentra sólo en Twitter. Se sabe que esta red concentra sobre todo a personas con gran interés en la política, además de periodistas, políticos y expertos. Se puede especular que el acontecimiento no tuvo mucha resonancia en las redes más populares para los ciudadanos de a pie, como Facebook, por ejemplo, donde hubo poco más de mil menciones al exjuez. En Instagram se identificó un número aún menor, sólo 155 menciones.

Aunque las menciones se concentran en Twitter, el mayor alcance encontrado fue en Facebook, llegando a 7 millones de personas y mostrando la adhesión de la plataforma en la vida de los brasileños.

Otro dato que llama la atención es que casi el 70% de las menciones proceden de hombres, y de ellos el 60% tiene entre 26 y 40 años, lo que dificulta la conquista del público femenino.

Siguiendo con la encuesta, también es importante señalar que gran parte de las menciones se debieron a las críticas recibidas por el candidato. Sin embargo, en la dinámica actual de las redes debemos entender que el hecho de que el candidato tenga muchas menciones ya es significativo, puesto que en términos de capilaridad electoral, se trata del famoso «habla mal, pero habla de mí», tan utilizado por Bolsonaro en el pasado.

La lista de ciudades en las que se identificaron las interacciones revela que el tema estaba muy concentrado en cuatro ciudades: São Paulo (1.520 menciones), Río de Janeiro (816), Belo Horizonte (314) y Curitiba (282). Así, a pesar de ser conocido a nivel nacional, dada su constante aparición durante la cobertura mediática de la Operación Lava Jato, la entrada oficial de Moro en la política aún no ha conquistado al país.

Sin embargo, no hay duda de que la entrada de Moro en la disputa política está agitando el tablero electoral. De hecho, su actuación en las redes ha resultado acertada y ya hay pruebas de una buena alineación partidista entre sus agendas de seguridad pública y su nuevo partido, PODEMOS, que también ha ido asumiendo estas agendas para sí.

Paulo Loiola, Máster en gestión pública por la Fundación Getúlio Vargas (FGV), estratega político y socio fundador de Baselab.cc, consultora especializada en estrategias innovadoras para campañas electorales y mandatos progresistas.


Episodio relacionado de nuestro podcast:

Ecuador: los seis primeros meses de Lasso

Guillermo Lasso cumple sus primeros seis meses de gobierno en Ecuador de un periodo de cuatro años. El balance presenta múltiples matices en un contexto de crisis económica heredada, pero que se exacerba debido a la pandemia. En los 100 primeros días cumplió su principal oferta de campaña: vacunar nueve millones de personas con la finalidad de reactivar la economía, propiciar confianza y legitimidad, sobre todo en los sectores que no votaron por él. Arrancó bien, sin embargo, hay tres factores que complejizan su gestión: carece de cualquier mayoría en Asamblea (relativa, absoluta y calificada), su equipo está en curva de aprendizaje pues proviene del sector privado y le desborda la realidad: desempleo e inseguridad.

La crisis económica impide que Lasso amplíe su margen de maniobra política con los sectores sociales que insisten en un conjunto de medidas que son difíciles de resolver, más aún, cuando el Gobierno enfrenta el reto de reducir un déficit fiscal de USD 11 mil millones para el 2022 y se le agotan los recursos con los multilaterales de crédito. El Parlamento de los Pueblos es el principal contradictor del oficialismo y aglutina a sectores con capacidad de movilización, protesta y paro como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el Frente Unitario de Trabajadores (Fut), la Unión Nacional de Educadores (Une), el Partido Socialista, Unidad Popular y el movimiento Pachakutik.

El diálogo entre el Gobierno y la Conaie configura un escenario de suma cero en las dos ocasiones que se han propiciado encuentros para buscar salidas conjuntas, por cuanto las demandas de la dirigencia indígena más radical no están dentro de la hoja de ruta del Presidente, es decir, que se detenga el incremento de los combustibles y se congele el precio a como estaba antes de la presidencia de Lasso, el fin de las relaciones con los multilaterales (FMI), la no extracción minera, la lucha contra la evasión tributaria, entre las más importantes. Pese a que hay coincidencias de la situación de crisis por parte de los dos grandes actores, no hay acuerdo. La Conaie ha puesto un ultimátum al Gobierno hasta fin de mes, sino vuelven a las calles.

Desde el lado del Gobierno se ha enfatizado en mejorar la agenda que reivindica el sector indígena, ya que hay varios problemas que, paradójicamente, no constan en las demandas de la Coanie. Las comunidades de la Sierra Centro son las que más padecen de desnutrición crónica infantil (38%), acceso a servicios básicos como el agua, deserción escolar en los diferentes niveles de formación, no cuentan con conectividad, ni crédito para el desarrollo de actividades de agricultura familiar y campesina. Desde esta perspectiva, parece que el Gobierno y la dirigencia indígena miran los problemas y las soluciones con distintos lentes.

A la dificultad de encontrar una salida consensuada entre el sector social y el Gobierno se agrega el problema de inseguridad que, si bien no es una expresión nueva en este periodo, se recrudece debido a las masacres registradas en los centros de rehabilitación social, en donde la violencia y el descontrol entre las bandas han registrado 316 muertes en lo que va del año. El manejo de las cárceles desbordó al Estado, pues no hay respuestas contundentes, más bien un conjunto de ensayos. El Gobierno defiende la hipótesis de que el crimen organizado y los carteles de México provocan el caos, mientras que por el otro lado, dicen que las masacres evidencian una disputa entre bandas por controlar las cárceles.

La crisis carcelaria abrió un espacio de gobernabilidad, pues el Ejecutivo logró el espaldarazo de los representantes de las demás Funciones del Estado y el sistema de justicia para trabajar en soluciones conjuntas, sin embargo, se vive una tensa calma, pues el Estado está en indefensión mientras los diferentes sectores de la sociedad discuten si la delincuencia debe ser resuelta con mano dura o sobre la base de procesos de negociación con las bandas criminales. Desde el partido de derecha, Social Cristiano (PSC), se levanta la propuesta del porte de armas, mientras que los sectores más moderados han brillado por su ausencia debido a la complejidad que entraña la inseguridad.

