Más perdedores que ganadores en las elecciones regionales venezolanas

Xavier Rodríguez-Franco
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Más perdedores que ganadores en las elecciones regionales venezolanas

El resultado de las elecciones regionales del pasado domingo 21 en Venezuela, donde se eligió la renovación de los ejecutivos y legislativos de estados y municipios, no constituyó un cambio sustancial en el esquema político del país. Y si bien estas no son buenas noticias para la oposición, el resultado tampoco es positivo para el propio gobierno.

Más allá de algunas tibias mejoras como la suspensión momentánea de los encarcelamientos políticos y las inhabilitaciones de partidos, el sistema electoral venezolano sigue estando aún lejos de ser mínimamente competitivo. Esto ha sido documentado una vez más por la observación electoral internacional en su declaración preliminar.

Venezuela se enmarca en un sistema político hegemónico que mantiene precarias condiciones estructurales para cualquier candidatura distinta a la del partido oficial. Las arbitrariedades son habituales como se ha demostrado con el incumplimiento de los propios lapsos del Consejo Nacional Electoral (CNE) para publicar los resultados de la gobernación de Barinas.

El menguante desempeño electoral del chavismo

Históricamente, las elecciones regionales en Venezuela no despiertan el mismo interés de participación que la elección presidencial. Esto, en muchas ocasiones, ha sido capitalizado electoralmente por el gobierno quien disponía abusivamente de recursos económicos, logísticos y comunicacionales del Estado para promover sus candidatos.

En aquellas convocatorias, la abstención castigaba principalmente a las candidaturas opositoras. Sin embargo, en esta elección la abstención —más del 53%—, no solo afectó a las candidaturas opositoras, que se presentaron divididas, también golpeó muy duro a los candidatos del gobierno. Esto sugiere que, de haberse coordinado candidaturas opositoras unitarias, estas podrían haber disputado 14 gobernaciones.

De las 23 gobernaciones del país, el oficialismo obtuvo hasta el momento 18, mientras que la oposición ha ganado tres (a la espera de los resultados de Barinas). Por otra parte, de las 322 alcaldías del país el chavismo ganó 205, mientras que las 117 restantes fueron conquistadas por políticos no alineados al chavismo. Este número de alcaldías duplica las obtenidas en las elecciones regionales del 2008 en las que la oposición fue unida en una fórmula electoral unitaria.

Por otro lado, en esta elección el chavismo ha obtenido los registros más bajos de apoyo en las zonas rurales y periféricas del país, regiones donde tradicionalmente se fundamentó su raudal electoral. Pero actualmente, la pandemia, la crisis humanitaria y la miseria golpean más fuerte, la recuperación social es más difícil y la promesa oficial convence menos. Esto pudo observarse en las escaramuzas y las adjudicaciones arbitrarias de candidaturas reportadas en las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela.

Las oposiciones y su reflejo electoral

Ante esta situación interna del chavismo, pareciera que su principal apuesta estratégica no fue mejorar sus candidaturas o renovar su mensaje, sino insistir en la división de la oposición. El oficialismo no sólo intentó incidir en el clivaje entre electoralistas y abstencionistas, que data desde finales del 2017, sino también entre las candidaturas que se presentaban. De esta manera, la oposición terminó restándose votos entre sí, siendo los casos más notorios el del Municipio Libertador en Caracas, Miranda, Mérida, Táchira y Bolívar.

¿Habría financiado el gobierno estas campañas divisorias? quizá nunca podremos saberlo ya que, dentro de la legislación electoral vigente, los patrocinadores y aportes de las campañas se declaran al CNE pero no se publican.

La coalición opositora, Mesa de la Unidad Democrática, que fuera la opción más votada en las elecciones parlamentarias del 2015, hoy es una sombra de lo que fue debido a las profundas y públicas divisiones de su dirigencia y militancia. Desde la convocatoria a estas elecciones la descoordinación comunicacional, la desorganización y sobre todo la indisciplina en el manejo interno de sus diferencias, erosionó la credibilidad de muchas de sus candidaturas. Ante esta situación, emergió un nuevo partido, Fuerza Vecinal, que en su año de existencia ha logrado la Gobernación del estado Nueva Esparta, así como otras siete alcaldías.

Al desánimo electoral y la fragmentación de la oposición, se suman otros factores que han debilitado a la oposición. La errática conducción interna, producto en buena medida del hostigamiento gubernamental al activismo político y las dificultades de acceso a financiación, así como el desaliento electoral que el propio “gobierno interino” de Juan Guaidó ha promovido sostenidamente desde 2019, han aportado al desánimo de los opositores.

En este marco, a pesar de la tibia victoria del oficialismo, parecería que los resultados vuelven a ponderar posibilidades de re-articulación en la oposición y algunos de sus voceros han mencionado, nuevamente, la necesidad de una unidad estratégica alrededor de la movilización electoral como mecanismo de agregación política.

En suma, los resultados de estas elecciones regionales podrían constituir un punto de inflexión en el reacomodo de los segmentos que componen a la oposición de cara a escenarios futuros. Entretanto, la ciudadanía que no migra sigue desmovilizada, desasistida y sobrellevando la vida como puede en medio de una profunda crisis humanitaria.

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La crisis climática requiere transferencia de tecnología

Nicolás M. Perrone
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La crisis climática requiere transferencia de tecnología

Coautor Leonardo E. Stanley

La tecnología limpia ha evolucionado. No solo resulta factible producir energía renovable a gran escala, también resulta más rentable. Pero el costo de una turbina eólica instalada en la Patagonia es mucho mayor que una instalada en Dusseldorf. En Sudamérica, esta tecnología confronta un costo de capital que resulta prohibitivo. Y es que los países en desarrollo carecen de la tecnología y deben importar los bienes de capital, así como los insumos asociados. El acceso a la frontera tecnológica es un factor presente en todo proceso de transformación productiva e industrialización, y esto genera conflictos entre quienes cuentan con el conocimiento y quienes no.

Hoy las negociaciones por la tecnología ocurren a la sombra de un derecho internacional económico marcado por el paradigma neoliberal, donde la ciencia y la técnica ocupan un lugar de privilegio en el orden jurídico y en el proceso de acumulación. El andamiaje legal de la inversión extranjera y la propiedad intelectual restringe la transferencia de tecnología hacia los países en desarrollo. Esto resulta de los diferentes acuerdos bilaterales como del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que regulan la inversión extranjera y la tecnología con un sesgo pro inversor.

La tensión entre quienes detentan la tecnología y quienes tienen que asumir compromisos climáticos se enmarca en un contexto de creciente consenso a favor de acciones concretas por la crisis ambiental. Inicialmente localizada en países desarrollados, la “ola verde” ha ganando adeptos en todo el mundo. Todo comenzó con la publicación del informe del club de Roma en 1972 y los primeros cuestionamientos a la industria petrolera. Con la Declaración de Río en 1992, la temática ambiental llegó al ámbito multilateral. Lentamente los derechos ilimitados que beneficiaban a los inversores comenzaron a ser cuestionados.