En este contexto, la mayoría de los integrantes de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea aprobó el informe de investigación acerca de los Pandora Papers, en donde se insiste en la necesidad de que el Presidente concurra al Legislativo para explicar si violó o no el Código Ético, es decir, si al momento de inscribir su candidatura mantenía empresas off shore. Lasso ha dejado todo en manos de sus abogados, en un escenario en donde el correísmo y el bloque político de la Conaie, Pachakutik, han afilado en su contra. Pese a la debilidad del Ejecutivo, la tesis de una posible destitución se ha diluido.

Desde la sociedad civil emerge la propuesta de impulsar un diálogo nacional entre los principales actores políticos y sectores de la sociedad con la finalidad de acercar posiciones entre las partes en controversia, pero además de ir más allá de la coyuntura, pues no se trata de que haya soluciones coyunturales o medidas parches cuando a la vuelta de la esquina la conflictividad puede aparecer con más fuerza. Este llamado se hace a un Gobierno que peca de autosuficiente cuando la complejidad le sobrepasa y a una oposición que asume una postura intransigente sin contar con propuestas concretas para salir de la crisis.

Es un reto para el Gobierno llegar a diciembre con dinero para pagar el salario del sector público y haber capeado las distintas amenazas de paros, movilizaciones y protestas. El desenlace de la aprobación de la reforma tributaria enviada a la Asamblea por el Ejecutivo será un termómetro para lo que se viene. Si entra por el Ministerio de la Ley, la consecuencia será un escenario que deslegitime la propuesta, mientras que si se logran los votos para su aprobación habrá un mínimo respiro para iniciar el siguiente año. Apenas son seis meses de Lasso y la crisis política es intensa.      

Foto da Casa de América en Foter

Chile: ¿tragedia anunciada o evitable?

Coautor Alexis Cortés

Con mayor o menor grado de perplejidad, en las últimas semanas hemos seguido el avance de la candidatura de extrema derecha de José Antonio Kast a la presidencia de Chile. Su acelerado ascenso culminó con su paso al primer puesto (aunque por un pequeño margen de 2 puntos porcentuales) en la segunda vuelta, acompañado por el candidato de izquierdas y antiguo líder del movimiento estudiantil de 2011, Gabriel Boric.

¿Por qué una sociedad que hace sólo dos años lideró el estallido social, una de las mayores movilizaciones sociales de su historia, cuestionando el gobierno del derechista Sebastián Piñera, se inclina ahora por un candidato de extrema derecha como primera opción? El principal resultado del estallido fue la aprobación por parte del 80% del electorado de un proceso constituyente paritario sin precedentes que deja atrás el último enclave institucional de la dictadura: la Constitución de Pinochet. ¿Por qué entonces la primera opción para el triunfo presidencial está en un candidato que encabezó el rechazo contra la Nueva Constitución?

Aparentemente, el cansancio por saturación de las incertidumbres acumuladas por la crisis política, económica, migratoria (en el norte del país) y sanitaria creó un escenario favorable para una candidatura que ofreció orden y mano firme. Además, Kast consiguió movilizar a un electorado de derechas que cada vez se abstenía más, ya que estaba desconcertado y falto de confianza por los resultados negativos del sector en las tres últimas elecciones.

Diversos análisis coinciden en señalar que Chile está viviendo una bolsonarización política que, aunque sorprendente, sitúa al país andino en una tendencia cada vez más global. ¿Qué tan cercanos son Kast y Jair Bolsonaro? ¿Y qué debería pasar para que no se repita el escenario que permitió el triunfo del excapitán en Brasil?

Bolsonaro y Kast: ¿hermanos siameses?

Kast representaría un elemento más de una ola derechista en la región, de la que Bolsonaro es el principal representante. De hecho, muchas de sus posiciones son similares. Para empezar, ambos son defensores del legado dictatorial de la región, en particular del legado de Pinochet. Defienden posiciones religiosas moralistas, la «mano dura contra la delincuencia» y el punitivismo. En la política interior, hacen hincapié en un vago «anticomunismo» combinado con recetas neoliberales. Externamente, simpatizan con Donald Trump y el neoconservadurismo, y agitan los mismos espantajos: Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Sin embargo, hay pequeñas diferencias. Bolsonaro se asocia más abiertamente con sectores criminales milicianos. Kast hace hincapié en el «inmigrante ilegal» respecto a la crisis migratoria y humanitaria que vive Chile en su frontera norte. Personalmente, Kast parece más articulado y equilibrado que Bolsonaro, tanto que parte de su ascenso se explica por sus buenas actuaciones en los debates con otros candidatos, espacios en los que Bolsonaro no podía estar presente o directamente evitaba.   

La gran diferencia es el momento que vive cada país. Son dos «reacciones», pero se produjeron de forma diferente. Bolsonaro es el resultado de una ola conservadora iniciada en 2013, del agotamiento de los gobiernos de centroizquierda, de intensas campañas mediáticas y de lawfare, de un golpe institucional en 2016 (que derrocó a Dilma Rousseff) y de la detención del principal favorito en las elecciones de 2018 (Luiz Inácio Lula da Silva). Kast parece ser la reacción rápida y estructurada de una parte considerable de la sociedad chilena que ha guardado silencio desde 2019, que se ha aterrorizado con el estallido o que al menos considera que ya es hora de poner la casa en orden.

Otra gran diferencia es que mientras Bolsonaro siempre transitó en el bajo clero y se presentó como un outsider político, Kast proviene de un clan político-empresarial con fuertes redes en los partidos de derecha. Tanto el ala estrechamente asociada a la dictadura (es el hermano menor de una de las figuras clave de las reformas estructurales de Pinochet) como la nueva derecha liberal (encabezada por su primo, el senador Felipe Kast), expresaron rápidamente su apoyo en la segunda vuelta.

¿Es posible un déjà vu? Claves del segundo turno

¿Hasta qué punto podría repetirse en Chile un escenario como el que llevó al triunfo de Bolsonaro? La trama de las elecciones brasileñas estuvo marcada por el eje corrupción/anticorrupción, reproducido en la identificación PT/anti-PT. En este marco, las claves antifascistas, antiautoritarias y antipatriarcales tuvieron muy poca capacidad para movilizar a los votantes en disputa en Brasil. En el caso de Chile, Kast apuesta por enmarcar la elección como la disputa libertad versus comunismo, algo que se hace eco parcialmente de la estrategia bolsonarista.

Sin embargo, es más probable que se imponga el eje dictadura/democracia, ya que este fue el clivaje que guió la democratización chilena y la derecha sólo logró romperlo con la figura de Sebastián Piñera, quien, a diferencia de los partidos conservadores que lo apoyan, nunca se identificó con la dictadura. La memoria chilena de los crímenes de Pinochet contra una parte importante de la población está más fresca que en Brasil, más aún después de las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante el estallido social.

Si bien el crecimiento del sector político de Boric se ha basado en la crítica a los gobiernos de centroizquierda, sería impensable que sus principales figuras, como Ricardo Lagos, Michelle Bachelet o la familia Frei (de la Democracia Cristiana), se mantuvieran neutrales ante la posibilidad de que una clara candidatura pinochetista llegue a La Moneda. Todos los partidos de centro e izquierda ya se han posicionado a favor de Boric, reforzando la idea de defender la democracia.

La estrategia de Boric también puede verse respaldada por los resultados del plebiscito constitucional: los que apoyaron la Nueva Constitución (80%) frente a los que la rechazaron para mantener la Carta Magna de Pinochet (20%). Aunque el apoyo a la Convención Constitucional está disminuyendo, la mayoría de la población es optimista respecto a la nueva Constitución. ¿Arriesgarán los chilenos todo el proceso constituyente eligiendo a un Presidente que ya ha prometido hacerlo naufragar?

Si Boric logra mostrar a Kast como el candidato que promete volver a lo peor del pasado, y se posiciona como el candidato del Chile del futuro, con una Nueva Constitución y con cambios responsables, lo más probable es que el país andino no repita el destino de Brasil. No cabe duda de que, en gran medida, el destino de la región se jugará en Chile de aquí al 19 de diciembre. Los defensores de la democracia y la justicia tendrán que unir sus fuerzas en torno a la candidatura de Boric y la defensa del proceso constituyente.

Alexis Cortés Doctor en Sociología por el IESP-UERJ (Brasil), profesor de la Universidad Alberto Hurtado (Chile).

¿Serán viables los acuerdos de la Cumbre de América del Norte?

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La reunión entre el presidente Joseph Biden, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la Cumbre de Líderes de América del Norte del pasado 18 de noviembre, fue el marco para fortalecer la integración y trazar una nueva senda acorde a los desafíos globales.

En primer lugar, si bien  se ha reanudado el cruce de mexicanos con visa estadounidense hacia Estados Unidos, luego de casi 20 meses cerrada la frontera, es importante avanzar en un mayor apoyo del gobierno estadounidense para aumentar la cobertura de vacunación en las comunidades fronterizas de ambos lados para avanzar hacia una frontera segura. En Estados Unidos la población completamente vacunada es del 59%, mientras que en México es casi del 50%, según datos del Our World in Data de 18 noviembre.

En tal sentido, un acuerdo relevante de la Cumbre fue el de una preparación conjunta para enfrentar próximas pandemias y amenazas para la salud. Para ello, se actualizará el Plan de América del Norte contra la Gripe Animal y Pandémica (NAPAPI, por sus siglas en inglés) que fue un modelo eficaz de gobernanza transfronteriza binacional para controlar la pandemia H1N1 y que por razones de seguridad nacional fue marginado por el entonces presidente Trump.

Otro propuesta relevante de la Cumbre fue la de reconstruir la competitividad e impulsar el crecimiento. Para ello, se acordó fortalecer y coordinar las cadenas de suministro de ambos países y definir las industrias esenciales para minimizar las interrupciones futuras. Se reconoció, además, que la región necesita cadenas de suministro resilientes, sostenibles, diversas y seguras para garantizar el crecimiento económico.

En esta misma línea, se busca fortalecer los vínculos entre las pequeñas y medianas empresas (PYME) entre países, promover el espíritu empresarial de las mujeres e impulsar la innovación. En tal sentido, las políticas de economía creativa, cultural y economía social solidaria son estrategias centrales en la generación de empleos para grupos vulnerables.

Medidas poara combatir la crisis climática

Los dirigentes de los tres países se comprometieron a adoptar medidas concretas para combatir la crisis climática. Por un lado buscarán crear una estrategia norteamericana sobre metano y carbono negro para reducir las emisiones de metano de todos los sectores, especialmente del petróleo y el gas. También acordaron reducir las emisiones de vehículos y motores diésel.

Por otro lado, los gobiernos acordaron acelerar la implementación de energías renovables, incluida la asistencia técnica, el intercambio de mejores prácticas y las iniciativas dirigidas a catalizar las finanzas y la tecnología. Una estrategia prioritaria para el gobierno estadounidense es acelerar la transición al transporte sostenible, lo que incluye la fabricación  de vehículos eléctricos.

En el ámbito de la frontera México-Estados Unidos se acordó la elaboración de planes para convocar a los principales estados y ciudades de América del Norte como contribuyentes de las diversas estrategias propuestas y dirigidas a acelerar la acción climática. En ese marco, el Banco de Desarrollo de América del Norte es uno de los instrumentos fundamentales para incentivar proyectos de resiliencia ambiental.

El gobierno mexicano reiteró la importancia de los flujos y movilidad migratoria hacia Estados Unidos, en el contexto de la necesidad de mano de obra en marco de la integración laboral y del crecimiento que se espera de la economía estadounidense, luego del acuerdo bipartidista en el proyecto de infraestructura. En ese marco, los presidentes reconocieron la complejidad del aumento de la migración irregular —un millón 500 mil migrantes irregulares detenidos por Estados Unidos en el año fiscal 2020-2021— y reconocieron la necesidad de una eficaz gobernanza multinivel priorizando la migración ordenada, segura y regular.