Lenta pero inexorablemente la industria limpia que iniciaba su marcha por aquellos días hoy ha alcanzado tal madurez que nos permite terminar con el reinado del “oro negro”. Pero, así como por un lado tenemos el desafío de la crisis climática, por el otro tenemos la disciplina económica y legal. Y en este marco, la crisis climática vino entre otras cosas a cuestionar lo acotado del esquema de transferencia de tecnología. La gravedad del momento plantea la necesidad de transformarlo, ya. 

Lamentablemente, las buenas intenciones no bastan. Alcanza con detenerse en los diversos arbitrajes internacionales iniciados contra los Estados que intentaron terminar con la producción energética en base a carbón y se vieron demandados por las empresas del sector. Las empresas petroleras, que idearon estos mecanismos para protegerse de los cambios que prometían la descolonización, hoy los utilizan para protegerse de los cambios necesarios para hacer frente a la crisis climática. El Tratado de Energía terminó consagrando derechos que resultan perjudiciales al proceso de transición.

Lo mismo podría pasar en Sudamérica si los países se decidieran a limitar, o bien prohibir, las centrales a carbón o la actividad petrolera. Los inversores podrían amenazar o demandarlos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), esquema asociado al Banco Mundial. La buena noticia es que esta última entidad reconoce la necesidad de avanzar con la transición. La mala, es que hace poco para transformar el esquema legal e institucional que ayudo a instaurar cuatro décadas atrás y que hoy traba el proceso.

Afortunadamente va surgiendo un consenso en pos de transformar el derecho internacional que dificulta la transferencia de tecnología y que protege de forma excesiva a los inversores extranjeros. Los expertos Karl Sauvant y Howard Mann plantearon hace algunos años ir hacia un esquema de inversiones extranjeras que priorice la calidad por sobre la cantidad, la equiparación de derechos, la mejora social, el cuidado del medio ambiente y la transparencia.

Una de los principales aspectos que destacan en lo económico es que la inversión debe promover la investigación y el desarrollo en el país huésped. Creemos que todo nuevo tratado también debería reconocer la transferencia tecnológica, otro aspecto clave al momento de discutir la transición energética en el Sur.

La visión regional

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) no sólo es una maravillosa usina de pensamiento regional, también es una de las pocas organizaciones que ha defendido la importancia de la diversificación productiva y el avance tecnológico para sacar a la región del retraso económico y social. En función de ello, la problemática de la transferencia de tecnología siempre estuvo presente en la elaboración de sus propuestas (así como en el manual de la Comunidad Andina de Naciones – CAN). Si antes destacaba la necesidad de acceder al conocimiento técnico para avanzar con la industrialización, hoy resalta la importancia que adquiere el acceso para resolver también lo ambiental, incluido la lucha contra el cambio climático.

Pero aún cuando existen numerosos estudios que abordan la problemática ambiental, poco se dice de la restricción institucional a la que está sometida la región en virtud de la legalidad neoliberal imperante. Dicha laguna debe ser tratada con los países desarrollados para que las promesas se transformen en soluciones. La comunidad internacional tiene que repensar las reglas internacionales que gobiernan la propiedad intelectual y el régimen de promoción, protección y facilitación de inversiones extranjeras.

La gestión estatal de la pandemia

Oscar Oszlak
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La gestión estatal de la pandemia

Pocos problemas sociales han generado tanta información e indicadores como la pandemia del COVID-19 y su gestión. Pese a ello, no resulta sencillo aportar evidencias definitivas sobre éxitos o fracasos de las políticas adoptadas para controlar o reducir sus consecuencias. En primer lugar, porque la pandemia aún no terminó y sus diferentes olas muestran que en algunos países aparentemente “exitosos”, los resultados resultaron ser efímeros cuando una nueva cepa los hizo retroceder en los rankings que dan cuenta de los avatares de esta guerra sanitaria. Y en segundo lugar, porque ciertos factores geográficos, demográficos, culturales y hasta étnicos, podrían explicar éxitos comparativamente mayores, sin que el resultado haya dependido necesaria o principalmente de la acción estatal.

Ya transcurrió un año y medio desde que comenzó la pandemia. La crisis global y sistémica que originó, comprometió la capacidad de gestión de los gobiernos de todo el mundo. En mayor o menor medida, todos ellos adoptaron cuatro tipos de políticas: el aislamiento poblacional y cierre de actividades; detección, seguimiento y atención de la enfermedad, incluyendo testeos y campañas de vacunación; compensación parcial de los efectos negativos producidos por el virtual cese de actividades; y comunicación pública, con propósitos de informar, prevenir y convencer a la población acerca de los comportamientos exigidos o deseables ante la emergencia.

Para ello, los gobiernos diseñaron diversas estrategias de acción y pusieron en juego todos los recursos a su disposición para contener la propagación de la enfermedad, atender y rehabilitar a los enfermos, minimizar el número de víctimas fatales y reducir los efectos indeseables de las políticas adoptadas.

Las estadísticas demuestran, de modo elocuente, que los resultados logrados en cada país fueron muy diferentes, como también lo fueron la intensidad u oportunidad de las políticas adoptadas. El grado de aislamiento y confinamiento de la población no solo muestra diferencias entre países, sino que la rigurosidad de las medidas varió sucesivamente según fases, rebrotes y nuevas cepas del coronavirus.

El rastreo de posibles infectados, el número de testeos realizados, el índice de letalidad y el ritmo de vacunación fueron también muy diferentes según países. En algunos de ellos, la intervención estatal en el salvataje de empresas cerradas o de familias y trabajadores sin ingresos fue amplia y generosa, en otros fue inexistente. Hubo gobiernos que organizaron intensas campañas de comunicación y difusión, en tanto otros prescindieron totalmente de ellas.

En parte, las diferentes estrategias elegidas dependieron de la particular coyuntura en que la pandemia sorprendió a los distintos países. Si bien en todas partes la crisis sanitaria exigió desviar recursos presupuestarios para atender los costos directos e indirectos de la crisis sanitaria, las condiciones de partida de cada país fueron muy diferentes. Factores como la magnitud del déficit fiscal, el nivel y distribución del ingreso, las reservas de divisas, los índices de desempleo y el trabajo informal o el grado de dependencia de los sectores marginales de transferencias estatales no condicionadas varían entre países.

La disponibilidad de infraestructura y la capacidad logística disponible, en cada país, también tuvieron un peso importante, sobre todo en materia de salud, transporte y comunicaciones.  

Otros factores diferenciales como el tamaño, cantidad de población y carácter insular de los países pueden haber tenido alguna gravitación en los resultados que cada uno de ellos logró en su lucha contra el virus. Y hasta podríamos agregar otros factores distintivos, como alineamientos internacionales, momento del proceso preelectoral, valores culturales predominantes o grado de democratización y confianza en las autoridades.

Esta enumeración, lejos de ser exhaustiva, nos deja al menos más cerca de poder aislar y atribuir a la relativa capacidad institucional de los países y sus gobiernos una parte de la explicación de los disímiles resultados que consiguieron, hasta ahora, en esta singular guerra pandémica. ¿Qué nos queda?