En ese marco se acordó establecer un pacto regional sobre migración y protección para las Américas, promover vías de movilidad laboral mediante la promoción de los visados de trabajadores temporales, y ampliar los centros de recursos migratorios centralizados en Centroamérica entre otras cosas. También se comprometieron a anunciar programas y financiamiento adicionales para crear empleos en América Latina y el Caribe.

La viabilidad de una política de desarrollo y de un eficaz control migratorio en los países del Triángulo Norte implica conciliar procesos de gobernabilidad, gobernanza y de políticas de mayor control de la corrupción institucional, que permitan que los recursos financieros generen los impactos sociales esperados.

En el encuentro se acordó también combatir el crimen transnacional y el terrorismo, y fortalecer la colaboración en materia de defensa, a través de la adopción de un enfoque coherente para recopilar, almacenar, usar, retener y compartir los registros de nombres de pasajeros de acuerdo con las normas y prácticas recomendadas por la Organización Internacional de Aviación Civil. También se reiniciará el Grupo de Trabajo Trilateral sobre Trata de Personas, a fin de combatir la trata laboral y sexual en la región y asumir los compromisos en la Ministerial de Defensa de América del Norte (NADM), como la defensa regional y  la cooperación en materia de seguridad.

Finalmente, el presidente López Obrador planteó la importancia de fortalecer el interés nacional en las políticas energéticas y eléctricas, considerando la importancia de conciliar  políticas tales como el control de la corrupción en la asignación de contratos, incentivando la competitividad y sustentabilidad.

En conclusión, los principales acuerdos firmados en la Cumbre abordan temas tan dispares como la gestión de la pandemia, la reactivación de las cadenas de suministro, el empleo, el cambio climático o la migración irregular. La pregunta que nos hacernos es: ¿Cuáles de todos estos aspectos podrán realmente ser implementados?

Honduras elige una mujer para refundar su democracia

Después de una “década trágica”, el pueblo hondureño ha manifestado categóricamente su deseo de iniciar una recomposición del régimen, del sistema de partidos y de su gobierno. La significativa victoria de una alianza opositora de centroizquierda, encabezada por una mujer, ha venido para revertir la pronunciada erosión democrática y virtual autocratización observada en el país centroamericano desde la irregular interrupción de mandato de Manuel Zelaya, en 2009.

Si bien durante la última década numerosos estudios y centros especializados en la calidad de la democracia alertaban sobre la grave situación, en el último trienio Honduras dejó de ser considerado un país democrático y pasó a ser considerado un régimen Híbrido o un ejemplo de Autoritarismo Electoral. El diagnóstico de centros como Variedades de Democracia, Idea Internacional, Barómetro de las Américas y Latinobarómetro apuntaban hacia una virtual captura del Estado por un grupo de individuos vinculados, directa e indirectamente, al presidente Juan Orlando Hernández y a su entorno más inmediato.

Entre los señalados se encuentran segmentos del empresariado, de las Fuerzas Armadas y policiales, de la clase política, del sistema judicial, grupos religiosos principalmente evangélicos y católicos, y medios de comunicación, además de una alta y creciente influencia de actores no estatales vinculados a actividades ilícitas transnacionales. Y en este marco, no faltaron casos de impunidad, escándalos de corrupción —cometidos incluso en medio de la pandemia—, violencia política y social, empobrecimiento, exclusión social, conflictos socioambientales, y un decreciente apoyo ciudadano a la democracia.

En tal sentido, en las recientes elecciones, más que una legítima y usual competencia entre la izquierda, el centro y la derecha, estaban en disputa dos sistemas: el autoritarismo electoral y la democracia liberal.

Rendición de cuentas electoral, participación y competencia política

En las recientes elecciones, que en Honduras se deciden por mayoría simple y donde no hay segunda vuelta, estaban convocados poco más de cinco millones de ciudadanos. La candidata Iris Xiomara Castro Sarmiento, del partido de centroizquierda Libertad y Refundación-Libre, habría vencido con alrededor del 53% de los votos válidos lo cual la convertirían en la presidenta electa más votada en la historia del país. El candidato oficialista del Partido Nacional, Nasry Asfura, habrían quedado en segundo lugar con el 34% y el liberal, Yani Rosenthal, tercero con el 9%.

Castro, quien encabeza una alianza opositora con fuerte tendencia socialdemócrata, republicana y progresista, fue Primera Dama durante el mandato de Manuel Zelaya. Pero por méritos propios fue elegida en 2013 como candidata presidencial y como candidata a la vicepresidencia en 2017. En ambas oportunidades fue derrotada por el actual presidente, Juan Orlando Hernández, en comicios plagados de todo tipo de irregularidades como fraude, financiamiento ilícito de campaña o abuso de poder político-económico.

En 200 años de vida republicana, Xiomara Castro será la primera mujer en gobernar Honduras y de esta manera se suma al reducido grupo de mujeres que presiden gobiernos en el mundo. A lo largo de las últimas décadas, ha demostrado sensibilidad hacia temas y reivindicaciones de género, especialmente vinculados a los derechos reproductivos de las mujeres y ha estado vinculada con la sociedad civil, a movimientos sociales —incluyendo al ambientalismo— y a temas relacionados con la infancia, la juventud y las familias, minorías étnicas y los sectores más vulnerables de la sociedad hondureña. Evidentemente, ello es una buena noticia.

En este marco, la alta votación de Castro se explica, en parte, por la muy alta participación electoral de la juventud y de otros segmentos sociales subalternos. Esto repercutió en que la participación fue superior al 68%, con una sensible disminución del abstencionismo que bajó del 45% a alrededor de 30%. Por lo tanto, parece razonable esperar del próximo gobierno un fuerte empeño en la formulación e implementación de políticas públicas orientadas hacia el desarrollo humano, la transformación productiva con equidad y a una inserción internacional soberana.

La transformación del sistema de partidos

La derrota y superación del bipartidismo tradicional es otra de las novedades que ha dejado esta elección. Dejando de lado los gobiernos militares predominantes en las décadas de 1960 y 1970, desde fines del siglo XIX Honduras fue gobernada básicamente por un sistema bipartidista donde predominaron candidaturas del Partido Liberal de centroderecha y reformista, y el Partido Nacional de derecha conservador.

Por primera vez, otro partido (Libertad y Refundación-Libre) se ha alzado con el poder político, lo cual ha reestructurado la composición del parlamento y de los principales gobiernos locales, los cuales tienen un rol importante en la dinámica político-social del país. Esto se debe, en parte, a un conjunto de acuerdos políticos pactados entre Libre y otros partidos de centro y hasta de centroderecha, en lo que se denominó la Unión Nacional Opositora de Honduras-Unoh.

De esta manera, el devenir político, la gobernabilidad y la recomposición de la calidad democrática del país estará marcada por el presidencialismo de coalición. Y mantener unida a esta alianza multipartidaria, tanto en el seno del gabinete de gobierno, como en las relaciones Ejecutivo-Legislativo, demandará de una alta dosis de realismo, tolerancia, diálogo y responsabilidad al interior de la emergente clase dirigente.

Lo mismo se podría afirmar con relación a la conformación de las autoridades del poder Judicial, ya que los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General de la República son nombrados por el Congreso, para períodos de siete y cinco años, respectivamente.

En enero de 2022, Xiomara Castro asumirá un gobierno con gran capital político, pero tras una “década trágica”, el desafío de refundar la democracia hondureña es inmenso. La mayoría esperamos que dicho mandato sea exitoso, consecuente, honesto, y republicano, y que inaugure un período de prosperidad, paz y desarrollo para Honduras. Así, y solamente así, podremos afirmar que la fuerza del argumento ha finalmente vencido al argumento de la fuerza en el país centroamericano.

K-pop: del fanatismo musical al activismo político

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Durante las protestas sociales del 2020 y 2021 en Chile, Colombia y Perú, los fanáticos latinoamericanos del K-pop —música y cultura popular coreana que mezcla ritmos, estilos, rutinas de baile y tiene una estética definida— pasaron de utilizar las redes sociales para apoyar a sus artistas favoritos a aprovecharlas para sabotear los hashtags de influencers conservadores que desacreditaban las movilizaciones. A través de acciones coordinadas, los jóvenes lograron burlar y minimizar el contenido político a favor Sebastián Piñera, Manuel Merino y el Uribismo. Lo hicieron, publicando masivamente fancams, es decir, GIFs, imágenes y memes de sus artistas coreanos. 

Esta participación coordinada, conocida como slacktivismo o ciberactivismo, se caracteriza por el uso de la tecnología, en especial de internet, para expresar insatisfacción sobre temas específicos. Para ciertos especialistas, esta no es una forma veraz de participación, sino más bien un conjunto de acciones que se facilitan gracias a las dinámicas de la red, pues no hay un involucramiento o impacto “real” en la vida política de los países en cuestión. 

Pero lo cierto es que las acciones de los k-popers en Twitter sorprendió a los gobiernos latinoamericanos afectados, que ante el desconocimiento actuaron con cierta ligereza y exageración, llegando a catalogar las iniciativas como ciberterrorismo auspiciado por la izquierda radical internacional. Esto provocó burlas y dejó en evidencia la distancia entre la política tradicional y estas emergentes formas de acción social.       

Twitter, fandom y fanbase en América Latina

Twitter, y recientemente Tik-Tok, son por excelencia las redes sociales del K-pop y sus seguidores las han empleado para apoyar a sus artistas favoritos. Esta comunidad global, altamente coordinada, ha llegado a desarrollar una jerga para comunicarse y coordinar las acciones virtuales, ya sea para votaciones de premios como los Asian Artist Award, el cumpleaños de sus ídolos o hacer viral un lanzamiento musical. 

Usualmente, cada grupo musical de K-pop, —BTS y NTC son los más populares— tiene su propio grupo de fans o fandom. El fandom de BTS es conocido como ARMY (Adorable Representative M.C. for Youth) y tiene un conjunto de cuentas en Twitter denominadas Fanbase que están organizadas geográficamente y tienen miles de seguidores. En América Latina hay un significativo número de cuentas en países como Chile, Colombia o Perú, aunque la cuenta peruana fue suspendida recientemente. 

Estos fandoms, se caracterizan por manipular los algoritmos de las redes a su favor y lo hacen básicamente a través de tres acciones recurrentes. En primer lugar, los fandoms se organizan anualmente para que sus agrupaciones favoritas ganen en las votaciones de premios musicales. Esta dinámica global, conocida como “figthing” o batalla, es altamente competitiva y se inició en el 2016 con los Asian Artist Award y se popularizó en occidente con los American Music Award o los Billboard Music Award donde se premia a la banda con más votos en Twitter o en la página oficial.

La segunda acción a la que recurren los K-popers es el “Streaming o listening party” y consiste en que previo al lanzamiento de una nueva canción o álbum los fanbase instruyen a los seguidores, en su propia jerga, indicando un día y una hora para cada fan publique una foto con el hashtag y la foto de la canción que están reproduciendo y así convertirla en tendencia global.

Y la tercera acción, conocida como “limpiar hashtags”, es una táctica para contrarrestar el contenido publicado en Twitter que busca desprestigiar el K-pop. Dicho contenido siempre está acompañado de hashtags que dicen cosas negativas sobre sus artistas. En respuesta, el fandom inicia la limpieza de estas publicaciones, identificando estos hashtags para luego emplearlos a su favor, es decir, cambiando ligeramente su forma y contenido e incluyendo en ellos fancams. Una vez realizadas estas acciones, se publican masivamente. Como resultado, el contenido malintencionado se convierte en spam debido a su alto volumen de publicaciones, además de ser simultáneamente denunciado por los mismos K-popers, haciéndolo desaparecer eventualmente como tema sugerido en la plataforma.

Como se puede evidenciar, estos comportamientos virtuales requieren de un alto nivel de coordinación, tiempo y compromiso. Una clara muestra de ello fue la “limpieza de hashtags” empleada por los K-popers latinoamericanos durante su participación en las protestas. Una vez que estos fans identificaron los hashtags conservadores, los modificaron con fancams, los publicaron masivamente y los denunciaron para convertirlos en spam. Sin embargo, para que esto sucediera, este contenido originalmente catalogado como “político” por Twitter debía cambiar. Para ello, lo plagaron con fancams de sus artistas favoritos, haciendo que rápidamente que su catalogación pasara a ser “entretenimiento” o “K-pop”. Hecho lo anterior, solo era cuestión de tiempo para que se convirtiera en spam, reduciendo así su impacto drásticamente. 