Tal vez la capacidad institucional más relevante, en un escenario tan complejo e intrincado como este, ha sido la de ejercer un liderazgo estratégico, es decir, ofrecer la conducción y la inspiración necesarias para generar y poner en marcha una visión compartida, una misión donde el conjunto de la sociedad se viera reflejada en una voluntad colectiva de lograr un objetivo común.

Pero ello también suponía otras capacidades, que debían estar institucionalizadas previamente y no podían improvisarse en medio de una crisis. Por ejemplo, las de planificar, programar, negociar, coordinar, monitorear y controlar. O las de innovar, comunicar y convencer, subordinando especulaciones políticas.

No estoy seguro si la consideración del conjunto de factores mencionados ayudaría a explicar, caso por caso, los variados resultados que los países y sus gobiernos han logrado en la contención de la pandemia y sus consecuencias. Futuros diagnósticos probablemente nos darán mejores respuestas.

Queda, por otro lado, un amplio terreno de especulación contrafáctica que la academia, la prensa y las oposiciones políticas han planteado casi a diario: ¿Qué hubiera ocurrido si las cuarentenas y confinamientos hubieran sido menos prolongados, reduciendo las serias consecuencias económicas negativas de inmovilizar la actividad productiva? ¿Si se hubiera dispuesto tempranamente un cierre de escuelas selectivo, evitando los costos pedagógicos y sociales que se impuso a toda una generación de estudiantes? ¿Si en lugar de asumir comportamientos demagógicos y supuestamente tranquilizadores -como negar públicamente la amenaza del virus-, algunos líderes políticos hubieran mostrado actitudes más responsables? o ¿Si la comunidad internacional hubiese desempeñado un papel más activo en evitar las desigualdades entre países y clases sociales, exacerbadas por la pandemia?

Podríamos seguir imaginando otras posibles situaciones, pero el razonamiento contrafáctico deberá ser contrapuesto a la evidencia que produzcan los estudios de caso en futuras investigaciones sobre este apasionante tema.

*Este artículo es una versión del texto originalmente publicado en La Nación, Argentina

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¿Por qué Kast ganó a Boric en las 20 comunas más pobres?

Ignacio Arana
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¿Por qué Kast ganó a Boric en las 20 comunas más pobres?

Las recientes elecciones presidenciales en Chile sugieren una desconexión del principal candidato de izquierda con la clase baja, donde el candidato de extrema derecha goza de una fuerte popularidad. El 19 de diciembre Gabriel Boric, candidato por la coalición de izquierda Apruebo Dignidad y quien obtuvo casi un 26% de apoyo en la primera vuelta, se enfrentará a José Antonio Kast, candidato por el conservador Frente Social Cristiano y quien recibió cerca de 28% de los votos.

Cuando se anticipa una segunda vuelta electoral —tal como casi unánimemente se esperaba en Chile— y existen candidatos que apelan a distintos clivajes, los votantes tienden a votar sinceramente. En cambio, en la segunda vuelta el voto es más estratégico: aunque no guste mucho un proyecto, se apoya al menos malo. Considerando esto, la siguiente tabla muestra las preferencias (sinceras) en las 20 comunas más pobres del país. Estas 20 comunas se sitúan en 6 de las 16 regiones del país y están en el norte, centro y sur de Chile:

       Fuente: https://live.decidechile.cl/#/ev/2021.nov

Como se puede ver, Kast fue más votado que Boric en todas las comunas, recibió un apoyo promedio de 37,5% (36% fue la mediana), mientras que Boric recibió un promedio de 13,3% (mediana de 13,5%). En algunos casos, la diferencia fue abrumadora: Kast recibió 24 veces más votos en Colchane. La tabla no permite extrapolar las preferencias al resto del país ya que las comunas no son representativas ni demográfica ni geográficamente. Por ejemplo, los resultados en la Araucanía y Los Lagos probablemente están muy condicionados por el conflicto que se vive en la zona. Sin embargo, la tabla muestra una tendencia clara, y que se suma a lo que mostró la encuesta publicada a principios de noviembre por la consultora Activa. En ella, Kast lideraba las intenciones de voto en los grupos socioeconómicos “D” (clase baja, el grupo más numeroso con cerca del 37% de la población) y “E” (pobres, 13% de la población y el tercer grupo más grande). Un 21,3% de los encuestados decía que votaría por Kast, mientras que sólo un 13% por Boric.

El misterio

¿Cómo es posible que un pinochetista que apoya a una dictadura que fue tan represiva económica y humanitariamente con la clase baja sea más popular que un candidato surgido desde la protesta social con afán de representar demandas por mayor justicia social, y que ha hecho lo posible por encarnar los presuntos anhelos de la masiva revuelta que comenzó en octubre de 2019?

Una opción sería culpar a los votantes. En cierta sociología marxista, la “falsa conciencia” ocurre cuando los oprimidos son incapaces de reconocer la explotación que padecen en una sociedad capitalista. Su naturalización de las clases sociales, inducida por el control del discurso público por parte de la burguesía, les impide defender sus verdaderos intereses. Entonces, no sabrían distinguir con claridad qué candidato los representa mejor.  

Otra visión, menos condescendiente, sería ver qué preocupa a los grupos socioeconómicos más bajos. Cuando se revisa la información disponible, entonces el aparente misterio se desvanece.  

La encuesta de Activa destaca que los temas de mayor importancia desde la clase media acomodada (“C1”) a los pobres (“E”) son, en orden decreciente, delincuencia, pensiones, y salud. A estos les siguen en todos los grupos socioeconómicos, con algunas diferencias en orden, corrupción, inflación, desigualdad de ingresos, e inmigración.

Estos resultados son similares a los de la última encuesta del Centro de Estudios Públicos, publicada en septiembre, donde se muestra que las principales preocupaciones de los chilenos son, en orden decreciente, delincuencia, pensiones, salud, y educación. De manera similar, una encuesta realizada por la consultora internacional Ipsos mostró que el 74% de los chilenos cree que el país va por mal camino, el tema que más preocupa es el crimen y la violencia (41% de preferencias) seguido por pobreza y desigualdad (37%), y de los 27 países estudiados es donde más preocupa el control migratorio (32% de los encuestados).

Cuando se revisa la Primera Medición del Bienestar Social en Chile publicada en octubre por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, se constata, sin sorpresa, que los dos deciles más pobres son los que más problemas aseguran tener en indicadores de bienestar como ingresos limitados e incapacidad para pagar deudas. Pero en muchos otros indicadores, como temor a ser víctimas de acoso callejero o delitos, presenciar delitos (por droga, balaceras, robos, etc.), síntomas de ansiedad y depresión, enfrentar problemas de medio ambiente, sus respuestas no son muy diferentes a las de los otros deciles.

En conjunto, estas encuestas revelan que pese a Chile ser el país con la mayor desigualdad de ingresos entre los 38 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, existe una gran superposición en las principales preocupaciones de los chilenos. Aquí es donde los proyectos de los candidatos cobran relevancia.