Esto es lo que sucedió en Chile, Colombia y Perú durante las protestas a pesar de que ninguno de estos se encuentra entre los principales países productores de contenido K-pop. Sin embargo, según la jefe de asociaciones globales de K-pop y Kcontent, Yeon Jeong, varios países latinoamericanos tienen una gran cantidad de fans. Brasil es el primer país de la región y el sexto a nivel mundial con más cuentas activas de Twitter. Le sigue México en el octavo lugar del mundo, Argentina en el doceavo, Perú en el decimonoveno y Colombia en el veinteavo.

Las acciones llevadas a cabo en los tres países por los K-popers no es ciberterrorismo. De hecho, si consideramos que esta industria domina la conversación global en Twitter con una producción de 7.500 millones de trinos en 2020, superando temas como el Covid-19, la crisis climática y el descontento social, es evidente que lo sucedido en las protestas fue solo una pequeña muestra del alcance que estas movilizaciones pueden tener. 

Polarización a la alza, confianza a la baja

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El día siguiente a las “elecciones presidenciales” en Nicaragua, el “ganador” Daniel Ortega mencionó que los siete aspirantes presidenciales eran “hijos de perra de los imperialistas yanquis”. Encarcelados por supuesta “traición a la patria”, Ortega mencionó que ya “no son nicaragüenses” y que deberían llevarselos a Estados Unidos porque ya “no tienen patria”. Estas palabras, ejemplifican a la perfección la polarización política actual en gran parte de la región.

¿Dónde se origina esta dinámica?

El reconocido politólogo italiano, Giovanni Sartori, escribió en su libro Partidos y sistema de partidos: marco para un análisis, que la polarización política se puede entender como la distancia ideológica entre candidatos, partidos y votantes, es decir, se trata de un aspecto más de la dinámica democrática. Así como en un momento determinado puede haber diálogo y consenso, en otro habrá polarización debido a la heterogeneidad de las posiciones políticas.

Pero en la actualidad, como señalan algunos estudios, la polarización tiene un ingrediente menos empírico y más político-afectivo que la distingue del pasado y que la convierte en un problema estructural de las democracias actuales.

La polarización política deja de ser parte de la pluralidad democrática cuando se entrelazan tres elementos. En primer lugar, cuando los actores políticos rechazan participar bajo las reglas del juego democrático. En segundo lugar, cuando la pluralidad se va alineando hacia dos tendencias que convierten a la política en una zona de conflicto y no de diálogo. Y en último lugar, cuando se institucionaliza un discurso que refuerza una dimensión afectiva que se extiende más allá de lo político y atribuye características físicas e ideológicas negativas que se convierten en diferencias irreconciliables entre las dos tendencias.

Actualmente, vemos este tipo de polarización, por ejemplo, en las redes sociales. En ellas proliferan publicaciones que destacan “cualidades negativas” del “otro” y propician reacciones divisivas en las personas: te identificas con “nosotros” o con “ellos”. En este contexto, las palabras del presidente de Nicaragua cumplen con las caracterísiticas y alientan el proceso de polarización actual. Veamos.

En este quinto mandato, su rechazo a las reglas del juego —el primer elemento— se refleja a través del encarcelamiento de sus oponentes previo a la jornada electoral, de no permitir observadores electorales y de promover el voto por acarreo durante la jornada. Estos son claros indicios de un regímen que no favorece la pluralidad ni permite la presencia de adversarios.

Al mentar a sus opositores como “imperalistas yanquis”, Ortega reduce la pluralidad social a dos tendencias —segundo elemento—, por un lado quienes lo apoyan y por lo tanto son patriotas y buenas personas y, por otro lado, quienes son leales a intereses extranjeros y malas personas. Esta dicotomia identitaria exige a sus oyentes una elección.

Daniel Ortega añade la dimensión afectiva —tercer elemento— al mencionar que sus opositores no son nicaragüenses y que ya no tienen patria. Es decir, despojándolos de toda legitimidad, no sólo política sino moral, ya que vincula su disidencia con una marca valorativa: estar en mi contra es estar contra la patria.

En un régimen que no ha devenido en una dictadura “electoral”, este tipo de polarización pone en duda la labor de la democracia para ofrecer un clima de debate y reflexión. De esta manera, las personas prefieran responder a discursos que proponen soluciones tajantes optando por alimentar la polarización política.

¿Quién puede estar a salvo de la mirada inquisidora de aquellos que sienten que su patria sí les pertenece? La construcción de esa frontera, no sólo es un discurso político, es una discurso afectivo y emocional que inculca desconfianza en las personas hacia los demás. Esto está corroborado por los datos del Latinobarómetro 2021. Según el informe, América Latina es la región más desconfiada del planeta. Mientras que en el resto del mundo la confianza interpersonal, en promedio, es del 29% entre los encuestados, en nuestra región es tan sólo del 9%.

En el informe del Latinobarómetro del año anterior, se señala que “América Latina cae a su punto más bajo de confianza interpersonal desde 1996, llegando a 12%, lo que representa una disminución de dos puntos porcentuales respecto del 14% que logró en 2018.”

Actualmente y en el marco de una triple crisis de carácter económica, sanitaria y política, la polarización es un catalizador de esa sensación de desconfianza hacia los demás. La desigualdad en la región lleva a los latinoamericanos a desconfiar de las personas a su lado, pero no por considerarlas una amenaza, sino porque ante la precariedad la prioridad es “luchar” por la sobrevivencia.

Los discursos políticos como el de Daniel Ortega, no sólo son una transgresión flagrante a los valores y principios de la democracia, son una incitación a sembrar la desconfianza en el otro, en el que piensa diferente, en el que no se ve como yo, en el que habla con un acento diferente, en el que no es “nicaragüense”, “mexicano”, “venezolano”. La polarización construida sobre una dimensión afectiva destruye toda confianza interpersonal.