El programa de Boric se centra en cuatro reformas: el acceso garantizado universal a la salud, pensiones dignas sin el sistema actual manejado por administradoras privadas, un sistema educativo público, gratuito y de calidad, y la conformación de un gobierno ecologista. Es decir, en los tres primeros puntos aborda preocupaciones relevantes para todos los grupos socioeconómicos, aunque ni en el programa ni en el discurso aborda el más importante, la delincuencia. También ha mostrado confusiones y debilidades en su proyecto económico, tema que usualmente evade. De hecho, se lo ve más cómodo hablando de feminismo o medioambiente que de inflación.   

El programa de Kast, por otro lado, es un mamotreto al que el propio candidato ha dado media espalda, así que es más razonable fijarse en lo que ha dicho. Durante la campaña, Kast ha destacado mucho más que Boric la lucha contra la delincuencia, mano dura contra la inmigración irregular, la importancia del crecimiento económico, e imponer orden para lograr la pacificación social. Si bien algunas de sus propuestas son extremas (como cavar zanjas en la frontera norte) o ridículas (desarrollar una “coordinación internacional antiradicales de izquierda”), aborda temas sensibles para todos los grupos socioeconómicos, con principal énfasis en la delincuencia y el orden para alcanzar el progreso.    

No existe ninguna incompatibilidad ideológica entre ser de izquierda y hacerse cargo de las causas y consecuencias de la delincuencia, racionalizar la inmigración, promover el crecimiento económico y garantizar la estabilidad social necesaria en toda democracia. Estas propuestas pueden ir de la mano con reformas necesarias en pensiones, salud, educación, medioambiente, e inequidad de género. Pero, por razones complejas, parte de la izquierda chilena no se siente cómoda abordando estos temas.

¿Estará la candidatura de Boric dispuesta a abordar desde una perspectiva progresista las banderas que hoy tienen a Kast como el candidato más fuerte? Quizás, aunque ya puede ser muy tarde para evitar el triunfo del candidato reaccionario.

El legado colombiano en la gestión de la migración venezolana

Gracy Pelacani
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El legado colombiano en la gestión de la migración venezolana

Cuando muchos países de la región impusieron visas para limitar el ingreso y la permanencia de los migrantes venezolanos en sus países y militarizaron sus fronteras para dificultar su ingreso, Colombia mantuvo sus fronteras abiertas, no impuso en ningún momento requisitos restrictivos, cerró los pasos fronterizos únicamente para contener la pandemia y recientemente adoptó el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. La gestión de la migración venezolana es uno de los legados más importantes que este gobierno dejará a la región.

Las supuestas razones del éxito

Si bien el acceso sin mayores restricciones de nacionales venezolanos puede haber pasado inadvertido, la decisión de adoptar el Estatuto Temporal de Protección ha sido acogida por los medios y la comunidad internacional como un gesto sin precedentes.

Colombia, que es el país con mayor migración venezolanos en la región y el mundo, necesitaba con urgencia una medida que permitiera regularizar a casi un millón de migrantes que se encuentran en el país en situación de irregularidad. El mismo gobierno reconocía que esta situación traía consigo retos importantes para el desarrollo de una política pública coherente e implicaciones fiscales, sobre todo para el sistema de salud.

Por lo tanto, el Estatuto, que pretende regularizar a la mayoría de los nacionales venezolanos en Colombia y otorgarles un permiso por un periodo de 10 años, permitirá mejorar la condición de los migrantes y proteger más y mejor sus derechos.

En el discurso inaugural del Estatuto, junto al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, el presidente Iván Duque afirmó que el Estatuto “representa la política migratoria más importante en fraternidad, en orden y en legalidad, que se haya visto en América Latina y el Caribe”. Mientras que el Alto Comisionado resaltó el Estatuto como “un gesto humanitario emblemático para la región, como usted dijo, inclusive para el mundo entero”.

Las expulsiones discrecionales

El Estatuto es sólo la última de una serie de medidas y acciones que han contribuido a la construcción de la narrativa de la generosidad y de las puertas abiertas de Colombia hacia los hermanos venezolanos. Pero, al mismo tiempo, se han aplicado otra serie de acciones que, siendo mucho menos nobles, también han marcado la política migratoria del país en estos años.

La primera es la larga serie de expulsiones “discrecionales” de extranjeros, sobre todo de personas provenientes de Venezuela, en circunstancias que ponen en entredicho el respeto al derecho a un debido proceso de estas personas. Bajo la causal de la expulsión discrecional, Migración Colombia, la autoridad de control y verificación migratoria colombiana, expulsa a las personas que considera que han realizado actividades que atentan contra la seguridad nacional, el orden público, la salud pública, la tranquilidad social, la seguridad pública o cuando existe información de inteligencia que indica que el extranjero representa un riesgo en este mismo sentido. Estas sanciones van acompañadas de una prohibición de regresar al país por un término que puede ir de cinco a más de diez años.

Datos de la misma autoridad migratoria muestran que casi todas las expulsiones en 2020 fueron “discrecionales” y que, desde 2018, hay una tendencia creciente al uso de esta sanción. Ahora bien, para la persona sujeta a esta medida es muy complejo, cuando no imposible, controvertir la decisión de la autoridad y tener acceso a acompañamiento legal. Entra otras razones, por los cortos tiempos en los cuales se suelen materializar estas expulsiones y por el uso arbitrario que hace de ellas la autoridad migratoria.

En casos similares de deportaciones sumarias y colectivas de migrantes provenientes de Venezuela ocurridas en Chile, las cortes dejaron claro que se había violado su derecho al debido proceso y que los migrantes pueden enfrentar riesgos para su vida e integridad al volver a Venezuela, por lo cual no deben ser expulsados.

El desconocimiento de la protección internacional

Colombia, además, desconoce la necesidad de protección internacional de esta población. A diciembre del 2020, se había reconocido la condición de refugiado solamente a 771 venezolanos y se contabilizaba pocos menos de 20,000 solicitudes. Sin embargo, a excepción de Brasil y México, muchos otros países de la región contribuyen a lo que es una tendencia regional.

A esta falencia, se suman las notorias deficiencias del sistema de refugio colombiano, que deja al solicitante a la espera de una respuesta por un tiempo indefinido que puede durar años, periodo durante el cual la persona no puede ejercer actividades económicas. A pesar de las dificultades que esto genera a las personas, el gobierno aún no ha manifestado intención alguna de reforma el sistema.

En este marco, medidas como el Estatuto buscan ofrecer alternativas más ventajosas para los solicitantes de refugio en términos de acceso a derechos. Pero, sin lugar a duda, desconocen su necesidad de protección y no las tutelan de la devolución a su país de origen.

En suma, el Estado colombiano ha hecho mucho por la migración venezolana bajo la presidencia de Iván Duque y, si se quiere, mucho más que otros países de la región. Pero hace falta un análisis más detallado, profundo y crítico para determinar las reales dimensiones de su legado y si realmente es el ejemplo que queremos seguir.

La praxis comercial verde de Europa y las relaciones con Brasil

Ana Paula Tostes
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La praxis comercial verde de Europa y las relaciones con Brasil

La praxis comercial verde de Europa es un camino sin retorno. Desde el Acuerdo Verde Europeo de 2019, lanzado por la presidencia de la Comisión Europea de Jean-Claude Juncker, hasta el Plan de Recuperación EU Next Generation, lanzado en julio de 2021 por la presidencia de Ursula Von der Leyen, a los Estados miembros de la Unión se les exige una previsión de reformas fiscales y revisión de la legislación sobre subvenciones. El objetivo es que los países de la Unión adapten sus sectores de transporte, industria, energía y gestión de residuos a las nuevas metas medioambientales.

La Unión Europea aprovechó la necesidad de inversión para la recuperación económica posterior al COVID 19 para vincular el dinero de las transferencias y préstamos europeos a los compromisos de sus Estados miembros con la transición energética y ecológica. El contrapunto de esta realidad de transición –que incluye el cumplimiento de los objetivos de reducción del 55% de los gases de efecto invernadero para 2030 y de neutralidad para 2050- es que el comercio internacional con los países de la Unión Europea se verá afectado.

La Unión Europea es el segundo socio comercial de Brasil, considerando importaciones y exportaciones. Y para esta relación comercial dos temas son centrales: uno es el Acuerdo Mercosur-UE; el otro es la previsión de nuevos mecanismos fiscales en Europa sobre la emisión de gases contaminantes y el uso de energías no renovables en la producción agrícola e industrial, con impacto en el precio de las importaciones de los países contaminantes.

Después de casi tres décadas, el Acuerdo Mercosur-UE vuelve a estar paralizado. Tras la reanudación de las negociaciones por parte del presidente Temer y un importante avance dado en 2019 con la firma del acuerdo bajo el gobierno Bolsonaro, el Parlamento Europeo se pronunció en contra de su aprobación ante la falta de mecanismos de transparencia y garantías de control sobre los delitos ambientales en Brasil. Países como Francia, Irlanda y Austria plantearon sus sospechas y críticas relacionadas con Brasil y el incumplimiento de los compromisos en materia de deforestación y otros aspectos ambientales.

La Comisión Europea ha comprometido a sus Estados miembros a realizar las reformas necesarias para utilizar las inversiones del paquete de recuperación económica EU Next Generation. Estas reformas deben incluir «impuestos medioambientales», además de un impuesto sobre el carbono para aumentar los ingresos directos europeos y desincentivar la producción contaminante y la «fuga de carbono» (cuando una industria traslada su producción a países donde el carbono es más barato o las normas no son tan estrictas como las nacionales).

La Comisión recomienda eliminar las subvenciones a los combustibles fósiles y planes de inversión y acción que conllevan reformas para garantizar el cumplimiento de las metas de la transición ecológica. La nueva generación de impuestos busca, por un lado, una compensación por la responsabilidad medioambiental y, por otro lado, garantizar que los que contaminan sufran las consecuencias pecuniarias, siguiendo el principio «quien contamina paga».

En este contexto, la realización de una transición normativa y tecnológica, y la implementación de las reformas necesarias para cumplir las metas de comercio sostenible, son pasos ineludibles para Brasil debido a la dependencia comercial con los países europeos.

Esto implica reformas para la transición tecnológica y energética en las empresas productoras y en la industria brasileña de los sectores dependientes del comercio exterior con los países miembros de la Unión Europea y el Reino Unido (que también adhirió a los objetivos de la transición energética verde).

En caso de que no haya una cadena de producción comprometida con los objetivos verdes se prevé repercución en la balanza comercial brasileña con Europa y también con Estados Unidos.

Una nueva postura de Bolsonaro

Mientras tanto, vimos en Glasgow una nueva postura del gobierno de Bolsonaro respecto a los compromisos adquiridos en la COP26. El ministro de Medio Ambiente anunció un «nuevo» objetivo climático, que en realidad significaba una reanudación del compromiso del Tratado de París.

Pero más allá de esto, Brasil formó parte de dos relevantes acuerdos medioambientales en los que los países firmantes se comprometen a reducir las emisiones de gas metano y a proteger las florestas. El primer acuerdo afecta directamente a las actividades agrícolas y ganaderas brasileñas y supone la aplicación inmediata de medidas para cumplir la meta de reducción de emisiones de gas metano en 30% hasta 2030.

Con el segundo acuerdo, Brasil se compromete a alcanzar la deforestación cero para 2030 en un pacto que destaca la importancia de las comunidades tradicionales que dependen de las florestas (los pueblos indígenas) y propone un embargo al comercio internacional y a la financiación de productos procedentes de países que no respeten las tierras protegidas, sus pueblos y sus florestas. Esta fue una nueva sorpresa del actual gobierno, esta vez positiva.

Sin embargo, la herencia de Glasgow y el dilema de la ratificación del Acuerdo Mercosur-UE enseñan que el statu quo de las condiciones comerciales entre Brasil y los países de la Unión Europea no se mantendrá. Una vez que los países europeos cumplan sus compromisos, independientemente de que Brasil cumpla los suyos, el impacto de la transición verde europea llegará a los sectores exportadores brasileños.

En este contexto, además de la expectativa sobre los próximos capítulos respecto a los compromisos asumidos por Brasil en la COP26, es fundamental para los sectores exportadores brasileños llevar a cabo una transformación radical en sus modelos energéticos y en la gestión de recursos y tecnología, alineándose con el compromiso mundial respecto al riesgo climático.

Los sectores exportadores brasileños que dependen del comercio con la UE precisarán de adaptaciones e inversiones para garantizar el flujo de las exportaciones. En otras palabras, tendrán que cambiar para mantener su situación actual en el escenario del comercio internacional.

Bolivia y sus eternos conflictos sociales

José Orlando Peralta
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Bolivia y sus eternos conflictos sociales

A principios de noviembre varios comités cívicos, gremialistas, transportistas y universidad pública entre otras organizaciones, iniciaron un paro en el departamento de Santa Cruz en rechazo a una norma que pretendía aumentar el control policíaco y el centralismo político. Este conflicto es el resultado de las dificultades del gobierno del MAS para generar consensos en una sociedad donde los gobiernos regionales, las clases sociales y los colectivos indígenas (principalmente del oriente boliviano) no han podido encontrar un terreno común para resolver sus fracturas históricas con el Estado.

Mientras el oficialismo ve permanentemente fantasmas y se enroca en la falaz teoría del golpe de Estado, gran parte de la oposición reproduce un discurso político en línea con el anticomunismo macartista. Los permanentes conflictos, conectados a problemas estructurales no resueltos, están vinculados al propio Estado. Y es que el Estado boliviano actúa en función de los intereses de la fuerza política de turno. Este es un síntoma de que el Estado en Bolivia es un mero instrumento de poder, lo cual genera desconfianza en la ciudadanía. A un año de la asunción de Luis Arce, existe una dimensión estructural y otra coyuntural para explicar la crisis política boliviana que se ha intensificado en el último mes.