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Foto de Jesús Villaseca Pérez. em Foter

¿Cuánto tiempo le queda al proyecto de AMLO?

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El 1º de diciembre Andrés Manuel López Obrador se encontrará a la mitad de su gobierno al cumplir tres años de haber asumido la Presidencia en México. Es el presidente más votado en la era democrática en México, con 53% de los votos. El último presidente que había llegado con un porcentaje aplastante de votos fue Miguel de la Madrid en 1982, con más del 70%, pero México aún vivía bajo el autoritarismo del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El sistema político mexicano cambió a partir de 1997. Desde entonces, no había habido un gobierno unificado como el que logró López Obrador en 2018. Los gobiernos anteriores: Ernesto Zedillo (entre 1997-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña (2012 y 2018) fueron divididos y yuxtapuestos. El partido del presidente no controlaba el poder legislativo federal ni tenía una mayoría importante de gubernaturas en los estados.

En esos años México vivió una era democráticamente intensa, con un sistema de partidos de pluralismo moderado con tres fuerzas políticas relevantes, PRI, PAN y PRD. El presidente debía negociar con los líderes de partidos; y por otro lado, los gobernadores y presidentes municipales se organizaban para hacer contrapeso al presidencialismo centralizador y favorecer el federalismo. Para ampliar el control del poder de manera horizontal, se crearon órganos constitucionales autónomos encabezados por personas expertas sobre materias específicas.

Una democracia ineficiente

Pero esta democracia no era eficiente en relación a la intensidad de las demandas y los rezagos históricos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de 2017, los problemas más apremiantes para la población mexicana eran la inseguridad, la delincuencia, la pobreza y la desigualdad, apenas después aparecía la corrupción.

López Obrador supo leer bien el momento, notó el descontento con la clase política, y centró su campaña en la lucha contra la corrupción como el principal problema del país. En las elecciones de 2018 colapsó el sistema de partidos, el PRI quedó en tercer lugar, y MORENA, el partido que él creó apenas en 2012, ganó en prácticamente todos los estados, además de obtener una importante mayoría en el poder legislativo junto sus aliados.

La oposición en su conjunto quedó con poca capacidad de operación, lo que generó desbandadas hacia el partido del presidente. Una vez en el poder, AMLO creó una narrativa en torno a la “Cuarta Transformación” (4T), un slogan para identificar a su gobierno, que sumado a una estrategia de permanente polarización, ha tenido éxito en hacer creer a una gran parte de la población que está instaurando un nuevo régimen. En las elecciones intermedias de 2021 MORENA ganó once de las quince gubernaturas en disputa, nuevamente la mayoría en el legislativo —con sus aliados—, y obtuvo significativas mayorías en los legislativos subnacionales.

López Obrador en su encrucijada

Pero la legitimidad se pierde o aumenta en función de la eficiencia y eficacia. Y allí los números no le favorecen. De 2018 a 2020, según los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, el número de pobres aumentó de del 41.9% al 43.9%, la OCDE informó que la clase media pasó de 53.5 millones de personas en 2018 a 47.2 en 2020. Y si bien el gobierno ha señalado que son consecuencias de la COVID-19, también es cierto que México es uno de los países con los peores indicadores respecto a la gestión de la pandemia a nivel mundial.

En cuanto a la corrupción, principal bandera del gobierno, según el World Justice Project, México retrocedió catorce lugares, ubicándose en el lugar 121 de 126 países. Su política social se ha centrado en aumentar recursos para otorgarlos como becas, apoyos, créditos, entre otros instrumentos, pero su diseño padece de graves falencias institucionales y operativas, y se han convertido más que nada en instrumentos de clientelismo electoral.  

Durante su gobierno se militarizó formalmente la seguridad pública, al crear la Guardia Nacional con elementos de las Fuerzas Armadas, a quienes también dejó en sus manos diversas tareas civiles como la construcción de un nuevo Aeropuerto, de una refinería, de una línea de tren, la gestión del Banco del Bienestar, recientemente creado, la operación de las aduanas y el control de la migración, entre otras. Esta estrategia es peligrosa, porque politiza a las Fuerzas Armadas y fomenta la opacidad en la gestión.

En lo que resta de su gobierno, López Obrador deberá enfrentar muchos retos. Ha revivido algunas prácticas del sistema presidencial mexicano que se habían desvanecido, como el culto a la personalidad, el centralismo decisional, obras faraónicas, una política social basada en asignaciones directas y dádivas, entre otras. Pero el sistema político mexicano mantiene reglas no escritas muy rígidas que ningún presidente fuerte políticamente ha logrado modificar.

AMLO conoce muy bien el sistema, pero ha caído en la misma tentación que algunos de sus antecesores. En México la reelección presidencial no existe constitucionalmente y es impensable políticamente. En julio de 2021 López Obrador y su partido introdujeron la figura de “revocación de mandato” en la constitución, y han distorsionado el espíritu de la letra, tratado que sea visto como una “ratificación de mandato”. Ello ha deslizado la idea de un posible intento de modificar su periodo constitucional.

Otra lectura tiene que ver con su propia posición política dentro de su movimiento. A partir del tercer año los presidentes en México comienzan a perder poder, los actores que lo rodean empiezan a moverse estratégicamente pensando en su futuro político. Por ello López Obrador se ha rodeado de un gabinete que supera en promedio los 65 años, y la mayoría están por jubilarse. Solo su canciller, Marcelo Ebrad, y la actual Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, muy cercanos a su proyecto político, se han posicionado como naturales sucesores. Pero literalmente los controla.

Activar la “revocación del mandato” traducida como “ratificación”, puede frenar las ambiciones de sus colaboradores ante la idea: “yo mando hasta el final”. Empero, López Obrador necesita un partido fuerte, pero MORENA tiene muy baja institucionalización, es una coalición de posiciones políticas pragmáticas y una mezcla de ideologías incluso contradictorias, por lo que difícilmente se puede clasificar como un partido de izquierda, pero subiste porque su cohesión se basa en la lealtad al líder.