Conflictos en el tiempo (coyuntural)

El MAS ha sido la primera fuerza política en las elecciones nacionales y subnacionales del 2020 y 2021y predomina a nivel territorial. Sin embargo, ha perdido su hegemonía política  a nivel nacional. Por ello, el gobierno tiene dificultades para establecer una articulación política entre el Estado y la mayor parte de la sociedad civil boliviana, compuesta por sectores populares y clases medias no afines al gobierno, para dirigirlo el país a través de un marco de ideas que contemple a toda la sociedad. Esto ha llevado a que cuando el MAS intenta imponer sus posturas estallen los conflictos sociopolíticos.

La crisis política que se vivió en el país en la primera quincena del mes de noviembre, que se expresó en un paro multisectorial y bloqueos de calles, fue incentivado por la pretensión del gobierno de establecer una arquitectura normativa en nombre de la “Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo”. Una medida que, de continuar, podría haber afectado a diversos sectores populares informales, clases medias y empresarios porque todo movimiento de dinero, más allá de la cantidad, puede ser considerado sospechoso de ser ilegal, lo cual ha provocado cierta incertidumbre.

Antes esta realidad, el MAS ha señalado a una única organización social, el Comité Cívico de Santa Cruz, de ser la principal responsable de intentar desestabilizar políticamente el gobierno de Arce. De esta manera, el oficialismo simplifica intencionalmente la dimensión coyuntural del conflicto por conveniencia ideológica y limita las posibilidades de establecer un espacio de deliberación y entendimiento entre el gobierno nacional y los sectores movilizados.

Dimensión estructural

Bolivia tiene, a grandes rasgos, tres contradicciones o fracturas estructurales que hasta ahora el Estado no ha podido resolver, a pesar de una Constitución Política Plurinacional aprobada en 2009 que, de acuerdo al relato del MAS, sería la panacea para solucionar todos los conflictos históricos: el étnico-cultural, el político-espacial y el de la diferencia de clases sociales. Estos conflictos son los responsables de problemas profundamente arraigados en la sociedad boliviana como el racismo, el centralismo político, el regionalismo, la exclusión social y desconfianza en la representación política.

De acuerdo al Latinobarómetro 2010, un año después de aprobada la Constitución Política del Estado Plurinacional (2009), la confianza en los partidos llegó al 17%. Una década después, según el mismo índice, el apoyo ha disminuido un punto. La gran desconfianza hacia los partidos políticos en Bolivia, sin embargo, no ha afectado a la participación ciudadana que en los comicios generales de 2020 fue de casi nueve de cada diez votantes, con un apoyo electoral al MAS del 55%.

A modo de conjetura, esta contradicción se debe a que los votantes apoyaron al partido ganador en busca de certidumbre política y con la esperanza de superar la crisis económica tras un año pandemia y una administración transitoria (Jeanine Áñez) plagada de políticas erradas, corrupción y turbulencias políticas. No obstante, las discordancias entre representantes y representados manifiesta en la desconfianza hacia los partidos políticos no deja de ser preocupante.

Bolivia es un país difícil de entender porque no tiene un proyecto de Estado con capacidad de atenuar los recurrentes conflictos sociales. Los intereses corporativos de los partidos están por encima del interés público. Las emociones populistas y mezquindades sectoriales son moneda corriente, lo cual erosiona cualquier proceso político que tenga como objetivo fortalecer el rol del Estado como garante del cumplimiento de las reglas de juego y evite su comportamiento intimidatorio de la vida privada y derechos ciudadanos. Esto ha quedado en evidencia con los conflictos en las calles bolivianas en la primera quincena del mes noviembre.

Relaciones América Latina-China en tiempos de Xi Jinping

Sergio M. Cesarín
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Relaciones América Latina-China en tiempos de Xi Jinping

Durante el gobierno de Xi Jinping, América Latina y el Caribe (ALC) ha jugado un importante papel aportando capital político y espacios de mayor influencia en la región a favor de China por sobre los Estados Unidos. Factores particularmente importantes han sido el sostenido crecimiento de la economía china como demandante de productos latinoamericanos exportables, la recepción regional de inversiones extranjeras directas (IED) chinas, las asociaciones productivas en sectores manufactureros y servicios y el financiamiento chino destinado a obras de infraestructura, entre otros.

En tiempos de Xi Jinping, la estrategia china hacia la región ha sido consistente y persistente. La postura garantista adoptada por China sobre globalización y libre comercio mundial, acerca a la región a su esfera de intereses. Tal como lo expresara el presidente Xi Jinping, las aspiraciones chinas por construir una “globalización menos asimétrica”, fomentar la «mutua cooperación internacional» y promover la construcción de una “Comunidad de destino compartido para la humanidad”, son coincidentes con intereses y valores latinoamericanos.

Desde el ascenso al poder del presidente Xi Jinping, la trayectoria de China como potencia emergente, evoluciona bajo el paradigma del “sueño chino” sobre restauración, desarrollo y modernidad hacia mediados del presente siglo; en el plano político, este horizonte sirve para consolidar la figura presidencial como líder máximo y centro de las principales decisiones sobre políticas públicas; en el económico, la visión de una China restaurada, impulsa la reconversión del aparato productivo nacional mediante activas políticas sobre desarrollo científico y tecnológico, así como la proyección de su poder militar hacia la región y el mundo.

Xi Jinping y la transformación de la China contemporánea

En toda esta trayectoria —pasada y presente— el liderazgo presidencial ha sido y es incuestionable. Un liderazgo construido sobre la base de una reingeniería normativa en los estatutos partidarios que le permite a Xi Jinping mantenerse en el poder por tiempo indeterminado, dando así fin a los arreglos institucionales y equilibrios inter faccionales en el seno del Partido Comunista de China (PCCh) establecidos por Deng Xiaoping en los albores del proceso de reformas.

Los argumentos esgrimidos para confirmar la centralidad de su figura como “núcleo” (hexin) sostienen la necesidad de garantizar la estabilidad interna y asegurar la gobernanza en momentos de crecientes tensiones domésticas y exteriores (léase conflicto con Estados Unidos), sostener la campaña anticorrupción como instrumento clave para garantizar la disciplina partidaria, ampliar la participación estatal en la economía nacional, persistir en la construcción de poder tecnológico, promover planes sobre modernización militar con el fin de asegurar la defensa del país ante amenazas externas y proteger áreas marítimas circundantes consideradas por China bajo su soberanía (Mar de China Meridional).

A nivel interno, el estilo de conducción del presidente Xi Jinping se ha caracterizado por abandonar el predominante estilo de “centralismo democrático”, reflotar un discurso basado en la supremacía ideológica del marxismo-leninismo como guía política del Partido, el rechazo a valores occidentales, estándares sobre derechos humanos o formas de organización política pro democráticas, alusiones todas presentes en discursos y pronunciamientos dirigidos a cuadros políticos, funcionarios, Fuerzas Armadas, empresarios y sociedad en general.

En el ámbito externo, la adopción de posiciones asertivas por parte de Xi Jinping muestra rasgos de militarización de la política exterior china en la región, posiciones menos conciliatorias respecto de issues sensitivos como la reunificación con Taiwán bajo el gobierno del pro independentista Partido Demócrata Progresista (DPP) o la democratización de Hong Kong, aumento de la actividad militar en el Mar de China Meridional, persistentes tensiones fronterizas con India, y la escalada de tensiones (políticas, comerciales y militares) con Estados Unidos.

Si bien la situación sobre DD.HH de minorías étnicas como la Uigur, o dudas sobre la responsabilidad de China en el inicio de la pandemia del COVID-19 erosionaron su imagen internacional, un mix entre “diplomacia de lobos” (Wolf warriors) y “diplomacia de las vacunas” atemperó los impactos negativos sobre su soft power, ubicando nuevamente al país como promotor de la “universalización” de las vacunas al considerarlas un “bien público global” (BPG).

En este contexto, en la era post Trump y bajo la presidencia Biden, persisten los “esfuerzos bipartidistas” por parte de Estados Unidos por contener a China. La estrategia muestra diversas facetas; neutralizar los esfuerzos chinos por reformular las “viejas instituciones” herederas del orden mundial del siglo XX, contener su expansión militar en el Mar de China Meridional y el Indo-Pacífico (IOR), sostener sus ventajas en áreas de altas tecnologías, reafirmar alianzas con socios asiáticos (coaliciones entre democracias), evitar el ciber espionaje chino y atenuar el déficit comercial bilateral. En este contexto, ante un mundo inestable, China y América Latina y el Caribe en general, evalúan mutuas ventajas y desventajas sobre una aproximación que despierta recelos en Washington.

Relaciones China-América Latina

La incorporación de países latinoamericanos a los planes globales chinos sobre conectividad bajo el enfoque global partnership (OBOR/BRI), e integrarlas al Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura (AIIB), son ejes de acción alentados bajo la presidencia de Xi Jinping. Ante este escenario, un Estados Unidos de perfil más conservador y militarista, se muestra reacio a consentir la expansión de la presencia china en ALC y aspira a reconstruir confianzas y recuperar perdidos espacios regionales de influencia.

Sin renunciar a principios históricos de acción en el sistema internacional, una China poderosa en el siglo XXI no podría sino aspirar a modificar un orden mundial, en gran parte heredado del siglo XX. La empatía lograda por China en ALC habilita la apertura de canales diplomáticos formales e informales por parte de gobiernos, alienta el activismo empresarial, el desarrollo de estudios en el campo académico y un mayor conocimiento mutuo. Como ocurriera durante la Guerra Fría, pese a las prevenciones estadounidenses, la percepción sobre China como “socio para el desarrollo regional”, prevalece y presupone la futura densificación de una agenda cooperativa sino-latinoamericana.

Columna inicialmente publicada en el portal de la REDCAEM.

Foto del Gobierno de Chile

¿Qué se puede esperar de las elecciones en Chile?

Talita Tanscheit
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¿Qué se puede esperar de las elecciones en Chile?

2021 será conocido como el año que transformó la política chilena. En mayo se celebraron las elecciones a la Convención Constitucional y se produjo la renovación completa de gobernadores, alcaldes y concejales. El próximo domingo, 21 de noviembre, tendrán lugar las elecciones de diputados, senadores y la más importante de todas, la presidencial. Siete candidatos y coaliciones se presentan a la presidencia: Gabriel Boric, del partido Apruebo Dignidad; José Antonio Kast, del Frente Social Cristiano; Yasna Provoste, del Nuevo Pacto Social; Sebastián Sichel, de Chile Podemos Más; Marco Enríquez-Ominami, del Partido Progresista; Eduardo Artés, de la Unión Patriótica; y Franco Parisi, del Partido Popular.

A pocos días de la primera vuelta, estas elecciones destacan por el alto grado de incertidumbre sobre sus resultados que están siendo seguidos con mucha atención por otros países latinoamericanos. Cabe destacar dos elementos. En primer lugar, el fin de la polarización entre las dos coaliciones que estructuraron el patrón de competencia política y electoral en el país durante las últimas tres décadas, la Concertación (hoy Nuevo Pacto Social) y la Alianza (hoy Chile Podemos Más). En segundo lugar, y como consecuencia de la apertura de un nuevo ciclo político en Chile, la irrupción del candidato de ultraderecha, Kast, como el más probable para pasar a la segunda vuelta con el candidato de izquierda, Boric.

Los favoritos en la contienda electoral

Ni Boric ni Kast son nuevos en la política chilena. Boric es uno de los principales líderes de las movilizaciones estudiantiles de 2011, y fue elegido en el Congreso Nacional en 2013 y reelegido en 2017, y actualmente es diputado. También es uno de los fundadores del Frente Amplio, una coalición formada en enero de 2017 con el objetivo de presentar una candidatura presidencial y varias parlamentarias en las elecciones de ese mismo año, cuando se convirtió en la tercera fuerza política chilena. Su candidata presidencial en esas elecciones, Beatriz Sánchez, actual parlamentaria constituyente, obtuvo el 20,3% de los votos, quedándose fuera de la segunda vuelta por una diferencia de sólo el 2,5%, lo que demuestra que es posible abrir grietas en el dominio que ejercen las dos coaliciones tradicionales del país.

Kast fue concejal entre 1996 y 2000 y diputado entre 2002 y 2018, y pertenece a una familia con varios políticos de derecha. Su hermano, Miguel Kast, fue ministro y presidente del Banco Central durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1989). Kast perteneció a la Unión Democrática Independiente -el partido heredero del pinochetismo- entre 1996 y 2016 y renunció a la organización por la progresiva moderación de esta derecha tradicional, sobre todo por desligarse de su herencia dictatorial. En 2017, como candidato presidencial, Kast obtuvo el 8% de los votos, obteniendo el cuarto lugar en las elecciones y siendo una verdadera sorpresa para la mayoría de los analistas políticos. En 2018, Kast creó el movimiento Acción Republicana, finalmente registrado en 2019 como Partido Republicano.

Si la consolidación de las organizaciones y candidaturas de Boric y Kast no es una sorpresa, lo que sí es sorprendente es el favoritismo de ambos, y especialmente de Kast. En gran medida, estas elecciones se explican por el desgaste de los partidos y coaliciones tradicionales, con la apelación a las identidades políticas negativas y un fuerte componente anti-establishment, definido como «una repulsión emocional y racional hacia todo partido político establecido en un país determinado». Estos serían los casos no sólo de Boric y Kast, sino también de Parisi. Según las últimas encuestas de opinión pública, los tres candidatos suman más del 60% de los votos.

José Antonio Kast y los peligros para la democracia chilena

La gran sorpresa de estas elecciones es sin duda la irrupción de Kast. La campaña presidencial comenzó con la tradicional división entre el cambio, representado por Boric, y la continuidad, representada por Sichel. Sin embargo, la baja popularidad del actual presidente Sebastián Piñera, persona non grata no sólo en el país sino también en su propia coalición, así como la dificultad de la derecha convencional para presentar un proyecto atractivo para la población, hizo que surgieran otras divisiones.