En los próximos meses, es muy probable que López Obrador recurra a amplias movilizaciones y profundice su estrategia de polarización para mantener vivo el proyecto que lo llevó a la presidencia. Pero esto será, a su vez, una muestra de que su poder se desvanece, como el de todos los presidentes fuertes que han gobernado México.

Foto de Eneas em Foter


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Juan Orlando Hernández, un presidente en busca de un destino

Hace un mes, en vísperas de las elecciones que se celebran hoy en Honduras, el gobierno firmó un acuerdo con Nicaragua respecto a su soberanía en el golfo de Fonseca. El acuerdo implica el cese de las reiteradas acciones de la Fuerza Naval nicaragüense contra los pescadores hondureños, acciones que, a pesar del fallo, se han reiterado a lo largo de estos años. Esta es para Daniel Ortega la manera de desconocer tácitamente el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y para Juan Orlando Hernández (JOH), la forma de allanar el camino de cara al fin de su mandato y el probable inicio de su persecución judicial internacional.

Un acuerdo con objetivos personales

El acuerdo ha sido recibido con absoluto silencio por parte de los partidarios del saliente presidente JOH y con numerosas críticas desde la oposición y sectores independientes. Y es que el acuerdo sería innecesario ya que no tiene sentido ratificar el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya del año 1992. Pero ambos gobiernos han indicado que de esta forma Nicaragua reconoce explícitamente que su frontera marítima en el golfo de Fonseca es con Honduras y que, aunque no lo citan, los límites salvadoreños terminan en este último.

El acuerdo se firma en un momento clave para ambos mandatarios. Daniel Ortega viene de una elección sumamente cuestionada a nivel internacional y JOH se enfrenta al fin de su presidencia y ya está pensando en un posible refugio legal. Y es que tanto él, como varios personajes de su entorno, temen que la justicia de Estados Unidos solicite su extradición debido a la supuesta vinculación con el narcotráfico.

De momento, todo indica que la oposición ganará las elecciones presidenciales en Honduras lo cual agravaría su situación aún más dentro mismo del país. Y su delfín, Nasry Asfura, aun en el hipotético caso de resultar ganador, tampoco le ofrece muchas seguridades de protección.

Una búsqueda febril

Ante el fin de su inmunidad, el presidente estaría buscando alternativas para refugiarse ya que la inmunidad que le daría su asunción como diputado al Parlacen, lo cual le corresponde automáticamente como ex presidente, no sería escudo suficiente para evadir a la Justicia de Estados Unidos.

En esa búsqueda por blindarse ante la justicia, JOH y sus colaboradores más cercanos impulsaron en los últimos años las criticadas Zonas Especiales de Desarrollo y Empleo. Estas ZEDE, ubicadas en ciertas zonas de Honduras y que tienen un tipo de división administrativa independiente, sujeta al gobierno nacional y provista de un alto nivel de autonomía con un sistema político propio, tanto a nivel judicial, económico y administrativo.

Las ZEDE podrían ser refugio para una primera etapa. Y es que las que ya están instaladas no podrían ser desmanteladas sin antes acudir a instancias internacionales, cuyos fallos, aunque fueren favorables al Estado hondureño, implicarían el pago de sumas multimillonarias a los propietarios para poder demolerlas. A pesar del rechazo de la ciudadanía a través de municipios y entidades de la sociedad civil, tres de las ZEDE siguen adelante.

Otras supuestas posibilidades, manejadas por analistas hondureños, serían refugiarse en Israel o Taiwán, pero en ambos casos, el vínculo de estos países con Estados Unidos lo haría inviable. Queda entonces el más confiable aliado de JOH, el ex guerrillero Daniel Ortega, el primer presidente en aceptar su triunfo en 2013 y en 2017. Además, el nicaragüense ya ha demostrado su “solidaridad” con ex pares en apuros legales, como el ex presidente salvadoreño Mauricio Funes, quien no solo encontró amparo, sino empleo en la Cancillería nicaragüense, además de la nacionalidad nicaragüense.

¿Un nuevo fraude?

De todos modos, antes de mudarse a Managua, a JOH le quedaría el recurso de un nuevo fraude, al igual que en 2017. Sin embargo, en esta ocasión, ya no contaría con el aval de Washington ni de la OEA, cuyo secretario general sigue a rajatabla las “instrucciones” del Departamento de Estado.

Si eventualmente algunos líderes del oficialista Partido Nacional se atrevieran a comentar un nuevo fraude, Daniel Ortega sería el primero en aceptar la situación y avalar el “triunfo”. Pero habría que ver qué posición asumiría el presidenciable nacionalista, Nasry “Tito” Asfura. Este podría negarse a ser parte de un fraude, no tanto por cuestiones morales o éticas, sino porque asumiría el puesto bajo una gran presión y sin el apoyo que tuvo JOH tras su propio fraude.

Ante la complejidad de los diferentes escenarios, es probable que Nicaragua sea la mejor opción del futuro ex presidente de Honduras. Según declaraciones del analista hondureño Edgar Soriano al periódico El Libertador, “el jefe del Estado hondureño y la gente que le rodea están anteponiendo sus intereses personales para cuidar su futuro una vez que termine su mandato ilegal a inicios del año 2022”. Y en esta línea, el analista agregó que “Nicaragua podría ser el destino para un exilio del actual líder del Partido Nacional”.

El intercambio “personal” de favores entre ambos mandatarios, por las dudas, no se detiene. Previo a las elecciones nicaragüense, Honduras se abstuvo en la OEA de votar una resolución pidiendo la liberación inmediata de los candidatos presidenciales y presos políticos en Nicaragua. Además, en octubre, el gobierno hondureño donó a Nicaragua, a pesar de la pobre vacunación en su propio país, las vacunas que le fueron entregadas por Estados Unidos y habilitó centros de vacunación en puntos cercanos a la frontera común, facilitando la vacunación de sus vecinos.

Todo esto son puras especulaciones y hasta que no se acabe el período presidencial de JOH y se inicien efectivamente las investigaciones no conoceremos las verdaderas intenciones del actual presidente. Pero lo cierto es que todo indica que estaría preparando las maletas.