Kast ha articulado identidades políticas negativas no sólo hacia el establishment, sino también hacia la izquierda, asociando a Boric y su coalición con el caos y la inestabilidad, mientras que su candidatura sería la legítima representante del orden y la estabilidad. Para ello, Kast ha afirmado que Boric representa una ultraizquierda en el país, afín a regímenes políticos autoritarios como el de Nicaragua, y que su victoria llevaría al colapso de la economía y de la propia democracia en Chile.

Llaman la atención algunas similitudes con las elecciones presidenciales brasileñas de 2018. Este año, durante la campaña electoral en Brasil, Kast hizo una visita a Bolsonaro y afirmó que el entonces candidato representaría la esperanza para un país que ha sido destruido por la izquierda. Pero, a diferencia de su homónimo brasileño, Kast tiene buenas dotes de comunicación, y ha crecido participando en los debates, transmitiendo calma y autocontrol en un tono sereno, lo que quizá sea aún más peligroso. Kast ha conectado las emociones antisistema y anti-izquierda con otros temas capaces de movilizar a un electorado descontento con la moderación de la derecha tradicional, abogando por políticas de mano dura para la promoción de la ley y el orden y la influencia más significativa de los valores religiosos en los asuntos públicos.

El talón de Aquiles de Kast reside en su apego a las dos principales dimensiones del pinochetismo: el autoritarismo y el neoliberalismo. En un contexto de pluralización de la representación política y de demanda de una mayor presencia del Estado en el desarrollo social y económico de Chile, el candidato tendrá dificultades para atraer a bases sociales y electorales más amplias en una posible segunda vuelta que se celebrará el 19 de diciembre. En el último debate presidencial organizado por la Asociación Nacional de Televisión, en el que todos los candidatos buscaron diferenciarse de Kast, el candidato mostró dificultades para desenvolverse en estos temas. El debate se produjo tras sus últimas declaraciones sobre la dictadura militar, en las que el candidato afirmó que en el Chile de Pinochet no había presos políticos. Sin embargo, la verdadera fuerza de Kast sólo se descubrirá el próximo domingo.

Por último, cabe señalar que el voto en Chile es opcional y la participación de los votantes ha sido inferior al 50%. Además, existen importantes variaciones en cuanto al perfil sociodemográfico de los votantes en las últimas elecciones, especialmente en lo que respecta al género, la educación, la edad y los ingresos. El ganador será el que tenga mayor capacidad de movilización política y electoral en un contexto de malestar generalizado con el funcionamiento de la democracia en el país.

La honestidad de las palabras y la ética en la comunicación

Melany Barragán
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La honestidad de las palabras y la ética en la comunicación

Decía Kapucinski que el periodismo no era un oficio para cínicos. Dado el volumen de información, la rapidez con la que circula y el gran número de personas que de una manera u otra generan contenidos, me atrevería a decir que comunicar no es una actividad para cínicos. Y es que, a medida que se incrementa la capacidad para transmitir ideas y viralizarlas, se hace más necesario establecer pautas de ética y responsabilidad.

Junto con la falta de rigor, la proliferación de noticias no contrastadas y el auge de las fake news, en gran medida derivadas de la necesidad de los medios por ser los más rápidos en publicar, ganar visibilidad y generar el mayor volumen de noticias posible, aparece un nuevo fantasma: el plagio.  Esta práctica se ha agudizado con el desarrollo del periodismo digital, ya que se ha acelerado drásticamente la generación de contenidos y la viralización de la información por numerosos canales, diluyéndose la autoría y facilitando su apropiación.

El plagio se ha convertido en una práctica más habitual de lo que se cree y cada vez son más los intrusos que deciden apropiarse de las palabras de otro, usurpando el nombre del autor para comercializarlas como propias. En ocasiones, esta acción es deliberada. En otras, responde más a una falta de esmero que a una mala praxis consciente en la que todos podemos ser susceptibles de caer.

No obstante, esto no le resta gravedad. Y es que, sea como fuere, esta práctica, totalmente reprobable, se vuelve aún más indigna si cabe entre aquellos que de una manera u otra se dedican al mundo de la comunicación y la divulgación. Con el plagio, no sólo se manifiesta una falta de ética, sino que también se falta a la verdad y al rigor al omitir la autoría de la información que se pone a disposición de los lectores.

Además, el plagio contribuye a degradar la actividad profesional del periodista o de aquel que, desde su campo de conocimiento, contribuye a la difusión de ideas o evidencias. Si la transparencia, la ética y la responsabilidad constituyen reglas de oro para cualquiera que aspire a participar en el debate público, entonces ¿cómo invitar al lector a pensar o repensar sus posiciones si ni siquiera somos capaces de conformar las nuestras y suplantamos las de otra autoría?

En el contexto latinoamericano, esta preocupación por la honestidad intelectual es recogida por los códigos deontológicos de las principales asociaciones de periodistas de la región. Pero, además, el respeto a la autoría de los datos y resultados forma parte del núcleo duro de las normas de rigor compartidas por estas asociaciones, por encima de otras como la contextualización de la información o la transparencia. No obstante, el establecimiento de códigos de conducta no es garantía suficiente para evitar prácticas como el plagio.

Entre aquellos que colaboran con medios de comunicación, ya sea en calidad de periodistas, literatos o expertos, se han dado numerosos casos de plagio. Algunos de ellos han tenido una gran repercusión, como el de Bryce Echenique, quien fue acusado de plagiar 16 artículos de 15 autores distintos publicados en diferentes medios de comunicación peruanos y españoles. Otros, con menor repercusión a nivel internacional, han afectado a diferentes periodistas. El argentino Guillermo Giacosa fue despedido del medio Perú21 tras ser acusado de plagiar textos de medios internacionales como Rebelión, Página 12 y La Jornada. En Colombia, la entonces editora de la sección de internacional de El Colombiano, Diana Carolina Jiménez, fue despedida en 2016 también por plagio.

Fuera de América Latina, son numerosas las experiencias de plagio por parte de a profesionales de renombre. Jayson Blair copió, cuando trabajaba para The New York Times, información de otros medios. Marie-Louise Gumuchian, ex editora de CNN también cayó en la tentación, así como Fareed Zakaria, quien trabajaba en Time y CNN o el columnista de The Washington Times, Arnaud de Borchgrave. Todos ellos debieron de afrontar las consecuencias de sus acciones y vieron mermado su prestigio.

En tiempos de creciente desconfianza, el plagio no hace más que contribuir al descrédito de la esfera pública. Los medios, como actores fundamentales en democracia, tienen la obligación, no sólo de informar, sino de actuar desde la ética, la honestidad y el rigor ya que constituyen una de las herramientas fundamentales para conocer e interpretar la realidad. Incluso, salvando las distancias, las redes sociales pueden convertirse en un espacio de conocimiento, intercambio y discusión. Sin embargo, en la práctica esta finalidad en muchas ocasiones se desvirtúa y la desinformación y prácticas poco éticas distorsionan la función de los medios de comunicación.

Por último, cabe mencionar que lo importante son las historias y el conocimiento compartido, no quien lo cuenta. Sólo así seremos capaces de dejar de lado nuestros egos, y poner el foco en la realidad que tratamos de describir o explicar que, a fin de cuentas, es lo que realmente importa.

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